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19 de octubre de 2011. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .

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Informe de Prensa

• Administradores de consorcios, en la mira

• Girar dólares al exterior ya cuesta el 5%

• Lavado de dinero: buscan agilizar el rol de la Justicia en las causas porcorrupción

• Con la llegada de Facebook a la Argentina se abren nuevas posibilidadesde reclamos judiciales

• El Ministerio de Justicia hace foco en los planes de acceso para 2012

• Palermo Soho: se construye un 70% más que en 2010

• Un tiro para el lado de la (in)justicia

• El Gobierno tiene a su primer detenido por lavado de dinero

• Prepara Scioli un aumento de los impuestos tras los comicios

• Cartas de lectores: Impuesto inmobiliario

• La Justicia le puso un nuevo freno a las multas de la AFIP

• Quieren demoler casas y llevar la Diagonal Sur hasta la 9 de Julio

• Los altos intereses de los honorarios que hay en juego

• Cédulas digitales para el fuero penal de la Capital

• “Hay que evitar que la condena social llegue antes que la jurídica”

• Vila no pudo entrar

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Administradores de consorcios, en la miraLa la Ciudad / Por incumplimiento de las normasPor Angeles Castro | LA NACIONEl gobierno porteño dio de baja al 44 por ciento de los 8000 administradores de consorcios inscriptosen el registro oficial que los habilita a ejercer la actividad y les impidió volver a anotarse por un año,lapso en el que no deberán ofrecer sus servicios a propietarios de inmuebles de la ciudad.La medida, publicada en el Boletín Oficial y que incluye a 3549 administradores, fue adoptada por eldirector general de Defensa del Consumidor, Juan Gallo, luego de que aquéllos no cumplieron con laobligación de reempadronarse.Según fuentes oficiales, en algunos casos la falta de adhesión al reempadronamiento -que original-mente vencía a fines de 2010, pero que se prorrogó por tres meses- puede obedecer a que algunos aban-donaron sus funciones o bien se habían inscripto tentativamente. No obstante, se sospecha que lamayoría no se presentó a la convocatoria porque trabaja al margen de la normativa vigente.En 2009, la Legislatura porteña endureció los requisitos para esa prestación, labor que históricamentedespertó objeciones y duras críticas entre copropietarios, a raíz de numerosas estafas cometidas por nopocos administradores en perjuicio de los dueños de departamentos de renta horizontal. Según el censo2010, el 65,5% de los porteños vive en edificios afectados a ese régimen.Entre otros puntos, la norma estableció para los administradores la obligación de inscribirse en el re-gistro público y de presentar ante el consorcio el certificado de acreditación de esa condición anual-mente. Para anotarse, deben demostrar que no están inhabilitados para ejercer operaciones comercialesy que no tienen fallos en su contra. Se determinó que su mandato sólo dura un año y su renovacióndebe evaluarse en asamblea; antes, el mandato no tenía duración prefijada y los vecinos se enfrentabana serias dificultades para poder reemplazar a un administrador.También se les exigió realizar una declaración jurada para informar sobre los pagos de aportes y con-tribuciones previsionales, las pólizas de seguros, el pago de servicios, impuestos y tasas de las partes co-munes, medidas de seguridad obligatorias y la contratación de personal matriculado en los casos quecorresponda.Con el fin de actualizar la información respecto del universo de administradores sobre los que se apli-caría la ley, la Dirección General de Defensa del Consumidor llamó a mediados de 2010 a un reempa-dronamiento.Como se dijo, de los 8000 administradores inscriptos 3549 no realizaron el trámite y fueron dados debaja. En otros 248 casos, el gobierno detectó irregularidades en la documentación y permanecen ob-servados. "La situación de estos últimos se decidirá este mes. De los dados de baja, algunos no pudie-ron cumplir las condiciones exigidas o no ejercen.Otros están acostumbrados a vivir en la informalidady la ilegalidad", consideró Gallo.Cuando ya estén revisados los casos dados de baja ante el reclamo de algún afectado, el registro públicoonline -que aún contiene la totalidad de los 8000 administradores (http://www.buenosaires.gov.ar/areas/jef_gabinete/atencion_ciudadana/def_consumidor/consorcios/consulta_adm.php?menu_id=10329 )- será depurado. Los copropietarios que deseen indagar sobre si suadministrador fue dado de baja pueden consultar el Boletín Oficial ( http://boletinoficial.buenosai-res.gob.ar).El diputado Sergio Abrevaya (Coalición Cívica), que impulsó la ley con mayores exigencias a los ad-ministradores, no descartó que -además de los motivos enumerados por Gallo- haya habido inconve-nientes técnicos."De todos modos, los controles deben ser efectuados, y los administradores que no cumplen, sancio-nados. Hay un grupo que insiste en funcionar en la ilegalidad y estafa a los consorcios, incluso diciendoque la ley no está vigente", dijo el diputado.

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Con él coincidió el titular de la Federación de Asociaciones de Consorcios (Fedeco), Samuel Knopoff."El registro estuvo cerrado seis meses, lo que puede haber dificultado el reempadronamiento. Por otrolado, sigue funcionando otra cantidad que -si bien realizó el trámite- hace caso omiso de sus obliga-ciones legales. Todavía los controles son escasos", opinó.Alicia Gutiérrez, presidenta de la Unión de Consorcistas de la República Argentina (UCRA), consi-deró: "Con esta acertada disposición se espera lograr que en el padrón se encuentren los administra-dores que se desempeñan con la idoneidad y honestidad que requiere el cargo.Desde la Liga del Consorcista, Osvaldo Loisi, opinó: "Hoy los copropietarios son el jamón del sándwichentre el gremio de los encargados y la corporación de los administradores, cuando tanto unos comootros deberían estar al servicio de los dueños de departamentos".Alejandro Marti, vecino de Monserrat"Tengo llegada directa con la administración y un trato más humano porque vivo en un edificio muychico. Hay un consenso en el edificio que está muy bueno que se continúe así"Hilda, vecina de Palermo"Hace 26 años que vivo en el mismo edificio de Palermo y nunca he tenido problemas con la admi-nistración. El encargado es realmente excelente y el edificio está impecable"Paulina, vecina de Villa Crespo"Enmi casa la administración nos cobra 700 pesos de expensas y es un gasto injustificado.No entiendoen qué se gasta la plata, no tenemos porteros ni cochera ni usamos el ascensor"Julio, vecino de San Nicolas"La mayoría de los administradores son sospechosos. En el edificio, tenemos la idea de administrarnosnosotros y desligarnos de ellos. Y si tengo algún problema, contrato a un abogado"Dónde consultarLa medida por la que el gobierno porteño dio de baja a casi la mitad de los administradores de con-sorcios de la ciudad, inhabilitándolos por un año en sus funciones, puede ser consultada, con la listacorrespondiente de esos prestadores, en los siguientes sitios:Página oficial: en el gobierno porteño, en el sitio www.buenosaires.gov.ar (buscar Defensa del Consu-midor) o por el mail aregis troconsorcios@buenosaires.gov.arEn Fedeco: 4555-1722, 154-478-6452, casyc_consorcios@yahoo.com.ar, sknopoff@fibertel.com.arEn UCRA: en el sitio www.ucra.org.ar o por el mail ucra@argentina.comEn la Liga de Consorcistas: en el sitio www.ligadelconsorcista.org o por elmail info@ligadelconsorcista.orgLas exigenciasObligatoriedad: los administradores de consorcio deben inscribirse en un registro público.Certificado: deben presentar ante el consorcio el certificado de acreditación de su condición de ins-cripto anualmente.Sin antecedentes: para anotarse, deben demostrar que no están inhabilitados para ejercer operacio-nes comerciales y que no tienen fallos en su contra.Por mayoría simple: la ley determinó que el mandato sólo dura un año y su renovación debe evaluarseen asamblea; antes, no tenía duración prefijada y los vecinos se encontraban ante serias dificultades parapoder despedir a un administrador.La ley: deben entregar a los propietarios copia de la ley 941, que regula su actividad.Declaración jurada: deben realizarla anualmente para informar los pagos de aportes y contribucionesprevisionales, pólizas de seguros, pago de servicios, impuestos y tasas de las partes comunes, medidasde seguridad obligatorias y la contratación de personal matriculado.Los fondos de las expensas: deben depositar los fondos del consorcio en una cuenta bancaria a nom-bre del consorcio de propietarios, salvo disposición contraria durante una asamblea de propietarios deledificio.

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Girar dólares al exterior ya cuesta el 5%Transferir dólares al exterior es cada vez más caro. En los últimos días, las transacciones se están pac-tando con un costo del 5%. Esto significa que si un individuo decide enviar u$s 100.000 al exterior, unavez que el dinero quede acreditado en la cuenta recibirá sólo u$s 95.000.Esta operación -que en la jerga financiera denominan «cable»- se fue encareciendo a lo largo del año,en línea con la mayor demanda de divisas y la creciente tendencia de fuga de capitales. A menos deuna semana de las elecciones, la demanda de los que quieren mandar dólares afuera se mantiene muyfirme. La incógnita, en todo caso, es si esta tendencia irá cediendo luego de los comicios o se manten-drá firme. La turbulencia de los mercados internacionales tampoco ayuda, ya que aumenta la tenden-cia a la dolarización y la búsqueda de refugio.A principios de año, el costo de enviar dinero afuera (sin quedar registrado) no superaba el 2%, enlínea con el costo histórico. Pero a partir del segundo trimestre fue aumentando y las entidades que sededican a esta tarea pasaron a cobrar el 3,5% directo. Ya en los últimos días el salto fue todavía mayor,hasta llegar a un verdadero récord del 5%. La operación contraria, es decir traer dinero del exterior almercado local es mucho más barata: no cuesta más del 1,25%.Según las estimaciones del INDEC, los argentinos tienen más de u$s 140.000 millones en el exterior,lo que habla por sí solo de la gran fuga de capitales acumulada en las últimas décadas. Claro que ahoralas trabas para enviar fondos afuera son mucho mayores que años atrás.Además del aumento del costo de la operación, los controles son cada vez mayores, tanto en la Argen-tina como en el exterior, debido a las regulaciones relacionadas con operaciones de lavado de dinero.Tanto las entidades locales como las internacionales requieren cada vez más información de quién efec-túa el giro del dinero. Como se trata de una transacción que no queda registrada, muchas veces quie-nes realizan la transferencia se niegan a pasar sus datos. Además, ese «cerco» también terminaencareciendo en forma notable la operación.Al mismo tiempo, ante semejante barrera para la salida de divisas, es creciente el número de empresasy de individuos que opta por dejar sus dólares en el mercado local. Por eso, los plazos fijos en monedaextranjera del sector privado ya superan los u$s 14.000 millones. Y se estima que en cajas de seguridadlos argentinos mantienen más de 35.000 millones. Es más, resulta cada vez más difícil abrir una nuevacaja (especialmente en el microcentro), ante la demanda creciente del público. Recuperar el 5% vin-culado al costo de la operación resulta, por otra parte, por demás complicado, considerando que lastasas en Estados Unidos se mantienen en niveles cercanos al 0%.

