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TRANSPARENCIAA MEDIASEN EL ESTADO

INFORME

DICO SOLIZ

A fondo. Gestión pública

Todas las instituciones estatales están obligadas a brindar información sobre su gestión administrativa. MARTÍN NUMBELA

Transparencia: controlar la gestión públicaEl sociólogo Jorge Komadina define este concepto como un proceso de interacción entre la sociedad civil ylas entidades estatales para evaluar la gestión de funcionarios públicos y evitar los actos de corrupción

JHENNY NAVA B.jnava@opinion.com.bo

Las prácticas de co-rrupción en la ad-ministración esta-tal, que han puesto

en entredicho la eficaciade los gobiernos, la legiti-midad y la viabilidad histó-rica de las democracias enel continente Latinoameri-cano, han ocasionado quese creen políticas de trans-parencia para evitar estetipo de irregularidades.

El sociólogo Jorge Ko-madina, que con el apoyodel Centro de EstudiosAplicados a los DerechosEconómicos, Sociales yCulturales (Ceadesc) reali-zó varios estudios detransparencia en institu-ciones públicas del país.

Explica que la corrup-ción es uno de los másgraves problemas de lospaíses latinoamericanos yuno de los más complejos.

“Las formas de corrup-ción son múltiples y versá-tiles e incluyen prácticastan variadas como el so-borno, el uso indebido deinfluencias, los sobrepre-cios, las transferencias pre-supuestarias ilegales, elclientelismo y la preben-da”, afirma.

“A pesar de sus nume-rosas manifestaciones,todos los actos de corrup-ción tienen un común de-nominador que es el abusode poder para obtener be-neficios privados y la prác-tica del secreto”, mencio-nó.

TRANSPARENCIAKomadina define la

transparencia como unproceso de interacciónentre la sociedad civil y lasentidades estatales, quetiene como objetivo con-trolar y evaluar la gestiónde los funcionarios públi-cos, sancionar a los infrac-tores, iniciar dispositivosde revocatoria, asegurar elbuen uso de los recursospúblicos e influir en las de-cisiones concernientes alas políticas públicas.

Explica que este proce-so tiene tres dimensiones:el acceso a la información,la rendición de cuentas y laparticipación social.

El acceso a la informa-ción pública es la condi-ción primera para desarro-llar procesos detransparencia y, para serválida y efectiva debecontar con requisitoscomo: la relevancia (utili-dad de la información), la

accesibilidad (facilidad decomprensión), la exigibili-dad (reconocimiento delderecho a la información),la calidad y la confiabilidad(información clara simpley sustentada).

La rendición de cuentases un proceso público me-diante el cual las autorida-des y funcionarios públi-cos tienen la obligación deinformar a la sociedad civilsobre los aspectos funda-mentales de la gestión pú-blica. Asimismo, debenjustificar sus decisionesmás importantes, comopor ejemplo los criteriosde la inversión pública.Esta información debe sermateria de deliberaciónpor parte de los ciudada-nos y debe concluir en uninforme.

CONTROL SOCIALEl control social es un

proceso mediante el cuallos ciudadanos, ejerciendoderechos constitucionales,participan en la gestiónpública y vigilan el buenuso de los recursos.

La finalidad del controlsocial no es el ejercicio di-recto del poder; nadiepuede sustituir a autorida-

des electas por más pre-tensiones que tenga. Paraello, el Estado tiene suspropios procedimientos defiscalización, por ejemplola Asamblea Departamen-tal.

Agrega que para ejercerun control social, un requi-sito indispensable es queexista una autonomía delas organizaciones socia-les, instituciones o indivi-duos respecto a los gobier-nos.

“El control social nopuede ser ejercido al inte-rior del propio Estado sinodesde un campo externo alpoder. Caso contrario,podría suceder que ponga-mos un zorro en el galline-ro con la misión de cuidara las gallinas”, apunta.

La transparencia re-quiere operativizarse, loque significa que tienenque establecerse regla-mentos, normas y recursosque garanticen el cumpli-miento de las tres dimen-siones.

Para el sociólogo, latransparencia no dependede la voluntad individualde un funcionario público.Es un principio de organi-zación del poder, un dere-

COCHABAMBA, DOMINGO 29 DE AGOSTO DE 20102 INFORMEESPECIAL DE DOMINGO

A fondo. Transparencia

cho ciudadano, una políti-ca y un conjunto de proce-dimientos que regulan ygarantizan la interacciónentre ciudadanos y elEstado.

CANALES Para que la información

fluya hacia los ciudadanoses necesario contar conleyes de acceso a la infor-mación, que instituyan losderechos básicos. Asimis-mo, es importante que lasentidades públicas organi-cen y gestionen un sistemade información que con-temple mecanismos ágilesy procedimientos claros,señala Komadina.

