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Algunos líderes globales creen que deben ser inmunes a los procesamientos internacionales.
Nosotros no.
INMUNIDAD=
IMPUNIDAD
Entrevista con Navi Pillay"África ha sido una de las más beneficiadas por la CPI"
MONITOR DE LA JUSTICIA GLOBAL
EN EL INTERIOR Justicia inconsistente en el Consejo de Seguridad de la ONU | Despertando al flagelo de la violencia sexual | La membresía completa a la CPI, próximo paso de Ucrania
La justicia aún importa en África | Niños, no soldados| El año de la CPI en números | Todo lo que necesita saber sobre las elecciones judiciales de la CPI
EDICIÓN NO. 462014-2015
DIARIO DE LA COALICIÓN POR LA CPI
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Los lectores notarán importantes cambios en esta 46° edición de nuestra publica-ción de bandera. Aunque aún encontrarán profundos análisis sobre los desafíos que enfrenta la CPI y el sistema de justicia internacional del Estatuto de Roma (ER), es-peramos que a partir de este número El Monitor sea accesible a una mayor audiencia a través de un estilo más visual y amigable.
Este año, el sistema del ER vuelve a enfrentar desafíos significativos. Se han pro-puesto enmiendas al Estatuto que podrían dar inmunidad a los líderes de Estado en ejercicio y otros funcionarios de alto rango. Como siempre, la Coalición apoyará el principio primario del ER que defiende la igualdad de todos ante la ley.
A pesar de esto, ésta sigue siendo una época de optimismo. Creemos que el sistema del ER se verá fortalecido bajo el liderazgo del ministro de Justicia senegalés Sidiki Kaba que asumirá como el nuevo presidente de la Asamblea de los Estados Partes (AEP). Kaba, un promotor de la lucha contra la impunidad de larga data, se conver-tirá en el primer africano en liderar la Asamblea precisamente ahora que se necesita con urgencia una nueva relación con el continente.
En el año 2015, celebraremos el 20° aniversario de la Coalición por la CPI. Es notable que se haya logrado tanto en las últimas dos décadas cuando todo comenzó con una idea ignorada por la mayoría: una corte penal internacional permanente. Durante el año, conmemoraremos los reñidos éxitos de la lucha contra la impunidad y seguiremos trabajando para asegurar la existencia de una CPI justa, efectiva e independiente que sirva a los interesas de las víctimas de todo el mundo.
William R. Pace es el coordinador de la Coalición por la CPI
El coordinador de la Coalición William R. Pace demuestra su apoyo
en la Campaña por el Día de la Justicia Internacional de la CPI. ©CPI
ES HORA DE UN OPTIMISMO PRUDENTE
EDITORIAL
COMITÉ EJECUTIVOAdaleh Center for Human Rights StudiesAmnistía InternacionalAsian Forum for Human Rights and DevelopmentAsociación Pro Derechos HumanosCivil Resource Development and Documentation CentreComisión Andina de JuristasFédération Internationale des Droits de l’HommeGeorgian Young Lawyers’ Association
Human Rights NetworkHuman Rights WatchJustice Without FrontiersNo Peace Without JusticeParlamentarios para la Acción GlobalThe Redress TrustWomen’s Initiatives for Gender JusticeWorld Federalist Movement-Institute for Global Policy
La Coalición por la Corte Penal Internacional es una red global de organizaciones de la sociedad civil presente en 150 países que trabajan en conjunto para fortalecer la cooperación internacional con la CPI; asegurar que la Corte sea justa, efectiva e inde-pendiente; brindar una justicia visible y universal y promover leyes nacionales que lleven justicia a las víctimas de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Para más información, visite www.coalitionfortheicc.org.
¿QUIENES SOMOS?
NUESTRO PERSONALWilliam R. Pace, coordinador; Jelena Pia-Comella, directora ejecutiva adjunta; Yazen Abed, fellow para el MOAN; Virginie Amato, encargada de programa para la oficina de Europa; Agustina Bidart, encargada de comunicaciones en español; Brianna Burt, fellow de desarrollo; Matthew Cannock, oficial legal; Clément Capo-Chichi, coordinador regional para África; Radha Darji, asociada de administración y finanzas; Amielle Del Rosario, coordinadora regional para Asia-Pacífico; Robert Giordano, director de finanzas; Claire Giraudet, consultora de comunicaciones y de programa; Alix Vuillemin Grendel, oficial legal; Leila Hanafi, coordinadora regional del MOAN; Lesley Hsu, asociada de programa; Saskia Knight, asociada de desarrollo; Stephen Lamony, asesor senior - UA, ONU y situaciones africanas; Spencer Lanning, consultor técnico; Niall Matthews, jefe de comunicaciones; Kirsten Meersschaert Duchens, coordinadora regional de Europa/líder de oficina-La Haya; Dugal Monk, fellow para Asia-Pacífico; Fabiana Núñez del Prado, asistente regional para las Américas; Daniel Rees, director de desarrollo; Michelle Reyes, coordinadora regional para las Américas; Fartuna Said, asociada de finanzas; Alexandra Sajben, oficial de enlace de programas regionales; Hugo Strikker, encargado administrativo y financiero; Peony Trinh, responsable de diseño; Dan Verderosa, encargado de comunicaciones
Foto de tapa: First we take Manhattan © 2012 Richard Mosse
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EDITORIAL
EN ESTA EDICIÓN
LÍDER COMUNITARIO, UN IMPORTANTE SOCIO EN LA LUCHA POR LA JUSTICIA GLOBAL
La Coalición trabaja en conjunto con muchos individuos e instituciones en su misión de promo-ver la justicia internacional. Uno de ellos es Wayne Bullaughey, miembro de la junta de la Uni-tarian Congregation de su ciudad natal West Chester, Pennsylvania. Según el Sr. Bullaughey “la CPI cumple con el objetivo esencial de llevar justicia a las víctimas de los crímenes más graves más allá del país donde ocurran. Es importante que tomemos una postura firme ante la injusti-cia”. Nuestra lista de valiosos socios y contribuyentes incluye a la Comisión Europea, Humanity United, Open Society Foundations y el Sigrid Rausing Trust; los gobiernos de Australia, Austria, Finlandia, Irlanda, Liechtenstein, Luxemburgo, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Suecia y Suiza. El apoyo financiero de individuos, gobiernos, fundaciones y otras instituciones es esencial para la misión de la Coalición de asegurar un futuro donde la justicia sea accesible para todos. Para obtener más información, póngase en contacto con [email protected]
Inmunidad = Impunidad 4La Fiscal toma medidas contra el presunto soborno de testigos 7Justicia para todos por igual en Costa de Marfil 8La membresía a la CPI es el próximo paso para Ucrania 9Exámenes preliminares de la CPI: ¿Cómo funcionan? 10El año de la CPI en números 10Por el momento no habrá investigación sobre Corea - Fiscal de la CPI 12Bajo la lupa: Presuntos crímenes del RU en Irak 13Niños, no soldados 14Despertando al flagelo de la violencia sexual en conflictos armados 16Entrevista con Navi Pillay 18Todo lo que necesita saber sobre las elecciones judiciales de la CPI 20No al veto a la justicia 21Apoyo a la CPI de Latinoamérica en el Consejo de Seguridad de la ONU 23Rendición de cuentas, prioridad del nuevo jefe de DDHH de la ONU 24El arte como agente de cambio 25La justicia aún importa en África 26Colombia: Las voces de las víctimas en las conversaciones de paz 27¿Los principios de la ASEAN son realmente incompatibles con el ER? 28La UE, clave en el sistema de la CPI 29Continúa la búsqueda de justicia en un turbulento Medio Oriente 30Nueva imagen: Campaña por la Justicia Global 31
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QUE LOS LÍDERES de Estado o los funcionarios de alto rango no tengan inmunidad es fundamental al fin mismo del Estatuto de Roma (ER) de la Corte Penal Internacional (CPI): Llevar ante la justicia a los mayores responsables de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Actual-mente, se están llevando a cabo inquietantes in-tentos de socavar este principio del derecho penal internacional. La sociedad civil está pidiendo a los gobiernos que prevengan lo que podría representar un desastroso revés a favor de la impunidad.
