Informe Final: Proyecto No. 06-25.

PROYECTO

Tema: Responsabilidad social de las empresas ante las comunidades campesinas.

Título Tentativo : El “boom” minero y las comunidades campesinas

INTRODUCCIÓN

El boom minero y las comunidades campesinas

En los últimos años, la llamada “gran minería” se ha constituido en el sector de la economía que

proporciona enormes recursos al fisco, invierte ingentes capitales en zonas en las cuales ninguna

actividad podría interesarse, menos para ser un factor dinámico y de desarrollo.

Sin embargo, ésta incursión de capital y técnica reunidas tiene como un ámbito de trabajo las

regiones con mayor carga de tradición y costumbres ancestrales de nuestro país. De aquí cierto

choque cultural con las comunidades es casi “normal”.

De este encuentro entre lo nuevo y lo ancestral, expresado en términos de análisis, trata el

presente trabajo.

Este análisis servirá de base para un posterior estudio en que se habrán de sugerir lineamientos de

política principalmente en los ámbitos cultural y social. De ésta manera, creemos hacer un modesto

aporte a que la “responsabilidad social de las empresas” sea mucho más que una buena intención,

y que los más modestos protagonistas de éste encuentro mejoren su calidad de vida. Así

esperamos atemperar las situaciones de tensión existentes.

1

I. Objetivo

Resulta pertinente ocuparnos del boom de la minería en nuestro país, en un momento en

que el conflicto y la tensión aparecen vigentes, entre otras razones, debido a la ausencia de reglas

claras y coherentes para este sector de la economía nacional. Sería primordial para el Estado

regular los temas relacionados a los derechos de propiedad sobre tierra, las implicancias del

derecho de concesión, la problemática que suscita la distribución del canon, la responsabilidad

social de las empresas implicadas, la naturaleza de las relaciones que se deben establecer entre las

comunidades y las empresas, teniendo en cuenta las diferencias culturales, sociales y políticas.

Durante el desarrollo de este trabajo el tema ha tomado un renovado interés, los medios

de comunicación han ayudado a que se difunda el desarrollo de algunos enfrentamientos y las

respuestas dadas desde el gobierno. Producto de ciertas interpretaciones sobre los orígenes de

estos conflictos estamos ante un debate nacional respecto al papel de las ONG, y ante la posibilidad

de una ley, que para muchos especialistas es una respuesta política poco mesurada, y nada

técnica, que conciernen de manera crucial al desarrollo del país.

El trabajo que presentamos sobre la problemática minera y su relación con las comunidades

campesinas y/o indígenas, comprendida dentro del área de influencia de la explotación, ha

contemplado la siguiente metodología:

a) Observación participante en algunos proyectos mineros, principalmente sobre los aspectos

relativos a la relación de las empresas con las comunidades. Estas observaciones fueron

hechas en las asesorías que hemos realizado para la consultoría de la Universidad del

Pacífico, y en otros casos solicitud de empresas en forma independiente.

b) Experiencias en trabajos de campo, a través de consultorías y asesoramiento en

conciliaciones.

c) Entrevistas a especialistas en el área de las ciencias sociales que han trabajado para

algunos megaproyectos mineros.

d) Análisis de datos secundarios e informes sobre las relaciones entre las empresas y las

comunidades, relativos a las inversiones en los principales proyectos mineros.

e) Material bibliográfico especializado tanto de las entidades internacionales como nacionales.

2

II. Antecedentes

El Perú es un país con actividad minera desde épocas prehispánicas, y actualmente existen

1720 yacimientos mineros en 22 departamentos, como lo señala la Sociedad Nacional de Minería y

Petróleo. En esta riqueza, que incluye una amplia variedad de minerales, el oro ocupa lugar

privilegiado, ubicando al Perú en el centro orográfico de América Latina, primero en el continente

americano y en el séptimo lugar a nivel mundial. Si hacemos referencia a algunos minerales

específicos, encontramos que somos el quinto productor de cobre, el cuarto de plomo y zinc, el

tercero de estaño y el segundo de plata (ver cuadro 1) El sector creció rápidamente a principios de

los 90, atrayendo inversiones debido a los cambios en los reglamentos que regían el comercio y las

inversiones y la privatización de las propiedades mineras.

Cuadro 1

Ranking comparativo del nivel de producción minera en el Perú

respecto a Latinoamérica y el Resto del Mundo (2003)

M e t a lP o s i c i ó n e n

L a t i n o a m é r i c a

P o s i c i ó n e n e l

M u n d o

Z i n c 1 4

C o b r e 2 5

P l o m o 1 4

E s t a ñ o 1 3

P l a t a 2 2

O r o 1 7

F u e n t e : M E M , G i e p z , G o l d F i e l d , S i l v e r I n s t i t u t e a n d C o p p e r S t u d y G r o u p

A lo largo de los últimos años, la minería ha representado aproximadamente el 9% del

producto bruto interno nacional y el 48.6% de las exportaciones totales. Asimismo, tiene un “efecto

desencadenante” en la economía; mayor aún que las industrias alimentarias, la pesquería, la

producción química, entre otros. La minería es un sector primario que genera el 50% de las divisas

del país, da empleo directo a decenas de miles de obreros e indirectamente influye en el trabajo de

miles de personas más. Medida esta realidad en términos de empleo, la minería ocupa al 4% de la

3

población económicamente activa. Con el sector de construcción civil, y el de industria, constituye

uno de los más dinámicos en la economía del país.

La minería trae consigo una cadena de relaciones económicas que son necesario

mencionar. Se calcula que por cada dólar generado por esta actividad, se crean directa e

indirectamente US$ 3.74 como efecto de demanda de insumos y servicios a los demás sectores. De

esta forma podemos considerar que el Perú se encuentra en un verdadero “boom minero”. Un

ejemplo de ello se puede ser el caso de Antamina, que ha sido adjudicada al consorcio canadiense

Inmet Mining Corporation y Río Algom Ltd., y que ya han invertido, hasta noviembre del año

pasado, un estimado de US$ 42 millones y si el proyecto continúa se tiene el compromiso de

invertir alrededor de US$ 2 300 millones en cuatro años. Antamina generará 6 000 puestos de

trabajo. Al ingresar a la parte operativa del proyecto, proveerá 1 000 puestos de trabajo directo, lo

que implicará, por el efecto multiplicador del empleo en la minería, alrededor de 5 000 nuevas

plazas. Otro caso de una compañía minera exitosa y prometedora es Pierina, potencialmente una

de las minas de oro de menor costo de operación en el mundo, localizada en los Andes peruanos a

4 300 metros sobre el nivel del mar y con 6.5 millones de onzas de oro, reservas valorizadas en

US$ 2.2 miles de millones. En 1996 Canadian Barrick Gold Corporation compró Arequipa Resources

Ltd., por US$ 790 millones, con lo que el precio de la acción de esta empresa en la bolsa de

Toronto alcanzó cantidades considerables.

Otro caso importante de mencionar es la Minera Yanacocha ubicada en el departamento de

Cajamarca. El control y manejo gerencial de la compañía está a cargo de Newmont Perú,

representante de Newmont Second, la mayor empresa productora de oro del mundo, que posee el

51.35% del capital social; la empresa minera peruana Buenaventura y el IFC participan con el

43.65% y el 5% del capital social respectivamente.

Son muchas las causas que hicieron posible este boom minero; entre ellas la buena

cotización de los minerales en el mercado internacional (sobre todo del oro, cobre, zinc y plata), el

contar con una nueva legislación favorable a la inversión, los incentivos tributarios, las nuevas

técnicas de exploración y explotación de minerales, etc. Existían datos muy positivos y recientes

sobre la dinámica del sector minero; formación de consorcios, montos de capitales invertidos.

Existiendo un ambiente propicio para la inversión minera (ver cuadro 2), es materia de

preocupación y análisis, a través de todo este trabajo, el poco cuidado con que ciertas empresas se

han aproximado a las comunidades cercanas, el poco interés por la salud ambiental, o la poca

visión con que repiten varias actitudes que, en muchos casos han llevado ha enfrentamientos y

4

reclamos. Tampoco podemos dejar de señalar la existencia de ciertos tipos de desequilibrios

laborales en las empresas e interminables conflictos sociales entre las empresas y la comunidades

en la que aquella se encuentra, situaciones que pueden evitarse pero que sin embargo no son

prevenidas.

Cuadro 2

Inversión Anual Minera 1995 - 2005

(Millones de Dólares)

48

1.1

38

6.7

11

03

.8

11

63

.7

12

36 1

54

3.7

13

24

57

7.1

46

0.4

83

3.1 99

0

0

2 0 0

4 0 0

6 0 0

8 0 0

1 0 0 0

1 2 0 0

1 4 0 0

1 6 0 0

1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5

A ñ o s

Millo

ne

s d

e U

S$

I n v e r s i o n M i n e r a

Fuente: BCRP, Apoyo Consultoría, Ciudadanos al Día.

III. El Mundo Social y Cultural: los Actores

La hipótesis fundamental de este estudio, es que el ethos o matriz social y cultural de los

principales actores en esta problemática no permite una sinergia, una comprensión y cooperación

entre los principales actores para lograr la viabilidad y el desarrollo de la minería.

5

Además, es importante acotar que las empresas suelen ubicarse en lugares donde las

relaciones de las comunidades locales con el Estado son mínimas. Existe poca presencia y

representación,1 lo que constituye un escenario especial para las inversiones.

Entonces, consideramos como actores principales en este panorama a:

a) Empresa: nos referimos a la organización empresarial minera, cuyo enfoque económico se

mueve en un paradigma de economía de mercado y de libre empresa, tendiendo a

absolutizar el mercado en el libre juego de la competencia y la rentabilidad.

El proceso productivo que usan se basa en una tecnología muy avanzada, que no

logra correspondencia cercana entre el cambio tecnológico y el ajuste de las instituciones

sociales y políticas. Por otro lado, en la gran minería, como se sabe, existen inversionistas

extranjeros, en algunos casos los accionistas son varias compañías extranjeras y los socios

peruanos están en una situación minoritaria, por lo cual las políticas para el tratamiento en

el tema que nos compete, no son siempre coherentes. Nos referimos específicamente a la

relación con las comunidades cercanas a los proyectos de las empresas.

Los planes estratégicos de la empresa suponen, por ejemplo, cronogramas y metas

específicas en la explotación del recurso. Señalaba un especialista que si la empresa

contrata a una compañía para realizar alguna tarea especializada, ésta tiene que llevarse a

cabo en el “aquí y ahora”, y su postergación podría significar pérdidas cuantiosas. Esta

afirmación es corroborada por el pionero en minería Ingeniero Alberto Benavides de La

Quintana, cuando en una entrevista2, al referirse a las comunidades, señalaba lo siguiente:

“En el pasado, la minería fue declarada de interés nacional y tenía derecho a todo. No

había una mayor inquietud social con el trato a las comunidades. Hoy debemos negociar

con ellas, y si te dicen: “No quiero que usted trabaje en esta zona”, no hay forma. Es

frustrante que la comunidad le diga a uno, “vamos a llamar a asamblea el 22”, y el 21 lo

llaman a uno y le dicen “mire, se ha postergado para el 15 del próximo mes”. Y así lo van

peloteando a uno, y demoran. Y uno tiene sus máquinas listas para perforar, pero hay que

esperar”.

1 Por representación nos referimos a las formas formales de representación y poder político, pero también a la realidad social en que estas comunidades han sido poco consideradas en la construcción del Estado peruano, en contextos de exclusión y marginación económica. 2 Diario El Comercio, 12 de Julio de 2006.

6

b) Comunidades: por otro lado, los comuneros, dueños muchas veces ancestrales de la

tierra en la que va a operar el proyecto minero tienen que opinar, autorizar y aprobar

mediante procesos democráticos, sobre el proyecto en la Asamblea Comunal, con una

mayoría fijada por la ley. Pero también prevalece la costumbre, pues como sabemos, las

decisiones en estos casos son comunitarias. En otro contexto, podemos señalar que las

actitudes, comportamientos, creencias de los comuneros, en el ámbito de las relaciones

interpersonales difieren de la visión y acción social de los actores empresariales. Por

ejemplo: hay una persistencia en la desconfianza hacia el foráneo, a la valoración que ellos

sienten de parte de los miembros de la empresa. Por otro lado, la economía campesina

familiar tiene una característica de subsistencia, dentro de la cual el apego a la tierra es

fundamental. Su “eficiencia” no está ligada, como en la economía de las empresas mineras,

a una relación de mercado donde, como sabemos, el valor de la eficiencia está

determinado por la mayor rentabilidad, y basado en la más alta productividad posible.

No debemos olvidar que subsiste una dinámica entre un llamado “Perú Oficial” y el

“mundo rural3”, en el que el país formal (en el que se mueven las empresas) retiene y

dispone de los instrumentos del control de los canales oficiales de la economía, la sociedad

y la cultura. Esta situación ha provocado desde hace muchos años, la irrupción de las

tensiones acumuladas hasta el presente. Esto es crucial si pretendemos explicar la falta de

entendimiento y comunicación entre ambos actores.

c) El Estado: no siempre ha sido capaz de implementar procedimientos que ayuden a una

eficiente cooperación e integración de los actores económicos y sociales. Los canales

institucionales, en algunos casos, se encuentran bloqueados, y la presencia del Estado,

sobre todo en el medio rural, es nominal. A ello se suma el hecho que las legislaciones y

procedimientos, la normatividad legal y procesal han generado cuellos de botella que

reducen la eficiencia. En el caso concreto de nuestro trabajo, tenemos que señalar que, si

bien es cierto que el Estado ha legislado en los últimos años con fines de incentivos a las

inversiones mineras, en otros aspectos la legislación no ha contribuido a lograr la armonía

entre estos dos actores principales: comunidad y empresa. Por ejemplo: en el ámbito rural,

no se han estructurado políticas que solucionen de manera duradera los problemas

fundamentales de la tenencia de la tierra, su distribución y su titulación. Además de un

estatuto de comunidades campesinas que data desde el gobierno militar de 1968, no

3 Usamos estas categorías para mostrar elocuentemente el contexto social que las empresas deben considerar. Lo “rural” no debe ser tomado de manera monolítica porque desde diversas disciplinas (y sucesos sociales) se ha demostrado que lo rural siempre ha tenido una relación de dependencia y retroalimentación asimétrica con lo urbano, en forma de migraciones estacionales, políticas públicas deficientes, etc.

7

existen mecanismos que permitan tomar decisiones rápidas, de acuerdo a las expectativas

de las empresas mineras y de las comunidades. No ha existido hasta la fecha normas

claras, reglas de juego coherentes y pertinentes. Lamentablemente, el Estado no ha

cumplido el rol de encauzar y conducir apropiadamente los procesos relacionados con las

inversiones mineras.

A propósito, resulta relevante recordar una entrevista con uno de los ministros de

energía y minas, durante el gobierno de Alejandro Toledo, cuando se refería a que los

empresarios mineros acudían a su despacho, cuando ya el conflicto se había declarado, y

que sus tecnócratas encargados de resolver los conflictos con las comunidades no habían

acertado en un año una decisión y menos adoptado medidas preventivas de posibles

conflictos.

Una opinión casi igual ha expresado el actual presidente del consejo de ministros,

Doctor Jorge del Castillo.

d) Las ONG, Redes y Consultoras: como sabemos, desde hace años son instituciones que

han abogado por conservación ambiental y la responsabilidad social de las empresas,

demostrando un rol activo en la dinámica de las relaciones entre empresas y comunidades.

Para definirlas, podemos mencionar que “son organizaciones privadas, sin fines de lucro,

dedicadas a la elaboración y ejecución de proyectos de desarrollo y que canalizan fondos,

por lo general del extranjero, que se destinan para la cooperación en beneficio de un

segmento determinado de la población, definido según indicadores muy específicos (edad,

género, actividad, condición social, etc.)” 4, las características de las ONG explican en cierta

manera el incremento de los fondos destinados a ellas por las financieras. “En gran medida,

este incremento tiene que ver con una serie de ventajas comparativas que tienen las

financieras al trabajar con las ONG, en relación con los antiguos programas estatales de

desarrollo: la poca burocracia y la mayor eficiencia demostrada por éstas en la ejecución de

los proyectos; su relación más directa con el grupo beneficiario; la escala de los proyectos;

la posibilidad de cambiar y ensayar con relativa facilidad nuevas ideas y propuestas; el

costo relativamente bajo de los proyectos.” 5

Obviamente, las ONG que trabajan los temas que involucran a la minería tienen

una lógica de trabajo interno y una tendencia al análisis de los problemas sociales que no

4 En “Los Dilemas del Desarrollo: Antropología y Promoción en el Perú”, Javier Ávila Molero. 2001. 5 Íbidem.

8

concuerdan necesariamente con los parámetros empresariales. Muchas de ellas trabajan

bajo una ideología determinada, influidas además por mecanismos administrativos y

burocráticos.

Se ha observado un enfrentamiento frontal entre ONG, Empresas, y Asociaciones

representativas de empresarios. Las ONG operan también a través de redes nacionales e

internacionales; por ejemplo, una de las más conocidas se trata de la Red Muki, integrada

por las siguientes instituciones: Diaconía para la Justicia y la Paz del Arzobispado de Piura y

Tumbes, Centro Pastoral de Diócesis de Chulucanas, Pastoral Social del Vicariato San

Francisco Javier – Jaén, Comisión Prelatural de Acción Social de la Prelatura de

Huamachuco, Pastoral de Dignidad Humana - Pasdih de la Arquidiócesis de Huancayo,

Asociación Marianista de Acción Social – Trujillo, Comisión Episcopal de Acción Social-

CEAS, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Fundación Ecuménica para el

desarrollo y la Paz –FEDEPAZ, Asociación Civil Labor, Grupo de Formación e Intervención

para el Desarrollo Sostenible - Grufides Cajamarca, Grupo para la Promoción del Desarrollo

de los Andes, CooperAccion, Acción Solidaria para el Desarrollo, Red uniendo manos contra

la pobreza.

Por otro lado, las empresas, ante los conflictos sociales, han recurrido a consultoras

internacionales cuya tarea en un primer momento era resolver problemas técnicos como los

estudios de impacto ambiental (EIA), entre otros.

Debido a su carácter foráneo estas consultoras y empresas, no han tomado en

cuenta las particularidades de las relaciones sociales y culturales de nuestro país (en

especial el contexto andino - amazónico) Por el poco conocimiento que se tiene de la

situación política y social de nuestro país, estas empresas no producen soluciones que

permitan una adecuada y justa interacción entre los actores. Por el contrario, pueden

profundizar los conflictos y hacer más inestable la situación.

IV. Problemática del Canon Minero

En este enfoque, trataremos de describir el proceso y / o circuito del canon, así como su

operatividad, y funcionalidad, tratándose de un mecanismo importante que está íntimamente ligado

a los temas: a) el desarrollo sustentable, y b) la política de la responsabilidad social, ambos

mencionados con filosofía adoptada en la gestión de las empresas para actuar no solo en beneficio

9

propio, sino también, como un aporte al desarrollo de las comunidades del entorno y de la sociedad

en general.

a. Introducción

El Canon Minero es la transferencia a los gobiernos regionales y locales del 50% del

Impuesto a la Renta (IR) que el Estado recibe por la explotación económica de los recursos. Según

nuestra legislación, el Canon Minero es la participación efectiva y adecuada de la que gozan los

Gobiernos Locales (municipalidades provinciales y distritales) y los Gobiernos Regionales del total

de ingresos y rentas obtenidos por el Estado por la explotación económica de los recursos mineros

(metálicos y no metálicos). Así, efectuada la recaudación del Impuesto a la Renta, el Estado, por

intermedio del Consejo Nacional de Descentralización (CND) transfiere un porcentaje de los

ingresos captados por dicho concepto a las zonas en donde se explotó el recurso minero.

El monto de la transferencia es depositado en cuentas especiales en el Banco de la Nación.