El investigador sostieneque es preciso que las ins-

tituciones públicas imple-menten unidades o centrosde información que tenganla labor específica y espe-cializada de comunicar in-formación relevante a losciudadanos, a través dedistintas modalidades yprocedimientos.

Manifiesta que en basea la experiencia de algunospaíses latinoamericanos, seconstata la factibilidad deorganizar una entidad pú-blica central que supervisey dirija los procesos detransparencia, que cuentecon autonomía respecto alGobierno central o los go-biernos regionales o loca-les.

“Es necesaria la crea-ción de una entidad inde-pendiente, que cumplafunciones como órgano deapelación en el caso de quealgún funcionario que, pordiversos motivos, seniegue a brindar informa-ción a un demandante”,apunta Komadina.

Señala que es necesarioque los ciudadanos, losmedios de comunicación yfuncionarios públicosconstruyan una cultura detransparencia que sustitu-ya la cultura del secreto.

RENDICIÓN DE CUENTAS Los estudios realizados

por Ceadesc han demos-trado que el Estado boli-viano no cuenta aún conprocesos de rendición pú-blica de cuentas. “Para re-novar permanentementesu legitimidad, las autori-dades deben visibilizar elmanejo de la gestión pú-blica y deben rendir cuen-tas de sus actos ante la so-ciedad civil. Sin embargo,estos procesos debentener reglas claras. Lo im-portante es que los ciuda-danos puedan deliberarsobre el contenido de losinformes de las autorida-des”, señaló.

“El Estatuto Autonómi-co de Cochabamba debeinstituir espacios que ga-ranticen la rendición decuentas. Por ejemplo,podría instituirse el meca-nismo de la audiencia pú-blica con dos propósitos.Primero, conocer los re-sultados de la ejecución deplanes y programas. Se-gundo, deliberar sobre elinforme y emitir un docu-mento de conclusiones.Las audiencias podrían re-alizarse semestralmente”,manifestó el investigador.

3Son las dimensiones detransparenciaLa primera es el acceso a la in-formación; la segunda hace re-ferencia a la rendición públicade cuentas de parte de los fun-cionarios estatales y, la terceraconsiste en la participación ycontrol social de la gestión pú-blica.

4Artículos de la NuevaConstitución Políticadel Estado se refieren a laTransparencia: Artículo 13.II(Valores del Estado), Artículo21, Artículo 106.I y Artículo242 (derecho individual o co-lectivo a la información).La transparencia tiene trescomponentes: Acceso a la In-formación, Rendición de Cuen-tas y Control Social.

2009Bolivia ocupó el 11 lugarentre los 12 países de América Latina en la percep-ción sobre transparencia en elproceso presupuestario nacio-nal. En dicho estudio, el país mástransparente es Costa Rica(69 puntos). Bolivia tiene 42puntos, mientras Venezuelaocupa el 12º lugar con casi lamitad de la calificación de Boli-via (23).

120En 2009, Bolivia ocupóel número 120 de 180países del mundo en el índicede corrupción elaborado porTransparency Internacional.En tanto de los 19 países lati-nos, Bolivia se situó en elpuesto 14. Dicho estudiomuestra que en el país aumen-tó el índice de corrupción, todavez que en la gestión 2008, sesituaba en el sitial 102 y el2010 en el 120.

LOSTres puntos más posi-tivos en el manejo delpresupuesto de Bolivia eran:(1) atribución y participacióndel Poder Legislativo, (2) infor-mación sobre criterios macro-económicos y (3) atribucionesy participación del Poder Le-gislativo para cambios en elpresupuesto. En tanto, las críticas eran: laparticipación ciudadana en elpresupuesto, la evaluación delcontrol interno y la oportuni-dad de la información.

JOSÉ DE LA FUENTE ASESOR GOBERNACIÓN El funcionario público tienevarias normas que rigen sutrabajo y el cumplimiento desus deberes. En ese sentido,otorgar información a las per-sonas que lo soliciten es unade las obligaciones, siempre ycuando estos datos no atentecontra el funcionamiento y se-guridad de la institución. Un funcionario público es unservidor y tiene la misión deservir a la población. Personalmente en mi trabajoyo aplico la Constitución Polí-tica del Estado y las normasque establecen que somosuna voz para otorgar información.

LA VOZ DE LOSINVOLUCRADOS

EDWIN CONDE PERIODISTA El rol que tiene el periodista esel de solicitar información alas instituciones públicas ydarlas a conocer a la pobla-ción a través de los medios. Creo que actualmentemuchos periodistas realiza-mos esta práctica, pero lasnormas no son cumplidas porlos funcionarios públicosporque éstos nos cierran laspuertas cuando hacemos unasolicitud. Hay muy poca voluntad departe de las instituciones paratransparentar el trabajo, porel mismo hecho de que la in-formación pueda perjudicarsu función laboral y lo puedan llegar a perder.

