Informe Final - BVSDE Desarrollo Sostenible · asumidas por los movimientos sociales locales en cada espacio rural estudiado. El ... constituidas muchas de ellas “desde arriba”

Experiencias de movilización social, gobernanza ambiental y desarrollo territorial rural en Mesoamérica

Jorge Mora Alfaro - Isabel Román

Informe Final

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- Julio, 2004 –

Tabla de contenidos

Resumen ejecutivo......................................................................................... 2 1. Introducción............................................................................................... 4 2. Elementos teórico-metodológicos para abordar el análisis de las acciones colectivas y sus expresiones locales en Mesoamérica.............. 7 2.1 ¿Movimiento o movilización?: preguntas básicas para comprender las acciones colectivas y sus alcances.................................................. 7 2.2 Elementos a considerar en el análisis de las acciones colectivas en

Mesoamérica y sus diversas expresiones nacionales y locales......... 12 4. Mesoamérica: diversidad, pobreza y movilización social..................... 17 4.1 Reformas económicas, cambio institucional y participación social................................................................................................................ 17 4.2 Biodiversidad y gobernanza ambiental: un enfoque de participación

desde lo local............................................................................................ 21 4.3 Movilización social y desarrollo territorial rural sostenible (DTRS)

en Mesoamérica....................................................................................... 23 5. Tres casos paradigmáticos de relación entre movilización social,

gobernanza ambiental y desarrollo territorial rural en Mesoamérica.. 25 5.1 El manejo comunitario del bosque y los recursos hídricos por parte

de Ulew Ché já (Guatemala)..................................................................... 26 5.2 El manejo del humedal Cerrón Grande (El Salvador)........................... 32 5.3 El comanejo del Parque Nacional Cahuita (Costa Rica)...................... 40 6. Conclusiones Generales........................................................................... 49 7. Bibliografía ............................................................................................... 52

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Resumen Ejecutivo

El presente articulo analiza tres experiencias de movilización social local llevadas a cabo en Mesoamérica. Estos casos expresan algunas de las principales tendencias seguidas por los procesos de desarrollo territorial rural de la región en los últimos 10 años. Las experiencias seleccionadas se relacionan con procesos particulares de manejo comunitario del bosque por parte de comunidades campesinas e indígenas, tradicionalmente excluidas del desarrollo socioeconómico y político local; el manejo integrado y sostenible de los recursos hídricos, especialmente en zonas con fuertes rezagos sociales, producto de la pobreza y los conflictos sociales;1 finalmente, se incorpora el modelo cada vez más relevante de comanejo o co-administración de áreas silvestres protegidas -las cuales cubren múltiples territorios ricos en biodiversidad-, por parte de las comunidades rurales junto a las dependencias públicas responsables del manejo ambiental de estos espacios. En los países mesoamericanos cobran mucha relevancia los movimientos sociales surgidos en diversas escalas (local, nacional, regional) e incorporando a muy diversos grupos sociales. Las pronunciadas desigualdades y la acentuada polarización social que caracteriza el desarrollo de estos países, generan tensiones y conflictos sociales con un impacto muy significativo en la estabilidad económica, social y política de la mayoría de estas naciones. Los acuerdos alcanzados al finalizar la década de los 80 y durante la década del 90, atenúa los conflictos y reorienta el desarrollo de los movimientos sociales y políticos de mayor presencia en la región. La modificación en la dirección de las políticas económicas y las reformas institucionales, con la consecuente reducción de las funciones desempeñadas por el Estado en el medio rural mesoamericano, colocan en una importante posición los nuevos procesos impulsados por actores sociales locales, dirigidos a establecer diversas modalidades de gobernanza y de gestión del desarrollo local. Estas iniciativas llevan desde la búsqueda de diversas formas de autogestión comunitaria; hasta el establecimiento de distintas modalidades de participación en esos procesos. El comanejo y la creación de arreglos institucionales con la incorporación de los gobiernos locales, ONG´s, organizaciones de la sociedad civil y las dependencias públicas cuya actuación se lleva a cabo en los espacios rurales particulares, son modalidades cada vez ensayadas con mayor frecuencia en los territorios particulares de la región. En todos los países de Mesoamérica pueden encontrarse experiencias que se mueven en estas direcciones, las cuales surgen como una reacción ante una historia marcada por la exclusión de los sectores mayoritarios de la población en cuanto al manejo y uso sostenible de los recursos naturales que los rodean y como resultado de significativas acciones colectivas, muchas de ellas movilizaciones sociales locales. Estas nuevas tendencias del desarrollo territorial rural en Mesoamérica tienen como eje central la articulación de dos objetivos principales: el mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones rurales y el uso y conservación sostenible de los recursos naturales.

1 La Cumbre de Mundial de Desarrollo Sostenible de Johannesburgo en setiembre del 2002 definió el manejo integrado del agua como una de las áreas claves relacionadas con la erradicación de la pobreza, la seguridad alimentaria y el mejoramiento de las condiciones de salud de la poblaciones.

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Los casos distintivos de estos procesos, seleccionados para este estudio, son los del manejo comunitario del bosque y los recursos hídricos por parte de la Asociación Ulew Ché Já (Guatemala); el manejo del humedal Cerrón Grande (El Salvador) y el comanejo del Parque Nacional Cahuita (Costa Rica). La escogencia de estos casos se hizo atendiendo el criterio básico de la representatividad de las tendencias más relevantes de movilización social, gobernanza ambiental y desarrollo territorial rural presentes en la región. Asimismo, se consideró la disponibilidad de información documentada sobre las diferentes experiencias, las posibilidades de acceso al conocimiento de los procesos y las condiciones requeridas para establecer contacto con los actores sociales y los líderes de estas acciones colectivas, en el marco de los plazos y recursos con que se contó para efectuar el estudio. El análisis de las experiencias particulares permite constatar la diversidad de las acciones colectivas impulsadas en los territorios rurales de Mesoamérica; su estrecha relación con los procesos de desarrollo local; y, las desiguales modalidades de gestión de los recursos naturales establecidas en los distintos espacios rurales. Aspectos tales como las experiencias de movilización social vivida por las diversas familias, comunidades y territorios; las experiencias organizativas; el tipo de relaciones establecidas con los gobiernos locales y, en general, con el sistema estatal; la identidad cultural particular y sus formas de interrelación particulares; así como el tipo de recursos naturales con los cuales se relacionan y con los cuales buscan establecer nuevas modalidades de gestión ambiental; son entre otros, elementos condicionantes de las manifestaciones singulares asumidas por los movimientos sociales locales en cada espacio rural estudiado. El establecimiento de diversos modelos de arreglo institucional creados en estos espacios rurales, sustentados en unos casos en una especie de pactos locales o de procesos de concertación local, con la participación de los actores sociales que ejecutan acciones en estos territorios; en otros casos en la adopción de una forma de participación efectiva de la sociedad civil local en el manejo de los recursos naturales en conjunto con las dependencias públicas locales (Comanejo); y, la gestión de los recursos naturales (bosque y agua), a partir de la organización y las tradiciones culturales y normas consuetudinarias de la comunidad; son, todas ellas, diversas manifestaciones de la contribución de las acciones colectivas al surgimiento de diferentes formas de gobernanza ambiental y al desarrollo local en los territorios rurales mesoamericanos.

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1. Introducción En este documento se muestran tres casos significativos de gobernanza ambiental, seleccionadas de múltiples experiencias de acción colectiva y organización social presentes en los espacios rurales mesoamericanos2: el manejo comunitario del bosque y los recursos hídricos por parte Ulew Ché já (Guatemala); el manejo del humedal Cerrón Grande (El Salvador) y el comanejo del Parque Nacional Cahuita (Costa Rica). Los cambios experimentados por el medio rural de México y Centroamérica, provocados por las reformas económicas, la reorientación de las políticas públicas, las modificaciones en las estructuras productivas y las transformaciones introducidas en el sistema institucional, traen consigo relevantes renovaciones en las modalidades de movilización social, los objetivos propuestos con estas acciones sociales, las modalidades de organización rural y sus formas de funcionamiento. En un estudio efectuado por CEPAL sobre experiencias de capital social rural en México y Centroamérica, seleccionan unos 25 casos de organizaciones rurales en estos países, los cuales son agrupados en las siguientes modalidades organizativas: 1) Reconversión productiva y nuevos mercados; 2) Agroindustrias integradas de pequeños productores; 3) Esquemas de financiamiento alternativo; 4)Experiencias de comercialización comunitaria; 5) Provisión de servicios de asistencia técnica, capacitación y transferencia de tecnología mediante nuevos esquemas; 6) Aprovechamiento sostenible de los bosques; y, 7) Desarrollo local a partir de organizaciones de pequeños productores (CEPAL, 2002). http://www.eclac.cl/mexico/ De igual modo se han conformado diversas redes en las cuales se integran estas organizaciones rurales, entre las que sobresale aquellas vinculadas con el manejo de los recursos naturales3. Asimismo, se llevan a cabo varias iniciativas regionales que promueven la incorporación de los actores sociales locales en las estrategias de protección y manejo sostenible de la biodiversidad (UICN, 2001, 2004). La observación de estas experiencias muestra el surgimiento de una acción social colectiva que rompe con las formas tradicionales de organización rural, constituidas muchas de ellas “desde arriba” y con fuertes vínculos paternalistas y de clientela con el sistema estatal. La reorientación de las funciones cumplidas por las entidades públicas en el medio rural; la privatización de los servicios o el deterioro de la calidad de las prestaciones públicas prestadas en el medio rural; originan la movilización de grupos de la sociedad civil por la creación de formas alternativas de prestación de servicios, nuevas modalidades de organización rural y el fortalecimiento de la institucionalidad local. La articulación de las familias, las comunidades, organizaciones sociales, los gobiernos locales y las organizaciones no gubernamentales (ONG’s), propician el surgimiento de una sólida institucionalidad en los diversos territorios rurales de Mesoamérica. Pero además,

2 Mesoamérica comprende los siete países de Centroamérica (Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá) y los cinco estados del Sur-sureste de México (Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán). La superficie total de Mesoamérica alcanza cerca de 760.000 Km2. (OdD/CCAD, 2002). 3 Una de estas es la Red Fan-Ca: “La Red Centroamericana de Acción del Agua (FAN-Centroamérica) es una red con presencia regional que promueve y participa en el desarrollo e implementación de políticas y estrategias sostenibles de gestión del agua en función de las comunidades; que fomenta la capacitación de sus miembros, el intercambio y la generación de vínculos entre organizaciones afines”. www.freshwateraction.net/fan-ca

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como se apunta en el documento del proyecto Movimientos sociales, gobernanza ambiental y desarrollo territorial rural, ”Muchas de las demandas ciudadanas desbordan hoy en día al Estado nacional y tienen como referencia rasgos de identidad particular, como la etnicidad, el género, la generación, la calidad del consumo, los estilos de vida, la conservación de los recursos naturales, etc. Se trata en muchos casos de movimientos que tienen conexiones más o menos fuertes con grupos similares fuera de las fronteras nacionales y que presionan a los Estados nacionales tanto desde dentro del espacio nacional como fuera de él” (RIMISP, 2004). Tres dimensiones adicionales merecen subrayarse a partir del análisis de las formas de organización rural extendidas por los países mesoamericanos: en primer lugar, la importancia creciente del desarrollo local y de la definición de estrategias impulsadas por los actores sociales a partir de las condiciones particulares de los territorios en los cuales se desenvuelven éstos. Esto da lugar a la combinación de actividades rurales, agrícolas y no agrícolas; la diversificación de las formas de generación de ingresos; y, la preocupación por la protección y el uso sostenible de la biodiversidad local. Este aspecto es precisamente la segunda dimensión que consideramos importante resaltar; pues si bien en algunos casos se trata de recalcar ciertos rasgos particulares de las formas de organización presentes en el medio rural actual, el aspecto de las relaciones armónicas entre las comunidades rurales y la base territorial de los recursos naturales, adquiere cada vez mayor relevancia. La creciente importancia del desarrollo local permite colocar en una posición central el aprovechamiento de las experiencias y conocimientos sobre el uso sostenible de la biodiversidad local, tradicionalmente generados por las comunidades rurales. La rica biodiversidad existente en los pueblos mesoamericanos y la necesidad de desarrollar mecanismos efectivos para su protección y uso sostenible; el significativo porcentaje de la población establecida en estos territorios; así como el impacto tan fuerte de la erosión de los suelos, la deforestación y, en general, de la degradación de los recursos naturales en los constantes desastres que se enfrentan en estos países, colocan el tema de la gestión de los recursos naturales en un lugar preferente en la agenda del desarrollo sostenible mesoamericano(PNUD, 2003). En tercer lugar, adquiere mucha relevancia en el medio rural de esta región, el tema de la gobernanza ambiental, entendida ésta “como el conjunto de instituciones, que incluyen normas y valores, comportamientos y modalidades organizativas, a través de las cuales los ciudadanos y los grupos articulan sus intereses, median sus diferencias y ejercen sus derechos y obligaciones en relación con el acceso y uso de los recursos naturales, es decir, las instituciones que median las relaciones entre el estado, la sociedad civil y el mercado en materia de acceso y aprovechamiento de los recursos naturales” (RIMISP, 2004). El objetivo general perseguido con este estudio de casos paradigmáticos de gobernanza ambiental es comprender su relación con los movimientos sociales y los procesos de desarrollo territorial rural que se llevan a cabo en Mesoamérica. Como lo indica el marco de referencia del proyecto, para esta fase del programa, considerando que las relaciones entre los tres procesos no son suficientemente conocidas, se enfatizará en la obtención de resultados de investigación que permitan precisar las preguntas y plantear hipótesis que puedan ser estudiadas con profundidad en las etapas sucesivas de la ejecución del programa. Los objetivos específicos del estudio son los siguientes:

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A) Avanzar el conocimiento de las condiciones bajo las cuales los movimientos sociales pueden construir instituciones y organizaciones de gobernanza ambiental que alimenten procesos de desarrollo territorial rural que incidan en la eliminación de la pobreza, la superación de las diferentes desigualdades sociales, de género y étnicas y la conservación de los recursos naturales y del medio ambiente. B) Facilitar arreglos de cooperación y diálogo entre organizaciones diversas interesadas en ejercer un liderazgo en identificar, financiar y sintetizar prioridades regionales de investigación sobre movimientos sociales, gobernanza ambiental y desarrollo territorial rural. El Programa buscará responder a las siguientes preguntas: Pregunta de investigación:

La gobernanza ambiental establecida como resultado de la acción de movimientos sociales, ¿Da lugar a procesos de desarrollo territorial rural que incidan en la eliminación de la pobreza, la superación de las desigualdades sociales, de género y étnicas y la conservación de los recursos naturales y del medio ambiente? Preguntas operacionales: ¿Qué características tienen los movimientos sociales que han sido capaces de construir instituciones y organizaciones de gobernanza ambiental efectivas? ¿Hasta que punto los movimientos sociales han contribuido a generar gobernanza ambiental (nuevas instituciones, sistemas normativos, comportamientos, formas organizativas y modalidades de gestión)? ¿Qué instrumentos de gobierno resultan más efectivos para facilitar la participación ciudadana efectiva en cuanto a gobernanza ambiental? ¿Hay formas de gobernanza ambiental que incluyen modalidades de acción colectiva y que contribuyen a generar identidad territorial?

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2. Elementos teórico-metodológicos para abordar el análisis de las acciones colectivas y sus expresiones locales en Mesoamérica. 2.1 ¿Movimiento o movilización?: preguntas básicas para comprender las acciones colectivas y sus alcances. Históricamente el estudio de la acción colectiva en las Ciencias Sociales se fue desarrollando por aproximaciones y abordajes sucesivos al tema, llevados a cabo desde diversas perspectivas teóricas. Pensadores clásicos de la Sociología como Emilio Durkhein y Max Weber abordaron el tema sólo de manera indirecta, en el marco de los análisis del comportamiento colectivo predominantes en el pensamiento europeo del siglo XIX. Estos estudios se ocuparon del tema de las multitudes definidas como acciones colectivas que respondían a necesidades primarias inconscientes y en las que la identificación con un líder es lo que le permite a un grupo existir. En esta misma línea analítica se encuentran también las denominadas teorías de la sociedad de masas (Melucci, 1986). Desde otra perspectiva el tema se aborda por medio de la individualización de las contradicciones del sistema capitalista, buscando definir las condiciones para una transformación social, pero ignorando los procesos de formación de las acciones colectivas, la articulación de los movimientos y la multiplicidad de formas de una protesta inmediata. Dentro de esta visión existen corrientes que reducen la acción política a la figura del partido político, devaluando todas las formas de acción que no corresponden con este modelo. Las causas de los movimientos se sujetan a la crisis del capitalismo y a elementos puramente objetivos y estructurales. Un nudo teórico no resuelto por estos enfoques tradicionales es cómo pasar de un análisis estructural de relaciones de clase a la definición de la acción de clase y después a la acción política (Melucci,1986, 1995; Pakulski, J. 1995; Alexander, J, 1998). En el caso de las Sociología norteamericana aunque sus clásicos (Parsons y Merton) no se ocuparon estrictamente del tema de los movimientos sociales, éste fue retomado en los años setenta por Smelser, quien propuso una teoría general sobre el comportamiento colectivo. Según este las acciones colectivas son una disfunción en los procesos institucionalizados de la vida social ( siguiendo a Parsons). Estos fenómenos no tienen continuidad cualitativa pero si una diferente amplitud de la disfunción que los provoca. Esta disfunción además, no se origina al interior del sistema sino fuera de éste. Obedece a una causa externa, de esta manera no hay espacio para una capacidad conflictiva que surja desde el interior mismo del sistema. El conflicto es elevado así al rango de efecto secundario de los procesos de adaptación. Esta corriente teórica se centra en la explicación de la participación individual en los movimientos sociales, ven en las reclamaciones y los valores, respuestas a las rápidas dinámicas de cambio social. Enfatiza las reacciones psicológicas ante la desarticulación, los modos rudimentarios de comunicación y los objetivos efímeros. Hay un sesgo hacia una concepción de la conducta colectiva, como respuesta racional o irracional al cambio (Melucci, 1986; Ámel, 1995; Cohen, J y Arato, A, 2001). El surgimiento de una multiplicidad de acciones colectivas en los años sesenta y ochenta pusieron en evidencia las insuficiencias de los enfoques teóricos tradicionales para explicar dichas acciones. Esto dio cabida al desarrollo de nuevas reflexiones y puntos de vista de distintos investigadores muchos de los cuales, aunque mantenían arraigos en las corrientes teóricas tradicionales, trataron de ir más allá de éstas, superando algunas de

