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23 julio al 29 julio 2020 Este informe es el resultado de la estrategia que, en el marco del Programa de Seguimiento Territorial, desarrolla la Procuraduría Delegada para las Entidades Territoriales y Diálogo Social-PDTDS con los insumos que las procuradurías regionales, provinciales y distritales aportan a través de los cuestionarios periódicos aplicados por el equipo de la PDTDS y de la información más relevante que se comparte en los chats “PMU PGN NACIONAL” y “PGN TERRIT COV19 INTERNO”. Para esta semana se analizaron 351 registros de los cuestionarios y los chat, con corte al martes 28 de julio a las 7:00 a. m. y 112 registros de la encuesta aplicada el lunes 27 de julio a los procuradores regionales. Asimismo se han incluido elementos de los informes sobre departamentos que recibimos de los procuradores padrinos. PROCURADURÍA DELEGADA PARA LAS ENTIDADES TERRITORIALES Y DIÁLOGO SOCIAL INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO TERRITORIAL

INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO TERRITORIAL · 23 julio al 29 julio 2020 Este informe es el resultado de la estrategia que, en el marco del Programa de Seguimiento Territorial, desarrolla

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Page 1: INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO TERRITORIAL · 23 julio al 29 julio 2020 Este informe es el resultado de la estrategia que, en el marco del Programa de Seguimiento Territorial, desarrolla

23 julio al 29 julio 2020

Este informe es el resultado de la estrategia que, en el marco del Programa de

Seguimiento Territorial, desarrolla la Procuraduría Delegada para las Entidades

Territoriales y Diálogo Social-PDTDS con los insumos que las procuradurías

regionales, provinciales y distritales aportan a través de los cuestionarios

periódicos aplicados por el equipo de la PDTDS y de la información más

relevante que se comparte en los chats “PMU PGN NACIONAL” y “PGN

TERRIT COV19 INTERNO”.

Para esta semana se analizaron 351 registros de los cuestionarios y los

chat, con corte al martes 28 de julio a las 7:00 a. m. y 112 registros de la

encuesta aplicada el lunes 27 de julio a los procuradores regionales. Asimismo

se han incluido elementos de los informes sobre departamentos que recibimos

de los procuradores padrinos.

PROCURADURÍA DELEGADA PARA LAS ENTIDADES TERRITORIALES Y DIÁLOGO SOCIAL

INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO

TERRITORIAL

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ASUNTOS CLAVE PARA LA ACCIÓN

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Médicos y personal sanitario del hospital Rosario Pumarejo de López de

Valledupar denunciaron crítica situación por el no pago de sus salarios por

periodos hasta de 11 meses. Al parecer la Secretaría de Salud Departamental es el

principal deudor del hospital, cuyos pasivos se calculan superiores a los $76.000

millones. Médicos de Tadó-Chocó también denunciaron que les adeudan 12 meses

de salario.

ONIC alertó por virosis y enfermedades respiratorias que afectan a las

comunidades Wiwa de Dudka, El Barcino y Sinkaka en San Juan del Cesar-La

Guajira, que han ocasionado la muerte del Mamo Wiwa Ambrosio Chimosquero y

de siete niños indígenas.

Se reportan asesinatos, masacres, desplazamientos masivos, atentados y

amenazas contra población civil, líderes sociales y autoridades étnicas en

Cartagena, Arenal y Carmen de Bolívar-Bolívar; en Caldono y Corinto-Cauca,

Norcasia-Caldas, Jamundí-Valle, San José de Uré-Córdoba, San Vicente del

Caguán-Caquetá, Tibú-Norte de Santander y Tumaco-Nariño.

1

ALTA: Requiere actuación inmediata del nivel territorial o nacional de la PGN

MEDIA: Tiene acción en curso y/o respuesta puede ser en plazo medio (hasta una semana)

BAJA: Es relevante pero está atendida y bajo control

5 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó medidas cautelares y

de protección a favor de la defensora de derechos humanos del corregimiento de El

Salado-Bolívar,Yirley Judith Velasco Garrido y su núcleo familiar.

Defensoría emitió alertas tempranas i) para siete comunas y tres corregimientos en

la subregión de Valle de Aburrá-Antioquia, por actuación de 140 organizaciones

criminales identificadas en la zona y ii) por la situación de riesgo de la población de

algunas veredas de Belén de los Andaquíes-Caquetá y los resguardos indígenas de

La Cerinda y El Águila.

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RECOMENDACIONES

ASUNTO RECOMENDACIONES SUGERENCIANIVEL

RESPONSABLE

GRAVES VULNERACIONES DE

DERECHOS HUMANOS

Rechazar los graves hechos que se han registrado en la última semana en Bolívar, Caldas, Caquetá, Cauca, Córdoba, Nariño, Norte de Santander y Valle, donde se reportan asesinatos, masacres, desplazamientos masivos, atentados y amenazas contra población civil, líderes sociales y autoridades étnicas, y exigir la actuación decidida y articulada de la institucionalidad para proteger la vida de las poblaciones en riesgo.

