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Universidad Panamericana Facultad de Jurisprudencia
Licenciatura en Ciencias Jurídicas
Juicio por Jurados
Cátedra: Derecho Procesal Penal II
Catedrático: Lic. José Antonio Peña Aguirre
Alumnos: Br. María Angélica Hernández Delgado
Br. Wendy Mayrena Argueta López
Br. Noel José Cubías González
Br. Carlos Eduardo Rodríguez Méndez
Br. Alan Josué Carballo Corvera
San Vicente, 2 de abril de 2013
1. ÍNDICE
Pág.
2. Introducción 1
3. Objetivos 2
3.1. Objetivo General 2
3.2. Objetivos Específicos 2
4.0. Derecho Procesal Penal 3
5.0. Juicio por Jurados 3
5.1. El Jurado Clásico 4
5.2. El Jurado Escabinado 5
5.3. Otras forrmas de Jurado 6
5.3.1. Jurado Anglosajón 6
5.3.2. Jurado Puro 6
5.3.3. Jurado Mixto 7
5.4. Argumentos en favor y en contra de la Institución del
Jurado 7
5.5. Algunos casos del Jurado en la historia en general 9
5.6. Evolución histórica y constitucional del Jurado 11
6.0. Legislación Aplicada 14
6.1. Tribunal de Jurado 15
6.2. Tribunales de Sentencia 18
6.3. Integración 18
6.4. Requisitos para ser Jurado 20
6.4.1. Momento en que deben ser apreciados los requisitos 21
6.4.2. Requisitos para ser Jurado 22
6.5. Incapacidad 24
6.5.1. Incapacidades, incompatibilidades, prohibiciones 25
6.5.2. Causas de Incapacidad 25
6.5.3. Impedimentos 30
6.6. Formación del Tribunal del Jurado 30
6.6.1. Selección de Jurados 31
6.6.2. Formación del Jurado 33
6.7. Retribución de Jurados 35
6.7.1. Derechos Económicos de los Jurados 36
6.7.2. Articulación de la retribución 36
6.7.3. Suma retribuida 37
6.8. Advertencia y promesa 38
6.8.1. Instrucciones previas 38
6.8.2. Presidente del Jurado 39
6.8.3. La promesa de los Jurados 40
6.9. Vista Pública 40
6.10. Conclusión (de la Vista Pública) 41
6.10.1. Discusión final 41
6.10.2. Reapertura de la Audiencia 42
6.10.3. Las instrucciones al Jurado 42
6.10.4. Deliberación 42
6.11. Votación 43
6.12. Lectura 44
6.13. Resoluciones posteriores al veredicto 44
6.13.1. Motivación de la Sentencia 45
6.14. Nulidad del veredicto 45
6.15. Remisión 46
7.0. Conclusión 48
8.0. Bibliografía 49
9.0. Anexos 50
i
2. INTRODUCCIÓN
El proceso penal en lato sensu constituye una garantía para los procesados, en el
que se respetan una serie de principios, que protegen la dignidad y los derechos
de la persona quien es el origen y el fin de la actividad estatal.
Tratamos el proceso penal someramente, para proseguir con el desarrollo del
motivo que nos ocupa: el juicio por jurados. ¿Qué es el juicio por jurados? ¿Por
qué se suscita el juicio por jurados? ¿Cómo? ¿Cuándo? Son las primeras
interrogantes con las que motivadamente iniciamos la investigación, con el objeto
de dar por sentadas las bases para la continuación del informe de investigación, la
doctrina nacional relativa al juicio por jurados es significativamente mínima, pero si
lo suficiente como para esclarecer inicialmente el contenido indagado. La
investigación realizada ahonda más en el contenido de la legislación que a nuestro
parecer constituye en esencia la idea principal de la cátedra por tanto hacemos
uso de técnicas ilustrativas y descriptivas del contenido legal respecto del juicio
por jurados.
A groso modo procuramos hacer una línea de tiempo con los antecedentes
históricos sobre el juicio por jurados, con el objeto de no perder la secuencia del
marco legal, se busca pues, evitar desviaciones en la explicación de la historia y
procurar adentrar en el ámbito nacional: constitucional y procesal penal. El
derecho comparado (internacional) propone variadas clasificaciones y modelos del
juicio por jurados uno de los destacables, el modelo clásico o jurado anglosajón,
considerado “puro” puesto que en él, todo el proceso penal es conocido por el
jurado, tal no es el caso en El Salvador que desarrolla el modelo escabinado que
más adelante se detallarán motivos que esclarecen porqué se da esta forma de
jurado en nuestra legislación. Finalmente arribamos a la forma en que se
conforma el jurado, las funcione de éste y el modus procedendum dentro de la
vista pública.
2
OBJETIVOS
3.1. OBJETIVO GENERAL
Indagar sobre el juicio por jurados, sus antecedentes históricos, identificación de
sus formas de aplicación en el derecho comparado, conceptualización y aspectos
que determinan el desarrollo del mismo en la legislación salvadoreña.
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Contrastar la doctrina sobre el Juicio por Jurados con el Derecho Nacional,
su aplicación práctica dentro del territorio y la forma en que se suscita en El
Salvador.
Esgrimir las características que deben reunir las personas para la
conformación del Jurado en El Salvador, los impedimentos para formar
parte de este y lo relativo a la función que cumplen los jurados en el
desarrollo de la vista pública.
3
4.0. DERECHO PROCESAL PENAL
Para la mayor parte de los miembros de una sociedad, el proceso penal
representa la más intensa confrontación con el poder soberano del Estado. No
puede ser de otra manera porque únicamente con el proceso penal se aplica en
realidad el Derecho Penal Material o sea se impone la consecuencia jurídica con
la que se amenaza cada comportamiento en los tipos penales. Por ello se ha dicho
el proceso penal puede ser designado como “dinámico” en relación con el mas
estático Derecho Penal Material.
Es, pues a la regulación jurídica que da vivencia a la situación conflictiva, es decir,
al derecho procesal penal que dedicamos este apartado tratando de tomar los
elementos comunes de cada uno de los conceptos que nos brinda la doctrina
especializada en esta materia
Para Vincenzo Manzini, el Derecho Procesal Penal se concibe como “…aquel
conjunto de normas, directa o indirectamente sancionadas que se funda en la
institución del órgano Jurisdiccional y regula la actividad dirigida a la determinación
de las condiciones que hacen aplicable en concreto el derecho penal sustantivo”.1
5.0. JUICIO POR JURADOS
Manuel Ossorio lo define como el tribunal constituido por ciudadanos que pueden
o no ser letrados y llamado por la ley para juzgar, conforme a su conciencia,
acerca de la culpabilidad o de la inocencia del imputado, limitándose únicamente a
la apreciación de los hechos (mediante un veredicto), sin entrar a considerar
aspectos jurídicos, reservados al juez o jueces que, juntamente con los jurados
integran el tribunal. El juicio por jurados, instituido en muchos países, constituye
uno de los temas más debatidos en la doctrina procesal penal; ya que cuenta con
entusiastas defensores y con fuertes detractores. En su aceptación o rechazo, 1 Trejo, Miguel Alberto Et al. (1992). Manual de Derecho Procesal Penal: parte general. 1ra. ed. San Salvador,
El Salvador: UCA. Centro de Investigación y Capacitación, Proyecto de Reforma Judicial. Pág. 34
4
aparte serios razonamiento técnicos, entran en juego consideraciones de orden
político; ya que el juicio por jurados representa la intervención popular en la
administración de justicia.
La Constitución argentina determina que todos los juicios criminales ordinarios han
de ser terminados por jurados; pero este precepto constitucional nunca ha sido
aplicado.
Jurado se denomina también a la persona que forma parte de ese tribunal. El
término jurado tiene también aplicación a otros tribunales y actividades: ya que en
otras legislaciones el término se aplica como equivalente de tribunal paritario, en
que interviene número igual de patronos y de trabajadores, llamados a resolver
problemas laborales. Así por ejemplo, los jurados mixtos de la España republicana
(jurado de enjuiciamiento, osea el tribunal creado para enjuiciar a los miembros del
poder judicial por el mal desempeño de sus funciones.)2
La participación de jueces no técnicos en la justicia penal, ha presentado
multiplicidad de formas, pero las más conocidas en la experiencia jurídica, han
sido básicamente dos: el modelo clásico de jurados o jurado anglosajón y el
modelo de jurado mixto o escabinado.
5.1. EL JURADO CLÁSICO
Es un sistema difundido, por norma, en los países de influencia anglosajona.
Considerado una garantía individual indispensable, encuentra su fundamento
histórico-político en la necesidad del pueblo de participación y control en una de
las esferas de decisión más fuertes y violentas del poder estatal. Además, en la
simple idea de que el pueblo es capaz de apreciar los hechos sin mayores
conocimientos que los comunes, y de afirmar la justicia, sin necesidad de estar
atado al frío texto de la ley.
2 Ossorio, M. (n.d.). Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Buenos Aires, Argentina: Heliasta.
Pág. 407
5
Esta especie de jurado (clásico) se constituye con un carácter no permanente para
el juicio (generalmente por sorteo), a efecto de que se pronuncie sobre la certeza
de los hechos (veredicto) según su íntimo convencimiento; para que,
posteriormente, el juez técnico sobre la base inexcusable de ese veredicto aplique
el derecho dictando sentencia; el juez técnico en este modelo, homologa con el
derecho la decisión de un grupo de ciudadanos que ha juzgado los hechos.
Aunque en la doctrina, es indiscutible la posibilidad de separar y examinar
aisladamente el hecho del derecho.3
5.2. EL JURADO ESCABINADO
Frente a la alternativa de un tribunal de jurado tradicional, al estilo del common
law, en el que el convencimiento de los hechos y la calificación de los mismos con
la consiguiente decisión final están atribuidos, como dos compartimientos
separados, al juez popular y al juez técnico, respectivamente; se perfila otra
modalidad de participación popular llamada tribunal de "escabinos o escabinato",
institución de origen alemán que ofrece la peculiaridad de no realizar distinción
alguna en la conformación de las decisiones de hecho y de derecho;
correspondiendo toda la labor de valoración, apreciación, calificación y decisión, a
un solo colectivo jurisdiccional, compuesto, eso sí, tanto por jueces profesionales
en derecho, como por ciudadanos legos en el conocimiento de este último.
Podemos afirmar que en la mayoría de las legislaciones en américa latina,
predomina la tendencia a excluir el tribunal de jurado como forma de participación
popular en la justicia. Con la adopción de juicio oral con la modalidad de tribunal
de sentencia parece irse consolidando esa idea bastante criticada por cierto de
exclusión total de la participación de ciudadanos en las decisiones de la justicia.4
3 Trejo, Miguel Alberto Et al. (1992). Manual de Derecho Procesal Penal: parte general. 1ra. ed. San Salvador,
El Salvador: UCA. Centro de Investigación y Capacitación, Proyecto de Reforma Judicial. Pág. 354 4 Trejo, Miguel Alberto Et al. Ibíd. Pág. 356
6
5.3. OTRAS FORMAS DE JURADO
5.3.1. Jurado Anglosajón
El jurado anglosajón equivale al jurado clásico al que refiere Miguel Alberto Trejo
en su libro “Manual de Derecho Procesal Penal”, ésta denominación es dada por
Beatriz Sanjurjo Rebollo, quien sostiene que el jurado anglosajón también llamado
sistema “puro”, “tradicional” o “de hecho” o “de veredicto”. Un grupo de ciudadanos
legos, dirigidos por un magistrado, conocen los hechos y se pronuncian sobre la
totalidad de los mismos, a continuación, un magistrado técnico determinará qué
pena corresponde al veredicto emitido por el jurado. En su versión más arcaica, el
veredicto se componía únicamente de un “si” o un “no”, esto ha ido evolucionando
hacia un cuestionario y más aún hacia la determinación de cuestiones
relacionadas con los hechos como por ejemplo determinar circunstancias
modificativas de la voluntad.