RUTH MELEÁNAMA DE CASA Como ciudadana nuestro roles el de pedir la informacióncuando ésta es necesariapara algún trámite, trabajo opara simple conocimiento. Pero, creo que muchas perso-nas todavía no conocen total-mente las normativas que nosdan la oportunidad de acce-der a la información. A excepción de la Constitu-ción Política del Estado, elresto de los decretos supre-mos no son de conocimientopúblico y por eso la poblaciónno sabe cuáles son los meca-nismos que tienen para obte-ner datos de las institucioneso empresas públicas.

Uno de los grandes retos de laAsamblea Legislativa Plurina-cional es la aprobación de unaLey de Transparencia paracombatir la corrupción, perotambién para renovar la con-fianza de los ciudadanos enlos gobernantes, afirma el so-ciólogo Jorge Komadina. Agrega que la Ley MarceloQuiroga Santa Cruz, reciente-mente aprobada, es unanorma que privilegia dispositi-vos punitivos, pero carece deuna mirada estructural y delargo plazo. Según el profesional, una Leyde Transparencia, por lotanto, debe girar en torno atres ejes. Primero, ella debegarantizar que los ciudadanospuedan acceder a informaciónrelevante, completa y actuali-zada sobre la gestión públicaen todos sus órganos y nive-les; la información controladapor el Estado debe ser consi-derada como un bien público.Segundo, ella debe prevermecanismos efectivos, y sis-

temáticos de rendición públi-ca de cuentas que obliguen alas autoridades electas a justi-ficar sus decisiones y mostrarel manejo de sus cuentas. Ter-cero, la norma debe estable-cer espacios y procedimientospara que la sociedad civilpueda ejercer de manera

Bolivia necesita con urgenciauna Ley de Transparencia

Los tres actores para el proceso de transparencia

1 El ciudadano y la ciu-dadana son actorescentrales en el proce-so de transparencia,

según explica Víctor vanOeyen, asesor de comunica-ción del Centro de EstudiosAplicados a los Derechos Eco-nómicos, Sociales y Cultura-les (Ceadesc). La Constitu-ción dice que “las bolivianas ylos bolivianos tienen derechoa acceder a la información, in-terpretarla, analizar, y comu-nicarla libremente”; y lopueden hacer individualmenteo colectivamente. Cualquierciudadano Boliviano debida-mente identificado puede soli-citar todo tipo de informaciónpública. El ciudadano puedesolicitar la información “demanera verbal o escrita a laUnidad de información esta-blecida” (Ley 28168, Art. 11.I). Muy pocos ciudadanos sabenque tienen este derecho; ni seimaginan que puedan ir a laVentanilla Única de la Gober-nación o Alcaldía para pedir elpresupuesto de la gestión olos nombres y sueldos de losconsultores. El ciudadano está acostum-brado a ver todo lo que lebrinda el Estado como unfavor, no como un derecho. La Ley 28168 va más allá y nohabla solamente de un dere-cho, pero inclusive llama al de-recho a la información un “de-recho fundamental de todapersona” (Art. 1).

2 El funcionario públi-co es contraparteclave en el procesode transparencia.

Es la persona que debe entre-gar la información al ciudada-no y a la ciudadana. Lo puedehacer de manera directa (víapágina Web) o indirecta: a soli-citud del ciudadano o de laciudadana. Según explicaVíctor van Oeyen, cuando setrata de una solicitud de unciudadano, el funcionario debeponer la información “a dispo-sición del solicitante en unplazo máximo de quince (15)días hábiles” (Art. 11.II). El fun-cionario no puede cobrar porese servicio ni exigir justifica-ción para el pedido. Agrega que muy pocos funcio-narios saben que tienen estasobligaciones. Cuando un ciu-dadano pide información, elfuncionario muchas veces sesiente obligado a no entregar-la, pues puede ser que el soli-citante “tenga intenciones queno convienen a su institución”.“Sin embargo, la Ley 28168es clara y establece que losservidores públicos que nocumplen con esta obligación“serán pasibles de responsa-bilidad penal por delito de in-cumplimiento de deberes”(Art. 17.I)”, agrega el asesorde comunicación del Ceadesc.

3 El o la periodista esbuscador profesio-nal de informacióny sabe cuán difícil

es conseguirla. Si para el pe-riodista ya es complicado con-seguir datos, tanto más com-plejo es para el ciudadano. Muchos periodistas piensanque el Derecho a la Informa-ción está relacionado al dere-cho profesional del periodista.Por ello, conscientes de su im-portancia para la construcciónde un país democrático, lasorganizaciones gremiales demedios (Asociación Nacionalde la Prensa) y de periodistas(Confederación de Trabajado-res de la Prensa, Asociacionesde Periodistas) son los prime-ros que luchan para hacervaler el Derecho a la Informa-ción. A decir de Víctor van Oeyen, lamayoría de los periodistas, sinembargo, no se da cuenta quese trata de un derecho detodos los ciudadanos, que–además- está directamenterelacionado a una Obligacióndel Funcionario Público. “Tanto dueños de medioscomo periodistas deberíanasumir su rol como informa-dores y fiscalizadores; infor-mar a los ciudadanos de suderecho a la información yayudarles a que se cumpla”,recomienda.

