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INFORME EN DERECHO
CASO N° 188 GUA 04 - GUATEMALA
“VIOLACION AL PRINCIPIO TUTELAR DE
ORGANIZACIÓN SINDICAL”
* * * * *
I. ANTECEDENTES FACTICOS Y JURIDICOS.
Se me ha pedido, mediante carta oficio remitida a mi persona, que
elabore un informe y dé mi análisis jurídico de legislación
constitucional y derecho laboral nacional guatemalteco, así también
de las normas internacionales pertinentes en la materia, sobre las
alternativas de orden jurídico-judicial que supuestamente les asistiría
a trabajadores involucrados en ciertos actos que mellarían la
Libertad Sindical respecto a injerencias flagrantes cometidas en
contra del Sindicato de Trabajadores del Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala (STC).
2
Al respecto, se tiene como antecedentes facticos que apoyan la
pretensión los siguientes hechos que a continuación se declaran:
1. En el mes de Marzo de 2005, el Sindicato de Trabajadores del
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala (STC), fue convocado,
3
por parte del Gerente General de la empresa, a una reunión
conjunta con la gerencia general, donde se les comunicó el despido
de aproximadamente 102 trabaj adores de agencias del Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala (CHN), así también como se les
comunicó del cierre de 29 agencias de dicha entidad.
2. La Directiva Sindical acusó recibo de dicha comunicación,
pero acto seguido, manifestaron a la empresa su disconformidad con
tal medida, a lo cual la empresa, por intermedio de su Gerente
General, comenzó una serie de acciones tendientes a desacreditar a
la entidad sindical, llegando a iniciar una campaña de desafiliación de
los trabajadores afiliados amenazando incluso con despidos, a contar
del Junio de 2005.
3. A contar del mes de Julio de 2005, la empresa dirigió sus
acciones a desalentar las actividades de la STC y cometer actos en
contra de la libertad sindical, entre los cuales se pueden mencionar a
manera ejemplar: dejar de realizar el descuento de la cuota sindical,
negativa a consultar documentación laboral, entorpecimiento de
comunicaciones laborales que implicarían el derecho a defensa,
existencia de procesos disciplinarios contrarios al debido proceso al
4
no tener causa o asidero legal, privación de bienes patrimoniales del
sindicato otorgados por la empresa, bloqueo de comunicaciones
telefónicas, entorpecimiento del cumplimiento de funciones dentro
de la empresa, negativa a otorgar beneficios de tipo remuneracional
a miembros del sindicato, persecución de parte del empleador en
contra de miembros de la directiva sindical en cuanto al legítimo
ejercicio de permisos sindicales, etc.
4. Los actos anteriores se ven agravados desde el punto de vista
del legítimo ejercicio de derechos fundamentales, cuando la
Directiva Sindical de la STC han procurado remediar ante la
autoridad competente (Inspección del Trabajo y Tribunales
Laborales) y ante el empleador, los numerosos actos cometidos en
contra de la Libertad Sindical, obteniendo omitivas respuestas que
bordean, incluso el desacato.
A este respecto, el caso reportado da cuenta de las acciones
que, en diversas instancias han tomado los miembros de la
Directivas Sindical para paliar los actos denunciados tanto en el
ejercicio de sus funciones y autonomía sindical, como en el
funcionamiento que como empleados les caben, sin que la empresa
haya tomado en cuenta ninguna de los planteamientos dichos,
5
contrariando, como dijimos, requerimientos que la propia autoridad
administrativa había sentenciado.
5. Especial importancia se denota al examinar que entre los
derechos amagados, se encuentren aquellos contemplados en los
instrumentos colectivos, lo que constituyen verdaderos
“salvaguardas” que anticipan cualquier pugna en contra de la
Libertad Sindical. Aun así, la negativa de la empresa en cuanto al
reconocimiento y protección de los derechos de los trabajadores de
la STC ya constatados en los documentos denunciados, no han
cesado, permitiéndose incluso la empresa de amonestar a todo quien
se oponga a la tenaz puesta en práctica de la injerencia como forma
de desempeño patronal.