TRINO CENTRAL

ALERTAS TEMPRANAS DEFENSORÍA

Coordinar, desde las procuradurías regionales de Antioquia y Caquetá, el seguimiento a las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo por las situaciones de riesgo de siete comunas y tres corregimientos en la subregión de Valle de Aburrá y de la población de algunas veredas de Belén de los Andaquíes y los resguardos indígenas de La Cerinda y El Águila en Caquetá.

SEGUIMIENTO TERRITORIAL

SALARIOS DE LOS MÉDICOS

Desde las regionales Cesar y Chocó, en coordinación con procuradores judiciales, presentar las acciones constitucionales que se consideren pertinentes para que se garanticen los derechos del personal sanitario que ha denunciado el no pago de sus salarios.

INTERVENCIÓNCENTRAL

TERRITORIAL

DEUDA CON HOSPITAL ROSARIO

PUMAREJO DE LÓPEZ DE VALLEDUPAR

Adelantar actuación preventiva para establecer la situación de cartera del hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar e instar escenarios para promover soluciones frente a la crisis.

PREVENTIVA TERRITORIAL

SITUACIÓN COMUNIDADES

WIWA DE LA GUAJIRA

Desde la Regional La Guajira, en coordinación con la Delegada para Asuntos Étnicos, verificar la situación que enfrentan las comunidades del Pueblo Wiwa en La Guiajira y definir las actuaciones que sean pertinentes para que se garantice su atención.

PREVENTIVACENTRAL

TERRITORIAL

MEDIDAS CAUTELARES YIRLEY

VELASCO

Coordinar, desde la Delegada para la Defensa de los DDHH, el seguimiento a la medida cautelar y de protección otorgada por la CIDH a favor de la defensora de derechos humanos del corregimiento de El Salado-Bolívar, Yirley Judith Velasco Garrido y su núcleo familiar.

SEGUIMIENTO CENTRAL

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SEGURIDAD CIUDADANA Y ORDEN PÚBLICO

CONFLICTO ARMADO

Destaca esta semana la Alerta Temprana para siete comunas y tres corregimientos en la subregiónde Valle de Aburrá-Antioquia, emitida por la Defensoría del Pueblo, en la cual se asegura que un85% de las 140 organizaciones criminales identificadas en la zona tienen injerencia en lascomunidades.

El jueves 23 de julio se llevó a cabo el CIPRAT Departamental de Caquetá, a efectos de coordinar

respuesta a la Alerta Temprana N° 028-2020 de inminencia 1, por la situación de riesgo de la

población de algunas veredas del municipio de Belén de los Andaquíes y los resguardos indígenas de

La Cerinda y El Águila, cuya comunidad se encuentra desplazada en la cabecera municipal.

Es crítica la situación en San José de Uré-Córdoba, donde se han registrado dos masacres: la primera

el lunes 27 de julio en la vereda La Cabaña en la que fueron asesinados tres miembros de una familia

campesina, al parecer por Los Caparros; la segunda sucedió el martes 28 en el corregimiento Puerto

Colombia donde tres hombres fueron asesinados a 20 minutos de la zona urbana y a 15 minutos de

una base militar.

El 26 de julio en zona rural de Quibdó se registraron fuertes combates entre miembros del Ejército ylas AGC. Producto del intercambio de disparos resultó herida una persona. En Belarcázar-Risaraldase registró la distribución de panfletos y presencia de grupos armados que amenazan a la ciudadanía.El 23 de julio en el corregimiento de San José en Norcasia-Caldas se registró el asesinato de unafamilia, al parecer por disputas por minera ilegal. El 27 de julio en Corinto-Cauca fueron encontradoslos cuerpos de dos jóvenes en el sector de Las Palmas.

En Arauca se registró un atentado contra el Oleoducto Caño Limón Coveñas protagonizado por 10sujetos armados que ingresaron al complejo petrolero en la tarde del viernes 24 de julio. Comunidadde Saravena-Arauca reiteró su preocupación por la instalación de tanquetas del Ejército en barriosresidenciales de este municipio; Procuraduría Regional requirió al comandante de la zona alertandosobre el riesgo de enfrentamientos en barrios con alta densidad de población infantil.

Comandante de las Fuerzas Militares confirmó que en el lugar donde ocurrió el accidente de unhelicóptero en el que murieron once militares y seis más resultaron heridos, el pasado 21 de julio enCarurú-Vaupés, se registran combates con la estructura primera de las disidencias. El 28 de julio enTibú-Norte de Santander resultó herido el patrullero de la SIJIN Ángel Rafael Ramírez, al serinterceptado por dos hombres que dispararon en su contra.