COCHABAMBA, DOMINGO 29 DE AGOSTO DE 2010 3INFORMEESPECIAL DE DOMINGO

A fondo. Transparencia

efectiva y vinculante el controlsocial sobre los asuntos públi-ca. “En suma, una Ley de Trans-parencia debe facilitar la inte-racción entre la sociedad civily el Estado para cumplir conlas promesas de la democra-cia participativa”, apunta. La Ley de Transparencia -dice- debe establecer no sóloobligaciones para los servido-res públicos, sino también unrégimen de sanciones admi-nistrativas y penales paraquienes hayan infringido lasnormas en vigencia. “Es im-portante que los actos de co-rrupción no queden en la im-punidad”. Finalmente, en el contexto ju-rídico de la Ley Marco de Au-tonomías, todos los gobiernosautónomos deben dotarse deEstatutos Autonómicos o conCartas Orgánicas municipalesque cuenten con componen-tes de transparencia en lastres dimensiones menciona-das.

Una Ley de Trans-parencia debe facili-tar la interacciónentre la sociedad civily el Estado paracumplir con laspromesas de demo-cracia participativa”.Jorge KomadinaSOCIÓLOGO

“

DATOS DE TRANSPARENCIA

12Países de AméricaLatina participan anual-mente en el Índice Latinoame-ricano de Transparencia Pre-supuestaria (ITLP). Transparencia Presupuestariaes importante si se toma encuenta que el presupuesto esel instrumento de aplicaciónde la política pública del Go-bierno. En Bolivia el ITLP esejecutado por el CEDLA(Centro de Estudios para elDesarrollo Laboral y Agrario).

28168Es un decreto aprobadoen 2005. Regula latrans-parencia en la GestiónPública del Ejecutivo. Proponegarantizar el derecho a la infor-mación como derecho funda-mental de toda persona y latransparencia en el Poder Eje-cutivo. Mientras que el Con-greso no aprueba una nuevaLey de Transparencia, esa leyda las normas en el país enesta materia. La ley es consi-derada “limitada” por referirsesolamente al Poder Ejecutivo.

LACorrupción no es lomismo que Transparen-cia,pero es vista como un sín-toma, un indicador del nivel detransparencia de un país. Según Wikipedia se cuestionael índice de Transparency In-ternational por no ser objetivo.Sin embargo, es el único indi-cador mundial disponible.

La transparencia puedeser definida como un flujo de oportuna y confiableinformación económica, socialy política, accesible a todas laspersonas, según afirma el di-rector del Instituto del BancoMundial (IBM), Daniel Kauff-mann, quien además está acargo de los índices de gober-nabilidad.Kauffmann agrega que esa in-formación debe contar concuatro atributos: accesibilidad,relevancia, calidad y confiabili-dad.

COCHABAMBA, DOMINGO 29 DE AGOSTO DE 20104 INFORMEESPECIAL DE DOMINGO COCHABAMBA, DOMINGO 29 DE AGOSTO DE 2010 5INFORME

ESPECIAL DE DOMINGO

A fondo.Transparencia

En los últimosaños, en Bolivia sehan producidoimportantes avan-

ces en el marco legal sobretransparencia y luchacontra la corrupción. Así,la nueva Constitución Po-lítica del Estado reconocederechos ciudadanos rela-tivos al acceso a informa-ción, rendición de cuentasy control social, pero tam-bién establece obligacio-nes para que las entidadesestatales generen iniciati-vas que propicien la ges-tión transparente.

Asimismo, el Gobiernodel presidente Evo Mora-les creó el Ministerio deTransparencia, aprobó unapolítica nacional de trans-parencia, sancionó la LeyMarcelo Quiroga SantaCruz e introdujo compo-nentes anti-corrupción enla Ley Marco de Autono-mías, afirma Jorge Koma-dina.

Sin embargo, dice, enBolivia existe una grandistancia entre las normasy las prácticas reales y co-tidianas en las entidadesestatales. Como dice elrefrán: la ley se “acata,pero no se cumple”.

LAS VÍAS DE ACCESOConforme a normas vi-

gentes, existen dos vías

para acceder a informa-ción pública: la indirecta yla directa. La vía indirectase basa en el “derecho a lapetición” en virtud al cuallos ciudadanos pueden so-licitar al Estado informa-ción financiera, contable,cartográfica, estadística,normativa, entre otros.