II. ANTECEDENTES JURIDICOS PROPIAMENTE
TALES TENIDOS EN CUENTA.
La remisión de los antecedentes ha tenido en cuenta las siguientes
normas constitucionales, legales e internacionales, sin perjuicio de la
jurisprudencia judicial nacional y extranjera en la materia, además de
las opiniones doctrinarias al efecto:
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A. LEGISLACION NACIONAL GUATEMALTECA.
1. Constitución Política de la República de Guatemala (Título I.
Capítulo Único, La Persona Humana, Fines y Deberes Del
Estado; Titulo II. Derechos Humanos, Capítulo I. Derechos
Individuales; Capítulo II. Derechos Sociales, Sección Octava.
Trabajo; Sección Décima. Régimen Económico y Social;
Capítulo III. Relaciones Internacionales del Estado; Capítulo
IV. Organismo Judicial; Capítulo V. Comisión y Procurador
de Derechos Humanos. Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 12, 14, 17, 24,
28, 33, 34, 39, 41, 46, 101 a 106, 118, 119 letras a), b), y d),
149, 203 a 205, y 273 a 275 ); y
2. Código de Trabajo (Título I. Disposiciones Generales, artículo
17; Título VI. Sindicatos, arts. 206 a 238; Título Octavo.
Prescripciones, Sanciones y Responsabilidades, arts. 258 a
273).
B. TRATADOS INTERNACIONALES VIGENTES EN
GUATEMALA.
1. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ONU,
1966, artículos 22, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 y 26);
2. Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículos:
7
1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 24, 25.I. 27,2. 30);
3. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre (artículos 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12);
4. Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículos: V,
VII, XVIII, XXV, XXVI);
5. Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) (art. 8);
8
6. Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) (art. 8);
7. Carta Internacional Americana de Garantías Sociales (art. 26);
8. Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 23);
9. Carta Internacional Americana de Garantías Sociales (art. 27);
10. Convenio 87 OIT sobre libertad sindical, 1948 (art. 1 y
siguientes);
11. Convenio 98 OIT sobre el derecho de sindicación y de
negociación colectiva, 1949 (art. 1 y siguientes); y
12. Convenio 111 OIT, relativo a la discriminación en
materia de empleo y ocupación (art.1).
III. CONSIDERACIONES JURIDICAS PREVIAS A LA
CONCLUSION.
En primer lugar, es menester tener presente que dados los
antecedentes señalados, existe, ante todo una flagrante violación a la
libertad sindical.
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Al respecto, y en honor a la verdad histórica como preámbulo a la
resolución propuesta al final de este informe, le corresponde al
10
Derecho Colectivo del Trabajo decir, con toda propiedad, que es el
antecedente que permitió al Derecho Individual del Trabajo un
reconocimiento jurídico como tal. En efecto, el movimiento social,
filosófico y político proveniente de la coalición obrera y de la
organización sindical mediante el conflicto colectivo, la huelga, los
avenimientos, los convenios colectivos y los fallos arbitrales,
sirvieron de tal manera para que se impusieran las normas laborales
que regularan situaciones abusivas de remuneraciones, maltrato,
discriminación y condiciones humanas o aceptables de salubridad,
seguridad, vida y trabajo; es decir, el Derecho Colectivo del Trabajo,
a través de un complejo proceso social y jurídico, permite dar fruto
al contrato individual de trabajo.
Esta importante reflexión, que permite señalar la relación existente
entre estas fundamentales áreas del Derecho Laboral, también
permite pensar que a través del Derecho Colectivo del Trabajo hoy
en día es posible que la sociedad, a través del Estado de Derecho, se
encamine a fines de importancia como la paz social, la justicia y la
seguridad jurídica, que sin aquellas, el Derecho no existe o no
cumple con su finalidad más intrínseca.
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Es por esto que a través de la ponderación del caso en comento
señalamos como verdaderas “prácticas antisindicales”, como realidad
12
jurídica, la realidad respecto de la cual permitimos partir el análisis
de los lamentables hechos que se narran en la minuta del caso.