19/10/2011 Ambito Financiero - Nota - Economía - Pag. 5

Lavado de dinero: buscan agilizar el rol de la Justicia en las causas por co-rrupciónA través de dos proyectos de ley, el Gobierno intentará endurecer las sanciones para quienes incurranen lavado de activos. Se hace foco en el fortalecimiento de los procesos judiciales para los llamados“delitos del poder”, dado que el 85% de los juicios por corrupción termina prescribiendoSABRINA SANTOPINTO judicial@buenosaireseconomico.comDespués de muchas idas y venidas, finalmente el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak,anunció el envío de dos proyectos de ley al Congreso destinados a “profundizar y fortalecer la estrate-

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gia nacional en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo”. Lo cierto es queel ministerio envió al Congreso por parte del Poder Ejecutivo un proyecto de ley modificatorio del Có-digo Penal, que establece cambios sustanciales en el tipo penal sobre terrorismo y su financiamiento.La necesidad de estas modificaciones se hace imperiosa por dos cuestiones básicas: en primer lugar elpróximo 24 de octubre la Argentina deberá “rendir examen” y defender ante el GAFI el grado de cum-plimiento que ha tenido con respecto a las sanciones aplicadas a quienes incurran en el delito de lavado;por otro lado, es necesario atender la evidente crisis de la justicia penal, donde el 85% de los juicios porcorrupción termina en prescripciones, los plazos de resolución son excesivamente prolongados y sóloel 5% de los casos ingresados llega a juicio; se trata entonces de factores determinantes que llevan a queel Gobierno ponga el pie en el acelerador para avanzar sobre los llamados delitos del poder.En este contexto se presentó un proyecto de ley que penaliza la manipulación del mercado financiero;un decreto que crea el Programa Nacional de Lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamientodel Terrorismo, y una resolución que establece procedimientos para la regulación, supervisión y san-ción de las tareas de la Unidad de Información Financiera (UIF).“El nuevo proyecto propicia sustituir los artículos 213 ter y 213 quáter del Código Penal por un nuevoartículo 41 quinquies, que agrava las penas para los delitos cometidos con finalidad terrorista, y unnuevo artículo 306 que tipifica el delito de financiamiento del terrorismo, en formamás armónica conel contexto internacional, orientado en el sentido pretendido por el GAFI”, detalló a este diario el abo-gado Francisco J. D’Albora, socio del estudio homónimo.En conversación con BAE, el ministro Alak destacó que en el lavado de dinero, “como en todo delitoeconómico y organizado, su investigación y sanción no es simple, sino todo lo contrario.Al delito com-plejo se debe responder con medidas y reformas complejas, en las que están involucradas numerosasagencias del Estado.En la Argentina el compromiso político en alcanzar los mejores mecanismos para dar respuesta a estetipo de delitos complejos es indiscutible y también ha sido fuertemente reconocido por los organismosinternacionales, principalmente por el GAFI”.Respecto de las nuevas iniciativas enviadas al Congreso, Alak sostuvo que son medidas que se enmar-can en “un camino que ha iniciado la Presidenta en enero del 2010 que se basó en una profunda reor-ganización de todo el sistema de lucha contra el lavado de activos, que incluyó jerarquización de laUnidad de Información Financiera, y la promoción de todas las reformas normativas necesarias, paradotar de mejores instrumentos a la Justicia y una correcta implementación de esta política de Estadocontra el crimen organizado”, y augura que “el camino a recorrer lleva a profundizar estas reformas yasí lo indican los logros que estamos alcanzando en este sentido, ya que se están registrando las primerascondenas, la UIF se ha constituido en el organismo de cabecera que dirige todo el sistema antilavadoy las investigaciones, denuncias y procesos judiciales han recobrado su avance, dando concretas seña-les de que esos delitos de enorme afectación social y económica no quedan impunes en nuestro país”.Así, todos los focos parecen estar puestos para que en el corto plazo se logren legislaciones que permi-tan a la Justicia emprender un proceso de transformación quemodificará las reglas del juego y los rolesde los actores judiciales.Al respecto, el presidente de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, Carlos Vega,explicó que se encuentran evaluando “un bloque de legalidad de tres leyes con estado parlamentario;se busca modificar la política criminal de la Argentina. Se debe incorporar el castigo a los delitos delpoder político y económico que hoy en la Argentina es un punto ausente”.Por su parte, el abogado especialista en derecho penal Marcelo Alfredo Riquert sostuvo que en este ca-mino es necesario “que se realice una profunda discusión previa a la adopción de nuevas reformas o‘parches’ al Código Penal para evitar este fenómeno de sancionar una ley y a los pocos meses fomen-tar otra que corrija los defectos de la primera”.

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INICIATIVAS. Los proyectos sobre los que la comisión ya se encontraba avanzando firmemente apun-tan a una modificación del Código Penal, en el título referido a los llamados delitos contra la admi-nistración pública: cohecho, dádivas, soborno, delitos que hoy –según sostiene Vega– “tienen ridículaspenas”.Asimismo, se introduce la figura del decomiso anticipado a las sentencias judiciales en los casos de co-rrupción, se incorpora la figura del arrepentido y se establece una penamáxima para los jueces que ejer-zan actos de corrupción.Este paquete legislativo es acompañado por una reforma integral del Código Procesal Penal –está aanálisis un proyecto presentado por el diputado kirchnerista Oscar Albrieu en el 2010– donde, con-forme lo señala el diputado,“se pasa de un sistema inquisitorial a un sistema acusatorio, donde los fis-cales tienen una función y los jueces, otra.Hoy los jueces investigan y juzgan.Se modifica, entonces, este rol confuso que no le da ninguna garantía al acusado”.El diputado advirtió que en los próximos días la comisión avanzará en el análisis de todos los proyec-tos –incluidos los nuevos enviados por el Ministerio de Justicia– aunque se manifestó en contra de lasnuevas presentaciones dado que, según lo considera, “nuevamente el GAFI impulsa al Ejecutivo a le-gislar y reformar el código, lo que no va a tener ninguna eficacia práctica en la lucha contra el lavado,dado que en vez de endurecer penas es necesario atacar las matrices de blanqueo en el mercado: co-rrupción, narcotráfico y terrorismo”.El legislador avanza sobre el rol que debe desarrollar el arco judicial en este punto dado que –según en-tiende– “la Justicia argentina es y siempre ha sido débil con los delitos del poder y asimismo carece deherramientas legales”.Así es que más allá de lograr el establecimiento de nuevas normas que le permitan al país cumplir conlas exigencias del GAFI en materia de lavado de activos, también se pone el foco en el funcionamientodel sistema judicial, donde se busca unamodificación en los procedimientos de investigación de los lla-mados delitos complejos o “del poder”; según explica Vega: “Se trabaja sobre los plazos y las sancionesque aplican los jueces, para evitar lo que hoy sucede en la Argentina, donde un juicio por corrupcióndura un promedio de catorce años y tiene un 4% de índice de condenas.Así, el 85% de los juicios por corrupción termina en prescripciones liberatorias”.LA NUEVA JUGADA DEL EJECUTIVO.A fin de dar cumplimiento a las convenciones internacionales incorporadas por nuestro país, como porejemplo la Convención Internacional para la Supresión del Financiamiento del Terrorismo y la Con-vención Interamericana Contra el Terrorismo, se avanzó sobre una iniciativa que prevé la creación de“un agravante específico de las penas en la parte general del Código Penal”, indicaron desde el minis-terio.En este sentido, la cartera de Justicia detalló que las medidas propuestas incluyen “a todos los delitosque se cometan con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas na-cionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organiza ción internacional, a realizar un acto o abs-tenerse de hacerlo”.La nueva tipificación del delito de terrorismo mejora y amplía la normativa legal argentina sin afectarlos derechos humanos y excluye expresamente que puedan ser considerados actos terroristas las ac-ciones realizadas en el marco del ejercicio de un derecho constitucional, como la protesta social.Asimismo, se crea un nuevo tipo penal de “financiamiento del terrorismo”, que prevé penas de 5 a 15años de prisión, para “el que recolectase o proveyese fondos para la comisión de los delitos”. Hasta laactualidad, el delito de terrorismo sólo se configuraba ante la existencia de una asociación ilícita te-rrorista, que además de los requisitos que debía cumplir como toda asociación ilícita, exigía que estéorganizada en redes internacionales.