La Gobernación del Valle anunció un plan de recompensas para quienes denuncien el accionar degrupos armados residuales que han sido detectados especialmente en zona rural de los municipios deBuga, Tuluá, Sevilla y Caicedonia. 3

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SEGURIDAD CIUDADANA Y ORDEN PÚBLICO

DISTURBIOS, PROTESTAS Y MOVILIZACIONES

En el marco de la Comisión Mixta realizada los días 24 y 25 de julio en Cauca, delegación indígenase levantó de la sesión y algunas comunidades bloquearon la vía Panamericana. Regional Cauca yDefensoría del Pueblo mediaron para que se reactivara la sesión y se desbloqueara la vía.

El 23 de julio familiares y amigos del joven José Edwin Tirado Buitrago protestaron por su muertea manos, presuntamente, del Grupo de Operativos Especiales de la Policía de Cúcuta. Socios deCootranscaquetá protestaron en la sede de la empresa en Florencia exigiendo auditoría yasamblea para conocer su situación económica.

COMPORTAMIENTO CIUDADANO

Comunidades del corregimiento de El Palo en Caloto-Cauca decidieron cerrar las vías que

comunican a esta población con Caloto, Corinto y Toribío, debido al desorden y a la realización

de eventos sociales en la zona. En Arauca se denunció que el aumento de contagios se debe a la

indisciplina ciudadana y el desacato de medidas de protección y bioseguridad. La Policía

intervino una fiesta clandestina que se realizó en la vereda Monterredondo de Piedecuesta-

Santander. En Bogotá se registró la retención y agresiones en contra de efectivos de la Policía

en Ciudad Bolívar. En San Andrés la comunidad insistió en el presunto abuso policial en

operativos realizados frente a medidas de toque de queda y ley seca.

El 27 de julio un concejal de Popayán ocasionó accidente de tránsito al conducir en estacado deembriaguez, desconociendo medidas de aislamiento. En Sincé-Sucre se registró celebración deun evento folclórico virtual organizado por la Alcaldía, omitiendo medidas de ley seca,distanciamiento y autocuidado. Secretario de Infraestructura de Boyacá presuntamente violó lacuarentena al asistir a una fiesta.

ERRADICACIÓN FORZADA DE CULTIVOS DE USO ILÍCITO

Alerta por choques entre comunidades y tropas del Ejército en zona rural de Santander deQuilichao-Cauca por proceso de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito. Campesinos deBuenos Aires, Corinto, Miranda, Santander de Quilichao y Suárez se oponen a la presencia delEjército en la zona. Organizaciones sociales denuncian excesos de la Fuerza Pública.

En Norte de Santander iniciaron operaciones de aspersión terrestre a plantaciones de coca enlas áreas autorizadas por la ANLA. Alcaldes de municipios en los que se realizará aspersiónterrestre manifestaron su inconformidad con la medida por sus impactos ambientales y sociales.

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PUEBLOS ÉTNICOS

Según la ONIC a la fecha se cuentan 3.030 indígenas contagiados, 114 fallecidos, 160 en observación,63 pueblos y naciones afectados y 1.160 recuperados. Alertan por situación crítica de pueblosindígenas ubicados en Bogotá, Cali, Leticia, Puerto Nariño-Amazonas, en Carmen de Atrato,Ituango y Murindó-Antioquia, en Barranquilla, Baranoa, Malambo, Puerto Colombia y Tubará -Atlántico, en Maicao-La Guajira, Ipiales-Nariño, Sincelejo y en Taraira y el área no municipalizadade Yavaraté-Vaupés. El 66% de los fallecimientos corresponde a personas mayores de 60 años, unapérdida sensible al ser estos los encargados de la transmisión de saberes ancestrales.

ONIC alertó por virosis y enfermedades respiratorias que afectan a las comunidades Wiwa de Dudka,El Barcino y Sinkaka en San Juan del Cesar-La Guajira, que han ocasionado la muerte del MamoWiwa Ambrosio Chimosquero y de siete niños indígenas; urgen atención de autoridades locales ynacionales. En los resguardos de Jambaló y Páez-Cauca se registraron los primeros casos de COVID-19. Pueblos Hitnú y Sikuani en Arauca solicitaron EPS con enfoque diferencial para su atención ensalud.

ONIC denunció el asesinato del indígena Awá James Canticuz Ortiz, ocurrido el 27 de julio al ser

interceptado en la vía Tumaco- Pasto por hombres armados; UNIPA denunció que en menos de

cuatro meses han perdido la vida siete indígenas de dicho pueblo a manos de GAO. Asimismo, el 26

de julio el Resguardo Awá Piguambi Palangala denunció amenazas contra Segundo Cortés Pai,

gobernador del Resguardo, y persecución del líder Awá Javier Cortés Guanga. Habitantes de la

vereda Monterilla en Caldono-Cauca denunciaron el asesinato, a manos de cuatro hombres, de

Aureliano Ájalo Pilcué en su casa. FEDEOREWA y ONIC denunciaron el confinamiento de 289

familias Emberá Dobidá por constantes enfrentamientos entre el ELN y el Ejército Nacional en el

resguardo Alto Río en Bojayá-Chocó.