Se observa un descenso en el número de veredictos emitidos por los jurados en
estos países, ya que a través de los recursos que brinda el procedimiento de
aplicación de este método de enjuiciamiento, los acusados, en un gran porcentaje
evitan el jurado en favor del juez profesional5
5.3.2. Jurado Puro
Los jueces legos pronuncian únicamente el veredicto, que suele tener un
contenido muy simple, pues se limita a declarar culpable o inocente a la persona
acusada, quedando la redacción de la sentencia (aplicación del Derecho Penal
imponiendo las consecuencias jurídicas del delito, en su caso) reservada al Juez o
Jueces Técnicos.
5 Sanjurjo Rebollo, B. (2004). Los jurados en USA y en España: dos contenidos distintos de una misma
expresión. Madrid, España: Dykinson S.L.
7
O bien son elegidos por el pueblo, o bien se establece un sistema aleatorio de
selección (ordenador, listas municipales, sorteo partiendo del censo: que es el
aplicado por nuestra legislación).6
5.3.3. Jurado Mixto
Este sistema combina características del jurado anglosajón y del escabinato: el
procedimiento sigue la estructura del jurado puro durante todo el proceso hasta la
determinación de la sentencia, momento en el que se toma la estructura del
escabinato. Los jueces legos, ellos solos, determinan la culpabilidad o inocencia,
luego, si el veredicto es de culpabilidad, se forma un escabinato, en el que los
jueces legos y los jueces técnicos determinan la pena aplicable al veredicto.7
5.4. ARGUMENTOS EN FAVOR Y EN CONTRA DE LA
INSTITUCIÓN DEL JURADO
En la doctrina, por su parte, se han escuchado voces encontradas, tanto a favor
como en contra de la institución del jurado, como voces a favor y en contra de una
u otra de las modalidades básicas de participación popular.
Para el caso, y sin entrar en la polémica, se ha dicho en favor del jurado, que
constituyen una manifestación del derecho del pueblo de administrar su propia
justicia, una expresión de la soberanía popular y un baluarte de las libertades
ciudadanas; que su fundamento político, radica en la esencia republicana que
lleva implícita en si misma el concepto de soberanía del pueblo, como fuente
originaria de los poderes del estado. Refiriéndose a este planteamiento, Vélez
Mariconde ha contra argumentado: "si el problema es planteado en un terreno
político, no hay motivo alguno para circunscribir el argumento a la justicia penal.
Con el mismo criterio podría decirse (...) que el pueblo tiene derecho de dictar sus
6 Casado Pérez, J. Et al. (2002). Código Procesal Penal Comentado. San Salvador, El Salvador. Consejo
Nacional de la Judicatura. 7 Sanjurjo Rebollo, B. (2004). Los jurados en USA y en España: dos contenidos distintos de una misma
expresión. Madrid, España: Dykinson S.L.
8
leyes o de ejecutarlas o que la justicia civil debe ser administrada también por un
jurado popular".
Para Vélez, en la ampliación lógica de aquel argumento, la participación directa
del pueblo en las funciones legislativa, ejecutiva o jurisdiccional, vulnera el mismo
principio republicano representativo; puesto que, como lo expresa, "el pueblo
gobierna, ciertamente, pero por medio de sus representantes (...), tiene derecho
de elegir sus representantes, pero nunca de legislar, ejecutar o aplicar las leyes,
(...); mientras que también es evidente que la soberanía del pueblo (principio
democrático), no conduce necesariamente a reconocerle funciones que
corresponden a sus representantes (principio republicano-representativo)".
para finalizar, y como un intento por acallar los argumentos projuradistas, el
maestro argentino sentenciaba: "si fuera exacto que el pueblo tiene derecho a
administrar justicia, el argumento conduciría a una solución impracticable y
evidentemente contraria al interés público: exigiría que se establezca el jurado
popular en toda clase de asuntos penales (graves o leves), lo que no ocurre en
ninguna parte; en todos los países que han adoptado la institución popular, esta
rige solamente cuando se trata de juzgar delitos graves, pues los leves son
juzgados siempre por jueces técnicos".
entre los autores contemporáneos que se suman a la corriente antijuradista cabe
mencionar, para citar algunos, a Gimeno Sendra, Fairen Guillen, Silva Melero,
mientras en la posición contraria (projuradistas) se encuentran Julio Maier, Alberto
Binder y Martin Ostos, entre otros.8
8 Trejo, Miguel Alberto Et al. (1992). Manual de Derecho Procesal Penal: parte general. 1ra. ed. San Salvador,
El Salvador: UCA. Centro de Investigación y Capacitación, Proyecto de Reforma Judicial. Pág. 356
9
5.5. ALGUNOS CASOS DEL JURADO EN LA HISTORIA EN
GENERAL
En el pueblo hebreo se puede ver en el libro conocido con el nombre
del Éxodo, cap. XVIII, v. 43 y siguientes que Moisés siguiendo el consejo de su
suegro Jethró, sacerdote de Madian confió la administración de la justicia a los
varones más sabios y temerosos de Dios. No obstante les encargó que les
consultasen las causas más arduas.
En la antigua Grecia, Atenas vio también establecido en su seno el jurado. Un
jurado ateniense es el que decidió la pena de ostracismo de Cimón, la muerte
de Foción, y la condena a la pena de muerte por envenenamiento de Sócrates.
Se le denominaba la Heliaía que era un Tribunal de Justicia Popular,
compuesto por ciudadanos elegidos por sorteo.
En la antigua Roma se conoció igualmente el jurado pero es sabido que
durante la república ningún ciudadano podía ser condenado a muerte sino en
los comicios por centurias ni a pena pecuniaria sino en los comicios por tribus.
La elección de los jueces pertenecía al pretor. Eran elegidos del orden
ecuestre y senatorial. Se prefería a los que tenían la circunstancia de haber
desempeñado alguna magistratura.
Los pueblos germánicos conocieron igualmente el jurado puesto que en la
asamblea del pueblo se decidían las acusaciones capitales y el rey presidía
estas juntas. No se llevaba a afecto hasta que recaía la aprobación del pueblo,
pero eran más que nada grandes consejos de guerra. Su objeto consistía en
mantener y fortificar la subordinación militar.
En Inglaterra se conoce esta institución con el nombre de jury desde la
conquista de los sajones. Esta institución quedó consignada en la Carta Magna
que dice que nullus liber homo, capiatur, vel impresionetur, aut exulei, aut
aliquo alió modo destinatur, nisi per legale judicium parium suorum. Hay dos
jurados: el grande y el menor que imputa el delito al acusado.
10
En Francia se implanta el jurado como lo conocemos de forma moderna en
época de la revolución por ley de 16 de septiembre de 1791, y su competencia
en razón de la materia - dentro de lo conocido como "penal" o "criminal" - es
restringida tan sólo para ciertos delitos y no para la generalidad; así, el jurado
atendería o conocería de hechos que fueran castigados por la ley con penas
aflictivas o difamantes. Debido a que los jurados o jueces legos eran quienes
se limitaban a emitir el veredicto de culpabilidad o inculpabilidad y los
magistrados o jueces técnicos los que determinaban la pena a imponer, en
muchas ocasiones, por miedo a que el Magistrado impusiera una pena
demasiado elevada, emitían un veredicto injustificadamente absolutorio. De ahí
que, más adelante (en 1832), el jurado de tipo anglosajón pudiera entrar a
conocer de las circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal, pero no
siendo suficiente, porque aun así los Magistrados podían imponer penas
demasiado elevadas, el Tribunal del Jurado evolucionaría hacia uno de tipo
"mixto".
El jurado de tipo mixto se instauró por primera vez en Francia en 1932 y aún
permanece vigente en algunos estados europeos.
El jurado escabinado nació en Alemania en 1924.
Actualmente, el sistema anglosajón continúa vigente en Estados Unidos,
Australia, Rusia, España y en la "High Court" inglesa. El mixto en Bélgica,
Austria y Noruega. Y el escabinado en Francia, Italia, Suecia, Portugal, Suiza y
Grecia, así como en la "Magistrate Court" inglesa, entre otros estados
europeos, ya que es el sistema mayoritariamente adoptado en Europa. El
único estado europeo que carece de jurado es Holanda.9
9 “Jurado”. Wikipedia, la enciclopedia libre. N.p., n.d. Web. Accesado 26 Marzo 2013. desde
<http://es.wikipedia.org/wiki/Jurado>.
11
5.6. EVOLUCION HISTÓRICA Y CONSTITUCIONAL DEL
JURADO
El antecedente más remoto de la institución del jurado se encuentra en Inglaterra
(año 1215) en la Carta Magna de Juan sin Tierra, estableciéndose en aquel
entonces para la nobleza (barones laicos y eclesiásticos) como un privilegio a ser
juzgados por sus pares o iguales y no por la jurisdicción de tribunales reales. Más
tarde Enrique III extendió la competencia del jurado hacia las clases populares,
para que sus individuos también fueran juzgados por sus iguales. Posteriormente
la legislación procesal de la Revolución Francesa (1787) trasplanto la institución al
resto de Europa Occidental; fue así como España, con la constitución de 1812,
abre la posibilidad legal de implantar el jurado; y después de muchas tentativas (la
ley de 22 de octubre de 1820 para los delitos de imprenta y otras en 1836, 1854 y
1864) No fue sino hasta la ley de enjuiciamiento criminal de 22 de diciembre de
1872 la institución llego a establecerse con carácter general. No cabe duda que
todo ese movimiento histórico acaecido en Europa, influyo decididamente para
que la legislación salvadoreña terminara adoptando, como veremos infra, la
institución del jurado.
En El Salvador el jurado es una institución de fuerte raigambre histórico-
constitucional y por ello una exigencia fundamental para el juzgamiento de los
delitos comunes. El art. 189 Cn. Expresa: “Se establece el jurado para el
juzgamiento de delitos comunes que determine la ley”.
El art. 189 Cn., encuentra como su antecedente más lejano al art. 154 de la
constitución de la República Federal de Centro América, del 22 de diciembre de
1824, en donde se instituye el “sistema de jurados” como una de las máximas
cristalizaciones políticas de aquella época. Sin embargo la garantía no pudo
cristalizarse en la primera constitución de nuestro país “Constitución del Estado de
El Salvador” del 12 de junio de 1824, sencillamente por ser anterior a la
constitución federal.