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Sobre el agravamiento de las penas, Riquert sostiene que“se trata de una previsión que, a primera vista,no parecería urgente o necesaria.El incremento de pena propuesto sería una nueva apelación a la prevención general negativa comocriterio rector de la finalidad de la pena: el efecto intimidante o coaccionante de penas severas, cono-cidamente ineficaz, si funcionara, amenazaríamos cualquier conducta disvaliosa con la pena máximay dejarían de existir los delitos”.“Se propone incrementar al doble del mínimo y el máximo la escala del delito cometido con finalidadterrorista. Hoy en día, el solo hecho de asociarse para cometer delitos con finalidad terrorista tienepena de 5 a 20 años de prisión (art. 213 ter del C. P.). Si se concreta alguno de los delitos para los quese asoció, habrá un concurso real que llevará a unir la pena del delito asociativo con la pena de los de-litos realizados cumpliendo el fin asociativo”, analiza el especialista.En cuanto a los delitos vinculados a la manipulación del mercado, el presidente de la Comisión Na-cional de Valores (CNV), AlejandroVanoli, advirtió públicamente que “se incorporan al Código Penaluna serie de delitos financieros que hoy son infracciones administrativas, bajo el control de la CNV”.El funcionario explicó que “la nueva normativa incluye la tipificación del delito de abuso de informa-ción privilegiada, la manipulación de valores negociables, la captación clandestina y fraudulenta deahorros públicos y el cohecho financiero”.En este contexto, se avanzará en la creación de un programa nacional de lucha contra el lavado de di-nero y el financiamiento del terrorismo, que tiene por misión principal la elaboración,monitoreo, eva-luación y diagnóstico de los planes de implementación de las reformas legales impulsadas en la materia.Asimismo, se procederá a la reglamentación de un sistema de regulación, supervisión y sanción quecomplementa las directivas e instrucciones emitidas por la Unidad de Información Financiera, para me-jorar las acciones de esa organización de control.LOS ACTORES JUDICIALESCabe destacar que dentro del combate al lavado de dinero, el riesgo de la violación al secreto profesio-nal fue uno de los temas más debatidos del año en el ámbito de los abogados, que oportunamente seopusieron a una disposición de la UIF sobre los agentes a quienes se les dio el deber de informar ope-raciones sospechosas.Lo cierto es que ante los nuevos proyectos para la regulación en la materia, y frente a los rumores deun posible avance sobre los profesionales para que se conviertan en actores fundamentales para brin-dar información sobre operaciones sospechosas, los abogados anticiparon su resistencia.Lo cierto es que el secreto profesional es una herramienta fundamental que tienen los abogados paraentablar una relación de confianza con sus clientes y representa un requisito estipulado en el Códigode Ética aplicable en el ámbito de capital federal y tribunales federales –sólo por mencionar alguno–;cuando se habla de los deberes fundamentales inherentes al ejercicio de la abogacía se destaca que sedebe respetar rigurosamente todo secreto profesional y oponerse ante los jueces u otra autoridad al re-levamiento del mismo, negándose a responder las preguntas que lo expongan a violarlo. Los letradossólo estarían en condiciones de quitarse esa obligación cuando lo autoriza un cliente, o en el extremode que se trata de su propia defensa.Consultada por BAE, la penalistaMarta Nercellas aseguró que“una ley no puede ni debemodificar unaobligación que uno tiene con el cliente”. Asimismo, opinó que “existe una obligación legal apoyada enla Constitución y en el Código Penal que califica de delito la violación del secreto”.La Justicia tras la ruta del dineroEl análisis de Flavia MelziSin lugar a dudas la Justicia debe actuar intensamente en la investigación del lavado de dinero, pues estedelito es un flagelo para el orden económico, máxime si consideramos el contexto de crisis interna-cional. Aunque en los hechos es sumamente difícil obtener condenas, pues las maniobras o ardides

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utilizados por el crimen organizado transnacional para desdibujar la ruta del dinero hacen muy com-pleja su persecución y exigen un profundo compromiso político y un alto grado de cooperación in-ternacional.En la Argentina, la definición del delito precedente al lavado se ha hecho de un modo tan genérico, in-tegrando a todos los ilícitos penales y no sólo a las figuras típicas graves propias de las organizacionesdelictivas (tales como la trata de personas, el narcotráfico, el tráfico de armas o el terrorismo) lo quedesdibuja la finalidad que debería perseguirse: el combate contra el crimen organizado.Y se ha avanzado incluso incorporando el supuesto de “autolavado” y remitiendo en forma expresa aldelito tributario como delito precedente (avanzando más allá de lo requerido por el GAFI), regulacio-nes que generarán sin duda un sinnúmero de conflictos de competencia enmateria de juzgamiento, en-torpeciendo aún más el efectivo cumplimiento de las 40 + 9 recomendaciones.Y al definirse categóricamente que de ahora en más se considerará como ilícito previo el delito tribu-tario de la ley 24.769, configurándose el mismo en el propio sujeto obligado frente al gravamen, generauna fuerte preocupación entre los actores económicos que se intente en el futuro utilizar esta norma-tiva como una herramienta más de persecución para este tipo de ilícitos que ya cuentan con regulaciónespecífica y suficiente.Ello sin perjuicio de los innumerables conflictos de competencia que pudieran generarse en torno deljuzgamiento de ambos ilícitos, y la insuficiente definición en cuanto al momento de consumación deambas figuras típicas.El combate al crimen organizado, y su correlato con el lavado de activos es una función que competeal Estado, pero que sin lugar a dudas, requiere de la colaboración de otros agentes. Tal el caso de los ope-radores del mercado financiero o cambiario, que pueden dar cuenta de cierto tipo de transaccionesque pueden resultar no habituales.En el caso de los profesionales de las ciencias económicas, desde el dictado de la ley 25.246 ya resulta-ban obligados a generar reportes de operaciones sospechosas, habiéndose limitado por vía reglamen-taria a los contadores públicos que ejercieran su labor profesional como auditores externos o síndicossocietarios. Tal obligación de reportar se mantuvo con la ley 26.683.* Directora de la carrera de contador público de la Universidad Abierta Interamericana

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Con la llegada de Facebook a la Argentina se abren nuevas posibilidades dereclamos judicialesLa firma se deberá adecuar a disposiciones vigentes de datos personalesFrente a la decisión de la red social con más usuarios del mundo de inscribirse ante la Inspección Ge-neral de Justicia y desembarcar en el país para brindar servicios de publicidad, marketing, relacionespúblicas y comunicaciones, se abre un nuevo camino donde los legisladores deberán acelerar la san-ción de una ley de Internet Service Provider para poner fin al preocupante vacío legal que atraviesa laJusticia frente a los temas de la utilización de las nuevas tecnologías.Lo cierto es que a partir de que la IGJ aprobara recientemente a la sociedad FacebookArgentina S.R.L.,la red con 750 millones de usuarios, hace pie en la Argentina mediante un formato legal y comercialen el cual los socios no comprometen su patrimonio en el caso de contraer deudas, sino que respon-den con el capital aportado a la compañía.

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Así, según lo publicado en el Boletín Oficial, el capital social es al momento de la conformación de lasociedad de $40.000, representado por 4.000 cuotas de un voto por cuota con un valor nominal de $10cada una. La sociedad está compuesta por Facebook Global Holdings y tendrá lugar en la Ciudad deBuenos Aires.Consultado por BAE acerca de los beneficios legales que puede traer aparejada la llegada de la red so-cial al país, el abogado especialista en nuevas tecnologías y coordinador de la ONGArgentina Ciber Se-gura, Facundo Malaureille, sostuvo que “el principal efecto de la constitución de la sociedad se refierea cuestiones procesales referidas al domicilio.Tener un domicilio en Argentina le facilita las gestiones a las víctimas de los delitos o daños su solu-ción, o al menos eso esperamos”.Asimismo, Facebook deberá adecuarse a la legislación vigente en el país sobre la protección de datospersonales, “debiendo adaptarse a la ley 25.326 en cuanto al registro de las bases de datos, disposición11/2006 de medidas de seguridad”, destaca el titular de Identidad Robada, Daniel Monastersky.Cabe destacar que por sentar base en la Argentina como proveedora de un servicio, Facebook deberáasimismo respetar la Ley de Defensa del Consumidor y, según coinciden ambos abogados, “en primerlugar deberá tener términos, condiciones y políticas de privacidad en español, tener un teléfono decontacto y un email para atender consultas o reclamos de los usuarios que buscan la eliminación dema-terial difamatorio, discriminativo, o cualquier otro que configure un delito”.FALTA DE REGULACIÓN. De la mano del evidente estallido de las redes sociales, apareció una del-gada línea por donde transita la legalidad de los contenidos que se suben a la red. Lo cierto es que elpaís es víctima de un claro vacío legal en lo que refiere a la regulación de las nuevas tecnologías que,en muchos casos, deja en situaciones complejas a jueces que deben fallar utilizando normas por apli-cación de analogías, que no terminan por brindar soluciones adecuadas a las problemáticas.Lo cierto es que el debate más reciente instalado gira en torno de la responsabilidad de los buscadoresde Internet respecto de los contenidos publicados por terceros. “Si bien en la Argentina rige la Ley deDelitos Informáticos –26.388– no existe ninguna legislación específica que regule la responsabilidad delos ISPS y, en especial, a las redes sociales”, explica el especialista en la materia Fernando Tomeo.Este plano preocupa a los magistrados que debaten intensamente sobre la inseguridad jurídica que damarco a esta actividad.“Al no existir una norma especial, los jueces se rigen mediante el Código Civil o Penal y tienden a for-zar interpretaciones, por lo que se hace muy difícil establecer un criterio”, advierte Monastersky.Lo cierto es que con Facebook establecido en el país, los usuarios tendrán la posibilidad de contar, porejemplo, con un domicilio legal donde notificar las cartas a documento mediante las que se busquehacer efectiva la desaparición de perfiles apócrifos o páginas donde se incurra en discriminación.Es decir, según advierten los especialistas,“los jueces nacionales podrán expedirse sobre diferentes con-flictos que hasta el momento eran de dificultosa resolución dado que la firma se encontraba radicadaen California”.Así, ante el escenario de incertidumbre local, los legisladores corren contrarreloj para la definitiva san-ción de una ley de Internet Services Provider que permita a la Justicia contar con leyes específicas al mo-mento de juzgar un caso de acoso o violación de los derechos de una persona en las redes sociales.Mientras tanto, Facebook deberá adecuarse rápidamente a las leyes locales.