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sus limitaciones. Entre estos teóricos destacan C. Tilly, A. Touraine, J.Cohen, J.S. Coleman y A. Meluchi. Uno de los investigadores que logra avanzar en la definición del concepto de acción colectiva es Alberto Meluchi, para quien éste se refiere a un conjunto de conductas conflictivas al interior de un sistema social. Esto implica una lucha entre dos actores colectivos que se enfrentan por la apropiación y destino de los valores y recursos sociales. Las reflexiones de Meluchi resultan muy útiles pues distingue entre lo que él denomina acción colectiva “conflictual” y los movimientos sociales. La primera se refiere a las acciones ocurridas dentro de los límites del sistema. La segunda implica un conflicto que tiende a superar esos límites. Para el autor las Acciones “conflictuales” o “reivindicativas” se acercan a los movimientos sociales en la medida en que expresan conflictos, pero se diferencia de ellos en la medida en que no comportan una ruptura de los límites de compatibilidad del sistema de referencia. Es la simple competencia de entre actores sociales a propósito de ciertos intereses pero dentro de un marco normativo o de reglas aceptado por ambas partes. Por el contrario, hay “movimiento social” cuando quienes se movilizan tienen un proyecto alternativo de ordenamiento y articulación social. De no ser así es más apropiado hablar de luchas o movilizaciones sociales. La naturaleza analítica del movimiento social depende de las relaciones dentro del cual se sitúa la acción y a las cuales se refiere (Meluchi, 1986). Una observación importante de este autor es aquella según la cual los movimientos sociales no se dan en estado puro y resulta muy importante en su estudio hacer “el análisis concreto de cada movimiento concreto”, para lo cual es necesario formular algunas preguntas básicas, tales como las siguientes: ¿Cuál es el tipo de acción colectiva predominante en la movilización observada? ¿Cuál es el sistema de relaciones predominante afectado por la misma? ¿Cuál es el contenido predominante? Esto es el sentido o la orientación predominante de la acción colectiva. En síntesis, para Meluchi, más que tratar de encasillar a movimiento empírico en una categoría previa resulta más importante determinar sus componentes estructurales, sus sentidos y su posible dirección. Respecto a sus componentes estructurales bastará ampliar los criterios resultantes del cruce entre los ejes del conflicto y la ruptura de los límites del sistema considerado. En cuanto a sus sentidos interesa precisar los criterios relativos al campo de acción, el sistema principal de referencia del actor y el conjunto de relaciones sociales que califican su acción. Asimismo, para el autor es importante analizar cómo responde al impulso conflictivo el sistema afectado. Por último, para él, debe analizarse cómo los actores se definen -a ellos mismos- como grupo, como identifican al adversario y cuáles son sus objetivos de lucha ( Meluchi, 1986). En complemento a estas reflexiones otros enfoques desarrollados en los setenta contribuyen a nutrir de herramientas el análisis de las acciones colectivas, sean estos movimientos o movilizaciones sociales de las cuales se intenta explicar por qué surgen, así como sus sentidos y permanencia. Tres aportes significativos en esta línea los ofrecen

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la llamada teoría de la movilización de recursos (Jenkins,1983), la teoría sobre la identidad y los aportes de Alain Touraine (Touraine, 1999). De acuerdo con la teoría de la movilización de los recursos (TMR), las acciones colectivas se forman debido a cambios a largo plazo en los recursos grupales, la organización y las oportunidades de acción colectiva. Aunque los agravios son necesarios estos son explicados en función de cambios en las relaciones de poder o por conflictos estructurales de interés; la disponibilidad de recursos (cuadros y facilidades de organización). Los agravios son hechos estructurales dados. La formación de movimientos se halla asociada con mejorías en el status de los grupos agraviados, no porque mejoran las expectativas de los grupos sino porque los cambios reducen los costos de la movilización y mejoran las probabilidades de éxito Para movilizar una acción colectiva se requieren formas organizativas y modos de comunicación. Se enfatiza en variables objetivas tales como organización, intereses, oportunidades y estrategias, con el objeto de explicar la movilización a gran escala. El actor racional -individual o grupal- que emplea el razonamiento estratégico e instrumental, remplaza a la muchedumbre como el referente central de la acción colectiva. Se analiza la acción en función de la lógica de la interacción estratégica y de los cálculos de costo / beneficio. Se rechazan las explicaciones que pone énfasis sobre sentimientos y reclamos, el uso de categorías “psicologizantes” y en la desarticulación, propia del enfoque de la conducta colectiva, según la cual las acciones colectivas surgen de repentinos aumentos de agravios momentáneos, creados por las tensiones estructurales del cambio social rápido. La movilización, de acuerdo con este enfoque, “ es el proceso mediante el cual un grupo asegura el control de los recursos necesarios para la acción colectiva”. Los recursos de poder: “proveen medios para controlar las acciones de los blancos seleccionados”. Entre los tipos de recursos señalan aspectos tales como el dinero, las conveniencias, el trabajo, la legitimidad, los medios de comunicación, los líderes y las habilidades legales y organizativas (Jenkins,1983). Este enfoque enfatiza en varios supuestos básicos:

Todo movimiento social se debe entender según un modelo de conflicto de la acción colectiva.

No hay diferencia básica entre acción colectiva institucional y no institucional,

ambas involucran conflictos de intereses inherentes a las relaciones de poder institucionalizadas.

La acción colectiva implica la búsqueda racional, por parte de los grupos, de la

satisfacción de sus intereses.

Los objetivos y las reclamaciones son producto permanentes de las relaciones de poder, y no pueden servir de explicación para la formación de los movimientos. Esto depende por el contrario de los cambios de recursos, organización y oportunidades de la acción colectiva.

El éxito se evidencia en el reconocimiento del grupo como actor político o en el

aumento de beneficios materiales.

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La movilización involucra organizaciones formales burocráticas con objetivos específicos (Cohen, J y Arato, A, 2001: 561-562).

La unidad de análisis no es el movimiento social entendido como grupos comprometidos con una ideología o motivados por la conciencia de un grupo de agravios para actuar unitariamente tal y como lo plantean los modelos tradicionales. Por el contrario, la unidad de análisis es la acción colectiva entre grupos de interés opuestos. Organización y racionalidad son los términos característicos de este enfoque. Se insiste en la racionalidad estratégica - instrumental de la acción colectiva. Sin obtener ningún beneficio ningún individuo contribuirá con recursos y tiempo a la acción colectiva No obstante los aportes que hace la TMR para entender el desarrollo y las características que asumen los acciones colectivas esta teoría ha sido criticada por mantener una perspectiva centrada en la acción estratégica - instrumental que no logra explicar el origen y la lógica de la solidaridad de grupo, por operar con un concepto de acción racional muy estrecha, el cual excluye el análisis de los valores, las normas, las ideologías, el proyecto, la cultura y la identidad. En atención a estos déficit surgió el paradigma teórico orientado hacia la identidad según el cual la lógica de la interacción colectiva implica algo más que la racionalidad estratégica o instrumental. Para que el actor colectivo pueda calcular los costos y beneficios de la acción colectiva y actuar estratégicamente, su identidad debe estar establecida. El proceso de creación de la identidad surge de la interacción colectiva misma, dentro y entre los grupos.“La creación de una identidad implica una disputa contestataria social centrada en la reinterpretación de normas, la creación de nuevos significados y un desafío a la construcción social de los límites entre los dominios de acción públicos, privados y políticos” (Cohen, 1985; Cohen, J y Arato, A, 2001). Las limitaciones señaladas a este enfoque se refieren a que un paradigma orientado puramente hacia la identidad sin tomar en cuenta aspectos políticos de un conflicto puede tornarse muy restrictivo, Touraine ofrece un marco teórico más amplio para un paradigma orientado hacia la identidad. Los aportes de Alan Touraine al análisis de los movimientos sociales son básicamente tres: elabora una teoría sobre las dimensiones culturales y estructurales de la sociedad contemporánea; hace un análisis fundamentado en la investigación-acción de los procesos conflictivos por los que pasa la formación de identidad de los actores colectivos; enfoca la dimensión social de la acción colectiva al revivir el concepto de sociedad civil. Pese a lo anterior Touraine no logra un modelo que permita una integración con los aportes de la Teoría de la Movilización de los Recursos. Touraine define los movimientos sociales como interacciones normativamente orientadas entre adversarios que poseen interpretaciones conflictivas y modelos societales opuestos acerca de un campo cultural compartido. Un movimiento social se refiere a “aquellas acciones conflictivas que tratan de transformar las relaciones de dominación ejercidas sobre los principales recursos culturales ( la producción, el conocimiento, las reglas éticas). El Movimiento social es la acción, a la vez culturalmente orientada y socialmente conflictiva de una clase definida por oposición dominante o dependiente en el modo de apropiación de la historicidad de los modelos culturales de inversión, conocimiento y moralidad, hacia los cuales el mismo se orienta”. El movimiento se orienta por la acción del sujeto, es decir, del actor que cuestiona la formulación social de la historicidad. Touraine rechaza un análisis puramente orientado a la identidad porque cae en una explicación sociopsicológica de la interacción a expensas de una explicación sociopolítica. También el autor dice que un enfoque exclusivamente centrado en estrategias es limitado

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por cuanto los cálculos estratégicos excluyen toda referencia a un campo cultural común o a relaciones sociales estructuradas entre actores. Un marco analítico que se concentra solo en la interacción estratégica omite tanto las orientaciones culturales como la dimensión estructural del conflicto, soslayando así lo que es específico de los movimientos sociales. Para resolver esto distingue entre patrón de desarrollo de una sociedad y sus modos de funcionamiento. El estado, la crisis del sistema, la conducta conflictiva que se opone a las elites y las masas son ubicadas en la primera dimensión. Las relaciones sociales y el sistema de acción histórica (procesos conflictivos por los que son creadas normas, instituciones, patrones culturales y disputas entre actores sociales- son situados en la segunda dimensión4 (Cohen, 1985; Cohen, J y Arato, A, 2001; Touraine, 1978; 1999). Los significativos cambios experimentados por la economía y los sistemas políticos contemporáneos se acompañan del surgimiento de nuevos actores sociales y de novedosas formas de acción colectiva y de modificaciones en la composición y la orientación de los movimientos sociales. Para Touraine, los movimientos con un mayor impacto en la opinión pública europea “por su contenido y no sólo por su contexto”, son aquellos formados en defensa de los derechos de la cultura. Para el autor esto significa que los problemas laborales y salariales han perdido importancia y que el renacimiento de la vida pública y el surgimiento de nuevos actores sociales pasa por la reivindicación de una serie de derechos culturales (Touraine, 1999:56). Touraine emplea el término de “nuevos movimientos sociales” para referirse a los movimientos que “(...) ya no hablan en representación de la sociedad perfecta, ni miran tampoco hacia el porvenir: más bien luchan por la defensa del derecho de todos a una existencia libre y ‘humana’. Cohen y Arato, por su parte, emplean el concepto de “movimientos sociales contemporáneos”. La tesis de estos autores es que en estos movimientos sociales se presenta una política dual de identidad y de influencia dirigida tanto a la sociedad civil como al sistema de organización político (sociedad política). Con esta visión tratan de superar la que consideran un lógica “monista” de la acción colectiva expuesta por algunos teóricos de la movilización de recursos (Cohen, J y Arato, A, 2001:567)5. La percepción según la cual los movimientos sociales contemporáneos tienen una “apariencia” y una “lógica organizativa” duales, encuentra tres contribuciones muy relevantes en las propuestas de Habermas, tesis que para Cohen y Arato permiten percibir los elementos más importantes 4 Para Cohen y Arato, “La obra de Touraine señala la dirección correcta, pero él no ofrece una teoría de la sociedad civil. En cambio, hace uso de la categoría sin explicar su articulación interna. Tampoco explica qué mecanismos conectan a las varias esferas entre sí con el Estado y la economía. En consecuencia, la lógica dual de los movimientos contemporáneos se representa erróneamente como alternativas que son dirigidas únicamente a la sociedad civil. El enfoque de la movilización de los recursos adolece de lo contrario, al poner énfasis sólo en las estrategias dirigidas a las estructuras políticas y económicas. Los paradigmas en competencia del estudio de los movimientos sociales nos dejan así con una elección insatisfactoria: o uno interpreta a los movimientos en términos de la lógica estratégica de la organización –supuesta en la presión sobre las ‘grandes estructuras’ del Estado y de la economía-, o uno opta por poner énfasis en los modelos de identidad, de normas y de cultura, y en las formas asociativas articuladas por los propios actores más innovadores, cuyo blanco son las instituciones de la sociedad civil. Lo que necesitamos es una estructura teórica que pueda dar cabida a ambos enfoques y explicar la lógica dual de los movimientos contemporáneos” (Cohen, J y Arato, A, 2001: 585). 5 Según estos autores, “Como lo demuestran Jenkins y Eckert, entre otros, los nuevos movimientos sociales fueron desafíos nativos organizados por líderes locales que emergieron de las poblaciones ‘ofendidas’ y obtuvieron el apoyo de redes autónomas de asociaciones locales, grupos de bases, clubes sociales, iglesias (para el movimiento de derechos civiles), etc., para movilizar la acción colectiva” (Cohen, J y Arato, A, 2001: 569).

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de la acción colectiva contemporánea. Para los autores las tres principales contribuciones de Habermas son las siguientes:

Primera: “enuncia que la emergencia de la modernidad cultural –o de las esferas diferenciadas de la ciencia, el arte y la moralidad, organizadas en torno a sus propias pretensiones de validez interna- lleva consigo el potencial para una mayor autorreflexión (y una subjetividad descentralizada) respecto a todas las dimensiones de la acción y de las relaciones con el mundo. Esto abre la posibilidad de una relación postradicional, posconvencional, con las dimensiones clave de la vida social, política y cultural, y de su coordinación por medio de procesos autónomos de interacción comunicativa”.

Segunda: “sostiene la ‘institucionalización selectiva’ de los potenciales de la

modernidad (autorreflexión, autonomía, libertad, igualdad, significado). Un modelo dual de sociedad, que distingue entre sistema y mundo de la vida, se encuentra en el núcleo de esta tesis. En este modelo, los procesos implicados en la modernización de la economía y del Estado son distintos de los implicados en la ‘racionalización’ del mundo de la vida”

Tercera: “insiste en el carácter bilateral de las instituciones de nuestro mundo

de la vida contemporáneo, esto es, la idea de que la racionalidad societal ha acarreado desarrollos institucionales en la sociedad civil que han incluido no sólo la dominación sino también las bases para la emancipación. La teoría dual de la sociedad ubica así a los elementos nucleares de la sociedad civil –la legalidad, la publicidad, las asociaciones civiles, la cultura de masas, la familia- al centro de la discusión. Esta es la dimensión del análisis institucional ausente en la teoría de los tipos societales de Touraine” (Cohen, J y Arato, A, 2001: 587).

Finalmente, para los efectos del análisis particular de los movimientos sociales contemporáneos, resultan de mucha relevancia las preguntas formuladas por Cohen y Arato, con el fin de contribuir con su conceptualización, las cuales enumeramos a continuación: ¿En qué tipo de sociedad ocurren los movimientos sociales?¿Qué continuidades o discontinuidades existen respecto al pasado?¿De qué instituciones se trata?¿Cuáles son los intereses políticos generales de los conflictos? Y ¿Cuáles son las posibilidades de desarrollo disponibles para los actores colectivos? 2.2 Elementos a considerar en el análisis de las acciones colectivas en Mesoamérica

y sus diversas expresiones nacionales y locales. Los distintos enfoques reseñados resultan útiles pues más que encasillar los movimientos sociales en una categoría única, ofrecen una serie de elementos claves para abordar el análisis de las acciones colectivas en Mesoamérica. En este caso tratando de entender sus componentes estructurales, sus sentidos y su posible dirección considerando los contextos particulares en los cuales estas experiencias tienen lugar. En correspondencia el análisis debería aportar elementos que ayuden a responder las siguientes interrogantes básicas: ¿Porqué surgen las acciones colectivas? (causas, contexto nacional o local) ¿Cómo se mantienen? ( recursos de poder, identidad)

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¿Cuál es su significado social? (alcances en las relaciones de poder y usos de los recursos nacionales y locales) Según Manuel Garretón (1985) cada sociedad particular tiene una matriz constituyente entre actores sociales, esto es, una articulación específica entre Estado y sociedad civil, construida históricamente hasta llegar a constituir un orden y una cultura política específica la cual atraviesa toda la sociedad. En algunos países mesoamericanos o en algunos territorios o regiones particulares, la articulación social y política ha asumido históricamente rasgos fuertemente excluyentes entre sectores sociales no solamente económicos sino también culturales. En estas sociedades ha prevalecido una lógica de aniquilamiento entre adversarios más que de reconocimiento mutuo, lo cual ha generado acciones colectivas que han derivado en importantes movimientos sociales cuyas acciones han llegado a cuestionar los limites del orden y su legitimidad. En otros casos esa articulación asume los rasgos de un orden y una cultura basada en relaciones de compromiso entre distintos actores sociales. Hablamos de relaciones de compromiso cuando los grupos sociales encontrados no pretenden incluir en sus estratégicas de lucha la meta de anular las posibilidades de supervivencia del adversario. Por el contrario, están dispuestos a ceder posiciones de tal manera que el otro pueda tener expectativas reales de mejorar sus condiciones de vida y mantener sus rasgos esenciales. Esta lógica favorece el desarrollo de constantes procesos de negociación política, cuya recurrencia los convierte en un elemento central de la cultura política prevaleciente en esa sociedad particular. El estudio plantea que la negociación política no anula la confrontación pero crea distintas modalidades de enfrentamientos y conciliación política entre los actores sociales. En ambos modelos (el incluyente y el excluyente) el conflicto social, obviamente, no se elimina sino que adquiere fisonomías particulares las cuales expresan formas específicas de construcción de las relaciones de poder y la hegemonía política en el plano nacional y local. Las acciones colectivas que tienen lugar en los espacios locales asumen características particulares estrechamente relacionadas con la forma en la cual se articulan en esos espacios los aspectos económicos, sociales y políticos (su matriz constituyente). Los elementos económicos y sociales se refieren a los recursos y actividades que generan riqueza y la forma como estos se administran, organizan y distribuyen (relaciones sociales). Los aspectos políticos aluden más bien a la forma como se estructuran en dichos espacios las relaciones de poder entre los distintos actores sociales. Al igual que en plano nacional la supervivencia de los sectores sociales en los espacios locales no depende solo de la presión que ejercen las condiciones materiales sino también de la capacidad de organización, lucha y negociación que estos puedan desarrollar con otros sectores para defender sus intereses corporativos. Esta perspectiva lleva implícita una concepción de territorio, espacio o región no como un simple contexto, independiente de las relaciones sociales, sino más bien como el producto de realidades históricas y dinámicas, en permanente proceso de cambio“. La naturaleza de una organización territorial no se encuentra en sus características físico espaciales sino en las estructuras sociales de las cuales sirve de soporte material. Son estas las que producen continuamente el territorio, conservándolo o modificando los rasgos básicos de su estructuración ( Lavell, et al, 1987; IICA, 2003). Finalmente, el análisis de las acciones colectivas en los espacios locales debe considerar la forma cómo defienden sus identidades los actores sociales que participan en ellas. Como lo indican los teóricos de la

