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8 julio al 14 julio 2020
Este informe es el resultado de la estrategia que, en el marco del Programa de
Seguimiento Territorial, desarrolla la Procuraduría Delegada para las Entidades
Territoriales y Diálogo Social-PDTDS con los insumos que las procuradurías
regionales, provinciales y distritales aportan a través de los cuestionarios
periódicos aplicados por el equipo de la PDTDS y de la información más
relevante que se comparte en los chats “PMU PGN NACIONAL” y “PGN
TERRIT COV19 INTERNO”.
Para esta semana se recogieron 425 registros de los cuestionarios y los
chat, con corte al martes 14 de julio a las 8:00 a. m. y 128 registros de la
encuesta aplicada el lunes 13 de julio a los procuradores regionales. Asimismo
se han incluido elementos de los informes sobre departamentos que recibimos
de los procuradores padrinos.
PROCURADURÍA DELEGADA PARA LAS ENTIDADES TERRITORIALES Y DIÁLOGO SOCIAL
INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO
TERRITORIAL
ASUNTOS CLAVE PARA LA ACCIÓN
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2
3
4
El 9 de julio se registró el asesinato en Nariño de Rodrigo Salazar Quiñones,
gobernador suplente del Resguardo Indígena Piguambí Palangala del Pueblo Awá.
El 11 de julio en Puerto Caicedo-Putumayo fue asesinado Wilson Baicue
Quiguanás, comunero y líder del cabildo Nasa El Líbano. En La Uribe-Meta el
Partido FARC denunció el asesinato de un excombatiente que se encontraba en
proceso de reincorporación.
Comunidad de la vereda La Alea, Zona de Reserva Campesina de la Perla
Amazónica en Putumayo, denunció el vertimiento de cerca de 3.000 litros de
ACPM sobre una fuente hídrica aledaña a una plataforma de la petrolera
Amerisur, afectando el suministro de agua para consumo humano. Esto se suma
a la alerta por el contagio con COVID-19 de por lo menos diez trabajadores de
esta empresa.
Hay alerta en buena parte del país por el acelerado incremento del contagio por
COVID-19, sumado a la alta ocupación de las UCI.
1
ALTA: Requiere actuación inmediata del nivel territorial o nacional de la PGN
MEDIA: Tiene acción en curso y/o respuesta puede ser en plazo medio (hasta una semana)
BAJA: Es relevante pero está atendida y bajo control
5 Cerca de 900 personas de organizaciones campesinas del corredor petrolero Puerto
Vega-Teteyé arribaron a Puerto Asís-Putumayo exigiendo la instalación de una
mesa de diálogo con el Gobierno nacional para revisar la problemática generada
por la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito.
Desde el 13 de julio avanza la Marcha por la Dignidad hacia Bogotá; la denominada
“ruta libertadora” transita por Arauca, Boyacá, Caquetá y Cundinamarca, y la “ruta
comunera” por Boyacá, Cundinamarca y Santander. Las organizaciones sociales
solicitan garantías al derecho a la movilización y la protesta social.
RECOMENDACIONES
ASUNTO RECOMENDACIONES SUGERENCIANIVEL
RESPONSABLE
OCUPACIÓN UCI
Priorizar, en todas las procuradurías territoriales, actuaciones preventivas para la vigilancia a la gestión de las autoridades competentes para el fortalecimiento de la capacidad de respuesta hospitalaria y la ampliación de cobertura de UCI.
PREVENTIVA TERRITORIAL
MARCHA DE ORGANIZACIONES SOCIALES HACIA
BOGOTÁ
Dadas las implicaciones que la "Marcha por la Dignidad" que se dirige hacia Bogotá tiene para las procuradurías regionales, provinciales y distritales, se requiere una orientación desde el Despacho del PGN para que los equipos en el territorio puedan abordar en sede preventiva esta coyuntura. Hay tensiones entre la garantía del derecho a la movilización y protesta social y la importancia de controlar el cumplimiento de las medidas para evitar la propagación del contagio.
ORIENTACIÓN CENTRAL
ASESINATOS DE LÍDERES Y
EXCOMBATIENTES
Considerar, desde la Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales, la constitución de agencias especiales para intervenir en los procesos por los asesinatos de líderes sociales y excombatientes registrados en Meta, Nariño y Putumayo.