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El Ministerio de Justicia hace foco en los planes de acceso para 2012Según estadísticas de la cartera de Justicia, unas 40.000 personas realizaron diferentes consultas en loque va del año en los Centros de Acceso a la Justicia. Los últimos datos del Ministerio Público Fiscalporteño demuestran un incremento de 59% en la cantidad de personas atendidas por el sistema.El acceso a la Justicia se define como la posibilidad de que los ciudadanos puedan acercarse al PoderJudicial en pos de resolver sus problemas.Desde el Ministerio de Justicia de la Nación pusieron en funcionamiento los centros de acceso y en loque va del año ya atendieron casi 40.000 consultas. Desde la cartera plantean que este concepto debeser mayor para garantizar la igualdad social y se perfilan con fuertes iniciativas para 2012.Las estadísticas demuestran el contundente impulso que se le dio al acercamiento de la Justicia a la so-ciedad, a través de los Centros de Acceso con presencia en todo el país, más focalizados en la Ciudadde Buenos Aires. En este plano, durante 2010 en las unidades de orientación y denuncia del Ministe-rio Público Fiscal porteño se incrementó 59% –respecto de 2009– y 306% más que en 2008, la canti-dad de personas atendidas.¿QUÉ ES EL ACCESO? Al momento de definir los alcances de los planes de acceso a la Justicia, el di-rector ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles, Alvaro Herrero, plantea que el mismo debeser visto como “un derecho básico de los ciudadanos de poder acceder a servicios de resolución deconflictos y de protección” y amplía esta idea cuando explica que el propio sistema “debe permitir so-lucionar los problemas de los ciudadanos”.Por su parte, la directora nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, MaríaFlorencia Carignano, explicó a BAE que desde la cartera que integra se plantea la idea del acceso como“un concepto amplio que supera la mera idea de reducirlo solamente a que la gente pueda llegar alPoder Judicial, sino que se lo debe ver como la chance de poder alcanzar las políticas públicas del Es-tado, para que exista una igualdad de oportunidades, es decir una verdadera política de inclusión”.En esa línea, destaca que desde el ministerio se busca que los centros giren principalmente “en torno alos sectores vulnerables”; al respecto agrega que cuando se le pregunta a la clase media qué es el accesoa la Justicia, en general, consideran que se trata de “contratar a un abogado y que este profesional losrepresente en los tribunales”, pero amplía la idea y destaca que para las clases bajas que no cuentan conla posibilidad de contratar a un letrado, el acceso a la Justicia se ve como la posibilidad de que los chi-cos puedan encontrar protegidos sus derechos, como “contar con una vacante en una escuela, o acce-der a servicios médicos”.CONSTRUIR CIUDADANÍA. Al momento de plantear qué son los CAJ, días atrás el titular de la car-tera, Julio Alak, los definió como“verdaderos centros de ciudadanía e inclusión” y detalló que, ademásde servicios de orientación y mediación jurídica, allí también se brinda asesoramiento a inmigrantes,se gestionan turnos para tramitar el DNI, se hacen trámites sobre pensiones no contributivas y para larecepción de la televisión digital terrestre, y se atienden consultas sobre asignación universal por hijo,embarazo y jubilaciones.Desde la ADC, Herrero suma una visión de importancia sobre las iniciativas y advierte que “la posibi-lidad de que la gente pueda recurrir a los tribunales contribuye a la gobernabilidad”; en este contexto,cabe destacar que la existencia de un sistema de resolución de conflictos “contribuye a que exista pazsocial, ya que si no los conflictos se resolverían por métodos violentos”, opina.Carignano, por su parte, comenta que la mayoría de los centros están concentrados en las zonas vul-nerables de la Capital Federal, y al momento de pensar en las principales barreras de la gente, exponeque son“económicas, sociales y el desconocimiento de los derechos que tienen”, y en esta línea de pen-samiento advierte que “la falta de acceso a la Justicia perpetúa la situación de la pobreza”.Al momento de plantear soluciones para romper las barreras sociales, la funcionaria señala que debeexistir una participación activa del Estado acercándose “a los sitios donde vive la gente, ya que estuvo

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ausente por más de treinta años, producto de la aplicación de políticas de corte neoliberal, que en lugarde acceso proponía topadoras”.“Desde las ONG tenemos una visión bastante crítica de este tipo de cuestiones dado que trabajamoscon estas problemáticas y tenemos la sensación de que siempre se puede hacer más. Pero tenemos pre-sente que hay cosas que se están haciendo bien, como el Ministerio Público de la Ciudad, o la oficinade violencia de la Corte Suprema de Justicia”, reflexiona Herrero, y sostiene que es necesario seguir for-taleciendo el trabajo de la Justicia de cara a 2012.Leonardo Scolpatti Especial para Diario BAEMINISTERIO PÚBLICO FISCALLA EXPERIENCIA EN LA CIUDADEn la Ciudad de Buenos Aires, y por iniciativa del Ministerio Público Fiscal porteño, funcionan lasUnidades de Orientación y Denuncia (UOD) que atienden entre las 9 y las 20. Según datos oficiales dela Fiscalía General, durante 2010 fueron atendidas 13.581 personas, 59% más que en 2009 y 306%comparado con 2008.En total son doce oficinas, las cuales están repartidas en los diferentes barrios porteños, desde Núñezhasta Villa Soldati, pasando por Balvanera, Nueva Pompeya y Palermo, entre otros.En estas dependencias se pueden denunciar los delitos cuya competencia fue transferida desde la Na-ción hacia el ámbito porteño, de contravenciones y faltas.Por otra parte, también existe la Oficina de Asistencia a la Víctima y al Testigo, que brinda un serviciode asesoramiento y contención dirigido a los denunciantes y consultantes del fuero penal y contra-vencional.BENEFICIOSNuevos ServiciosSin bien en los Centros de Acceso a la Justicia la rama más fuerte que se trabaja es la jurídica, tambiénse brinda información sobre turnos para el DNI, se hacen trámites sobre pensiones no contributivas ypara la recepción de la televisión digital terrestre, y se atienden consultas sobre la asignación universalpor hijo, embarazo y jubilaciones.“Hasta hace un año nosotros sólo teníamos el asesoramiento y la de-rivación y ahora estamos trabajando para implementar el patrocinio jurídico gratuito”. Casual-mente,para este último, pensado para cuestiones civiles, la directora nacional de Promoción yFortalecimiento para el Acceso a la Justicia, María Florencia Carignano, anunció que se espera poderllegar a firmar un convenio con el Colegio Público de Abogados, entidad que desarrolla el programaPropaque, mediante el cual se permite a las víctimas de procesos penales en los cuales no hay posibili-dad de recupero económico, ser querellantes.

19/10/2011 BAE - Nota - Judiciales - Pag. 4

Palermo Soho: se construye un 70% más que en 2010Un barrio que sigue renovando su perfilEntre torres y edificios hay 59 obrasLos nuevos emprendimientos se suman a los cambios que la zona vivió en los últimos años. Las quemás aumentaron fueron las obras en altura. Según especialistas, el crecimiento seguirá en 2012.Romina Smith rsimth@clarin.comEl los últimos años se volvió fresco, moderno y accesible, y también híper diseñado y gourmet. Pa-lermo Soho sigue sumando virtudes, y ahora también le agrega nuevas construcciones.

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Según un informe, en esa zona, delimitada por GodoyCruz, Santa Fe, Scalabrini Ortiz y Córdoba, este añose está construyendo un 70%más que en 2010. Y másde la mitad de los nuevos emprendimientos son re-cientes. El auge se potencia con la gran actividad co-mercial del barrio y se refleja en los precios, que estánen alza: en esas manzanas, el m2 a estrenar supera los2.500 dólares y llega a un techo de 3.400 para las to-rres.Es en la zona donde funcionará el Polo Científico, elcomplejo de edificios que busca cambiarle la cara a lascalles que rodean el predio de las ex Bodegas Giol.El crecimiento del Soho porteño también se nota enlos números: el último relevamiento de la consultoraReporte Inmobiliario señala que hoy hay 157.132 m2en obra detectados en la zona, contra los 91.970 de2010. Esa cifra, que representa un aumento del 70,85% en un año, contempla 59 emprendimientosnuevos o recién terminados y entre ellos, 17 que acaban de empezar. “Este año, el ritmo de incorpora-ción de obras creció de manera muy importante.Y ese fenómeno se puede ver sobre los bordes del barrio, que es donde se puede construir en altura yhay muy buenas oportunidades de terrenos”, explicó José Rozados, director de Reporte Inmobiliario.Claro que también están los que se quejan, como sucede en otros barrios, por la proliferación de to-rres. Y además hay quienes critican el cambio de identidad del barrio, que supo estar dominado porcasonas bajas.Pero los nuevos emprendimientos avanzan, y los precios acompañan el crecimiento: el m2 a estrenarpromedia los 2.535 dólares para edificios entre medianeras, de 8 o 9 pisos, lo que representa una subadel 14,29% con respecto a 2010. En las torres (de más de 10 pisos) con amenities, que tienen grandesterrenos (hoy hay ocho de este tipo en el barrio), el valor sube aún más: ya alcanza los 3.412 dólarespor m2. Las cocheras también exigen más desembolso: este año, una unidad promedia los 29.000 dó-lares (un 20% más que en 2010) pero puede subir hasta 36.000 dólares según la ubicación.Con este nuevo cordón de edificios, el barrio potenciará aún más su perfil joven, que vino con el agre-gado“Soho”, y después de décadas en las que esta zona de la Ciudad era conocida como PalermoViejo.Para Rozados esa transformación se hizo evidente después de la crisis de 2001 y fue más clara todavíadespués de 2003, cuando la zona empezó a llenarse de diseño, locales de ropa y restaurantes y barcitosgourmet.“Palermo Soho es un caso paradigmático de transformación de un sector urbano, no sólo creció enconstrucción residencial sino que transformó su espíritu y pasó a ser un lugar comercial. Es un caso deestudio porque esa transformación se dio de manera espontánea y a partir de la actividad privada, adiferencia de otras zonas donde se potencia con acciones públicas, como por ejemplo Parque Patricios.Acá, donde antes era Palermo Viejo, hoy está el Soho, una zona que y está dentro del circuito de tu-rismo”, precisó el consultor.Silvina Alvarez Leiza, socia gerente de Tizado Palermo, también sostiene que Palermo Soho creció y queseguirá creciendo. Su oficina abrió cuando el barrio estaba em pezando y hoy está acompañando esteauge con departamentos tipo condominios y PH, porque en muchas manzanas no se puede desarro-llar mucho en altura. “Esta es una zona que atrae por su movida bohemia y cultural. Y el perfil es degente joven: pueden ser parejas o gente sola, o incluso extranjeros que decidieron residir en el país yeligieron Palermo para vivir”, detalló. Para ella, una de las mayores virtudes de la zona es que “está muybien comunicada con el resto de la Ciudad”.