12
Con la Constitución Política para los Estados Unidos de Centro América del 27 de
agosto de 1898 (Art. 43) se sigue manteniendo la institución a nivel de mandato
supremo “para los criminales” exceptuándose del conocimiento del jurado los
delitos militares, políticos de hacienda con vigencia de la “Constitución Política de
la República Federal de Centro América” del 9 de septiembre de 1921 (Art. 55).
Cuando fue disuelta por vez primera la federación en la constitución del 2 de
febrero de 1841 (Arts. 73 y 85), la institución del jurado se establece como una
obligación para los delitos cometidos con abuso de la libertad de imprenta y como
un derecho potestativo para los delitos de traición, rebelión y contra el orden
público. Empero, pese al mandato constitucional, dichas infracciones continuaron
juzgándose por los jueces comunes, puesto que no exista legislación secundaria
alguna que desarrollara la institución.
No fue sino hasta con la promulgación del “Código de Procedimientos Civiles y
Criminales y de Formula de todas las Instancias y Actos de Cartulacion” (el 20 de
noviembre de 1857), que se reglamenta por primera vez la organización del juicio
por jurado (Art.1416); aunque debemos advertir que la “Comisión de Revisión de
Códigos” presidida por el presbítero y Doctor Isidro Méndez tomo esta decisión tan
solo por cumplir formalmente con el respeto constitucional y no por la convicción
de que con ello se estaba consolidando una de las máximas conquistas populares
de la nueva república.
La falta de voluntad política para fortalecer la institución en aquel momento, quedo
claramente evidenciada cuando se la hace desaparecer totalmente con la
promulgación del “Código de Instrucción Criminal” del 12 de enero de 1863. La
“Constitución de la Republica Salvadoreña” del 19 de marzo de 1864. Soslayo
igualmente toda referencia al tribunal del jurado.
Fue prácticamente con la “Constitución Política de El Salvador” del 16 de octubre
de 1871 (Art.105), que la institución del jurado tuvo de nuevo un reconocimiento
13
constitucional que todavía pervive hasta nuestros días, aunque su competencia en
aquel año fue muy limitada.
Con la Constitución del 12 de noviembre de 1872 (Art.114) se amplió el número
de delitos que serían del conocimiento del jurado (delitos graves contra las
personas y la propiedad y para los abusos de la libertad de imprenta), con expreso
mandato de que una ley constitutiva reglamentaria la institución. Y en efecto, en
cumplimiento de la Carta Magna. El 8 de marzo de 1873 se decreta la primera
“Ley de Jurados”, en donde se reglamentó de manera amplia la organización y
funcionamiento del jurado que fue derogada el año siguiente decretada. Con fecha
3 de marzo de 1874, una nueva “Ley de Jurados de Calificación” mantuvo la
organización y funcionamiento de la institución, de la misma forma en que lo
disponía la ley anterior. Una tercera “Ley de Jurados”, el 30 de marzo de 1875,
extiende su competencia aún más, para que conozca no solo de los delitos graves
contra la persona o la propiedad y los cometidos con abuso de la libertad de
imprenta, sino también de las tentativas de estas y de los delitos conexos con
ellos, así como de los delitos “no graves” por naturaleza que por razón de las
circunstancias merecen el calificativo de graves.
Vigente la Constitución del 16 de febrero de 1880 (Art.109), la competencia del
jurado se extiende todavía más para toda clase de delitos cuyo conocimiento
pertenecía a los jueces de primera instancia. Por decreto ejecutivo del 11 de
octubre del mismo año, se promulga la cuarta “Ley de Jurados” que otorgo a dicho
tribunal una competencia todavía mayor a la que confería la misma Constitución
(agregando a su conocimiento los delitos de primera instancia militar); pero, por
decreto legislativo (14 de abril de 1890), retorna su competencia exclusiva para los
delitos de los que seguía conociendo al juez de primera instancia del fuero común.
Esta fue la “Ley de Jurados” que se incluyó en el texto del Código de Instrucción
Criminal que fuera promulgado el 3 de abril de 1882; y cuya regulación,
14
prácticamente se mantuvo invariable en el trayecto histórico hasta la entrada en
vigencia de Código.10
6.0. LEGISLACIÓN APLICADA
El juicio por jurados en nuestro país podría clasificarse como escabinado, puesto
que toda la labor de valoración, apreciación, calificación y decisión durante la vista
pública corresponde a un solo colectivo jurisdiccional: el jurado; algunos
doctrinarios salvadoreños sostienen que en nuestra legislación se aplica el modelo
de jurado puro, sin embargo y a partir de lo investigado resulta inverosímil tal
afirmación puesto que un jurado puro se limita a la pronunciación del veredicto,
que suele tener un contenido simple como ya mencionamos en el apartado sobre
el jurado puro, y no se extiende a la valoración de la prueba, pero, ¿cómo
fundamos ésta hipótesis? Sencillo: el inc. primero del art 410 CPP vigente sostiene
en un apartado “…El juez podrá formular instrucciones para ilustrar al jurado, de
modo que pueda evaluar con mayor precisión los hechos, a la luz del derecho
aplicable…” es a partir de esto que nuestra hipótesis se confirma en cuanto a que
nuestra legislación aplica el modelo de escabinato: el código establece:
corresponde toda la labor de valoración, apreciación, calificación y decisión, a un
solo colectivo jurisdiccional, compuesto, eso sí, tanto por jueces profesionales en
derecho, como por ciudadanos legos.
Vemos el fundamento constitucional del juicio por jurados en el art. 189 Cn.
Art. 189 Cn.- Se establece el Jurado para el juzgamiento de los delitos comunes
que determine la ley.
Como hemos visto, el establecimiento del jurado público para el juzgamiento de
los delitos comunes constituye una de las más antiguas figuras jurídicas de
nuestro sistema procesal. Queda a criterio del legislador secundario determinar
cuáles serán los delitos que corresponda a su competencia. Por otro lado
10
Trejo, Miguel Alberto Et al. (1992). Manual de Derecho Procesal Penal: parte general. 1ra. ed. San Salvador, El Salvador: UCA. Centro de Investigación y Capacitación, Proyecto de Reforma Judicial. Pág. 358
15
relacionamos con esto, la potestad jurisdiccional del Órgano Judicial establecida
en el art. 172 Cn.
Art. 172 Cn.- La Corte Suprema de Justicia, las Cámaras de Segunda Instancia y
los demás tribunales que establezcan las leyes secundarias, integran el Órgano
Judicial. Corresponde exclusivamente a este órgano la potestad de juzgar y hacer
ejecutar lo juzgado en materias constitucional, civil, penal, mercantil, laboral,
agraria y de lo contencioso administrativo, así como en las otras que determine la
ley…
Es de recalcar la frase “y los demás tribunales que establezca la ley” ¿a qué otros
tribunales se refiere este apartado? Deducimos pues que lo hace y como por
ejemplo tenemos al de jurado, no ateniéndonos a la definición en stricto sensu de
jurado según la cual tribunal es únicamente el órgano jurisdiccional integrado por
tres jueces, no, basados en la acepción lata como órgano público cuya finalidad
principal es ejercer la jurisdicción, es decir, resolver litigios con eficacia de cosa
juzgada. Por la tanto si nos inclinamos por el sentido lato podemos llamar también
“tribunal de jurado” consecuentemente es lógico deducir que el apartado antes
mencionado del art. 172 Cn. se refiere y da lugar a la existencia del juicio por
jurados.
Tenido el ámbito constitucional, continúa el procesal penal que, establece
detalladamente el funcionamiento del tribunal de jurado, para lo que
compaginaremos el código procesal penal derogado con el vigente:
6.1. TRIBUNAL DE JURADO
Art. 52 CPP derogado.- Corresponderá al tribunal del jurado el juzgamiento, en
vista pública de todos los delitos, salvo aquellos en que sea competente el tribunal
de sentencia.
16
Art. 52 CPP vigente.- Corresponderá al tribunal del jurado el juzgamiento de los
delitos siguientes:
a) Lesiones, lesiones graves, lesiones muy graves, lesiones agravadas.
b) Los relativos a la autonomía personal.
c) Daños y daños agravados.
Si el delito fuere conexo con uno de los de competencia del tribunal de sentencia,
conocerá este último.
De conformidad al art. 53 CPP vigente, corresponde a uno de los jueces que
conforman del tribunal de sentencia celebrar la vista pública con el tribunal de
jurado. La designación dependerá de un sistema de reparto acordado por ellos
mismos.
Una de las cuestiones más debatidas en la organización jurisdiccional penal es la
de si el juzgador ha de ser un jurista profesional o si, por el contrario, ha de
compartir su función con sujetos legos no profesionales. Sara Aragoneses
establece que “a favor de la institución del jurado se esgrimen, entre otros
argumentos, razones de carácter político, que postulan una mayor participación
del pueblo en la administración de justicia, y de carácter técnico, según las cuales
los ciudadanos pueden valorar las cuestiones de hecho sin los prejuicios que los
jueces profesionales pueden tener.” En España, la instalación del tribunal de
jurado es de reciente creación; en El Salvador, ha existido desde el siglo pasado;
no obstante, la anterior regulación viene desde 1974 y continúa con la nueva
legislación.
En el código Procesal Penal Derogado el precepto es sumamente escueto en
cuanto a que no establece claramente la competencia objetiva del tribunal de
jurado, pues para definirla hay que acudir la interpretación del art. 53 CPP
derogado.
17
Dicho artículo enumera los delitos que son del conocimiento del tribunal de
sentencia: los delitos graves, los delitos menos graves, los delitos de acción
privada, los delitos sancionados con pena no privativa de libertad y, por último, los
delitos conexos señalados en el mismo artículo. Los delitos graves son, como
sabemos, los castigados con pena que superen los tres años de prisión o los
doscientos días multa, los delitos menos graves son todos los demás; la diferencia
es meramente formal y cuantitativa de acuerdo a la gravedad de su punición.
Si descontamos todos los delitos del conocimiento del tribunal de sentencia,
pronto se advierte que el legislador ha querido dejar poca participación al tribunal
de jurado en el juzgamiento de los delitos. Entre los criterios que el legislador pudo
haber tomado en cuenta para definir tal competencia, podrían mencionarse los
siguientes:
Las dificultades y costos que requiere la instalación de vistas públicas con
tribunal de jurados. Cada audiencia implica citar a los jurados, darles
transporte, comida, etc. Además, como experiencia del sistema penal
anterior, la falta de civismo y conciencia pública hace difícil la asistencia de
los mismos, lo que implica la suspensión de muchas vistas públicas y, por
lo tanto, una grave mora judicial.
La gravedad del hecho es otro criterio importante a la hora de definir
competencia, ya que el tribunal de Jurado conoce solo de los delitos que
provocan conmoción y repudio a la sociedad salvadoreña, fuera de
ocasionar estas sensaciones en la población, son delitos comunes: se
suscitan con frecuencia, y no son de realización compleja tal es el caso de
las lesiones, lesiones graves, lesiones muy graves, lesiones agravadas, la
coacción, las amenazas, los daños y los daños agravados, lo cual ayuda a
generar en la sociedad un sentimiento de justicia ante los hechos ilícitos
cometidos; y,
Dar cumplimiento al mandato constitucional establecido en el art. 189 Cn.,
que exige la existencia del tribunal de jurado, como característica de un
18
Estado democrático, ya que actúa en representación de la sociedad
jurídicamente organizada.