Cabe señalar que los montos transferidos no revierten al Estado. Entre enero de 1997 y mayo del

2002, el Canon Minero estuvo constituido por el 20% del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría

pagado por los titulares de la actividad minera. Sin embargo, a partir de junio del 2002 dicho

porcentaje se incrementó a 50%.

El Canon Minero, entonces, es el más importante de los seis tipos de canon existentes

(minero, petrolero, gasífero, hidroenergético, forestal y pesquero), por el enorme volumen de

recursos que genera para las zonas donde se distribuye. El Canon Minero generado en un año

determinado se distribuye desde junio del año siguiente a su recaudación, hasta mayo del año

subsiguiente. Es decir, la distribución se hace con 18 meses de retraso (Boza, 2004). En los últimos

años el aporte por canon minero ha crecido significativamente debido a una coyuntura internacional

favorable de los precios de los metales y al aumento de la producción minera.

Así, mientras en el año 2001 el monto de canon minero transferido fue de 81 millones de

soles, en el 2004 se generó S/. 1,158.5 millones por concepto de Canon Minero, y en el año 2006

se transferirá 1,746 millones de soles. El 88% de las transferencias se concentra en los gobiernos

regionales y en las municipalidades de seis departamentos (Cajamarca, Tacna, Moquegua, Puno,

Arequipa y Ancash); de esta a los gobiernos regionales les corresponde el 25% del monto

transferido y a las municipalidades el 75%.

El siguiente cuadro resume los fondos generados por el canon:

10

Cuadro 3

A ñ o C a n o n G e n e r a d o C a n o n D i s t r i b u i d o

1 9 9 6 1 7 2 , 9 8 1 1 5 , 3 7 5

1 9 9 7 1 3 6 , 9 2 4 1 1 0 , 9 3 7

1 9 9 8 5 2 , 6 8 4 1 6 9 , 4 2 8

1 9 9 9 6 8 , 6 6 5 8 6 , 5 1 4

2 0 0 0 9 0 , 2 8 8 5 5 , 3 6 1

2 0 0 1 1 6 8 , 5 3 7 8 1 , 2 7 8

2 0 0 2 3 6 9 , 6 0 6 1 1 6 , 2 7 0

2 0 0 3 5 3 2 , 0 0 0 2 2 8 , 6 6 1

2 0 0 4 1 , 1 5 8 , 5 0 0 4 5 1 , 2 8 9

2 0 0 5 ( * ) 1 , 5 0 0 , 0 0 0 8 9 7 , 7 4 2

F u e n t e : M E F - C N D

( * ) C a n o n g e n e r a d o e s t i m a d o p o r l a S M P E p a r a e l 2 0 0 5

C a n o n M i n e r o G e n e r a d o y D i s t r i b u i d o

( M i l e s d e S o l e s )

b. Circuito del Canon Minero

¿Cuál es el camino que recorren las utilidades de las compañías mineras antes de ingresar

a las arcas de los gobiernos regionales y locales?

Cada vez que una empresa registra utilidades debe declarar y pagar Impuesto a la Renta a

la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat). Sobre la base de lo recaudado

por Sunat, el Ministerio de Economía (MEF) calcula los montos de canon minero (el 50% del

Impuesto a la Renta de tercera categoría pagado por las empresas mineras). Luego los reporta al

Consejo Nacional de Descentralización (CND) para que éste a su vez los transfiera a los gobiernos

regionales y a los municipios provinciales y distritales, depositando el dinero en cuentas en el Banco

de la Nación.

11

Cuadro 4

Con dichos fondos, los beneficiados deben ejecutar proyectos de inversión en la zona.

Aunque siempre existen destacadas excepciones, ocurre por lo general que los ciudadanos y los

comuneros vecinos a la mina no notan que las autoridades locales estén verdaderamente

realizando obras; o al menos no aquellas que podrían contribuir a mejorar su calidad de vida. Dicho

de otra forma, no perciben los frutos del canon y, menos aún, los de la minería. Lo que advierte el

poblador, en esas condiciones, es que la compañía minera se enriquece, mientras que él y los

suyos no progresan.

Como hemos señalado, las reglas para su repartición, según Ciudadanos al Día6, “apuntan a

beneficiar primordialmente a las localidades donde se extraen los recursos, pero a la vez procuran

otorgar más dinero a las zonas que más lo requieran, dado su nivel de pobreza y el tamaño de su

población. Los criterios de distribución del Canon Minero han variado en diversas oportunidades

desde su promulgación inicial en junio del 2001”. En sus inicios se distribuía entre los Gobiernos

Locales de acuerdo al criterio de área de influencia del yacimiento explotado y densidad

poblacional, pero actualmente tiene un criterio más definido.

En primer lugar, es importante aclarar que el canon minero no constituye un fondo único,

nacional, en el que se junta el dinero proveniente de las distintas minas para luego prorratearlo

6 Boza Dibós, Beatriz. “Canon Minero: ¿Caja Chica o Palanca para el Desarrollo”. Ciudadanos al Día. Lima. 2006.

12

entre todos los beneficiarios. Lo que reciben los distritos, provincias y regiones productores

corresponde a los resultados económicos de las minas de su circunscripción. Actualmente se

distribuye de la siguiente manera:

- El distrito donde se ubican las operaciones de la mina recibe el 10% del canon minero

generado en su localidad.

- Un 25% del canon minero se distribuye entre todos los distritos de la provincia a la que

pertenece el llamado “distrito productor”, incluyendo a éste. Para ello, se toma en cuenta el

tamaño de la población y sus necesidades básicas insatisfechas.

- El 40% corresponde al departamento donde se encuentra la mina y se reparte entre todos

sus distritos, incluyendo el productor, además de las municipalidades provinciales. Una vez

más, la repartición se basa en el tamaño de la población y en las necesidades básicas

insatisfechas.

- Por último, el 25% del canon minero es transferido al gobierno regional al que pertenece el

distrito productor. El gobierno regional debe entregar el 20% de este dinero a las

universidades nacionales que se encuentren en su jurisdicción para que éstas lo destinen a

la investigación.

Cuadro 5

Sistema de Distribución del Canon Minero

Ley del Canon

Fuente: Ciudadanos al Día

13

Hasta la fecha, se han dado modificaciones importantes a los criterios de repartición, teniendo

en cuenta la experiencia recogida7.

El criterio de densidad poblacional (habitantes por kilómetro cuadrado) fue sustituido por el

indicador de población y pobreza ligado a las necesidades básicas insatisfechas y déficit de

infraestructura. Este criterio fue modificado, porque favorecía a los municipios más densos en

desmedro de los de baja densidad, que en muchos casos resultan ser las zonas de donde se

extraen los recursos minerales o tienen una población con mayores necesidades insatisfechas.

Por citar un ejemplo, el canon distribuido en el departamento de Lima entre 1996 y el 2002, la

provincia de Lima recibió el 81.86% del canon generado, mientras que la provincia minera de

Oyón recibió el 0.98%, esto, debido a que la provincia de Lima tiene una densidad poblacional

superior.

Se otorga un porcentaje especial de 10% al distrito o distritos donde están ubicados los

yacimientos y concesiones. Con esta modificación se beneficia directamente y en mayor

porcentaje a los distritos donde se ubican las concesiones.

Se modifica los porcentajes a distribuirse entre los gobiernos locales del resto de la provincia y

del resto del departamento.

En la Ley Nº 28322 se aprobó una modificación al texto de los porcentajes de distribución. Los

cambios principales se refieren a8:

a) reemplazo de la frase “donde se encuentra localizado el recurso natural” por “donde se explota

el recurso natural.; y b) elimina la exclusión del distrito (o distritos) y provincia (o provincias)

productores en los literales b y c) de los porcentajes de distribución en la ley vigente, lo que

implicaría que los gobiernos locales más cercanos a la zona de explotación del recurso reciban una

mayor transferencia por concepto de canon, al ser incluidos en cada una de las otras distribuciones.

Los recursos que los Gobiernos Regionales y Locales reciban por concepto de canon

pueden ser utilizados exclusivamente para el financiamiento o cofinanciamiento de proyectos u

obras de impacto regional y local. Para ello el Gobierno Regional o Local tendrá que abrir una

cuenta destinada a dicho fin.

7 Boza Dibós, Beatriz. “Canon Minero: ¿Caja Chica o Palanca para el Desarrollo”. Ciudadanos al Día. Lima. 2006. 8 Íbidem.

14

Excepcionalmente, para el ejercicio fiscal del 2006 se está permitiendo que los Gobiernos

Regionales y Locales utilicen el 20% de los recursos provenientes del Canon y la Regalía Minera

para el mantenimiento de la infraestructura generada por los proyectos de impacto regional y local.

d. Índices de distribución del canon minero9

Anualmente el Ministerio de Economía y Finanzas determina el monto que le toca a cada uno

de los beneficiarios del canon minero, siguiendo las pautas fijadas por la ley y echando mano de

cinco fuentes de información:

Impuesto a la Renta de tercera categoría declarado por cada empresa minera.

Volúmenes producidos en cada operación minera.

Demarcación territorial.

Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas

Población.

La magnitud de lo que le corresponde a cada municipio y gobierno regional , luego de analizar

estos elementos, se expresa en los llamados índices de distribución del canon minero. Se trata de

números decimales que equivalen a la proporción de todo lo que se va a repartir en el país por

concepto de canon minero. El MEF publica los índices de distribución en junio de cada año, cuando

se inicia la repartición del canon minero generado en el periodo anterior, como veremos más

adelante. El índice de distribución para el municipio provincial de Ite, en Tacna, publicado en junio

del 2005, es de 0.0246411509. Si multiplicamos ese valor por el total de lo que se transfiere por

canon minero a lo largo del país entre junio de ese año y mayo del siguiente, vamos a obtener la

cantidad exacta que recibe Ite. Una vez que el MEF ha calculado los montos respectivos para cada

gobierno regional10 y local, el Consejo Nacional de Descentralización (CND) efectúa las

transferencias depositándolas en las respectivas cuentas en el Banco de la Nación. El siguiente

cuadro resume las tareas de las entidades que participan en el cálculo y la distribución del canon

minero.

9 Sociedad Nacional de Minería y Petróleo (2003). Disponible en: www.snmpe.org.pe/pdfs/Canon%20En%20Cifras/Canon%20Minero.pdf. 10 Como hemos indicado antes, los gobiernos regionales están obligados a su vez a transferir el 20% de lo que reciben por canon a las universidades nacionales de su circunscripción, las que deben registrarlo en su presupuesto dentro de la fuente de financiamiento “Donaciones y Transferencias”, según la Resolución Directoral N° 053-2004-EF-76-01, publicada el 17 de diciembre del 2004.

15

e. ¿Como lograr la funcionalidad y eficacia de la ejecución del canon?

Conocido el circuito del canon, a la luz de su aplicación ha surgido una serie de

cuestionamientos por parte de sus beneficiarios, inclusive de varios empresarios mineros. Algunas

de las instituciones que han estudiado mejor esta problemática son la CAD (Ciudadanos al Día) y la

Corporación Financiera Internacional (IFC) del Grupo Banco Mundial, entre otras, quienes, a través

de sus estudios, se han interrogado acerca de los beneficios y su aplicación. La CAD, se pregunta,

si es que el mencionado mecanismo funciona como una caja chica o debería servir de palanca de

desarrollo para ser más eficiente la responsabilidad social de las empresas.

Según Ciudadanos al Día, lograr que el canon minero sea una palanca para el desarrollo no

es responsabilidad exclusiva del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de las compañías

mineras ni de los alcaldes. En el circuito del canon minero están llamados a intervenir más de 20

actores, además de la propia población. Por lo mismo, resultaría insuficiente implementar mejoras

aisladas. ¿Qué propone CAD?: una reforma integral consistente en doce propuestas11. La reforma

que se plantea, se articula en función de cuatro ejes: aumentar la transparencia en el manejo del

canon, fortalecer capacidades de gestión a nivel local, lograr un arreglo institucional más equitativo

y acorde con la finalidad del canon, y consolidar la responsabilidad empresarial.

1.1. Más transparencia

a. Crear subcuentas de canon minero. A fin de que la ciudadanía pueda hacer el seguimiento

de los recursos del canon minero y para afinar las políticas de distribución y de inversión,

resulta necesario crear una subcuenta por cada tipo de canon. Actualmente el Portal de

Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (módulo SIAF) solamente

provee información acerca del canon y sobrecanon como una cuenta agregada. No puede

haber vigilancia ciudadana sin acceso a información.

b. Condicionar transferencias a mayor transparencia (SIAF Municipal). Dada la creciente

importancia de los recursos del canon minero en los presupuestos locales, deberían

condicionarse las transferencias provenientes de éste a la incorporación del gobierno local a

un sistema de información centralizado, administrado por el Ministerio de Economía y

Finanzas, que permita monitorear el uso de dichos recursos (SIAF Municipal). Se debe

acelerar el desarrollo del SIAF Municipal, con el objetivo de que los ciudadanos cuenten con

11

Íbidem

16

información tanto acerca de los montos de canon minero como del destino de éstos, a nivel

local. Adicionalmente CAD plantea que se implemente un mecanismo de control previo y

concurrente al gasto del canon. Desde nuestro punto de vista, en el segundo año de

transferencias de los dineros del canon se debería exigir a la autoridad local, como requisito

previo a nuevos desembolsos, la elaboración de una línea de base, un plan de inversión y

un plan estratégico.

c. Rendición de cuentas. Los presidentes de región y los alcaldes deben rendir cuentas a los

pobladores de sus zonas sobre los resultados de los proyectos en los que se ha invertido el

dinero del canon. Para ello debe emplearse una vía que permita el flujo de comunicación

entre la autoridad y la ciudadanía, con el objetivo de evaluar los resultados en cuanto a la

utilidad, la eficiencia económica y el impacto de las obras, luego de ser implementadas.

Esta rendición podría efectuarse de acuerdo con el ciclo temporal del canon.

d. Participación y vigilancia ciudadana. Las entidades del gobierno central –como el Consejo

Nacional de Descentralización y el Ministerio de Economía y Finanzas–, así como los

gobiernos regionales y locales deben afinar los mecanismos existentes para facilitar el

acceso a información oportuna y detallada del uso de los recursos del canon minero a la

ciudadanía; ése será el primer paso para lograr participación ciudadana informada.

Asimismo, se debe institucionalizar la formación de comités de vigilancia ciudadana en el

marco del Presupuesto Participativo con el propósito de que realicen acciones concurrentes

de evaluación y monitoreo de la ejecución presupuestal de los gobiernos regionales y

locales. Vigilar el correcto uso de los recursos públicos y exigir la rendición de cuentas

constituyen una responsabilidad y una tarea que competen a la sociedad civil, a las

universidades, a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general, como se planteó

en nuestros talleres con periodistas; y por tanto, deben diseñarse programas que ayuden al

mejor desempeño de ese rol.

1.2 Mayor capacidad local

a. Financiar inversión en capital de desarrollo. Para CAD, el principal problema por resolver es

la insuficiente capacidad de gestión a nivel local, tanto gubernamental como social. Frente

a ello, CAD sugiere que los recursos del canon minero no sean destinados solamente a

financiar obras de infraestructura física. Deberían servir también para fortalecer el capital

institucional de los gobiernos locales y ofrecer programas de capacitación que redunden en

un manejo más eficiente de los recursos de la comunidad y en desarrollo sostenible, sin

17

que ello implique el financiamiento de gastos operativos. Se sugiere que se permita

financiar inversión en capital de desarrollo con un límite razonable y con garantías de que

esa inversión repercuta positivamente. Ello pasa por autorizar el financiamiento –quizá con

los intereses de los fondos no utilizados– de la preinversión y de los estudios de pre

factibilidad y factibilidad que se requieren para el desarrollo de proyectos. Un buen primer

paso ha sido la decisión, adoptada en la Ley de Presupuesto del Sector Público del año

2006, de autorizar a los gobiernos regionales y locales a destinar el 1% de lo que reciben

por canon a la elaboración de perfiles para sus proyectos. Los programas de fortalecimiento

institucional y capacitación podrían realizarse con la colaboración del CND o del MEF o, en

el ámbito departamental, bajo la supervisión de los gobiernos regionales.

b. Deducción del Impuesto a la Renta para incentivar la inversión en generación de

capacidades. Dado el desfase de 8 a 15 años entre el inicio de actividades de exploración

minera en una localidad y la transferencia de canon minero a la zona, se debería incentivar

que las empresas mineras realicen desde un inicio inversiones en el desarrollo de

capacidades locales. Nosotros proponemos que se les permita deducir éstas de sus pagos

por Impuesto a la Renta. Ello ayudaría a que comunidades de las zonas mineras mejoren

su capacidad local en menos tiempo.

c. Fondo de contingencia. Con el objeto de contribuir al planeamiento del desarrollo local y

dado que existe una relación directa entre el canon minero y el precio internacional de los

metales, debería materializarse la propuesta de establecer un fondo de contingencia que

mantenga relativamente estables los montos a ser transferidos a nivel local. Este fondo

permitiría hacer más predecibles los flujos de las transferencias de canon minero y

contribuiría a evitar el endeudamiento sobredimensionado derivado de proyecciones

optimistas.

1.3 Un mejor arreglo institucional

a. Modificación legal del sistema de distribución. Debido a la naturaleza propia del canon

minero, CAD propone que el 50% de los recursos del canon, como mínimo, se destine a las

zonas directamente impactadas por la minería y que la diferencia se distribuya entre las

localidades indirectamente impactadas. De ese modo se reduciría la dispersión de montos.

b. Criterio de asignación: impactado (EIA) = beneficiado. En ciertos casos, localidades que

están muy cerca de una mina no reciben canon porque formalmente están fuera del

18

departamento productor. CAD plantea una reforma legal que considere el criterio

“población impactada por la explotación minera” como base para determinar la población

beneficiaria del canon. Para ello se podría recurrir a los Estudios de Impacto Ambiental y

Social (EIAS), ya que éstos incluyen una línea de base y señalan cuáles son las

comunidades directa e indirectamente impactadas por la actividad minera. Ello implicaría

un cambio normativo y exigiría que el Ministerio de Energía y Minas (Minem), el Ministerio

de Economía y Finanzas (MEF) y el Consejo Nacional de Descentralización (CND) exploren

mecanismos a fin de alinear la actual distribución del canon al criterio de impacto, en el

mediano plazo.

c. Ampliar la base de cálculo. Con el objeto de cumplir con el mandato constitucional, CAD

considera que el cálculo del canon minero debe incluir el Impuesto a la Renta de tercera

categoría de los contratistas de las mineras, el de cuarta de ciertos proveedores de

servicios de los titulares de la concesión y el de quinta de sus empleados, así como los

aranceles y las otras rentas que percibe el Estado vinculadas a la actividad, además del

Impuesto a la Renta de tercera categoría que pagan las empresas mineras.

1.4 Mayor responsabilidad

a. Responsabilidad social de la empresa. Las empresas mineras deberían apoyar los procesos

de vigilancia y participación ciudadanas orientados a la priorización de obras y a la

rendición de cuentas de los recursos del canon. Asimismo deberían contribuir con la

generación de capital humano de las localidades en las que operan y hacer transparente el

cumplimiento de sus respectivos Estudios de Impacto Ambiental y Social (EIAS).

b. Responsabilidad gremial. El gremio minero debe comprometerse a dar a conocer de

manera agregada el aporte del sector a las rentas e ingresos del Estado. Además

convendría que sus miembros busquen sinergias y compartan las buenas prácticas que

realicen en ciertas zonas para poder replicarlas e implementarlas, tanto en lo referido al

seguimiento del gasto del canon, como a la generación de capacidades y la ejecución de

proyectos.

f. ¿Cómo invertir eficientemente los recursos del canon?

En un reciente artículo sobre la responsabilidad social y la minería, Luis Alberto Arias, experto

en tributación y Ex – Jefe de la SUNAT, cita a La Corporación Financiera Internacional (IFC) del

19

Grupo Banco Mundial como la entidad que ha identificado los factores por los cuales las

municipalidades no estarían gastando en forma eficiente los recursos recibidos por concepto de

canon minero12. Estos factores, entre otros, son los siguientes:

1. Las municipalidades no han sido estructuradas para gestionar inversiones públicas

significativas sino para gestionar servicios urbanos locales, cosa que requiere instalar un

gestión local moderna y eficiente de proceso integral de inversiones públicas.