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Hay nueve proyectos que ya están terminados y listos para habitar. En Armenia al 2200 una unidad de3 ambientes se ofrece con cochera cubierta a 2.795 dólares por m2.Y en Scalabrini Ortiz al 1600 toda-vía muestran un monoambiente a 2188 dólares por m2. Como esas, hay varias ofertas.Y todas tienen la misma atracción: cerca del verde, fácil acceso y un entorno moderno, funcional, co-mercial y coqueto.Y en Godoy Cruz tambiénHasta hace un tiempo, Palermo Soho tenía dos caras: por un lado, ostentaba un circuito gastronómico,de diseño y textil bien formado; pero por otro no podía evitar que se notaran sus puntos débiles, comotoda la zona de la calle Godoy Cruz, donde muy pocos querían vivir. Hoy, ese perfil está cambiando dela mano de la inauguración de la primera obra de lo que será el Polo Científico, encarada donde antesestaban las ex bodegas Giol. A la recuperación de este edificio, que tendrá espacios de visita pública, sesuman las nuevas obras que contribuyen al cambio de cara en una de las zonas del Soho que todavíano había cambiado. Para José Rozados, de Reporte Inmobiliario, la recuperación de esas manzanassobre Godoy Cruz, entre Paraguay y Soler, ayuda a que la zona obtenga mayor valor y se afirme comodistrito residencial.A esa obra, además, se suma el nuevo paso bajo nivel que el Gobierno porteño abrió hace poco en lacalle Soler, en el cruce de las vías del ferrocarril San Martín.Un paso clave hacia Juan B.Justo; es que del otro lado de la avenida, en PalermoHollywood, la construcción también avanza comoen el Soho.Paraguay y Jorge Luis Borges: En la esquina domina un edificio con departamentos a estrenar; enfrentese advierte otro en construcción, en un barrio en el que crecieron las ofertas comerciales y gastronó-micas.157.132 Metros cuadrados en obra hay en toda la zona.17 Emprendimientos acaban de comenzar a construirse.3.412 Dólares por m2 cuesta un departamento en una torre.

19/10/2011 Clarín - Nota - Policiales - Pag. 38

Un tiro para el lado de la (in)justiciaDel editor al lectorRicardo Roa editor general adjunto de clarin rroa@clarin.comQué tienen en común las coimas en Skanska, la valija de Antonini, la bolsa de Felisa Miceli en su bañode Economía, la embajada paralela en Caracas, el feed lot familiar de Echegaray y el enriquecimientometeórico de Jaime, Schoklender y los secretarios de la Presidenta? Tienen en común al menos trescosas.Fueron denunciados por la prensa, el Gobierno de movida los ninguneó diciendo que eran “operacio-nes mediáticas” y luego, ante las evidencias, sostuvo que debía actuar la Justicia. Y la Justicia está ac-tuando: todas las causas siguen abiertas, no hay ningún condenado y en algunas los acusados ni siquierahan sido llamados a declarar.Que esto sea lo que mejor le cae al Gobierno es pura coincidencia. Skanska es el ejemplo emblemático:la propia empresa admitió que pagó coimas, se presume a funcionarios.Pero el expediente cayó en Oyarbide y a seis años el juez no definió la situación procesal del secretario

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de Energía, Cameron.También está como el primer día la causa de Antonini, el venezolano que vino invitado por el kirch-nerismo y trató de entrar una valija con 800 mil dólares. Lo descubrieron pero donde había probablelavado de dinero el Gobierno vio una infracción aduanera: se fue como había llegado. El juez que llevóla no investigación fue ascendido. La causa quedó en manos hoy de un subrogante.En Caracas había una oficina en la que los exportadores argentinos debían dejar una comisión del15%, según denunció nuestro embajador. Acá todavía buscan pruebas.Sobre Jaime llueven las mayores sospechas de negociados con la pantalla del Estado.Y uno de sus funcionarios llegó a decir que “cada noche le llevaba valijas a Kirchner”.Está en la mira por recibir “dádivas”.Contraste feroz. La presidente brasileña,Dilma Rousseff, echó a cincoministros, incluido el mismísimojefe de Gabinete. Y hoy tambalea un sexto, el de Deportes. Todos, involucrados por la prensa en ma-niobras de corrupción. ¿Qué tiene en común esta política con la que se aplica aquí? Nada.

19/10/2011 Clarín - Nota - Sumario - Pag. 2

El Gobierno tiene a su primer detenido por lavado de dineroEs Pérez Corradi, procesados por la causa de medicamentosEl juez Oyarbide dispuso la detención de Esteban Pérez Corradi, sospechado de ser un enlace en laruta del dinero en la causa por medicamentos truchos. Llevarán el caso al GAFIESTEBAN RAFELE Buenos AiresIbar Esteban Pérez Corradi, procesado por sus presuntos nexos con la mafia de los medicamentos, seconvirtió ayer en el primer detenido por una causa caratulada como lavado de dinero que tiene a la Uni-dad de Información Financiera (UIF) como querellante.Ayer, el juez federal Norberto Oyarbide dictó la prisión preventiva de Pérez Corradi, procesado por “la-vado de dinero agravado” desde diciembre de 2010. Al cierre de esta edición la UIF no había sido no-tificada formalmente de la resolución del magistrado.La UIF llevará el caso Pérez Corradi en la carpeta que enseñará al Grupo de Acción Financiera Inter-nacional (GAFI) la semana próxima, al someterse a la evaluación que realizará el organismo en París.La semana pasada, el Gobierno había presentado proyectos para penalizar con más dureza el terro-rismo y su financiamiento e incorporar al Código Penal delitos vinculados al abuso de información enlos mercados de capitales.En los hechos que relató la UIF a Oyarbide, el organismo dijo haber corroborado que Pérez Corradifuncionaba como nexo entre quienes emitían los cheques y quienes los terminaban cobrando. En oca-siones, apuntaron fuentes oficiales, el dinero quedaba en su cuenta bancaria. En otras oportunidades,Pérez Corradi endosaba los documentos a terceros. “En el caso de Pérez Corradi, se logró determinarque depositaba en su cuenta cheques emitidos por la OSBA (Obra Social Bancaria Argentina) a favorde Droguería San Javier, y luego retiraba el efectivo”, se lee en el escrito.Por esa causa están detenidos el secretario general de La Bancaria, Juan José Zanola, y Néstor Lorenzo,titular de la Droguería San Javier.La causa de medicamentos truchos tiene implicancias políticas de importancia. Además de involucrara referentes del sindicalismo –el procesamiento siempre merodea al titular de la CGT, Hugo Moyano,

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se investiga si fondos derivados de esos negocios financiaron la campaña presidencial de Cristina Fer-nández en 2007.ExtradiciónPérez Corradi estaba detenido, pero sin prisión efectiva, a la espera de ser extraditado a los EstadosUnidos.La justicia del estado de Maine lo reclamó para juzgarlo por haber introducido en ese país 80 pastillasde oxicodona, un analgésico empleado en el país para los pacientes terminales de cáncer que fue pro-hibido en los Estados Unidos por su poder opiáceo, por el que se lo emparienta con la heroína.Pérez Corradi envió un paquete a los Estados Unidos con el medicamento y fue identificado porquesus huellas digitales estaban en el envío.En marzo de este año, la Corte Suprema resolvió habilitar la extradición de Pérez Corradi y desde en-tonces el trámite quedó en manos de la Cancillería

19/10/2011 El Cronista Comercial - Nota - Economía & Política - Pag. 7

Más información en:

El Gobierno ya tiene a su primer detenido por lavado de dineroEl juez Norberto Oyarbide dictó la prisión preventiva para Ibar Esteban Pérez Corradi, procesado porsus presuntos nexos con la mafia de los medicamentos19/10/2011 - www.iprofesional.com

Prepara Scioli un aumento de los impuestos tras los comiciosFinanzas provinciales / Buscan achicar el déficit en 2012Alcanzaría a todos los tributos, entre ellos el inmobiliario, ingresos brutos, patentes y sellosPor Pablo MorosiEl gobierno bonaerense se reserva, para después de las elecciones del domingo próximo, la difusión deun paquete impositivo que acarrearía aumentos en los gravámenes provinciales para 2012.Si bien los niveles de incremento y los tributos que afectará se mantienen en reserva, el ministro de Eco-nomía provincial, Alejandro Arlía, dio la siguiente pista: "Vamos a continuar con la línea de la capaci-dad contributiva, pagan más lo que más capacidad tienen y menos los que tienen menor capacidad",dijo al ser consultado sobre el posible alcance de los aumentos.Desde el gobierno de Daniel Scioli se informó que el proyecto de ley impositiva para el próximo añoserá girado para su tratamiento a la Legislatura bonaerense la semana próxima, junto con el presu-puesto provincial de gastos y recursos para 2012.Fuentes legislativas confiaron que del borrador de la norma tributaria que circula entre unos pocos le-gisladores surge que las subas alcanzarían a todos los impuestos provinciales.Los tributos provinciales -ingresos brutos, inmobiliario rural y urbano, automotores, embarcaciones,herencia y sellos- conforman casi el 60 por ciento de los fondos con que se financia la gestión provin-cial, que, según fuentes oficiales, diseñó un cálculo de gastos para 2012 que contempla una erogaciónde alrededor de 110.000 millones de pesos y un déficit que habrá que financiar cercano a los $ 15.000millones.