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identidad, la creación de identidades implica siempre una disputa contestataria social centrada en la reinterpretación de normas, la creación de nuevos significados y el desafío de la construcción social de los límites entre los dominios de acción públicos, privados y políticos (Cohen, 1985). El análisis que a continuación se realiza trató de tener en cuenta estas consideraciones. Asimismo, se propone analizar las acciones colectivas y su incidencia en la construcción de la integración y la solidaridad social en espacios rurales particulares, en un entorno social excluyente y de extendida inequidad (Reis, 1998). 3. Representatividad de las experiencias seleccionadas Un aspecto importante en la selección de las tres experiencias seleccionadas para su descripción en este documento, es el que éstas formen parte de las tendencias seguidas por los procesos de movilización social, organización y gobernanza ambiental en Mesoamérica. En este sentido, cobra mucha relevancia en los casos escogidos para el estudio la selección de diversos tipos de organizaciones, surgidas como resultado de formas heterogéneas de movilización social, en las cuales los actores sociales asumen una participación efectiva en el manejo de los recursos naturales. Los arreglos institucionales por medio de los cuales se produce el empoderamiento de estos grupos varían, asimismo, dependiendo de las condiciones particulares de la biodiversidad existentes en cada uno de los territorios, de las modalidades específicas de vinculación con el Estado y de las experiencias históricas de organización y participación en los procesos de desarrollo local y en el manejo sostenible de los recursos naturales, por parte de los diferentes grupos y comunidades asentadas en los territorios rurales mesoamericanos. El importante número de áreas protegidas establecidas en Mesoamérica enfrenta problemas semejantes, aunque, desde luego, con sus dinámicas particulares, según lo señalado en el párrafo anterior. Los análisis institucionales efectuados por la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), las dependencias ministeriales nacionales, la UICN y las redes de ONG’s y organizaciones vinculadas –algunos de ellos mencionados o citados en el documento-; señalan con precisión las dificultades de diversa índole enfrentadas por las entidades gubernamentales responsables de la gestión de las áreas protegidas, entre las que sobresale los escasos recursos presupuestarios asignados a estas instituciones, y la importancia creciente cobrada por el desarrollo de distintas modalidades de comanejo, con participación de los actores de la sociedad civil de las localidades enlazadas con estos espacios protegidos. En la página 9 del documento se incluye un gráfico que muestra las diversas posibilidades o experiencias de participación de la sociedad civil en el comanejo de las áreas protegidas. La selección de la experiencia de Cahuita (Costa Rica), obedece a que es un caso que expresa muy bien las modalidades de comanejo extendidas por Mesoamérica y a la importancia de la movilización y la organización local para ganar la cuota de participación obtenida en el comanejo del parque y por su relevancia en las transformaciones generadas en cuanto al desarrollo de este territorio. Las experiencias particulares de manejo sostenible de los humedales presentan, asimismo, una gran relevancia en la región. La UICN recopiló un importante número de experiencias sobre el manejo de humedales, en las cuales la participación de las comunidades adquiere mucha relevancia. El caso de Cerrón Grande (El Salvador) no está incluido entre estas experiencias y en otras sistematizaciones de casos mesoamericanos

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de manejo de los humedales6. Esto, en gran medida, se debe al hecho de que no se ha efectuado aún su reconocimiento como un sitio RAMSAR; gestión que, como se indica en el documento, se está llevando a cabo en este momento. Sin embargo, la selección del caso de FUNDALEMPA y el Cerrón Grande se efectuó, entre otros criterios, tomando en cuenta su representatividad en relación con la situación de los humedales en la región. Asimismo, se consideró en este caso la importante experiencia de movilización y organización de los municipios vinculados con el humedal, la clara interrelación de los espacios rurales y urbanos en las condiciones de los recursos naturales locales y las importantes iniciativas de desarrollo territorial impulsadas en estos municipios, con una clara conducción de los procesos por parte de los actores sociales locales y con una significativa consolidación de una institucionalidad territorial que generará una modalidad de gobernanza participativa. En los espacios del Sur de México y el Norte de Centroamérica ubicados en diferentes pisos ecológicos de la Sierra Madre, se encuentran numerosas comunidades indígenas con experiencias seculares de manejo sostenible de los recursos naturales, en particular del agua y los bosques. La rica biodiversidad de estos espacios se ha visto amenazada por la deforestación, el uso inadecuado de los suelos y la expansión de los espacios urbanos. La protección del agua y los recursos forestales ha resultado ser una tarea no cumplida de manera efectiva por las dependencias públicas responsables de su manejo y la legislación no siempre corresponde con la cultura y las experiencias de manejo desarrolladas por las propias comunidades a lo largo del tiempo. Son muy significativas las experiencias desplegadas por estas comunidades de los estados del Sur de México y del Norte de Centroamérica, en la gestión de estos recursos, en su protección y en su uso sostenible. La selección de la experiencia de Ulew Ché já obedece, precisamente, a su consideración como un caso representativo de los procesos de gobernanza ambiental llevados a cabo por estas comunidades. La experiencia de Ulew Ché Já resulta muy relevante, además, por la incidencia de sus acciones en numerosos municipios; por la importancia del manejo del bosque y el agua para estos pueblos y para los núcleos urbanos abastecidos con estos recursos. En resumen, los tres casos seleccionados corresponden con algunas de las más importantes tendencias de las acciones colectivas, la organización rural y la gobernanza ambiental presentes en la actualidad en los países mesoamericanos. 4. El tema de género en las experiencias seleccionadas El tema de género es, sin lugar a dudas, un elemento central en los acciones orientadas a combatir la pobreza, la indigencia y la inseguridad alimentaria y a impulsar procesos de desarrollo rural en la región. La estrecha vinculación existente entre las condiciones de exclusión o de inequidad enfrentadas por numerosas mujeres rurales, sobre todo de aquellas que mantienen la jefatura del hogar, con la extendida pobreza rural persistentes en Mesoamérica, hacen de este tema un eje medular de los procesos de desarrollo

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territorial rural. Diversos estudios sobre el tema de la pobreza en el medio rural mesoamericano, constatan la condición de desventaja jurídica, económica, social y cultural de las mujeres rurales, en la distribución de las funciones en las unidades domésticas o en las posibilidades de acceso a labores no agrícolas, mejor remuneradas, que implican una mayor posibilidad de movilización al interior o fuera de los espacios urbanos7. En consecuencia, la pluriactividad de la familia rural reproduce, en muchos casos, la situación de inequidad soportada por las mujeres rurales en la región. Esta condición de las mujeres hace necesario el impulso de iniciativas dirigidas a la búsqueda de la equidad y a crear condiciones para su incorporación en actividades que le permitan mejorar su calidad de vida, promover su participación efectiva en los procesos de desarrollo local y generar ingresos o mejorar los que obtienen con las actividades en las cuales se hayan involucradas. El potencial de organización y de transformación de los espacios rurales y de las condiciones de supervivencia de las familias ha sido constatado en múltiples experiencias de desarrollo local llevadas a cabo en Mesoamérica. La creación de oportunidades para desplegar esas posibilidades de contribuir al desarrollo, es uno de los principales desafíos enfrentados por las estrategias de desarrollo territorial rural ejecutadas en esta región. En los casos seleccionados está presente, de diferentes maneras, el tema de género y, particularmente, el de la participación de las mujeres en los procesos organizativos, la movilización social y la gobernanza ambiental. En la experiencia de Ulew Ché já se tratan de desarrollar estrategias en las cuales se asigna un destacado papel a las familias rurales, sin la exclusión de ninguno de sus miembros. La organización trata de asignar derechos y responsabilidades en los procesos locales de manejo de los recursos naturales, a todos los miembros de las unidades familiares. Esto significa incorporar a las mujeres, otorgándoles derechos y responsabilidades, en las mismas condiciones que a los hombres adultos, a los jóvenes y a los niños. No se encuentran por lo tanto, en este caso, acciones ejecutadas particularmente por las mujeres o acciones dirigidas a promover su participación en las acciones impulsadas por la organización o a enfrentar los problemas específicos derivados de sus condiciones particulares. El riesgo que se corre con estos procesos es ocultar, en el accionar de la familiar, las necesidades, demandas, aspiraciones y potencialidades particulares de estas mujeres rurales. En el caso de la experiencia de Cerrón Grande se presenta una situación diferente. En este caso si se ha definido el tema de género como un eje de los procesos de desarrollo local y de manejo de los recursos naturales. Asimismo, se están impulsando proyectos en los cuales la promoción de los derechos de las mujeres y su participación en el diseño y ejecución de las iniciativas son algunos de los componentes básicos de estas acciones.

7 Ver: Richards, M. 2002 “Hacia un entendimiento mayor de la pobreza rural en Centroamérica: lecciones de la literatura sobre el desarrollo rural” Tegucigalpa: DFID /RUTA /ODI. Hertford, R. y Echeverri, R. 2003 “Pobreza rural en Centroamérica” Washington, DC: Banco Interamericano de Desarrollo (BID). De Janvry, A; Araujo, C.; y Sadoulet, E. 2002 “El desarrollo rural con una visión territorial” http://amer.unam.mx/docs/janvry.pdf; 2002 “Estrategias de ingresos de los hogares rurales de México: el papel de las actividades desarrolladas fuera del predio agrícola”. www.rimisp.org/boletines/bol29/documento4.htm

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En la experiencia de Cahuita, el tema de la participación de las mujeres se aborda con una visión más institucionalizada. Una definición cumplida desde la instalación de la junta directiva de la asociación responsable del manejo del parque nacional, es la de contar con al menos una mujer en ese organismo de dirección. Los miembros de la comunidad consideran que el cumplimiento de esta disposición estimula la incorporación de las mujeres en las actividades que ejecuta la asociación. Este tipo de medidas forman parte de lo que se conoce como en la literatura de género como “medidas afirmativas” es decir acciones deliberadas para propiciar la apertura de espacios a la participación de las mujeres que de otra forma llevaría más tiempo de lograr. Estas medidas se promueven bajo el entendido de que mayor incorporación de las mujeres en los puestos de representación popular esta condicionada desde un marco cultural y de valores que subestima sus capacidades y desempeño, hasta por dificultades económicas que le impiden no pocas veces promover sus postulaciones. Asimismo muchas veces la falta de acceso a la información perjudica el desarrollo efectivo de las capacidades de negociación y liderazgo de las mujeres. En países como Costa Rica este tipo las cuotas mínimas de participación política se han desarrollado con éxito desde 19968 especialmente en lo que se refiere a la apertura de espacios de participación política para las mujeres en partidos políticos para la elección de candidatas al Congreso de la República. Esto le permitió al país ocupar el primer lugar América Latina como mayor número de diputadas en el Congreso en las elecciones presidenciales celebradas en el 2002. En resumen, las tres experiencias muestran maneras diferentes de encarar el tema de la incorporación plena de las mujeres en los procesos sociales impulsados por las organizaciones rurales. En general, persisten condiciones de inequidad y de desbalance en cuanto a la distribución de las oportunidades, la remuneración de las actividades y los derechos y las responsabilidades. Por este motivo, el tema de la participación de las mujeres en los procesos de desarrollo local y el mejoramiento de sus condiciones de integración en esos procesos, aparece como un desafío enfrentado, de desiguales modos, en cada una de las experiencias seleccionadas para el estudio. Desde esta perspectiva, también, estos casos analizados son representativos de la situación existente en el medio rural mesoamericano y de las vías por medio de las cuales se trata de enfrentar el tema de género en los diversos espacios rurales de la región. 4. Mesoamérica: diversidad, pobreza y movilización social 4.1 Reformas económicas, cambio institucional y participación social El medio rural de los países mesoamericanos expresa con mucha claridad los impactos de las reformas económicas e institucionales impulsadas en América Latina y el Caribe a partir de la década de los años 80. El fortalecimiento de la producción destinada al mercado exterior, la liberalización y la apertura de la economía y la reducción de las funciones de promoción y apoyo al desarrollo agrícola y rural cumplidas con anterioridad por el Estado, aparecen como las principales tendencias políticas seguidas por todos los países que conforman esta región. La eliminación de la mayor parte de los mecanismos de protección y estímulo a la producción de alimentos y materias primas destinada a los mercados locales y el desmantelamiento o deterioro de servicios de extensión rural, la

8 En 1996 se introdujo el sistema de cuotas mínimas de participación de mujeres ( 40%) al aprobarse la Ley 7673, de reforma al Código Electoral. ( Informe del Estado de la Nación, 2000).

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asistencia técnica y la investigación, entendidos en el pasado como bienes públicos -a los cuales tenían acceso los productores nacionales cubiertos con los programas institucionales-, y su sustitución por diversas modalidades de servicios de “extensión pagada” (“Paid Extensión”); producen significativos cambios en las condiciones de producción y subsistencia de la mayoría de las familias asentadas en los espacios rurales de estos países (Mora 2002, 2003). La modificación de las funciones cumplidas por el sistema institucional y la reorientación de sus acciones, dando prioridad al estímulo del sector exportador, tiene diversas consecuencias en el medio rural extendido desde el Sur-Sureste de México hasta Panamá. Una de ellas, consiste en la conformación de un sector de productores, empresas agrícolas y agroindustriales e inversionistas externos, vinculados con las actividades no tradicionales de exportación y las cadenas de distribución de alimentos; en condiciones de aprovechar los incentivos y la apertura comercial. En algunos casos este sector incorpora en sus complejos agroindustriales y comerciales a grupos de productores familiares, en calidad de abastecedores de los productos agrícolas procesados o comercializados por estas empresas. Sin embargo, el dinamismo de estas actividades no logra extenderse a la mayoría de la población rural ni a los espacios rurales en los cuales se encuentran los más numerosos grupos de productores familiares rurales. Estas familias, secularmente dedicadas a la producción de alimentos y materias primas para el consumo local y para abastecer la demanda nacional, sufren los efectos de la apertura económica, la creciente importación de alimentos y el cambio de las reglas del juego que normaron en el pasado sus relaciones con el Estado. La persistencia en unos casos o el incremento de la pobreza rural en otros de los países mesoamericanos, tienen una estrecha relación con la creciente exclusión económica y social de estas familias, las cuales constituyen la mayoría de la población de estos espacios. La inseguridad alimentaria, la subnutrición y las dificultades de acceso a servicios básicos tales como la educación, la salud o el saneamiento, unidos a la disminución de las oportunidades para la obtención de empleo o para generar los ingresos para la subsistencia familiar en los espacios rurales y los bajos salarios generalizados en el medio rural, originan importantes procesos de migración internacional o hacia las áreas urbanas de sus respectivos países (Mora y Fernández, 2004). La información del cuadro 1, muestra con claridad los importantes porcentajes de la población mesoamericana viviendo en condición de pobreza e indigencia. Asimismo, presenta las significativas diferencias existentes en cuanto a la situación de las zonas urbanas y rurales. A pesar de que buena parte de la población rural pobre a emigrado hacia los espacios urbanos, la magnitud de la población viviendo bajo las líneas de pobreza e indigencia en los espacios rurales es mucho más elevada.

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Cuadro 1: Centroamérica y México: Magnitud de la pobreza y la indigencia.

Fuente: CEPAL, 2002 El informe sobre desarrollo humano del PNUD 2004, recientemente presentado, deja en evidencia los bajos índices de desarrollo humano persistentes en los países mesoamericanos. A pesar de los esfuerzos realizados por estas naciones y la superación existente en algunos aspectos relacionados con la pobreza humana y la pobreza de ingreso, los datos suministrados por el informe continúan mostrando la presencia de significativas brechas sociales. Esta situación, así como las modificaciones en cuanto al funcionamiento del sistema institucional, resultan de particular importancia para el análisis de las experiencias de movilización social y de desarrollo territorial rural llevadas a cabo en estas naciones. El deterioro sufrido por el sistema institucional público en el medio rural, abre espacios para que la población busque sus propias formas de participación, se movilice para alcanzar sus reivindicaciones, establezca alianzas con organismos no gubernamentales o las dependencias públicas locales y se produzcan nuevas modalidades de gobernanza en los espacios rurales. La combinación de actividades productivas agrícolas y no agrícolas, la diversificación de las fuentes de ingresos de las familias rurales, la pluriactividad familiar y la revalorización de la biodiversidad local y regional, hacen de las estrategias de desarrollo territorial rural sostenibles (DTRS), el camino más apropiado para responder a las nuevas condiciones del medio rural mesoamericano.

Población bajo la línea de pobreza %

Población bajo la línea de indigencia % País Año Total

país Zonas urbanas

Zonas rurales

Total país

Zonas urbanas

Zonas rurales

1990 26,2 24,8 27,3 9,8 6,4 12,5 1994 23,1 20,7 25,0 8,0 5,7 9,7 1997 22,5 19,3 24,8 7,8 5,5 9,6 Costa Rica

1999 20,3 18,1 23,3 7,8 5,4 9,8 1995 54,2 45,8 64,4 21,7 14,9 29,9 1997 55,5 44,4 69,2 23,3 14,8 33,7

El Salvador

1999 49,8 38,7 65,1 21,9 13,0 34,3 Guatemala 1998 60,5 46,0 70,0 34,1 17,2 45,2

1990 80,5 69,8 88,0 60,6 43,2 72,8 1994 77,9 74,5 80,5 53,9 46,0 59,8 1997 79,1 72,6 84,2 54,4 41,5 64,0 Honduras

1999 79,7 71,7 86,3 56,8 42,9 68,0 1989 47,8 42,1 57,0 18,8 13,1 27,9 1994 45,1 36,8 56,5 16,8 9,0 27,5 1996 52,1 45,1 62,5 21,3 13,8 32,4 1998 46,9 38,9 58,5 18,5 9,7 31,1

México

2000 41,1 32,3 54,7 15,2 6,6 28,5 1994 73,6 66,3 82,7 48,4 36,8 62,8 Nicaragua 1998 64,0 57,0 77,0 46,6 33,9 57,5 1991 42,8 39,6 50,6 19,2 16,0 26,7 1994 36,1 30,8 49,2 15,7 11,4 26,2 1997 33,2 29,7 41,9 13,0 10,7 18,8 Panamá

1999 30,2 25,8 41,5 10,7 8,1 17,2

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En el caso particular de Mesoamérica, la tendencia a la descentralización y la desconcentración del poder estatal, presenta diversos grados de expansión en los diferentes países y espacios rurales; y se lleva a cabo por medio del traslado de competencias a los estados, provincias y departamentos, regiones y gobiernos locales. En muchas naciones la legislación y el traslado de funciones a entidades descentralizadas no siempre significan el traslado de recursos o del poder de decisión a las entidades locales o a los territorios. Pese a los desiguales esfuerzos impulsados por promover la descentralización y la desconcentración, en algunos países la centralización del poder del Estado continua siendo un rasgo significativo de estas sociedades. En aquellos casos en los cuales la movilización social y la organización local logra influir en la orientación de los procesos de desarrollo territorial o en la gestión local de los recursos naturales, los avances en el proceso de descentralización son mucho mayores.

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4.2 Biodiversidad y gobernanza ambiental: un enfoque de participación desde lo local.