En efecto, el Sindicato de Trabajadores del Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala (STC) ha sufrido una privación,
perturbación y amenaza en el legítimo ejercicio de su derecho
constitucional a la libre sindicalización en el trabajo, de tal
magnitud, que no resiste una opinión contraria. Insistimos que la
violación a dichas garantías (qué duda cabe), ha sido de tal magnitud
que resulta menester evocar una institución jurídica que resguarda
un principio rector esencial en materia laboral colectiva: el de la
Libertad Sindical.
Este concepto se ha conformado en el transcurso del siglo XX
vinculado al reconocimiento estatal e internacional del fenómeno
sindical en sus diversas manifestaciones, como son la negociación
colectiva, las asociaciones de trabajadores y, por supuesto, en las
medidas de acción directa de parte de los trabajadores (huelga)
como en las actividades propias de la labor sindical.
13
Sin embargo, este principio, de gran importancia, puede verse
opacado si no existen mecanismos suficientes y efectivos de tutela
en el sistema jurídico aplicable al caso.
14
En cuanto a la referencia histórica internacional de las prácticas
antisindicales, podemos decir, brevemente, que como toda
institución moderna, esta regulación también obedece a un factor u
origen propio que, de suyo, corresponde al movimiento sindical y
obrero que reaccionó a cambios patronales que los perjudicaban.
Así, el origen de las prácticas antisindicales se remonta a la Ley
Nacional de Relaciones del Trabajo de Estados Unidos, llamada
“Ley Wagner”, que en 1935 específicamente prohíbe determinadas
conductas patronales que se denominaron en aquella época como
“prácticas desleales”1. Esta famosa ley dispuso que el empleador no
podrá interferir, coaccionar o restringir a los trabajadores que
quieran organizarse a través de sindicatos que a su vez, tengan la
posibilidad de negociar colectivamente. Tampoco el sindicato podrá
restringir o coaccionar a los trabajadores en el uso de sus derechos.
Posteriormente la Ley sobre Relaciones Obrero-Patronales, llamada
“Ley Taft-Harley”, establece en 1947 que tampoco los sindicatos
podrán desvirtuar su función específica, usando a los trabajadores
para fines ajenos a la actividad sindical, lo que en definitiva limitó el
funcionamiento de la Ley Wagner, puesto que ambos sujetos
1 En general, se alude indistintamente como “antisindicales” o “desleales” para referirse a la infracción de
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la buena fe contractual que subyace al comportamiento subjetivo denominado “ética del contrato” que,por lo demás, tambien afecta a aquella disparidad en la cual se encuentra el trabajador y que el DerechoLaboral corrige a través del principio pro-operario.
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(empleadores y trabajadores) podían ser potenciales infractores de
la Libertad Sindical.
En ayuda de estas incipientes regulaciones generales acerca de la
Libertad Sindical, la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
dispuso la dictación de dos convenios internacionales de singular
importancia: el Convenio Nº 87 sobre Libertad Sindical y Protección
del Derecho de Sindicación de fecha 17 de Junio de 1948, y el
Convenio Nº 98 sobre Aplicación de los Principios de Derechos de
Sindicación y Negociación Colectiva de fecha 8 de junio de 19492.