Según la norma, esta in-formación debe ser entre-gada gratuitamente en elplazo de 15 días.

Por su parte, la vía di-recta privilegia el uso delas tecnologías de informa-ción, particularmente laspáginas web, para comuni-car datos relevantes al pú-blico de manera activa y“permanente”.

PRÁCTICAS REALESDe acuerdo a las inves-

Las entidades estatales nocuentan con unidades deacceso a la información, mane-jadas por profesionales idóne-os, equipadas con recursos in-formáticas, archivos, sistemasde registro y búsqueda.El ciudadano que quiera acce-der a información públicadeberá estar preparado paraenfrentar un laberinto burocrá-

tico de trámites, que probable-mente terminará por disuadirlo. Pero el verdadero problema esla reproducción de una “culturadel secreto” entre los servidorespúblicos. “Para transformarla en una cul-tura de transparencia no bastancon elaborar las leyes virtuosas.Es necesario modificar las men-talidades a través de largos pro-

cesos educativos y, sobre todo,es imprescindible gobernar conel ejemplo, la mejor pedagogía”,agrega el sociólogo Jorge Ko-madina,Agrega que para crear unidadesde información es necesarioque las autoridades asuman elcompromiso de la transparen-cia invirtiendo en la formacióndel personal humano.

tigaciones realizadas porel Ceadesc, ninguno deestos mecanismos funcio-na en la práctica.

Las páginas web de lasentidades estatales, seanestas del Gobierno central,de los gobiernos autóno-

mos o de las entidadesdescentralizadas no sonherramientas de comuni-cación sino dispositivos depropaganda. Ninguna deellas cumple a cabalidadcon los criterios de accesi-bilidad, actualización,umbral mínimo de infor-mación, confiabilidad y re-troalimentación.

Un ejemplo: salvo ex-cepciones, no se encuentraen ellas los términos de re-ferencia de las licitacionespúblicas y los contratossuscritos para ejecutarlas.Otro ejemplo: no se expo-nen las actas de las sesio-nes de las Asambleas De-partamentales, aunqueéstas son públicas por de-finición.

Eso sí, en ellos se pre-sentan fotos de autorida-

des inaugurando obras, es-tudios sociológicos, deta-lles de proyectos ejecuta-dos hace diez años, listasde compras de gestionespasadas y otros materiales,pero no se exhibe informa-ción relevante, actualiza-da, fidedigna y detallada.Esa información que per-mitiría que los ciudadanosse formen un juicio sus-tentado sobre la gestiónpública.

“Esta constatación esválida para oficialistas yopositores, lo que demues-tra que la cultura del se-creto es una testaruda va-riable independiente de lasposiciones político-ideoló-gicas”, afirma Komadina.

Con relación a la segun-da vía, la petición expresa,los estudios demuestranque los funcionarios públi-cos no conocen las disposi-ciones existentes en estamateria, pero además ca-recen de procedimientosrápidos y eficaces para re-solver peticiones de infor-mación.

Todas las entidades es-tatales encaran el desafíode formar a los servidorespúblicos en una ética de latransparencia, pero tam-bién con conocimientos yhabilidades específicaspara brindar servicios efi-cientes.

INVESTIGACIÓNEN LASINSTITUCIONES

Doble discurso.Las institucionesestatales generan unaretórica sobre latransparencia, peroen los hechosesconden laverdaderainformación.

Secreto.“El problema es lareproducción de una‘cultura del secreto’entre los servidorespúblicos”.Jorge KomadinaCEADESC

“

5Instituciones estatales fueron analizadas por elCeadesc. En ellas se comprobóla ausencia de sistemas detransparencia y acceso a la in-formación.

LaPrefectura deCochabamba fue dos vecesanalizadas. La primera,durante la gestión de ManfredReyes Villa y, la segunda, la deJorge Ledezma.

La cultura delsecreto en elEstado bolivianoEn Bolivia la mayoría de las instituciones públicas cuentan con unidades detransparencia. Sin embargo, aún no tienen definidos los roles que debencumplir. Según Jorge Komadina, la idea de transparencia no debe reducirse ala denuncia de corrupción sino que debe involucrar servicios de acceso a lainformación a cualquier ciudadano que así lo solicite.

REDACCIÓNllafuente@opinion.bo.com

Cero unidades de información

La falsa transparencia enlas instituciones públicasJHENNY NAVA B.jnava@opinion.com.bo

Seis investigacionesrealizadas por elCentro de EstudiosAplicados a los De-

rechos Económicos, Socia-les y Culturales (Ceadesc)reflejan que –a pesar deiniciativas de legislación yel establecimiento de unMinisterio de Transparen-cia- existe una falta detransparencia en las insti-tuciones públicas. Sus pá-ginas web no hacen cono-cer la información que elDecreto Supremo 28168indica. Tampoco las ins-tancias responden a la in-formación requerida por elciudadano de manera es-crita u oral. 