La Policía Metropolitana informó que hombres armados lanzaron una granada de fragmentación

contra el vehículo de seguridad del gobernador indígena Cristian Toconás, del Cabildo Kwesx Kiwe,

quien se encontraba en Jamundí-Valle. El gobernador indígena había sido amenazado y el carro para

su seguridad quedó completamente incinerado.

En Caquetá persiste la crítica situación de la comunidad del Resguardo Indígena El Águila del pueblo

MISAK, con ocasión al desplazamiento masivo del 12 de febrero de 2020. En CIPRAT del 15 de julio la

Gobernación anunció que entregará 900 elementos de protección personal y 1.800 kits alimentarios.

En Comisión Mixta (Decreto 1811 de 2017) realizada el 24 y 25 de julio con presencia del Gobiernonacional, se estableció un cronograma para aprobar el plan de acción para las inversiones enterritorios CRIC en 2021.

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ASUNTOS CARCELARIOS Y JUSTICIA PENAL

CONDICIONES CÁRCELES Y URI

Continúa hacinamiento en la URI de Sincelejo, sin resolver sitio de detención preventiva y aislamiento a los

detenidos contagiados. Similar situación se reporta en Arauca por alta congestión en la cárcel, así como en

Amagá, Betulia, Puerto Berrío, Valparaíso y Venecia-Antioquia y en Puerto Boyacá-Boyacá, mientras

que Fredonia-Antioquia no accede a realizar convenios con los municipios de la jurisdicción para recibir

personas detenidas.

Inició el traslado de capturados de Pereira a otros municipios de Risaralda. En La Virginia hay problemas

de no atención de los fiscales cuando la Policía Judicial presenta actos urgentes, por falta de personal que

realice los trámites. En Quindío persisten dificultades con la custodia de personas sindicadas y posibles

focos de contagio; la Regional ha participado en mesas de trabajo, comités y consejos de seguridad.

Personero de Puerto Triunfo-Antioquia informó que en el establecimiento penitenciario El Pesebre no

existen defensores públicos desde diciembre de 2019.

CONTAGIOS EN CENTROS CARCELARIOS

Continúa hacinamiento en la URI de Sincelejo, sin resolver sitio de detención preventiva y aislamiento a los

detenidos contagiados. Similar situación se reporta en Arauca por alta congestión en la cárcel, así como en

Amagá, Betulia, Puerto Berrío, Valparaíso y Venecia-Antioquia y en Puerto Boyacá-Boyacá, mientras

que Fredonia-Antioquia no accede a realizar convenios con los municipios de la jurisdicción para recibir

personas detenidas.

Inició el traslado de capturados de Pereira a otros municipios de Risaralda. En La Virginia hay problemas

de no atención de los fiscales cuando la Policía Judicial presenta actos urgentes, por falta de personal que

realice los trámites. En Quindío persisten dificultades con la custodia de personas sindicadas y posibles

focos de contagio; la Regional ha participado en mesas de trabajo, comités y consejos de seguridad.

Personero de Puerto Triunfo-Antioquia informó que en el establecimiento penitenciario El Pesebre no

existen defensores públicos desde diciembre de 2019.

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AYUDAS HUMANITARIAS

En los departamentos de la costa Caribe la entrega de mercados hace parte de las acciones para contener a

la población en sus sectores y evitar la propagación del virus; sin embargo en la semana se registraron

quejas ciudadanas y algunas protestas por fallas en la entrega de ayudas.

En Cúcuta habitantes del barrio 28 de febrero expresaron su molestia y preocupación puesto que durante lo

corrido de la emergencia no llegaron al sector los mercados entregados por la Administración Municipal.

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LÍDERES SOCIALES

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó medidas cautelares y de protección, solicitadaspor la Corporación Sisma Mujer, a favor de la defensora de derechos humanos del corregimiento de ElSalado-Bolívar, Yirley Judith Velasco Garrido y su núcleo familiar. “Esta líder social se encuentra en unasituación de gravedad y urgencia con el riesgo de sufrir un daño irreparable en sus derechos”, consideró laCIDH en la Resolución 40/2020.

Por atentado con artefacto explosivo en contra de Yanet Mosquera la madrugada del martes 28 de julio enPatia-Cauca, Procuraduría Regional Cauca gestionó su reubicación en Popayán y el reforzamiento demedidas de protección por trámite de emergencia.

En Arenal-Bolívar se presentó denuncia por amenazas al docente Rómulo Peña Velásquez. En Cartagenase denunciaron amenazas contra la lideresa social y abogada Jacqueline Perea, quien ha participado encríticas al mandatario William Dau; la lideresa presentó denuncias contra seis personas por estos hechos. EnCarmen de Bolívar-Bolívar se denunciaron amenazas contra el líder pescador Jesús David LópezRodríguez.

La Misión de Verificación de la ONU informó sobre el homicidio de Carmine Mario Paciolla en San Vicentedel Caguán-Caquetá, encargado de realizar acompañamiento al proceso de paz en las comunidades ruralesde dicho municipio.