La erosión de la inmunidad de los líderes de Estado Tras la Segunda Guerra Mundial, los líderes de Estado recibieron completa inmunidad de enjuicia-mientos penales internacionales en tanto represen-taban la inviolable soberanía de los Estados. Desde entonces, las leyes y las prácticas de numerosos tribunales penales internacionales han codificado el entendimiento de que los crímenes graves son cometidos por individuos, y esparcieron la noción de que la responsabilidad personal puede ser evitada a través de la protección que brinda la idea abstracta de que actúan como Estado.
La escala y la premeditación de las atrocidades cometidas en Alemania entre 1939-45 llevaron a los Aliados a procesar a los líderes del nazismo al fina-lizar la guerra. Los juicios de Nuremberg pusieron en marcha el movimiento de justicia internacional como lo conocemos hoy en día. Sin embargo, no fue sino hasta el fin de la Guerra Fría que la idea alcan-zó una mayor entidad. En los 90, los conflictos de Ruanda y Sierra Leona generaron que las Naciones Unidas (ONU) estableciesen tribunales separados y temporarios para procesar a los mayores responsa-bles—entre ellos, líderes como Slobodan Milosevic y Charles Taylor. Estos esfuerzos ayudaron a afian-zar la consolidación del principio de irrelevancia del cargo oficial para los crímenes serios ante el derecho internacional.
El Estatuto de Roma rechaza definitivamente la inmunidadCuando el ER fue adoptado en 1998 y se conformó la CPI, su Artículo 27 afirmó: “El presente Estatuto será aplicable por igual a todos sin distinción algu-na basada en el cargo oficial”. Esto representó un rechazo definitivo de la comunidad internacional a la paradoja de que la responsabilidad legal debe ser mínima cuando el poder es máximo.
En 2011, una sala preliminar de la CPI dijo que “el prin-cipio del derecho internacional es que la inmunidad tanto de los ex como de los actuales líderes de Estado no puede ser invocada para impedir el procesamiento de un tribunal internacional”. Los jueces notaron que la inmunidad de los líderes de Estado ante las cortes internacionales ha sido rechazada una y otra vez, enfatizando que iniciar enjuiciamientos internaciona-les contra de líderes de Estado ha sido ampliamente reconocido como una práctica aceptable.
Hasta el momento, en el transcurso de la breve historia de la CPI ya han sido escrutados líderes pa-sados y presentes como Muammar Gaddafi, Omar Al-Bashir, Laurent Gbagbo y Uhuru Kenyatta.
Al mismo tiempo, en el año 2002 una decisión clave de la Corte Internacional de Justicia rechazó específi-camente el concepto de inmunidad para los líderes de Estado, actuales o pasados, en las corte internacionales.
La Coalición por la CPI sigue siendo un acérrimo defensor del ER, basado en el principio de igualdad de los individuos que se aplica sin distinción algu-na, más allá de su género, edad, raza, color, idioma, religión, origen, posición, nacimiento o cualquier otro status. Los pilares de la igualdad ante la ley y la individualidad no solo son el corazón mismo de la responsabilidad penal internacional sino también la propia naturaleza de la reparación, que se puede obtener a través de la CPI.
INMUNIDAD = IMPUNIDAD
“La Coalición por la CPI se opone vehementemente a cu-alquier indicio de inmunidad por crímenes internacionales graves en la CPI, la Corte Africana o en las jurisdiccio-nes nacionales. Los trágicos eventos del siglo 20 nos han demostrado que la inmunidad que poseen los líderes mundia-les les ha permitido cometer los crímenes más terribles ex-actamente porque sabían que actuaban con impunidad. El Estatuto de Roma es el avance más importante de los últimos 50 años para controlar este poder ilimitado. Debe hacerse lo necesario para proteger su integridad.”—William R. Pace, coordinador de la Coalición por la CPI
La sociedad civil de todo el mundo está pidiendo a sus gobiernos que apoyen la lucha contra la impunidad por los crímenes más graves y rechacen las propuestas que buscan dar inmunidad a los líderes de Estado en ejercicio y funcionarios de alto rango.
NOTA DE TAPA
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A nivel nacional, muchos de los 122 Es-tados miembros de la CPI han excluido las inmunidades de los líderes de Estado o funcionarios gubernamentales en crímenes internacionales dentro de sus propias leyes internas.
Sin embargo, al ver que ya no pueden ac-tuar libremente con impunidad, algunos líderes están ahora intentando reescribir la historia para su propio beneficio.
Las propuestas de Kenia amenazan con socavar el Estatuto de RomaEn marzo de 2014, el gobierno de Kenia
presentó formalmente a la Oficina de Tratados de la ONU una serie de en-miendas al ER, entre ellas, una modifi-cación al Artículo 27 para eximir a los jefes de Estados u otros funcionarios gubernamentales senior de responsabili-dad penal durante su cargo.