El Convenio Nº 87 de la OIT reconoce la amplitud de la Libertad
Sindical estableciendo en su articulado el derecho de los trabajadores
y empleadores de constituir organizaciones amparados en la libertad
2 Cabe hacer presente que la singular importancia de la actividad normativa de la OrganizaciónInternacional del Trabajo: desde 1919, este organismo y sus estructuras tripartitas que relacionan a losgobiernos de los Estados miembros con sus organizaciones de empleadores y trabajadores, han erigido unsistema de Normas Internacionales en todas las materias relacionadas con el trabajo. Estas normas de laOIT adoptan la forma de Convenios o Recomendaciones internacionales de trabajo. Los primeros sontratados internacionales sujetos a la ratificación de los Estados Miembros de la organización. Lasrecomendaciones son instrumentos no obligatorios que sirven de orientación en la materia, en los ámbitospolítico, legislativo y práctico. Ocho convenios son considerados fundamentales para los derechos dequienes trabajan y deben ratificados y aplicados por todos los Estados Miembros de la organización. Deahí que se los denomine Convenios fundamentales de la OIT (entre ellos el 87 y el 98). Otros cuatroconvenios sobre asuntos de capital importancia para las instituciones y la política del trabajo seconsideran convenios prioritarios. El resto de los instrumentos que abarcan una amplia gama de temas sehan clasificado en unas 12 categorías de convenios y recomendaciones. Los mecanismos de control deaplicación de las normas internacionales del trabajo, que utiliza la OIT para asegurar que sus convenios se
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incorporen a la legislación y a la práctica, cumplen una función modelo en cuanto a eficacia y eficiencia.Durante muchos decenios, la OIT ha ayudado a crear normas laborales de importancia histórica, como lajornada de trabajo de ocho horas, la protección de la maternidad, las leyes sobre trabajo infantil, y unaamplia gama de políticas que promueven la seguridad en el lugar del trabajo y las relaciones laboralesarmoniosas, que se traducen en la aspiración actual que motiva el trabajo de este organismo: “For adecent work”, que se debe interpretar como “por un trabajo digno”.
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y autonomía, lo que implica una limitación a la actividad estatal de
intervenir de manera alguna de cualquier acción u omisión que tenga
por objeto limitar o entorpecer el ejercicio de este derecho.
A su turno, el Convenio Nº 98 de la OIT, declara y reclama la
debida protección para que cualquier trabajador no sea afectado con
alguna clase de discriminación en contra de los derechos de
afiliación o permanencia sindical ni tampoco en sus derechos
aplicables en el plano de la negociación colectiva. Asimismo, ordena
a los Estados celebrantes a resguardar estos principios, mediante la
creación de algún organismo público que vele por el resguardo o
tutela de estos derechos.
Tambien, para el debido resguardo internacional en la promoción,
regulación y tutela de la Libertad Sindical, la OIT, a través de su
Consejo de Administración, decide el año 1951 la creación del
Comité de Libertad Sindical (CLS), compuesto por representantes
de gobiernos, de los empleadores y de los trabajadores, con nueve
miembros elegidos por el Consejo de Administración y un
presidente independiente. El objetivo del comité es proteger la
Libertad Sindical a través de una labor jurisprudencial estudiando y
19
dando curso a las denuncias por violaciones a los convenios 87 y 98
sean estados que hayan ratificado o no estos convenios, puesto que
la OIT ha sostenido que todos los Estados miembros deben
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respetar los principios básicos de la OIT contenidos en su
Constitución y en la Declaración de Filadelfia de 1949, de manera
que los convenios igualmente produzcan efectos obligatorios para
todos los Estados miembros de la OIT. De esta manera, el CLS
entrega una amplia doctrina sobre los alcances que deben darse para
calibrar si las legislaciones internas están “a tono” con lo prescrito y
acordado por la OIT.
Resulta interesante, para efectos conclusivos posteriores, establecer
los alcances de la Libertad Sindical. Al respecto, y teniendo claro que
el fundamento jurídico constitucional de la Libertad Sindical se
deduce de los artículos 5° en razón del artículo 102 letra r) de la
Constitución Política de la República de Guatemala, en plena
concordancia con la norma legal específica contenida en el artículo
206 del Código del Trabajo (“Sindicato es toda asociación permanente de
trabajadores o de patronos o de personas de profesión u oficio independiente
(trabajadores independientes), constituida exclusivamente para el estudio,
mejoramiento y protección de su respectivos inte reses económicos y sociales
comunes. Son sindicatos campesinos los constituidos por trabajadores campesinos
o patronos de emp resas agrícolas o ganaderas o personas de profesión u oficio
independiente, cuyas actividades y labores se desarrollan en el campo agrícola o
ganadero. Son sindicatos urbanos los no comprendidos en la definición del
21
párrafo anterior. Las disposiciones del presente capítulo son aplicables a toda
clase de sindicatos, sean urbanos o campesinos.”), corresponde establecer
cual es el alcance de la Libertad Sindical a objeto de, posteriormente,
22
vincular si efectivamente la protección de este derecho resulta eficaz
en la legislación salvadoreña. A este respecto, resulta útil distinguir
tres ideas básicas: el ámbito de aplicación de la Libertad Sindical, su
carácter de libertad individual y su carácter de libertad colectiva.