2. La complejidad de los sistemas y normas nacionales (gestión presupuestaria, Sistema

Integrado de Administración Tributaria – SIAF -, Sistema Nacional de Inversión Pública –

SNIP -, sistema de adquisiciones y contrataciones) que deben cumplirse para ejecutar el

gasto. Esta complejidad es relativamente mayor para municipalidades urbanas pequeñas y

para municipalidades rurales.

3. La poca calificación del personal de las municipalidades, debida en la mayor parte de casos,

a la inexistencia de capacitación práctica en sistemas y normas.

4. La escasa predictibilidad de los recursos que anualmente reciben las municipalidades, que

varían por la forma en que está diseñado el cronograma de transferencias, por la volatilidad

del Impuesto a la Renta y por la fluctuación de los precios de los metales, y los niveles de

producción.

5. La ausencia de planes de desarrollo local que orienten adecuadamente las inversiones.

6. Las limitaciones para el uso de los recurso del canon, pues deben destinarse en mayor

parte a gastos de infraestructura.

El documento señala que la poca capacidad de gasto que normalmente se atribuye a los

gobiernos locales no es de su exclusiva responsabilidad, pues está compartida con las instituciones

del Gobierno Central que son las responsables de desarrollar los sistemas y de dictar las normas,

difundirlas y desarrollar un programa nacional de asistencia y capacitación permanente a los

funcionarios municipales.

Respecto de este último punto, convendría que el Gobierno central asumiera el liderazgo a

través del Ministerio de Economía y Finanzas y el Consejo Nacional de Descentralización (CND), y

canalizara los diferentes esfuerzos en el reto de aportar asistencia y capacitación a las

municipalidades.

12 Luis Alberto Arias M. “La Responsabilidad Social y la Minería: ¿Cómo invertir los recursos del canon?.” Diario El Comercio,

Martes, 11 de Julio de 2006.

20

Esta capacitación debe tener como objetivo la transmisión de conocimientos en las siguientes

materias: (i) presupuestos participativos; (ii) gestión presupuestaria; (iii) Sistema Integrado de

Administración Financiera (SIAF); (iv) Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP); (v)

formulación de proyectos; (vi) instrumentos para gestionar adecuadamente el ciclo de proyectos de

inversión; y (vii) normas de adquisiciones y contrataciones.

Los lineamientos aquí expuestos son parte del programa nacional para canon minero propuesto

por el IFC, en el marco de la asistencia del Grupo Banco Mundial al proceso de descentralización. La

solución de los problemas identificados dependerá de que las municipalidades estén en capacidad

de convertir los recursos del canon minero recibidos en inversiones de impacto para la población.

g. Los aportes voluntarios de la gran minería

El solicitud y posterior anuncio del Presidente de la República Alan García, respecto a los

aportes voluntarios de las empresas mineras han sido bien recibidos por parte de los medios de

comunicación y la opinión pública. En la exposición del Presidente del Consejo de Ministros, Jorge

del Castillo, anunció que las mineras entregarían el 3.75% de las ganancias netas anuales por

concepto de aporte voluntario, lo que equivaldría a 500 millones de soles. Estos aportes se han

justificado en virtud a los altos precios de los minerales, que generan sobre ganancias a las

empresas, las cuales deben ser repartidas en las poblaciones que oportunamente decidirán los

entes del Estado. El investigador Schuldt hace una crítica al sistema de aportes voluntarios, pues

considera que su cálculo impositivo es inadecuado. Por otra parte, considera un poco ingenuo que

las empresas mineras estén dispuestas a invertir en obras sociales adicionalmente por un monto de

2,500 millones de soles en el quinquenio. Para el investigador, el espíritu de los aportes voluntarios

no debería ser confundido con el concepto de regalías, pues las empresas mineras tratarán de

“evadir dicho impuesto con la excusa de la entrega de los ya mencionados aportes voluntarios”.

V. Conflictos comunidad – empresa

Dentro de la dinámica de los conflictos ocurridos entre la población, rural o urbana, y las

empresas mineras, hemos podido observar, de acuerdo a la información obtenida de la Defensoría

del Pueblo y de nuestro de trabajo de campo, tres grandes dimensiones: (Véase Anexo 5).

a. Conflictos motivados por problemas ambientales, que serían aquellos donde se han

ocasionado o existe potencial daño ambiental por parte de la empresa minera hacia los recursos de

la comunidad.

21

b. Conflictos motivados por problemas de propiedad, que estarían en relación con la

limitación clara de los terrenos pertenecientes y explotables, tanto por las comunidades como por

las empresas mineras. Las disputas entre las mismas empresas tampoco son raras.

c. Conflictos motivados por demandas sociales, relacionados por temas tan diversos como

la inadecuada licencia social, la falta de propuestas de “desarrollo”13 hacia la localidad, los reclamos

en salud, educación, e inversión.

Estas tres clasificaciones sólo se muestran como una abstracción útil a nuestro análisis, ya

que en nuestra investigación en la problemática minera notamos que las nociones específicas de

“desarrollo” o “responsabilidad social”, por ejemplo, no se encuentran en todas las discusiones

entre comunidades y empresas, pero podemos notar cierta tendencia que hace útil esta

clasificación.

La responsabilidad social, entendida como acciones de desarrollo de las comunidades por

parte de las empresas, entonces, pareciera que va por el lado de problemas ambientales y

problemas sociales, lo que hace que la problemática de tierras sea un tema más delicado en lo que

respecta al tratamiento de las consecuencias sociales que debe asumir la empresa al entrar a

explotar una determinada región.

A decir de la responsabilidad social, esta es planteada como una serie de estrategias

diseñadas para ayudar a desarrollar las comunidades, desde la organización de las empresas, o al

menos en su financiamiento. Los problemas, que pueden ser clasificados como conflictos causados

por motivaciones sociales y ambientales, pueden tener un horizonte más claro y de más fácil

solución, en comparación con los problemas generados por la propiedad de la tierra. Estos, están

relacionados con estructuras de orden ancestral.

Por eso, nosotros planteamos la necesidad de entender el concepto de Responsabilidad

Social, en un sentido integral y humano, que implicaría la conducta ética de la empresa en tanto se

responsabiliza y asume las consecuencias que sus operaciones pueden producir, y que pueden

afectar sobretodo a las comunidades del entorno. Por esto, un adecuado manejo de los problemas

sobre propiedad se vuelve crucial, porque mal llevado, engendraría posteriores reclamos sociales y

ambientales ante el poco respeto sobre las comunidades y sus recursos naturales. Esto nos

13 Nos hemos dado cuenta que la noción que se maneja de “desarrollo” en el discurso y lenguaje de los dirigentes es el del ideal de la modernización, como forma de mejorar el nivel de vida material de la población.

22

conduce a pensar que es viable incluir el tema del inadecuado manejo de tierras como una parte

significativa de la problemática minera y de la cual se derivan los problemas sociales.

Teniendo en cuesta esto, los conflictos que tienen como base problemas ambientales y

sociales, no sólo necesitarían el respeto y cumplimiento de los compromisos adquiridos por las

empresas, sino también se hace necesaria una comunicación permanente con los pobladores y sus

representantes, en torno a los cambios inducidos y permitidos por ellas y ellos mismos.

V.1. Conflictos por problemas ambientales

La mayoría de estos conflictos tienen un elemento común: el problema de daños

ambientales por el inadecuado tratamiento de los relaves, la forma en que se manejan los

elementos químicos, la sobreexplotación del subsuelo que perjudica las viviendas de las

comunidades, los daños ambientales a la vegetación y a los animales, entre otros.

En estos casos, el Ministerio de Energía y Minas tiene las atribuciones legales de intervenir

en el conflicto, ya sea de oficio o por pedido expreso de algunas de las partes involucradas. En la

mayoría de los casos vistos en el presente documento, existen muchas discrepancias entre las

empresas y las comunidades, las cuales han tenido que ser solucionadas mediante “mesas de

diálogo” convocadas por el Ministerio de Energía y Minas, en la cual termina actuando de árbitro

entre las partes, en lugar de establecer algún tipo de procedimiento ante potenciales problemas

ambientales a producirse en la región, o algún sistema de procedimiento sancionador, fiscalizador,

o mitigador ante los casos de daño ambiental comprobado.

El problema de los pasivos ambientales, entonces, no es exclusivo de las empresas que

actualmente operan en las comunidades, pues viene de antiguas empresas que trabajaron bajo un

sistema que les permitía hacer y deshacer acciones vinculadas al medio ambiente, en nombre del

“interés nacional”; sino que es un problema, que en mayor parte de los casos, no tiene

responsables designados (ya que las empresas que colocaron esos pasivos han cerrado o han sido

privatizadas, o hay otras empresas en su lugar), y el Estado aún no asume totalmente la

responsabilidad de mitigar o sanear los pasivos ambientales.

Dado que actualmente el rol de las ONG y de las organizaciones de defensa de las

comunidades radica en despertar la conciencia de las comunidades en los temas medioambientales,

los pobladores exigen mejores sistemas de manejo del ambiente del entorno en el que se

encuentran; por ello, consideran que el concepto “desarrollo sustentable” debe ser tomado en

23

cuenta por las empresas mineras, las cuales en este caso particular, no sienten que deban tener

responsabilidades sobre actividades que no les corresponden hacer, dado que en su cultura

organizacional, consideran que su mera presencia como agente empresarial, ya es un aporte para

las comunidades, desarrollando un concepto de solidaridad social relativamente distinto al que las

comunidades esperan.

Finalmente, en los casos registrados, notamos que existen muchas discrepancias en lo que

se refiere a las decisiones de las comunidades en torno a objetivos claros. En algunos casos, las

mesas de diálogo han sido suspendidas por falta de acuerdos entre los miembros de la comunidad

ante la empresa y el Ministerio de Energía y Minas; en otros casos, las empresas desconocen por

completo sus responsabilidades sociales, ante lo cual el MINEM no tiene capacidad de coacción y se

limita únicamente a enviar sugerencias relativas, en su mayoría, a una facilitación del diálogo.

Resumiendo, los conflictos generados por problemas medioambientales son de dos tipos:

a. Problemas ex – ante: el MINEM actúa como agente facilitador, la empresa debe

sustentar que sus estudios de impacto ambiental (EIA) son los adecuados y la población debe tener

la garantía de que no habrá un impacto adverso sobre el medio ambiente.

b. Problemas ex – post: el MINEM actúa como agente sancionador, en caso de existir daño

ambiental causado por la empresa minera, y propone medidas de remediación. En caso de existir

pasivos ambientales de empresas que ya no operan, el Ministerio busca una solución negociada

entre la empresa y la comunidad.

V.2. Conflictos por problemas de tierras

Dentro de los conflictos vistos en el presente estudio, notamos que en algunos casos, los

derechos de propiedad de las tierras no están adecuadamente formalizados por parte de las

comunidades. Un caso interesante es el del Consorcio Minero Horizonte, en el cual los pobladores

de Pataz reclaman que la empresa está realizando excavaciones subterráneas, las cuales generan

derrumbes en varias zonas aledañas a la comunidad.

Por otra parte, los conflictos por tierras también ocurren entre empresas, como lo sucedido

con la Compañía Minera Don Rafo 2, la cual invadió los terrenos de la Compañía Minera La

Milagrosa, en Arequipa.

24

Dado que existe una diferencia entre la extensión de los denuncios mineros y los catastros

agrarios, los cuales no son adecuadamente delimitados, algunas comunidades campesinas

reclaman sus derechos ante el Ministerio de Energía y Minas, a fin de poder delimitar los límites en

que la explotación minera debe actuar.

En este tema existe una falta de precisión de jurisdicciones entre ambos ministerios.

V.3. Conflictos por demandas sociales

Los conflictos mineros por demandas sociales son variados, en los casos estudiados,

usualmente son reclamos por parte de las empresas ante movilizaciones de los pobladores. En

otros casos más concretos, la sola presencia de la compañía minera fue un factor detonante de

desbordes sociales, como ha sido en los casos de Tambogrande y Cerro Quilish.

Debemos anotar que las demandas sociales por parte de las comunidades del entorno son

muy variadas (adecuación de instalaciones eléctricas de la empresa minera, salud, educación,

vivienda, trabajo, remediación de pasivos ambientales, entre otros), pero todas incluyen las

demandas de los dirigentes que la empresa minera, no sólo debe producir, debería generar

desarrollo en la comunidad directamente involucrada.

En estos casos, la intervención del MINEM es insuficiente, pues en casos como Antamina o

Cerro Quilish, se han visto forzados a involucrarse otros actores del Estado, como la Presidencia del

Consejo de Ministros (PCM) y OSINERG, así como los Comités de Defensa Social de las regiones

involucradas y las ONG. Esta multiplicidad de actores y los múltiples diálogos convocados para la

solución de estos conflictos, muestran un nivel de falta de políticas en el sector minero. Las mesas

de diálogo intersectoriales, los comités de defensa, las reuniones de negociación de las partes, las

sesiones informativas no sólo son síntomas de un gran nivel de indecisión sobre los roles que cada

parte debe asumir.

Nos encontramos con que el análisis de nuestros datos nos ha revelado una realidad más

compleja, dentro de todo el universo de intereses creados en el contexto de la explotación minera,

y que merece nuestra atención.

Es importante señalar, a manera de premisa, que los actores sociales se constituyen en

relaciones y prácticas contextuales, y que por ello no tienen atributos fijos que se puedan entender

sin analizarlos de manera relacional con otros aspectos de los problemas analizados. De modo que

25

veremos cómo ciertos actores van a “aparecer” de distinta manera y con funciones diferentes en

contextos políticos, sociales y económicos específicos.

A propósito del tema, podríamos hacer una digresión teórica sobre el campesino como

actor social. Según Orin Star, es necesario tomar en cuenta que “la protesta campesina puede

sonar como un asunto muy concreto y definido de movilización clasista... pero, las protestas rurales

no son la encarnación de categoría prefabricadas; también tienen que ver con la manera en que se

moldean nuevas formas de visión y práctica política”14. Y es en las prácticas en que debemos tener

presente quiénes reclaman, con el apoyo y legitimación social de qué actores sociales.

Bajo los casos revisados vemos la presencia de organizaciones políticas, como las

asambleas comunales, con formas propias de elección y toma de decisiones; organizaciones

conformadas exclusivamente para presentar los reclamos hacia las empresas, y que pueden o no

tener una vida prolongada después de la disputa; la mediación de los Ministerios de Salud o de

Minas, y como se ha señalado anteriormente, sin una clara lógica de acción o sanción hacia las

infracciones producidas por algunas empresas mineras, develando una inclinación de intereses;

algunas ONG que han venido trabajando en las zonas y que tienen una mirada crítica, y a veces

criticista no sólo al modelo del “desarrollo” aplicado nuestros países, sino a toda una lógica

capitalista de explotación de los recursos, según ellos.

Si deseamos entender, pero también buscar salidas y proponer ciertas fórmulas de concertación,

debemos considerar que las comunidades campesinas están en una situación de desventaja, por

falta de adecuada asesoría, por la ausencia permanente de las instancias del estado y la poca

sensibilización respecto a la defensa de los derechos de los campesinos.15

Cuando no se da la importancia debida a la posición en desventaja social, política y

económica en las que se encuentran situadas distintas poblaciones, la respuesta a sus reclamos

ofrece soluciones circunstanciales que buscan apaciguar el contexto más que concentrarse en

alternativas a problemas estructurales. El efecto que estas “soluciones” ocasionan, es el de mostrar

a ciertos sectores de la sociedad como “insatisfechos”, como aquellos “que siempre quieren más”.

14 Star, Orin. “Reflexiones sobre rondas campesinas, protesta rural y nuevos movimientos sociales.” 1991.IEP. 15 Como lo manifiesta Rodolfo Stavenhagen en “La Diversidad Cultural en el Desarrollo de las Américas, los

pueblos indígenas y los estados nacionales den Hispanoamérica”, Las profundas desigualdades económicas entre indígenas y no-indígenas, la marginación social de aquellos, su exclusión política y su subordinación cultural, conforman un cuadro histórico de discriminación persistente que no puede calificarse más que de racismo estructural, es decir, enraizado en las estructuras del poder y del dominio que ha venido caracterizando a las sociedades latinoamericanas durantes.

26

Para poder entender que no sólo se ha mediado con prácticas empresariales, que en

definitiva tienen que contemplar el contexto cultural y político de donde se instalan, respetando

ciertas condiciones sociales dadas, también es importante notar que estamos ante una lucha por el

reconocimiento y la legitimación política. Esto se muestra evidente, si mencionamos que en los 8

casos revisados, en 5 de ellos han tenido participación importante algunos representantes de la

Iglesia Católica.

Tal mediación sería innecesaria si los pueblos campesinos estuvieran en la posición de

exigir sus derechos o la presencia del Estado, sabiendo que los conflictos se pueden solucionar a su

favor, lo que no siempre ha sucedido en los últimos años. También, es evidente que el Estado

actúa sólo como mediador cuando el conflicto entra en su etapa crítica, pero es casi nulo su rol

fiscalizador, mostrando a las comunidades, y a la opinión pública en general, que hay una red de

intereses que no contemplan el bienestar material o cultural de los pueblos afectados, generando

mayor desconfianza al momento de tomar medidas que puedan tener resultados.

VI. Estudio de Casos Importantes

Durante los últimos años hemos observado, con no poca preocupación, diversos conflictos

sociales entre empresas mineras, el entorno social de las comunidades y las áreas de influencia en

que se desarrolla la minería. Estos casos constituyen un tema interesante para profundizar el

análisis de los conflictos.

VI.1 El Caso de la comunidad de Tambogrande

El conflicto entre la empresa Manhattan y las poblaciones involucradas de Tambogrande ha

sido uno de los casos más sonados con relación a empresas mineras y poblaciones afectadas por la

realización de exploraciones. El conflicto se dio en medio de una amplia campaña informativa en los

medios de comunicación por ambas partes del conflicto, en especial por el Frente de Defensa del

Valle de San Lorenzo y Tambogrande, el cual logró establecer una red de apoyo (nacional e

internacional) para evitar que la Minera Manhattan pudiera operar y extender sus actividades de

explotación en el valle.

El problema en esta región surge de una negociación entre la empresa minera y el Estado,

sin tomar en consideración la problemática existente en la zona, es decir, sin considerar la principal

27

actividad productiva del valle, la agricultura, y sin una consulta participativa a la población sobre el

proyecto. La entrada de la empresa minera y sus intentos por establecerse en la localidad

generaron una serie de manifestaciones, paros, acciones cívicas, consultas vecinales, resistencia

civil, ejercicio del derecho de autodeterminación y elección. Pero también este caso implica una

serie de crímenes no resueltos, en torno al asesinato del máximo líder de defensa, en relación a la

campaña de desinformación propiciada por la empresa minera, y al silencio del Estado en la

negociación, y a la intervención de los Organismos No Gubernamentales (ONG).

Para tener una mayor idea de la dimensión geográfica del conflicto, Tambogrande es la

localidad más afectada de una serie de distritos en el valle de San Lorenzo (Piura), ya que su

estructura económica, basada en la agricultura, hubiera terminado seriamente afectada por la

contaminación de los relaves mineros. El valle de San Lorenzo posee 57,373 hectáreas, de las

cuales 42,188 están bajo riego. De la parte correspondiente al área de riego, 26,363 hectáreas son

cultivadas, mientras que 15,825 no lo son. El 46% de la superficie agrícola de la región Piura se

concentra en el valle de San Lorenzo.

Según los cálculos hechos por Juan Aste Daffós16, el total de los ingresos del valle fue de

US$ 42.2 millones para 1999, con un costo total estimado en US$ 24.5 millones. De esta manera, el

ingreso neto estimado es de US$ 17.72 millones para 1999, y el ingreso neto anual estimado por

agricultor es en promedio de US$ 226. La mayoría de estos ingresos provienen de los cultivos de

limón, mango y arroz, cultivos importantes puesto que los de mango y limón significan el 40% y el

38% de la producción nacional, respectivamente.