Kenia, en representación de la Unión Africana (UA), propone agregar un tercer párrafo al Artículo 27 que diga que “los jefes de Estado, sus adjuntos y cualquier otro alto cargo del gobierno deben quedar exentos de ser juzgados durante su cargo….”. Este texto negaría completamente los dos párrafos ante-riores del mismo Artículo. En particular, es imposible entender cómo se podría reconciliar la enmienda propuesta que
permite la inmunidad de los líderes de Estado y sus adjuntos con el Artículo 27(1) que declara de manera definitiva que el cargo oficial de una persona “en ningún caso la eximirá de responsabi-lidad penal ni constituirá per se motivo para reducir la pena.”
La Coalición continua oponiéndose firmemente a cualquier propuesta que pueda fundamentalmente socavar la integridad del ER y la CPI, esto incluye enmiendas que otorguen inmunidad a funcionarios gubernamentales y de alto rango. Dichas inmunidades facilitarían que aquellos que ostentan el mayor poder e influencia en el aparato estatal y en la población puedan cometer crímenes con impunidad y, al mismo tiempo, represen-
El genocidio de Ruanda de 1994 fue uno de los capítulos más terroríficos del siglo 20. En solo 100 días más de un millón de personas fueron asesinadas, la mayoría de ellas pertenecían al grupo étnico Tutsi. © Trocaire/Flickr
"La investigación y enjuiciamiento de graves violaciones a los derechos humanos es un límite al principio de inmunidad de los líderes de Estado. La interpretación que permite a los funcionarios gubernamentales senior quedar exentos de la ju-risdicción de un tribunal constituye, a nivel individual, una violación al derecho de protección judicial y al debido proceso. Esto previene tanto la determinación
judicial de los hechos como la responsabilidad penal. En una dimensión social, la inmunidad por dichos crímenes significaría impunidad para individuos que, tarde
o temprano, deberán confrontar públicamente la naturaleza ilegal de sus actos."—Enrique Bernales Ballesteros, director ejecutivo, Comisión Andina de Juristas
MÁS X
NOTA DE TAPA
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tarían un incentivo para que quienes cometan los crímenes más graves no quieran abandonar el poder para evadir una futura rendición de cuentas.
Todos los Estados miembros a la CPI deben presen-tar posición y defender el ER ya que la Asamblea de los Estados Partes enfrenta uno de los desafíos políticos más serios de su historia.
¿Inmunidades en la Corte Africana? En julio de 2014, la UA aprobó una expansión de la jurisdicción de la Corte Africana de Justicia y De-rechos Humanos para incluir crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio, junto con una serie de crímenes trasnacionales importantes para el con-tinente africano. Desafortunadamente, la medida estipula que los líderes de Estado y funcionarios gubernamentales senior sean inmunes a enjuicia-mientos mientras ocupen su cargo.
En mayo, la Coalición reunió a 40 organizaciones de la sociedad civil para pedirle a los procurado-res generales y ministros de justicia africanos que
rechacen la expansión propuesta, que precisaría 15 ratificaciones de los Estados miembros de la UA para entrar en vigor. De hacerlo, representaría un gran retroceso en el derecho internacional negando más de 60 años de lucha en pos del camino contrario.
Por último, sin embargo, si la nueva jurisdicción entra en vigor, no tendrá ningún efecto en la habilidad de la CPI para juzgar jefes de Estado. La Corte Africana no podrá procesar a un presidente en ejercicio, pero la CPI puede hacerlo, sin duda, si tiene jurisdicción.
Que las inmunidades sean parte del pasado La idea de que existan inmunidades para los líderes de Estado y funcionarios de alto rango debe quedar en los libros de historia—donde quedaron relega-das definitivamente con la adopción del ER. La sociedad civil está lista para defender la integridad del ER y seguir luchando contra la impunidad de todos los responsables de los crímenes graves, sin importar su rango ni su puesto. ³
“La disposición de inmunidad es una desviación lamentable del Acta Constitutiva de la UA, que rechaza la impunidad en su Artículo 4. La inmunidad deshace la posibilidad de que las víctimas puedan acceder a la justicia en la Corte Africa-na cuando sus líderes come-tan atrocidades. Los Estados africanos deben tomar una postura firme y oponerse a esta inmunidad.”—George Kegoro, director ejecutivo de la Comisión Internacional de Juristas-Kenia
Una mujer embarazada
corre a través de chozas
incendiadas durante la
violencia post-electoral en
Nairobi, Kenia. ©Julius Mwelu/
IRIN
FEATURENOTA DE TAPA
W CONTINÚA
CAMPAÑA PARA PROTEGER LA INTEGRIDAD DEL ESTATUTO DE ROMAEn Agosto de 2014, el Diputado Felipe Michelini lanzó la campaña de Proteger la integridad del Estatuto de Roma de Parlamentarios por la Acción Global. La campaña urge a los parlamentarios a requerir a sus gobiernos que hagan pública su posición respecto a la propuesta de enmienda del Artículo 27 de Estatuto de Roma por parte de Kenia. Asimismo, hace un llamado a los legisladores a apoyar la adopción de una declaración contra inmunidades de los jefes de estado y go-bierno por graves crímenes cuando sean investigados y juzgados por tribunales internacionales, en los parlamentos nacionales.
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LA FISCAL de la CPI ha comen-zado a actuar en contra de los sospechosos acusados de ofrecer sobornos a testigos involucrados en casos de la Corte—una cuestión clave para la integridad de los procedimientos judiciales.
A finales de 2013, la Fiscalía presentó dos casos en contra de varios sospechosos por ofensas a la administración de justicia de acuerdo con el Artículo 70 del Estatuto de Roma. A pesar de no ser crímenes centrales de la CPI, las ofensas como la interferencia con testigos pueden tener un gran impacto en la credibilidad de las pruebas presentadas en el juicio y la habilidad de los jueces para brindar una decisión imparcial basada en pruebas sólidas.
En la situación de la República Centroafricana, se inició un caso conjunto en contra del vicepresi-
dente de la República Democrática del Congo (RDC), Jean-Pierre Bemba (quien enfrenta además otro juicio por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra), y sus socios, entre ellos, su ex abogado principal Aimé Kilolo Musamba, su ex asesor Jean-Jacques Mangenda Kabongo y los congoleños Fidèle Babala Wandu y Narcisse Arido.
La Fiscal alega que desde comien-zos de 2012 se montó un esquema criminal a través del cual se les ofreció dinero a algunos testigos de la defensa junto con instruc-ciones para brindar evidencia y testimonios falsos. El esquema fue presuntamente orquestado por Bemba y llevado a cabo por Kilolo y Mangenda, con la ayuda de Babala y Arido. En noviembre de 2014, los jueces confirmaron parcialmente los cargos en contra de los cinco individuos y enviaron el caso a juicio.