a) Ámbito de aplicación. Lo primero que resulta clave de
entender es que el Convenio 87 de la OIT nace, como dijimos,
en una época marcada por el intervencionismo del Estado en
materia laboral. Los conflictos en Estados Unidos de
Norteamérica entre los años 1948-1951 que otorgaron un
reconocimiento y protección a la Libertad Sindical se resuelven
bajo una normativa que involucra a tres actores: el Estado, los
trabajadores y los empleadores.
Podría pensarse que dada la realidad actual de las prácticas
antisindicales estas nacen de manera reactiva contra el
empleador y que la titularidad de este derecho recae
únicamente en los trabajadores, lo cual, en honor a la verdad
histórica, es falso; en efecto, el contexto en el cual nace el
Convenio 87 denotan al Estado como el principal adversario
de la Libertad Sindical (a este aspecto ya nos referimos
23
anteriormente y solo recordamos parte de su articulado que
fundamenta la “limitación a la actividad estatal de intervenir de
manera alguna de cualquier acción u omisión que tenga por objeto limitar
24
o entorpecer el ejercicio de este derecho”), por lo tanto, la lectura del
artículo 2º del convenio despeja dudas sobre quienes son los
titulares de la Libertad Sindical: trabajadores y empleadores
(sin distinción alguna).
A este respecto, el derecho guatemalteco sí contempla la
realización específica de este artículo que no hace la distinción
entre trabajadores y empleadores, o entre organismos públicos
y privados (a excepción de la sindicalización de militares o
policías, como sí ocurre en países como Alemania).
b) Libertad individual. En toda la extensión de este derecho,
recogido por la Constitución guatemalteca y legislación laboral,
se reconocen aspectos positivos que se traducen básicamente
en la libertad de constitución y afiliación sindical (como
constituir sindicatos según los trámites a observarse en la Ley,
o el derecho a constituir las organizaciones sindicales que sus
t i tu la res es t im en conven ientes o la l iber tad de
afiliarse/desafiliarse a las mismas), así también como la ley
establece mecanismos que eviten colisiones con otros
derechos.
25
En tal sentido, el artículo 211 del Código del Trabajo de
Guatemala, en toda su extensión, reconocen de manera
estricta la aplicación del Convenio 87 en sus letras a) a la d),
delegando El Organismo Ejecutivo, por conducto del
Minister io de Trabajo y Previsión Social y bajo la
responsabilidad del titular de éste, el deber de trazar y llevar a
la práctica una política nacional de defensa y desarrollo del
sindicalismo, de conformidad a las bases allí señaladas; sin
perjuicio que, residualmente, al órgano jurisdiccional, tenga la
potestad de la resolución de conflictos de relevancia jurídica
suscitados entre las partes.
c) Libertad Colectiva. Llamada también “autonomía sindical”,
vinculada por cuatro elementos también reconocidos en
nuestra legislación, a saber: la administración y actividades de
las organizaciones sindicales, la disolución y suspensión de las
organizaciones, las agrupaciones superiores de organización
sindical (tales como federaciones y confederaciones de
trabajadores), y las normas comunes sobre negociación
colectiva.
26
A este respecto, también hay suficientes rasgos de
reconocimiento positivo tales como: la autarquía sindical, o el
derecho que tienen las organizaciones sindicales de fijar las
27
normas que los van a regir, la elección de sus representantes,
las reuniones o asambleas, la administración financiera, la
fiscalización de actividades internas, la regulación de las
actividades políticas y el derecho a huelga3, todos tratados en
su mayoría dentro del Código del Trabajo.