Recuadro 1 El concepto de comanejo

Las áreas protegidas constituyen, en toda la región centroamericana, el principal foco e instrumento para la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad. A la vez, los cambios poblacionales, económicos y sociales, están incidiendo en los recursos naturales de forma cada vez más directa, mientras que las instituciones gubernamentales y privadas, en general, no han desarrollado la capacidad para el manejo óptimo de los recursos naturales. En este contexto, el comanejo, como responsabilidad compartida entre los sectores público (el gobierno) y privado (la sociedad civil), es una de las respuestas para promover un esquema participativo, descentralizado y democrático de conservación y desarrollo, orientado, modelo que puede desarrollar características de sinergia y de ganar-ganar, según el cual se complementan capacidades y todas las partes se benefician. El comanejo de áreas protegidas (y de recursos naturales, en general), en sus diferentes modalidades, se refiere al proceso en el cual dos o más actores sociales negocian, definen y formalizan roles y responsabilidades compartidos sobre su administración. Dado que el Estado, como representación de toda la comunidad, es el responsable de la administración de los recursos naturales, el comanejo supone un acuerdo entre éste y organizaciones de la sociedad civil, tales como gobiernos provinciales, municipios u ONG’s, entendidas estas como fundaciones, asociaciones no lucrativas, organizaciones educativas o comunitarias o la empresa privada. Dicho concepto se expresa desde diversos ángulos y entornos: proceso dinámico de concertación, objetivo común, contrato, esfuerzo conjunto, diversos grados de distribución de responsabilidades, autoridad y beneficios, participación, apropiación del proceso, administración colaborativa, alianza estratégica, cogestión operativa, delegación del estado, interés y compromiso de las partes” (Luna, Rafael, 2002).

Son de especial relevancia en el caso de esta subregión los esfuerzos dirigidos a lograr la protección y el uso sostenible de su rica biodiversidad. Las áreas protegidas suman 600 en 2002, agrupando el 22,16% de la superficie total de Mesoamérica (Banco Mundial/CCAD/OdD, 2002). El establecimiento de un Corredor Biológico Mesoamericano (CBM), es una propuesta de ordenamiento del territorio con la cual se busca articular un sistema de áreas protegidas en Mesoamérica (Ver gráfico 1). Sin embargo, según lo indican los expertos, los sistemas nacionales de áreas protegidas son aún débiles y los estados han visto reducirse los recursos humanos y financieros destinados al manejo de estas áreas (Luna, 2002). Esta situación y la movilización de las poblaciones ubicadas en los territorios en los cuales se encuentran las áreas protegidas, han dado lugar al establecimiento de diversas modalidades de comanejo. Esta se traduce en una novedosamodalidad de gobernanza de los recursos naturales, en la que la participación de las instituciones públicas, las ONG’s y las comunidades permiten la gestión compartida de las áreas protegidas. En estos casos, el Estado delega en la sociedad civil la responsabilidad del manejo de los espacios protegidos. Para el desarrollo de las diversas modalidades de comanejo se ha hecho necesario la promulgación o la reforma de la legislación existente, la definición de políticas, el establecimiento de procedimientos claros para el traslado de estas competencias a la sociedad civil y la preparación de los actores sociales locales para asumir gradualmente estas responsabilidades. Como bien se apunta en un estudio del PNUMA sobre los

Son de especial relevancia en el caso de esta subregión los esfuerzos dirigidos a lograr la protección y el uso sostenible de su rica biodiversidad. Las áreas protegidas suman 600 en 2002, agrupando el 22,16% de la superficie total de Mesoamérica (Banco Mundial/CCAD/OdD, 2002). El establecimiento de un Corredor Biológico Mesoamericano (CBM), es una propuesta de ordenamiento del territorio con la cual se busca articular un sistema de áreas protegidas en Mesoamérica (Ver gráfico 1). Sin embargo, según lo indican los expertos, los sistemas nacionales de áreas protegidas son aún débiles y los estados han visto reducirse los recursos humanos y financieros destinados al manejo de estas áreas (Luna, 2002). Esta situación y la movilización de las poblaciones ubicadas en los territorios en los cuales se encuentran las áreas protegidas, han dado lugar al establecimiento de diversas modalidades de comanejo. Esta se traduce en una novedosamodalidad de gobernanza de los recursos naturales, en la que la participación de las instituciones públicas, las ONG’s y las comunidades permiten la gestión compartida de las áreas protegidas. En estos casos, el Estado delega en la sociedad civil la responsabilidad del manejo de los espacios protegidos. Para el desarrollo de las diversas modalidades de comanejo se ha hecho necesario la promulgación o la reforma de la legislación existente, la definición de políticas, el establecimiento de procedimientos claros para el traslado de estas competencias a la sociedad civil y la preparación de los actores sociales locales para asumir gradualmente estas responsabilidades. Como bien se apunta en un estudio del PNUMA sobre los

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desafíos de la educación ambiental en el presente, “La escala local es el punto de partida inevitable en toda experiencia que busque mejorar el manejo de la biodiversidad o revertir procesos de degradación, aunque en realidad para partida atacar las causas de la degradación se necesita la articulación de organizaciones de base territorial local a niveles más amplios, incluso formando asociaciones de organizaciones de base con gobiernos locales” (Abella y Fogel, 2000:24). La Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), en una propuesta de “Consolidación del Corredor Biológico Mesoamericano” (CCAD 2002. Proyecto RLA/97/G31), sintetiza en un gráfico las diversas posibilidades de participación de los actores civiles en el manejo de los recursos naturales, moviéndose éstas desde el menor grado de delegación de responsabilidad y autoridad –los acuerdos de permisos de acceso y uso-; hasta la mayor delegación consistente en el comanejo (cogestión) o la autogestión de las comunidades en el manejo de los esos recursos. Gráfico 1: Posibilidades de participación de los actores civiles en el manejo de los

recursos naturales.

Fuente: CCAD / PNUD /GTZ / PNUMA, 2002:10 Se puede indicar que los diversos ámbitos de participación de la sociedad civil en el manejo de los recursos naturales expresan, asimismo, diferentes niveles de empoderamiento de las organizaciones o comunidades9. En la mayoría de los países

9 En la estrategia y marco de trabajo de la Oficina Regional para América Latina y el caribe del Banco Mundial, además de resaltar la relevancia del empoderamiento de la sociedad civil para impulsar el desarrollo y la superación de la pobreza en la región, se ofrece una definición de este concepto que resulta interesante tomar en cuenta para los fines perseguidos con este análisis: “Definimos el empoderamiento como ‘un proceso que incrementa los activos y la capacidad de los pobres –tanto hombres como mujeres– así como los de otros grupos excluidos, para participar, negociar, cambiar y sostener instituciones responsables ante ellos que influyan en su bienestar’. El empoderamiento implica incrementar el acceso y el control de los recursos y las decisiones por parte de los pobres, cambiando la naturaleza de la relación entre los pobres y los actores tanto estatales como no estatales. Implica cambios en las reglas, las normas y los comportamientos que permitan que la voz de los pobres sea oída y representada en las interacciones con las instituciones del Estado y otras entidades no estatales que afectan su vida; que éstos incrementen su acceso a los recursos y las decisiones así como su control sobre éstos. En su sentido más amplio, el empoderamiento tiene que ver con aumentar la libertad de elección y de acción. Es un proceso que puede entenderse al nivel individual como también

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mesoamericanos surgen diversas experiencias de gobernanza en las cuales las organizaciones comunales adquieren un papel preponderante en los procesos de desarrollo local y en el manejo de los recursos naturales. En un análisis sobre la gestión popular del agua, Barkin encuentra que, “En México, y otras partes de América Latina, esta apareciendo una nueva conciencia entre comunidades rurales –indígenas y campesinas– sobre su aportación potencial al manejo correcto de cuencas y de sistemas hídricos para el uso urbano-industrial como parte de una estrategia alternativa de supervivencia. Con un reconocimiento de la necesidad de asegurar la oferta de agua para grupos marginales y la incapacidad de los organismos oficiales de proteger los ecosistemas donde nacen los ríos y en donde se recargan los acuíferos subterráneos, las nuevas propuestas ‘populares’ de control local de los procesos de ‘producción del agua’ requieren de un apoyo político y un respaldo técnico, con objeto de diseñar las alternativas adecuadas frente a los esquemas simplificadores de la globalización centralizadora” (Barkin, 2003).10

4.3 Movilización social y desarrollo territorial rural sostenible (DTRS) en Mesoamérica

Dos aspectos adquieren centralidad en el análisis de las experiencias de gobernanza ambiental en Mesoamérica. Por una parte, la importancia de las diversas formas de movilización social impulsadas por los actores sociales locales, orientadas a alcanzar mayor control de los recursos naturales existentes en los territorios en los cuales desenvuelven sus acciones. A mayor capacidad de organización, movilización y articulación de los diversos actores sociales locales; mayores serán sus posibilidades de romper con los esquemas clientelares y paternalistas y de asumir la gestión de su propio desarrollo (Durston, 2003; Chiriboga, 2003). Por otra parte, adquiere gran relevancia la superación de los enfoques sectoriales, según los cuales el manejo de los recursos naturales se perciben como procesos desligados de la trama de actividades, relaciones y recursos existentes en los diversos territorios. La perspectiva territorial del desarrollo rural sostenible comprende en el análisis y las estrategias los diversos procesos productivos, económicos, sociales, políticos y culturales que tienen lugar en los espacios rurales específicos; sus vinculaciones de diversa índole con los espacios urbanos; las interrelaciones existentes entre los diversos actores sociales y las redes de relaciones e intercambio que generan tejidos sociales concretos; y las vinculaciones de las comunidades con la biodiversidad local (Sumpsi, JM. y Mora Alfaro, J, 2004). Los territorios sobrepasan, con mucha frecuencia, las fronteras de una determinada nación; pues, como se apunta en el marco del proyecto en el cual se lleva a cabo este estudio, “Las relaciones entre gobierno local, requerimientos de gobernanza local, desarrollo territorial rural y dinámicas de movilización social no son unívocas ni sujetas a causalidades únicas o lineales. Los recursos naturales tienen su propia territorialidad: cuencas hidrográficas que cruzan límites político-administrativos de varias municipalidades o provincias, diferentes territorios y espacios étnicos y divisiones rural-urbanas; bosques tropicales costeros que aplicarse a los grupos sociales. Los grupos excluidos pueden ser minoritarios o, en el caso de altos niveles de concentración o colapso del Estado, pueden asimismo incluir a la mayoría de los ciudadanos de clase media. El empoderamiento requiere medidas en los órdenes doméstico, comunitario, nacional y mundial” (Banco Mundial, 2002:11). www.bancomundial.org/sociedadcivil 10 En el informe final de un proyecto apoyado por el Fondo Minka’ Chorlaví, Robles y Paré examinan un caso de gestión alternativa en un proceso de desarrollo territorial rural impulsado en la comunidad náhuatl de Tatahuicapan ubicada en el sur del Estado de Veracruz (México). La revisión de las lecciones aprendidas con el proyecto resultan de mucha relevancia para la comprensión sobre la complejidad de estos procesos (Robles, C. y Paré, L., 2004).

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tienen igual característica; etc. Los diferentes actores territoriales tienen en muchos casos visiones y estrategias diversas en cuanto al acceso y manejo del territorio, que llevan a conflictos más o menos abiertos. Los movimientos sociales que inciden sobre la gobernanza ambiental no siempre tienen un enfoque territorial específico y menos aún se plantean propuestas de desarrollo territorial. En muchos casos tienen que ver con temas de ámbito nacional y aun internacional, que repercuten en forma indirecta sobre territorios concretos” (RIMISP, 2003:6). Las orientaciones aún predominantes en la acción estatal relacionada con el medio rural mesoamericano tienden a mantener los enfoques sectoriales y una buena parte de las organizaciones y movilizaciones se mueven en esta misma dirección. Sin embargo, están surgiendo algunas significativas experiencias impulsadas por proyectos de cooperación internacional11, ONG’s y algunas instituciones públicas nacionales. Asimismo, las posibilidades reales de asumir el manejo de los recursos naturales, o de llevar a cabo formas compartidas de manejo de los recursos, conducen a las organizaciones rurales y ofrece a las movilizaciones sociales una orientación cada vez más frecuente. El marco internacional y las experiencias obtenidas por los actores sociales en los procesos de desarrollo territorial rural ejecutados en otros espacios de la región, o en otras realidades extraregionales, favorece la creciente disposición a impulsar la definición de políticas y estrategias de desarrollo territorial rural sostenible(DTRS), por parte de las organizaciones y los movimientos sociales y las ONG’s mesoamericanos. Entre los obstáculos más significativos a vencer para extender el enfoque y las prácticas del DTRS, se encuentran los cambios en el tipo de relaciones tradicionalmente establecidos 11 Ver: Miranda, B, 2003; Cherret, I. , 1999; PDR, 2004; SAGARPA, 2003.

Recuadro 2 Congreso Mundial de Parques

Recomendación 16: Buena gobernanza de las áreas protegidas “(...) los PARTICIPANTES en el ciclo de talleres sobre la ‘Gobernanza de las áreas protegidas: nuevas modalidades de colaboración’ del V Congreso Mundial de Parques, celebrado en Durban (Sudáfrica) del 8 al 17 de septiembre de 2003: RECOMIENDAN que los gobiernos y la sociedad civil: 1. DESTAQUEN la importancia de la gobernanza como concepto fundamental para las áreas protegidas y PROMUEVAN la ‘buena gobernanza’ como factor fundamental para la gestión eficaz de todas las áreas protegidas en el siglo XXI; 2. RECONOZCAN que la gobernanza de las áreas protegidas debe reflejar y abordar los factores sociales, ecológicos, culturales, históricos y económicos pertinentes, y que la ‘buena gobernanza’ en cualquier área debe definirse teniendo en cuenta las circunstancias, las tradiciones y los sistemas de conocimientos locales; 3. ADOPTEN los principios generales de ‘legitimidad y expresión’, ‘responsabilización’ (Sic), ‘buen desempeño’, ‘equidad’ y ‘dirección’ como fundamento de la ‘buena gobernanza’ de las áreas protegidas en el siglo XXI y los utilicen como base para desarrollar sus propios principios a fin de mejorar la gestión de las áreas protegidas; 4. INSTEN a todos los participantes en el establecimiento y la gestión de áreas protegidas a que procuren aplicar los principios de ‘buena gobernanza' antes mencionados, prestando también atención a lo siguiente: a. el reconocimiento de los diversos sistemas de conocimientos; b. la apertura, la transparencia y la responsabilización en la toma de decisiones; c. el ejercicio de un tipo de liderazgo incluyente; d. la movilización del apoyo de diversos interesados, con especial hincapié en los asociados y las comunidades locales e indígenas; e. la distribución de la autoridad y los recursos y la delegación y descentralización de dicha autoridad cuando proceda; 5. RECONOZCAN que la ‘buena gobernanza‘ contribuye al logro de los objetivos de las áreas protegidas y a la aceptación social y la sostenibilidad de la conservación a largo plazo; 6. FOMENTEN y MEJOREN la capacidad de los encargados de la gestión de las áreas protegidas para aplicar los principios de buena gobernanza antes mencionados al aplicar el enfoque por ecosistemas promovido por el Convenio sobre la Diversidad Biológica y al abordar el cambio mundial; y 7. EXHORTEN a la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica a que aborden la cuestión de la buena gobernanza en el programa de trabajo para las áreas protegidas, en particular con respecto a las necesidades en materia de fortalecimiento de la capacidad y al intercambio de experiencias y de lecciones aprendidas”.

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por las comunidades y los actores sociales rurales con el sistema estatal. La persistencia de diversas formas de exclusión, por razones de género, étnicas o de generación, y de las relaciones de clientela o asistenciales, constituyen elementos adversos al fortalecimiento del capital social, para el desarrollo del manejo de los recursos naturales por parte de los actores sociales locales y para impulsar estrategias de DTRS. En su trabajo sobre la experiencia de Tatahuicapan, Robles y Paré apuntan una lección aprendida que ilustra con mucha claridad lo que ocurre en múltiples comunidades rurales de Mesoamérica, “Impulsar a las mujeres como nuevas actoras sociales. Las mujeres son actoras sociales emergentes que muestran una mayor disciplina; capacidad organizativa; unidad en sus grupos y transparencia. La cultura político clientelar no está muy enraizada en sus prácticas comunitarias. Una hipótesis es que ellas no han mantenido interlocución con el gobierno, y aunque reproducen esa cultura política en sus casas, las actitudes de subordinación son llevadas a sus espacios de participación, lo que conduce a la ausencia de liderazgos fuertes. Esto hace a sus grupos de trabajo y organizaciones, más horizontales y participativos pero no les proporciona una representatividad fuerte en los espacios de participación. Esto limita su incidencia y la de su organización. El trabajo de género requerido en las comunidades del sur de Veracruz debe realizarse principalmente con los hombres. Para lograr un desarrollo realmente sustentable, la sensibilidad de las mujeres debe ser escuchada” (Roble, C. y Paré, L., 2004;37). Las tres experiencias mesoamericanas de gobernanza ambiental incluidas en este estudio, muestran la diversidad de situaciones surgidas en el medio rural de esta región de América Latina y el Caribe. Esto es resultado de los cambios en la orientación de las políticas públicas, en el funcionamiento del sistema institucional y en las características de la organización y la movilización de las comunidades y los actores sociales rurales; y de su creciente conciencia sobre sus potencialidades para asumir el manejo de los recursos naturales existentes en sus territorios.

5. Tres casos paradigmáticos de relación entre movilización social, gobernanza ambiental y desarrollo territorial rural en Mesoamérica.

La selección de los tres casos de gobernanza ambiental12 escogidos para la elaboración de este documento, se efectuó tomando en consideración sus posibilidades de dar cuenta de las diversas experiencias de movilización social y de manejo de los recursos naturales

12 El concepto de gobernanza ambiental, definido por RIMISP y utilizado en este informe, es el siguiente: “Las maneras políticas, sociales y administrativas de gobernar el acceso y uso de los recursos naturales. La gobernanza ambiental puede ser ejercida mediante organizaciones e instituciones estatales (por ejemplo, ministerios, gobiernos municipales, legislación forestal o pesquera, ordenanzas municipales de uso del suelo, etc.) y/o por organizaciones o instituciones de la sociedad civil (por ejemplo, Asambleas Comunitarias, Juntas de Regentes, sistemas tradicionales de reglas y criterios para el acceso y uso de los recursos forestales o de pastos comunitarios, etc.), en ambos casos con mayor o menor incidencia de reglas de mercado” (RIMISP, 2003). Una conceptualización más amplia sobre gobernanza es la siguiente: “(...) con el concepto de gobernanza (governance), se pretende definir un nuevo estilo de gobierno que se caracteriza por ser diferente a los estilos tradicionales, caracterizados por el control jerárquico, y por basarse en la interacción y la cooperación entre los poderes públicos y los actores no estatales en el interior de redes decisionales mixtas entre lo público y lo privado (Mayntz, 2000). El término gobernanza, más allá de las dificultades sobre su traducción al español, podemos definirlo como el sistema de reglas, procesos y prácticas que determinan cómo los poderes son ejercidos. Por ello, desde un punto de vista general, podemos ver la gobernanza como una institución. Así, la gobernanza entendida como institución es el conjunto de valores, principios y normas –formales e informales- que pautan el desarrollo de una determinada política pública, es decir, que definen los actores, los procedimientos y los medios legítimos de la acción colectiva. La gobernanza es un tipo de institucionalidad que se caracteriza por situarse en el ámbito de las decisiones públicas y además está abierta a todos los actores, públicos y privados. (...) obsérvese que gobernanza no significa gobernabilidad sino las instituciones de gobierno o de gobernación ya que, siguiendo a Prats ‘la gobernabilidad se refiere a la capacidad de una determinada sociedad para enfrentar positivamente los retos y oportunidades que se le plantean en un momento determinado’. (...) el tejido institucional que configura la gobernanza ha de tener sus efectos en la gobernabilidad, es decir, la capacidad de las instituciones democráticas para asumir y procesar democráticamente el conflicto(Proyecto Local-2001). http://www.proyectolocal.org

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por parte de las comunidades rurales mesoamericanas; así como de las diferentes modalidades de relación con el Estado o con instituciones no gubernamentales instauradas en los espacios particulares en que se desenvuelven éstas. Se entiende que esta es una primera aproximación a estos casos de gobernanza ambiental, llevada a cabo por medio de entrevistas, consultas por medios electrónicos y la revisión de diversos documentos preparados por las propias organizaciones comunales o las ONG’s y las instituciones públicas que les brindan apoyo o que facilitan o acompañan sus procesos de desarrollo.