Para probar la transpa-rencia en la ex prefecturade Santa Cruz, el 25 deagosto del 2009 el Ceadescenvió una carta de solici-tud al despacho del pre-fecto sobre el presupuestoaprobado y ejecutado delos recursos del ImpuestoDirecto a los Hidrocarbu-ros (IDH) del año 2008.

Ceadesc aplicó al re-querimiento escrito,porque la ventanilla únicano quiso recepcionar ladocumentación. Ante lafalta de una respuesta a lasolicitud, el 9 de octubrerealizó nuevamente la pe-tición que recién fue res-pondida el 30 de diciem-bre del mismo año. Lasolicitud en total demoró83 días y no tuvo respues-ta.

OTRA PRUEBAEl proceso de construc-

ción de la carretera SantaCruz-Puerto Suárez tam-bién fue sujeto a una eva-luación de transparencia araíz de las denuncias quehizo la Organización Indí-gena Chiquitana sobre losimpactos ambientales queocasionaba la obra: defo-restación, disminución defuentes de agua y contami-nación. 

Vanos fueron los inten-tos del Ceadesc de solicitarinformación a los actoresinvolucrados en la cons-trucción del proyecto:Banco Interamericano deDesarrollo (BID), Corpo-ración Andina de Fomento(CAF), Fondo Financieropara el Desarrollo de la

Las cuentas son el talón de Aquiles de la gestión pública ARCHIVO

A raíz de la falta de una solu-ción a los problemas de ges-tión, ineficiencia y corrupciónen Semapa (Servicio Munici-pal de Agua Potable y Alcan-tarillado) en 2009 el Ceadescrealizó una evaluación detransparencia.Los resultados de la investi-gación indican que el estatutoorgánico de la empresaseñala que los únicos quetienen derecho a recibir infor-mación de la empresa son losdirectores académicos. Apesar de ello, éstos no son in-formados de la totalidad delas acciones que realiza laempresa de distribución deagua potable en el Cercado.“Si el acceso a la informaciónde parte de los directores no

Semapa cierra la información

funciona, la posibilidad paraque el ciudadano cuente condatos acerca de la empresaes casi nula, pues las reunio-nes de directorio son cerra-

COCHABAMBA, DOMINGO 29 DE AGOSTO DE 20106 INFORMEESPECIAL DE DOMINGO

A fondo. Transparencia

Las normativas establecidas para acceder a la información no se cumplen en Bolivia

Cuenca de la Plata, UniónEuropea, AdministradoraBoliviana de Carreteras yla Prefectura de SantaCruz.

Si bien el BID, la UE yla CAF accedieron a darentrevistas al Ceadesc, ini-cialmente negaron la en-trega de documentos ycontratos. Sin embargo,estos fueron otorgados encontactos posteriores de

das y las solicitudes de infor-mación son denegadas”,indica parte del informe del es-tudio.El informe del Ceadesc explicaque el 2008, un dirigente deuna Organización Territorialde Base (OTB) pidió la copiadel POA 2008, pero la res-puesta de una funcionaria fue:“no difundimos ese tipo de in-formación porque la gente lausa con fines políticos”. El informe sobre el estudio dela empresa concluye que elacceso a la información es difí-cil y es resguardada como se-cretó, cuando todos, incluidolos usuarios, debieran conocerel estado económico y finan-ciero por ser una instituciónestatal y pública.

tipo personal, invalidandode esta manera el acceso ala información por dere-cho.

Tratando de acceder aesta documentación por lavía directa, Ceadesc revisólas páginas web de estasempresas, pero los datospublicados en sus sitios noeran relevantes, ni confia-bles. En ningún caso en-contraron los contratos. 

PREFECTURAEn Cochabamba, el Ce-

adesc también realizó unestudio en la ex prefecturadurante la gestión 2006-2007 mediante simulaciónde solicitud de informa-ción. En esa ocasión solici-tó por escrito el presu-puesto aprobado yejecutado el 2006 con re-cursos provenientes de loshidrocarburos y regalías,

en cada una de las provin-cias y municipios del de-partamento; los bienes yservicios contratados eseaño; términos de referen-cia y nómina del personalcontratado.

Luego de deambulardurante 23 días en las ofi-cinas de la Prefectura, lle-vando su solicitud de unaoficina a otra, el solicitanteobtuvo una respuesta sola-mente a dos de sus peticio-nes. Los términos de refe-rencia y la nómina depersonal contratado conrecursos no fueron otorga-dos. Asimismo, el año2008-2009 el Ceadesc rea-lizó otra solicitud a la Pre-fectura demandando lasactas de las sesiones ordi-narias del Consejo Depar-tamental. Después de 42días de espera, llegó unacarta del secretario delConsejo Departamental,David Herrera Tenorio,(fecha 3 de agosto 2009)que indicaba que no seráentregada la informaciónsolicitada “debido a que elÁrea de Coordinación nocuenta con el material ne-cesario para realizar las fo-tocopias”.