INTERVENCIÓN CENTRAL
IMPACTOS VERTIMIENTO ACPM
EN PUTUMAYO
Revisar la pertinencia, desde la Delegada para Asuntos Ambientales, de una intervención frente al impacto del vertimiento de cerca de 3.000 litros de ACPM sobre una fuente hídrica aledaña a una plataforma de la petrolera Amerisur en Putumayo, que afecta el suministro de agua para consumo de la comunidad de la vereda La Alea, ZRC de la Perla Amazónica.
INTERVENCIÓN CENTRAL
ERRADICACIÓN FORZADA
Desde la Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz y la Regional Putumayo, hacer seguimiento a la respuesta del Ministerio del Interior frente al requerimiento para que se reactiven los espacios de diálogo con las comunidades del Putumayo, que habían iniciado en enero de 2020.
PREVENTIVACENTRAL
TERRITORIAL
2
SEGURIDAD CIUDADANA Y ORDEN PÚBLICO
CONFLICTO ARMADO
Alerta esta semana en Antioquia, Cauca, Tolima y Valle por el incremento en las cifras dehomicidios, en particular en el sureste antioqueño, producto de disputas territoriales entre GAO. Enzona rural de Popayán fue hallado un cuerpo desmembrado y asesinado un joven de 21 años. En elnorte de Tolima se cuentan 16 asesinatos en lo corrido del año. En Cali 12 personas fueronasesinadas el pasado fin de semana.
FundaRedes denunció el persistente uso de pasos fronterizos irregulares para actividades ilegales enNorte de Santander. La organización alertó sobre la complicidad entre las fuerzas armadasvenezolanas y los grupos ilegales para administrar el control en la zona.
En concejo de seguridad del pasado sábado 11 de julio se denunciaron amenazas contra elgobernador del Magdalena; se solicitó a los procuradores judiciales penales intervención en losprocesos por estos hechos.
DISTURBIOS, PROTESTAS Y MOVILIZACIONES
Desde el 13 de julio avanza la Marcha por la Dignidad hacia Bogotá; la denominada “rutalibertadora” transita por Arauca, Boyacá, Caquetá y Cundinamarca, y la “ruta comunera” porBoyacá, Cundinamarca y Santander. Las organizaciones sociales solicitan garantías al derecho a lamovilización y la protesta social. El 14 de julio se coordinó reunión desde la Delegada para EntidadesTerritoriales y Diálogo Social con los respectivos procuradores territoriales, la Delegada para laDefensa de los DDHH y voceros de algunas organizaciones, en la que se escucharon lasproblemáticas que enfrentan en sus recorridos hacia la capital del país; solicitaron gestionar unareunión con la Dirección de DDHH del Min Interior y garantías para la movilización y protesta social.
En Cúcuta se registraron movilizaciones de comerciantes formales debido a la decisión de laAdministración Municipal de parcelar el espacio público y definir lugares en los que pueden
apostarse vendedores informales. Superados los bloqueos en los campos de Puerto Parra yCantagallo de Ecopetrol, se iniciaron incidentes en Campo Casabe de Yondó en Barrancabermeja-Santander. Aglomeraciones han impedido la normal reactivación de la zona.
COMPORTAMIENTO CIUDADANO
Preocupa el persistente desconocimiento de medidas de aislamiento y protocolos de protección ybiosegudidad en Sincelejo, con especial intensidad en los barrios de la zona sur en los que seobservan aglomeraciones, riñas, celebraciones y renuencia ciudadana a la toma de pruebas y a lasmedidas de aislamiento por confirmación o sospecha de contagio.
Se registró el incremento del pie de fuerza en Bogotá por definición de cuarentena escalonada en 15localidades. En Guanía se han impuesto 2.742 comparendos a la ciudadanía por infracciones a lasmedidas de aislamiento, protección y bioseguridad, de los cuales se han revocado 754 por su maldiligenciamiento. En Putumayo se han impuesto 7.309 comparendos y 125 personas han sidocapturas por las mismas circunstancias.
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SEGURIDAD CIUDADANA Y ORDEN PÚBLICO
ERRADICACIÓN FORZADA DE CULTIVOS DE USO ILÍCITO
El Gobierno nacional dispuso como meta para este año la erradicación forzosa de 130 mil hectáreas decultivos de uso ilícito de las cuales, según el Min Defensa, ya se cumplieron 44.905, cifra controvertida en uninforme de la revista Semana, según la cual se estarían reportando más hectáreas de las que realmente seerradican.