Como dato estadístico tenemos que Tambogrande es un distrito clasificado como pobre. En

el censo nacional de 1993, el total de la población de hogares de viviendas particulares con

ocupantes presentes fue de 62,807. Existen 58,970 hogares de nivel bajo, 2,929 de nivel medio

bajo, 827 de nivel medio, 81 de nivel medio alto, y ningún hogar de nivel alto.

Dadas las características anteriormente descritas, el pueblo de Tambogrande considera que

la llegada de la minería a su localidad afecta notablemente el esfuerzo que los pobladores han

tenido que hacer desde 1960 para convertir al valle en una región agrícola. Los pobladores

consideran que las negociaciones entre el Estado y la Empresa son perjudiciales para ellos, y que el

Estado está en contra de ellos, por lo que toman la decisión de empezar una lucha por sus

16 Ver: Juan Aste Daffós.“Valor Económico del Valle de San Lorenzo”, CEPES. 2005.

28

derechos, es decir, defender su forma de vida. Según el CEPES17, al entrevistar a los pobladores de

la zona, éstos creen que la llegada de la minería trae de por sí enfermedades a los niños, muerte a

la agricultura, conflictos de intereses entre los líderes comunales, represión del Estado a través de

las fuerzas armadas, migración forzada de las comunidades hacia otras localidades (“volver a

empezar”), para que luego la empresa se lleve los beneficios sin dejar poco o nada a la comunidad.

Bajo este panorama la actividad agrícola es preferida a la minera.

En lo que respecta a las acciones y la estrategia de la compañía minera Manhattan, desde

1999 la empresa intentó ganar la confianza de la población a través de campañas de salud, arreglo

de viviendas, donaciones, entre otros. Con ello, logró en un principio obtener ciertas simpatías, por

parte de la población, quienes consideraban la obra como inofensiva y benéfica. El problema surge

cuando la empresa quiso empezar los trabajos de exploración en el valle, realizó negociaciones sólo

con los dirigentes, para obtener un permiso de prospección, pagando una cantidad de dinero

destinado a obras públicas. Este monto fue negociado sin conocimiento de la población, lo que dio

lugar a una serie de suspicacias sobre dichas negociaciones y el descontento de la población. Estos

hechos, a la larga, resultarían muy negativos para la compañía, pues la interpretación que se dio de

ellos, condicionaría la imagen que los pobladores tuvieron de la empresa.

En el inicio de los trabajos, los vecinos fueron tomados por sorpresa, lo mismo que al

enterarse de la existencia de los convenios. Luego de la sorpresa, se pasó a la impotencia, a la

indignación y finalmente a la violencia. El punto más crítico de esta situación se presentó en el

casco urbano de Tambogrande, donde el inicio de las perforaciones desencadenó enfrentamientos

y la destrucción de sus propiedades, lo que se tradujo en sendas denuncias policiales para los

pobladores y sus líderes. A continuación de ello y de manera muy rápida, el Frente de Defensa del

Valle de San Lorenzo y Tambogrande crecería en apoyo, representatividad y poder, convirtiéndose

en el interlocutor natural de la población en este conflicto. Ello significó rechazo y oposición a los

planes mineros.

La empresa, a fin de contrarrestar la mala imagen generada, en vez de enmendar los

errores, utilizó otros instrumentos menos lícitos para desinformar a la mayoría de los pobladores,

afirmando que su presencia había sido pactada con la población, a través de sus alcaldes. El nivel

de pobreza y desempleo en Tambogrande, si bien podían ser unas buenas razones para la entrada

de la compañía, no fue debidamente argumentada por la empresa minera, que en su afán de

apresurar el inicio del proyecto se sirvió de la misma necesidad de los pobladores y pagó a

17 Ver CEPES - Perú "Organización Social y empresas transnacionales: conflictos existentes sobre los recursos del subsuelo" Lima: International Land Coalition / CEPES, 2004

29

personas que testificaron a favor de la compañía, aun cuando era sabido que la mayoría opinaba lo

contrario.

Según el estudio sobre minería y las comunidades campesinas18 (CEPES) desde un principio

y sobre todo cuando se trataba de actividades que requerían de centenas de personas, la empresa

contrataba o pagaba a gente de otras zonas de Piura, lo que generaba enfrentamientos y disputas.

“En Cruceta (Tambogrande) fue a raíz de la convocatoria de talleres que había programado el

Ministerio de Energía y Minas que trajeron a cerca de 300 ó 400 personas de otros sitios ...

invadieron la plaza de armas y la gente se despertó preocupada por ver gente que nunca habíamos

visto, inclusive como los mercados no abrían, algunos comenzaron a tirar piedras en los techos de

los quioscos, dando lugar a que la gente y los dirigentes formularan una denuncia. Posteriormente

llegó la policía y los materiales para el taller, y ya se comenzó a amontonar la gente de acá de

Cruceta y como los desconocidos tiraban piedras, la gente reaccionó y también comenzó a tirar

piedras. La gente no quería permitir que se realizaran los talleres”. Según los pobladores

entrevistados, probablemente también incluyó en estas estrategias de la empresa, “compra de

conciencias” de líderes y autoridades, aunque demostrarlo es mucho más difícil.

La empresa complementó esta política de desinformación con acciones sociales, cursos de

capacitación en corte y confección, escuelas, postas, comedores populares, campañas navideñas,

en que se pagaba a los asistentes por su participación. Un hecho importante en algunas de estas

actividades de “promoción” es que la participación en ellas exigía un empadronamiento o registro

de participantes. Ello con el fin de generar una atmósfera de apoyo y respaldo ciudadano. Como en

el caso anterior, el desarrollo del conflicto provocó que esta clase de actividades fuera perdiendo

intensidad y se hicieran cada vez más insostenibles por el rechazo y la presión social.

Cuando la población se vio en la necesidad de tomar parte en el conflicto minero que

estaba surgiendo, ya habían llegado desde Piura y otras localidades los organismos no

gubernamentales, que asesoraban a los pobladores en la defensa de sus derechos. La población

actuó en bloque contra sus autoridades y contra la empresa, por lo que ésta, viendo que era muy

costoso demorar las acciones de explotación ante las reservas de oro comprobadas, decidió utilizar

una estrategia de división y enfrentamiento interno entre los pobladores, la que fue

complementada con una campaña de represión, denuncias y acoso a los dirigentes del frente de

defensa de los intereses de Tambogrande.

18 CEPES (2004), Ibid.

30

Entre los testimonios recogidos por el estudio de CEPES, la población coincidió en señalar que

la empresa había buscado la división de los pobladores en diferentes grados. La empresa en

algunos casos pagaba a parte de la población para que internamente generaran pleitos y

desacuerdos respecto a la posición de los pobladores. Citando la versión de uno de los

informantes19 vemos el siguiente caso:

“En una ocasión (la empresa) contrató a mujeres para que hagan una especie de barrera

humana protegiendo la maquinaria de la empresa ante una movilización de protesta que

el mismo pueblo hacía”. Este hecho generó a la larga un clima cotidiano de

desaprobación y sospecha contra aquellos que habían prestado sus “servicios” a la

empresa, pese a que podían hallarse explicaciones sobre la base de las carencias por las

que atravesaba la mayoría de los involucrados. Sin embargo, eso no evitó que se

convirtiera en un argumento y excusa para descalificar a las personas, así como para

acusarlas. El caso más complejo y elaborado de esta política lo constituye la formación

de la “Coordinadora por el Desarrollo de Tambogrande” 20, organización que se funda en

oposición al Frente de Defensa en el 2002 -que actúa “desde dentro” y vía la “promoción

y proyección social”- que en enero de 2003 presenta un padrón a las autoridades

competentes y opinión pública, incluyendo el Frente, donde figuran las firmas de más de

mil tambograndinos que supuestamente estaban en favor del Proyecto Minero

Tambogrande. Meses después, el RENIEC y la Defensoría del Pueblo terminarían por

aceptar que se había cometido un delito y que la mayoría de las firmas presentadas eran

falsificadas. Muchos vecinos se vieron sorprendidos al encontrar su nombre en la lista:

“Yo saqué en un disquete 10 mil firmas e hice un estudio: el 80% eran falsas. Hay varios

casos. El primero es como el mío, de gente que nunca tuvo nada que ver con la

empresa; el segundo, de gente que recibió panetones, juguetes, etc; pero que no sabía

para qué estaba firmando, pero firmaron igual; y el tercero, de gente que trabajó para la

empresa en un primer momento, en la etapa de exploración y que para pagarles

firmaron planillas. También se ha dado el caso de 5 fallecidos y de jóvenes que son

menores de edad, y DNI que los tienen 3 o 4 personas. O sea, esa coordinadora es una

farsa” (Informante 139) De esta manera, el padrón presentado sintetizaba o utilizaba de

alguna manera el nombre de todo aquel individuo que hubiera sido “beneficiario” de

alguno de los pagos, trabajos, actividades, programas, etc. programado por la empresa.

19 CEPES (2004), Ibid. 20 A decir de uno de sus dirigentes, la Coordinadora nace porque son varios los vecinos de Tambogrande que están a favor del desarrollo minero, pero que tienen miedo. Señala que su fin es hacer labor social con apoyo de la empresa Manhattan para demostrar, así, el lado positivo que implicaría su desarrollo. Niega, además, que la empresa haga pagos en dinero o bienes para apoyarla en sus diferentes actividades.

31

La presencia de menores de edad y muertos sólo sirve para confirmar su ilegalidad. Pese

a ello, a la fecha no hay ningún detenido o sancionado, pero lo cierto es que la

presentación del padrón sirvió para azuzar el miedo, las sospechas y acusaciones entre

ciudadanos. La lentitud en su proceso de esclarecimiento (tomó tres meses para que la

Defensoría del Pueblo se manifestara) solo sirvió para aumentar la desconfianza. Ahora

bien, de hecho la presentación del padrón de firmas falsas no fue una decisión fortuita,

pues apenas días antes, el 9 de diciembre de 2002, Manhattan había presentado su EIA,

y el “padrón” servía como medida simbólica de apoyo, toda vez que este “padrón” llegó

al MEM y otras autoridades competentes. También coincidía con el ingreso a la alcaldía

del Presidente del Frente de Defensa, Francisco Ojeda, lo que podía servir como medida

desestabilizadora, en el mismo mes en que el Municipio sufrió la intervención de la

Contraloría General de la República y el acoso policial.

Luego del escandaloso caso de las firmas falsas, la Defensoría del Pueblo demostró poca

celeridad, lo que fue interpretado como complicidad por parte del Estado con la Empresa. Esta poca

celeridad en la problemática minera (presentada por la ONPE, Contraloría, Defensoría, Ministerio de

Energía y Minas, entre otras instituciones) fue aprovechada por la empresa Manhattan, que

pretendiendo mostrarse agraviada, utilizó argumentos legales para intentar movilizar las fuerzas del

orden, desinformando a las autoridades y a la población. Las redes de las organizaciones no

gubernamentales, y la Iglesia Católica jugaron un rol preponderante en el equilibrio de poderes en

el conflicto, asesorando los frentes de defensa y utilizando sus contactos a nivel nacional e

internacional en una campaña de información y concientización del problema que estaba surgiendo

en la localidad:

En Tambogrande, si se es dirigente o líder, no sólo del Frente sino de las organizaciones

que lo integran, de las “bases”, es “normal” que debería estar denunciado, con su

correspondiente trato policial. Sobre la cabeza de los líderes pesa no una sino varias

denuncias. Sin embargo, la estrategia de la empresa ha sido, por sobre todas las cosas, de

pintarlos como desadaptados, como delincuentes y terroristas. En ello los medios han

jugado un rol importante. Finalmente, los entrevistados denuncian la presencia de

personas que trabajan informando a la empresa sobre personas y líderes que se oponen a

sus proyectos, sobre las discusiones y problemas que hay en Tambogrande, sobre las

decisiones y acciones que se programan, es decir, que nutren de información que de una u

otra manera puede ser aprovechada por la empresa.21

21 CEPES (2004), Ibid.

32

En la revisión bibliográfica hemos observado que al darse un debate técnico respecto a las

consecuencias de la explotación minera dentro de la localidad, los pobladores tomaron conciencia

de la gravedad del caso. Lo que al principio era una sospecha y desconfianza se convirtió en una

certeza y una lucha articulada en los movimientos de defensa. Esta articulación implicaba que la

población, en diferentes grados tuviera cierta conciencia de poder ciudadano y estuviera interesada

en las consecuencias que la explotación pudiera tener sobre su estilo de vida.

El estudio citado22, menciona que existieron cuatro orígenes importantes sobre los que se

desarrolló el conflicto, los que fueron: razones referidas a lo ecológico o ambiental, razones

laborales, percepciones influidas en base a la experiencia en otros pueblos (Caso Yanacocha),

razones económicas23, y la reivindicación de los proyectos de vida personales y colectivos. Estos

cuatro elementos, más allá de la conveniencia económica de la entrada de la empresa minera y los

impactos en la vida de los pobladores, denota que existe una mala imagen sobre los impactos de la

minería en las comunidades. Esta imagen, sumada a la demora del Estado en materia de

penalización de las empresas mineras que incumplen las normas, da espacio a las diferentes

organizaciones para actuar en un conflicto donde el gobierno no ha intervenido de manera

eficiente. Fue necesaria una campaña de información y de lucha para que el Estado tomara

medidas, que se convirtieron en la resolución del contrato de opción entre Centromín y Manhattan

Sechura S.A. el 10 de diciembre del 2003.

VI.2 El caso de la minera BHP Billington Tintaya

La empresa minera BHP Billington Tintaya S.A. se dedica a la producción de concentrado de

cobre. Su asiento minero está ubicado a 4,100 m.s.n.m, en la provincia de Espinar, a 250 Km al

suroeste de la ciudad del Cusco y a 260 Km de la ciudad de Arequipa. Haciendo un poco de

historia, la primera exploración concreta y conocida fue realizada durante los años 1917- 1918 por

la Cia. Andes Exploration of Maine, que efectuó 4 perforaciones a percusión y abrió 11 túneles de

corta longitud; estas exploraciones mostraron la existencia de una mina. Luego de esta incursión,

recién en la década del 40 encontramos referencias a nuevos trabajos realizados sobre el

yacimiento de Tintaya por empresas tales como American Smelting, Anaconda y la Cerro de Pasco

Cooper Corporation. En 1952, la Cerro de Pasco tomó una opción sobre las concesiones

pertenecientes al señor Juan Mariano Velasco, que cubren el yacimiento de Tintaya. En 1971

22 CEPES (2004), Ibid. 23 Según lo reportado por CEPES (2004), el ingreso por Canon a la comunidad hubiera sido de 9 millones de dólares, comparado contra los 33 millones de dólares que la población podría generar por la agricultura exportable.

33

Minero Perú se hizo cargo directamente de la explotación de dicho yacimiento, contratando a HA

Simons International Ltd., para preparar el estudio de factibilidad de explotación del depósito. En

concordancia con la activa presencia estatal en las inversiones mineras, el 2 de mayo de 1980 se

constituyó la Empresa Estatal Minera Asociada, de acuerdo a la Ley General de Minería. Poco

tiempo después, mediante Decreto Legislativo 109 cambió su status legal por el de Empresa Minera

Especial Tintaya S.A., iniciando sus operaciones en 1985.

El 29 de noviembre de 1994, como parte de la estrategia de reducción de la participación

de capitales públicos, y de acuerdo al programa de privatización establecido por el gobierno de

Alberto Fujimori, el consorcio norteamericano Magma Coopper se adjudicó la buena pro de la

explotación minera en subasta internacional al ofrecer US $218 millones en efectivo, $55 millones

en papeles de la deuda peruana y un compromiso de inversión de $85 millones en un plazo de 5

años. En enero de 1996, Broken Hill Propietary Inc. (BHP) de Australia, adquirió Magma Coopper

Company. Esta compañía, la mayor en el área de industria y extracción de recursos naturales en

Australia, posee activos en explotación de minerales y petróleo, y producción de acero, de más de

36,000 millones de dólares americanos con ingresos anuales calculados en US $ 22,320 millones,

siendo su fuerza laboral de alrededor de 61 mil trabajadores en más de 50 países del mundo.

Finalmente, en el año 2001 se consolidó la fusión estratégica entre BHP y Billinton. Ambas

corporaciones comparten una visión de futuro similar, aunque BHP tiene como elementos

principales el cobre, el carbón y el acero, mientras que Billinton por su parte tiene minas en

aluminio y otros metales.

La unidad minera se encuentra ubicada a 4,100 m.s.n.m., en la provincia de Espinar,

abarca en su área de influencia directa a las comunidades de Tintaya Marquiri, Alto Huancané, Bajo

Huancané, Huano Huano, Alto Huarca, Huisa, Huarca, Huisa Ccollana y Anta Ccollana. Sin embargo,

sólo las cinco primeras forman parte de la mesa de diálogo que se instaló en febrero de 2002 ante

el conflicto minero surgido. BHP Billinton Tintaya produce en su planta concentradora cerca de

300,000 TM de concentrado de cobre al año, con una ley promedio de 30% de cobre. Esta

producción se realiza a partir de minerales con sulfuros de cobre, especialmente calcopirita. Luego,

el concentrado es transportado al puerto de Matarani, en Arequipa, para su comercialización. Por

otra parte, la empresa ejecuta los proyectos cupríferos complementarios de Antapaccay y

Coroccohuayco. El proyecto Antapaccay se ubica a diez kilómetros al suroeste del tajo actual de

Tintaya.

El perfil más común del poblador de las comunidades involucradas reúne como

características principales el ser joven, menor de 30 años, bilingüe quechua y castellano, originario

34

de la zona, y con movimientos migratorios pendulares hacia las ciudades cercanas a Arequipa o

Cusco, con fines laborales o de estudios. Según un estudio realizado por la empresa minera, la

población de las comunidades tiene una distribución piramidal, concentrándose los mayores

porcentajes de habitantes en los grupo menores de 15 años (39,3%) y de jóvenes de 15 a 30 años

(28.4%). El común denominador de la población mayor de 18 años en las comunidades

involucradas en el conflicto es el hecho de no haber concluido sus estudios primarios. Sin embargo,

en Bajo Huancané predomina el grupo de los que han terminado la primaria; y en Tintaya Marquiri

hay un 22.7% de la población que ha concluido la secundaria.

Como presentamos en los datos comunales, en cada comunidad existe al menos una

escuela primaria estatal, con excepción de las de Tintaya Marquiri y Alto Huancané que son

fiscalizadas, es decir, cuentan con el apoyo de BHP Billinton Tintaya. Además, la comunidad de

Tintaya Marquiri cuenta con un colegio secundario fiscalizado. Las escuelas y colegios de régimen

fiscalizado tienen ciertas ventajas en cuanto a la posibilidad del personal docente, infraestructura y

servicios, frente a los colegios de régimen plenamente estatal. En las escuelas primarias estatales

de las comunidades hay menos docentes que el requerido; por ejemplo, en Bajo Huancané existen

tres secciones por docente, lo cual incide en la calidad de la enseñanza y del aprendizaje. En lo que

respecta a la salud, el perfil de morbilidad de la población de las comunidades estudiadas se

caracteriza por tener como principal enfermedad a las infecciones respiratorias, según lo percibe la

población. Sin embargo, hay enfermedades de índole digestiva que, según el personal de los

centros de salud, tienen fuerte incidencia en la población. La atención en salud se da básicamente a

través de dos centros de salud estatales –uno en Espinar y otro en Tocroyoc y eventualmente un

hospital de la Seguridad Social que da atención a la población no asegurada, que es la más

numerosa, aunque sólo en casos de emergencia.