En un segundo caso, la Fiscal inició procedimientos en contra de Walter Barasa, un ex “intermediario” que asistía a la Fiscalía con su investiga-ción en Kenia. Barasa es acusado de influenciar de manera corrupta o de intentar influenciar de manera co-rrupta a tres testigos de la Fiscalía en el juicio contra el vicepresidente de Kenia William Ruto y el presen-tador de radio Joshua Sang a través de sobornos con el fin de revocar sus declaraciones o de retirarse como testigos del caso. Él ha apela-do en las cortes de Kenia la decisión para extraditarlo a La Haya.
Las acusaciones de intimidación e interferencia con testigos han esta-do presentes desde el comienzo de los dos casos de Kenia ante la Corte. El caso de Barasa es el primero en definir en términos claros la presunta interferencia con testigos. No queda claro si la Fiscalía pre-sentará otros cargos en la situación de Kenia, pero la estrategia de la
Fiscalía para 2012-15 establece que “seguirá investigando y procesando cuando sea necesario las ofensas a la administración de justicia”.
La Fiscalía ha comenzado a adoptar las medidas que considera necesarias para preservar la inte-gridad de los procesos judiciales de la Corte y llevar ante la justicia a quienes los pongan en peligro. El caso de Bemba ha resaltado la influencia que pueden tener los sospechosos poderosos de alto ran-go en los procesos, incluso, como se presume, desde el mismo centro de detención de La Haya.
El procesamiento de quienes perviertan el curso de la justicia demuestra con hechos que la Corte hará lo necesario para llevar ante la justicia a quienes intenten frus-trar el proceso penal. ³
La Fiscal de la CPI Fatou Bensouda se dirige a los participantes en la 12° Asamblea de los Estados Partes en La Haya. Crédito: CCPI
FISCAL TOMA MEDIDAS EN CONTRA DEL PRESUNTO SOBORNO DE TESTIGOS
CASOS/SITUACIONES
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CASOS/SITUACIONES
DEMANDAS DE JUSTICIA PARA TODOS POR IGUAL EN COSTA DE MARFIL
LA SOCIEDAD CIVIL de Costa de Marfil tiene la esperanza de que una nueva estrategia distinta al esquema secuenciado de casos—procesar a una parte del conflicto antes que la otra—en la investigación de la CPI sobre la ola de violencia postelectoral que asoló al país entre 2010-11 logrará detener las acusaciones de justicia parcial.
Los tres casos presentados hasta la fecha para la situación de Costa de Marfil involucran al ex presidente Laurent Gbagbo, un joven ministro de su gobier-no, Charles Blé Goudé, y la ex primera dama Simone Gbagbo.
Los fiscales consideran que los tres participaron en la creación y ejecución de un “un plan común” para quedarse en el poder alentando ataques contra los defensores del rival de Gbagbo, el actual presidente Alassane Ouattara, durante las elecciones de 2010.
“Aunque los casos contra Laurent
Gbagbo y Charles Blé Goudé son cier-tamente bien recibidos, la investigación de la Corte sigue siendo vulnerable a acusaciones de parcialidad y de ejercer la justicia del vencedor", expresó Ali Ouatarra, presidente de la Coalición Marfileña por la CPI. “Aún no se ha ini-
ciado ningún caso en contra de ningún funcionario de alto rango o partidario del Presidente Ouattara, quien también ha sido implicado en la comisión de crí-menes durante la ola de violencia poste-lectoral por investigaciones marfileñas e internacionales”.
Laurent Gbagbo está actualmente bajo la custodia de la CPI y deberá ir a juicio en 2015 con cargos en su contra por críme-nes de lesa humanidad confirmados en junio de 2014.
Blé Goudé fue transferido desde Ghana a la Corte a principios de 2014. Tras la audiencia de confirmación de cargos realizada en octubre de 2014, está a la espera de una decisión que definirá si su caso debe ir a juicio.
La Fiscalía sostiene que Blé Goudé for-mó parte del círculo íntimo de Gbagbo y utilizó su influencia en la milicia de los Jóvenes Patriotas para cometer crí-menes de lesa humanidad, que incluyen asesinato, violación y otras formas de violencia sexual, persecución y otros actos inhumanos.
Simone Gbagbo, a su vez, enfrenta un juicio en Costa de Marfil y posee una or-den de arresto de la CPI aún pendiente.
La Sra. Gbagbo ha apelado la admisibili-dad de su caso ante la CPI.
“Con el fin de implementar su mandato con igualdad y asegurar que se haga jus-ticia post-conflicto en Costa de Marfil, la CPI debe comprometerse a procesar a los responsables de las atrocidades”, dijo Clément Capo-Chichi, el coordinador regional para África de la Coalición. “La necesidad de justicia de las víctimas en el país es enorme, por esto la Corte debe comunicar mejor el estado de sus inves-tigaciones y enjuiciamientos”.
La Fiscal de la CPI Fatou Bensouda ha destacado de forma continua la imparcialidad de su oficina y afirma que continúa investigando individuos de ambas partes del conflicto.
También ha destacado que las investiga-ciones secuenciadas y enfocadas están abriendo camino a un nuevo enfoque estratégico que implica investigaciones abiertas y en profundidad.
La sociedad civil de Costa de Marfil es-pera que este nuevo enfoque logre llevar a los máximos responsables de ambas facciones del conflicto ante la justicia. ³
Cientos de personas en una estación de autobuses en Costa de Marfil huyen de la creciente violencia postelectoral. Marzo 2011 © Alexis Adélé/IRIN
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CASES/SITUATIONS
LA MEMBRESÍA A LA CPI ES EL PRÓXIMO PASO PARA EL NUEVO GOBIERNO DE UCRANIA
TRAS LOS turbulentos eventos que asolaron a Ucrania este año, la sociedad civil está pidiendo al nuevo gobierno del país que aproveche lo hecho hasta el momento a favor de la lucha contra la impunidad y se convierta en miembro formal de la CPI.
Dos partidos pro-occidentales, el Frente Popular y el bloque Poroshenko, ganaron la mayoría de los escaños en las eleccio-nes parlamentarias del país de octubre de 2014. La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y el Center for Civil Liberties in Ukraine han pedido al nuevo parlamento que ejecute las reformas judiciales, asegure la rendición de cuentas por las violaciones masivas a los derechos humanos y extienda la jurisdicción de la CPI a través de la ratificación del Estatuto de Roma (ER).
“Los eventos de Ucrania del último año deben dejar en claro al nuevo gobierno que unirse a la CPI ayudará a reafirmar su compromiso con el Estado de derecho y el fin de la impuni-dad”, expresó Kirsten Meersschaert Duchens, coordinadora regional para Europa en la Coalición por la CPI. “Ser formal-mente miembro de la CPI es el único camino para asegurar que se lleve justicia a las víctimas de los crímenes más graves”.