VÍCTIMAS

El Ituango-Antioquia se presentó la amenaza a una familia, que derivó en su desplazamiento,presuntamente por las disidencias de las FARC. La Provincial Yarumal atendió la situación y las autoridadestrasladaron a la familia a Medellín.

El 25 de julio la Asociación Campesina del Catatumbo - Ascamcat informó sobre la masacre perpetrada enla vereda Totumito de Tibú-Norte de Santander y el asesinato de dos campesinos en la zona; Defensoríadel Pueblo confirmó el hallazgo de ocho cuerpos en el lugar. Tras estos hechos cerca de 450 personas sedesplazaron hacia el casco urbano de Banco de Arena. Entre las víctimas hay 23 adultos mayores, 132niños, cinco personas con discapacidad y 47 migrantes venezolanos.

EXCOMBATIENTES

Por razones de seguridad tendrá que trasladarse el ETCR Heiler Mosquera ubicado en la vereda LaCarmelita de Puerto Asís-Putumayo, donde aún permanecen cerca de 200 excombatientes de las FARC ysus familias. Los excombatientes serán reubicados en una nueva zona donde continuarán su proceso dereincorporación.

POBLACIÓN VULNERABLE

Alerta en Pereira por la directriz de cierre de los albergues de la ciudad que impacta a la poblaciónvulnerable, entre ellos migrantes venezolanos y habitantes de calle.

Adultos mayores que gozaban de un comedor humanitario con desayunos y almuerzos, cerrado a causa dela pandemia en Arauca, solicitaron a la Administración Municipal la entrega de kits alimentarios. La Alcaldíase comprometió a entregar 3,000 kits por tres meses.

SITUACIÓN DE GRUPOS POBLACIONALES

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La categoría de salud se mantiene como el asunto más relevante en la última semana, siendo señalada por

15 procuradurías regionales como el tema más crítico en sus territorios: Amazonas, Antioquia, Arauca, La

Guajira, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima,

Valle, Vaupés y Vichada.

Continúa el acelerado crecimiento del contagio en Antioquia, que al cierre de este informe es de 27.226

casos confirmados. Preocupa la diferencia de los enfoques para el manejo de la pandemia entre el

gobernador (e) de Antioquia y el alcalde de Medellín: el mandatario departamental prefiere medidas más

flexibles, mientras el alcalde considera pertinente una cuarentena más estricta. Según la Personería de

Medellín, las EPS estarían incumpliendo el tratamiento a personas con síntomas que solicitan la prueba de

COVID-19. A esto se suma la nula capacidad instalada de UCI y la demora en la entrega de resultados de las

pruebas en los municipios de la jurisdicción de la Provincial Amagá.

En Norte de Santander se declaró la alerta roja en la red hospitalaria tras el acelerado aumento del

contagio y la ocupación de UCI del 93%. Además la Unidad Hematológica Especializada de Cúcuta, donde

funciona el laboratorio para procesamiento de pruebas de COVID-19, anunció el 22 de julio la suspensión

temporal de servicios ante el colapso por la cantidad de solicitudes y hasta tanto logren abastecerse de los

elementos necesarios para continuar operando.

Alerta en Magdalena porque la ocupación de UCI llegó en la semana a un 99% y han aumentado los casos

de contagio en la población carcelaria; Procuraduría Regional hace seguimiento a los planes de expansión.

En Nariño se mantiene la alerta roja hospitalaria; se espera la puesta en funcionamiento de las UCI

entregadas al municipio de Tumaco. En La Guajira igualmente se declaró alerta roja hospitalaria; además

de la escasez de intensivistas y enfermeras, se registran demoras de hasta 10 días para realizar tomas de

muestras y lentitud en la entrega de resultados; Procuraduría Regional recomendó a la Gobernación buscar

apoyo en la red privada de forma urgente. Llamó la atención la expedición de la Circular 176 de la

Secretaría de Salud de Sucre, dirigida a los directores locales de Salud, donde se anunció la suspensión

temporal del tamizaje poblacional con fines organizativos; Procuraduría Regional requirió informe sobre la

motivación y fines de esta decisión y el tiempo de la suspensión, que afecta la detección de casos

asintomáticos y el control epidemiológico.

Alerta en Caquetá: Secretaría de Salud del Departamento señaló que las UCI están prácticamente al 100%

de ocupación; la Clínica Medilaser de Florencia no tiene más disponibilidad y se está trabajando con las

áreas de expansión; no es posible trasladar los pacientes al Huila porque allí se decretó la alerta naranja.

Persisten las dificultades en la prestación del servicio de salud en las áreas no municipalizadas de

Amazonas por falta de infraestructura, logística y personal médico.