6.2. TRIBUNALES DE SENTENCIA
Art. 53 Inc. final CPP vigente.- La fase plenaria corresponderá a uno solo de los
jueces en los casos que sean competencia del jurado y los excluidos del
conocimiento del tribunal en pleno.
6.3. INTEGRACIÓN
Art. 404 CPP vigente y 366 en CPP derogado.- El tribunal de jurado se integrará
con un total de cinco personas sorteadas de la nómina del Registro Electoral. En
caso de ser necesario se podrá tener a disposición dos jurados suplentes, quienes
votarán solo cuando de que alguno de los miembros titulares se incapacite para
seguir actuando.
El Tribunal Supremo Electoral o el Registro Nacional de las Personas Naturales,
estarán obligados a actualizar una lista de personas y las enviarán en los meses
de enero y junio de cada año a la Secretaría General de la Corte Suprema de
Justicia, a la Fiscalía General de la República y a la Procuraduría General de la
República, quienes la depurarán de todos aquellos que manifiestamente no
reúnan los requisitos para ser jurado. A cada tribunal de sentencia, la Corte les
remitirá la lista parcial correspondiente de los jurados de su circunscripción.
La doctrina y la legislación señalan que el jurado se debe integrar por “jueces
legos”, es decir que no tiene una titulación jurídica oficial, pero que poseen un
grado académico que les permita hacer el raciocinio requerido y capacidad de
comprender los hechos que se viertan durante el desarrollo del proceso los cuales
participan junto con los jueces técnicos en la redacción del veredicto o de toda la
19
sentencia, según el sistema de escogido en otras legislaciones, ocupando el cargo
por un período de tiempo, es decir, transitoriamente.
En su aspecto más general, la existencia del Jurado es consecuencia del principio
de separación de poderes, teniendo pleno sentido en un régimen político
democrático. En este sentido, se dice que la función de juzgar debe
encomendarse a jueces no profesionales y no permanentes, para garantizar su
neutralidad y el papel que corresponde al Poder Judicial frente al Ejecutivo y al
Legislativo en un Estado de Derecho. Esos jueces legos expresarían en sus fallos
la razón que se encarna en la ley. En el mismo sentido, se argumenta que el poder
de juzgar ha de confiarse a personas que emanen lo más directamente del pueblo.
En cualquier caso, y pese a sus funciones y carencias, que en realidad no difieren
en importancia de las otras instituciones, la historia del Jurado demuestra que es
una institución apoyada en régimen de libertades, mientras que es atacada y
suprimida por las dictaduras.
Se añade la posibilidad de contar, en casos complicados, con dos jurados
suplentes, que sólo actuarán en caso de que se incapacite alguno de los jurados
titulares. Se valora la posibilidad de que los asuntos complicados requieran más
días de enjuiciamiento, por lo que a mayor duración se incrementa la posibilidad
estadística de que, fundamentalmente por enfermedad sobrevenida, se incapacite
alguno de los jurados inicialmente designados. La previsión de que un suplente
ocupe el lugar del incapacitado evita que el juicio deba ser iniciado de nuevo.
La función de los suplentes es asistir a las sesiones del juicio, si bien no participan
de la deliberación ni, por lo tanto, votan, a no ser que alguno de los jurados
designados se incapacite para seguir actuando, como expresamente prevé el
artículo 404 CPP vigente.
La razón de existencia es clara. Puesto que tanto el tribunal de jurado, como el
juicio sometido a su decisión, participan de los principios básicos del proceso
penal, el respeto a la necesaria integridad del tribunal, esto es, que decidan los
20
mismos jueces que han estado presentes en la vista, daría lugar que, en cao de
indisposición de alguno de los jurados, el juicio ya iniciado, o tal vez finalizado y
sólo pendiente de votación el veredicto, debiera iniciarse de nuevo. La existencia
de los suplentes conjura dicho peligro, cuya realización sería entorpecedora de la
recta administración de justicia.
Debe tenerse en cuenta que en aquellos supuestos en que no se haya procedido
a la designación de suplentes y se indisponga un miembro del jurado, a fin de
evitar la repetición del juicio puede agotarse el período máximo de suspensión del
juicio por diez días, tal como prevén los artículos 375 y 376 CPP vigente y 333 y
334 CPP derogado, si bien dicho plazo será de solo tres días si el juicio ha
finalizado y se encuentra pendiente de votación. No se olvide que estos preceptos
son de plena aplicación al procedimiento del jurado, en virtud de la cláusula
general de remisión que se contiene en el art. 416 CPP vigente.
Al regular la composición del jurado la ley se refiere únicamente a los jueces legos
que, al fin y al cabo, son quienes adoptan la decisión final básica, forma también
parte del tribunal el juez de sentencia designado en cada caso para presidir las
sesiones y arbitrar el correcto desarrollo del juicio, tal como establece en el inciso
final el art. 53 CPP, al decir que la fase plenaria corresponderá a uno solo de los
jueces en los casos que sean competencia del jurado y también en el art. 410 CPP
(“La vista pública será presidida por uno de los jueces del tribunal de sentencia.)
6.4. REQUISITOS PARA SER JURADO
Art. 405 CPP Vigente.- Para ser jurado se deberán reunir las calidades
siguientes:
1) Ser salvadoreño.
2) Mayor de veinticinco años y menor de setenta.
3) Estar en el pleno goce de los derechos políticos.
21
4) Poseer estudios de educación media como mínimo.
6.4.1. Momento en que deben ser apreciados los
requisitos
El legislador ha partido de la base de que el pleno desarrollo de la institución del
Jurado y su deseada imbricación con los valores constitucionales de participación
de los ciudadanos en los asuntos públicos (art. 72 Cn.), y muy especialmente en la
Administración de Justicia (189 Cn.) Se exige de los requisitos de acceso el
ejercicio de aquella sean los menores posibles, aunque partiendo, como
enseguida tendremos ocasión de destacar, de que el “ciudadanos” de que habla la
ley debe ser precisamente el ciudadano nacional, esto es, el salvadoreño.
Esta amplitud de los criterios de acceso, aun a riesgo de sacrificar la capacidad,
entendida como especial cualificación personal, responde al mantenimiento de la
tradición juradista a la que expresamente se refieren los “Planteamientos
Generales” el Código Procesal Penal.
El momento en que deben reunirse los requisitos del art. 367 CPP es
precisamente el de constitución del tribunal, una vez finalizado el proceso de
selección de los candidatos. Naturalmente, no habrá llegado a la fase última de la
selección quien no reúna desde un principio los requisitos legalmente exigidos.
Pero puede ser que pierde alguno de ellos durante el proceso de selección (por
ejemplo cambio de nacionalidad, cumplir los 70 años), en cuyo caso no podrá
desempeñar la función.
Sin perjuicio, naturalmente, de que sea quienes habiendo sido designados
inicialmente candidatos no reúnen o pierden alguno de los requisitos, queden
incapacitados desde ese momento para la función. La lista de posibles jurados se
confecciona con la base del registro electoral formada a su vez con el Registro
Nacional de las Personas Naturales, que no ofrece total garantía de que los
incluidos en el mismo reúnan las exigencias del art. 405 CPP, S a la primera
depuración que lleva a cabo el Secretario de la Corte Suprema de Justicia. En ese
22
momento de remisión de las listas no se ha llegado todavía a cabo ninguna
interacción individualizada acerca de si los candidatos son capaces para ser
jurado.
El Tribunal se forma, con el Juez de sentencia que lo preside y los jurados
designados, una vez cumplida dicho trámite, el del sorteo del que salen veinte
nombres y al finalizar la audiencia de selección (Art. 407 CPP). Es este el
momento de constitución el que determina la concurrencia o falta de requisitos que
los jurados, así como la ausencia de las que el Código Procesal Penal denomina
causas de incapacidad (Art. 406 CPP). Obsérvese que el art. 405 CPP no habla
de los requisitos para ser candidato o jurado en una causa concreta, sino de los
necesarios para ser jurado, que es un momento procesal y material posterior.
Naturalmente, puede perderse alguno de los requisitos que se ostentaba cuando
se formó el tribunal del jurado (por sobrevenida un impedimento, por ejemplo;
piénsese en una enfermedad repentina). En este caso, huelga decirlo, dejará el
afectado de ser jurado e iniciará su cometido como tal uno de los dos suplentes
que, sí el caso era complejo, fueron designados a tal fin. Si no es así, deberá
procederse a la formación de un nuevo Jurado.
6.4.2. Requisitos para ser jurado
1- Ser salvadoreño
Se trata de un requisito lógico y, además, coherente con otros preceptos de
carácter constitucional y orgánico judicial. Sólo los salvadoreños son
considerados ciudadanos por la constitución (Art. 71 Cn.) Y pueden
desempeñar cargos judiciales (Art. 176 y sig. Cn. y también en la Ley
Orgánica Judicial). Puesto que la función del jurado es una forma muy
especial de participación en los asuntos públicos, que se aproxima al
verdadero ejercicio del poder judicial, es normal que solo los salvadoreños
puedan desempeñar el cometido de jurado, de claro carácter judicial.
23
2- Mayor de veinticinco años y menor de setenta
No se reconoce la capacidad para ser jurado por el mero hecho de haber
alcanzado la mayor edad (a los dieciocho años: art. 26 Código Civil), que
faculte para la consideración como ciudadano (Art. 71 Cn.), sino por exigirlo
para el adecuado desempeño de la función un cierto grado de madurez que
no suele alcanzarse los 18 años, pues se trata de valorar la conducta de un
semejante y decidir su futuro.
No es infrecuente en el derecho comparado la exigencia para ser jurado de
una edad superior a la que determina la mayoría y la plenitud de derechos
civiles y políticos. Así, en Alemania y Austria, Portugal y Suecia se exige
tener veinticinco años, en Bélgica treinta, en Francia veintitrés, en Estados
Unidos veintiuno; mientras que tanto en España, como en Inglaterra son
suficientes los dieciocho años.
Se optar también por la fijación de una edad máxima, la de setenta años,
por encima de la cual no se puede desempeñar la función de jurado. Se
considera que puede establecerse con carácter general dicho tope,
entendiendo que por encima de la edad señalada disminuyen las
capacidades de la persona para el desempeño de una función de tanta
trascendencia como es el enjuiciamiento de un semejante y la toma de una
decisión que va a condicionar su futuro.
3- Estar en el pleno goce de los derechos políticos
El ejercicio de los derechos políticos se integra con la posibilidad de ejercer
el derecho de sufragio (Art. 72 Cn.) Por lo tanto, no podrán ser miembros
del Tribunal del Jurado quienes se encuentren privados del derecho de
sufragio. Es decir, a quienes hayan visto suspendidos sus derechos por
alguna de las causas que recoge el Art. 74 Cn. (auto de prisión formal,
enajenación mental, interdicción judicial, por negarse a desempeñar, sin
justa causa, un cargo de elección popular). Téngase en cuenta que la pena
de inhabilitación absoluta comprende la pérdida de los derechos de
ciudadano (Art. 58 Código Penal).
24
4- Poseer estudios de educación media como mínimo
Este apartado cuarto y último del art. 367 CPP derogado ha sido introducido
por la modificación operada por el decreto núm. 487, de 18 de julio de 2001.