Ucrania firmó el ER en el año 2000 pero aún debe ratificarlo. En 2001, se estableció que el ER era incompatible con la cons-titución del país. Sin embargo, en abril de este año, Ucrania aceptó formalmente la jurisdicción de la CPI sobre los pre-suntos crímenes cometidos durante las protestas “Maidan” en Kiev desde noviembre de 2013 a febrero de 2014, una decisión acogida por la sociedad civil. El Artículo 12(3) del ER permite a los Estados no-miembros como Ucrania aceptar la jurisdic-ción de la Corte.
Luego de esto, la Fiscal de la CPI inició un examen preliminar para establecer si es necesario iniciar una investigación formal.
La declaración vino de la mano de una resolución parlamenta-ria, adoptada en febrero de 2014, que reconoció la jurisdicción de la CPI para investigar y procesar los presuntos crímenes cometidos en Kiev durante las protestas anti-gobierno
Desde entonces, la sociedad civil y otros, entre ellos la pre-sidente de la Asamblea de los Estados Partes (AEP) Tiina Intelmann, han hecho presión para que Ucrania ratifique el ER. En julio de 2014, Ucrania fue nuevamente el país objetivo de la Campaña por la Justicia Global de la Coalición, que instó al gobierno ucraniano a tomar las medidas necesarias para convertirse en un miembro formal de la CPI. En septiembre de 2014, Parlamentarios para la Acción Global organizó una visita de parlamentarios de Ucrania a la CPI en La Haya y el mes siguiente la presidente Intelmann se reunió con funcionarios gubernamentales en Kiev.
“El próximo paso que debe dar Ucrania es garantizar su total compromiso con la CPI como un pilar del sistema de justicia internacional, asumiendo las reformas constitu-cionales necesarias para permitir la pronta ratificación del ER”, dijo Roman Romanov de la International Renaissance Foundation de Ucrania.
Ucrania debe aprovechar el momentum del voto parlamenta-rio y modificar su constitución lo antes posible para permitir su compatibilidad con el ER y lograr ser miembro de este mecanismo esencial de justicia. ³
Manifestaciones pro-UE en Maidan Nezalezhnosti, Kiev © 2013 Nwssa
Gnatoush/Wikimedia Commons
CASOS/SITUACIONES
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EL AÑO DE LA CPI EN NÚMEROS
El presidente de Kenia Uhuru Kenyatta se convirtió en el primer presidente en ejercicio en comparecer ante la Corte cuando asistió a una conferencia de estado sobre la cooperación entre el go-bierno de Kenia y los fiscales de la CPI.
Los jueces citaron a ocho testigos reacios a declarar en el juicio del vice-presidente de Kenia William Ruto y el presentador de radio Joshua Sang.
El líder militar congolés Germain Katanga fue sentenciado a 12 años de prisión tras ser condenado por crímenes de lesa humanidad y crí-menes de guerra.
CASOS/SITUACIONES
EXÁMENES PRELIMINARES DE LA CPI ¿Cómo funcionan?
Fase 1: Evaluación inicialTras recibir una comunicación sobre presuntos crímenes, la Fis-cal realiza una evaluación inicial con el fin de analizar y verificar la seriedad de la información reci-bida, filtrar la información sobre crímenes que no están dentro de la jurisdicción de la Corte e iden-tificar los que sí parecerían recaer dentro de su jurisdicción.
Fase 2: JurisdicciónÉste es el inicio formal del examen preliminar. Luego de recibir información, la Fiscalía debe decidir si posee jurisdicción sobre el presunto crimen. En esta instancia, se deben responder varias preguntas:
• ¿Cuándo se cometieron los presuntos crímenes? Generalmente, la CPI solo posee jurisdicción sobre los crímenes cometidos luego de que el Estado haya ratificado el Estatuto de Roma.
• ¿Son crímenes de la CPI? La CPI solo posee jurisdicción sobre crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.
• ¿Dónde fueron cometidos los crímenes y por quién? La CPI solo posee jurisdicción sobre presuntos críme-nes si estos:- fueron cometidos en el territorio de un Estado que se ha unido a la CPI ( jurisdicción territorial), o - si la persona que cometió los presuntos crímenes es un ciudadano de un Estado que se ha unido a la
CPI ( jurisdicción personal).
¿Qué situaciones? Actualmente Honduras, Comoras, Ucrania, Irak.
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EL AÑO DE LA CPI EN NÚMEROS
Tres casos fueron enviados a juicio—el caso del ex líder militar de la RDC Bosco Ntaganda, el del ex presidente de Costa de Marfil Laurent Gbagbo y el ex vice-presidente congolés Jean-Pierre Bemba y cuatro de sus socios.
Cinco individuos involucrados en el caso contra el ex vicepresidente de la RDC Jean-Pierre Bemba—un testigo de la defensa, dos del equipo de la defensa de Bemba, un MP congolés y el mismo Bemba—son sospechosos de haber presentado pruebas falsas y sobornar testigos en el juicio.
Después de un examen preliminar, la Fiscal de la CPI inició una segunda inves-tigación sobre la República Centroafrica-na en relación con los crímenes presun-tamente cometidos desde 2012, elevando el número total de investigaciones de la CPI a nueve.
Los exámenes preliminares son llevados a cabo por la Fiscalía de la CPI con el fin de determinar si existen motivos razonables para iniciar una investigación formal sobre presuntos crímenes graves cometidos por individuos en una situación determinada.
En cuatro fases, la Fiscal evalúa si la situación cumple con los criterios de jurisdicción y admisibilidad definidos en el Estatuto de Roma.
Fase 3: Admisibilidad¿Son ‘admisibles’ ante la Corte los posibles casos? La CPI se involucrará solo si el Estado en cuestión no está investigando o procesando a los sospechosos de haber cometido crímenes internacionales. Estas investigaciones y procesamientos deben ser genuinos.
La Fiscalía buscará también cualquier iniciativa de investigación de los máximos res-ponsables de los crímenes más serios que recaen bajo la jurisdicción de la Corte.
Finalmente, la Fiscal debe averiguar si el caso posee la suficiente gravedad para justificar las acciones futuras de la Corte. La evaluación de gravedad es tanto “cuanti-tativa como cualitativa” e incluye la evaluación de la escala, la naturaleza y la forma de comisión de los crímenes, así como su impacto.
¿Qué situaciones? Actualmente Afganistán, Colombia, Georgia, Guinea, Nigeria.
Fase 4: Intereses de la justicia¿La investigación es en interés de la justicia? Si todas las fases anteriores habilitan a la Fiscal a iniciar una investigación, la fase 4 brinda una ‘consideración compensatoria’ para que la Fiscal no proceda con una investigación. La Fiscal deberá abogar particularmente por los intereses de las víctimas y deberá determinar si es mejor para las mismas no iniciar una investigación.