COCCAM denunció la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito realizada por el Ejército en Miranda-Cauca, a pesar de la preinscripción del predio en el PNIS. De otra parte, en consejo de seguridad se anunció lallegada de 200 efectivos a Santander de Quilichao-Cauca para iniciar el proceso de erradicación;comunidades tutelaron dicha intervención.
Se mantienen las erradicaciones forzadas en el área metropolitana de Cúcuta y en Sardinata-Norte deSantander, contándose a la fecha más de 250 incidentes entre la Fuerza Pública y cultivadores, entre ellosdos civiles fallecidos y un miembro del CTI. En San Calixto-Norte de Santander tropas del Ejército avanzanen la erradicación.
Del 8 de julio a la fecha cerca de 900 personas pertenecientes a organizaciones campesinas del corredorpetrolero Puerto Vega-Teteyé arribaron a Puerto Asís-Putumayo exigiendo la instalación de una mesa dediálogo con el Gobierno nacional para revisar la problemática generada por la erradicación forzada de cultivosde uso ilícito.
En Meta se reportó el significativo incremento de cultivos ilícitos, deforestación de áreas protegidas,reclutamiento de menores de edad y presencia de minas antipersonales; Procuraduría Regional participó enun consejo de seguridad y la preparación de la mesa social y ambiental con las comunidades.
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MIGRANTES Y FRONTERAS
El tránsito de migrantes de origen venezolano desde Ecuador, sin control por parte de las autoridades de
ese país, hace muy complejo el manejo de un flujo ordenado de quienes buscan llegar a las zonas
fronterizas de Arauca y Norte de Santander y tiene un impacto negativo tanto en materia sanitaria como
de convivencia y orden público en los lugares donde se instalan a la espera de las autorizaciones del
gobierno venezolano para llegar a su país. Hay alarma en la zona fronteriza con Táchira, donde se han
levantado “cambuches” que no cumplen ninguna medida sanitaria ni de aislamiento.
Se interpuso incidente de desacato de la decisión de tutela emanada del Tribunal Superior de Arauca por
cuanto los departamentos de Boyacá, Casanare, Cundinamarca y Meta no han dado cumplimiento a la
orden de realizar una mesa técnica de trabajo.
ASUNTOS CARCELARIOS Y JUSTICIA PENAL
CONDICIONES CÁRCELES Y URI
Se destaca esta semana el fallo de tutela que ordena agilizar la adecuación de una bodega para el trasladode personas privadas de la libertad en estaciones de Policía en Cali y a sindicados de la cárcel. LaProcuraduría realiza el seguimiento al cumplimiento de la orden judicial.
El INPEC frustró plan de fuga de reclusos de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita-Boyacá.
Se registran problemas de hacinamiento en establecimientos penitenciarios y carcelarios, estaciones dePolicía y otros centros transitorios de reclusión en Antioquia, Arauca, Caldas, Cauca y Norte deSantander. En particular se alerta sobre esta situación en las estaciones de Policía de Amagá, Venecia yBetulia-Antioquia y la negativa de Fredonia de suscribir convenios de traslados a pesar de ladisponibilidad.
CONTAGIOS EN POBLACIÓN CARCELARIA
Se reportaron nuevos casos de contagio en la cárcel de máxima seguridad La Paz de Itaguí-Antioquia,Santa Rosa de Cabal-Risaralda, EPMSC de Pasto y el EPMSC de Tumaco-Nariño.
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PUEBLOS ÉTNICOS
En el marco del Diálogo por el Pacífico liderado por la Procuraduría el pasado 9 de julio, se denunció elasesinato en Nariño de Rodrigo Salazar Quiñones, gobernador suplente del Resguardo IndígenaPiguambí Palangala del Pueblo Awá.
ONIC reportó 1.175 indígenas con COVID-19, 38 fallecidos -en su mayoría mayores de 70 años que sonlas autoridades espirituales-, 44 pueblos afectados por el virus y 403.331 familias indígenas en riesgo decontagio.
La Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales del área no municipalizada La Chorrera(Azicatch) en Amazonas alertaron al Gobierno, autoridades de salud y ONG sobre las precariascondiciones de salud en su territorio y el enorme riesgo que afrontan en la pandemia.