5.1 El manejo comunitario del bosque y los recursos hídricos por parte de Ulew Ché já (Guatemala)13

Los pueblos indígenas mesoamericanos poseen una experiencia secular de protección y uso sostenible de los recursos naturales. El aprovechamiento de los recursos forestales e hídricos, se lleva acabo en combinación con sus actividades agrícolas y ganaderas, manteniéndose una relación armónica entre los habitantes de estos espacios rurales y la rica biodiversidad existente en estos territorios. La población de las áreas montañosas rurales de Mesoamérica, sobre todo las ubicadas en la Sierra Madre de México y Centroamérica, enfrentan agudos problemas de empleo y bajos ingresos. Es frecuente la emigración estacional de algunos miembros de las familias, con la finalidad de generar ingresos complementarios a los generados con sus actividades agrícolas, ganaderas o artesanales. Según lo indica la FAO, en estos espacios rurales se presenta una alta incidencia de vulnerabilidad. La deforestación y de la degradación de los recursos hídricos son habituales en estos lugares; siendo consecuencia estos fenómenos, en muchas ocasiones, de la movilidad espacial de la población en búsqueda de mejores condiciones para el desarrollo de sus actividades productivas y para la generación de los ingresos requeridos para su subsistencia (FAO, 2002). La creciente conciencia de las comunidades indígenas sobre sus potencialidades para asumir la gestión de los recursos naturales y de la importancia de preservar sus modalidades tradicionales de manejo sostenible de estos recursos, propicia su movilización y organización y el establecimiento de los arreglos institucionales que les permitan cumplir con ese cometido. En un proceso particular de esta naturaleza se origina la experiencia de creación de la asociación Ulew Ché já, cuyo nombre significa Tierra, árbol y agua. La ubicación de Ulew Ché já El departamento de Totonicapán está situado en el Altiplano Occidental de Guatemala, en las estribaciones montañosas de la Sierra Madre, llamada Sierra María Tecún. Tiene 1,061 Km2 de extensión y 204,419 habitantes, de los cuales el 94.5 % es indígena maya-quiché. El analfabetismo es del 43.3 %, correspondiendo un 52% a las mujeres y un 34.9% a los hombres. Totonicapán es uno de los departamentos más densamente poblados de Guatemala, con 333 habitantes por kilómetro cuadrado; casi el 90 % de la población es rural. En la Sierra María Tecún, a partir de los 3,000 metros de altitud, se encuentra el bosque comunitario de Totonicapán, tiene una extensión de 21,172.5 hectáreas, siendo el reducto más importante de este tipo de bosque, en todo el país.

13 La descripción de este caso se fundamenta en las respuestas a un cuestionario efectuada por la organización, en sus propios escritos sobre el desarrollo de la asociación y en otras fuentes secundarias en las que se obtuvo buena parte de la información.

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La vegetación natural de estas montañas es variada. En la parte baja pueden apreciarse especies latifoliadas mixtas, con dominio de robles y encinos, principalmente del género Quercus sp., cuyas hojas coriáceas duras les permiten soportar períodos de sequía prolongados. Además se encuentran otras especies de árboles como Madroños, Aligustres, Alisos y Sauces. También existen epifitas, musgos, helechos y gramíneas. En la parte más alta de la montaña el dominio es de especies coníferas resistentes a las bajas temperaturas, siendo las más importantes el Pino Blanco y el Pinabete. En el bosque comunitario pueden hallarse especimenes gigantescos de pino que han logrado sobrevivir. El pinabete es otra de las especies importantes en este bosque, es una especie endémica y está en el apéndice de la convención CITES como especie protegida. Las imágenes de satélite demuestran que el único reducto de bosque templado que aún se conserva en el área es el bosque comunal de Totonicapán. Estudios realizados en los años 70 demuestran que el bosque se mantuvo estable, mientras que los alrededores sufrían tasas de deforestación altísimas. La razón de esta estabilidad era el control que las organizaciones comunales mantenían sobre la tala14. Descripción de la Asociación Ulew Ché já Ulew Ché já es una entidad de desarrollo integral, no lucrativa, fundada en 1996. Surge como instancia representativa de las comunidades rurales del Municipio de Totonicapán, para tratar de unir los esfuerzos en la búsqueda de la conservación de los recursos naturales, especialmente los bosques y el agua, entendidos como un patrimonio de las comunidades. La población maya quiché aglutinada en esta asociación, se ha organizado para la protección del bosque comunal y para mantener los más de 1,100 fuentes o nacimientos de agua que se originan en sus laderas, las cuales surten a decenas de comunidades, aldeas, pueblos y áreas urbanas que se localizan alrededor del bosque, beneficiando a mas de 100.000 personas. Los principales objetivos definidos por Ulew Ché já son los siguientes: Promover la protección de los recursos naturales y el ambiente, primordialmente el

bosque, el agua y la tierra; Promover la organización de la población para la solución de sus problemas y

necesidades derivadas de la utilización y mantenimiento de los recursos naturales; Propiciar la educación y concientización para la conservación de los bosques, fuentes

de agua, flora, fauna, altares ceremoniales y demás bienes comunales. Promover y facilitar la participación de la mujer en los procesos organizativos

institucionales;

14 “El parque regional es muy rico en nacimientos de agua. Esta ha sido una de las principales razones para que las comunidades que se sitúan alrededor del bosque hayan luchado por su conservación y hayan pedido que se declarara área protegida. La cultura del agua ha llevado a los pobladores a organizarse en una asociación, llamada Ulew Che' Ja' -que significa tierra, bosque y agua en quiché-, que controla el bosque comunal y ha llegado a imponer penas basadas en el derecho consuetudinario a aquellos que realizan actividades ilegales dentro del mismo” (Parks Watch, 2004) http://www.parkswatch.org

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Implementar el tema de pago por servicios ambientales en las comunidades para desarrollar un mecanismo que tenga un beneficio local, nacional e internacional.

Los asociados de Ulew Ché já trabajan bajo una visión según la cual la organización incluye a todo el grupo familiar como beneficiario de sus acciones, pero también las responsabilidades adquiridas con ello, son enfrentadas de la misma forma. Por este motivo, los grupos de mujeres están trabajando en diversos temas y los jóvenes también están apoyando al socio, cabeza de familia, para que pueda cumplir con el apoyo que deben darle a la organización. En esta medida se incorpora a ambos grupos en los quehaceres de la organización. Sin embargo hay que resaltar que se están haciendo esfuerzos por incorporar a los grupos de mujeres en actividades que puedan ser complementarias al trabajo primordial de los socios de Ulew Ché já.

Ulew Ché já se integra con 62 comités comunales de agua y cada comité está formado, en promedio, por 300 personas. El número (de un mínimo de 200 hasta un máximo de 500 miembros por comité); de tal manera que toda la estructura institucional involucra aproximadamente a 20,000 personas15. La gobernanza ambiental en Totonicapán En un estudio efectuado por investigadores de FLACSO – Guatemala se ofrece una excelente descripción sobre las normas en las cuales se fundamenta la gobernanza ambiental entre los pueblos indígenas de Totonicapán y de la manera en que se presenta la continuidad entre su secular convivencia con el bosque y los procesos vividos en la actualidad. Para los fines perseguidos con este estudio resulta relevante la transcripción de lo puntualizado por estos investigadores:

15 “An important part of ULEW CHE’ JA’s work is to co-ordinate community participation in a wide range of projects related to the sustainable use and care of the forest, including reforestation, environmental education, inventory of resources, and preventing the advance of the agricultural frontier. Equally important has been the work of the ULEW CHE’ JA’ Association in promoting of harmony and co-operation among the different communities in Totonicapán. Rufino Zapata Garcia, one of the founders of the ULEW CHE’ JA’ Association Concludes: ‘It is important to know whom the forest and land belongs to. The difference can be found if this land belongs to the state - it is easier to see the dryness of the land and deforestation. So if the land is ours, we have very strong regulations compared to the state. This is what helps us achieve the balance with the forests of Totonicapán. As an indigenous town, we have our own rules to work the land, which limit our use of the forest. We are trying to find a balance with the forest´. Here is a place where decision-making power over resource use choices rests locally. That local power is drawn from, and re-circulated back to, the communities who depend directly on those resources” (Ambus, L. et al, 2002)

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Recuadro 3

“Los pobladores de Totonicapán han utilizado el bosque con sabiduría y con muchos sacrificios y austeridad para mantener vigentes sus beneficios para las sucesivas generaciones. (...) los factores determinantes en el proceso han sido la autodeterminación, el buen funcionamiento y coordinación de las diversas instancias del poder local, la vigencia del derecho consuetudinario y una amplia participación social. Todo ello con base en una cosmovisión propiciadora del respeto a la naturaleza; conocimientos profundos y acumulativos acerca de la utilización y regeneración de los recursos, y un reconocimiento del valor del bosque como sistema sustentador de vida. Entre las prácticas de manejo conscientemente practicadas en los bosques de Totonicapán se pueden citar: Extracción selectiva y planificada de árboles maduros realizada por los guardabosques, quienes acompañaban al

extractor autorizado hasta el árbol designado y le daban indicaciones acerca del corte; dándose la conservación de árboles padres o la reposición de un número determinado de plantones por cada extracción. No es permitido cortar árboles tiernos ni realizar pastoreo en sus alrededores.

Cuidados para la regeneración natural y para el autodesarrollo del bosque (podemos observar en un reglamento de la

municipalidad de San Marcos de 1892, como se distinguían las prácticas de acuerdo si se trataba de árboles regenerables por ramas o por semillas.

Todo bien de la naturaleza debe ser restituido; los cerros tienen su custodio que ve las conductas inadecuadas, por eso

hay que orar antes de extraer, luego hay que reponer y agradecer y hay que pedir perdón cuando se ha dañado el monte; existen altares especializados como el de Pu uuvui Tzi donde los antepasados dejaron su perro guardián...

Cuidados especiales referidos a la interrelación entre los diferentes recursos. Así, el ciclo del agua es bien conocido por

la población y exige cuidados especiales alrededor de los manantiales. Consignas específicas en cuanto al tratamiento de determinados recursos, sea por motivos culturales (protección de las

zonas donde se ubican los altares mayas), ecológicos (fuentes de agua), económicos (no hacer carbón con la madera de ciprés dado que es escaso en el municipio y se puede adquirir fácilmente de otros municipios donde es abundante, de acuerdo al reglamento de San Marcos).

Ordenamiento territorial y zonificación. Los mojones señalan límites, tanto respecto a los beneficios como a las

responsabilidades. Los guardabosques los debían recorrer al asumir el cargo anualmente y organizar su limpieza. Por otro lado existen acuerdos para no ocupar con viviendas o centros comunales los espacios del bosque, sino más bien crear un cerco protector alrededor, con consignas de que esos espacios no se ocupen por extraños. Las tierras agrícolas están delimitadas, el pastoreo se realiza en los claros y la regeneración artificial se planifica de acuerdo con el estado de degradación de diversos rodales.

Reglamentación racional del acceso: sólo permitido a los comuneros un número máximo de dos árboles, en forma

rotativa entre comuneros; la leña medida de acuerdo a las necesidades familiares. Cumplimiento habitual de prácticas silviculturales (podas, raleas), de prevención de contingencias (brechas contra

incendios) o de eficiencia económica (el reglamento de San Marcos dispone que el corte se haga con sierra y no con hacha para evitar desperdicios).Al lado de estas prácticas específicas, muchas otras prácticas sociales están estructuradas con relación a la protección de los bosques, por ejemplo, los ritos religiosos propiciatorios, los relatos de la antigüedad o las prácticas matrimoniales endogámicas (para evitar que personas sin arraigo no cumplan con los derechos de los cerros). (...) Se regulan situaciones cotidianas, se determinan claramente sanciones y estímulos coherentes con el objetivo de la norma, existen autoridades con funciones específicas para administrar y hacer cumplir cada disposición y los procedimientos son simples y adecuados al carácter colectivo del interés protegido. Incluso, normas como el reglamento de San Marcos especifican el tipo de sanciones que corresponde aplicar a la autoridad que incumple o cumple mal su función y los estímulos que recibiría en caso contrario. El sistema funciona con base en una amplia participación social que se estructura en la cohesión social, cultural y territorial y en la identificación con su medio. Algunos aspectos en los que se plasma dicha participación son:

Obligación de mejorar el recurso: procesos de reforestación, colaboración en los viveros, contribución en tareas

silviculturales (el reglamento de San Marcos indica también la obligación de colaborar con la instalación de cercos de árboles de interés especial (en este caso el Ciprés) para complementar los linderos, que se señala con los mojones intercomunales: una práctica de ‘linderos vivos’ que parecía muy moderna y que se practicaba aquí en 1892).

Obligaciones de contribuir a la vigilancia, ya sea desde un cargo específico (el rol de guardabosques es ad honorem,

rotativo, temporal y obligatorio o no excusable para todos los varones mayores de edad) o como comunero (el

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reglamento mencionado dispone una regla que es hoy un paradigma del derecho ambiental, la conservación como derecho y obligación general: todos tienen derecho y obligación de avisar por anomalías en el bosque

Obligaciones generales de aportar las cuotas y contribuciones que puedan señalarse para contribuir a la administración

del bosque Derecho y obligación de participar en las asambleas comunales para lograr arreglos de consenso, dirimir conflictos

graves o planificar las extracciones. Para que todo esto funcione adecuadamente, debe existir un sólido sistema de organización social alrededor del manejo del bosque. El poder local, en cuanto instancia local (no sólo municipal) ha resultado, por años, altamente efectivo en estas tareas. (...) En 1994, las comunidades diseñan nuevos mecanismos de control colectivo que, de momento, culminan con la constitución de la asociación Ulew Ché Já. Sin embargo, los sistemas tradicionales de manejo han quedado muy debilitados. Aunque podría decirse que un sistema como el descrito pertenece ya al pasado y existen muchos problemas de manejo en la actualidad, principalmente respecto a determinadas especies aunque también en lo que concierne al bosque en su conjunto, los reglamentos obtenidos en talleres como el realizado previamente a la campaña del pinabete en 1996, o el elaborado por la asociación Ulew Ché Já en mayo de 1997, responden a los mismos principios y regulaciones descritos, con lo que se evidencia que existe una continuidad y que la renovación es posible” (Tíu López y García Hierro, 2002). A partir de 1970 hubo un aumento de la deforestación, debido a la compleja situación social y política de aquel momento. Esto hizo que la gestión que llevaban a cabo las comunidades se debilitara en gran medida. Esta falta de control en la destrucción del bosque duró hasta principios de los años 90, en los que surge la organización comunal. El denominado entonces “Comité Central de Defensa de los Bienes Comunales del Municipio de Totonicapán” toma la forma legal de Asociación y adopta el nombre de Ulew Ché Já, y de una manera organizada y sistemática promueve la participación de las comunidades en el uso del bosque, provee de mecanismos que tiendan a la armonía social y cosmogónica, ejecuta programas de reforestación y educación ambiental, y trata de evitar el avance de la frontera agrícola. Los habitantes de Totonicapán desarrollaron un sistema de practicas tradicionales de protección y uso del bosque, que es perfectamente compatible con la propiedad comunal. Estas prácticas no solo les han servido como medio de defensa contra las invasiones, sino también para el aprovechamiento de los recursos del bosque con la participación y en beneficio de todas las comunidades.

La información recopilada muestra que el Parque Regional Municipal los Altos de San Miguel Totonicapán fue creado en 1997, mediante una resolución de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP). Según se señala en la página Web de Parks Watch16, formalmente el CONAP, como ente responsable del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, junto con la Municipalidad de Totonicapán, son los responsables del manejo y administración del parque. Por una parte, por tratarse de un bosque de propiedad comunal al municipio se le reconoce el control sobre el área. Pero la municipalidad permite que la Asociación Ulew Ché já continúe con la gran mayoría de las tareas de manejo del área. En cuanto a CONAP, su presencia en la práctica es muy poco frecuente y salvo algunas acciones esporádicas, su apoyo a la administración del parque regional es muy limitada (Parks Watch, 2004).

La organización tiene una asamblea General, que es el órgano de mayor jerarquía y donde se adoptan las decisiones más importantes sobre el rumbo de la organización. Las

16 La sede de Parks Watch está en Duke University y es parte del Centro de Conservación Tropical (CTC).

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mismas son tomadas mediante un proceso abierto de discusión en el cual participan todos los asociados presentes o representados. La Junta Directiva de la organización es el órgano ejecutor de las decisiones de la asamblea y puede tomar las decisiones que le competen en el ámbito puramente administrativo. Este grupo está liderado por un Presidente quien es el representante legal de la misma. La asociación está formada por comités de cada una de las 14 comunidades que rodean al bosque. Anualmente se elige a la junta directiva que se encarga de la administración interna, la búsqueda y ejecución de proyectos, así como de las tareas de vigilancia y denuncia de las actividades ilegales. Es una organización netamente comunitaria y participativa. Cada quince días se realiza una reunión general, donde se informa a los representantes de cada comunidad sobre las nuevas noticias o actividades. Siempre llega una persona representante de cada comunidad, quien escucha y participa en las discusiones. Cada comunidad tiene la oportunidad de exponer sus necesidades o resultados de su trabajo particular. Al final de la reunión se reúne la Junta Directiva para tomar decisiones o discutir temas de interés. Como cada comunidad nombra a sus representantes, estos tienen el compromiso de asistir y participar, asimismo, siempre llevan un cuaderno de asistencia, el cual es sellado por la Junta Directiva como prueba de asistencia. Desde que se ha puesto en vigencia un Reglamento Interno del Uso del Bosque, el cual define los derechos y obligaciones que deben cumplir los asociados, así como su aportación en horas / hombre de trabajo, Ulew Ché já ha logrado desarrollar un mecanismo de responsabilidad entre sus miembros para la aportación voluntaria de trabajo en actividades relacionadas con la reforestación y la vigilancia del uso de los recursos. Este trabajo no es remunerado y lo debe cumplir un grupo diferente de sus miembros cada quince días. Los grandes beneficios que aporta Ulew Ché já a la población de Totonicapán y a otras aldeas circunvecinas, se traducen en el acceso a agua limpia, agua abundante y de buena calidad, así como la protección de los recursos forestales que aporta aire puro a la población. Sin embargo, como los servicios ambientales que provee el bosque comunal, aún no son cuantificados y no reciben ningún pago por ellos, la organización está gestionando la obtención de una concesión que les permita implementar un mecanismo de pago por esos servicios ambientales que están generando del bosque. Las principales actividades impulsadas por la organización en la actualidad son las siguientes: a) Programas autogestionarios sostenibles como la protección del agua y la

reforestación; b) Programa de manejo y protección del bosque; c) Ecoturismo; d) Programa de implementación del mecanismo para el pago por servicios ambientales. El principal trabajo de Ulew Ché já se vincula con las actividades relacionadas con la protección del bosque comunal y los recursos hídricos contenidos en los mismos. Los asociados trabajan en un vivero comunitario propio de la organización y a través de él reforestan diversas áreas del bosque.