Tribunal Administrativo de Chocó fue el primero en acogerse al amparo solicitado por la PGN para

proteger los derechos a la salud y el trabajo digno del personal sanitario del país, en este caso del hospital

Ismael Roldán Valencia de Quibdó. El Tribunal ordenó garantizar la dotación de elementos de

bioseguridad, que hasta ahora están siendo asumidos en buena parte por los mismos empleados, aún ante

la falta de pago de sus salarios.

SALUD

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Personal sanitario del hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar completó 25 días en paro,

argumentando que la Gerencia de este, el principal centro de atención de la red pública de salud del Cesar,

les adeuda hasta 11 meses de sus salarios. Durante esta crisis se han enfocado sólo en la atención de

urgencias; los servicios de consulta general y cirugías están suspendidos. Al parecer la Secretaría de Salud

Departamental es el principal deudor que tiene el hospital, cuyos pasivos se calculan superiores a los

$76.000 millones. Médicos de Tadó-Chocó también denunciaron que les adeudan 12 meses de salario.

Aumentan los casos confirmados de contagio entre mandatarios territoriales y funcionarios de las

administraciones locales. A la noticia de la muerte del subsecretario de Planeación de Bogotá, Isauro

Cabrera, y del contagio del gobernador encargado de Antioquia, se suman los casos positivos de los

gobernadores de Putumayo y Risaralda, del alcalde de Medellín y de funcionarios de varias gobernaciones

y alcaldías. En Arauca se reportó la muerte por COVID-19 de dos personas vinculadas a la administración

municipal.

En la Unidad Especial del Ejército adscrita al Comando de Caballería Juan del Corral de Rionegro-

Antioquia hay 14 personas privadas de la libertad y tres soldados positivos para COVID-19. En el batallón

Nueva Granada de Barrancabermeja-Santander hay 85 uniformados con el virus. El INS reportó 40 casos

positivos para Puerto Carreño, que corresponden a uniformados de la Armada Nacional procedentes de

Tolú-Coveñas en Sucre, territorio al que fueron cargadas las estadísticas por estos contagios: Vichada

aparece en los reportes oficiales con dos casos.

Arauca reportó la falta de médicos intensivistas para los pacientes en UCI, quienes vienen siendo

atendidos por internistas; Procuraduría Regional requirió a la ESE San Vicente para la contratación

inmediata de estos especialistas y a la Unidad de Salud de Arauca para fortalecer campañas pedagógicas

masivas de prevención del contagio. En Tolima se registró el cierre de las sedes de la Gobernación,

Cortolima, la Alcaldía de Ibagué, la empresa IBAL, la Fiscalía y el Palacio de Justicia, tras la confirmación

del contagio de varios funcionarios. Superintendencia y ciudadanía de Popayán rechazaron la decisión del

alcalde de cerrar las tres notarías del municipio por presuntos incumplimientos de protocolos de

bioseguridad. En Putumayo, además del considerable aumento del número de casos que llega a 762, se

registra un alto nivel de deuda de las EPS con la red pública hospitalaria. Alcaldía de Mitú autorizó del

ingreso en grupos de 15 a 20 personas para el retorno de pacientes y sus acompañantes que se

encontraban en otras ciudades por atención médica, esto bajo estrictos protocolos de aislamiento.

Se encienden las alarmas en el Tolima por el aumento de casos de dengue: 5.628 en el departamento y de

ellos 2.320 en Ibagué. Secretaría de Salud Departamental informó que darán inicio a las actividades para

incentivar acciones de autocuidado. 29 casos se consideran graves y se han registrado nueve fallecimientos

posiblemente a causa de este contagio.

El sábado 25 de julio fue encontrado un hombre sin vida en un tramo del colector de agua que surte el

acueducto de Dosquebradas-Risaralda, lo que generó un riesgo de contaminación del agua; Procuraduría

Regional mantiene seguimiento de la situación sanitaria a través de la empresa prestadora del servicio, la

Secretaría de Salud y el alcalde del municipio.

SALUD

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MIGRANTES Y FRONTERAS

CONTROL FRONTERIZO

El paso irregular en los departamentos de frontera es el aspecto de mayor incidencia en la semana.Procuradores territoriales reportaron que presenta un constante tránsito desde y hacia Venezuela a travésde los pasos ilegales en La Guajira, Norte de Santander y Vichada.

Continúa el “efecto embudo” en Norte de Santander, al que cada arriban a diario decenas de ciudadanosvenezolanos que buscan retornar a su país. Los municipios de los puntos fronterizos formales, si bienatienden a los migrantes con los rubros para la población vulnerable, evidencian un alto desgaste y pocomargen de maniobra para sostenerlos.

Desde La Guajira se solicitó el cumplimiento de los puntos de control para la atención de migrantesvenezolanos en Maicao, asumidos por el Gobierno nacional en el PMU realizado en el departamento elpasado 8 de julio.

SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN MIGRANTE

El secretario de Salud de Tolú-Sucre informó que una empresa de transporte denominada Precoltour alparecer cobra $180.000 por persona para el traslado desde Antioquia hasta este municipio, sin que estospasajeros cuenten con los permisos de ingreso. La empresa asegura tener enlace con funcionarios deldepartamento, por lo que se indagará sobre esta situación. El municipio ya cuenta con sitio de aislamientopara quienes no cuenten con vivienda o condiciones mínimas durante los 14 días siguientes a su ingreso.

ASUNTOS ECONÓMICOS

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

El Secretario de Agricultura, Pesca y Desarrollo Económico del Distrito de Tumaco-Nariño notificó elvencimiento del plazo para acceder al incentivo a la comercialización que cubrirá el 50% del valor deltransporte para el sector agropecuario, vigente hasta el 22 de julio de 2020.

Con aval de los ministerios de Salud e Interior se reabrirán restaurantes, servicios de alimentos y bebidas enhoteles y algunas zonas húmedas como saunas y spa en Paipa-Boyacá, al ser un municipio de bajapresencia de COVID-19.

TRANSPORTE

Desde el jueves 23 de julio se reactivó el transporte entre Sogamoso y Duitama-Boyacá para usuarios quese encuentran en alguna de las 44 excepciones del aislamiento obligatorio, proyectándose el inicio de rutasentre Sogamoso y Aquitania-Boyacá para la próxima semana. En Medellín se reportó el cierre temporal dela estación Parque Berrío del Metro por ocho días, como medida para desacelerar la velocidad de contagioen la capital antioqueña.

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GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ENTORNO TERRITORIAL

RIESGO DE DESASTRES

Las regionales del Meta y Guaviare reportaron afectaciones a la infraestructura vial por la temporada de

lluvias. Por lo menos tres vías terciarias del Guaviare se encuentran totalmente inhabilitadas. Es crítico el

estado de la vía Picalojo-La Macarena y resultaron afectadas 450 familias en Villavicencio por el

desbordamiento del río Meta. Se ha coordinado con la UNGRD para la mitigación de los daños y la atención

a las familias damnificadas.

Torrenciales aguas de un afluente que rodea el caserío La Aguililla de Puerto Rico-Caquetá, amenazan con

llevarse todo a su paso; pobladores solicitan atención de las autoridades a la situación. En Arauca se vienen

presentando inundaciones que afectan los cultivos y la ganadería. En Norosí-Bolívar se presentó una

avalancha que causó afectación a más de 600 hogares. El 26 de julio hubo cierre total en la vía que

comunica el bajo Putumayo, la zona fronteriza y el interior del país, a causa de la afectación de la malla vial

por pérdida de la bancada en el trayecto Mocoa-Villagarzón en el sector de la vereda San José del Pepino

por daño ocasionado por la creciente del río Mocoa.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

La Corte Suprema de Justicia solicitó al presidente de la República suspender del cargo al gobernador del

Cesar, Luis Alberto Monsalvo, tras el fallo que lo condena a 61 meses y 16 días de prisión, investigado como

presunto responsable de corrupción al sufragante. El secretario de Agricultura del departamento, Wilson

Solano, fue designado como gobernador encargado.

En Barranquilla se registró la denuncia del gerente de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo,

Guillermo Peña Bernal, contra el Contralor de la capital del Atlántico, Jesús María Acevedo, quien le habría

sugerido una firma de abogados para defenderlo frente a actuaciones de ese organismo de control. Por

estos hechos la PGN inició actuación disciplinaria y suspendió por tres meses al contralor.

CONTRATACIÓN

En Cauca se realiza vigilancia preventiva a un proceso contractual entre la Gobernación y el Hospital Susana

López por $11.500 millones. El asunto se abordará además en una reunión extraordinaria de la Comisión

Regional de Moralización convocada por el procurador Regional para el próximo jueves 30 de julio.

En Cartagena se reportó la presunta violación del Plan Especial de Mano y Protección de la ciudad, por la

aparente autorización de la DIMAR de la ampliación de amarres de los muelles del Club de Pesca.

Procuraduría tendrá reunión con la DIMAR, el Distrito y el Min Cultura la semana en curso.

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EDUCACIÓN

En la semana se registraron nuevamente voces de rechazo de padres de familia y otros miembros de lacomunidad educativa frente a la posibilidad de retornar a clases presenciales en el segundo semestreacadémico. Las razones argumentadas son la falta de dotación, debilidades en la infraestructura ydificultades para la implementación de protocolos de bioseguridad que garanticen la asistencia de docentesy estudiantes con mínimo riesgo. Arauca confirmó que no habrá retorno a la presencialidad en susinstituciones educativas.

En Guainía se requirió información a la Gobernación respecto de la ejecución del PAE para vigilar la

garantía de la alimentación para la población escolar. En Cauca y Nariño se reportó la entrega de paquetes

alimentarios a los domicilios de los estudiantes y la aprobación de recursos para la continuidad del

programa.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ENTORNO TERRITORIAL

ASUNTOS AMBIENTALES

Una aguda polémica se desató por las declaraciones de la viceministra de Minas y Energía frente a los

planes del Gobierno nacional de “promover una minería con todos los estándares” en la zona del páramo de

Santurbán en Santander.