En Risaralda se presentaron manifestaciones de la comunidad Embera Chamí de Mistrató, por laviolación de la niña, ocurrida hace unas semanas. La Procuraduría Regional ha participado en mesas deconcertación con las autoridades indígenas. Comunidades programan una marcha exigiendo justiciapara las menores de edad víctimas de violencia sexual.
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SITUACIÓN DE GRUPOS POBLACIONALES
LÍDERES SOCIALES
El sábado 11 de julio en la comunidad de La Esperanza, inspección de Arizona en Puerto Caicedo-Putumayo fue asesinado Wilson Baicue Quiguanás, comunero y líder del cabildo Nasa El Líbano.
De acuerdo con el “Segundo informe de homicidios contra líderes sociales y defensores/as dederechos humanos en Colombia” de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos yAsuntos Internacionales, Meta y Guaviare están entre los departamentos con mayor probabilidadde afectación a los derechos de esta población.
En Arauca continúan las amenazas contra la UNP, líderes sociales y políticos.
VÍCTIMAS
En Antioquia se activó ruta de protección para Paula Andrea Duque García, abogada del SistemaAutónomo de Asistencia y Defensa de la JEP. También se presentó amenaza contra el exconcejalBernardo Alejandro Guerra Hoyos, para quien se solicitó revaluación de riesgo por parte de la UNP ymedidas de protección de la Policía Nacional.
Fueron liberados en Arauquita-Arauca los hermanos Fanny, Roberto y William Cárdenas García,secuestrados por las disidencias de las FARC en Hato Corozal-Casanare. Hay llamado de urgenciapara sacar del municipio de Arauquita al líder político Jairo Gelvis Trujillo, quien se encuentra bajoprotección en el Comando de Policía; Procuraduría Regional solicitó al Comando de la Fuerza deTarea Quirón del Ejército el acompañamiento, protección y traslado de este ciudadano a Bogotádada la gravedad de las amenazas en su contra.
En Huila se reportó el desplazamiento, el sábado 11 de julio, de alrededor de 14 familias (40personas) de Algeciras por la aparición de un panfleto de amenazas con nombres propios; hayactuación preventiva de la Regional para el seguimiento a las rutas de atención dispuestas por lasautoridades locales. De otra parte, la Oficina del Representante de la Alta Comisionada de lasNaciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación luego de los asesinatos dedos líderes sociales registrados en Algeciras en la primera semana de julio y que han provocado eldesplazamiento de varias familias de la zona rural.
En operativo del Ejército Nacional se logró el rescate de un menor de edad en la vereda San Antonioen Santander de Quilichao-Cauca, quien había sido víctima de reclutamiento forzado.
En Tumaco se realizó Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas paraatender la Alerta 027 de 2020 por la inminente situación de riesgo de las comunidades de MagüíPayán-Nariño. En Norte de Santander se instaló la Mesa de Justicia Transicional.
Persisten las amenazas contra los alcaldes del norte del Cauca. El alcalde de Suárez fue amenazadoa través de panfleto en contra de él y su familia; el mandatario cuenta con esquema de protección.
Cinco obispos de las poblaciones del litoral Pacífico expresaron su preocupación por el incrementode la violencia en sus territorios. Hechos como el reclutamiento de menores de edad,desplazamientos y guerra por el narcotráfico, tienen sitiadas las comunidades.
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SITUACIÓN DE GRUPOS POBLACIONALES
POBLACIÓN VULNERABLE
El 9 de julio la Asociación de Sordos del Guaviare llevó a cabo un plantón frente a la Alcaldía y la
Gobernación por incumplimiento en la garantía del derecho a la información en el marco de la emergencia
por COVID-19, dado que en fallo de tutela se les ordenó contratar un intérprete para este sector de la
población; hasta el momento no se ha cumplido tal disposición.
La Armada informó el jueves 9 de julio que ocho infantes de Marina del Batallón Fluvial de Infantería N°. 30
son investigados por la Fiscalía por un caso de abuso sexual contra una mujer en zona rural de Puerto
Leguízamo-Putumayo, sucedido el 14 de junio.
EXCOMBATIENTES
En La Uribe-Meta el Partido FARC denunció el asesinato de un excombatiente que se encontraba en
proceso de reincorporación.