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La vinculación institucional Los vínculos institucionales que mantiene Ulew Ché já son de mucha importancia para alcanzar sus objetivos. La asociación se relaciona, de manera permanente, con la Junta Directiva de los alcaldes comunales, la Junta Directiva de Alguaciles, la Municipalidad, la Gobernación Departamental quien representa al Organismo Ejecutivo en el Departamento, con la Policía Nacional Civil y con el Ministerio Público, por el aspecto de denuncias y el proceso de control y vigilancia del bosque. Con los alcaldes comunales es más estrecha su relación por la proximidad y ubicación cercana al grupo. Adicionalmente, a escala regional la organización pertenece a la Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Forestería Comunitaria –ACICAFOC- y a la Red Centroamericana de Acción del Agua –FANCA-. A través de esta última mantiene una relación de trabajo en el tema de los recursos hídricos con el punto focal de FANCA en Guatemala, el Centro de Acción Ambiental y Social –CALAS-; así como con el Plan de Acción Forestal Maya. En el ámbito nacional la organización tiene relación con muy diversos actores sociales que persiguen objetivos comunes a los de Ulew Ché já. 5.2 El manejo del humedal Cerrón Grande (El Salvador)17

Los humedales mesoamericanos ocupan una posición central en los procesos de desarrollo sostenible impulsados en estos países. La comprensión de la importancia económica, social y ambiental de estos espacios ha llevado a la adopción de iniciativas orientadas a su protección y a detener el deterioro extendido hasta ellos, como parte de la degradación de los recursos naturales experimentados en las naciones mesoamericanas. En la actualidad, el Corredor Biológico Mesoamericano incluye por lo menos 31 humedales de Importancia Internacional o sitios Ramsar (OdD / CCDA, 2002).18 “Los humedales figuran entre los ecosistemas más productivos de la tierra, y son fuentes de diversidad biológica, pues aportan el agua y la productividad primaria de la que innumerables especies vegetales y animales dependen para su supervivencia. Además, los humedales sustentan elevadas concentraciones de aves, mamíferos, reptiles, anfibios, peces y especies invertebradas. De las 20 mil especies de peces que hay en el mundo, más del 40 por ciento vive en aguas dulces. Los humedales son asimismo importantes lugares de almacenamiento de material genético vegetal. El arroz, por ejemplo, una planta común de los humedales, es el alimento básico de más de la mitad de la humanidad”. (PNUD / FUNDALEMPA, 2004).

17 La descripción de este caso se fundamenta en la información suministrad por la Fundación Lempa (FUNDALEMPA)), en sus propios escritos sobre el desarrollo de las iniciativas de manejo ambiental en la cuenca del río Lempa y en otras fuentes secundarias en las que se obtuvo buena parte de la información. 18 En la memoria de la UICN se señala que, “Pese a que se reconocía la existencia de humedales de importancia internacional en la región, ninguno de los países había firmado la Convención cuando se creó el Programa de Humedales de UICN Mesoamérica. Hoy, todos los países de la región se han adherido a la Convención y hay más de 85 sitios incluidos en la lista de Ramsar, entre parques nacionales, reservas biológicas y forestales, refugios de vida silvestre y un santuario natural. La Sétima Conferencia de la Convención de Ramsar terminó de despertar el entusiasmo de Mesoamérica por el tema de los humedales y dio un mayor impulso a lo que sería el diseño de la primera política regional de humedales en el mundo: la Política Centroamericana para la Conservación y Uso Racional de los Humedales, oficializada en el 2002 (UICN, 2004:80). Más adelante indica que, “Indiscutiblemente, la Política Regional de Humedales constituye la brújula para el trabajo de este tema en Centroamérica en las siguientes décadas. Su meta fundamental es que los humedales se conserven y utilicen racionalmente, de forma coordinada y consensuada entre los países del istmo, con beneficios económicos, sociales y ambientales para su población”. (UICN, 2004:108).

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A pesar de los avances logrados en Mesoamérica en cuanto a la definición de políticas y en la atención que parecen tener los humedales en las agendas institucionales, estos sitios enfrentan la misma situación de las otras áreas protegidas de estos países. La orientación de las políticas económicas, la reducción de las funciones desempeñadas por el Estado y la disminución de los presupuestos públicos destinados a promover los procesos de desarrollo sostenible y a la superación de la pobreza, limitan las posibilidades de ejecutar iniciativas más efectivas de desarrollo territorial rural sostenibles. En gran medida las posibilidades de ejecutar acciones institucionales en este campo, dados los escasos recursos estatales destinados a estas iniciativas, dependen de los recursos aportados por la cooperación internacional. En estas condiciones, la participación de la sociedad civil resulta de gran importancia para promover procesos de protección y uso sostenible de los recursos naturales y para influir en la adopción de decisiones, por parte de los estados nacionales y en el ámbito regional, destinadas a impulsar el desarrollo sostenible de los territorios en los cuales se encuentran estas importantes fuentes de recursos hídricos. La experiencia del humedal Cerrón Grande, en El Salvador, resulta de mucha relevancia por el extenso espacio que cubre, por la numerosa población asentada en la Cuenca del Río Lempa, por la fuerte degradación ambiental sufrido a lo largo de varios años, por los intensos procesos políticos y sociales vividos en estos espacios y por la intención de llevar a cabo una acción institucional en la cual las organizaciones de la sociedad civil desempeñen un papel protagónico en las diferentes iniciativas que se llevan a cabo, lo cual podría dar lugar a una modalidad participativa de gobernanza ambiental. La ubicación del Humedal Cerrón Grande En uno de los estudios realizados por FUNDALEMPA se describe en detalle la ubicación de la cuenca del río Lempa; se indica que esta es una región hidrográfica localizada en tres países mesoamericanos: Guatemala, El Salvador y Honduras. Es la cuenca de mayor extensión en la vertiente del Océano Pacífico, desde el Istmo de Tehuantepec en México, hasta el Cabo de Hornos en Argentina; con una superficie total de 18,240 kms2 En el territorio salvadoreño la importancia de la cuenca del Río Lempa radica en que por ella fluye el 68% de los recursos hídricos del país. Para facilitar su estudio y análisis se la subdivide en tres partes: cuenca alta, cuenca media y cuenca baja. La cuenca alta tiene una superficie de 7,350 kms2 y se ubica en los siguientes departamentos: en El Salvador: San Salvador, La Libertad, Santa Ana y Chalatenango; en Guatemala: Jutiapa y Chiquimula; y, en Honduras: Ocotepeque. Las principales ciudades comprendidas en la cuenca alta son las siguientes: en El Salvador: San Salvador, Santa Ana, Santa Tecla, Metapán, Nueva Concepción, La Palma, Candelaria de la Frontera, Citalá, y San Ignacio; en Guatemala: Jutiapa, Esquipulas, Progreso, Agua Blanca, y Limón, y, en Honduras: Nueva Ocotepeque. La cuenca media tiene una superficie de 9,268 kms2, ubicándose geográficamente entre los ubicándose en los siguientes departamentos: en El Salvador: Chalatenango, Cabañas, Cuscatlán, San Miguel y Morazán; en Honduras: Lempira, La Paz, Intipucá y Ocotepeque. Las principales ciudades comprendidas en la cuenca media son las siguientes: en El Salvador: Chalatenango, Suchitoto, Sensuntepeque, Cojutepeque y Sesori; en Honduras: Valladolid. La cuenca baja tiene una superficie de 1622 kms2, localizándose en dos departamentos de El Salvador: San Vicente y Usulután. La principal ciudad incluida en esta región es San Vicente (FUNDALEMPA, 2004).

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En cuanto al recorrido del río Lempa y su longitud, el estudio lo describe de la siguiente manera: “El río Lempa tiene una longitud total de 389 Km. y atraviesa El Salvador con una longitud de 295 Km. Nace en Olopa, Guatemala con el nombre de río Olopa, en la Sierra de Ocotepeque, que se eleva a más de 2,000 metros. Después de su nacimiento sigue un curso generalmente norte-sur para llegar cerca de Citalá en la frontera salvadoreña. Ahí el cauce del río es de casi 50 m de ancho y se encuentra a 660 m sobre el nivel del mar. Desde allá fluye entre la sierra occidental de Montecristo y la serranía oriental de los Esesmiles, más o menos 30 Km. en dirección sur-suroeste. Después de la salida de estas altas montañas fronterizas en el norte de El Salvador, el río corre con un curso sinuoso en un gran gancho, primero 5 Km. hacia el noroeste, después 10 Km. hacia el suroeste; 5 Km. hacia el sureste, y después 15 Km. hacia el sur, rodeando con una vuelta hacia el oeste la región del Volcán Capullo y doblando nuevamente en forma cortante al este. Con riberas casi siempre escarpadas, el propio lecho está cortado en esta parte dentro del gran valle del Lempa, que se extiende de oeste a este y forma una unidad de paisaje especial. El río conserva la orientación general de oeste a este sobre 100 Km. hasta el gran recodo en la frontera con Honduras. Con varios recodos y ganchos recorre el tercio occidental de este trecho y fluye entonces, primero entre la sierra de Chalatenango en el norte, y el Volcán Guazapa en el sur, y después entre la sierra de Chalatenango y la sierra de Cabañas. Su valle tiene en este trecho una extensión de más o menos 1 Km., pero cambia considerablemente su anchura. Por las paredes rocosas escarpadas y muchos valles laterales pareció oportuno en esa parte, estancar el río, para construir cerca de la Chorrera del Guayabo, la Presa ‘5 de noviembre’. Sobre la última parte del curso oeste-este, de 25 Km de largo, el Lempa forma la frontera entre El Salvador y Honduras. Después dobla con un recodo cortante y corre al sur hacia el Océano Pacifico” (FUNDALEMPA, 2004). La región norte de El Salvador tiene una extensión aproximada de 6.000 Km2.; comprende territorios de 71 municipios pertenecientes a 8 departamentos; su población se estima en 700 mil personas. En esta región se localiza el humedal Cerrón Grande, cuya superficie alcanza los 135 Km2.

País Superficie % del total Cuenca Superficie % del total El Salvador 10,255 kms2 56.2 Alta 7,350 kms2 Honduras 5,438 kms2 Media 9,268 kms2 Guatemala 2,547 kms2 Baja 1622 kms2 Total 18,240 kms2 100.0 Total 18,240 kms2 100.0 El sinuoso camino de la gobernanza ambiental en el humedal Cerrón Negro La región norte de El salvador presenta un acelerado proceso de degradación ambiental y un acusado proceso de exclusión social. En los municipios en los cuales se ubica el humedal Cerrón Negro, se presentan significativas privaciones sociales. La información sobre algunos indicadores de desarrollo humano, recopilada por FUNDALEMPA, muestra con claridad el acusado proceso de exclusión social vivido por los habitantes de estos territorios. Los altos porcentajes de analfabetismo, el bajo acceso a agua potable en el domicilio, los altos porcentajes de aguas contaminantes y los altos porcentajes de niños con insuficiencia ponderal; configuran un panorama de agudo deterioro del desarrollo humano en estas localidades. El tipo de actividades productivas a las que se dedica la población, expresa con claridad las dificultades enfrentadas para generar los ingresos necesarios para la subsistencia de las familias de estos municipios. Según se indica en uno de los estudios efectuados por FUNDALEMPA, “La pesca artesanal en el humedal Cerrón Grande se considera el rubro económico más importante (aún mayor que la agricultura de subsistencia). Empleando en la mayoría de casos

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Cuadro resumen de las condiciones socioeconómicas de 9 municipios del humedal

del Cerrón Grande Municipio Educación Agua potable Saneamiento Nutrición Uso actual del

suelo PEA Producción predominant

e Jutiapa Analfabetismo

59.92% 13.92% con acceso domiciliar

91.46% aguas residuales contaminantes

50% de niños menores de 5 años por debajo de la talla y peso

Maíz, maicillo, ganado y en menor cantidad fríjol, ajonjolí y arroz

35.66% Productos lácteos, pesca, maíz, maicillo, fríjol y ajonjolí

Potonico Analfabetismo 79.47%

64% con acceso domiciliar



Maíz, maicillo y ajonjolí; fríjol, y arroz en menor medida

31.29% Granos básicos y productos lácteos

Suchitoto Analfabetismo 65.38%

36.29% con acceso domiciliar



Maíz, fríjol, caña de azúcar, arroz, ganado, ajonjolí, pipián, maicillo y aves

31.84% Azúcar de pilón y productos lácteos

Santa Rita Analfabetismo 24.42%




Maíz, fríjol, maicillo y ganado y en menor cuantía arroz, piña, naranjas, aves y cerdos

26.89% Granos básicos, crianza de ganado vacuno y porcino

Azacualpa Analfabetismo 85.51%




Maíz, fríjol, maicillo y arroz

27.14% Granos básicos, productos lácteos y almidón de yuca

Tejutla Analfabetismo 26.77%




Maíz, fríjol ,maicillo y ganado y pepino, arroz, ajonjolí, caña de azúcar, aves y cerdos

27.17% Industria alfarera, productos de palma y productos lácteos

El Paraíso Analfabetismo 72.30%




Maíz, fríjol, maicillo caña de azúcar y en menor medida arroz

39.65% Granos básicos, productos lácteos y fabricación de azúcar de pilón

San Rafael Analfabetismo 25.71%




Maíz, maicillo, caña de azúcar y ganado, fríjol, arroz, frutas, aves y cerdos

28.28% Productos lácteos, alfarería y fabricación de dulce de panela

Cinquera Analfabetismo 67%




Maíz,fríjol,maicillo ------- Granos básicos

Fuente: FUNDALEMPA, 2004

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embarcaciones modestas (cayucos de madera o fibra de vidrio de 3 a 4 m de largo) aunque existen lanchas de fibra de vidrio de 7 m de largo impulsados por motores fuera de borda (de 10 a 15 h.p.) Los aperos empleados consisten en diferentes tipos de trasmallos, atarrayas, anzuelos y arpón. Para el Cerrón Grande se registran 12 especies de peces de los cuales las faenas pesqueras se concentran mayormente sobre los grupos de tilapias, guapotes, mojarras, bagres, plateadas y en menor medida carpas. El humedal posee características de atractivo turístico, pero únicamente un sector del lago presenta una incipiente actividad comercial, por existencia de establecimientos de comercio de bienes y servicios, la ciudad de Suchitoto presenta variadas alternativas para estos fines El humedal Cerrón Grande posee una mezcla de atractivos naturales, escénicos, culturales que pueden potenciar este rubro, modificando el turismo convencional hacia un turismo ambientalmente planificado” (FUNDALEMPA, 2004). En cuanto al deterioro ambiental, FUNDALEMPA apunta que debido a que la región ha permanecido excluida de las prioridades y grandes decisiones nacionales, sus principales recursos naturales se han deteriorado poniendo en grave riesgo la disponibilidad de agua, la productividad del suelo, la biodiversidad y las fuentes de energía renovable. Entre los principales fenómenos que han incidido en la significativa degradación ambiental de la región norte se citan los siguientes: El cultivo del añil durante la época colonial, los cultivos de subsistencia en laderas, sin

obras de protección, la ganadería extensiva y la parcelación de haciendas como resultado de la reforma agraria.

La construcción de las centrales hidroeléctricas 5 de noviembre y Cerrón Grande.

La guerra entre los ejércitos de El Salvador y Honduras y doce años de conflicto

armado interno. La expansión desordenada del área metropolitana de San Salvador.

La deforestación masiva que hace que la erosión en esta zona se presenta más

agravada, generando grandes volúmenes de sedimentos los cuales son depositados en el humedal, además los bosques de galería de los ríos han sido destruidos debido a la ampliación de la frontera agrícola y el monocultivo de la caña de azúcar.

La desaparición casi total de la vegetación original del área ribereña y fluctuante del

humedal, debido a la presión de la población para satisfacer sus necesidades de subsistencia y consumo de leña. Esta ha sido sustituida por cultivo de granos básicos, caña de azúcar, pastos naturales y matorrales y por el pastoreo de ganado vacuno.

La recepción en el Cerrón Grande de una descarga mensual de más de 8.5 millones

de lb. de excretas del Río Acelhuate, procedentes de 18 sistemas de aguas negras que drenan más de 1.5 millones de hogares del área metropolitana de San Salvador

El traslado de descargas contaminantes a los ríos Suquiapa, Sucio y Acelhuate que

representan el 30 % del caudal que entra al humedal del Cerrón Grande, de 157 fuentes: 54 industrias, 55 beneficios de café, 7 ingenios azucareros, 29 redes de alcantarillas y 9 rastros municipales. El Acelhuate recibe descargas de la región metropolitana de San Salvador, de 17 industrias de metal y afines, 22 textileras, 7

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fábricas de pintura, 11 plantas fabricantes de papel. De un total de 145, solo 9 tratan sus desechos. De 120 industrias que generan desechos líquidos, solo el 14 % realiza algún tipo de tratamiento (FUNDALEMPA, 2002).

Por otra parte, la fundación menciona la “sobre utilización” sufrida por los “recursos humanos, sociales, infraestructurales y financieros” de estos espacios, sin recibir una compensación justa. Entre los fenómenos destacados se encuentran los siguientes:

Enormes contingentes de mano de obra estacional de bajo costo, fueron contratados por la economía urbana y las empresas dedicada a los cultivos de exportación en otros territorios.

Los granos básicos son producidos a bajo costo; se presenta la tala de los

bosques para su uso en la construcción y como leña; el agua es utilizada para el riego, la hidroelectricidad y el abastecimiento a ciudades y pueblos; se han satisfecho crecientes demandas de materias primas para actividades domésticas y productivas de otros territorios.

Intercambio desigual que empobrece más al norte y enriquece a quienes lucran del

trabajo de los pobres.

Grandes proyectos para modernizar la industria y la economía urbana del Gran San Salvador, deja sin tierras y viviendas a miles de familias pobres que emigran generando un enorme sector de refugiados.

Las remesas de miles de emigrantes, contribuyen a sustentar la economía

nacional y a llenar vacíos que deja el intercambio comercial desigual con el exterior y la falta de inversiones en el país.

Pescadores, agricultores, pequeños y medianos empresarios agropecuarios y

comerciantes, siguen insertos en la economía en condiciones sumamente desventajosas.