Responde esta reforma legal, al igual que otras contenidas en el mismo
Decreto 487 y que afectan también al Jurado, a la finalidad de mejorar el
funcionamiento o en la práctica de la institución, controvertido en ocasiones,
alejando el riesgo de los llamados “veredictos extravagantes” que en
ocasiones se producen y que tanto daño hacen el prestigio de la
Administración de Justicia.
6.5. INCAPACIDAD
Art. 406 CPP Vigente.- No podrán ser jurados:
1) Los funcionarios públicos y los empleados del Órgano Judicial o del
Ministerio Público.
2) Los que estén sometidos a un procedimiento penal o hayan sido
condenados, hasta cinco años después de extinguida la pena.
3) Quienes adolezcan de una incapacidad física o psíquica que les impida
asistir al juicio o comprender lo que allí sucede.
4) Quienes por su falta de instrucción, manifiestamente no puedan
comprender lo que sucede en el juicio.
5) Los miembros de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada.
6) Los ministros de un culto religioso.
Los jurados también podrán excusarse o ser recusados por los mismos
impedimentos previstos para los jueces.
Las partes luego de interrogar a los jurados seleccionados sin perjuicio de las
causas de impedimento previstas, podrán excluir a un número máximo de tres
25
personas sin necesidad de exponer y fundamentar la petición; en número mayor la
recusación será con expresión de causa.
6.5.1. Incapacidades, incompatibilidades, prohibiciones
Bajo la denominación de causas de incapacidad para ser jurado, este artículo
enumera una serie de supuestos que integran verdaderas faltas de capacidad,
como los de carencia física o psíquica, o falta de instrucción, aunque también
podrían haberse englobado entre los requisitos los consistentes a gozar de dichas
aptitudes físicas, psíquicas y de instrucción.
Junto a dichas incapacidades propias que, además de ser también clasificables
como ausencia de requisitos, no encierran ningún reproche ético social, se
enumeran causas que encierran en un evidente desvalor, como es la consistente
en estar sometido a procedimiento penal o haber sido condenados, hasta cinco
años después de extinguida la pena.
En el mismo precepto y bajo igual denominación de incapacidades, se prevén
causas que constituyen más bien incompatibilidades, cual es el caso de los
funcionarios públicos, empleados del Órgano Judicial o del Ministerio Fiscal, los
miembros de la Policía por las Fuerzas Armadas y los ministros de un culto
religioso. Se trata de personas cuya función se considera incompatible con la
función de jurado, con carácter general y con independencia de la naturaleza del
asunto sometido el enjuiciamiento.
Finalmente, rematando las que el legislador enumera en el penúltimo párrafo, se
contiene una remisión de carácter general a los impedimentos previstos para los
jueces, en clara referencia a las causas de abstención y recusación recogidas en
el art. 66 CPP vigente.
6.5.2. Causas de Incapacidad
No podrán ser jurados:
26
1- Los funcionarios públicos y los empleados del Órgano Judicial o del
Ministerio Público.
El legislador ha tenido, para la fijación de esta incapacidad, que puede
resultar difícilmente compatible con la imparcialidad a exigir a los jurados la
posición de quien, por ser funcionario público, está estrechamente ligado,
mediante una clara relación de dependencia, con el Estado que, a través
del proceso penal, ejercita el “ius puniendi”.
Lo mismo puede decirse de la incapacidad relativa a los empleados del
Órgano Judicial y del Ministerio Público, respecto de los que cabe añadir
que podría verse afectada la independencia y la imparcialidad del jurado
por la contaminación proveniente del cargo ocupado por el designado como
tal. Asimismo, puesto que se ha pretendido que la composición del Tribunal
del Jurado responda al máximo al diseño del mismo como de legos en
derecho, que decide sobre los hechos, sin contaminación jurídica alguna,
se excluye una profesión con conocimientos jurídicos.
2- Los que estén sometidos a un procedimiento penal o hayan sido
condenados, hasta cinco años después de extinguida la pena.
Se trata de faltas de capacidad que implica la existencia, bien de un
reproche definitivo emitido por un órgano del poder judicial (condena), bien
de una situación de sospecha acerca de la honradez, que pesa sobre el
sometido procedimiento penal.
Sobre el afectado por la incapacidad ha recaído el reproche que implica la
condena o, cuando menos, el desvalor social de la suspensión a un
proceso penal, lo que da lugar a la desconfianza de la sociedad acerca de
que quien se encuentra en tales situaciones pueda desempeñar con
dignidad y eficacia la función de jurado.
La condena ha de afectar al candidato o jurado, por cualquier tipo de
participación delictiva, ya sea como autor o como cómplices y la causa de
incapacidad permanecer mientras no se ha extinguido la pena.
27
Debe tratarse de una condena firme, pues sí se contiene en una sentencia
que todavía no ha ganado firmeza, por no haber sido notificada a todas las
partes, no haber transcurrido el plazo durante el que se puede interponer
recurso, o haber sido recurrida, la correspondiente causa de incapacitación
deberá buscarse en el inciso del precepto referido al sometimiento a
proceso penal.
Naturalmente, la causa de incapacidad consistente en el sometimiento a
proceso penal desaparecido desde el momento en que se pierde la
condición de imputado, o se procede al archivo de la causa o, en fin, recae
sentencia absolutoria y ésta deviene firme.
3- Quienes adolezcan de una incapacidad psíquica o física que les impida
asistir al juicio o comprender lo que allí sucede.
El amplio enunciado del precepto puede abarcar cualquier deficiencia o
disfunción, de la naturaleza que sea, que inspira el desempeño de la
función de jurado.
Al objeto de las causas de incapacidad para ser jurado, podemos entender
que la incapacidad física comprende aquellas enfermedades, crónicas qu
transitorias, que impidan acudir o permanecer en la sede de celebración del
juicio, por el estado de postración del afectado, o por la necesidad de recibir
atención médica continuada. También es incapacidad de esta clase toda
afectación de los sentidos (vista, oído, por ejemplo) que imposibilite la
captación de lo que sucede a lo largo del desarrollo del juicio y tomar
conocimiento cabal de las pruebas.
Impedimento psíquico puede ser cualquier alteración mental que no permita
la cabal comprensión del desarrollo del juicio, la participación en la
deliberación, o la formación de un criterio para contribuir al veredicto. Su
concurrencia deberá ser apreciada en cada caso concreto, en función del
estado del afectado.
Se pretende, en definitiva, garantizar que los jurados están en perfectas
condiciones de, percibiendo lo que sucede en el juicio, captando
28
suficientemente las alegaciones de acusación y defensa, los interrogatorios
de acusados y testigos, el examen de los peritos, examinando los
documentos y observando las piezas de convicción, puedan hacer acopio
de los elementos de conocimiento de los que deberán hacer la convicción
que se manifestará en las deliberaciones y de la que habrá de surgir el
veredicto. Sólo la perfecta captación y comprensión del desarrollo del juicio
permite la realización del principio de inmediación judicial que es predicable
de los jurados, que únicamente mediante la percepción directa de las
pruebas podrán advertir la mayor o menor contundencia de las mismas, la
seguridad con que se expresan quienes declaran, su aplomo, sus
vacilaciones y, en fin, la veracidad de sus manifestaciones.
4- Quienes, por su falta de instrucción, manifiestamente no puedan
comprender lo que sucede en juicio.
Según la doctrina no se exige que los jurados sepan leer y escribir, pero sí
que tengan la suficiente instrucción para comprender el juicio en el que han
de ser piezas decisivas. Sin embargo, esta afirmación no tiene lógica
puesto que uno de los requisitos para ser jurado es poseer estudios de
educación media como mínimo, por tanto si una persona posee estudios de
educación media es de pensar que sí sabe leer y escribir y que por tanto es
obligatorio que sepa hacerlo. Se pretende garantizar que cada miembro del
jurado dispone de las herramientas elementales de conocimiento que le
fuera permitido instruirse suficientemente acerca de las circunstancias que
rodean el asunto sometido a su veredicto. Téngase en cuenta que los
jurados pueden preguntar a los testigos, peritos y al imputado, e incluso
pedir aclaraciones a las partes. Es obvio que no podrá desempeñar su
función el jurado que carezca de la instrucción mínima para entender lo que
en el juicio está sucediendo.
Se pretende además, mediante la exigencia de una mínima instrucción, el
jurado tenga un cierto grado de socialización, lo que comporta que habrá
29
interiorizado, en mayor o menor medida, los valores sociales cuya violación
sanciona el Derecho Penal
5- Los miembros de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada.
Por lo que respecta a los policías, se excluye a los integrantes de una
Institución, en el caso de la Policía Nacional Civil, la cuya misión es velar
por la seguridad ciudadana y la prevención y persecución del delito. Por
ello, puede existir cierta contaminación de carácter general, pueden dar
lugar a que se presuma en ellos cierta animadversión hacia quienes
sospechosos de la comisión de un delito, con la consiguiente pérdida de
imparcialidad.
En cuanto a la exclusión de la función de jurado de los miembros de las
Fuerzas Armadas, encuentra fundamento en la alta misión que están
llamados a desempeñar (Art. 212 Cn.), un lo que puede restarles
disponibilidad para la dedicación a ser jurados, siguieron a ser designados.
A lo dicho cabe añadir que el primer párrafo del artículo 212 de la
Constitución prevé que se encomiende a la Fuerza Armada, en
determinadas circunstancias, o en el mantenimiento de la paz interna, en
cuyo caso vale lo que acaba de decirse de los miembros de la Policía
Nacional Civil.
6- Los ministros de un culto religioso.
Se basa esta causa de incapacidad en el deseo de mantener al margen del
adopción de una decisión al grave como la que puede implicar un veredicto
a quiénes realicen funciones de relevancia en la administración y el culto de
alguna religión, a los que la pertenencia a un tribunal del jurado podría
ocasionar les problemas graves de conciencia que el legislador, con una
actitud ciertamente abierta, ha querido evitar.
30
6.5.3. Impedimentos
Continúa diciendo el art. 406 CPP que, además de por las anteriores
incapacidades generales, los jurados podrán ser recusados o excusarse cuando
exista cualquiera de los impedimentos previstos para los Jueces. Es una
disposición lógica. Si los miembros del tribunal del jurado desempeñan la función
jurisdiccional penal, aunque sea de forma transitoria y con relación a un caso
concreto, es inevitable que se les aplique el régimen de los jueces profesionales
en cuanto a las causas de abstención y recusación.
Como antes hemos dicho, estos impedimentos, descritos en el art. 66 CPP
vigente, son de naturaleza distinta de las anteriores incapacidades, pues se
establecen en relación con los casos concretos sometidos a enjuiciamiento y sólo
podrá procederse a la verificación de su concurrencia en la selección final que se
lleva a cabo en el trámite de la formación del jurado que disciplina el art. 407 CPP.
6.6. FORMACIÓN DEL TRIBUNAL DE JURADO
Art. 407.- Recibidas las actuaciones para la vista pública, el secretario del tribunal
de sentencia sorteará dentro de las cuarenta y ocho horas, una o más listas de
veinte jurados cada una, y convocará a las partes y a los jurados a la audiencia de
selección, ordenando las citaciones y notificaciones que correspondan.