EDUCACIÓN
En Guainía se reportaron quejas de padres de familia a quienes no se les ha entregado el kit del PAE para
preparación en casa. Se formuló requerimiento a la Secretaría de Educación Departamental y se citó al
operador del PAE a la Comisión Regional de Moralización, donde indicó que las fallas se originaron en la
falta de actualización del registro del SIMAT.
Las instituciones públicas de Tolima, Santander y Sogamoso-Boyacá seguirán con clases virtuales en lo
que resta del 2020, al igual que los 15 municipios no certificados a cargo de la Secretaría de Educación del
Caquetá. El gobernador del Cauca anunció que se privilegiará la continuidad del estudio en casa. En
Tumaco-Nariño hay consenso generalizado entre la comunidad académica y concejales sobre el no regreso
a clases presenciales. En Ábrego-Norte de Santander no se dan las condiciones para el regreso a clases y,
al igual que en Norosí-Bolívar, los estudiantes no cuentan con buen acceso a internet. En Ocaña-Norte de
Santander el 95% de los padres se opone a enviar a sus hijos a los colegios.
El rector de la Universidad del Valle restringió el acceso a los campus en Buenaventura, Buga, Cali,
Palmira y Tuluá, con algunas excepciones, ante el aumento en los casos de COVID-19 en el departamento.
La Secretaría de Educación del Tolima informó que adelanta inventario del estado de la infraestructura de
las 1.845 instituciones educativas del departamento. Se estima que el presupuesto requerido para su
adecuación es cercano a los $85.000 millones, recursos con los que no cuenta la entidad territorial en la
presente vigencia.
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SALUD
La categoría salud se mantiene como el asunto más relevante en la última semana, siendo señalada por 18regionales: Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Caldas, Cauca, Chocó, Córdoba,Cundinamarca, La Guajira, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Santander, Sucre, Valle y Vaupés.
Hay alerta en buena parte del país por el acelerado incremento del contagio, sumado a la alta ocupación delas UCI. Riohacha y Santa Marta declararon alerta roja, al igual que Nariño. En Antioquia y Norte deSantander se declaró alerta naranja; Santander, con 72% de ocupación de UCI, declarará alerta rojacuando llegue a 75%. Sucre reportó un 74% de ocupación, Cartagena un 80%, Chocó un 90%, en Valleeste índice es del 95% y agiliza la instalación de 100 ventiladores, mientras que Barranquilla reporta unaocupación promedio del 80%. La región del Urabá antioqueño llegó el 10 de julio al 100%..
Bogotá, con un 90% de ocupación de las UCI, declaró alerta naranja en toda la ciudad, alerta roja en elSistema de Cuidado Intensivo Distrital y adoptó medidas de cuarentena estricta escalonada porlocalidades: para el primer grupo inició el 13 de julio y va hasta el 26 del mismo mes; el segundo será del 27de julio al 9 de agosto, y el tercero del 10 de agosto al 23 del mismo mes. Sin embargo, 14 agremiacionesmédicas solicitaron ante la Presidencia y la Alcaldía Mayor de Bogotá que, ante el aumento de casosCOVID-19 que tiene como foco el Distrito Capital, se decrete el cierre de la ciudad y cuarentena estricta pordos semanas. Al cierre de este informe la alcaldesa anunció que no descartaba la adopción de medidas másestrictas.
Alerta por rebrote de COVID-19 en corregimientos de La Chorrera y Puerto Santander en Amazonas y porincremento de contagios en el norte del Cauca, en el mercado del sur de Montería (cerrado hace variosdías), en Cundinamarca y en Vaupés. En Chocó murió por COVID-19 el presidente de la AsambleaDepartamental y se confirmó el contagio del líder y coordinador del Comité de Cívico por la Salvación yDignidad del Chocó, Dilon Martínez Mena. El gobernador de Putumayo dio positivo a la prueba.
Persisten las dificultades con el cumplimiento del protocolo para el manejo de cadáveres en Atlántico porexigencias de familiares de fallecidos que van en contravía de los protocolos del Ministerio de Salud;Procuraduría Regional ha coordinado actuaciones con la Fiscalía y Medicina Legal y ha formulado losrequerimientos pertinentes a las secretarías de Salud. En Sucre se registró la confusión en la entrega de uncuerpo a la familia de un paciente fallecido en la Clínica Concepción, mientras que en la Clínica Las Peñitasun hombre fue dado por muerto y trasladado a la morgue, hasta que un familiar se percató de que teníasignos de vida.