En la Amazonía se está realizando explotación ilegal de oro en el río Pure a través de dragas provenientes

de Brasil. Procuraduría Regional solicitó la intervención de la Fuerza Pública.

SERVICIOS PÚBLICOS Y CONECTIVIDAD

Por reparación de tubería principal de la plana de tratamiento de El Diviso-Caquetá, unas 120 mil personas

tuvieron suspensión del servicio de agua.

En relación con la alta facturación de los servicios de energía y gas en el Tolima, la Superintendencia de

Servicios Públicos se refirió a siete circulares externas, dos resoluciones y una circular conjunta con el Min

Interior, expedidas con el fin de articular y proporcionar orientación a los prestadores de los servicios y

entes territoriales, así como de garantizar el respeto de los derechos de los usuarios en el marco de la

emergencia sanitaria generada por el COVID-19.

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ASUNTOS INTERNOS MISIONALES

NOVEDADES EN MATERIA PREVENTIVA

Durante la semana se priorizaron actuaciones de seguimiento en materia de salud, especialmente en

el fortalecimiento de la capacidad hospitalaria y la gestión administrativa en el manejo de la pandemia

en las regionales Amazonas, Arauca, Atlántico, Bolívar, Caquetá, Cauca, Huila, La Guajira,

Magdalena, Nariño, Norte de Santander, San Andrés, Sucre, Tolima, Vaupés y Vichada y en las

provinciales Amagá, Garzón, Neiva, Santander de Quilichao, Ocaña y Rionegro.

La Regional Vichada inició actuación preventiva de seguimiento a la Empresa Electrovichada S.A.

E.S.P. y la Alcaldía de Puerto Carreño, respecto de la prestación del servicio de alumbrado público.

Las regionales Antioquia, Atlántico, Amazonas, Boyacá, Caquetá, Cauca, Casanare, Huila, San

Andrés, Sucre, Valle, Vaupés y Vichada y las provinciales Garzón, Neiva, Tumaco, Santander de

Quilichao, Sincelejo y Pereira reportaron su participación en espacios de coordinación

interinstitucional como consejos de seguridad, comisiones regionales de moralización y mesas de

trabajo.

Durante la semana los despachos territoriales de la PGN avanzaron en varias actuaciones en torno a

asuntos carcelarios, contratación, protección de líderes sociales, protección a víctimas y seguimiento

a la implementación de los acuerdos de Paz, destacando la solicitud a la protección a los líderes y

veedores de la Mojana, teniendo en cuenta el asesinato en Sucre del Abogado Tulio Maury.

Se reportaron actuaciones preventivas en materia de seguimiento al orden público en las regionales

Arauca, Cauca, Chocó, San Andrés y Sucre.

La Procuraduría Regional de Caquetá resolvió recusación contra concejales de Florencia, lo que dio

vía libre para continuar el proceso de elección del personero.

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NOVEDADES EN MATERIA DISCIPLINARIA

Regional Cauca inició dos indagaciones preliminares contra el gobernador del Cauca y sancionó con

destitución e inhabilidad de 15 años a un docente por abuso sexual en niñas menores de 14 años.

Procuraduría formuló pliego de cargos a exalcalde de Leticia por presunta omisión del cumplimiento de

sus deberes.

Provincial Armenia inició investigación por presuntas irregularidades en la entrega de mercados en La

Tebaida-Quindío. Provincial Sincelejo abrió indagación preliminar al alcalde de Sincé y funcionario del

centro de salud de El Roble. Provincial Andes abrió indagación preliminar a ocho concejales de Jericó-

Antioquia. Provincial Rionegro formuló pliego de cargos contra expersonero de Marinilla y exalcalde

de San Luis-Antioquia.

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ASUNTOS INTERNOS ADMINISTRATIVOS

NOVEDADES EN EQUIPOS DE TRABAJO

Regionales Casanare y Cauca y Provincial Santander de Quilichao formularon un llamado

por falta de personal suficiente para atender la gestión territorial, teniendo en cuenta las

decisiones de traslado de sus funcionarios sin que se designara el respectivo reemplazo.

Regionales Arauca, Guainía, Norte de Santander, Vaupés y Vichada requirieron

nuevamente que se atiendan sus solicitudes sobre la provisión de los cargos que están

pendientes para dar respuesta a los compromisos y metas de gestión. Provincial Puerto

Berrío manifestó que la carga laboral de ese despacho desborda la capacidad de los

funcionarios que tiene la dependencia; asimismo informó sobre filtraciones de agua en las

instalaciones de la Provincial.

NOVEDADES EN CONECTIVIDAD Y PLATAFORMAS INSTITUCIONALES

Regionales Arauca y La Guajira y provinciales Puerto Berrío y Tumaco reportaron

dificultades en la conectividad y el acceso remoto a las plataformas institucionales.