La audiencia se realizará el mismo día previsto para la vista pública, con suficiente
anticipación. El secretario comprobará la identidad de los convocados, separará a
aquéllos que manifiestamente no reúnanlas calidades requeridas y, en presencia
de uno de los jueces del tribunal y de las partes, en forma sencilla las
incapacidades e impedimentos existentes para ser jurado.
Inmediatamente, permitirá que los jurados manifiesten libremente si se hallan en
alguna de esas situaciones y luego las partes, en el orden que determine el juez,
podrán interrogarlos a fin de establecer si incurren en alguna de las causales
31
mencionadas en la ley. Si son hábiles más de cinco jurados el secretario sorteará
a los titulares y suplentes.
En la audiencia de selección, las partes podrán producir prueba para establecer
alguno de los hechos que fundan la recusación, pero quedará a cargo de cada una
de ellas su presentación. En casos excepcionales el juez podrá producir prueba de
oficio y suspender por una sola vez la audiencia.
El juez resolverá sin recurso alguno. Si terminada la audiencia, no se ha reunido el
número suficiente de jurados para integrar el tribunal, se repetirá el procedimiento
sólo para cubrir los puestos faltantes, convocando el número de personas que el
juez estime conveniente. En este caso se podrá suspender por veinticuatro horas
la iniciación de la vista pública; en ese lapso los jurados seleccionados no podrán
retirarse del tribunal, vencido ese plazo sin que haya sido posible integrar el
tribunal de jurado, se sorteará una nueva lista y se convocará a otra audiencia de
selección.
Al finalizar la audiencia de selección, los jurados se ingresarán a la sala de la
vista pública o esperarán en un lugar especialmente reservado.
6.6.1. Selección de Jurados
La selección de los jurados que en un juicio determinado integrarán el tribunal que
habrá de pronunciar el veredicto de culpabilidad o inocencia se regula en el art.
407 CPP vigente. Al menos, una superficial lectura del Código Procesal Penal así
podría darlo a entender. Sin embargo, se trata de un proceso continuo, de
selección sucesiva que, en la búsqueda de los más adecuados integrantes del
tribunal que, a la vez, hayan resultado designados por métodos aleatorios, como
por azar por casualidad, se ha iniciado con anterioridad al sorteo que lleva a cabo
el secretario del tribunal que han sido remitidas las actuaciones penales.
32
El proceso de selección se inicia en realidad cuando el Secretario de la Corte
Suprema de Justicia solicita, en el mes de enero de cada año, la lista del Registro
Electoral al Tribunal Supremo Electoral y, a continuación, excluye de la misma lista
a los efectos de que no puedan ser designados jurados, a todos aquellos que, a
todas luces, no reúnan los requisitos para ser jurado (Art. 404 CPP). Este
constituye el primer escalón o grado de la selección.
El siguiente paso consiste en la remisión que, a continuación, hace el Secretario
de la Corte Suprema de la lista parcial correspondiente de los municipios de su
sección a cada Tribunal de Sentencia y a la Cámara competente, que recibirán
dicha lista ya de una edad de quienes no reúnan los requisitos.
Los siguientes tramos de la selección ya tienen lugar en el tribunal de sentencia al
que han sido remitidas las actuaciones y se regulan en el artículo que
comentamos.
No debe olvidarse en ningún momento que, por más que suele resaltarse entre las
virtudes del Jurado la de que es una forma de participación ciudadana en la
Administración de Justicia, en el Poder Judicial y, con ello, en los asuntos
públicos, la función del jurado, a la postre, no es otra que la del enjuiciamiento de
unos ciudadanos por otros que no tienen más título de serlo. Por este motivo, el
legislador desechó los criterios selectivos, o de especial cualificación, en la
configuración de los requisitos para ser jurado, por entender que la ciudadanía
debe constituir el índice de capacidad o presunta.
Una vez efectuada la primera depuración por el Secretario de la Corte Suprema de
Justicia, se logran desde el punto de vista instrumental el objetivo de partir de una
amplia base de selección, a la vez que, dada la coincidencia básica entre los
requisitos para integrar el censor y para ser jurado, aquellas listas aparecen como
un óptimo punto de partida.
33
6.6.2. Formación del Jurado
El secretario del tribunal, previo el sorteo a tal fin dentro de las cuarenta y ocho
horas de la recepción de las actuaciones, cita a veinte jurados, convocados a las
partes a la audiencia de selección.
La audiencia se celebra en presencia de uno de los jueces del tribunal y con
asistencia de las partes. Tiene lugar el mismo día señalado para la vista pública,
antes del comienzo de esta naturalmente. Y lo primero que hace el secretario es
proceder, por sí, a una nueva depuración, pues ha de separar a los compares y
dos y hasta ese momento candidatos a jurado, que no reúnan los requisitos
necesarios.
Se plantea la cuestión de si la audiencia de selección del jurado ha de celebrarse
en audiencia pública, o sólo pueden asistir a la misma las partes procesales y los
resultantes del sorteo, además del Juez de sentencia que lo preside y el
Secretario del tribunal.
A favor de la celebración de este acto en audiencia pública se dice que la
publicidad es el criterio que impera en las actuaciones judiciales, tal como podría
resultar del art. 12 Cn. que proclama el derecho a un juicio público y el art. 307
CPP, relativo a la publicidad de las actuaciones procesales, así como que es
interés de todos los ciudadanos la correcta constitución de Tribunal, que debe
estar integrado por miembros aptos para la trascendente misión que se
encomienda los jurados, por lo que no debe restringirse la posibilidad de asistir a
este acto. Los partidarios de la publicidad de estadista, conscientes de que en
ocasiones la naturaleza de los motivos de incapacidad, o los impedimentos,
pueden afectar al derecho a la intimidad del posible jurado, responden que en tal
supuesto la solución es, si se da el caso, que el Magistrado Presidente acuerde la
celebración a puerta cerrada, haciendo uso de las facultades previstas respecto en
el art. mismo (307 CPP).
34
A continuación, ante el Juez de sentencia que presidirá el juicio y que ocupará ya
un lugar destacado en audiencia, debe explicar las incapacidades e impedimentos
para el desempeño de la función de jurado. En ese momento, pueden los
convocados que han acudido alegar las incapacidades o falta de requisitos que se
les afecten sometiéndose al interrogatorio de las partes.
Si alguna de las partes formula recusación, podrá practicarse prueba para
acreditar la concurrencia de la causa, pero la proponente será quien habrá de
presentarla aunque, excepcionalmente, puede el juez acordará de oficio y decidir
la suspensión de la audiencia. Normalmente, las recusaciones que planteen las
partes y cuya verificación requieran la práctica de alguna prueba no tendrán su
fundamento en alguno de los motivos para su constatación, como puede ser la
pertenencia a la Policía como a las Fuerzas Armadas (art. 406.5 CPP), o si no que
serán de más fácil comprobación, como pueden ser la falta de instrucción
suficiente para (art. 405.4 y 406.4 CPP), la carencia de capacidad física o psíquica
(art. 406.3 CPP), o alguno de los impedimentos para juzgar (art. 406 inc.
penúltimo, y art. 66 CPP).
Finalizada la selección, sea no se ha reunido suficiente número de jurados para
formar el tribunal, se vuelve a efectuar un sorteo, si bien sólo para poder completar
el jurado, por lo que el número de convocados habrá de ser el que
prudencialmente fije pues. En este caso, se puede suspender por veinticuatro
horas el comienzo de la vista, permaneciendo los ya seleccionados en la sede del
tribunal. Si al cabo de dicho tiempo no sea forma del jurado, se procede a un
nuevo sorteo y a la celebración de otra audiencia de selección.
Sí, por el contrario, tras la selección son hábiles más de cinco de los convocados y
con parecidos, el secretario ha de proceder al sorteo de los titulares y suplentes, si
la complejidad del caso requiere que se cuente con estos. El sorteo seguirán los
integrantes del tribunal.
A continuación, dependiendo tanto de la hora como del tiempo durante el que se
ha demorado la selección, el juez de sentencia que ha presidido la selección y
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deberá dirigir el juicio debe decidir así comienza la vista inmediatamente, en cuyo
caso los jurados deberán pasar a la sala en que se iba a celebrar el juicio, o bien
sea de iniciar el juicio más tarde, pues si es así los jurados resultantes de la
selección habrán de esperar en un lugar especialmente reservado.
6.7. RETRIBUCIÓN DE JURADOS
Art. 408.- Los jurados serán retribuidos por el juez que haya de presidir la vista
pública, conforme lo establezca la ley. Para el efecto antes mencionado, el día del
sorteo, el juez extenderá un recibo que autorizará el secretario y el fiscal por la
cantidad necesaria contra la Dirección General de Tesorería, si el tribunal tuviere
su asiento en el departamento de San Salvador, o contra la administración
correspondiente, si lo tuviere en otro departamento. En este recibo se indicará el
proceso de que se trata y a él se acompañará certificación del auto en que se
hubiere señalado el día para la vista pública.
Las oficinas pagadoras atenderán con preferencia el pago de esta clase de
documentos, so pena de cien a doscientos colones o su equivalente en dólares
de multa, que impondrá el juez al Director General de Tesorería o al administrador
correspondiente.
Tres días después del señalado para la vista pública el juez o remitirá a la citada
Dirección General o a la administración correspondiente, según el caso, el recibo
firmado por los jurados, el fiscal, el querellante, los defensores y el secretario,
junto con el remanente que hubiere, sea que se haya efectuado o no la vista
pública. Si el juez no llenare en su tiempo esta formalidad el Director General de
Tesorería o la administración correspondiente dará cuenta inmediatamente al
tribunal superior respectivo, para los efectos señalados en el último inciso de esta
disposición.
Los jurados que integren dicho tribunal como propietarios y el primer suplente
tendrán una retribución igual y superior a la que se pagará a los otros jurados
36
asistentes. Para este efecto, el juez extenderá el recibo correspondiente con los
requisitos exigidos en este artículo. Cuando por razones presupuestarias o de
fuerza mayor o caso fortuito las oficinas pagadoras no aportaren oportunamente
los fondos necesarios para la retribución de los jurados, el juez o las partes podrán
si lo desearen, cubrir los gastos necesarios para realizar la vista pública y pedir el
reembolso en su debida oportunidad.
El juez que no cumpla con lo preceptuado en esta disposición, será sancionado
por el tribunal superior, sin formación de causa, con cien colones o su equivalente
en dólares de multa por cada infracción.
6.7.1. Derechos Económicos de los Jurados
El derecho de los jurados o hacer retribuidos es consecuencia directa de la
importancia de su función y contribuye a la dignificación de la misma, a la vez que
salvaguardar su recto desempeño. El precepto que regula la retribución de los
jurados fija las condiciones de ejercicio de su función y proteger su situación
económica, puesto que no puede pretenderse que el ciudadano lego en derecho
que es llamado a juzgar a un semejante dándole el ejercicio de la actividad que es
su principal fuente de ingresos durante los días a lo largo de los cuales se
prolongue juicio sin obtener a cambio contraprestación económica alguna,
mientras que ha dejado de ingresar las percepciones económicas generadas por
su trabajo habitual, tal vez arriesgando la continuidad del mismo; piénsese, por
ejemplo, en la pérdida de clientela que puede sufrir un negocio mientras quien lo
regenta debe abandonar lo para ejercer como jurado.