Las adversas condiciones sociales y ambientales existentes en los territorios del humedal Cerrón Grande, se convierten en serios obstáculos para impulsar su recuperación ambiental, el desarrollo rural sostenible de estos territorios y superar las privaciones humanas que enfrenta su población. El vacío institucional generado por una suerte de abandono de estos espacios por parte del Estado, en cuanto a la promoción del desarrollo humano en ellos, en un primer momento parecen tornar más difícil aún la situación. Sin embargo, algunos factores relevantes han permitido que se inicie una reversión de la situación con iniciativas surgidas de la propia sociedad civil, el fortalecimiento de los actores sociales locales y el establecimiento de acuerdos institucionales para el diseño y la ejecución de los proyectos. En el recuadro 4 (página 26), se menciona un estudio llevado a cabo en el departamento de Chalatenango, formado por 31 municipios, en el que se asienta un número significativo de la población de la región norte (30,096 personas de un total de 98.041) y en el que, junto con Cabañas y Cuscatlán, se encuentran las principales cuencas receptoras de agua que drenan al río Lempa. En él se subraya la importante experiencia organizativa de la población de este departamento, lo que sin duda constituye un capital social en el cual puede sustentarse la búsqueda de un proceso de gobernanza ambiental generado de

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“abajo hacia arriba”, en el que el empoderamiento de los actores sociales locales sea un elemento central. Otro factor de mucha relevancia lo constituye la creciente importancia dada a los humedales en Mesoamérica. La existencia de una política regional de humedales y de la Convención internacional Ramsar, de la cual el gobierno de El Salvador es firmante, puede conducir al reconocimiento del Cerrón Grande como un sitio de

Recuadro 4 Chalatenango: abandono del Estado y gestión territorial participativa

“A pesar de estar desligado del desarrollo el territorio tiene una impresionante historia organizativa. Desde los años sesenta la actividad de organizaciones religiosas y el surgimiento del movimiento campesino en un territorio marginal con altos niveles de pobreza convierten a Chalatenango en una de las zonas con mayor capacidad de organización social en el país. Durante la época de la guerra es también una de las áreas de control territorial de la guerrilla, cuya presencia es sostenida por una red de apoyos sociales vinculados a las organizaciones de base del movimiento campesino. En efecto, hasta los ochenta Chalatenango contaba con una escasa presencia del gobierno central y una débil participación de los gobiernos municipales, limitados a actividades burocráticas y a garantizar la estabilidad política del partido de gobierno. El abandono del Estado es llenado principalmente por la Iglesia Católica, que desde fines de los sesenta empieza a realizar un trabajo de proyección social dirigida los campesinos pobres, implementando el programa de Pastoral de la Tierra. En esa línea la iglesia forma pequeños núcleos de trabajo con campesinos vinculados a las comunidades de base o grupos de pastoral, incentivando el cooperativismo como forma de solventar la limitación de los medios de vida familiares. De esta manera la idea del cooperativismo va impregnando la dinámica social de los campesinos, dando lugar a la formación de pequeñas cooperativas de producción y ahorro, ya en los setenta esta base de organización campesina se va transformando en parte del movimiento campesino vinculado al movimiento popular. Durante los ochenta Chalatenango y la Mancomunidad La Montañona fue un territorio de alta movilización política y escenario de guerra, con zonas bajo control de la guerrilla y cascos urbanos fuertemente militarizados por el ejército, en consecuencia muchas zonas agrícolas y las áreas de bosque quedan abandonadas, se dan fuertes desplazamientos y masacres de población civil. Los pobladores que se mantienen en la zona sobreviven en condiciones extremamente precarias y bajo la amenaza de la represión política y la guerra. Por otra parte la guerra deja al norte de Chalatenango al margen de procesos trascendentales para la reorganización del uso y tenencia de la tierra, como la Reforma Agraria de los ochenta que marcha a la par de la identificación de áreas protegidas para la conservación de recursos naturales. (...)Las transformaciones jurídico-políticas producto de los Acuerdos de Paz y la implementación de reformas económicas durante los noventa han producido una serie de cambios institucionales que han creado tanto oportunidades como restricciones para las áreas rurales. Los elementos detonantes del proceso de gestión territorial en la Mancomunidad La Montañona se vinculan a la ampliación de los derechos y acceso a la tierra, las reformas políticas y el proceso de descentralización, estos procesos han abierto nuevas oportunidades para el desarrollo de las capacidades de acción colectiva de los grupos pobres. Al mismo tiempo resurge el interés por el desarrollo territorial, lo que incide en una mayor apertura de los espacios de participación ciudadana en términos de las posibilidades de protección de derechos, expresión de demandas ante la opinión pública y ampliación de estructuras y redes sociales para mejorar la base de recursos y medios de vida. Todos estos cambio inciden en las limitaciones y potencialidades de la experiencia de gestión territorial en la Mancomunidad La Montañona que esta fuertemente impulsada por un proceso de construcción social más allá de los proyectos de desarrollo que han podido llegar a la zona”. Gómez, I; García, M.; y de Larios, Silvia 2004

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importancia internacional o Ramsar, con lo que existe la posibilidad de atraer recursos de la cooperación para su recuperación y desarrollo. Asimismo, un factor relevante cuya presencia puede favorecer de manera decisiva la reversión de los procesos de deterioro ambiental y exclusión social, lo constituye la presencia y la acción de la Fundación Río Lempa, organización no gubernamental, surgida de la sociedad civil, cuyas iniciativas están contribuyendo a fortalecer los actores sociales locales y la concertación local, como un camino orientado a incidir en las políticas públicas y a crear y consolidar una institucionalidad territorial en capacidad de negociar con el gobierno nacional, con inversionistas nacionales y externos y con los organismos de cooperación internacional. Organización, gobernanza y desarrollo local en Cerrón Grande Entre las acciones llevadas a cabo por las organizaciones locales, con el apoyo de FUNDALEMPA, se encuentran las siguientes: Se han desplegado procesos participativos, plurales e interactivos, con experiencias

de concertación entre diversos actores y en diferentes espacios de la organización social e institucional.

Se promueve la acción colectiva desde lo institucional y desde la base, creando

concurrencias que en el ámbito local son muy importantes, expresando la preocupación por la sustentabilidad.

Están surgiendo grupos y comités locales para enfrentar la degradación de los

recursos naturales y la pobreza asociada, reivindicando derechos relativos a la defensa de la calidad de vida y la calidad ambiental.

La organización surge ante urgentes necesidades que la institucionalidad estatal y

otros sectores de la sociedad no han abordado o resuelto por falta de recursos o por tener otras prioridades.

Los esfuerzos se han orientado a reforzar iniciativas existentes que cuentan con apoyo

institucional para consolidar los mecanismos de autogestión. Los actores integrados a las instancias de concertación son gobiernos municipales,

representantes del gobierno nacional, organizaciones privadas de desarrollo y grupos locales de base que han elaborado diagnósticos y formulado propuestas de desarrollo.

Se han abierto espacios de concertación ambiental en diferentes ámbitos territoriales:

departamental, municipal y comunitario, pero no han podido consolidarse por carecer de una estrategia de sustentabilidad.

Las carencias más significativas de la institucionalidad local emergente son el enfoque

de género y su aplicación concreta en los proyectos; la definición de rutas críticas de los principales procesos y proyectos; la estrategia de relación e incidencia con actores externos; y el plan de incidencia para involucrar a otros actores locales (FUNDALEMPA, 2004).

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La organización y la movilización social llevada a cabo en estos territorios, efectuadas en diferentes momentos históricos y en contextos igualmente disímiles, crean condiciones favorables a la participación social y para desarrollar una modalidad de gobernanza ambiental en la que los actores sociales locales asuman la dirección de los procesos de desenvolvimiento sustentables de los territorios donde se ubica el humedal Cerrón Grande. Las estrategias de desarrollo territorial en ejecución, encuentran en los acuerdos, la concertación y las alianzas locales, una ruta efectiva de empoderamiento de la sociedad civil y de superación de los problemas de inequidad sufrida por la población y, en particular, por grupos en condiciones más desventajosas como las mujeres y los jóvenes. La propuesta de creación de una red de municipios ribereños, con la participación de 14 municipios, conduce a establecer la “base institucional estatal local”; y, la creación de una red de “organizaciones de cuenca”, a la apertura de espacios de encuentro entre el Estado y la sociedad civil, para la gestión integrada del agua, y los demás recursos naturales, en el humedal y sus áreas adyacentes (FUNDALEMPA, 2004).

5.3 El comanejo del Parque Nacional Cahuita (Costa Rica) Costa Rica es uno de los países mesoamericanos que en las dos últimas décadas ha logrado consolidar un sistema nacional de áreas de conservación (SINAC). Actualmente un 30% del territorio nacional esta protegido en áreas bajo control estatal y privado. En total el SINAC agrupa 13 áreas de conservación que cubren todo el país. Entre estas áreas se encuentra el “Área de Conservación La Amistad Caribe” (ACLAC), ubicada en la parte sureste del país. Se trata de una unidad territorial, con una extensión de 620.731 hectáreas, en donde se interrelacionan actividades privadas y estatales orientadas por una estrategia de conservación y desarrollo sostenible de la biodiversidad. Se trata del área de conservación que concentra la mayor diversidad cultural del país ( población china, negra, indígena y blanca). Esta área fue creada por Decreto Ejecutivo No 54 del 17 de marzo de 1994 y se encuentra ubicada en la Región Huetar Atlántica, ocupando los cantones de Siquirres, Matina, Limón y Talamanca. Contiene 15 áreas silvestres, entre parques nacionales, reservas biológicas, zonas protectoras, humedales, refugios de fauna y vida silvestre, áreas de recarga acuífera y territorios indígenas. Incluye además el “Parque Internacional La Amistad Caribe”, que abarca la mayor parte de la zona fronteriza entre Costa Rica y Panamá. Su riqueza y diversidad biológica originó la creación de la Reserva de la Biosfera La Amistad y posteriormente la denominación como sitio de patrimonio mundial de la humanidad. Una de las particularidades de esta experiencia es la promoción de un enfoque de conservación, manejo y uso sostenible de la biodiversidad, mediante la descentralización de competencias a la sociedad civil. Esto con el fin de promover un acceso y uso equitativo de los recursos naturales por parte de la población local (Cyrus, 2003). A diferencia de las dos experiencias reseñadas anteriormente, en este caso se trata de una país en el ha existido una presencia estatal- centralista muy importante que promovido condiciones de desarrollo social significativas en el país pero que con distintos alcances locales, identificándose algunas zonas con fuertes rezagos sociales como es el caso de la zona Caribe y el ella específicamente el cantón de Talamanca el más pobre el país. Es particularmente en esta zona del país donde se ha dado una mayor generación de experiencias de manejo local de los recursos naturales, en distintas modalidades tales como:

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• El Consejo Regional Ambiental que analiza, discute y se pronuncia sobre la

conveniencia y la viabilidad de las actividades, los programas y los proyectos que en materia ambiental promueva el Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE) o cualquier otro ente del Estado.

• Los Comités Locales Forestales: que conocen los expedientes de solicitudes de

permisos de aprovechamiento forestal antes de su aprobación, con el fin de emitir un pronunciamiento vinculante para las oficinas subregionales del MINAE.

• El Comité Asesor del “Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo” que facilita y

cogestiona con el MINAE la ejecución del Plan de Manejo y también puede modificar el Plan de Manejo para garantizar el desarrollo sostenible del área protegida.

• El Comité de Manejo Parque Nacional Cahuita, que toma las medidas de

administración necesarias para la buena marcha del Parque, así como para velar por el cumplimiento de las disposiciones de uso público contenidas en el reglamento del Parque Nacional Cahuita.

• La Comisión de Cuencas Río Estrella, Banano y Bananito que se pronuncia sobre la

conveniencia o no de la realización de las diferentes actividades productivas en la cuenca media y alta de los mencionados ríos.

• El Comité de Fideicomiso Área de Conservación Amistad Caribe: que aprueba plan

de inversión y presupuestos.

• El Comité Zonal de Gandoca y Manzanillo que se encarga de analizar y recomendar al MINAE sobre el otorgamiento de permisos de uso en el Refugio ( Virus, 2003).

La creación y consolidación de estas distintas instancias organizativas ha sido el resultado de procesos conflictivos entre las comunidades y el Estado costarricense el cual se ha visto en la necesidad de negociar con estas y ceder de manera inédita parte del control de los recursos naturales, tal como lo demuestra la experiencia del Comité de Comanejo del Parque Nacional Cahuita. Ubicación del Parque Nacional Cahuita Dentro del ACLAC se ubica el Parque Nacional Cahuita. Éste constituye una de las zonas protegidas más antiguas del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. El parque fue creado en 1970 como monumento nacional, con el fin de proteger el arrecife de coral, único en el país. En 1978 fue cambiado a la categoría de Parque Nacional, luego de un proceso que implicó intensas negociaciones de los pobladores a fin de que se les reconocieran sus tierras y se les dieran algunas alternativas de aprovechamiento. El Parque tiene una extensión de 23.467,9 has de las cuales 22.400 corresponden a zonas marinas. Se ubica a 42 kilómetros de la provincia de Limón (ver mapa) en el cantón de Talamanca, en el distrito Cahuita. Se trata de un Bosque Húmedo Tropical con una valiosa biodiversidad que limita con una amplia faja costera. Entre las especies naturales que protege destacan el mono congo, el mapachín común y de cangrejo, el pisote, el martín pescador y Chocuacos, además de importantes ecosistemas de manglar, 35

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especies corales, 140 especies de moluscos, 44 tipos de crustáceos, 128 variedades de algas y 123 especies de peces (Boza, 1998). La creación del Parque Nacional Cahuita se dio en un contexto conflictivo marcado por las tensiones entre los conservacionistas, el Estado y las comunidades rurales. El Parque fue creado por decreto y sin consulta a los pobladores locales en concordancia con el enfoque centralista dominante durante los años setenta. La población de Cahuita estaba constituida en esos años fundamentalmente por pescadores y campesinos dedicados a la pesca, el comercio (transporte de cabotaje) y a una agricultura de subsistencia basada en granos y tubérculos, además del cultivo del cacao. Estas actividades se vieron limitadas con la creación del Parque al quedar los habitantes inhabilitados de realizar actividades como la tala de árboles o la extracción de especies costeras y corales. El principal antecedente organizativo de esta población fue una cooperativa de productores de cacao (Coope-Talamanca) que sucumbió ante la crisis de la semilla que a finales de los setenta fue atacada por una plaga que hizo incurrir a los productores en pérdidas de las cuales no se recuperaron. Durante los años 80, la crisis que experimentó la agricultura familiar en el país y de la cual Cahuita no fue la excepción, obligó a los pobladores a buscar nuevas actividades que empezaron a asociarse cada vez más con el turismo dado el flujo creciente de visitantes a la zona, atraídos por el parque. Esta situación se vio favorecida por la creación de la carretera a Limón construida por el Estado en 1976: “En una década los pobladores de Cahuita tuvieron que modificar sus estrategias productivas, pasando de agricultores de subsistencia, recolectores de coco y productores de cacao a empresarios turísticos” ( Fonseca y Weitner, 1999). Contexto social, productivo y organizativo en el que se inserta el Parque Nacional Cahuita19 Las comunidades aledañas al Parque Nacional Cahuita son las siguientes: Cahuita, Bordon, Limonal, San Rafael, Carbón 2, Carbón 1, Hone Creek, Punta Riel y Comadre. Estos poblados cuentan con diversos servicios; no obstante, el poblado de Cahuita (centro), constituye el centro administrativo y de servicios de la zona. De acuerdo con el Censo del 2000, la población del Cantón de Talamanca era de 25.857 personas, distribuidas en los distritos de Bratsi ( 10.292); Sixaola ( 10.234) y Cahuita ( 5.331). Cahuita constituye un centro de diversas culturas, entre ellas afrocaribeños, indígenas, ladinos y en menor grado descendientes chinos. Los negros tienen un papel importante en su historia, ellos llegaron de las costas de Panamá, Nicaragua y el Caribe. Estos tortugueros afrocaribeños llegaron a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, navegando a remo y a velas desde Bocas del Toro y la costa nicaragüense Los negros procedentes de las costas de Panamá y de Nicaragua, se quedaron en la costa y cultivaron el coco y practicaron la pesca como subsistencia. Los procedentes especialmente de Jamaica, se adentraron a la montaña para la siembra de cacao, la caza con arpón de las tortugas, captura de los huevos y siembra para sus futuras provisiones. Para la segunda mitad del siglo XIX, un número creciente de familias afrocaribeñas de habla inglesa, se había establecido a lo largo de la costa. Hasta mediados del siglo 20 se empiezan a construir escuelas y caminos y la población negra empezaría a participar en la política nacional,

19 Esta parte fue elaborada tomando como base el documento, Situación Actual y Plan de Desarrollo del Area de Influencia del Parque Nacional Cahuita, AclAC, FUDEU, 2003.

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defendiéndose por primera vez como costarricenses. Gracias a estos procesos, la población de la costa quedaría integrada a Costa Rica. El cacao se constituía como la fuente de ingreso principal de este sector de la costa, pero las inundaciones de los años 40, la llegada de la enfermedad denominada "Monilia" que atacó los cacaotales, más el crecimiento de la población, ocasionó que las fincas de cacao se extendieran montaña adentro, alejándose del mercado de compradores en Puerto Viejo, Cahuita y Penshurst. Hubo intentos por reactivar el cultivo y combatir la monilia pero la producción se redujo en un 80%. Con la entrada de la United Fruit Company y su línea férrea desde Panamá y la siembra de banano en el Caribe, se produce una modificación radical en la economía del lugar; esto tuvo efectos dramáticos tanto para los negros como para los indígenas. Durante la primera década del siglo XX, La United Fruit Company, impulsó el comercio local en Puerto Viejo, Olivia y Sixaola Las consecuencias a largo plazo de las actividades de la compañía fueron la habilitación de tierras para el cultivo del cacao y la apertura de vías de comunicación terrestre. La llegada y salida de la bananera también produjo su impacto cultural; por primera vez se asentaron en la zona cantidades importantes de personas de habla hispana. Con la Segunda Guerra Mundial, los tiempos fueron difíciles significó la ruina de los agricultores independientes de banano, quienes se quedaron sin mercado de forma abrupta y tuvieron que volver a sembrar cacao. El abandono de la producción de banano por parte la compañía United Fruit Company, provocó una importante emigración a Panamá en busca de empleo. Durante la década de los 70, los habitantes de la costa vieron amenazadas sus actividades y entraron en conflictos con el Estado costarricense, al decretarse inicialmente el Monumento Nacional Cahuita, que luego constituiría el Parque Nacional Cahuita, desde entonces los costeños constantemente han visto amenazados sus derechos de posesión al surgir nuevas reservas indígenas, por las condiciones de la Ley Marítimo Terrestre, Zonas Turísticas, los planes reguladores, las exploraciones petroleras y carboníferas y por último la propuesta de la construcción de un oleoducto transcontinental con el muelle previsto en Puerto Viejo. El desarrollo de la actividad turística es un fenómeno que se da a partir de los años ochenta. La llegada de turistas provoca modificaciones en cuanto a las actividades productivas y las fuentes de generación de ingreso familiares, principalmente en la comunidad de Cahuita. Con el crecimiento de la actividad turística se ha dado un incremento de la inversión externa en el lugar. La mayoría de los turistas proceden de Norteamérica (Canadá y Estados Unidos); son estudiantes en edades entre los 20 y 30 años. Su principal motivo de viaje es visitar la playa y el parque nacional. La guía turística y las recomendaciones son los principales medios por los cuales los turistas se enteran de la existencia de Cahuita. La mayoría de ellos no utiliza los servicios de agencias de viajes, es decir viajan independientemente. Viajan con amigos, llegan en transporte público, su estadía promedio es de dos días y gastan en promedio US$30 diarios.

La gran mayoría del servicio de alojamiento es de pequeñas empresas turísticas; solamente son 5 establecimientos los que sobrepasan las 20 habitaciones.