Esto comprueba la faltade voluntad política paratransparentar la gestiónpública.

El ConsejoDepartamental DE COCHABAMBA fueevaluado en el 2009 conla solicitud de las copiasde las actas de sesionesde la gestión 2008-2009,pero la información fuenegada porque el ex se-cretario general, DavidHerrera informó que nose contaba con los recur-sos para sacar fotocopiasde esos datos.

Tres municipios fueron evaluadosCEADESC realizó solicitu-des de información através de cartas dirigidasa los alcaldes de Cercado,Quillacollo y Sacaba de lagestión 2007. En los trescasos las respuestas nofueron atendidas deacuerdo a los requeri-mientos realizados.

Desconocimientode las normasLOS INFORMES del Sea-desc concluyen que lamayoría de los funciona-rios públicos desconocenlas normas de acceso a lainformación y por estemotivo el proceso paralos ciudadanos es buro-crático.

15EL DECRETO SUPREMO28168 establece 15 díashábiles para que las insti-tuciones públicas delPoder Ejecutivo central,descentralizado, las em-presas y sociedades delEstado puedan entregarla información solicitadapor cualquier ciudadano,pero la mayoría incum-ple este plazo.

Días hábiles paradar respuesta

Investigaciónen municipios yConsejo

El estatuto.de la empresa diceque los únicos actoresde la sociedad civilque tienen derecho aacceder a la informa-ción son los direc-tores ciudadanos.

“

Muchos ciudadanos y funcionarios públicos desconocen la existencia de leyes y decretos que amparan el derechopleno para acceder a la información de las instituciones estatales. ARCHIVO

El derecho a la informaciónEn el país existen varias normaspara que el ciudadano acceda adatos y documentación

JHENNY NAVA B.jnava@opinion.com.bo

Todos los boli-vianos tienenderecho a co-nocer la infor-

mación generada o contro-lada por institucionespúblicas en materia nor-mativa, administrativa,contable, financiera, esta-dística, cartográfica, técni-ca y comunicacional. 

El acceso a la informa-ción pública es la condi-ción primera para facilitarla participación ciudadanay el control social de lagestión pública; por estoexisten convenciones ydeclaraciones internacio-nales, disposiciones cons-titucionales, leyes y decre-tos que respaldan estederecho. 

La Organización de Es-tados Americanos en laDeclaración de Principiospor la Libertad de Expre-sión del año 2000 estable-ce que “El acceso a la in-formación en poder delEstado es un derecho fun-damental de los indivi-duos y los Estados estánobligados a garantizar elejercicio de este derecho”.

Este principio sóloadmite limitaciones ex-cepcionales que debenestar establecidas por leyen el caso que exista unpeligro real e inminente,que amenace la seguridadnacional en sociedadesdemocráticas.

CONTRADICCIÓNLa nueva Constitución

Política del Estado (CPE)en el artículo 21 indica quetodos los bolivianos tienenderecho: “A acceder a lainformación, interpretar-la, analizarla y comunicar-la libremente, de maneraindividual o colectiva”. 

Por otro lado,  el artícu-lo 106 señala que el“Estado garantiza el dere-cho a la comunicación y elderecho a lainformación”. 

Otra de las disposicio-nes constitucionales en el

artículo 242 dice que laparticipación y el controlsocial implica: “Generarun manejo transparentede la información y el usode los recursos en todoslos espacios de la gestiónpública. La informaciónsolicitada por el controlsocial no podrá denegarse,y será entregada demanera completa, veraz,adecuada y oportuna”. 

Sin embargo, en lamisma Constitución el ar-tículo 237 contradice losenunciados anteriores alestablecer que los funcio-narios públicos deben“guardar secreto respectoa las informaciones reser-vadas, que no podrán sercomunicadas incluso des-pués de haber cesado enlas funciones. El procedi-miento de calificación dela información reservadaestará previsto en la ley”. 

LEYES Y DECRETOSLa Ley de Investigación

de Fortunas y LuchaContra la Corrupción (lallamada Ley Marcelo Qui-roga Santa Cruz) no esta-blece en ninguno de suspreceptos el acceso a la in-formación.  Su mayor ob-jetivo tampoco es la trans-parencia, sino sancionarlos actos de corrupción.Esta norma tiene un enfo-que punitivo y no preven-tivo, según el análisis delCeadesc.