6.7.2. Articulación de la Retribución
La detección de los jurados se nutre de los fondos habilitados a tal fin por la Ley
de Presupuestos que debe ser aprobada anualmente y la concreta articulación de
su abono debe ajustarse tanto a lo que establece el artículo 408 CPP, como a la
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normativa que se contiene en la Ley Orgánica de la Administración Financiera del
Estado (D. L. núm. 516 de 23/nov/95) y su reglamento.
El pago se efectúa directamente por el juez que ha de presidir la vista pública.
Para ello, lo primero que debe hacer es extender un recibo contra la Dirección
General de Tesorería, o contra la Administración que corresponda sea la sede del
tribunal no es el departamento de San Salvador. En el residuo debe indicarse el
proceso de cuyo enjuiciamiento se trata, mediante la conciliación de los datos
básicos del mismo, esencialmente el nombre de la persona imputada y el hecho
objeto de enjuiciamiento; asimismo, ha de acompañarse certificación del auto en
que se señaló el día para el comienzo de la vista pública.
El siguiente paso consiste en la remisión como a los trece días del señalado para
el juicio común del recibo firmado por los jurados, el fiscal, el querellante si lo hay,
el o los defensores y el secretario, junto con el remanente que exigía su pudiera
quedar con lo que dependerá de si se ha celebrado la vista pública.
6.7.3. Suma Retribuida
La retribución que se le hace al jurado es de carácter simbólico, porque se le paga
a los titulares y el primer suplente la cantidad de veinticinco colones, mientras que
al resto de personas que nos salieron electos como jurado la suma de quince
colones. Esto, lejos de incentivar la participación ciudadana en administración de
justicia la desmotiva como puesto que aquellas personas que laboran de forma
independiente dejan de percibir ingresos el día que comparecen como jurados.
Ante ello, optan por no acudir al llamado que se les hace, o bien comparecen a los
tribunales esperando no quedar, como jurados, poniendo de manifiesto múltiples
excusas para ser excluidos.
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6.8. ADVERTENCIA Y PROMESA
Art. 409.- Al momento de la apertura de la vista pública, luego de comprobar la
asistencia de todas las partes y los jurados, el juez explicará previamente la
importancia del cargo y solicitará que elijan al presidente del tribunal del jurado.
Acto seguido los jurados, previa deliberación breve y en secreto, elegirán a su
Presidente, comunicando la elección públicamente.
Inmediatamente después el juez requerirá su promesa en los siguientes términos:
"¿Juráis o Prometéis bajo vuestra palabra de honor examinar con la atención más
escrupulosa los cargos que deben formularse contra el imputado N.N.; no
traicionar los intereses del acusado ni los de la sociedad que lo acusa; no
consultar con persona alguna la resolución que hayáis de pronunciar; no dejaros
llevar por el odio, por la antipatía, por la malevolencia, por el temor ni por el afecto;
decidir según los cargos y medios de defensa, siguiendo vuestra conciencia e
íntima convicción, con la imparcialidad y firmeza que conviene a un hombre
honrado y libre?".
Cada jurado responderá personalmente: "Sí, lo juro”, o “Sí, lo prometo."
6.8.1. Instrucciones Previas
Una vez finalizado el proceso de selección, puede dar comienzo la celebración de
la vista pública.
A su inicio, el juez integrante del tribunal de sentencia que ha de presidir el juicio
debe explicar a los jurados la importancia del cargo que han sido llamados a
desempeñar. Puesto que se trata de personas que no están familiarizados con el
funcionamiento de los tribunales, ni con los súbditos procesales, debería explicar
les brevemente, en primer lugar, el cual el que en el juicio a desempeñar cada uno
de los presentes, su función (fiscal como querellante, defensor). A continuación,
39
cuál es el desarrollo del juicio, en lo relativo al orden de la práctica de las pruebas.
Y, desde luego, deberá advertirles de que fueren interrogar directamente al
imputado, peritos y testigos, así como solicitar aclaraciones a las partes y
examinará los documentos y piezas de convicción.
Finalmente, les recordará el contenido de la función a la que han sido llamados
como si trascendencia como quedan a juzgar a un ciudadano, semejante que,
habiendo entrado en la sala de vistas revestido de la presunción de inocencia, la
abandonará cuando ellas dicten su veredicto privado de ella sólo así se ha
practicado suficiente prueba de cargo, cuya práctica habrán de observar
atentamente, pues de otro modo no podrán deliberar con seriedad.
Es fundamental la importancia de las instrucciones que el juez que ha de presidir
el juicio en parte al jurado, integrado por personas que, no siendo juristas, son
ajenas a los trámites y formalismos propios del proceso y, posiblemente, ni
siquiera ser un quienes son las personas que en el mismo intervienen y cuáles son
las funciones de cada una.
6.8.2. Presidente del Jurado
Deben los jurados elegir de entre ellos un presidente. Se trata, no del Presidente
del Tribunal, función que debe desempeñar el juez de sentencia designado tal fin,
sino de la persona que estará al frente de la deliberación del jurado, cuando la
misma tenga lugar y que, a la vez, actuará como portavoz del órgano decisor
colegiado, puesto que es quien lee el veredicto (art. 413 CPP) y, de alguna
manera, desempeña también funciones de secretario, no del Tribunal, sino de los
jurados, puesto que es quien elabora el acta que recoge el resultado de la
votación (art. 412 CPP).
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6.8.3. La Promesa de los Jurados
El requisito del juramento o promesa constituye la aplicación a los jurados, puesto
que van a desarrollar funciones jurisdiccionales, del requisito de juramento o
promesa es exigir a los jueces profesionales.
Sirve también de compromiso público y solemne de ejercer fielmente su función y
del presupuesto para poder exigirles la responsabilidad penal oportuna en caso
contrario, aplicándoles si es menester el tipo penal del prevaricato del art. 310 CP.
Finalmente, les hace susceptibles de ser el sujeto pasivo del delito de soborno
previsto en el art. 307 CP.
6.9. VISTA PÚBLICA
Art.410.- La vista pública será presidida por uno de los jueces del tribunal de
sentencia.
Concluida la fase de producción de prueba, el juez podrá ordenar la disolución del
jurado y absolver por falta de prueba de cargo.
La vista pública la preside uno de los jueces del tribunal de sentencia.
No tiene en su desarrollo otras peculiaridades que las derivadas de la presencia
de los jurados que, mediante su veredicto, serán quienes decidan el resultado del
juicio. Ello hace muy aconsejable que los juristas que en la misma intervienen
incluido el juez que lo preside, adecúen su lenguaje, su forma de expresarse, a la
falta de conocimientos técnicos de los jurados, a fin de ser inteligibles para estos,
lo que en no pocas ocasiones requerirá un notable esfuerzo por parte de dichos
profesionales.
En general, el desarrollo de la prueba deberá atenerse a la normativa reguladora
del juicio plenario común.
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6.10. CONCLUSIÓN (DE LA VISTA PÚBLICA)
Art. 411.- Concluidos los alegatos, cada una de las partes solicitará
concretamente al tribunal del jurado la decisión que requiere. El juez podrá
formular instrucciones para ilustrar al jurado, de modo que pueda evaluar con
mayor precisión los hechos, a la luz del derecho aplicable; las instrucciones del
juez no deberán inducir al jurado a tomar una decisión predeterminada ni
sensibilizarlo respecto de algún punto en particular del caso.
En primer lugar, el juez comunicará a las partes sus instrucciones y si alguna de
ellas plantea alguna objeción que el juez no atienda, se dejará constancia en el
acta a los fines de control posterior por la vía del recurso; luego, las instrucciones
serán leídas públicamente y los jurados pasarán a deliberar en sesión secreta e
ininterrumpida. El Presidente del Jurado moderará y dirigirá la deliberación,
procurando que todos los jurados emitan libremente su opinión.
Antes del inicio de la deliberación el juez hará la advertencia a los jurados: “La ley
no pide a los jurados cuenta de los medios por los que han llegado a formar su
convencimiento; la ley no les prescribe las reglas de las que deben deducir la
suficiencia de una prueba; ella les prescribe interrogarse a sí mismos y buscar la
verdad en la sinceridad de su conciencia, qué impresión han hecho en su razón
las pruebas producidas en contra y en defensa del acusado. La ley no les dice:
tendréis por verdad tal hecho; ella hace está sola pregunta que encierra la
extensión de sus deberes: tenéis sinceramente una íntima convicción”. La
advertencia deberá estar impresa con caracteres notables en la sala de
deliberaciones.
6.10.1. Discusión Final
La parte final del juicio por jurados se asemeja, como no podía ser menos, al que
se celebra ante un tribunal técnico, el artículo, dispone que, al finalizar sus
alegatos, cada parte de solicitar con precisión al tribunal del jurado la decisión que
esperan del mismo. Es el trámite procesal al que el art. 391 denomina discusión
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final, en el que las partes tienen vocación de pronunciar su último alegato para
convencer al jurado de la corrección de su postura respectiva.
6.10.2. Reapertura de la Audiencia
Asimismo, se prevé la posibilidad de que, una vez iniciada la deliberación, los
jurados necesiten una aclaración o la repetición de una prueba, lo que pedirán por
intermedio de su presidente, una vez nuevamente constituido en la sala de
audiencia.
6.10.3. Las Instrucciones al Jurado
Las instrucciones que imparte a los jurados el juez que ha presidido la vista antes
de que se retiren a deliberar, cumplen la función de suplir la falta de conocimientos
jurídicos del jurado mayúscula jurado, por lo que el juez de sentencia que preside
debe explicar el contenido del objeto o sobre el que han de pronunciarse, sin
prejuzgar ni dar opiniones propias.
6.10.4. La Deliberación
Es variopinto y plural el contenido de este artículo (411 CPP). No sólo se regula en
el mismo el final del debate entre las partes, las instrucciones del juez a los
miembros del jurado y la posibilidad de proceder a lo que en el juicio ante el
tribunal técnico es la reapertura de la audiencia, sino que también se recoge en
este precepto, si bien con singular concisión, la regulación de la deliberación del
jurado, que valorará la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica.
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6.11. VOTACIÓN
Art. 412.- Concluida la discusión cada jurado emitirá verbalmente su voto sin
abandonar la sala de deliberación, declarando culpable o inocente al acusado. No
podrá haber abstenciones. Si un jurado se abstiene, su voto se considerará
absolutorio. No habrá votación secreta, sistema de tablilla o de azar, ni otra forma
de decidir que no sea el voto verbal.
Para declarar culpable al acusado se necesitará, por lo menos, el voto afirmativo
de tres de los cinco jurados titulares. El presidente del jurado levantará un acta en
la que constará el resultado de la votación.
La votación de los jurados es secreta al exterior, como lo ha sido la deliberación,
pero pública entre los propios jurados, que emite su opinión abiertamente, ante los
demás miembros del tribunal.
Que formula oralmente en la misma sala de deliberación, siendo ésta la única
manera de decidir, pues se prohíbe todo sistema de suerte o azar.