Se informó sobre el aumento de contagios dentro del personal militar en Arauca, con 120 casos, en sumayoría de personal que ha llegado especialmente de Barranquilla y Montería; Procuraduría Regional hainsistido al Ejército Nacional para que implemente un plan de acción de contención del virus entre susefectivos. Según una fuente noticiosa el fuerte militar de Larandia en Caquetá entró en aislamientopreventivo obligatorio por dos semanas ante un aparente brote de COVID-19.
Mandatarios de Valle y Cali han generado un gran debate por recomendaciones para el uso de ivermectinaen el tratamiento de pacientes con COVID-19. El Gobierno nacional emitió un comunicado indicando queno hay evidencia científica sobre su efectividad en estos casos, por lo que no recomendaba su uso. ElInvima aprobó un proceso de estudio de la ivermectina para pacientes con COVID-19 que se adelanta através de un centro de investigación en Cali.
SALUD
El viernes 10 de julio se recibió una denuncia en la Regional Putumayo de parte de comunidad de la Zona deReserva Campesina de la Perla Amazónica, del contagio con COVID-19 de por lo menos diez trabajadores de laempresa petrolera Amerisur, que confirmó la información y aseguró que las personas contagiadas fueronaisladas a la espera de los resultados de las nuevas pruebas.
En jurisdicción de la Provincial Amagá y en Norte de Santander se reiteró la preocupación por la deuda de lasEPS con la red hospitalaria. Se insistió además en que el hospital de Puerto Berrío-Antioquia adeuda variosmeses de salario al personal sanitario y administrativo.
Se registran demoras en la entrega de resultados de pruebas en Caldas, Norte de Santander y algunosmunicipios de Bolívar, al parecer por daños en equipos de laboratorios de salud pública. Procuraduríasregionales han formulado requerimientos a las secretarías de Salud departamentales respectivas, se solicitóagilizar la puesta en funcionamiento del laboratorio de la Universidad de Pamplona y se adelantó reunión conalcaldes de Bolívar para que informen sobre casos puntuales de demora en entrega de resultados para hacerseguimiento.
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AYUDAS HUMANITARIAS
En Guaviare se recibieron quejas por las dificultades de beneficiarios del programa Familias en Acción para
cobrar los incentivos, dado el cambio en la modalidad de pago y la operación de este a través de Daviplata.
Las comunidades denuncian falta de canales de comunicación, limitaciones por conectividad rural para
acceder a las plataformas virtuales y restricción en los mecanismos para el pago. Desde la Delegada para
Entidades Territoriales y Diálogo Social, en coordinación con la Regional, se formuló requerimiento al DPS.
En Nariño se han registrado reclamos y peticiones de ayudas para adultos mayores, personas con
discapacidad, mujeres cabeza de familia y primera infancia. En Santander de Quilichao-Cauca hay
polémica por las presuntas irregularidades en el almacenamiento de ayudas humanitarias que la Alcaldía
debe entregar a las familias en condición de vulnerabilidad.
En San Andrés se realizó acompañamiento a la inspección de kits alimentarios de emergencia enviados por
el Gobierno nacional, dentro de los cuales se encontraron alimentos vencidos o abiertos; la Regional
formuló requerimientos ante las autoridades competentes.
En Buenaventura se estaban deteriorado 5.255 mercados enviados por el Gobierno nacional a algunos
municipios nariñenses porque la tripulación del buque que los había transportado estaba contagiada. Se
están rescatando los mercados que están en buen estado para llevarlos a Mosquera y Santa Bárbara de
Iscuandé-Nariño. Provincial Buenaventura adelanta acciones de vigilancia al operativo.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ENTORNO TERRITORIAL
SERVICIOS PÚBLICOS Y CONECTIVIDAD
En Casanare persisten los problemas ambientales por los vertimientos de la planta de tratamiento deaguas residuales del municipio de Paz de Ariporo. Se inició indagación preliminar contra indeterminadosdel municipio y/o el operador AQUATODOS, por omisión en el ejercicio de las funciones relacionadas conla PTAR.
En Caquetá se reportaron fallas en el servicio de gas; en Villavicencio hubo algunas dificultades en laprestación del servicio de agua potable, y en jurisdicción de la Provincial Santander de Quilichao sepresentaron cortes en el servicio de energía.