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Según la capacidadArlía confirmó los retoques en declaraciones periodísticas: "Nuestros aumentos nunca fueron desca-bellados; la gente puede estar tranquila", dijo el funcionario, que insistió en que cualquier cambio quese instrumente estará en relación con la capacidad de cada contribuyente y que el objetivo es "llevar unapropuesta que busca la equidad y la progresividad tributaria".En ese sentido, durante una entrevista concedida a la señal Ambito TV, el funcionario recalcó que,según su visión, "no puede ser que en algunos casos se pague más por el cable que por el impuesto in-mobiliario ni que una hectárea en la zona núcleo sojera pague 26 pesos por hectárea por año".El ministro destacó el incremento en la presión tributaria que recaerá sobre los terrenos baldíos y quetambién habrá aumentos en el impuesto inmobiliario urbano edificado, que hasta podría incluir unaadecuación en las valuaciones fiscales, cuya última modificación se remonta a 2006.Pese a que no hubo más precisiones ni se informó sobre las variaciones en el resto de los impuestos,tampoco se desacreditó desde la cartera de Hacienda bonaerense la versión sobre los aumentos.Arlía, para quien "en una provincia y un país que necesita resolver el problema habitacional un baldíoes un agravio a la sociedad", sostuvo que "si alguien tiene un terreno baldío, tiene dos opciones: lotransforma en una actividad productiva o se lo da a otro para su explotación". Y precisó: "No es lomismo tener un baldío en La Plata que en José León Suárez.Desde el sector agropecuario manifestaron ayer su inquietud ante los posibles aumentos impositivos."No nos han convocado para discutir el tema impositivo y nos preocupa mucho cómo va a afectarnosel año próximo", dijo a LA NACION, el tesorero de Carbap, Horacio Salaverri.El directivo contó que, si bien en el primer semestre del año hubo dos reuniones con el gobierno pro-vincial, en las que se plantearon algunos puntos de interés para el sector, entre ellos el impositivo, luegono volvieron a convocarlos.Para Salaverri, preocupan la alícuota del inmobiliario rural, los ingresos brutos aplicados a actividadesagropecuarias y el mantenimiento de la exención del impuesto para los distritos del Sudoeste afecta-dos por la sequía.$ 15.000MillonesSería el déficit presupuestario que deberá financiar el gobierno provincial en 2012.

19/10/2011 La Nación - Nota - Economía & Negocios - Pag. 3

Más información en:

Scioli propondrá subir el Impuesto Inmobiliario para el año próximoEl ministro de Economía provincial, Alejandro Arlía, también adelantó que se impulsarán ajustes enel tributo que recae sobre los terrenos baldíos19/10/2011 - www.iprofesional.com

Cartas de lectores: Impuesto inmobiliarioSeñor Director:"Quiero hacer una reflexión respecto de varias cartas de lectores que opinan que el ABL de la ciudadde Buenos Aires es sólo un servicio. No es así; no es sólo eso, sino que incluye el impuesto inmobilia-rio, que sí se relaciona con el valor y las características de la propiedad.

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"En la provincia se cobran por separado: el impuesto municipal, que ya ha tenido aumentos progresi-vos, de casi el 30% anual en mi caso, y el impuesto inmobiliario, que este año ya ha sufrido fuertes au-mentos: en mi caso fue del 140%, aunque hubo muchos casos de aumentos muy superiores a eseporcentaje, pero no se ha difundido mucho este tema."Eduardo J. SacchiDNI 4.138.357edu_sacchi@yahoo.com.ar

19/10/2011 La Nación - Nota - Cartas de Lectores - Pag. 14

La Justicia le puso un nuevo freno a las multas de la AFIPA pesar de que se había cumplido el tiempo que establece la ley para imponer una pena, el fisco san-cionó a la sociedad por la falta de pago de un impuesto. Sin embargo, la Cámara Federal de Apelacio-nes le dio la razón a la empresa. ¿Cuáles fueron los argumentos de los camaristas?Por Gonzalo ChicoteLos contribuyentes tienen en la actualidad muchas maneras para cancelar las obligaciones impositivasque se reconocen por medio de las declaraciones juradas.La forma por excelencia es a través del pago, aunque también existen otras, tales como la compensa-ción de tributos y la prescripción.Esta última opción, a diferencia de las otras, tiene la particularidad de que no hace desaparecer la deudacon el fisco, sino que le impide a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) la posibilidadde reclamar.De esta manera, pasado el plazo de prescripción fijado por la ley, si bien no desaparecerá la obligacióndel contribuyente, la AFIP no puede instarlo a pagar el monto adeudado.El tiempo en que prescriben las obligaciones fiscales, está determinado en la Ley de Procedimientos Fis-cales que no sólo establece el punto límite hasta el cuál el fisco puede reclamar el impuesto, sino tam-bién hasta cuándo puede aplicar multas o clausuras.En el marco normativo, también existen algunos motivos que pueden interrumpir o suspender eseplazo, tal es el caso de la adhesión de una deuda impositiva en un plan de cuotas.Ahora bien, si un contribuyente incluye un pago atrasado en una moratoria -que motiva una inte-rrupción en la cuenta de la prescripción-, cabe preguntarse si los tiempos para que el fisco aplique unamulta también se ven interrumpidos o si cada instancia recorren caminos por separado.Esto es lo que se analizó en un reciente fallo, donde la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plataresolvió anular una multa que el organismo a cargo de Ricardo Echegaray intentó imponer a un con-tribuyente luego del plazo de prescripción establecido.Consultados por iProfesional.com, los expertos en la materia explicaron que la importancia del falloradica en la correcta apreciación de los camaristas respecto de la independencia que existe entre los pla-zos de prescripción al momento de aplicar alguna sanción y del reclamo del impuesto.Además, resaltaron que la causa dejó una clara interpretación de cuándo pueden interrumpirse o sus-penderse los tiempos fijados por la ley.El caso por dentroTodo comenzó cuando la AFIP aplicó unamulta a la firma Raffe Hermanos, a pesar de que el plazo parahacerlo había prescripto.

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Los argumentos que plantearon desde el fisco fueron que, debido a que el contribuyente incluyó ladeuda en un plan de facilidades de pago, se había interrumpido el tiempo para que caduque la acción,motivo por el cuál estaban en su derecho a imponer la sanción.Para la firma, en cambio, la AFIP "realizó una errónea aplicación de las normas que regulan las causa-les de interrupción de la prescripción de la acción de repetición y/o de la prescripción para determi-nar o exigir el pago del tributo (...) confundiéndolas con las causales de interrupción para aplicarmultas".Asimismo, argumentó que teniendo en cuenta que "la última cuota fue abonada el 22 de septiembrede 2001", y que "el plazo de prescripción se produjo el 3 de agosto de 2006" no correspondía aplicar lasanción, que fue impuesta con "fecha 29 de noviembre de 2006", y fue "notificada el 27 de diciembrede 2006".En este contexto, la sociedad se presentó en la primera instancia judicial, aunque sin mayor suerte. Porel contrario, luego de que el contribuyente elevara su reclamo, la Cámara Federal de Apelaciones deMardel Plata terminó dándole la razón.Los magistrados, para tomar la decisión, manifestaron en primer lugar que "el artículo 59 de la Ley deProcedimientos Fiscales establece la independencia para el cómputo de la prescripción en uno y otrocaso".Además, explicaron que la misma normativa fija una diferencia entre el cómputo del tiempo que tieneel fisco para aplicar una multa, del que tiene para hacer efectiva la sanción aplicada.Al respecto, sostuvieron que el primero "comienza a correr desde el primero de enero siguiente al añoen que hubiera tenido lugar la violación de los deberes formales o materiales legalmente consideradacomo infracción", mientras que el segundo lo hace "desde la fecha de notificación de la resoluciónfirme que la imponga".Por último, hicieron referencia a la jurisprudencia que sentó la Corte Suprema de Justicia Nacional, enla causa "Rivera Gordal, Jorge".En el mismo, el máximo tribunal estableció que "la previsión por parte del legislador de un plazo parael cumplimiento de las obligaciones (...) importa, implícitamente, una suspensión ministerio legis deltrámite del proceso y de la prescripción de la acción, hasta tanto el contribuyente cumpla satisfacto-riamente con la totalidad de los pagos estipulados en el régimen de regularización".De esta manera, "teniendo presente las circunstancias de autos, el plazo de prescripción de la acción es-tablecido de cinco años (artículo 56), el término de prescripción de la acción para aplicar multas (ar-ticulo 58), la suspensión acaecida, la fecha de la última cuota ingresada por el contribuyente (22 deagosto de 2001) y fundamentalmente, el criterio sentado por nuestro más alto tribunal, no queda másque advertir que al momento de aplicar la sanción (...) la acción del organismo fiscal para aplicar la san-ción se encontraba prescripta", concluyeron los camaristas.VocesMario Buedo, socio del estudio Montero & Asociados, manifestó que "queda suficientemente claro, através de la doctrina del fallo, que incluir una deuda en un plan de pagos que en principio condona san-ciones, sólo implica suspensión del plazo de prescripción en el caso que el plan caduque".Del mismomodo, Juan Pablo Scalone, socio del estudio Enrique Scalone &Asociados, remarcó que "siel contribuyente se acoge a un régimen de facilidades de pagos que prevé el beneficio de condonaciónde sanciones y, como consecuencia de ello no se le aplica una multa, es razonable que mientras se abo-nan las sucesivas cuotas se suspenda el cómputo de la prescripción de la acción del fisco para aplicarmultas, de manera tal que si el plan caducase, correspondería reanudar el cómputo del plazo de pres-cripción".En tanto, el consultor tributario Iván Sasovsky destacó que "es más que válido que solamente se con-sidere que los plazos de la prescripción en la causa, para la aplicación de sanciones, se encontrabansuspendidos. Y que una vez caducado el plan, los mismos siguieron computándose de forma directa".