El conflicto minero en Tintaya, a diferencia del caso anterior, Tambogrande, nace en una

mina en pleno funcionamiento. Los pobladores han tomado conciencia de la importancia del medio

ambiente y del desarrollo sostenible que se hace necesario, así como de la relación comunidad-

empresa minera. La empresa BHP Billington Tintaya ha heredado pasivos de las empresas que

anteriormente han explotado la zona, estas empresas no tenían ningún tipo de fiscalización

ambiental ni consideraban temas como la responsabilidad social, licencia social, desarrollo

sostenible, etc. Estos pasivos recibidos por la empresa han generado problemas con la población,

pero también se ha originado por la expropiación y compra-venta de venta de tierras, tanto de

parte del Estado como de parte de las empresas mineras posteriores. Sin embargo, los hechos que

se han sucedido son percibidos de distinta manera por los comuneros, los cuales están

conformando una Mesa de Diálogo con la Empresa, luego de hacer realizado protestas.

35

La frustración de los pobladores la comunidad de Tintaya Marquiri fue grande en el

momento en que los desalojaron de sus tierras, he aquí que se produjo lo que los antropólogos

llaman un “choque cultural”24 (Oberg, 1958). Este término es utilizado para describir la ansiedad y

los sentimientos causados en un individuo por el contacto con un medio social totalmente distinto.

Se relaciona frecuentemente con la incapacidad entender las pautas de acción de la otra cultura.

Frecuentemente se combina con un fuerte rechazo (moral o estético) a ciertos aspectos de la

cultura ajena. El término fue introducido por primera vez en 1958 por Kalervo Oberg, y de acuerdo

a la teoría desarrollada a partir de sus escritos, se definen cuatro etapas de síntomas comunes al

choque cultural. La primera es la etapa de la luna de miel, que dura unas cuantas semanas. En esta

etapa la gente recibe todo lo nuevo como estupendo. Luego viene el choque descrito

anteriormente. Después hay un período de negociación, en el que la gente trabaja para resolver las

diferencias culturales. Finalmente viene la aceptación. Con esta, la gente se da cuenta de que hay

cosas buenas y malas en la cultura, y que es posible trabajar con ella. Dependiendo del nivel de

choque entre idiosincrasias, la aceptación como proceso usualmente demora mucho, por lo cual,

más adelante, veremos la teoría de la Tripple Bottom Line of Sustaintability como medio para

acelera los procesos de convergencia de intereses entre la empresa y la comunidad.

El choque cultural medianamente observado, en el contexto de este conflicto, radica en la

rudeza percibida por los pobladores andinos sobre las acciones de la empresa, que tiene relación

con la creencia socialmente compartida de que los más fuertes deben ayudar a los más débiles. Los

comuneros, al vender sus tierras sin un precio que equivalga el valor de las tierras perdidas y de la

forma de vida que sacrifican, tenían la esperanza de que la mina les daría algo a cambio del valor

que sacrificaba. Esperaban puestos de trabajo, ya que se les había sido prometido esto por parte

de la empresa. Asimismo, la filosofía de la empresa, que se rige sobre parámetros de libre

mercado y liberalismo económico25 es que nadie tiene la obligación de hacerse responsable por

otros, y cada persona es responsable de su propio destino y felicidad, promoviendo, por lo tanto

una cultura pragmática, funcional, eficiente, pero también actitudes arribistas e informales. Esta

diferencia cultural se hace más evidente en los conflictos que el Estado no regula.

24

Ver Oberg, Kalervo, 1955. Types of Social Structure among the Lowland Tribes of South and Central

America. American Anthropologist. Vol. 57. No.3. Part 1. June 1955. pgs 472 – 487. así también. Oberg, Kalervo, 1973. The Social Economy of the Tlingit Indians. Seattle: University of Washington Press. 25 El liberalismo clásico aboga, en un sentido amplio, por la racionalidad, el carácter abstracto y la pretensión de universalidad, incidiendo en temas como el mérito y una clara separación entre los ámbitos públicos y

privados.

36

Tal y como se mencionó en el párrafo anterior, la fase de negociación y adaptación al

nuevo contexto (explotación de las tierras) fue realizada en forma violenta, respondiendo de una

manera similar, ya que sintieron que la empresa había entrado de la misma manera, y que era

derecho contestar de forma similar. Es en este escenario donde aparecen las organizaciones no

gubernamentales, que informan de los derechos a las comunidades locales, les dan argumentos y

promueven una línea de acción para evitar daños posteriores.

Asimismo, la Mesa de Diálogo establecida por el gobierno ante el conflicto generado,

permite que los comuneros conozcan más de los costos de operación y otros procesos de la mina.

Se elaboraron cartillas informativas, relacionadas sobre todo con el medio ambiente, para saber

que hacer en una emergencia o accidente ambiental. La naturaleza del conflicto ha originado que

los pobladores deseen conocer más sobre lo que les afecta. Además, la mesa de negociación es la

responsable de este diálogo.

Antes, la empresa minera promovía y demostraba un relación esquiva a las comunidades y

no dialogaba sobre los problemas que le aquejan, sino por el contrario, las amenazaba de recurrir a

la servidumbre minera a fin de obligarlas a vender sus tierras. La empresa como agente económico

y de operaciones busca maximizar sus beneficios sin considerar a los agentes con los que se

interrelaciona y convive.

Desde la instalación de la empresa estatal, y la Empresa Minera Especial Tintaya S.A., en

1980, ha venido recortando y dañando el territorio de cinco comunidades de la provincia de

Espinar, propiciando conflictos similares al de muchas otras regiones del país. Al haber sido

desplazadas las tradicionales actividades agropecuarias de las comunidades, hacia la actividad

minera, sin que se plantee oportunamente alternativas que garanticen la generación de ingresos a

las familias afectadas, la situación de las comunidades es crítica.

Sin embargo, como señala CooperAcción, “La multiplicación de conflictos sociales y

ambientales en el Perú ha provocado a su vez el desarrollo de algunas experiencias de diálogo y

concertación, con características y resultados diversos”. Una de estas experiencias tiene curso

precisamente en Tintaya, donde se ha instalado una mesa de diálogo con actores que se perciben

como tales, a diferencia de otras regiones en las cuales los espacios de concertación son liderados

por las empresas o por el Estado mismo, jugando las comunidades un rol subordinado.

El caso de Tintaya sintetiza también el esfuerzo de instituciones y de las ONG que apoyan a

los actores locales que se consideran afectados -cinco comunidades campesinas- para acordar e

37

implementar una estrategia de diálogo con la empresa minera en la perspectiva compartida de una

solución del conflicto y de establecimiento de relaciones que permitan el desarrollo de las

actividades mineras y también, de las actividades agropecuarias.

Si bien la Mesa funciona con mucha lentitud, es importante recalcar que la experiencia de

Tintaya demuestra que sí hay alternativas posibles en la difícil ecuación entre actividad minera y

comunidades y poblados campesinos.

VII.3 Caso de Minera Majaz

Desde el año 2002, Huancabamba se encuentra en estado de conmoción social por la

presencia de la empresa británica Monterrico Metals que, con el nombre de Minera Majaz, pretende

explotar un yacimiento minero en medio de un bosque de neblina en la zona limítrofe con la

provincia de Ayabaca. Esta empresa viene operando de manera ilegal dentro del territorio de dos

comunidades campesinas (Segunda y Cajas en Huancabamba y Yanta en Ayabaca). Muchos

agricultores de estas dos provincias de Piura, así como de San Ignacio y Jaén en Cajamarca

sostienen que la explotación les ocasionará serios perjuicios, especialmente porque afectaría las

fuentes de agua y la producción agropecuaria y con ello el empleo y sus ingresos.

Dentro del escenario de desencuentros entre la comunidad y la empresa, el hecho más

relevante sucedió el 12 de marzo de 2006, cuando se produjo una brutal agresión contra los

expositores y asistentes al foro Minería, Agricultura y Desarrollo Sostenible, realizado en

Huancabamba; a este hecho se une la destrucción de la emisora ambientalista La Poderosa, las

agresiones sufridas por el periodista Federico Ibáñez y la dirigenta campesina Josefa Adrianzén, las

denuncias por terrorismo realizadas por la empresa Majaz contra un sacerdote y varios agentes

pastorales, las campañas de difamación realizadas desde el diario Correo de Piura y el programa

Panorama en Lima contra todos los que se oponen al proyecto minero, incluyendo al obispo de la

zona, así como la muerte de los campesinos Reemberto Herrera y Melanio García.

Una turba de matones, contratada por la empresa minera Majaz, como los medios han

confirmado, arrojó piedras y golpeó a varios de los participantes en el evento e inclusive secuestró

por varias horas a algunos de ellos, tal como consta en el Informe Nº 036 emitido por la Comisaría

de Huancabamba y el Atestado Policial Nº 027. La turba se encontraba al mando de Raúl Urbina,

gerente de la empresa Majaz, así como de Luis Armando Ludeña, José Nicanor Jiménez, Jorge

Páucar, Ricardo Sáenz, Bartolo Bermeo, todos ellos empleados de la mencionada empresa. Ellos

alquilaron un equipo de sonido que emplearon para interrumpir con arengas el evento,

38

transportaron en diversos vehículos a los matones y compraron huevos que fueron arrojados al

público, todo esto corroborado en los informes policiales.

La presencia de Raúl Urbina y de los demás empleados de Majaz durante los incidentes

violentos del 12 de marzo, comprobada por las fuentes policiales, confirma lo que denunciaron

varios dirigentes ambientalistas, que implican directamente a la empresa en tales actos. Los

matones pretendieron golpear al alcalde de San Ignacio y, por una confusión, agredieron

salvajemente a Vicente Zapata Alcorta, miembro del Frente de Defensa de Tambogrande, y lo

dejaron amarrado e inconsciente; posteriormente, la policía pudo rescatarlo, como consta en los

informes de los agentes que intervinieron. Wilson Ibáñez, presidente del Frente de Defensa del

Medio Ambiente de Huancabamba, mencionó que la empresa es responsable de la muerte y

desaparición de dos campesinos y de los disturbios en un fórum el 21 de mayo, así como de otros

actos de violencia contra la población. Por su parte, el presidente de la Federación de Comunidades

Campesinas de Ayabaca, Magdiel Carrión, indicó que los funcionarios de Majaz usaron sus

influencias en algunos ex dirigentes para que firmaran documentos que los habilitan a operar en la

zona. Sin embargo, el dirigente aclaró que el 10 de enero del 2004, la Asamblea General decidió

desconocer tales documentos y no permitir que la minera siga realizando sus trabajos de

exploración.

Ante estos problemas, la empresa minera Majaz decidió iniciar la etapa de consultas a la

población de la provincia de Huancabamba (Piura) y el estudio de impacto ambiental del proyecto

Río Blanco. El proyecto representa mil millones de inversión en minería durante los próximos cinco

años y se encuentra ubicado en las provincias de Huancabamba y Ayabaca, en el departamento de

Piura. Los pobladores que se oponen al proyecto manifiestan que, además de carecer de la

autorización de ellos, Río Blanco originará contaminación en zonas ecológicas protegidas.

El conflicto de Majaz se presenta muy complejo, debido a que existen actos violentos de

por medio, llevando a un desentendimiento total de las partes. En particular la empresa minera

considera que no hay nada que negociar con los comuneros. Es por ello que el 12 de julio del 2006,

dirigentes y representantes de las provincias de Piura y Cajamarca realizaron un plantón frente al

local de la empresa minera Majaz en Lima. El presidente del Frente de Defensa del Medio Ambiente

de Huancabamba, Wilson Ibáñez, indicó que su protesta tiene la finalidad de entregarles un

documento en el que piden aclarar su posición legal y cesar el hostigamiento a las autoridades

comunales. El 14 de julio se reunieron con el Vice Ministro de Energía y Minas, Ing. Rómulo Mucho,

el Director General de Minería, Ing. César Rodríguez, y otros funcionarios de este sector. La

39

intención era reanudar el diálogo suspendido en forma unilateral por las autoridades del sector

minero.

Luego de un amplio debate, cuando ya se había llegado a un consenso, y un funcionario

del MEM procedía a resumir los acuerdos para continuar el diálogo y dejar sentados los puntos

sobre las condiciones para su continuidad, el Ingeniero César Rodríguez dio a conocer que había

tenido una comunicación directa con el ministro de Energía y Minas, y que había dado a conocer

que no firmaría otra cosa que la continuación del diálogo en una fecha por confirmar y una vez que

se coordine con las nuevas autoridades.

VI.4 Caso de Minera Cerro Verde

A mediados del mes de junio del 2006 una marcha de 10,000 pobladores abanderados por

todos los alcaldes de la ciudad de Arequipa y sus distritos, iniciaron una marcha de protesta contra

la minera Cerro Verde, amenazando con un paro general en caso esta empresa no incremente

sustantivamente el monto correspondiente al canon minero. Las autoridades arequipeñas señalan

que su región deja de percibir más de 75 millones de soles y que esa es la suma que la minera

debe pagar a los concejos municipales

El problema, según la versión de la empresa y del propio Ministerio de Energía y Minas

(viceministro), es que el año 2004 la sociedad minera Cerro Verde, a través de una Resolución

Ministerial (N° 510) se adscribió al programa de reinversión de utilidades para ampliar sus

actividades ejecutando el proyecto Cerro Verde II, con una inversión de US$ 850 millones

deducibles del impuesto a la renta (IR) con lo cual incrementarán la producción de cobre de la

minera en un 30% y las ventas en un orden de US$ 800 millones anuales a partir del 2007. Los 75

millones de soles que la empresa adeuda por concepto de canon (50% del pago de IR), finalmente

parece que terminarán negociándose en una mesa de diálogo. Como referencia, el canon

recaudado a través de Cerro Verde ha sido en el 2003 de un orden de US$ 10 millones, en el 2004

US$ 35 millones y en el 2005 US$ 22 millones, baja que se debe justamente al programa de

reinversión ya mencionado.

La reacción de los alcaldes arequipeños y de los pobladores se debe a que el canon en el

2006, en razón a la reinversión mencionada, será de un monto obviamente menor, en cuyo caso

los alcaldes recibirán menos ingresos de lo que esperaban, y a ello se suma que entramos a una

época de campaña electoral, siendo un contexto para ganarse la simpatía de la población. Tanto la

compañía minera, representada por su gerente corporativo, Jorge Benavente, como los alcaldes y

40

representantes de la sociedad civil, liderados por el alcalde de Arequipa, Yamel Romero, y Antonio

Damero, titular de la Asociación de Alcaldes de la Ciudad Blanca, así como el Frente Amplio Cívico

de Arequipa (FACA) y la Asociación de Urbanizaciones Populares y Pueblos Jóvenes de Arequipa

(AUPA), entre otros, participaron en una sesión de diálogo, auspiciada por la Comisión Pro

Inversión del Congreso, que actuó como facilitadora.

Por un momento parecía que se llegaba una solución del conflicto, que enfrenta a la minera

Cerro Verde y la población de Arequipa, pero no hubo acuerdo. La empresa ofreció pagar una

compensación de S/. 13 millones para los municipios que tendrán una disminución de su canon y

los 62 millones restantes en obras de saneamiento, pero las autoridades arequipeñas demandan

que paguen 75 millones, monto que dejarán de percibir por la reinversión de capitales de dicha

empresa.

En agosto del 2006, en una reunión posterior entre la empresa y las comunidades, el

Premier Jorge del Castillo actuó de intermediario entre las partes, y se llegó a un acuerdo formal

respecto a la solución del conflicto. Antonio Gamero Márquez explicó que los alcaldes distritales

desistieron de exigir el pago de 75 millones de soles debido al compromiso de Cerro Verde para la

construcción de las dos plantas de tratamiento de agua Pampa La Estrella y La Tomilla II. La

empresa se comprometió a aportar 50 millones de dólares para la ejecución de la Planta de

Tratamiento de Agua Potable II de Alto Cayma y otros 13 millones de soles (aproximadamente

cuatro millones de dólares) para financiar los estudios técnicos de esta obra y de la Planta de

Tratamiento de Aguas Servidas. Con ambas obras se beneficiará a 250 mil familias de las zonas

periféricas de la Ciudad Blanca.

Por su parte, los burgomaestres, 27 en total, cuyas jurisdicciones se beneficiarán con los

dos proyectos, deberán construir, con recursos propio,s la Planta de Tratamiento de Aguas

Servidas, también valorizada en 50 millones de dólares. Antonio Gamero también señaló que se

conformaron con el pago de S/. 13 millones porque contribuirá a cubrir la brecha presupuestal

producida por la falta de recursos, al confiarse que iban a recibir el dinero del canon. En caso se

reanude el diálogo, el mismo quedará bajo responsabilidad de la comisión técnica que ve el caso,

conformada por los colegios profesionales y la UNSA.

VII. 5. Caso de Minera Yanacocha

El caso de la contaminación de las aguas y de los suelos por la empresa minera Yanacocha

en la localidad de Choropampa es uno de los más conocidos y representativos de la problemática

41

minera que las localidades andinas desean evitar. El caso ha llegado a conocerse

internacionalmente, y es citado como una experiencia fatídica en el tratamiento medioambiental y

el compromiso de responsabilidad social de las empresas mineras, además de las graves

consecuencias sobre las relaciones sociales entre empresa y comunidad. Este caso está

documentado en muchos estudios y videos, para consulta de los interesados, por eso en el

presente documento nos atendremos a describir el conflicto y sus consecuencias.

La mina, Yanacocha, está ubicada aproximadamente a 600 Km. al norte de Lima, cerca de

48 Km al norte de Cajamarca. Está a una altitud aproximada de 4.000 metros. Actualmente se

compone de cuatro minas a cielo abierto – Carachugo, Maqui Maqui, San José Sur y Yanacocha.

Hay tres áreas de lixiviación y dos instalaciones de procesamiento. En total, la mina cubre una

superficie de aproximadamente 25.000 hectáreas. En el 2001 otra mina a cielo abierto estaba

programada a entrar en operación en La Quinua, con reservas de 9,3 millones de onzas. En 1999 la

empresa también añadió 356 millones de onzas de plata a sus reservas estimadas. El Perú es el

séptimo productor de oro en el mundo. La empresa por sí sola es responsable de casi la mitad de la

producción anual de oro del Perú y de poco más del 50% de su producción anual de mercurio.

Yanacocha es la mina de oro más grande de la América Latina y produce aproximadamente un 2%

de la producción mundial de ese metal26.

Una fuente de contaminación ambiental es el mercurio utilizado en la extracción de oro, en

minas de explotación. El oro puede estar presente en forma de depósitos aluviales en ríos, arroyos

o en vetas. En este último caso hace falta triturar el mineral. Se le agrega mercurio a veces a

materiales de donde se extrae oro, pues éste se adhiere al mercurio. La lechada a veces se tritura

para aumentar la amalgamación entre los dos elementos. La mezcla resultante se calienta entonces

para extraerle el mercurio, separando así el metal precioso. Este simple proceso se ha llevado a

cabo en todo el mundo durante siglos. Más recientemente se le ha puesto atención a la gran

cantidad de mercurio que se usaba en esta práctica y que se desechaba directamente a las vías

acuáticas en la región amazónica de Sudamérica. Además de la exposición directa de los

trabajadores a los vapores mercuriales, la emisión del elemento al medio ambiente puede

transformarse finalmente en metilmercurio, el cual se acumula en los peces, otras formas de vida

silvestre y en las personas que consumen pescado. Se calcula que aproximadamente se venden

anualmente 84 toneladas de mercurio en el mercado legal del Perú. Una gran cantidad se usa en

explotaciones mineras para la extracción de oro. Las explotaciones mineras de extracción de oro

que usan mercurio se encuentran en la zona llamada Laberinto, en Madre de Dios, en la región del

26 Fuente: Informe Técnico Yanacocha. Disponible en http://www.yanacocha.com.pe/publicaciones.htm

42

sudeste de la Amazonía peruana. Las explotaciones varían en tamaño, pero pueden llegar a tener

hasta varios cientos de trabajadores a un mismo tiempo.