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En las próximas páginas encontrará dos ejemplos de cómo funcionan los exámenes preliminares X
CASOS/SITUACIONES
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POR EL MOMENTO NO HABRÁ INVESTIGACIÓN SOBRE COREA – FISCAL DE LA CPI
Mapa del bombardeo de Yeonpyeong del 23 de noviembre de 2010. ©Wikimedia Commons
LOS DOS presuntos ataques realizados por Corea del Norte a objetivos militares de Corea del Sur en el Mar Amarillo en 2010 no cumplen con los requisitos necesarios para iniciar una investigación formal de la CPI, según anunció la Fiscal de la CPI en junio de este año.
La Fiscalía inició un examen preliminar sobre los dos inciden-tes luego de una denuncia presentada por Corea del Sur tras el hundimiento de su buque de guerra, el Cheonan, y el bombar-deo de la isla Yeonpyeong, que aloja instalaciones militares y una pequeña población civil.
La Fiscalía concluyó que el presunto ataque del Cheonan “fue dirigido a un objetivo militar legal y no cumple con la defini-ción de crimen de guerra” tal y como lo define el Estatuto de Roma (ER).
En relación con el bombardeo de la isla de Yeonpeong, la Fiscalía estableció que la información disponible “no provee fundamentos razonables para creer que el ataque fue dirigido intencionalmente en contra de los objetivos civiles ni que el impacto civil haya sido claramente excesivo en relación con la ventaja militar anticipada.”
Aunque Corea del Norte no es un Estado Parte al ER, Corea de Sur sí lo es y la CPI puede juzgar ofensas cometidas en el territorio—aviones o embarcaciones—de un Estado Parte más allá de la nacionalidad de sus perpetradores.
“Luego de un proceso independiente, imparcial y objetivo, la Fiscalía ha definido los motivos legales y factuales de la decisión de concluir el examen preliminar en la República de Corea”, expresó Amielle Del Rosario, coordinadora para Asia-Pacífico de la Coalición. “Debemos tener en cuenta que durante la fase preliminar, la Fiscalía no goza de poderes investigativos y no puede invocar la cooperación estatal. En cambio, considera información de diversas fuentes, emprende misiones sobre el terreno y consulta con las partes involucra-das—entre ellas, la sociedad civil. Sin embargo, no hay que olvidar que el gobierno de Corea del Norte no brindó informa-ción alguna a la Fiscalía para este examen preliminar”.
“La Fiscalía puede volver a iniciar un examen preliminar si se revela nueva evidencia o información, como fue el caso del examen preliminar de Irak que fue terminado en 2006 y reabierto en mayo de 2014”, continuó Del Rosario. ³
CASOS/SITUACIONES
LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU PIDE REMISIÓN A LA CPIA finales de 2014, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución para que el Conse-jo de Seguridad de la ONU remita la situación de Corea del Norte a la Fiscal de la CPI para su investigación. A principio de este año, una Comisión de Investigación de la ONU concluyó que se habían cometido, y que se siguen co-metiendo, numerosos crímenes de lesa huma-nidad que se desprenden de “políticas estable-cidas en el más alto nivel estatal”. El informe de la Comisión incluyó una recomendación para que se remita la situación a la CPI.
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BAJO LA LUPA: PRESUNTOS CRÍMENES DEL RU EN IRAKESTE AÑO, la Fiscal de la CPI inició un examen preliminar sobre crímenes de guerra presuntamente cometidos por las fuerzas armadas británicas en Irak entre 2003-08. Dos or-ganizaciones, el Centro Europeo por los Derechos Constitu-cionales y Humanos y Public Interest Lawyers, enviaron a la Corte pruebas de un presunto abuso sistemático a detenidos por parte de las fuerzas armadas del Reino Unido (RU).
Irak no se ha unido a la CPI ni ha aceptado su jurisdicción. Sin embargo, dado que el RU es un Estado Parte al Estatuto de Roma (ER), la Corte posee jurisdicción sobre los crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio que se cometan tanto en su territorio como por sus ciudadanos.
En 2006, el entonces fiscal de la Corte Luis Moreno-Ocampo decidió no iniciar una investigación formal sobre la situación de Irak luego de que el examen preliminar estableciera que los presuntos crímenes no eran serios ni lo suficientemente generalizados para cumplir con los requisi-tos de gravedad que establece el ER. Destacó, sin embargo, que la cuestión debía ser revisada en caso de surgir nuevas pruebas. El nuevo examen preliminar investigará si la nueva información provista cumple con el criterio del ER para justificar acciones en un futuro.
Dado que los Estados Partes a la CPI tienen la responsabili-dad primaria de juzgar a los perpetradores, la Fiscal también buscará cualquier investigación o procesamiento que se esté llevando a cabo en el RU o en cualquier otro lugar en relación con los presuntos crímenes. Un aspecto crucial del examen
preliminar es alentar al RU a investigar de manera genuina y posiblemente juzgar a los presuntos responsables. ³
Soldados británicos en marzo de 2003, durante la invasión de Irak. ©Wikimedia Commons
“Hasta que se haga justicia y esto se demuestre en todos los casos pendientes de abuso de detenidos, la CPI posee razones para investigar las acusaciones de abuso sistemático a detenidos por parte de las tropas del RU en Irak", dijo Carla Ferstman, directora de REDRESS,
organización miembro del Comité Ejecutivo de la Coalición. “La CPI posee jurisdicción cuando un país no es capaz o no tiene la intención de investigar o juzgar. Hasta la fecha, el RU no ha sido capaz de llevar a cabo procesamientos creíbles que reflejen la extensión y la gravedad de las acusaciones de abuso”.
CASOS/SITUACIONES
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Izq: Niño en un campo rebelde en la República Centroafricana ©Pierre Holtz |
UNICEF
Der: El Secretario General de la
ONU demuestra su apoyo a la
campaña "Niños- no soldados".
©UN Photo
CPI/AEP
A PESAR DEL creciente número de enjuiciamientos en la CPI y el lanzamiento de una nueva campaña de la ONU, el brutal crimen de utilizar niños como soldados se sigue llevando a cabo en conflictos armados de todo el mundo. Los gobiernos deben tomar medidas urgentes para llevar a los responsables ante la justicia.