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Esto es así, según el especialista, debido a que "no se puede de ninguna manera entender que el plazopara la determinación de una sanción se puede ver interrumpido, ya que no se presentan ni recono-cen por parte del contribuyente ninguno de los elementos que la ley enuncia como disparadores de talinterrupción"."En otras palabras, es imposible que el propio sujeto reconozca todos los elementos que determinanuna sanción tributaria (elemento objetivo y subjetivo) por la sola incorporación de tales conceptos aun plan de pagos", resaltó el experto.Por su parte, Buedo también resaltó que la causa trae a escena "una confusión habitual" que fue muybien despejada por el Dr. Tassa -camarista interviniente-, quién señaló que "la prescripción del plazopara imponer una sanción no es el mismo que el plazo para tratar de cobrarla por parte del fisco".Al respecto, Lucio Vuotto, senior de Tax & Legal de KPMG, advirtió que "el plazo de prescripcióncuenta para las primeras, desde el 1 de enero del año siguiente al que se verificó la conducta infraccio-nal, y para las segundas, desde el día siguiente al de notificación de la resolución que deje firme la san-ción aplicada".Por otro lado, Vuotto resaltó que la causa dejó una importante referencia en materia de interrupcióny suspensión."La interrupción de la prescripción, implica que al verificarse el acto interruptivo, el plazo comienza acontarse nuevamente de inmediato. Por otro lado, la suspensión implica que el plazo transcurre hastael hecho suspensivo, y continúa en cuanto esta quede sin efecto", indicó.En este sentido, el especialista sostuvo que "el elemento discordante que se introdujo en el caso y quellevó a su resolución judicial, fue el acogimiento a un régimen de regularización, y su posterior cadu-cidad, en especial referencia a su impacto sobre la prescripción de las acciones del fisco"."La Cámara entendió que el plazo de prescripción para la aplicación de la multa quedó suspendido porel acogimiento al régimen de regularización, y luego reanudado al día siguiente al de su caducidad",puntualizó."En consecuencia, en diciembre de 2006 al momento de la notificación de la aplicación de la multa, yahabía operado la prescripción de acción para la aplicación de la sanción", concluyó.La importancia de la prescripciónEn otro orden de ideas, Sasovsky explicó que "las normas relativas a la prescripción implican necesa-riamente una estrictez claramente justificada, dada por los efectos liberatorios de la obligación mate-rial que las mismas acarrean, y los derechos y obligaciones que se puedan ver involucrados"."Este concepto se entiende como el momento en el que una obligación real deja de ser exigible en tér-minos formales por parte del ente recaudador, el cual pierde de alguna forma la posibilidad de accióny los poderes para determinar y exigir tributos, como también para aplicar y ejecutar las multas y clau-suras, dándole de esta forma una relevancia notable al instituto bajo análisis", indicó.Para el experto es importante mencionar que "la prescripción liberatoria, no surge por el mero trans-curso del tiempo, sino que además se debe complementar necesariamente de la inacción total, comoelemento determinante, por parte titular del derecho involucrado, que en este caso es el propio fisco".También, destacó que el fallo "pone de manifiesto la doctrina de los actos propios, ya que nadie másque el fisco puede evitar mediante su acción que esto suceda, salvo el raro caso de renuncia por partedel propio contribuyente".Del mismo modo, Buedo destacó que "resulta interesante el rescate de la doctrina de los actos propios-aplicable en éste caso al fisco- que hace el fallo, al hacer hincapié en lo prescripto por el Dictamen deAFIP dictado previamente a la pretensión de aplicar la sanción discutida en autos, que llegaba a con-clusiones diametralmente opuestas respecto de los efectos de la caducidad del plan de facilidades depago en lo referente a la prescripción de las sanción"."Es importante tener presente que bajo la buena fe del contribuyente, la obligación tributaria princi-pal había sido incorporada a un plan de facilidades de pagos, cuestión que podría interpretarse como

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un reconocimiento espontáneo de la deuda, que interrumpe los plazos para el cómputo de la pres-cripción de dicha obligación", concluyó Sasovsky.

19/10/2011 - www.iprofesional.com

Quieren demoler casas y llevar la Diagonal Sur hasta la 9 de JulioPara eso deberán expropiarse 36 parcelas entre Belgrano y México.Por Daniel GutmanLa avenida Diagonal Sur podría ir desde Plaza de Mayo hasta la 9 de Julio, y de esa manera quedar em-parejada con sumelliza, Diagonal Norte, si se concreta un proyecto que el Gobierno de la Ciudad acabade enviar a la Legislatura.Se trata, en realidad, de llevar a la realidad la idea original , de principios del siglo XX, que consistía enel trazado de dos diagonales desde la Plaza de Mayo hasta la 9 de Julio. En el caso de la avenida Presi-dente Julio Argentino Roca (o Diagonal Sur) la construcción se quedó en la avenida Belgrano , a la al-tura del cruce con Piedras. Si se hicieran sus dos cuadras finales, desembocaría en la esquina deBernardo de Irigoyen y México.Este trazado sigue previsto actualmente en el Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad, que es pe-riódicamente actualizado por los legisladores.Lo que seguramente levantará controversia es la forma que ahora el Gobierno de la Ciudad proponepara llevar adelante la idea.Se impulsa el llamado a un “concurso internacional de proyecto y precio”. Quien resulte ganador de-bería actuar como“privado expropiante”, una figura que está prevista en la ley porteña 238, para com-prar 36 parcelas que hoy están en manos privadas, cuyas construcciones deberían demolerse. De todasmaneras, no hay prácticamente edificaciones altas en la zona, justamente por la limitación que impusohace décadas el Código de Planeamiento Urbano.Otras parcelas fueron expropiadas hace años y están en manos estatales, como el terreno donde está laplaza de la esquina de Belgrano y Piedras. En la esquina de Venezuela y Tacuarí, por donde deberíapasar la Diagonal Sur, hay un enorme terreno baldío.La empresa privada que gane el concurso se quedaría con la propiedad de los frentes de las dos cua-dras nuevas, según detalló a este diario el subsecretario de Planeamiento de la Ciudad, Héctor Lostri.“Además, el constructor tendrá que pagar un precio al Estado. No se invertirá dinero público en esteproyecto”, agregó el funcionario, quien precisó: “En un escenario normal es una obra que debería lle-var dos años ”.Como trabajo adicional, la empresa ganadora deberá construir una playa de estacionamiento subte-rráneo y se quedaría con su explotación durante 20 años.El objetivo global, de acuerdo a los fundamentos del proyecto recibido en la Legislatura, es “completarla estructura espacial-simbólica de la Ciudad, planeada hace un siglo y nunca ejecutada”.Además, se consigna que la extendida Diagonal Sur serviría para poder sacar de las angostas calles la-terales los colectivos que y vienen desde la Plaza de Mayo.El presidente de la Sociedad Central de Arquitectos, Enrique García Espil, dijo: “Nosotros no hemossido consultados acerca del concurso. Aunque no es una obra prioritaria para la Ciudad, me parecebien que se haga, porque simbólicamente es importante para la equiparación gradual del sur con elnorte de la Ciudad.

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Los altos intereses de los honorarios que hay en juegoLa Justicia bonaerense aceptó el reclamo de un letrado en relación a la liquidación de sus intereses te-niendo en consideración que "la normativa imperante que permite a los contratantes pactar el interésque crean conveniente y que la facultad acordada a los jueces para morigerarlo no supone que cuen-ten con absoluta discrecionalidad y que decidan por él".En el plenario “Metz, Fernando c/ Citibank NA s/ materia a categorizar”, la Cámara Civil y Comercialde Mar del Plata estableció que los honorarios de los abogados debían calcularse “conforme a lo acor-dado por las partes, siempre que no supere la tasa activa del Banco Provincia, reducida en el 20% portodo concepto”.Teniendo eso en consideración, un juez de primera instancia estimó las liquidaciones correspondien-tes en los autos "Favacard S.A c/ Telloo, Manuel Pascual y otra s/ Ejecución".En este orden, el apoderado de la actora apeló la decisión del juez y estimó que a través del plenario ci-tado "se ha revitalizado toda la normativa imperante que permite a los contratantes pactar el interésque crean conveniente y que la facultad acordada a los jueces para morigerarlo no supone que cuen-ten con absoluta discrecionalidad y que decidan el caso, apartándose de cualquier análisis".Aseguró a su vez que deben aplicarse “los intereses pactados, salvo en aquellos supuestos excepciona-les que así lo justifiquen, como puede suceder en el caso del acto lesivo, o cuando el resultado arribadosea irrazonable o en el caso de violación a los derechos del consumidor los que, según su entender, nose configuran en el caso de autos”.Por eso, en referencia al reclamo del letrado, los jueces de la Sala II de la Cámara Civil y Comercial deMar del Plata estimaron que correspondía “modificar la condena de intereses”.Así es que los magistrados aseguraron que el juez de primera instancia debió tener en consideraciónla legislación que prevé los topes específicos para cada tipo de intereses. "Así, para los compensatoriosque perciban las emisoras no bancarias, el límite de los intereses compensatorios o financieros aplica-dos al titular no podrá superar en más del 25% al promedio de tasas del sistema para operaciones depréstamos personales publicados del día uno al cinco de cada mes por el Banco Central de la RepúblicaArgentina.”"Para los punitorios, el límite de los intereses punitorios que el emisor aplique al titular no podrá su-perar en más del 50% a la efectivamente aplicada por la institución financiera o bancaria emisora enconcepto de interés compensatorio o financiero.”Con este razonamiento, los camaristas estimaron que “la tasa fijada por el juez es de tipo general y noespecial como la legalmente prevista y, por este motivo, aquella no puede prevalecer, por lo que debemodificarse la sentencia”.A este respecto, los jueces recordaron que “ya la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, se hapronunciado descalificando el sistema que hacía prevalecer la tasa de interés fijada judicialmente porsobre la tasa legal, contrariando sin motivación suficiente el orden dispuesto por el artículo 622 del Có-digo Civil”.“Es que, aún cuando hace ya tiempo que el concepto del Juez como mero aplicante de la ley en el mo-delo dogmático ha sido superado, pues en la interpretación existe siempre un compromiso axiológico,no son admisibles aquellas interpretaciones que conducen lisa y llanamente a prescindir del texto dela ley, sin declarar la inconstitucionalidad de la norma.”A su vez, consignaron que “el Superior Tribunal de la Provincia ha establecido que, cuando la ley fijauna tasa de interés, el órgano jurisdiccional no se encuentra autorizado para adoptar un tope o una tasamenor, y solo declarando su invalidez por afectación de derechos de grada constitucional, puede or-denarse una limitación en su cuantía”.“Además, a esta altura debería quedar claro que no es posible modificar lo pactado por las partes conla sola y escueta mención de un“límite moral”decidido subjetivamente y desprovisto de fundamento”,precisaron los magistrados.

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“No parece que quepa presumir que el tope indicado por el legislador en los artículos 16 y 18 de la Ley25.065 no resulta suficientemente ‘moral’, como para que los jueces nos veamos obligados a imponernuestro propio límite, con el peligro consecuente de concebir una ‘moral’ que parece juzgarse más altacuando menor es el interés que se tolere, y todo ello sin aplicar la ley, sin declarar su inconstituciona-lidad, sin explicar por qué no se aplica, y sin fundar por qué ese límite es moral y el del legislador —como es más alto— sería ‘inmoral’", apuntaron finalmente.