RIESGO DE DESASTRES
Se registraron inundaciones, deslizamientos y vendavales en los municipios de Albán, Barbacoas, LaFlorida, La Unión, Olaya Herrera, Ricaurte, Roberto Payán y Samaniego en Nariño, en Arauca, enCastilla y Chaparral-Tolima, en Granada y Villavicencio en el Meta, en Sevilla-Valle, Yalí-Antioquia yTubará-Atlántico.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Hay denuncias de la Defensoría sobre la presunta ausencia del alcalde de Litoral de San Juan-Chocó.
Entre el viernes 10 y el lunes 13 de julio fue cerrado el Palacio de San Francisco, sede de la Gobernación delValle del Cauca, debido a la notificación de varios casos de contagio entre los funcionarios.
CONTRATACIÓN.
La Contraloría realizó traslado por posibles sobrecostos e incidencia disciplinaria en dos contratos deldepartamento de Guainía, relacionados con la emergencia sanitaria.
DECISIONES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES
El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Sogamoso decretó la suspensión de la elección de delpersonero municipal de Floresta para el periodo 2020-2024.
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ASUNTOS AMBIENTALES
En la vereda La Alea, Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica en Putumayo, se produjo el vertimientode aproximadamente 3.000 litros de ACPM sobre una fuente hídrica aledaña a la Plataforma 1 del bloqueplatanillo de la empresa Amerisur, afectando el suministro de agua para consumo humano.
Según reciente informe del Ideam, el país deforestó 158.894 hectáreas en 2019; Chocó fue el departamentocon mayor aumento de la deforestación con cerca de 6.000 hectáreas.
Desde Putumayo se reportó el incremento desmedido de la deforestación en el Parque Nacional la Playa;según las denuncias este fenómeno es promovido por disidencias de los frentes 1° y 48 de las FARC..
11
ASUNTOS ECONÓMICOS
REACTIVACIÓN ECONÓMICA
En San Andrés se reporta una grave crisis económica y social por el cese de las actividadesturísticas, que representan el 90% de los ingresos de las familias del departamento. Desde elinicio del aislamiento, 163 empresas (93 dedicadas al turismo) han cesado sus actividades y 2.240personas han quedado sin empleo. Procuraduría requirió información a la Gobernación sobre elplan de reapertura del sector turístico y los alivios económicos.
El aumento de casos de COVID-19 en el área metropolitana de Bucaramanga frenó la pruebapiloto de la reapertura de restaurantes. Se registró reactivación gradual de algunas actividadesen Meta, Nariño, Norte de Santander, Risaralda y Sucre.
TRANSPORTE
En Barranquilla se presentaron algunas aglomeraciones en Transmetro, lo que evidencia lanecesidad de implementar más horarios diferenciales para determinadas actividades y mayorescontroles al ingreso de las estaciones.
Se registró reactivación del transporte urbano e intermunicipal en Villavicencio y en Tumaco-Nariño.
ABASTECIMIENTO Y CONTROL DE PRECIOS
En Santander de Quilichao-Cauca se ordenó el cierre de la plaza de mercado La Galería por elincumplimiento de las condiciones de bioseguridad.
Fedepapa puso a disposición de los productores de Boyacá su Centro de Acopio de Villapinzón-Cundinamarca dadas las restricciones de la central de abastos en Bogotá.
ASUNTOS INTERNOS MISIONALES
NOVEDADES EN MATERIA PREVENTIVA
Aunque con una menor incidencia en los reportes de los procuradores territoriales, los temas de salud
continúan siendo los de mayor prioridad en la vigilancia preventiva. En la semana se relacionaron
especialmente con el fortalecimiento de la capacidad de respuesta hospitalaria en Atlántico, Boyacá,
Chocó, La Guajira, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Sucre, Tolima, Valle y Vichada; la
entrega de elementos de bioseguridad al personal sanitario en Nariño, la adopción de medidas para
la prevención del contagio en Arauca y Atlántico y el manejo de cadáveres en Atlántico y Vichada.
Se reportaron actuaciones preventivas en materia carcelaria en Buenaventura, Meta, Sucre y Valle;
en protección de población vulnerable en Antioquia, Arauca, Chocó, Tolima y Vichada, en la
vigilancia a la entrega de ayudas humanitarias en Nariño, San Andrés, Buenaventura, Santander de
Quilichao y Villavicencio, en asuntos de seguridad y orden público en Boyacá, Honda, Nariño y
Sucre y en materia de servicios públicos en Vichada.