El 2 de junio de 2000, un cargamento de mercurio elemental que estaba siendo

transportado por la empresa peruana de transportes Ransa Comercial, S.A., derramó

accidentalmente en una carretera andina cerca de los pueblos de Choropampa, San Juan y

Magdalena. El mercurio elemental era un subproducto de la mina de Minera Yanacocha y estaba

siendo transportado por Ransa a Lima. El mercurio se derramó sobre el asfalto y los suelos a lo

largo de la carretera, durante la estación seca, y terminó afectando las capas de aguas

subterráneas y ríos. Gran parte del mercurio derramado fue recolectado por los pobladores, lo cual

generó un problema de salud en el corto plazo; sin embargo, Minera Yanacocha estima que de los

151 Kg. de mercurio derramado en la carretera, MYSRL actualmente estima que se ha recogido o

se ha volatilizado unos 142 Kg., quedando un saldo de 9 Kg. en los suelos o que han sido recogidos

por otras personas.

Para entender por qué los pobladores recogieron el mercurio derramado, es necesario

entender que en las comunidades con alta mortalidad infantil, la población adopta prácticas que

cree puedan prevenir las enfermedades. En esta parte del Perú, los curanderos nativos usan

mercurio para aplacar a los sani, espíritus que conllevan el miedo a las enfermedades. Le pueden

salpicar mercurio alrededor del lecho de un niño que padezca de terrores nocturnos, colocarlo en

una bolsita que se le cose a la ropa, se le añade a las velas de los santos o al agua para bañarse, o

se le lleva en un amuleto llamado “azogue”. Muchos pobladores, de escasos recursos, consideraron

que el mercurio derramado les sería benéfico como medicina contra las enfermedades. Sin

embargo, el desconocimiento del peligro del manejo de mercurio industrial fue un hecho que la

empresa no ha tomado en cuenta al momento de ejecutar medidas que mitiguen el daño sobre la

población.

El problema del manejo medioambiental en Yanacocha ha sido muy complejo, desde los

hechos en 2000, a causa del derrame de mercurio y cloro, los pobladores de Combayo, una

comunidad cercana al campo de acción de la empresa minera, llamaron alerta sobre las aguas de la

laguna Totora, que ha sido tapada por las actividades mineras. Mientras, los pantanos Maqui Maqui

y Chaquicocha que se ubican muy cerca de la actual zona de explotación de Yanacocha, han sufrido

daños por el empleo de mercurio y de los relaves mineros. Los pobladores y la empresa tienen

versiones distintas de los hechos ocurridos durante los accidentes mineros. Mientras que los

pobladores consideran que han existido cuatro accidentes con mercurio, Yanacocha ha admitido

sólo uno de ellos, el más peligroso. La inversión en transporte de minerales de Yanacocha y los

43

procesos de manejo de relaves han sido mejorados en los últimos años, pero esto aún no satisface

a las comunidades campesinas, pues Yanacocha actúa sin licencia social, y tiene problemas de

interpretación de la realidad de su entorno, tal y como ocurrió recientemente con las protestas en

Cerro Quilish, en cuyas faldas se encuentra el depósito de agua de la ciudad de Cajamarca, y con el

manejo escandaloso de la situación en Choropampa al comprar testimonios, corromper

autoridades, y hacer pagos a los comuneros para callar el accidente que habrían ocasionado.

Este caso tiene relevancia, porque demuestra que el tema de la licencia social es necesario

para el desenvolvimiento de actividades mineras en la región. La licencia social puede definirse

en este caso como “la política del buen vecino”. Esta política debe ir acompañada de un programa

de desarrollo sostenible en las actividades mineras en la región, así como un programa de manejo

medioambiental adecuado. Ello permite, entonces, la aprobación y/o consentimiento de la

población de la zona al ingreso de la actividad minera. La Licencia Social en la actividad minera, es

“la aprobación tácita reflejada en el conjunto de aptitudes, acciones y actividades de

reconocimiento o aceptación de las actividades mineras o actividad empresarial minera por parte de

La Comunidad o Entorno Social”27. Es claro, entonces, señalar que la Licencia Social estará influida

por las creencias de la población. Estas creencias son paradigmas difíciles de cambiar en las

comunidades. Las creencias más frecuentes sobre la minería son: La minería compra tierras a muy

bajo precio, es una actividad contaminadora, viola los derechos humanos y abusa del poder, da

poca oportunidad de empleo y empobrece a la población, se considera un ultraje que los recursos

naturales sean explotados por la empresa, ya que dichos recursos son de propiedad privada de los

habitantes de la zona de exploración y explotación, la minería no puede convivir con la agricultura,

entre otros.

La pregunta relevante en el conflicto de Choropampa es entonces, ¿qué pasó con el rol del

Estado en el conflicto? El Estado debe ejercer el principio de autoridad en estos conflictos, como

árbitro y como agente sancionador ante potenciales problemas ambientales. El caso de

Choropampa, que ha sido el arquetipo de conflicto minero por el cual se guían los demás conflictos

mineros, ha traído a los comuneros la idea de que el Estado no está interesado en participar en los

problemas medioambientales y/o problemas de licencia social y desarrollo sostenible en las

comunidades por las siguientes razones: a. El Estado no debe hacerse cargo de los problemas

medioambientales, sólo debe limitarse a sancionar y a mitigar los problemas generados por las

empresas, en especial si es caso flagrante. b. No existe participación activa de los organismos

ambientales en la supervisión minera, pues la CONAM no tiene las atribuciones ni el presupuesto

27 Sonia Osay; "Derecho De La Sustentabilidad y La Licencia Social en Minería", Ponencia en el V Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Legislación Minera, 11 y 12 de noviembre del 2003, Buenos Aires.

44

para poder entrar en cada uno de los potenciales conflictos mineros por problemas de medio

ambiente. c. El Ministerio de Energía y Minas es el organismo encargado de la supervisión y sanción

de los problemas ambientales mineros, este organismo a su vez apoya a las empresas mineras,

más que a las comunidades, pues tienen una visión anticuada de la importancia de la minería en las

comunidades (considera que la población tendrá un gran nivel de dependencia de la actividad

minera, como en el caso de La Oroya) d. La actuación ante los problemas ambientales es a

posteriori y tiene una estructura centralizada, es decir, una vez que ocurre el hecho, el MINEM debe

ser informado en Lima, para que recién pueda actuar.

Del Informe Técnico que la consultora Shepherd Miller realizó para Yanacocha, respecto al

accidente de derrame de cloro y mercurio ocurrido en junio del 2000, se menciona que existen

diferentes versiones del hecho, pero una característica común fue que el transporte de los químicos

fue extremadamente inadecuado. Las diferencias son notorias, en especial por las versiones de los

pobladores, quienes agregan hechos adicionales a la historia, como por ejemplo que el conductor

llevó a unos niños junto a los químicos, o que el mismo conductor estaba mal de salud y los

empresarios lo obligaron a seguir trabajando. Si tomamos en cuenta que cada cilindro de cloro

pesa como 600 kilogramos y que cada cilindro de mercurio alrededor de 200 kilogramos, el

derrame de un cilindro de mercurio y dos de cloro eran una cantidad suficiente para dañar el medio

ambiente durante un buen periodo de tiempo. A esto se añade que los pobladores recogieron el

mercurio y lo llevaron a sus casas para uso médico tradicional. La versión de la empresa es que los

pobladores extrajeron el mercurio de propiedad de la compañía. El derrame, según versión de la

empresa, fue de 200 kilos, de los cuales sólo 20 fueron a la población mientras que el resto se

diluyó en el suelo. Los pobladores indicaron que hubo otro cilindro de 200 kilos que fue derramado,

pero la compañía niega la versión. El pánico de los pobladores vino posteriormente, cuando

empezaron los síntomas asociados a intoxicación con mercurio y la baja productividad agrícola

registrada durante dicho año.

En un principio, se había responsabilizado a la empresa transportadora Ransa del accidente

de mercurio en Choropampa. La empresa fue obligada a recuperar el mercurio derramado, y

propaló una nota de prensa indicando que sólo se habían derramado 80 kilos de mercurio, y que

éste “no era dañino para los pobladores”. Una semana después del accidente, la empresa minera

envía personal a Choropampa y las autoridades de la zona empezaron a hacer sus reclamos, debido

a que algunas calles de la ciudad tenían mercurio derramado y ya se presentaban los primeros

casos de intoxicación mercurial.

45

La empresa Ransa al principio trató de controlar la situación, pero la actitud de la población

en recoger el mercurio derramado y llevarlo a sus casas, hizo que la minera Yanacocha tuviera que

intervenir directamente, luego de una semana de ocurrido el hecho. Según versión de la empresa,

Yanacocha gastó una fuerte cantidad de dinero en médicos y atención clínica, equipos de

descontaminación y limpieza, y adicionalmente la compra del mercurio derramado a los pobladores.

Esta versión discrepa con los testimonios de los pobladores, quienes señalan que la empresa les

pagó para que no hicieran protestas haciendo firmar un documento en que liberaban de toda

responsabilidad a la empresa Yanacocha en el futuro. Ambas versiones de la historia alimentan

posiciones encontradas en el actual conflicto, pues las organizaciones de defensa creen que la

empresa minera buscará manipular y sobornar a los pobladores y a las autoridades para que ésta

no se vea involucrada en problemas a futuro, mientras que la empresa reafirma su posición de que

ha hecho todo lo posible por encontrar soluciones a los problemas generados.

Las autoridades de Choropampa y los habitantes del lugar se reunieron con los

representantes de la minera y presentaron una petición de servicios de salud, seguro de salud,

seguro de vida, transporte a Cajamarca para visitar a los familiares hospitalizados, mejoras en la

escuela, mejoras en el agua, mejoras de carretera, indemnización económica y empleo.

Posteriormente, en la revista Caretas se publicó información de los pacientes hospitalizados. El

Comercio publicó un artículo que indicaba que había pacientes en coma y una alta tasa de

mortalidad. La empresa consideró que ambos medios dieron información distorsionada y expresó su

queja. Los doctores Lioy y Gochfeld, especialistas en toxicología de Rutgers University, Nueva

Jersey, llegaron a Cajamarca a solicitud de la Minera Yanacocha. Se quedaron hasta el 8 de julio

del 2000 y proporcionaron ínterconsultas acerca del diagnóstico y la atención médica. También

desarrollaron protocolos para la mitigación de viviendas contaminadas de mercurio. A partir de la

resolución de este conflicto, es cuando las organizaciones no gubernamentales, la Iglesia Católica y

los recién conformados frentes de defensa, comienzan su labor de vigilancia ambiental, lo que

tendría posterior influencia en los conflictos en otras partes del país.

VI.6. Conflicto Minera Yanacocha y Comunidad de Combayo

La reciente solución del conflicto suscitado entre la comunidad de Combayo y la compañía

minera Yanacocha, lograda con la intervención directa del primer ministro dentro de una situación

de emergencia, ha mostrado, nuevamente, la fragilidad de las relaciones entre las empresas

mineras y las comunidades andinas cercanas al proyecto de explotación.

46

A continuación, un resumen de los sucesos y los acuerdos alcanzados en la mesa de diálogo

correspondiente:

La suspensión temporal de las actividades de la minera Yanacocha, anunciada por el

Gerente de la Compañía el 28 de agosto de 2006, se resume pormenorizadamente en el texto

siguiente, producto de un análisis de las informaciones aparecidas en todos los medios de

comunicación. A este análisis de contenido, debemos agregar que periódicamente el autor se ha

ocupado de los temas mineros en artículos publicados en el diario Gestión.

Este conflicto, a juicio de todos los observadores, se ha superado provisionalmente con un

acuerdo pactado mediante una conciliación dirigida por el Primer Ministro el Dr. Jorge del Castillo.

Luego de superados los enfrentamientos en el Cerro Quilish en el 2005, los pobladores de

la Comunidad de Combayo comenzaron con una serie de protestas contra la empresa minera

Yanacocha, que fue el detonante de un desentendimiento aun mayor entre la empresa y la

comunidad. Desde el 2005 el gobierno, a través del MINEM, organizó una mesa de negociación que

buscaba un equilibrio entre las comunidades y la empresa. Los comuneros de Combayo consideran

que tenían “derecho” a tener un puesto de trabajo en la mina Yanacocha, ante lo cual la empresa

aclaró su política de contratación. Esta situación determinó que la comunidad se retire de la mesa

de negociaciones e iniciaran y se generaran una serie de enfrentamientos entre agentes de

seguridad de la empresa minera, policías y los comuneros a inicios del mes de agosto, dejando el

saldo de un campesino muerto durante las primeras protestas.

El 22 de julio del 2006, decenas de pobladores de las zonas de Combayo y Huancocancha,

que albergan a cerca de 15 comunidades campesinas, bloquearon el kilómetro 4.5 de la carretera a

Bambamarca, a fin de evitar el acceso de los trabajadores de la minera, y exigiendo la intervención

de una Comisión de Alto Nivel conformada por representantes del Ministerio del Interior, Agricultura

y Energía y Minas, además del Congreso de la República y la Defensoría del Pueblo. Como

resultado de esta primera acción de protesta hubo un enfrentamiento entre 500 ronderos de la

comunidad de Combayo, en Cajamarca, y efectivos de la Dirección Nacional de Operaciones

Especiales - DINOES, cuyo resultado dejó un saldo de 10 campesinos heridos y 3 policías, así como

el recrudecimiento del conflicto, pues, si bien la carretera fue despejada, la situación volvería a

repetirse.

47

Según el diario El Comercio28 “Unos 30 pobladores de Huambocancha Baja bloquearon el

kilómetro 4 de la carretera Cajamarca-Bambamarca, en respaldo a la protesta de los comuneros de

Combayo, distrito de Encañada. Con piedras, palos y llantas, los manifestantes impidieron el paso

de los vehículos por dicho tramo y mantuvieron retenidas dos camionetas de la empresa Gold Fields

que circulaban por la zona. Las protestas se iniciaron a las 05:00 horas de hoy, en la zona conocida

como Huambocancha Baja. Los comuneros impidieron el paso de los vehículos hacia el

campamento minero, para lo cual realizaron marchas y bloqueos. Efectivos de la Policía los

repelieron con bombas lacrimógenas. El enfrentamiento dejó ocho heridos, que presentaban

quemaduras en el cuerpo. Un segundo enfrentamiento se dio en el centro de salud de esa

localidad, a donde habían llegado los principales dirigentes de los comuneros para indagar por el

estado de salud de los heridos. En este lugar, los agentes del orden atacaron con bombas

lacrimógenas a los revoltosos para obligarlos a salir, enfrentamiento que dejó otros cinco

campesinos heridos. Se pudo conocer que el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del

Perú (Sutep) y estudiantes de la Universidad Nacional de Cajamarca participaron de la jornada de

protesta liderada por los comuneros de Combayo”.

El alcalde de Combayo, Luciano Llanos, denunció a los efectivos de la DINOES (PNP) por

haber recibido pagos por parte de la empresa minera, con el fin de maltratar a los campesinos.

Mientras tanto, dirigentes de las rondas campesinas de las localidades de Chota y Celendín se

sumaron a las protestas de Combayo contra Yanacocha. La ministra del Interior, Pilar Mazzetti,

rechazó que no exista voluntad política para trabajar por la restitución del orden público en la zona.

Sin embargo, señaló que la represión a los pobladores que están bloqueando carreteras será la

última alternativa, por considerar que aún no se han agotado las vías de solución del conflicto entre

la minera y los pobladores. Asimismo, en diálogo en el programa Cuarto Poder del 27 de agosto,

Mazzetti Soler dijo que 190 efectivos han sido destinados a la zona, así como un avión que

monitorice constantemente la situación.

Actualmente Yanacocha, cuyo mayor accionista es la compañía estadounidense Newmont,

lleva a cabo conversaciones con los campesinos de Combayo, auspiciadas por el Defensor del

Pueblo de Cajamarca, para llegar a una solución a sus demandas laborales. Felipe Ramírez, gerente

de Asuntos Institucionales de la minera, dijo que lamentaba que los pobladores optaran una actitud

de protesta, pues Yanacocha siempre mantuvo abierto el diálogo. “Estamos dispuestos a

conversar, pero obviamente no podemos darle trabajo a todos”, dijo. Según CPN, un dirigente de

los comuneros, Segundo Chumbe, afirma que sus demandas apuntan a que Yanacocha deje de

28 Diario El Comercio, Lunes 28 de agosto de 2006

48

contaminar y atentar contra los recursos naturales de la zona, y que se esclarezca la muerte de su

compañero ocurrida a inicios de agosto.

Mientras los comuneros de Combayo continuaban en el kilómetro 4,5 de la carretera que

conduce a Bambamarca, a la altura del centro poblado Huambocancha Baja, trabajadores de una

empresa contratista de minera Yanacocha y sus familiares salieron a las calles de Cajamarca en una

marcha para defender sus puestos de trabajo. Portando carteles y pancartas, aproximadamente

250 personas pertenecientes a la empresa contratista Urteaga, junto con sus esposas e hijos,

recorrieron las calles de Cajamarca anunciando que unas 1.500 familias se quedarían sin ingresos

por la cancelación de los trabajos de la minera en Combayo. La manifestación estuvo resguardada

por miembros de la policía y no ocurrieron incidentes. Se informó que se coordina con otras

empresas contratistas para realizar nuevas movilizaciones los próximos días. Mientras tanto, en la

carretera principal que conduce a la minera Yanacocha los comuneros de Combayo continúan en

ambos extremos de la pista. El pase permanecía restringido para las unidades móviles de

Yanacocha, por lo que se utilizaban otras vías de acceso para trasladarse hasta el campamento

minero ubicado a una hora de Cajamarca.

Ante la negativa de diálogo por parte de los pobladores, la empresa minera Yanacocha

informó el 27 de agosto que paralizaría todas sus operaciones si seguían las protestas de varias

comunidades cercanas a uno de sus proyectos en la localidad de Combayo, en la región Cajamarca,

el 25 de agosto la empresa suspendió sus actividades en Churucugo, un proyecto de 173 millones

de dólares ubicado en Combayo. Carlos Santa Cruz, director gerente de Newmont-Yanacocha,

expresó en una entrevista en el programa televisivo Cuarto Poder que la operación de la minera se

encontraba ante una inminente paralización total. "Nuestra operación está enfrentando un bloqueo

de carreteras desde hace casi una semana que no permite transportar trabajadores hacia la mina.

Hoy día enfrentamos una inminente paralización de todas las operaciones", dijo Santa Cruz.

Al 28 de agosto de 2006, la carretera a Bambamarca está bloqueada por 150 personas.

Este bloqueo ha durado una semana y ha afectado las operaciones de la mina. Santa Cruz explicó

que el diálogo de Yanacocha con los comuneros se vio frustrado en dos oportunidades por “grupos

interesados” en agitar las protestas, incluso dijo que representantes de la Defensoría no habían

podido lograr las reuniones entre ambas partes. Asimismo, señaló que el premier Jorge del Castillo

se había comprometido, en una reunión que sostuvieron ambos, a restablecer la apertura de las

carreteras, y por ello Santa Cruz demandó que el gobierno restituyera el orden de inmediato. El

gerente de Yanacocha también reafirmó que su empresa no aceptaría la mediación del sacerdote

Marco Arana, por considerarlo “una persona con una visión muy parcializada en contra de la

49

actividad minera”. Agregó que, además, él es representante de un sector de los campesinos que

tiene relación con la paralización del proyecto Carachugo. Finalmente agregó “La minera no es

negativa, realizamos obras sociales profundas, pero hay un problema de inclusión que una sola

empresa no puede satisfacer”.

A la fecha de la redacción del presente informe, el ministro de Energía y Minas, Juan

Valdivia, aseguró que el Ejecutivo tiene la intención de encontrar una solución definitiva al

problema surgido entre las autoridades y comuneros de la provincia cajamarquina de Combayo y la

empresa minera Yanacocha. Valdivia agregó que la clave será "buscar los canales de diálogo para

encauzar los problemas sociales" y evitar la paralización de la actividad extractiva en Cajamarca. El

titular de Energía y Minas sostuvo que por parte de la empresa Yanacocha "ha habido algunos

aportes particulares sobre todo en la ciudad de Cajamarca, pero indudablemente no ha sido

satisfactorio y permanentemente ha habido un conflicto (con los comuneros)".