19/10/2011 - www.diariojudicial.com

Cédulas digitales para el fuero penal de la CapitalEl nuevo sistema se implementará a partir del 24 de octubre y permitirá agilizar los trámites judicia-les y reducir el tiempo de los procesos. La Comisión Nacional de Gestión avanza en las jornadas de ca-pacitación para la implementación de los nuevos procedimientosA partir del próximo 24 de octubrecomenzará a funcionar en el fuero en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal un nuevo sis-tema de confección digital de cédulas de notificación.El sistema consiste en la confección de cédulas denotificación dentro de un programa informático, que permite la estandarización de formularios, laconfección inmediata del listado de cédulas y la posibilidad de consulta, por parte del tribunal inter-viniente, del estado de diligenciamiento, desde la salida de su mesa de entradas hasta el resultado de lanotificación.Así, se avanza sobre la incorporación de herramientas de gestión y tecnología en las acti-vidades de administración de expedientes judiciales y se favorece la reducción de tiempos tanto en laconfección de las cédulas como en la averiguación de su estado de diligenciamiento.En ese marco, elequipo técnico de la Comisión Nacional de Gestión Judicial realizó una jornada de capacitación diri-gida a personal del fuero, y de la que participaron cerca de 200 personas.

17/10/2011 - www.puntojus.com.ar

“Hay que evitar que la condena social llegue antes que la jurídica”El presidente del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora señala como prioritario “trabajar sobre unmodelo de inclusión y justicia social” para lograr una mayor cercanía entre el ciudadano y el Poder Ju-dicial. Diego Molea destacó que si bien se incrementó considerablemente el número de personas queacceden al servicio de justicia, “todavía hay sectores de la sociedad que sienten al sistema como algoajeno”.El titular del Colegio de Lomas hizo hincapié en la necesidad de desarrollar estrategias “que in-terpreten a la Justicia y a la Seguridad como caminos paralelos, pero separados”, dado que en muchasoportunidades el mayor inconveniente que presenta el sistema radica en que “se atiende lo coyunturalque es la seguridad y no se prioriza lo judicial”; ante esto, el abogado señala la necesidad de “trabajaren la profesionalización de una policía enfocada en la prevención del delito y crear una policía judicialque permita desarrollar una buena investigación a los fiscales para lograr sentencias justas”.- ¿Cómo ve el acceso a la Justicia en la provincia de Buenos Aires?-Si bien en la Provincia se están desarrollando estrategias para acercar la Justicia a la gente, la realidadindica que lo realizado no alcanza. En este sentido, considero que se debe continuar trabajando fuer-

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temente en tres ejes: la descentralización, la divulgación y la alfabetización jurídica, para que los veci-nos sepan cuáles son sus derechos, para que sepan que pueden reclamar y qué leyes los protegen, y enfortalecer la credibilidad en el sistema judicial. Actualmente se incrementó el número de personas queacceden al servicio de justicia, pero no nos podemos quedar con esa estadística mientras éste no seapleno. Todavía hay ciudadanos que ven a la Justicia como algo ajeno. En este punto podemos estable-cer una comparación con las políticas de inclusión que se están llevando adelante desde hace ochoaños y que muestran a un Estado presente para incluir donde el mercado excluye. No obstante, aun-que los índices de desempleo bajaron desde el 2003 a la fecha, no podemos estar conformes y hay queseguir trabajando para lograr una ocupación plena.- ¿Qué característica debe tener la descentralización y cuáles son las acciones que realiza el Colegiopara acercar la Justicia a la gente?-La descentralización debe ser centralizada. Es un término que se presenta semánticamente como con-tradictorio, pero que no lo es. Los departamentos judiciales bonaerenses agrupan a varios municipios:en el caso de Lomas de Zamora, por ejemplo, a los de Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeve-rría, Ezeiza y Lanús, además de Lomas. Cada municipio debe concentrar en único espacio físico unpolo judicial descentralizado para que la gente tenga el servicio más a mano. Por su parte, el Colegiocuenta con un Consultorio Jurídico Gratuito que brinda asesoramiento y patrocinio a vecinos de bajosrecursos. También junto a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamoraimplementamos un programa de alfabetización jurídica en los barrios del Departamento Judicial.- ¿Cree necesaria la división del Ministerio de Seguridad y Justicia bonaerense?-En principio debemos tener en claro que hay que desarrollar estrategias que interpreten a la Justiciay a la Seguridad como caminos paralelos, pero separados. Muchas veces el inconveniente es que seatiende lo coyuntural que es la seguridad y no se prioriza lo judicial. El abordaje debe ser el de dos pro-blemáticas distintas. Hay que trabajar en la profesionalización de una policía enfocada en la preven-ción del delito y crear una policía judicial que permita desarrollar una buena investigación a los fiscalespara lograr sentencias justas. El sistema judicial no debe hacer uso de efectivos policiales para cuestio-nes administrativas, la tarea principal de la policía debe ser la prevención y para eso debe estar patru-llando las calles. Si la división de carteras contribuye a mejorar los servicios de seguridad y justicia,debería concretarse.- ¿Qué otra reforma considera necesaria en la Justicia?-Creo que es esencial mejorar los mecanismos de selección de magistrados. El Consejo de la Magis-tratura provincial es el responsable de seleccionar y confeccionar las ternas de candidatos a juez que sele proponen al Ejecutivo. Los postulante propuestos deben ser los mejores para ese cargo, pero para esose deben considerar más variables. Por ejemplo, y este es un trabajo que forma parte de mi proyectode tesis doctoral, hay características socioeconómicas que se transforman en variables regionales a lahora de la selección. En el conurbano y en el Interior se viven distintas problemáticas sociales y esto nose puede omitir. En ese sentido, un fiscal de Lomas de Zamora tiene que estar preparado para actuarante ciertos delitos que son diferentes a los que debe enfrentar uno de Trenque Lauquen.- ¿Usted propone una capacitación permanente?-Hay que impulsar la actualización permanente de los magistrados y funcionarios judiciales. Este añose puso en funcionamiento en la Provincia la escuela judicial, lo que constituyó un paso muy impor-tante. La Universidad no forma magistrados y la responsabilidad del cargo exige una constante capa-citación.- ¿Considera que hay una real independencia del Poder Judicial?-Creo en la independencia del Poder Judicial y en el sistema de justicia. Los errores no son de un poderdeterminado, son de los hombres. Puede que existan miembros de la Justicia que se muestren perme-ables a las presiones de integrantes de otro espacio de poder. Un juez tiene todas las garantías y herra-

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mientas para ser independiente, si acepta no serlo es por una cuestión personal.-¿Cómo se encuentra la situación presupuestaria del sistema judicial bonaerense?-La situación actual indica que se necesitan más fondos. Pero más allá de eso, considero que el presu-puesto debería ser administrado por la Suprema Corte. El alto tribunal de la Provincia tiene a su cargoel funcionamiento del sistema de Justicia, pero no los recursos. Creo que debe centralizarse todo en suórbita para lograr una mejor administración.-¿Existe una mayor demanda de justicia por parte de la sociedad?-Respecto del reclamo de celeridad, habría que repasar los procesos en algunos fueros, como el Labo-ral, y especialmente el de Familia. Generalmente en estos casos, los plazos sonmás extensos que los quenecesita la gente. Algunos son inevitables, pero hay demoras que deben corregirse. La conciliación la-boral previa y la transformación en juzgados unipersonales de ambos fueros, es algo que debería dis-cutirse. Distinta es la situación en lo penal. En este caso hay que ser cuidadosos y evitar que la condenasocial llegue antes que la jurídica. Enmuchas ocasiones este desfasaje es responsabilidad de los medios.El concepto de criminología mediática que desarrolla Eugenio Zaffaroni en su último libro, abordamuy bien la temática de la construcción de la realidad que realizan los medios respondiendo a intere-ses de los sectores que representan.-¿Cuál es la realidad del abogado en la actualidad?-El imaginario colectivo mantiene aún la idea del abogado de gran poder adquisitivo y poseedor de lu-josas oficinas. Sin embargo, en la actualidad prevalece en el conurbano la figura del abogado artesano,un trabajador que camina diariamente los tribunales, que realiza el ejercicio de su profesión en formaindependiente, de esa labor depende su sustento. Por eso, desde la colegiación entendemos que se debeatender esta coyuntura con más servicios, más beneficios y una mayor contención.-¿Por qué se refiere al abogado del conurbano y no al de la provincia de Buenos Aires en general?-Porque el abogado del interior bonaerense tiene otras problemáticas. Cuando hablamos de la aboga-cía de la Provincia tenemos que pensar en dos realidades y dos perfiles completamente diferentes. Eneste sentido considero necesaria la discusión de la ley 5.177, que regula y reglamenta el ejercicio pro-fesional, para modernizarla y modificar el sistema de representación actual por uno más democráticobasado en la proporcionalidad. Creo que debemos debatir la posibilidad de que los colegas elijan porel voto directo a sus representantes en el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires.Sabrina Santopinto (Directora)

17/10/2011 - www.puntojus.com.ar

Vila no pudo entrarEl empresario Daniel Vila llegó a la AFA con 66 personas que dijo tenían un recurso de amparo deun juez que les permitía votar en la asamblea como dirigentes de clubes del interior, pero no pasó delhall de planta baja y a las 19 salió a atender a los medios televisivos y no lo dejaron entrar más (ni aél, ni a nadie). La gente que lo acompañaba, con un abogado y un escribano, realizó una parodia deasamblea en planta baja donde lo eligieron a Vila presidente de AFA por 52 votos (los otros 14 nopudieron entrar). Vila intentó entrar varias veces, mientras montó un escándalo mediático en lapuerta y hasta arguyó que tenía en su poder «una orden de allanamiento», cuando esas órdenes lasllevan oficiales de justicia con el auxilio policial. Al final se declaró presidente de AFA y dijo que laotra asamblea «será nula».

19/10/2011 Ambito Financiero - Nota - Deportes - Pag. 25