Bajo desarrollo social y tenencia de la tierra El cantón de Talamanca, al que pertenece el distrito de Cahuita se encuentra entre los ocho cantones que en el último censo de población realizado en el país (2000), muestran

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un mayor rezago social.20 No obstante lo anterior, la comunidad cuenta con una serie de servicios básicos tales como alumbrado público, teléfonos, servicios de buses a Limón y San José; así como centros médicos ( EBAIS) y escuelas. En cuanto a otras fuentes de empleo en la zona, además del turismo, están asociadas con la agricultura (bananos y plátanos), el comercio, los servicios sociales, comunales y personales. Un listado de los principales problemas sociales identificados en la zona se resumen en el cuadro 3. En cuanto a la tenencia de la tierra ésta se caracteriza por estar distribuida en pequeñas y medianas propiedades en su mayoría. Hay un esfuerzo institucional por legalizar la tenencia de la propiedad en la zona de influencia del parque. Como resultado de este proceso, el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) a logrado titular, en el denominado sector de playa, un número considerable de propiedades. Los pequeños productores de la zona se han venido orientando hacia la producción de subsistencia (granos básicos, raíces, tubérculos y frutales) y cultivos orgánicos como el banano y el cacao; actividades en las cuales participan cerca de 2000 pequeños productores en todo el cantón de Talamanca. El área de cacao ocupa aproximadamente 1200 Ha de cacao y en banano unas 600 Ha. También se siembra jengibre orgánico en pequeña escala. El sistema de producción tradicional agroecológico ha sido históricamente practicado en la zona por las comunidades indígena y negra. También se dan actividades como la ganadería extensiva de doble propósito y la extracción de madera. A partir de los noventa se generan procesos de reforestación que involucran unas 819 Ha. En Cahuita y en su zona de influencia se pueden distinguir tres tipos de formas organizativas: las comunales, las agrícola-forestales y las dedicadas al turismo y el ecoturismo (en el cuadro 5 se presenta un resumen de las organizaciones comunales existentes en este espacio rural). En cuanto a las asociaciones de productores destaca la existencia de las organizaciones agrícolas orgánicas: APPTA (Cantonal), ABACO y ACAPRO, que tienen su radio de acción en el área e involucran las siguientes comunidades: Tuba Creek, San Rafael de Bordón, Bordon, Lilan, Cahuita, Dindiri, Carbón I, Punta Riel, Hone Creek. Entre las organizaciones orientadas al Ecoturismo y a las actividades Forestal con radio de acción local están ASODEC en Dindiri y ACODEFO en Carbón I, ASORENA( San Rafael de Bordon). En la actividad turística la organización más importante es la Cámara de Turismo de Cahuita (CATURCA), la cual se formó a inicios de los años 80. Varios de sus fundadores son personas de la localidad y se mantienen actualmente en la cámara. Sin embargo, con el crecimiento del turismo ha aumentado el número de empresas de inversión externas, las cuales han encontrado un espacio importante de organización en CATURCA. El propósito de la cámara es hacer promoción turística y velar porque las gestiones de la organización beneficien a todos sus afiliados. Entre las prioridades de la organización están la incorporación de más empresarios nacionales a la cámara y a su junta directiva, con la finalidad de incrementar su participación en los diferentes espacios que genera la actividad turística. 20 El Índice de Rezago Social se construye a partir de carencias básicas en educación, salud y vivienda (González, 2000).

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Cuadro 2: Problemas identificados en el área de estudio Problemas Comunidad/sectores Fuentes de trabajo escasas Ausencia de agua potable Deficiente servicio del acueducto actual Ausencia de guardería para niños No hay crédito, ni asistencia técnica Falta de viviendas Ausencia de teléfonos Insuficiencia de alumbrado público Sin escuela Contaminación por act. Bananera Deforestación Manejo con desechos domésticos Caminos y puentes en época lluviosa Faltan alternativas productivas rentables y sostenibles Educación primaria deficiente Áreas sin medir, en el programa de titulación del IDA Ausencia de puesto de salud Baja calidad de las viviendas

Hone Creek X X X X X X X x x

Comadre X X X X X X X x

Sector Colinas X X x X X X X x

Fuente: ACLAC, FUDEU, 2002

Cuadro 3: Cahuita, tenencia de tierra en asentamientos del IDA Asentamiento Area

total Ha N° de

Parcelas N° familias

viven asentamiento

Total beneficiarios

Escrituras entregadas

Escrituras faltantes

Sector Carbón 2 2400 60 60 360 24 36 Sector Carbón 1 1100 63 63 315 44 19

Sector San Rafael 2136.5 73 parcelas y 30 lotes

70 350 98 5

Fuente: ACLAC, FUDEU, 2002, La Cámara esta constituida por su máximo organismo que es la Asamblea de Asociados, la Junta Directiva y las comisiones de trabajo, entre ellas están las siguientes: la comisión 1, que está tratando el tema de los incentivos turísticos; la comisión 2; que trata el tema municipal; la comisión 3, dedicada a la promoción turística; y, la comisión 4, encargada de los asuntos financieros. Actualmente la cámara cuenta con 36 afiliados, de un total de 78 empresas turísticas existentes en Cahuita. La cámara mantiene relaciones permanentes con la Municipalidad de Talamanca, la Asociación de Desarrollo de Cahuita y con el Instituto Costarricense de Turismo (ICT). Tensión, conflicto y síntesis: surge la opción del comanejo. Hasta los años noventa el control y la administración del Parque Nacional Cahuita fue una actividad desarrollada por el Estado Costarricense sin participación local. Esta situación experimenta un cambio sustancial a partir de 1994, año en el cual el gobierno nacional fijó

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Cuadro 4: Organizaciones orientadas al desarrollo comunitario, según comunidad.

Comunidad Asociación DesarrolloC

omunal

Asociación. Asentamiento

Campesino

Comitéde

acueducto

Comité de

Salud

Junta de Educación y

Patronato Escolar

Otras organizaciones

Cahuita x x X x Comité Guias y Comité de Manejo Parque Nacional Cahuita. Comité de vecinos de Playa Negra, COVIRENA

Hone Creek x X x

Bordon x x X x Comité de crédito

Comadre X Comité de Des. Com.

X

Punta Riel

Carbón 1 X X

Carbón 2 X X

San Rafael X x X x

Fuente: ACLAC, FUDEU, 2002, un alza en el precio de la entrada a los parques nacionales, pasando de US$5 dólares a US$15 dólares para los visitantes extranjeros (los visitantes nacionales seguían pagando 200 colones costarricenses). Esta situación provoca una reacción inesperada de la comunidad que sintió la medida como una amenaza, dado que esto podría disminuir las visitas al parque y, en consecuencia, producir una reducción de los ingresos de las familias locales vinculadas al turismo (Valverde, 1999). La situación provocó una confrontación entre la comunidad y el MINAE entre cuyos rasgos principales destacan los siguientes: Medidas de presión: como la toma del Parque por la comunidad, demanda para que el

estado pague las tierras pendientes a los pobladores locales. Negociaciones con autoridades locales y nacionales

Presentación de medidas legales: recursos de amparo contra el MINAE.

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Intervención de terceros para mediar: participación de la Defensoría de los Habitantes como mediador en el conflicto.

Creación de un comité de lucha por parte de la comunidad (Valverde, 1999).

A diferencia de los años 70, este conflicto se caracteriza por un interés explícito del Estado por crear instancias de negociación con los pobladores a fin de llegar a acuerdos conjuntos, más que de imponer una sola visión. Este cambio obedece a una tendencia seguida, desde el Estado, por incorporar un enfoque que privilegia la mayor participación de las comunidades en el manejo de las áreas de conservación; así como a la imposibilidad financiera de atender el pago de muchas de las tierras protegidas. En el conflicto de Cahuita los condicionantes ya mencionados, unidas a la presión local, permiten la creación de un Comité de Servicios integrado por dos representantes del Estado (MINAE), dos representantes de la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita y un representante de la Cámara de Turismo de Cahuita.

En 1998 y por decreto gubernamental No. 26929, el comité pasó a llamarse Comité de Manejo, hecho inédito en la historia del Estado Costarricense. Las funciones que le fueron acordadas por común acuerdo de las partes fueron las siguientes: el cobro de una contribución voluntaria de los turistas al ingresar al parque; la limpieza de la playa; la administración de los servicios; la vigilancia del parque (contratación de guardaparques, puesto de control para evitar saqueo de recursos); la creación de una sala de educación ambiental para los visitantes; velar por el cumplimiento de la normativa ambiental; y, revisar el reglamento de uso del parque (Valverde, 1999). Todas estas funciones correspondían con antelación exclusivamente al Estado.

Elementos destacables sobre gobernanza ambiental surgidos de la experiencia del Parque Nacional Cahuita Generación de formas inéditas de relación entre actores locales y nacionales La constitución del Comité de Cahuita después de serios enfrentamientos con Estado Costarricense se concreta vía decreto ejecutivo y bajo el amparo de la Ley de Biodiversidad, este marco normativo ha garantizado un cambio sostenido en las relaciones de poder locales, dado que el Parque es manejado por los actores locales los cuales logran capacidad de veto sobre las acciones del Estado respecto al manejo y uso de los recursos naturales y los beneficios económicos que de el se obtienen. De una manejo centralizado del Estado costarricense se pasa a una situación en la que este se ve obligado a coadministrar los recursos naturales junto con las comunidades locales. El Comité de Manejo expresa un esfuerzo del Estado (por parte del MINAE), los de los pobladores locales (ADI) y el sector privado directamente involucrado (Cámara de Turismo Local) por ponerse de acuerdo en el manejo y usufructo del Parque, con responsabilidades compartidas. En la práctica, los intereses y las relaciones de poder de cada uno de los actores representados deben ser resueltos por la vía de la negociación permanente.

En diez años la experiencia logró consolidarse gracias a la generación de relaciones de confianza entre los actores que tienen su cimiento no la identidad local de los actores (

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negros-caribeños-excluidos-amantes de la naturaleza) que por identidad institucional ( relaciones con el Estado) (Entrevista, EC). La confianza institucional se encuentra en segundo plano, aunque si vio amplio en los años noventa cuando el Estado Costarricense hace un esfuerzo por pagar tierras de Parque que pertenecían originalmente a los pobladores locales los cuales habían sido despojados de estas en áreas de la conservación.

En la experiencia del Comité de Comanejo también abrió espacio para que actores locales tradicionalmente excluidos pudieran ganar protagonismo tal es el caos de las mujeres de la comunidad las cuales, desde el principio, han tenido una presencia activa en el Comité, ejerciendo un importante gestión y liderazgo. Todo lo cual ha sido además apoyado por el Estado el cual promovido medidas afirmativas tales como la norma de que el Comité tenga en su Junta Directiva representación del sector femenino de la comunidad.

Los retos del Comité en materia de relaciones locales están vinculados con el logro de mayores lazos con otras organizaciones presentes en las comunidades de influencia del Parque y con el Gobierno local ( la Municipalidad de Talamanca) un actor que no estuvo presente en los orígenes del Comité y que después de 10 años poco se ha integrado. El fortalecimiento interno de las organizaciones presentes en el Comité de Manejo es también una condición básica para su persistencia y desarrollo futuro.

Se ha logra mejorar las condiciones de vida de los pobladores locales

El logro más relevante del Comité de Comanejo de Cahuita en diez años ha sido el mejoramiento en las condiciones de vida de la población local. Los recursos que se obtienen por la entrada al Parque se destina al cuidado de este pero también y sobre todo para la comunidad. En cuanto al Parque, ha significado mayores posibilidades de contratación de personal de vigilancia y protección y equipo necesario para cumplir con estas labores; además del mejoramiento de la infraestructura. Pero los dividendos generados han sido también aprovechados por el Comité para atender necesidades comunales tales como:

• Equipos e infraestructura para el Equipo Básico de Salud (EBAIS)de la zona. • Construcción de aulas para la Escuela así compra como pupitres y materiales

educativos la escuela y el kinder. • Televisores y centros de computo para el colegio. • Construcción de un puesto de la Guardia Rural, más apoyo en alimentación y

gasolina(policía civil local). • Apoyo a los adultos mayores de la comunidad • Generación de empleo para gente de la comunidad en labores de vigilancia del

parque. También el respeto de los salarios mínimos a estos trabajadores ha marcado una pauta a seguir en la zona respecto al respeto de este derecho laboral.

• Generación de servicios asociados a la protección del parque, como la promoción de guías turísticos Locales, los cuales generan empleo pero también ingresos adicionales al comité, dado que éste recibe un porcentaje de las ganancias obtenidas en la venta del servicio a los turistas.

Para el manejo legal de los fondos el Comité opera la personería jurídica de la Asociación de Desarrollo de Cahuita, la cual esta en la obligación de mantener informada a la comunidad sobre su gestión. El Comité publica por medio de la Asociación de Desarrollo un Informe trimestral que se distribuye entre la comunidad y los turistas que ingresan al Parque. Adicionalmente se prepara un informe anual que se presenta a la asamblea de la

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Asociación. Estos mecanismos sencillos promueven la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los recursos y mantienen la legitimidad de la experiencia en el plano local y nacional. Es posible la conservación los recursos naturales involucrando a los actores locales El principal logro del Comité es haber demostrado por más de 10 años que puede administrar el Parque sobre la base de un trabajo cimentado en el consenso de los actores. Después de una década de comanejo, es criterio de los funcionarios del parque que el posicionamiento del Comité de Manejo es claro y su remoción provocaría una gran revuelta comunal. Esto no significa que en el contexto nacional este tipo de procesos se adopten como una política fuerte del Estado Costarricense. Una clave que explica el posicionamiento ha sido el trabajo con las organizaciones y no con las personas, la rotación ha creado una autonomía del comité y ha evitado la creación de nichos de poder en manos de algunos dirigentes locales. Un reto aún pendiente es la incorporación de las otras comunidades aledañas al parque en el Comité de Manejo, para lo cual un elemento clave que se ha planteado es la elaboración de un Plan de Manejo. Este es una meta planteado desde los inicios de la experiencia que se mantiene sin alcanzar. Otra necesidad que ha surgido en la práctica en la de mayor capacitación de los miembros de la comunidad en temas de manejo de los recursos naturales terrestres y marítimos( Smikle, 2004). Pese a lo anterior, el Parque Nacional Cahuita ha logrado preservar sus riquezas, aminorar los usos extractivos y no sostenibles de las especies, así como promover la regeneración de las áreas degradadas. 6 Conclusiones Generales

La guía que sirvió de base a este estudio planteaba la siguiente interrogante: ¿ La gobernanza ambiental establecida como resultado de la acción de movimientos sociales da lugar a procesos de desarrollo territorial rural que incidan en la eliminación de la pobreza, la superación de las desigualdades sociales, de género y étnicas y la conservación de los recursos naturales y del medio ambiente? La revisión de las experiencias seleccionadas permiten aproximar las siguientes respuestas a dicha interrogante y a las otras formuladas con la investigación: 1. En primer lugar, es importante destacar las diversas modalidades de acción

colectiva surgida en los espacios rurales particulares analizados en el estudio. En ellas, las experiencias organizativas y de movilización social particulares, históricamente desarrolladas, tienen mucha relevancia como un elemento condicionador y facilitador de las formas contemporáneas adquiridas por las movilizaciones sociales estudiadas. Las condiciones de exclusión social, política o económica enfrentada por las comunidades incorporadas en las acciones colectivas, favorecen el impulso de las acciones generadoras de identidad territorial y el fortalecimiento de la defensa de los derechos culturales de las comunidades.

2. Las experiencias muestran la presencia de acciones colectivas con un impacto

importante en la democratización de la sociedad civil local, mediante el fortalecimiento de la institucionalidad territorial, la creación de arreglos

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institucionales21 participativos, la concertación entre actores sociales locales y la incorporación de estos actores en los procesos de desarrollo territorial. De la misma forma, estas acciones tienen una significativa incidencia en las políticas impulsadas por las instancias políticas locales y en decisiones políticas tomadas en otros ámbitos del sistema político nacional. En este sentido, se produce en las acciones colectivas analizadas un acercamiento a la “apariencia” y la “lógica” organizativa duales característicos de varios de los movimientos sociales contemporáneos.

3. Las experiencias analizadas, a su vez, han demostrado ser capaces de contribuir al

mejoramiento de vida de los pobladores locales al mismo tiempo de crear condiciones de mayor equidad y manejo sostenido de los recursos naturales. La gestión del patrimonio por parte de las comunidades les da poder y les genera responsabilidades inéditas en Mesoamérica.

4. Las experiencias analizadas han contribuido a generar modelos de gobernanza

ambiental eficaces, en tanto logran generar nuevas formas organizativas, nuevos arreglos institucionales (Cerrón Grande), nuevas prácticas normativas ( Ej. Reglamento Interno de uso del Bosque de Ulew Ché Já) nuevas prácticas y modalidades de gestión locales (Comité de Comanejo de Cahuita), las que han logrado resultados importantes en tiempos relativamente cortos.

5. Las acciones gubernamentales que en las experiencias analizadas resultan más

efectivas para facilitar la participación ciudadana y la gobernanza ambiental han sido las siguientes: las políticas de descentralización en la toma de decisiones y el uso de los recursos financieros, la apertura a esquemas de gestión compartida, la promoción de mecanismos de rendición de cuentas y la generación de confianza sobre la base de consensos locales y acciones concretas.

6. Las experiencias estudiadas son consideradas exitosas en tanto tienen como base

la identidad local que propicia el compromiso comunal y genera una articulación de los actores sociales sobre la base del conocimiento mutuo y cercano así como de la confianza, elementos básicos para impulsar los procesos de desarrollo territorial.

7. Las experiencias seleccionadas para este estudio muestran la relevancia del

empleo de un enfoque de desarrollo territorial rural sostenible para responder a las condiciones productivas, económicas, sociales, políticas, institucionales, culturales y de la biodiversidad de los diferentes espacios rurales de la región, percibidos en sus múltiples relaciones con los espacios urbanos. La diversidad de las experiencias y la complejidad de los procesos territoriales, recalcan la importancia de superar los enfoques sectoriales y de avanzar hacia en la definición

21 Una manera apropiada de entender el significado del término “arreglos institucionales”, la brindan Flores y Rello cuando apuntan que: “Si las instituciones son las normas que regulan el comportamiento de los individuos y las organizaciones, los arreglos o esquemas institucionales son las reglas del juego que permiten la relación y la vinculación entre los diversos miembros de una organización y entre productores rurales y diversos agentes económicos y sociales, privados y públicos, con el propósito de emprender acciones de beneficio o interés común” (Flores y Rello, 2002:25)

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de acciones integrales en respuesta a las condiciones particulares de los diferentes territorios en los cuales se actúa.

8. La síntesis de las experiencias presentadas en este documento permite resaltar,

asimismo, la relevancia del empleo de un enfoque ascendente en los procesos de desarrollo local. Partir de las condiciones de los territorios particulares y diseñar las iniciativas de “abajo hacia arriba”, superando la persistente visión y acción centralistas, propicia la movilización y la participación de los actores sociales locales en la gestión de los recursos naturales y en sus procesos de desarrollo y posibilita diseñar las acciones en función de las necesidades y demandas de los habitantes de los territorios particulares.

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