En cuanto a la aplicación de los convenios sobre libertad sindical en
el ordenamiento jurídico guatemalteco, observamos que se ha
discutido doctrinariamente si tal ordenamiento jurídico posee los
mecanismos adecuados para la recepción de normas de carácter
específico como los Convenios 87 o 98, para valorar su eficacia
dentro de la realidad sindical que denote que la realidad normativa
de una determinada legislación en ningún caso va a constituir un
obstáculo en su legítimo ejercicio.
En tal sentido, el hecho que en Guatemala entraran en vigencia
dichos convenios y posteriormente, se adecuaran ciertas normas
laborales que orientaron incluso la interpretación judicial de aquellas,
nos lleva a suponer que en ningún caso la Libertad Sindical puede
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ponerse en entredicho a base de las siguientes razones:
3 Que si bien a través de la recomendación 92 de 1951 de la OIT constituye el único reconocimientoespecífico vinculado a este aspecto de libertad colectiva, constituye hoy, sin duda, un derechofundamental que emana de la naturaleza humana al ser materia prevista por los Tratados Internacionalessobre Derechos Humanos.
29
1° La Inexcusabilidad. El artículo 27 de la Convención de
Viena sobre el Derecho de los Tratados, establece que 'El
derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá
invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del
incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 46”.
2° La Autoejecutoriedad (“Self-executing”). Se ha estimado que a
base de la doctrina del fallo Warren versus United States de la
Corte Suprema Norteamericana, para que una norma sea
autoejecutiva, ésta debe constituir, por sus propios medios, “un
precepto legal para el poder ejecutivo del estado, los tribunales o los
particulares”, de tal manera que no existan remisiones
normativas que entraben su eficacia vinculante práctica.
3° Los artículos 149 y 46 de la Constitución Política de la
República de Guatemala. 'Preeminencia del Derecho Internacional.
Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos,
los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen
preeminencia sobre el derecho interno. ” , y 'De las relaciones
inte rnacionales. Guatemala normará sus relaciones con otros Estados, de
30
conformidad con los principios, reglas y prácticas inte rnacionales con el
propósito de contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad, al resp eto
y defensa de los derechos humanos, al fortalecimiento de los procesos
31
democráticos e instituciones inte rnacionales que garanticen el beneficio
mutuo y equitativo entre los Estados. ” ; tal como se señaló en su
oportunidad, el núcleo de esta limitación ha sido objeto de
variadas tesis en cuanto a la interpretación sobre si la
supremacía constitucional se vulnera de alguna manera al
aceptar la aplicación de convenios sobre Libertad Sindical. A
este respecto, nos remitimos a lo ya expuesto indicando, sobre
este punto, que en caso alguno los Convenios 87 y 98, al tener
el carácter de tratados internacionales sobre derechos
humanos podrían ser objeto de una interpretación restrictiva
sin mirar la hegemonía o plenitud de nuestro ordenamiento
jurídico laboral en su conjunto.
IV. CONCLUSIONES DE RECOMENDACIÓN.
1. Según los antecedentes hechos llegar con la minuta del caso, se
puede apreciar una escasa certeza en la aplicación normativa
protectora de la Libertad Sindical a medida que han pasado los
hechos (que estimamos una violación efectiva a este derecho) por
parte de las autoridades constitucionales y legales designadas para
resolver tales pugnas.
En efecto, llama la atención que tanto los Juzgados de Trabajo
y Previsión Social, como El Organismo Ejecutivo, por conducto del
32
Ministerio de Trabajo y Previsión Social (según reza el artículo 211
del Código del Trabajo guatemalteco) o sea, la Inspección del
33
Trabajo, amén de la actitud desempeñada por el Procurador de
Derechos Humanos, no hayan impedido los graves hechos
denunciados, mediante el usos efectivo de la ley internacional, y
nacional, que refrenen la actitud invariable de la empresa de
continuar menoscabando la Libertad Sindical.