Su contenido y, a la vez, sea objeto que es la declaración del imputado como
culpable o inocente.
No puede haber abstenciones y, en todo caso, la indebida abstención de algún
jurado, dará lugar a que su voto “se considerará absolutorio”, se dice en el art. 412
CPP, lo que en este contexto quiere decir que se computará como voto favorable
a la inocencia, que es uno de los posibles contenidos del voto. En definitiva, la
indecisión favorece al imputado.
Se requiere para la declaración de culpabilidad o al menos el voto del tres de los
cinco jurados. Se impone, por lo tanto, un sistema de mayoría cualificada qu
engarza la declaración incriminatoria con el grado de certeza que deriva de la
mayoría exigida por la Ley.
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6.12. LECTURA
Art. 413.- Concluida la votación, el jurado se constituirá en la sala de audiencia y
el juez solicitará al presidente que lea el veredicto, el que quedará notificado con la
simple lectura.
La mera lectura del veredicto tiene la virtualidad de servir de notificación del
mismo. La importancia de ello es que se adquiere conocimiento formal y público
en la decisión del Jurado.
Puede también plantearse si desde la notificación del veredicto por su lectura
comienza a correr el plazo de que disponen las partes para interponer el recurso
de casación a través del cual puede instalarse la declaración de nulidad del
veredicto, con arreglo al art. 415 CPP, por alguna de las causas previstas en este
precepto, aun sin haber sido notificada la sentencia.
6.13. RESOLUCIONES POSTERIORES AL VEREDICTO
Art. 414.- Si el veredicto es de inocencia, el juez inmediatamente dará conocer el
fallo y convocará a las partes para la lectura de la sentencia absolutoria, dentro del
término de tres días. Si es de culpabilidad, concederá la palabra a las partes para
que aleguen sobre la pena aplicable. Luego declarará clausurada la vista pública,
fijando el día y hora en el que se dará lectura a la sentencia condenatoria, entre el
tercero y quinto día siguiente a la clausura de la audiencia.
El veredicto absolutorio no impide que el juez en la sentencia se pronuncie sobre
la acción civil, si fuere procedente.
La sentencia debe ser dictada en la forma prevista en el art. 395 CPP. La forma
habrá de ser, por lo tanto, similar a la de las demás sentencias dictadas en el
orden penal.
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Aunque la sentencia es dictada exclusivamente por el Magistrado Presidente del
Jurado, no puede prescindirse de que el sentido de la misma viene determinado
por la decisión de los jurados, plasmada en el acta de la votación
6.13.1. Motivación de la Sentencia
Es sabido que la exigencia de motivación de las Sentencias enlaza, con carácter
general, con las garantías fundamentales de las partes del proceso, especialmente
del imputado y en particular por lo que hacía las penales. La motivación no
constituye una peculiaridad del procedimiento ante el jurado, ni existe necesidad
de que la sentencia sea suficientemente motivada, ya que esta es una cualidad
predicable y exigible de las que se dicten en cualquier procedimiento y orden
jurisdiccional (osea los juicios de competencia del tribunal).
6.14. NULIDAD DEL VEREDICTO
Art. 415.- Además de las causales de invalidez, el veredicto será nulo, y así podrá
ser declarado mediante recurso contra la sentencia, en los casos siguientes:
1) Cuando no sea de la competencia del jurado;
2) Cuando con posterioridad se compruebe que alguno de los jurados fue
sobornado, presionado, no reunía los requisitos para ser jurado o estaba afectado
por alguna incapacidad o impedimento, y ello era desconocido al momento de la
selección;
3) Cuando haya intervenido como jurado alguien no comprendido en la lista parcial
respectiva, que no fue sorteado o hubo irregularidad en el sorteo;
4) Cuando las instrucciones del juez sean de tal naturaleza que claramente hayan
inducido a error al jurado o motivado en determinado sentido;
5) Cuando falte la firma de alguno de los jurados; y,
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6) Cuando se hubiese rechazado indebidamente la solicitud de disolución del
jurado por inexistencia de pruebas de cargo.
Declarada la nulidad se realizará el juicio nuevamente, y no podrán intervenir los
jurados que votaron el veredicto declarado inválido.
Este artículo, tiene por objeto la enumeración de los que llama motivos de nulidad
del veredicto, precisando que “así podrá ser declarado mediante recurso contra la
sentencia”. Deberá articularse a través el recurso que habrá de interponerse
contra la sentencia que se dicte a consecuencia del veredicto, con el fallo
condenatorio o absolutorio que se derive de la declaración de culpabilidad o de
inocencia que en dicho veredicto se contenga.
¿Qué implica lo que reza el inciso último del artículo anterior? Supone que los
jurados que intervinieron en el juicio declarado como inválido, no pueden participar
del juicio que se realizará nuevamente, puesto que ya están “contaminados”
previamente y no estarán sujetos a una imparcialidad de decisión sino que tendrán
los mismo prejuicios con los cuales emitieron el veredicto declarado nulo. Por
tanto, se debe realizar un nuevo juicio, con un jurado ajeno a la causa y que
conocerá por primera vez de los hechos que se imputan al acusado: todo ello con
el objeto de ofrecer un criterio imparcial y adecuada administración de justicia.
6.15. REMISIÓN
Art. 416.- Para la resolución de cualquier incidencia dentro del juicio por jurados o
para resolver algún punto no previsto, se aplicarán las reglas de la vista pública,
siempre que no desnaturalicen la razón y principios del jurado.
Esto es un precepto General de remisión a las normas de la vista pública para la
resolución de las incidencias que puedan suscitarse durante la celebración del
juicio por jurados.
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Así por ejemplo, una cuestión incidental que podría surgir durante el proceso,
podría ser la incomparecencia de un testigo, a lo que la parte que presenta el
incidente puede solicitar, se prescinda de ese testigo o se aplace la vista pública,
ésta cuestión, y solo ésta y todas las incidentales que se planteen a lo largo del
juicio habrán de ser resueltas por el juez que preside el juicio, por lo que debe
plantarse su solución al momento de ser dictada la sentencia, tal como respecto
del juicio por técnicos se prevé. A esto refiere la palabra remisión (que dicha
situación se remite o se envía a que sea resuelta respecto a las reglas de la vista
pública.
El juicio por jurados ha de finalizar y llegar a la deliberación exenta de toda
cuestión que no sea estrictamente la fundamental atinente a la declaración de
culpabilidad o inocencia del acusado, única y esencial función del Jurado.
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7.0. CONCLUSIÓN
La implementación del juicio por jurado culmina por integrar a la sociedad al
sistema judicial despertando su confianza e interés en la justicia y en los órganos
institucionales encargados de administrarlas, logrando a su vez un acercamiento
de esta en la realidad social.
Los doctrinarios salvadoreños sostienen que constituye una forma de dar
respuesta correcta a la sociedad frente al fracaso que han significado los
anteriores sistemas de juicio por jurado, esta respuesta tiene que significar un
mejoramiento en el sistema judicial. Por medio de nuestra investigación hacemos
hincapié en el sistema o clase de jurado aplicado por nuestra legislación: el
modelo de escabinato por que se dice que toda labor de apreciación de y decisión
sobre los hechos durante la vista pública corresponde a un solo colectivo
jurisdiccional basándonos en el Art 410 del Código Procesal Penal vigente. Sin
prejuicios a intentos de implementación, que en su totalidad han sido modelos de
escabinato, el cambio tiene que ser radical y contundente, por ellos nos inclinamos
en el jurado escabinado.
El Juicio por Jurados constituye pues por tanto un derecho como un deber para los
ciudadanos, deriva del principio de separación de poderes y del mandato
constitucional de establecer el jurado para el juzgamiento de los delitos comunes
(Art. 189 Cn.) más que un simple deber de comparecencia al jurado, de las
personas que resultan elegidas de los sorteos, es una obligación patriótica para
con la justicia y la participación de la democracia. A pesar de no existir motivación
alguna para que las personas concurran a la participación de la aplicación de
justicia esta no deja de ser una obligación moral; ya descifrábamos que la
retribución de los jurados (el pago por los servicios prestados) es una suma
monetaria simbólica según varios tratadistas salvadoreños, sin embargo no
representa las pérdidas en ingresos que la participación en un jurado le puede
ocasionar a una persona, por tanto siempre persisten ciertas deficiencias y vacíos
en la aplicación del juicio por jurados y mientras no se solucionen estos pequeños
detales, seguirán perdurando las mismas controversias.
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8.0. BIBLIOGRAFÍA
- Trejo, Miguel Alberto Et al. Manual de Derecho Procesal Penal: parte
general. 1ra. ed. San Salvador, El Salvador: UCA. Centro de Investigación y
Capacitación, Proyecto de Reforma Judicial, 1992.
- Ossorio, M. (n.d.). Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales.
Buenos Aires, Argentina: Heliasta.
- Sanjurjo Rebollo, B. (2004). Los jurados en USA y en España: dos contenidos distintos de
una misma expresión. Madrid, España: Dykinson S.L.
- Casado Pérez, J. Et al. (2002). Código Procesal Penal Comentado. San
Salvador, El Salvador. Consejo Nacional de la Judicatura.
SITIOS WEB
- “Jurado”. Wikipedia, la enciclopedia libre. N.p., n.d. Web. Accesado 26
Marzo 2013. desde <http://es.wikipedia.org/wiki/Jurado>
50
9.0. ANEXOS
Tema: Juicio por jurados Grupo 1
1- ¿Qué es el derecho procesal penal?
Según Vincenzo Manzini es el conjunto de normas, directa o indirectamente
sancionadas que regulan la actividad dirigida a la determinación de las
condiciones que hacen aplicable en concreto el derecho penal sustantivo.
2- Según Manuel Osorio ¿qué es el juicio por jurados?
Es el tribunal constituido por ciudadanos que pueden o no ser letrados y llamado
por la ley para juzgar, conforme a su conciencia, acerca de la culpabilidad o de la
inocencia del imputado.
3- ¿Qué es el jurado clásico?
Es un sistema difundido, por norma, en los países de influencia anglosajona.
4- ¿Qué es el jurado escabinado?
Es una institución de origen alemán que atribuye toda la labor de valoración,
apreciación, y decisión, a un solo colectivo jurisdiccional, compuesto, por jueces
profesionales en derecho y por ciudadanos legos.
5- ¿En qué consiste el jurado mixto?
Este sistema combina características del jurado anglosajón y del escabinato, los
jueces legos determinan la culpabilidad o inocencia, luego, si el veredicto es de
culpabilidad, se forma un escabinato.
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6- ¿Cuál es el fundamento constitucional del juicio por jurados en El
Salvador?
Se encuentra regulado en el art. 189 Cn. Expresa: “Se establece el jurado para el
juzgamiento de los delitos comunes que determine la ley”.
7- ¿Cuáles son los Requisitos para ser jurado en El Salvador?
- Ser salvadoreño.
- Mayor de veinticinco años y menor de setenta.
- Estar en el pleno goce de los derechos políticos.
- Poseer estudios de educación media como mínimo.
8- Mencione tres ejemplos de quienes no pueden ser jurados:
- Los funcionarios públicos y los empleados del Órgano Judicial o del
Ministerio Público.
- Los miembros de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada.
- Los ministros de un culto religioso.