Cientos de miles de niños de todo el mun-do—algunos incluso con 8 años—son forza-dos a desempeñarse como combatientes de primera línea. A principio de 2014, la ONU informó que más de 6.000 niños estarían involucrados en el conflicto de la República Centroafricana y, dado que el conflicto per-siste, el reclutamiento continúa. En Nigeria, los niños son reclutados forzosamente, ase-sinados, mutilados, violados y forzados al matrimonio. Boko Haram no solo ha abdu-cido niñas, como el conocido secuestro de las estudiantes de Chibok de abril de 2014, sino que también utiliza niños de 12 años en las hostilidades. La Comisión Internacional de Investigación Independiente sobre Siria informó en agosto de 2014 que las fuerzas del gobierno, los rebeldes y otros grupos como el Estado Islámico en Irak y Siria han reclutado, entrenado y utilizado niños para participar activamente en las hostilidades.
Esta práctica exacerba los devastadores da-ños que los conflictos armados ya infligen en los niños al forzarlos a cometer actos inima-ginables de violencia y robarles su inocencia y su futuro, así como el de sus comunidades.
A principio de este año, la representante especial del Secretario General sobre los niños y los conflictos armados de la ONU, Leila Zerrougui, y UNICEF lanzaron la Campaña “Niños, no soldados” que busca
poner fin al reclutamiento y el uso de niños soldados por fuerzas gubernamentales para fines de 2016. El plan cuenta con el respaldo de la Resolución 2143 del Consejo de Segu-ridad (2014).
Mientras tanto, más de 140 Estados han ratificado el Protocolo facultativo sobre la participación de los niños en conflictos ar-mados de la Convención sobre los Derechos del Niño, acordando asumir responsabili-dad en la prohibición del reclutamiento de niños menores de 18 en grupos armados y fuerzas gubernamentales y su directa parti-cipación en hostilidades.
Terminar con la impunidad en estos críme-nes es un paso importante que la comu-nidad internacional puede asumir para poner fin a estas horribles violaciones a los derechos humanos. De acuerdo al Esta-tuto de Roma, 122 Estados han acordado investigar y procesar individuos acusados de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, esto incluye el alista-miento y el reclutamiento de niños soldados menores de 15 años, así como su utilización para participar activamente en las hostili-dades. La CPI solo interviene como Corte de último recurso.
El uso de niños soldados ha estado entre los cargos de los primeros juicios de la CPI. En marzo de 2012, en su primer juicio y veredicto, los jueces de la CPI establecieron que el señor de guerra congolés Thomas Lubanga era culpable de alistar y reclutar niños menores de 15 años y utilizarlos acti-vamente en las hostilidades en la República Democrática del Congo (RDC) entre los años 2002-03. Él fue luego sentenciado a 14 años de prisión. Se han presentado cargos
NIÑOS, NO SOLDADOS
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CPI/AEP
similares en contra de otro líder rebel-de congolés que también enfrentará un juicio de la CPI, Bosco Ntaganda.
Sin embargo, el segundo juicio de la CPI determinó que el señor de guerra de la RDC, Germain Katanga, era culpable de un cargo por crímenes de lesa huma-nidad y cuatro cargos por crímenes de guerra, pero fue absuelto de los cargos relacionados con el uso de niños solda-dos. Aunque los jueces de la CPI deter-minaron que había niños en la milicia de Katanga y entre los combatientes, estos concluyeron que la evidencia presentada no probaba la responsabilidad del acusa-do en este crimen.
La Fiscal de la CPI Fatou Bensouda ha hecho de los crímenes en contra de los niños una prioridad absoluta. Para trabajar junto con la Unidad de Niños y Género de la Fiscalía, la Fiscal designó a Diane Marie Amann como asesora especial sobre niños en conflicto y afec-tados por los mismos, con el mandato de apoyar y asesorar las políticas de la Fiscalía y entrenar o crear conciencia sobre los niños. En 2015, Bensouda de-sarrollará una norma para priorizar los crímenes en contra de los niños pres-tándoles especial atención en todas las etapas de investigación de la Fiscalía.
Aunque el enjuiciamiento internacional del uso de niños soldados está llevando esperanzas a las zonas más vulnerables de todo el mundo, los Estados, que po-seen la responsabilidad primaria de pro-teger a los niños, deben hacer mucho más para poner fin a esta brutal práctica. ³
Los Estados aún deben hacer mucho más para poner fin a esta brutal práctica de utilizar niños como soldados, práctica que les roba su inocencia y futuro, tanto a ellos como a sus comunidades.
CPI/AEP
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LA COMUNIDAD internacional está despertando lentamente a la importan-cia del procesamiento de los responsa-bles de la violencia sexual en tiempos de guerra para poner fin a este continuo flagelo. Está claro que aún queda mucho trabajo por hacer.
La violencia sexual por motivos de género (VSG) es un arma de guerra generalizada—utilizada en conflictos de la República Centroafricana, República Democrática del Congo, Mali, Darfur y Siria, por nombrar algunos. Se usa para aterrorizar, degradar, castigar y hacer “limpiezas” étnicas. Las mujeres y las
niñas son sus principales víctimas; pero los hombres y los niños son también parte de esta realidad. Regularmente, los sobrevivientes son marginados y estig-matizados y tienen pocas posibilidades de ver a sus agresores en la justicia.
El Estatuto de Roma, adoptado en 1998, fue uno de los primeros tratados internacionales en incorporar de forma extensiva la VSG en conflictos como cri-men de lesa humanidad, de guerra y, en algunos casos, genocidio. Desafortuna-damente, ha habido muy pocos avances significativos al respecto, hasta ahora. En
los últimos dos años se le ha dado más visibilidad a la VSG en las agendas de justicia internacional, paz y seguridad.
En junio de 2013, el Consejo de Segu-ridad de la ONU (CSNU) adoptó de forma unánime la Resolución 2106, que reconoce la prioridad de poner fin a la impunidad para la prevención de la VSG en conflictos y alienta a los Estados a fortalecer la rendición de cuentas a nivel nacional. Unos meses antes, la Asamblea General de la ONU adoptó el histórico Tratado de Comercio de Armas, que declaró ilegal exportar armas a países o partes del mundo donde exista riesgo de que puedan utilizarse para matar mujeres, hombres y niños vulnerables a la violencia sexual. El mismo año, el G8 reconoció que la violación y la violencia sexual en conflictos armados repre-sentan infracciones a la Convención de Ginebra y deben ser consideradas crímenes de guerra.