2. Dentro de las vías recomendadas para enmendar esta increíble
situación de hecho están la judicial nacional (por la violación de las
garantías constitucionales que atañen a las continuas amenazas de
despido y otras funcionales de autonomía sindical ya descritas), la
administrativa nacional (ante la Inspección del Trabajo y Previsión
Social por la reincorporación de los trabajadores despedidos), y la
internacional.
3. Respecto a la vía de consideración internacional, este
informante encuentra particularmente útil una presentación ante la
Organización Internacional del Trabajo que condene a la República
de Guatemala a tomar las medidas conducentes a garantizar el
respeto a los Derechos Fundamentales que emanan de la naturaleza
humana a través de la Libertad Sindical. El Comité por la Libertad
Sindical dependiente de la OIT, tendría competencia exclusiva para
34
iniciar un proceso de conocimiento y denuncia con todos los
antecedentes que se tuvieron a la vista en este proceso, por lo que se
debe considerar seriamente su utilización. A este respecto, las
35
uniones sindicales amparadas por el informe del caso a nivel
Ministerial serían suficientes para el éxito de un proceso
internacional que mida y ordene corregir los alcances y
consecuencias perversas de una continuación abusiva de las
actitudes de la CHN.
4. A pesar de la gravedad manifiesta de los hechos descritos y de
la pesadumbre que significa contar con una ineficiente legislación
nacional que promueva un verdadero respeto a los derechos
fundamentales, y en especial a la Libertad Sindical, a este informante
le parece oportuno recomendar un cambio radical que garantice
normativamente la protección de este derecho a través de una
tipificación pormenorizada (no taxativa) de actos que pongan en
entredicho la Libertad Sindical.
A este respecto, la legislación guatemalteca, en el capítulo
respectivo del Código del Trabajo, contempla lo básico que puede
agregarse, al final de su Titulo Sexto, un capítulo sobre estas
conductas y quienes tendrían el deber de, sumariamente, proceder a
su investigación o sanción.
Para tales efectos, en caso de un proyecto de ley que sancione
estas “Prácticas Antisindicales” tanto en la constitución y
funcionamiento del sindicato, como dentro de la negociación
36
colectiva, creemos que lo óptimo sería encomendar a los
Inspectores del Trabajo la investigación de los “supuestos” hechos
37
denunciados para que en caso de verificarse, se los pusiera en
conocimiento formalmente ante la Judicatura Laboral para que
pueda sancionar, sin dejar de lado la bilateralidad de la audiencia ni
el debido proceso, con multas pecuniarias altas, en pos del respeto y
puesta en ejercicio efectivo de la Libertad Sindical. Lo anterior, ería
sin perjuicio de las actitudes que el mismo legislador catalogue como
delictivas o que a su respecto sean objetos de una reparación civil
por el daño infringido.
De otra manera, el cumplimiento de esta intrincada normativa
social queda en letra muerta, con la factibilidad de repetirse y sin
posibilidad alguna de alanzar fines protegidos constitucionalmente.
Esta modificación legal al Código del Trabajo, probada en
países de Europa, Norteamérica y algunos de Sudamérica, son de
aquellas modificaciones legales que han puesto en práctica o
alentado lo que la propia OIT ha querido para sus estados
miembros: el diálogo comprometido entre trabajadores y
empleadores con una visión conjunta en el desarrollo de sus fines, el
cual no es sino el desarrollo social del hombre.
5. De no mediar un acuerdo político que emplace a los
legisladores a moderar las actuaciones abusivas de parte de
38
empleadores que privilegian sus fines personales a los sociales
(objetivo contrario a la constitución guatemalteca), los actos que
pasen a llevar a la Libertad Sindical serán de continua ocurrencia,
39
siendo el caso en comento, solo un ejemplo más del atropello
constante a los derechos fundamentales; de ahí que, aunque dicho
acuerdo político que se transforme en Ley tarde o no vea la luz por
la negación del proyecto de Ley, es posible, como lo dijimos recurrir
a la instancia internacional para velar por la protección de los
derechos, según se informó anteriormente.
Sin otro particular y quedando a vuestra disposición para
complementar este informe, se despide cordialmente,
HUGO FABREGA VEGA
Abogado
40
Profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
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