Por su lado, la LeyMarco de Autonomías yDescentralización indicaen su artículo 140: “Sin ne-cesidad de requerimientoexpreso, cada Gobiernoautónomo debe publicarde manera regular y crear

El DS 28168.Establece dos tiposde mecanismos quela población puedatener acceso a lainformación de insti-tuciones públicas.

canales de permanente ex-posición ante la ciudada-nía de sus planes, progra-mas, proyectos,contrataciones y reportesde ejecución concernien-tes a éstos; informes físi-cos y financieros, resulta-dos, evaluaciones,balances y toda informa-ción relacionada a la ges-tión pública a su cargo.Asimismo, tiene la obliga-ción de responder a los re-

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A fondo. Transparencia

querimientos de informa-ción específica formuladospor cualquier ciudadano,organización social u or-ganismo colegiado, y per-mitir el acceso efectivo ala información de cual-quier entidad pública.”

El Decreto Supremo28168 de Transparenciaen la Gestión Pública delPoder Ejecutivo, aprobadaen la gestión de Carlos D.Mesa en 2005, es el ante-

cedente directo en materiade normas sobre transpa-rencia. La aplicación deldecreto queda circunscritaal Poder Ejecutivo, entodos sus niveles. El artí-culo 5 obliga a las máxi-mas autoridades ejecuti-vas a garantizar el acceso ala información a través deprocedimientos internos.La negativa, falta de res-puesta o restricción de lassolicitudes de informa-

ción, “serán pasibles deresponsabilidad penal pordelito de incumplimientode deberes”, indica lanorma.

Según el decreto, enactual vigencia, las institu-ciones públicas deben pu-blicar el presupuestoaprobado por el TesoroGeneral de la Nación, lanómina de servidores pú-blicos y consultores per-manentes y eventuales;datos principales de loscontratos de bienes, obras,servicios y convenios; pro-gramas operativos anualesy reportes anuales de eje-cución presupuestaria.También implica planesanuales de contratación debienes y servicios envia-dos al Sistema de Informa-ción de Contrataciones delEstado y reportes actuali-zados de su ejecución, laestructura y escala sala-rial, convenios y tratadosinternacionales. 

¿Cómo hacer una solicitud?Según el Decreto Supremo28168, existen dos modalida-des o caminos para que el ciu-dadano pueda acceder a la in-formación de las institucionespúblicas y son: la vía directa yla indirecta.La vía directa funciona através de páginas electrónicaso publicaciones que son reno-vadas periódicamente por las

instituciones públicas sin queexista una solicitud alguna depor medio. Es decir, que elciudadano puede acceder a lainformación solamente co-nectándose a internet e ingre-sando a la página Web de lainstitución de la que requiereinformación. La segunda vía es la indirectay consiste en que el ciudada-

no realice una solicitud de in-formación que puede serverbal o escrita especificandola información requerida. Esta solicitud debe ser proce-sada por las unidades de in-formación de las entidadespúblicas en un plazo no mayora los 15 días hábiles, tiempotambién establecido por lasnormas bolivianas.

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Reportaje gráfico. Transparencia

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Una de las vías directasde acceso a la informaciónes la página Web que  debepublicar informaciónacerca del presupuestoaprobado por el TesoroGeneral de la Nación, lanómina de los servidorespúblicos y consultores per-manentes, datos de losbienes, obras y servicios;Programas Operativos

Anuales (POA),reportes  de ejecución pre-supuestaria, planes anualesde contratación de bienes,estructura y escalas sala-riales vigentes, convenios ytratados internacionales. 

A pesar de estos pará-metros, establecidos en elDecreto 28168, la mayoríade las instituciones públi-cas incumplen con la nor-mativa. 

De acuerdo a investiga-ción propia, del mes deagosto, la página de la Pre-sidencia de Bolivia da a co-nocer sólo datos como laescala salarial y la nóminade funcionarios, pero ellink de documentación noestá habilitado, por lo que

mas informaciónwww.opinion.com.bo

En fotos.1. Presidencia Su sitio en internet no publicatoda la información solicitadapor las normas.

2. Gobernación de Santa CruzSolamente da a conocer su pre-supuesto y personal.

3. TransparenciaDa información del POA 2010,nómina de servidores públicos ysu presupuesto.

4. Economía y FinanzasEste Ministerio publica datos delPOA 2010, recursos humanos ,contrataciones y el presupues-to.

5. YPFBNo cumple con la norma porquesólo publica una de las ocho in-formaciones requeridas por ley.

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Sitios webincumplennormas

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DICO SOLIZ no se puede acceder a otrosdatos.

En la página del Minis-terio de Transparencia nose aprecian datos como loscontratos de bienes, obrasy servicios y los reportes deejecución presupuestaria. 

En el caso de la Gober-nación de Santa Cruz, lapágina solamente da a co-nocer datos como el presu-puesto y el POA 2010. Lapágina de Yacimientos Pe-trolíferos Fiscales Bolivia-nos sólo otorga informa-ción de contratacionespúblicas.