El presidente del Comité de Desarrollo de Combayo, Samuel Sánchez Ñontol, anunció que

la suspensión de las actividades de Yanacocha había sido una decisión acertada por parte de la

compañía, pero que esperaban a la comisión de alto nivel para solicitar un documento que ratifique

la decisión de la minera y su compromiso para remediar los daños causados a los recursos

naturales de la zona. También indicó que sólo 63 de los 7.000 pobladores de Combayo contaban

con un puesto de trabajo en Yanacocha. En el transcurso de esa semana se esperaba que

representantes del poblado de Combayo, de la mano del sacerdote Marco Arana, viajaran a Lima,

donde esperaban entrevistarse con las autoridades del Gobierno Central. La empresa minera no

aceptaba la intermediación del religioso. La población de Cajamarca temía que en algún momento

pudiera producirse un enfrentamiento entre los trabajadores de las empresas contratistas que han

quedado sin empleo y los habitantes de Combayo.

El 29 de agosto de 2006, en un comunicado breve, la empresa minera Yanacocha anunció

la paralización de sus operaciones en el departamento de Cajamarca, hasta que se encuentre un

mecanismo de solución entre las partes, y cesen los bloqueos a la carretera Cajamarca –

Bambamarca. La empresa considera que la medida tomada por los pobladores de Combayo es

ilegal, y afecta el traslado de personal y suministros hacia las instalaciones mineras, por lo que

mantiene únicamente las actividades indispensables para garantizar la protección ambiental en las

instalaciones.

La medida afecta directamente a 10,000 trabajadores directos y a cerca de 40,000

personas de manera indirecta, e implica pérdidas de seis millones de soles a la empresa y dos

50

millones de soles a la caja fiscal por concepto de regalías, tributos, programas sociales destinados a

la comunidad y todo el circuito económico generado alrededor de la compañía minera. El Poder

Ejecutivo ha manifestado su voluntad de volver a la mesa de diálogo del Ministerio de Energía y

Minas, siempre y cuando se levante el bloqueo de las carreteras, y se tome el rol de los organismos

no gubernamentales, como parte de la negociación y no como mediador o vocero de la comunidad.

El 4 de septiembre de 2006 se llevó a cabo una reunión entre la comisión de alto nivel del

Gobierno, la empresa minera Yanacocha y los comuneros de Combayo, la cual culminó con la

suscripción de once acuerdos que han puesto fin al conflicto entre los pobladores y la minera. Entre

los acuerdos alcanzados figuran la construcción de una carretera y el compromiso del Estado de

monitorear la calidad del agua en la localidad. El primer ministro Jorge del Castillo, quien preside la

comisión del gobierno, informó que el 23 de septiembre se iniciarían las obras de construcción de la

carretera Puente Otuzco-Combayo y del muro de contención de la mina, que demandarán una

inversión de dos millones de soles.

En declaraciones a la prensa transmitidas por Televisión Nacional desde el Teatro Municipal

de Cajamarca -sede de la reunión-, Del Castillo Gálvez dijo que con la carretera se pretende reducir

de tres horas a 30 minutos el recorrido por dicho tramo. Asimismo, consideró que es indispensable

asegurar el agua para la población en cantidad y en calidad. "Está claro que no hay oposición a la

actividad minera. Lo que la gente quiere es un equilibrio justo entre la actividad minera y el medio

ambiente", precisó del Castillo. Por su parte, el presidente ejecutivo de Newmont - Yanacocha,

Carlos Santa Cruz, dijo que las autoridades competentes han confirmado que no existen problemas

de contaminación de agua, lo cual debe dejar tranquila a la comunidad.

El premier Jorge del Castillo también informó que la empresa se comprometió a brindar

apoyo humanitario a la familia de Isidro Llanos, el poblador que falleció durante el enfrentamiento

que se produjo con los agentes de seguridad de la minera. Al mismo tiempo, añadió, el Estado se

compromete a interponer sus buenos oficios para que el Ministerio Público agilice las

investigaciones a fin de identificar al responsable de la muerte del comunero.

La minera también acordó que no se realizarían nuevas denuncias contra los pobladores,

teniendo en cuenta que hasta el momento eran ocho los vecinos de Combayo detenidos por alterar

el orden la semana pasada. Según la agencia Andina, los asesores legales de ambas partes se

reunirán para coordinar alternativas de soluciones a las denuncias efectuadas con anterioridad. En

el diálogo, la comunidad de Combayo estuvo representada por el alcalde Luciano Llanos, quien se

comprometió a informar al alcalde de La Encañada sobre los planes de inversiones en Combayo,

51

con el dinero proveniente del canon minero, Foncomun, y derechos de vigencia con el objeto que

se empiece las obras en el más breve plazo (ver los once acuerdos formales logrados en la mesa de

diálogo con relación al problema de Combayo y la Minera Yanacocha – anexo 1)

VI. 7. Análisis del Conflicto Minera Yanacocha – Comunidad de Combayo

La intervención del Presidente del Consejo de Ministros en la resolución de conflictos

mineros refleja un síntoma de desorganización en los estamentos legales que permiten un

entendimiento entre las partes en conflicto. El gobierno actual ha intervenido al más alto nivel, ante

la negativa al diálogo por la mesa establecida por el Ministerio de Energía y Minas en colaboración

con la Defensoría del Pueblo, y es que el tema minero está muy vinculado a la problemática

campesina, y a la pobreza misma.

Tal y como se menciona en artículos históricos respecto a la problemática campesina, hasta

antes de la década del 70 la forma de solución ante la problemática campesina era relegar al

comunero a un estado de “cosa” con la cual la sociedad formal evitaba un contacto cultural

permanente, y se solucionaban los conflictos sobre la base de imposición de derechos al estilo de

un sistema feudal, en que los derechos de los comuneros valían poco o nada frente a los derechos

de los terratenientes. Actualmente, dicha situación ha cambiado, en menos de 30 años vemos una

explosión de la lucha por los derechos civiles y derechos al desarrollo por parte de la población

campesina.

Tal como hace referencia la revista Somos, del sábado 3 de septiembre, “una respuesta

violenta sólo agudizaría y prolongaría el conflicto”. Los desaciertos y conflictos, así como sus

razones culturales e históricas, son una realidad que el Estado no puede ignorar o aplazar más.

Para los campesinos, el Ministerio de Energía y Minas y la Defensoría del Pueblo no siempre

representan entidades confiables, síntoma del nivel de confianza con las autoridades civiles. Es por

ello que el Presidente del Consejo de Ministros se ha visto forzado a restablecer un diálogo al más

alto nivel, entre las partes, con el propósito de llegar a acuerdos mínimos y establecer un marco de

diálogo común y razonable.

Para empezar a relatar muy brevemente el conflicto, debemos decir que las comunidades

campesinas están en contra de una empresa de extracción de minerales que no cumple – según los

lugareños – con el desarrollo de la zona. No es novedad que ciertas voces quieran restarle carga a

las compañías mineras diciendo – con toda lógica, pero escaso realismo – que el Estado, y no las

empresas, debe encargarse de las obras de infraestructura. Además, no faltan quienes, en el punto

52

de ebullición del conflicto y a cientos de kilómetros de distancia del problema, reclaman inmediata

mano dura para neutralizar a los manifestantes y restaurar lo que consideran el principio de

autoridad.

La sociedad civil, a través de organizaciones ciudadanas, como de organismos no

gubernamentales, las ONG y la Iglesia Católica, se han mostrado como protagonistas de los

conflictos, las comunidades encuentran en ellos legitimidad y apoyo de redes sociales. Un ejemplo,

es que el Presidente del Frente de Defensa de Cajamarca, Reinhardt Seifert, de origen alemán,

coordina acciones con las demás organizaciones ambientalistas a fin de generar conciencia en los

comuneros sobre qué es lo que deben pedir en una mesa de negociación frente a las empresas

mineras. Si bien las manifestaciones de los pobladores tienen argumentos de peso como la

necesidad de la conservación de los recursos hídricos, no deja de mostrarse evidente cierto

resentimiento hacia las empresas mineras. Es evidente que los lemas antimineros, que acusan a la

actividad minera de generar daños a la forma de vida de los pobladores, o que las empresas sólo

se llevan, de la localidad, sus riquezas, están fundadas en la interacción de la empresa minera y de

los daños ocasionados, pero también son internalizados como un discurso común, levantando

barreras al diálogo.

Existen formas de solucionar dichos conflictos mineros, entre la más viable pero menos

ejecutada, la de opinión de Seifert, que “si el centro de operaciones de Yanacocha está en un área

de cerca de cinco mil hectáreas, las tierras que le entregaron en concesión llegan a las 250 mil

hectáreas, por lo que en este vasto territorio debe hacerse a largo plazo, según propone, un mapa

tanto de reservas de agua como de reservas económicas”. Los mecanismos de solución de

conflictos por parte de las autoridades regionales son muy limitados por las restricciones legales al

gasto fiscal, y porque también hay una falta de perspectiva y capacidad gerencial para usar el

canon minero que llega a esta región, tal como se mencionó previamente. Una muestra del

manejo deficiente de estos recursos se dio cuando el presidente de la Región Cajamarca, Felipe

Pita, de filiación aprista, devolvió 80 millones del canon minero porque simplemente no pudo

invertirlos en obras de desarrollo.

Si bien Cajamarca recibe el 31% del canon minero recaudado, los beneficios no son

percibidos por la población, ya que la repartición de beneficios es a largo plazo. Urge que un solo

organismo tome el control de la medición de la contaminación minera en lugar de que organismos

como Digesa (Ministerio de Salud) e Inrena (Ministerio de Agricultura) litiguen por sus difusas

competencias y al final ninguno tenga el compromiso de medir con regularidad la calidad de las

aguas. Esta sugerencia también la hace la Defensora del Pueblo, Dra. Beatriz Merino, quien

53

consideró que el país necesita una nueva autoridad para la protección del medioambiente, con más

facultades. Esto lo manifestó después de la solución del conflicto generado por la contaminación

del río Corrientes, que generó la toma de la refinería de la empresa Pluspetrol por parte de la

comunidad Achuar, en Iquitos. (Ver Anexo 2)

VI.8 El Caso de Minera Doe Run

El caso del conflicto minero registrado en la Oroya es sui géneris, en tanto que es el único

caso registrado en que la empresa ha logrado someter a los sindicatos y a las organizaciones de

base a su conveniencia, para seguir con su labor en la región, a costa de un enorme daño

ambiental registrado. La ciudad de La Oroya se encuentra en el centro de un circuito comercial

metalúrgico comprendido por las ciudades de Cerro de Pasco, Huancayo, Jauja, Tarma, Junín, entre

otros. Debido a la gran tradición minera de estas zonas y a la llegada del ferrocarril como medio de

transporte de los minerales hacia Lima, La Oroya pasó a ser un centro para la minería, en especial

porque en dicha localidad, desde 1922, funciona una fundición de minerales que permite obtener

una mejor calidad del mineral que se exporta o se vende en la capital.

La Oroya desde sus inicios hasta 1974 estuvo en manos de la Cerro de Pasco Corporation,

la cual había desarrollado un importante núcleo de desarrollo alrededor de la actividad de fundición

y la minería a gran escala. Las actividades de la minera fueron creciendo a medida que la empresa

compraba las tierras adyacentes para evitar protestas por daños ambientales así como para poder

desarrollar proyectos diversos que fueron muy rentables. Con las actividades desarrolladas por la

corporación, el pueblo de La Oroya fue creciendo sustancialmente y en su gran mayoría dependió

de la corporación para su sobrevivencia. La empresa volvió a los comuneros muy dependientes a

ella, pues se impartía educación, salud, y alimentación barata para sus trabajadores, así como para

el resto de la comunidad.

Esta misma situación continuó con el cambio de dueños, cuando en el gobierno militar de

Velasco y los posteriores gobiernos, a través de Centromin Perú, se mantuvo la dependencia de la

población con respecto a la empresa hasta su posterior privatización en 1997. Como se mencionó

previamente, en esa época no existía conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, y se

consideraba a la minería “de interés nacional”, lo que daba libertad a la empresa para seguir

contaminando. Este daño era parcialmente mitigado con programas de desayunos con leche para

los pobladores, y con compra de tierras contaminadas, a fin de no generar quejas. El cambio de

propietarios de Centromin hacia la empresa Doe Run no ha mejorado el panorama del manejo del

54

medio ambiente. La empresa, al firmar el convenio de estabilidad tributaria con el Estado, se

comprometía a implementar un Programa de Adecuación del Manejo Ambiental (PAMA) hasta el

año 2007, lo cual no ha logrado satisfactoriamente, siendo la única empresa que ha postergado

dicho compromiso hasta el 2010.

Desde el inicio de los noventas, la llegada de las ONG que trabajan temas relacionados al

desarrollo, de las organizaciones ambientalistas y la participación de un sector de la Iglesia Católica

a partir de la década del noventa, impulsó un movimiento consciente respecto al cuidado del medio

ambiente, los recursos no renovables, las actividades de desarrollo sostenible, y en particular en los

potenciales daños de la contaminación sobre la población, especialmente en los niños, cuyos

niveles de plomo en la sangre ya eran superiores a los máximos permitidos por la Organización

Mundial de la Salud29, situación que provoca desde problemas motrices hasta posibles lesiones

cerebrales. Estos movimientos sociales han tenido cierta repercusión en la población, mas no han

logrado sus objetivos básicos, debido a la existencia de una problemática más compleja en la

estructura económica de la ciudad y la región.

La alta dependencia de la comunidad respecto de la empresa, especialmente respecto a la

educación, salud, trabajo y alimentación, es un fuerte lazo que evita el desborde popular, en

especial por los 2400 trabajadores directos y a los 24,000 beneficiados indirectos de las actividades

mineras, comerciales y de servicios que giran alrededor de la ciudad. Pero también es cierto que se

ha creado el Movimiento de Salud de la Oroya (MOSAO), que agrupa a asociaciones como GESTA,

la Comisión de Salud y Medio Ambiente de la Mesa de Concertación Provincial, el Comité de

Defensa de la Oroya Antigua, las Juntas Vecinales del Medio Ambiente, la Asamblea Popular

Distrital, la Asociación de Delegados del Medio Ambiente de la Provincia de Yauli – La Oroya, las

organizaciones no gubernamentales, las ONG, y la Iglesia Católica. Estas organizaciones han

realizado diferentes actividades para comprobar la nocividad de la contaminación minera en aguas

(relaves), suelos (pérdida de tierra agrícola y pastizales) y aire (contaminación por las chimeneas).

Ante estos problemas la población no ha actuado con la suficiente fuerza y convicción, en defensa

del medio ambiente, como se puede observar en el caso de Tintaya o Majaz.

Respecto al conflicto en Majaz, debemos mencionar que la empresa ha utilizado medios de

coacción para evitar que las protestas puedan hacer eco en la población.

29 Pajuelo Ramón (2006) “Todo esto nos ha cambiado la vida: Medioambiente y salud en la Oroya”. Acción Solidaria para el Desarrollo – Cooperacción. Ediciones Nova Print. Lima.

55

El manejo interesado de los sindicatos, la potencial restricción de la ayuda a la comunidad,

la amenaza de retiro de la empresa y el daño que ésta generaría al circuito económico – comercial

establecido en la zona sobre la base de la actividad minera, la coordinación de actividades con los

dirigentes municipales y provinciales, así como un manejo de los medios de comunicación, y un

discurso institucional convincente, disuadieron a los habitantes a participar en protestas enérgicas,

a pesar de que las organizaciones ambientalistas realizaron una campaña de concientización de la

población. Una alternativa planteada por los habitantes es la de permitir a la empresa continuar con

sus operaciones, mejorando la tecnología en los procesos de fundición y manejo de relaves, lo cual

deja de lado el crítico problema ambiental registrado, y logra que la empresa Doe – Run evada su

responsabilidad en la contaminación ya hecha.

Es importante señalar que si bien ha existido poca movilización contra la empresa, y las

relacionadas a la defensa del medio ambiente se realizan de manera tímida, con personas poco

vinculadas a las actividades mineras (esposas de trabajadores, comerciantes, asociaciones de

padres de familia, entre otros), la municipalidad, influida por los intereses mineros, logran tener un

contingente de pobladores que ayuden, haciendo marchas de apoyo a las actividades de la

empresa minera.

Este caso es muy particular, pues no se avizora una solución a corto plazo. Se espera que

la ampliación del PAMA logre atenuar los daños ambientales en la población, en especial en la zona

antigua de la ciudad, la que ha sufrido el mayor daño. Se espera también que, en el largo plazo, el

Estado, la sociedad civil organizada y la empresa puedan sentarse a dialogar sobre posibles

soluciones de largo alcance, promoviendo actividades de desarrollo sostenible, en beneficio de la

población.

56

BIBLIOGRAFÍA

1. Alvarado, Gina (2002) “Recursos naturales y políticas públicas en el conflicto agro minero de

Tambogrande”. En Pulgar-Vidal, Manuel; Eduardo Zegarra y Jaime Urrutia (2002) Perú: El

problema agrario en debate - SEPIA IX. Consorcio de Investigación Económico y Social CIES –

Seminario Permanente de Investigación Agraria SEPIA - CLACSO. Lima.

2. Aste Daffós, Juan (1997). “Transnacionales de la minería peruana: Problemas y Posibilidades

hacia el siglo XXI”. Fundación Friedrich Ebert. Lima.

3. Aste Daffós, Juan (2000) “Valor económico del Valle de San Lorenzo : Tambogrande – Piura”.

Oxfam - - Colectivo Ciudadano Comunidad Tambogrande. Piura.

4. Carlos Echegaray y Ricardo Yépez (1998) “Seminario Alternativas para el Desarrollo de la

Provincia de Espinar”. Concejo Provincial de Espinar. Cuzco.

5. CEPES – Perú (2000) “Tambogrande. Se abre el diálogo”. La Revista Agraria. No.16, junio

2000. pp.14. CEPES.

6. CEPES – Perú (2000) “Tambogrande: ¿es inevitable el conflicto? ¿es posible el diálogo?”. La

Revista Agraria. No.12, febrero 2000. pp.14-15. CEPES.

7. CEPES – Perú (2001) “Tambogrande : el oro de la disputa”. La Revista Agraria. No.25, abril

2001. pp.12. CEPES.

8. CEPES – Perú (2002) “No solo Tambogrande”. La Revista Agraria. No.37, Junio pp.14. Lima.

9. CEPES – Perú (2003) “Tambogrande y Pampamali. Derecho a la consulta”. La Revista Agraria.

No.49, octubre 2003. pp.7. CEPES.

10. CEPES – Perú (2004) "Organización Social y empresas transnacionales: conflictos existentes

sobre los recursos del subsuelo". International Land Coalition. Lima.

11. CEPES - Perú (2005) “ Conflictos agro-minería: cómo resolverlos”. La Revista Agraria. No.65,

Junio. pp.12. Lima.

12. CEPES – Perú “Tambogrande: En camino a la consulta”. La Revista Agraria. No.33, febrero

2002. pp.14. CEPES.

13. CEPES – Perú. (2004) “Taller : Impacto de la servidumbre minera en tierras comunales”

Documento de Trabajo. CEPES. Lima.

14. De Echave, José (2000) “¿Agricultura y minería pueden convivir? : el caso Tambogrande”.

Actualidad Económica. No. 208, agosto 2000. pp.28-29. CEDAL. Lima.

15. De Echave, José ; Karyn Keenan ; María Kathia Romero ; Ángela Tapia ; María Kathia Romero.

(2006) “Los procesos de diálogo y la administración de conflictos en territorios de

comunidades: El caso de la mina Tintaya en el Perú”. ONG CooperAcción. Lima.

57

16. Díaz Correa, Celso; Carlos Echegaray; Gerardo Lovón Zavala (1984) “Tintaya : el desarrollo

minero del Cusco”. Cuadernos para el debate regional, 19. Centro de Estudios Rurales Andinos

Bartolomé de las Casas. Cuzco.