Las regionales Atlántico, Boyacá, Magdalena, Nariño, Sucre, Tolima, Valle y Vichada y las
provinciales Barranquilla, Cali, Honda y Tumaco, reportaron su participación en espacios de
coordinación interinstitucional como consejos de seguridad, comisiones regionales de moralización y
mesas de trabajo. Por acción de la Procuraduría y la Defensoría, en el Vichada se adelantó la cuarta
sesión de la Mesa Técnica de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos el 9 de
julio; se avanza en la identificación de dos casos.
Con la estrategia no convencional de atención al ciudadano PGN Móvil se realizó recorrido en la
semana por los municipios de Gachancipá, Sesquilé y Tena-Cundinamarca. Los temas con mayor
incidencia en las peticiones y quejas de los 60 ciudadanos que acudieron a la unidad móvil fueron
gestión de entidades públicas, servicios públicos, atención integral a las víctimas, asuntos
ambientales y atención en salud.
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NOVEDADES EN MATERIA DE INTERVENCIÓN
En coordinación con la Personería, la Provincial Chaparral presentó acción de tutela con el objeto de
garantizar el ingreso paulatino de los sindicados a los centros de reclusión, dado que estos se
encuentran contenidos en instalaciones temporales: hasta 14 personas en espacios diseñados para
cuatro; asimismo formuló incidente de desacato a la sentencia de tutela para garantizar la
alimentación de las personas privadas de la libertad en contra del INPEC, e impugnó tutela contra el
proceso de elección de personeros por la celebración del contrato para la realización del concurso sin
tener la capacidad para ello.
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ASUNTOS INTERNOS MISIONALES
ASUNTOS INTERNOS ADMINISTRATIVOS
NOVEDADES EN EQUIPOS DE TRABAJO
Regionales Arauca, Cauca, Guainía, Vaupés y Vichada y provinciales Guateque, Puerto Berrío y
Santander de Quilichao requirieron nuevamente que se atiendan sus solicitudes sobre la provisión de los
cargos que están pendientes para dar respuesta a los compromisos y metas de gestión. Hay especial
preocupación en Cauca por las reiteradas decisiones de traslado de sus funcionarios sin que se designe el
respectivo reemplazo.
NOVEDADES EN CONECTIVIDAD Y PLATAFORMAS INSTITUCIONALES
Regionales Arauca, Guainía y Vaupés y provinciales Puerto Berrío, Tumaco y Villavicencio reportaron
algunas dificultades en la conectividad. Regional Vaupés informó que no cuenta con cartucho para la
fotocopiadora e impresora.
NOVEDADES EN MATERIA DISCIPLINARIA
Regional Chocó inició indagación preliminar por el contrato para adquisición de camas UCI y otros insumos
médicos en el departamento. Regional Sucre profirió auto de investigación disciplinaria contra la Junta
Directiva de la Cámara de Comercio de Montería, con medida de suspensión provisional. Regional
Casanare inició dos investigaciones disciplinarias contra la Policía de Carreteras por presuntos
procedimientos irregulares.
Provincial Cartagena sancionó con suspensión de 12 meses a exalcalde de María la Baja-Bolívar por
desacato a un fallo judicial, lo que ocasionó que una deuda se incrementara de $926 a 1.756 millones por
intereses moratorios; asimismo sancionó con inhabilidad y destitución a exalcaldesa del Guamo-Bolívar
por irregularidades en la licitación para la construcción del estadio de futbol del corregimiento Robles, y al
exgerente de la ESE de Santa Catalina-Bolívar, por irregularidades en el manejo de recursos por $156
millones.
Provincial Garzón formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Oporada-Huila por presuntas
irregularidades en la ejecución de un proyecto de regalías para la ampliación de la institución educativa San
José. Provinciales Cali, Sincelejo y Villavicencio reportaron avances en actuaciones disciplinarias a su
cargo.
DESPACHOS% DISMINUCIÓN
DE TAREAS28-feb al 9-jul 2020
Procuradurías Regionales -61%Procuradurías Provinciales -44%
Avance en el reporte de SIGDEA*
Fuente: *Información suministrada por el Grupo SIME, 13 de julio-2020.