17. Godoy, Ricardo. (1985) “Mining: Anthropological Perspectives”. Annual Review of Anthropology.

Vol. 14. pp. 199 – 217.

18. Grupo Propuesta Ciudadana, Revenue Watch, et. al. (2006) “Seminario Internacional:

Industrias Extractivas Transparencia y Desarrollo Sostenible”. Documento de Trabajo. Grupo

Propuesta Ciudadana - Revenue Watch - World Bank – Catholic Relief Services – Oxfam. Lima.

19. Manco Zaconetti, Jorge. (2002) “Minería y conflictos sociales : el caso de minera Tintaya”.

Revista de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Mayor de San

Marcos. UNMSM. No.26. pp.7-32. Lima.

20. Oberg, Kalervo (1955) “Types of Social Structure among the Lowland Tribes of South and

Central America”. American Anthropologist. Vol. 57. No.3. Part 1. June 1955. pp. 472 – 487.

21. Oberg, Kalervo (1973) “The Social Economy of the Tlingit Indians”. Seattle: University of

Washington Press.

22. Pajuelo, Ramón (2006) “Todo esto nos ha cambiado la vida: Medioambiente y salud en la

Oroya”. Acción Solidaria para el Desarrollo – Cooperacción. Ediciones Nova Print. Lima.

23. Petras, James and Maurice Zeitlin (1967). “Miners and Agrarian Radicalism”. American

Sociological Review. Vol. 32. No. 4. August 1967. pp. 578 – 586.

24. Pulgar Vidal, Manuel (2001). “¿Dónde está el Estado?”. Revista Quehacer. No. 130, mayo-junio

2001. pp.105-109. DESCO. Lima.

25. Stavenhagen, Rodolfo (2004) “La Diversidad Cultural en el Desarrollo de las Américas, los

pueblos indígenas y los estados nacionales den Hispanoamérica”. Serie de Estudios Culturales

No. 9. Organización de Estado Americanos.

26. Torres Guevara, Fidel. (2003) “ Minería metálica bajo El Niño en Piura : injustificado riesgo para

su vida y desarrollo”. Oxfam - Colectivo Ciudadano Comunidad Tambogrande. Piura.

PAGINAS WEB CONSULTADAS

- www.argenpress.info/nota.asp?num=032273

- www.peru.com/noticias/idocs/2006/7/13/DetalleDocumento_319935.asp

- www.elcomercioperu.com.pe/EdicionOnline/Html/2006-07-10/onlPeru0538410.html

- www.cnr.org.pe/noticia.php?id=14721

- www.rpp.com.pe/portada/economia/44000_1.php

- www.elcomercioperu.com.pe/EdicionImpresa/Html/2006-07-12/impEconomia0539238.html

- www.lainsignia.org/2006/julio/ibe_019.htm

58

- www.cnr.org.pe/noticia.php?id=14357

- www.cnr.org.pe/noticia.php?id=14417

- www.cnr.org.pe/noticia.php?id=14332

- www.cnr.org.pe/noticia.php?id=14318

- www.cnr.org.pe/noticia.php?id=14408

- www.ecoportal.net/content/view/full/61164/

- www.portalminero.com/noti/noticias_ver_ch.php?codigo=2640&fecha=07

- www.ideeleradio.org.pe/look/portal/article.tpl?IdLanguage=13&IdPublication=7&NrIssue=28&

NrSection=71&NrArticle=9725

- www.larepublica.com.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=116618&Itemid=483

&fecha_edicion=2006-07-15

- www.larepublica.com.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=115055&Itemid=483

&fecha_edicion=2006-06-30

- www.cnr.org.pe/noticia.php?id=14350

- www.cnr.org.pe/noticia.php?id=14115

- www.aprodeh.org.pe/noti-apr/2005/06oct2005.htm

- www.cpnradio.com.pe/html/2006/07/03/6/11.htm

- www.rpp.com.pe/portada/economia/45627_1.php

- www.larepublica.com.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=118602&Itemid=483

59

ÍNDICE

Informe Final: Proyecto No. 06-25.

I. Propósito

II. Antecedentes

III. El submundo social y cultural: los actores

IV. Problemática del Canon Minero

a. Introducción

b. Circuito del Canon Minero

c. Criterios de distribución del canon minero

d. Índices de distribución del canon minero

e. ¿Como lograr la funcionalidad y eficacia de la ejecución del canon?

f. ¿Cómo invertir eficientemente los recursos del canon?

g. Los aportes voluntarios de la gran minería

V. Conflictos comunidad – empresa

i. Conflictos por problemas ambientales

ii. Conflictos por problemas de tierras

iii. Conflictos por demandas sociales

VI. Conflictos Sociales en la Minería: Estudio de Casos

i. El Caso de la comunidad de Tambogrande

ii. El caso de la minera BHP Billington Tintaya

iii. Caso de Minera Majaz

iv. Caso de Minera en Cerro Verde

v. Caso de Minera Yanacocha (Choropampa)

vi. Conflicto Minera Yanacocha y Comunidad de Combayo

vii. Análisis del Conflicto Minera Yanacocha – Comunidad de Combayo

viii. El Caso de Minera Doe Run

VII. Bibliografía

VIII. Anexos

60

ANEXO 1

ACUERDOS LOGRADOS EN LA MESA DE DIÁLOGO DE COMBAYO

Primero: En cuanto a las compensaciones por la muerte del Sr. Isidro Llanos, la empresa se

compromete a brindar apoyo humanitario a la familia, y solicitará a la Iglesia u otra institución que

la familia designe, que proponga la mejor forma de apoyar a dicha familia.

Segundo: El Estado se compromete a interponer sus buenos oficios para que el Ministerio Público

agilice las investigaciones a fin de determinar al responsable de la muerte del comunero Isidro

Llanos. La exhortación se efectuará al más alto nivel.

Tercero: en cuanto a las acciones judiciales, la Empresa se compromete a no realizar nuevas

denuncias. Los asesores legales de ambas partes se reunirán para coordinar alternativas de

solución a las denuncias efectuadas con anterioridad.

Cuarto: no hay oposición de la población de Combayo al desarrollo de la actividad minera y se

buscará que la misma no atente con el desarrollo de las actividades productivas de los pobladores

Quinto: en cuanto a la cantidad y calidad de agua en Combayo, las autoridades respectivas

informaron que los estándares de los mismos son normales. En cuanto a la calidad de las aguas, si

se quisiera utilizar para consumo humano, en las partes bajas, se requiere construir plantas de

tratamiento para potabilizarlas. Las plantas de tratamiento serán construidas y puestas en

operación por la Empresa Yanacocha, en coordinación con SEDACAJ, que asumirá su

administración. En cuanto a las partes altas de Combayo, los sistemas de distribución de agua

construidos en el año 1995 serán rehabilitados por la Empresa en coordinación con SEDACAJ.

Sexto: los controles de calidad y cantidad del agua y su monitoreo participativo serán a cargo del

Estado, con la presencia de representantes de la comunidad de Combayo. Se instalarán por las

autoridades competentes cinco puntos o estaciones adicionales de monitoreo del agua; sumando a

las seis existentes, en total serán once estaciones.

Séptimo: el Estado, la Compañía Minera Yanacocha, y la comunidad de Combayo coordinarán la

elaboración de un estudio de afianzamiento hídrico de la cuenca para asegurar y mejorar el

abastecimiento de agua en el presente y futuro, para regadío y consumo humano.

61

Octavo: para la disposición final de las aguas residuales de los caseríos se realizarán los estudios

correspondientes en coordinación con SEDACAJ para su futura construcción. Dichos estudios serán

elaborados en el plazo de un año.

Noveno: la empresa se compromete a continuar la construcción de la carretera Puente Otuzco –

Combayo que figura en el plan de desarrollo, así como el muro de contención de la misma. El

primer tramo Puente Otuzco – Combayo tendrá 22.63 Km. y el segundo tramo Combayo – Pabellón

tendrá 13 Km., así como la construcción de un muro de contención, significará una inversión de S/.

2´686,200.00 a nivel de afirmado y la obra se empezará antes de fin de mes a efectos que culmine

en el 2007.

Décimo: el alcalde de Combayo hará gestiones ante el Alcalde de La Encañada a fin que se informe

sobre los planes de inversiones en Combayo, con el dinero proveniente del Canon Minero,

Foncomun y Derechos de Vigencia, con el objeto que se empiecen las obras en el más breve plazo.

Undécimo: la Comisión se volverá a reunir en Cajamarca en la fecha en que se reinicie la

construcción de la carretera Puente Otuzco – Combayo (sábado 23 de setiembre), para tratar el

tema del agua y las medidas que deben adoptarse, pues resulta indispensable para la población, así

como otros temas de inversión social y laboral.

Las partes acordaron buscar la armonía en todos los tratos futuros, entre ellos, en señal de lo cual

firman el presente acuerdo.

62

ANEXO 2

CONFLICTO ENTRE EMPRESA DE EXTRACCIÓN PETROLERA Y COMUNIDADES ACHUAR.

Si bien hemos limitado nuestra investigación a los conflictos producidos dentro de la

relación minería-comunidades campesinas/ comunidad afectada, nos parece importante acotar que

el problema presentado, las formas de solución del conflicto, los actores sociales involucrados

también se presentan en otras actividades de extracción mineral, siendo el caso más publicitado de

las últimas semanas, el conflicto entre la empresa Pluspetrol y las comunidades Achuar. Esta serie

de acontecimientos han sido diariamente informadas por los programas de debate político,

noticieros locales y nacionales, periódicos y páginas web.

El 4 de setiembre los medios informaban que ese mismo día el Ministerio de Energía y

Minas (MEM) y Pluspetrol anunciarían los acuerdos que se habían concertado para modificar el

contrato de concesión para la explotación del hidrocarburo. Asimismo, el viceministro de Energía,

Pedro Gamio, había afirmado que ya existían acuerdos sobre los cambios en la fórmula de ajuste

del precio del gas natural y la ampliación de inversiones de Pluspetrol para producir más gas

licuado de petróleo (GLP). Valdivia manifestó, en ese entonces que se estaba dialogando con

Pluspetrol sobre la posibilidad de que aumente su inversión social, para que así pueda mejorar su

relación con las comunidades aledañas a sus operaciones.

Por otro lado, indicó que aún no se ha reunido con los representantes de las empresas

productoras de petróleo del país para negociar un posible aporte voluntario para las comunidades

ubicadas en sus zonas de influencia. Pero el ministro manifestó que existía la predisposición de las

empresas petroleras para llegar a acuerdos al respecto, ya que eso significaría aumentar la

inversión social que deben realizar todas las empresas que explotan recursos naturales y obtienen

altas ganancias30.

Para el 10 de octubre la compañía Pluspetrol Norte había suspendido parcialmente y en

forma temporal sus operaciones productivas en el Lote 1AB, en Loreto, ante la movilización de

grupo indígenas de tres comunidades de esa región selvática hacia los pozos de la empresa, en

rechazo a la exploración petrolera en la cuenca del río Corrientes, en Nauta.

30 Diario El Comercio, 6 de septiembre, 2006.

63

Pluspetrol indicaría que la medida tendría como finalidad evitar posibles situaciones de

tensión o enfrentamientos que pongan en riesgo la integridad de sus trabajadores. La compañía

petrolera afirma, aún así, mantener el proceso de diálogo productivo iniciado y con el cual se

pretendía dar solución al problema de impacto ambiental en la zona.

“Queremos seguir dialogando y llevar rápidamente a la práctica los acuerdos alcanzados

por la Comisión multisectorial, en línea con nuestras prácticas ambientales y de responsabilidad

social”, manifestó el gerente general de Pluspetrol Norte, Roberto Ramallo, según un comunicado31.

Dado que la semana anterior se había instalado la comisión multisectorial para el área de influencia

de los Lotes 1AB y 8, integrada por representantes de las comunidades nativas, autoridades

regionales, y representantes del Ejecutivo.

Para el 11 de Octubre, unos 40 trabajadores de Pluspetrol Norte permanecían retenidos en

tres instalaciones productivas de la empresa en el departamento de Loreto (selva), por un grupo de

nativos de las comunidades indígenas afiliadas a la Federación Nativa del Río Corrientes

(FECONACO). La retención se producía en los campamentos de Jibarito, Huayllurí y Dorissa. Esta

acción no fue considerada en ningún momento como un secuestro porque los empleados no

pueden abandonar las instalaciones solamente porque tenían los accesos bloqueados. "Los nativos

se encuentran en las inmediaciones de los campamentos pero no en las oficinas y dormitorios de

los trabajadores. De esos ambientes se han mantenido alejados”, señaló Ramallo en declaraciones

a RPP-Noticias.

Esta medida de fuerza fue tomada porque hubo un retraso de la comisión multisectorial, en

acudir a una reunión con la dirigencia del FECONACO en la localidad de Valencia.

Los nativos denuncian que Pluspetrol vierte diariamente, a los ríos de la cuenca del Corrientes,

miles de litros de aguas de producción petrolera con alta salinidad compuesto por hidrocarburos,

cloruros y metales pesados que contaminan el ambiente y pueden producir alteraciones genéticas y

cáncer en la población.

El domingo 15 de octubre las comunidades nativas del río Corrientes habían levantado la

medida de fuerza y se retiraban de las instalaciones de la empresa, de manera que las operaciones

de producción de hidrocarburos se normalizaron. Además, se publicaba en el diario oficial El

Peruano una resolución del Sector con los acuerdos alcanzados entre las partes.

31 Página web RPP NOTICIAS.

64

Juan Valdivia, titular del MEM, viajó hasta la zona del conflicto a fin de propiciar y participar

en forma directa en el diálogo entre las partes involucradas para hallar una fórmula efectiva y

pronta de solución al problema presentado. De esta manera sucedía lo que en el caso de los

conflictos con las mineras, los representantes del Estado propiciaban una mesa de diálogo y no

cumplían un rol fiscalizador o de prevención.

El acta señala que el Gobierno Central con la participación del Gobierno Regional y las

propias poblaciones involucradas, velarán por el cumplimiento de los compromisos y demandas que

las comunidades indígenas del río Corrientes, bases de la FECONACO, han presentado a las

autoridades nacionales y regionales, así como a Pluspetrol. Además se acordó que antes de fin de

año la empresa reinyectaría el 100 por ciento del agua de producción del yacimiento Dorissa, y en

el 2007 al 100% de aguas de los yacimientos Jibarito, Huayuri y Shiviyacu, Carmen. Para el caso de

las aguas vertidas al Río Corrientes, Pluspetrol asume el compromiso de reinyectar hasta diciembre

del 2007, como máximo, la totalidad de las aguas de producción producidas en el Lote 1AB y hasta

la misma fecha, como máximo, el 50 por ciento de las aguas de producción vertidas al Corrientes,

producidas en el Lote 8.

Además, el otro 50 por ciento se terminará de reinyectar en el 2008 y terminará con el

vertimiento del agua de producción al Corrientes, como máximo al 31 de diciembre del 2008, sea

por medio de pozos reinyectores o el cierre de los pozos cuyas aguas de producción no hubiesen

podido ser reinyectadas.

Por otro lado, el Gobierno Regional con el apoyo del Ministerio de Salud y Pluspetrol

ejecutarán un plan conjunto a dotar a la localidad de Trompeteros de un Hospital Rural. El

Gobierno Regional se comprometió, asimismo, a presentar el Proyecto Plan de Desarrollo Integral

de Desarrollo por un estimado de 11 millones de soles. El plan ha sido elaborado con anterioridad y

en forma consensuada entre la sociedad civil (FECONACO), el Gobierno Regional y los sectores

Energía y Minas, Salud, Educación, Agricultura y Producción. financiada en su totalidad por el

Gobierno Regional y, como parte de él, se incluirá la transferencia de una motonave fluvial para las

comunidades nativas.

Al 22 de octubre la Defensoría del Pueblo informaba que ese mismo día se suscribiría el

acta que pondría término al conflicto entre las comunidades nativas de Achuar (Loreto) y la

empresa Pluspetrol. Rolando Luque, jefe de la Unidad de Conflictos Sociales de la Defensoría,

anunciaba una serie de reuniones con los viceministros de Energía y Minas y de Salud con los

65

nativos de la mencionada zona. Participarán también del encuentro los representantes de la

empresa petrolera y del Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y

Afroperuanos (INDEPA), destacó la agencia Andina.

Además, se implementaron algunas medidas adicionales para garantizar una mayor

participación de los representantes de la referida comunidad en la fiscalización de cumplimiento de

los acuerdos. La Defensoría del Pueblo se comprometió a apoyar el monitoreo constante.

Este acontecimiento nos revela que las empresas que tienen interacción con comunidades

o pueblos indígenas, históricamente y estructuralmente excluidos, presentan conflictos de índole

similar, y que es urgente, para el desarrollo sostenido del país, corregir los vacíos de representación

política y legalidad, pero también de distribución económica.

66

ANEXO 3

D p t o s / C o n f l i c t o s A c t i v o s L a t e n t e s N u e v o s R e s u e l t o s

A m a z o n a s - 1 - -

A n c a s h 1 1 1 -

A p u r i m a c - 2 - -

A r e q u i p a - 2 1 1

A y a c u c h o - 5 - -

C a j a m a r c a 1 6 1 -

C u s c o 1 6 1 -

H u a n c a v e l i c a - 6 - -

H u a n u c o - 4 - -

I c a 1 1 - -

J u n í n - 4 - -

L a L i b e r t a d - 6 - -

L a m b a y e q u e - 4 - -

L i m a - 3 - -

L o r e t o 1 1 - 1 2

M o q u e g u a 1 - - -

P a s c o 2 1 2 -

P i u r a - 3 - -

P u n o 2 5 - -

S a n M a r t i n - 7 - -

U c a y a l i - 1 - -

T O T A L 1 0 6 8 7 3

R E P O R T E D E F E N S O R I A D E L P U E B L O

F u e n t e : D i a r i o E l C o m e r c i o

C O N F L I C T O S S O C I A L E S E N E L P E R Ú A L 3 1 A G O S T O D E 2 0 0 6

67

ANEXO 4

D e p a r t a m e n t o N o L u g a r e s M o t i v o

A n c a s h 1 H u a r a z A m b i e n t a l

C a j a m a r c a 1 L a E n c a ñ a d a ( p r o v i n c i a d e C a j a m a r c a ) A m b i e n t a l

C u s c o 1 Q u i l l a b a m b a ( p r o v i n c i a d e L a C o n v e n c i ó n ) A m b i e n t a l

I c a 1 M a r c o n a ( p r o v i n c i a d e N a s c a ) A m b i e n t a l

L o r e t o 1 C o n t a m a n a ( p r o v i n c i a d e U c a y a l i ) A m b i e n t a l

M o q u e g u a 1 M a r i s c a l N i e t o C o m u n a l

P a s c o 2 C h u p i m a r c a ( p r o v i n c i a d e P a s c o ) y H u a c h ó n ( p r o v i n c i a d e P a s c o ) A m b i e n t a l

P u n o 2 A r a p a ( p r o v i n c i a d e A z á n g a r o ) y p r o v i n c i a d e Y u n g u y o M u n i c i p a l

T O T A L 1 0

F u e n t e : D e f e n s o r í a d e l P u e b l o

E V O L U C I Ó N D E L O S C O N F L I C T O S A C T I V O S

R e p o r t e d e C o n f l i c t o N o M e s N o d e C o n f l i c t o s A c t i v o s

3 0 A g o s t o 1 0 a c t i v o s

2 9 J u l i o 8 a c t i v o s

2 8 J u n i o 6 a c t i v o s

2 7 M a y o 4 a c t i v o s

2 6 A b r i l 3 a c t i v o s

F u e n t e : D e f e n s o r í a d e l P u e b l o

E V O L U C I Ó N D E L O S C O N F L I C T O S S O C I A L E S

68

ANEXO 5

RESUMEN DE CONFLICTOS MINEROS POR TIPO DE CONFLICTO

69