En 2014, el CSNU realizó un debate abierto sobre la VSG con especial énfasis en la implementación y la consolida-ción de la Resolución 2106. Más allá de destacar la responsabilidad primaria nacional de los países de proteger a sus ciudadanos de la VSG y ofrecerles jus-ticia, muchos países también reiteraron su apoyo a la CPI como una herramienta para que el CSNU pueda asegurar la ren-
DESPERTANDO AL FLAGELO DE LA VIOLENCIA SEXUAL EN LOS CONFLICTOS ARMADOS
CPI/AEP
"La Cumbre fue una importante oportunidad para que quienes trabajamos en las áreas de conflicto tengamos acceso a los líderes políticos y legisladores. Raramente tenemos la oportunidad de hablar directamente con quienes realmente toman las decisiones y esperamos que ellos puedan tomar medidas para poner fin a la violencia sexual en los conflictos."—Claudine Bela Badeaza, directora del Centre d'éducation et de recherche pour les droits des femmes (CERDF) y punto focal, Women’s Initiatives for Gender Justice, Province Orientale, RDC
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dición de cuentas por la VSG. También se resaltó que no debe aplicar ninguna amnistía para estos crímenes como parte de ningún acuerdo de paz.
El pasado mes de junio, el Reino Unido recibió en Londres a la Cumbre Global para Poner Fin a la Violencia Sexual en Conflictos Armados, como parte de su Iniciativa para Prevenir la Violencia Sexual en Conflictos Armados que ha puesto la cuestión en el foco internacio-nal. El evento recibió un impresionante despliegue de víctimas y sobrevivien-tes, 129 gobiernos, 79 ministros, más de 1.700 expertos, líderes religiosos, organizaciones juveniles, representan-tes de la sociedad civil y tribunales in-ternacionales, así como premios Nobel. La cumbre, que contó con una atención significativa por parte de los medios nacionales e internacionales, puso el flagelo de la violación como herramien-ta de guerra bajo el ojo público de un modo nunca antes visto.
En la Cumbre se lanzó el Protocolo Internacional sobre la Documenta-ción e Investigación de la Violencia en Conflicto—que definió los estándares internacionales para la recolección de la mayor cantidad de información y pruebas posibles sin descuidar la protección de los testigos—con el fin de aumentar las condenas y disuadir a los futuros perpetradores.
Muchos miembros de la Coalición también estuvieron presentes: Am-nistía Internacional emitió una serie de recomendaciones instando a los líderes mundiales a aprovechar la oportunidad y tomar medidas legí-timas para poner fin a la violencia sexual, la ONG colombiana COALICO realizó un panel sobre violencia sexual
en contra de niños en Colombia y No Peace Without Justice (NPWJ) pidió medidas concretas para terminar con los crímenes. NPWJ también fue juez en el Hackathon para Terminar con la Violencia Sexual, en donde se desarro-llaron enfoques innovadores para usar la tecnología con el fin de promover la lucha contra la VSG en conflicto, entre muchos otros.
Desde el comienzo de su mandato, la Fiscal de la CPI Fatou Bensouda ha sido proactiva en el tratamiento de la justicia de género y priorizó la investigación y el enjuiciamiento de los crímenes de vio-lencia sexual y de género. Bensouda usó la Cumbre de Londres para publicitar su Documento de Políticas sobre Crímenes de Violencia Sexual y de Género lanzado recientemente por su oficina, el primero en su estilo para una corte o tribunal internacional, diseñado por su asesora especial de género, Brigid Inder.
A pesar de que existen señales alenta-doras de que la VSG relacionada con los conflictos está recibiendo finalmente la atención que merece, la sociedad civil seguirá trabajando para asegurar que la erradicación de la violencia sexual en los conflictos siga teniendo un lugar clave en la agenda internacional. Los compromisos asumidos en la ONU y en la Cumbre de Londres este año deben traducirse en acciones y rendición de cuentas. Los Estados deben brindar un mayor apoyo para encontrar las causas de la violencia de género, fortalecer las iniciativas para reparar a las víctimas y sobrevivientes y asegurar que las mu-jeres y las perspectivas de género sean siempre parte de la prevención y los procesos de paz. ³
Una imagen de mujeres y niños desplazados internamente en la mezquita más importante de Bangui, República Centroafricana, durante la visita del Secretario General Ban Ki-Moon en abril de 2014. ©UN Photo/Evan Schneider
"Dentro de un año ¿Veremos más enjuiciamientos por violencia sexual en conflictos armados? ¿Serán consultadas las necesidades de los sobrevivientes? ¿Recibirá cada soldado de los ejércitos nacionales el entrenamiento adecuado en cuestiones de género y violencia sexual? ¿Recibirán los sobrevivientes el apoyo médico y psicosocial que necesitan? La sociedad civil estará observando, esperando y pidiendo a los Estados que cumplan con las promesas asumidas en la Cumbre de Londres." —Stephanie Barbour, directora del Centro de Justicia Internacional de Amnistía Internacional
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“ÁFRICA HA SIDO UNA DE LAS MÁS BENEFICIADAS POR LA CPI”
ESTA ES una pregunta amplia. Co-mencemos con los logros. Como alta comisionada tuve la oportunidad de lidiar con toda clase de discriminación y violaciones de todo el mundo de manera imparcial, trabajando en la defensa de los derechos de los pueblos. Esto incluye el derecho al desarrollo de varios países en vías de desarrollo. Promovimos el reconocimiento de los derechos al ali-mento, el agua, la salud y exigimos el fin de la pobreza. Estoy orgullosa de haber podido ampliar el debate sobre los derechos humanos, particularmente a través de las redes sociales. Ahora podemos estar en contacto con las sociedades civiles de todo el mundo—un socio crucial en nuestra labor. También pudimos revivir algunos de-rechos bastante olvidados en la agenda de la ONU, como los que defienden a la comunidad lesbiana, gay, bisexual y transgénero—los que defendimos bajo el derecho a la no-violencia y la no-discri-minación—o la discriminación de castas en India, Nepal y otras comunidades indígenas. Aún queda mucho trabajo por hacer en estas áreas.
El establecimiento de la comisión de investigación también fue exi-toso a la hora de documentar viola-ciones serias a los derechos huma-nos. Por ejemplo, la investigación de Michael Kirby sobre Corea del Norte abrió el juego para una situación que había sido ignorada por 60 años. Sobre las decepciones, una de las prin-cipales es seguramente la incapacidad de la comunidad internacional de tomar medidas colectivas para prevenir las violaciones a los derechos humanos. En cinco oportunidades intenté en vano que el Consejo de Seguridad de la ONU remitiera el caso de Siria a la CPI para su investigación. También es de notar que a pesar de que los derechos humanos representan uno de los tres pilares de la ONU, aún no cuentan con un financiamiento decente. Solo un 3% del presupuesto total de la ONU es destinado a los derechos humanos. Esto ocurre puntualmente en un momento en el cual existe una alta demanda de asistencia por parte de los gobiernos y de la sociedad civil. Hemos visto en varias ocasiones que el modo de prevenir conflictos y crímenes serios es dar curso a las primeras advertencias, que generalmente son cuestiones de derechos humanos.
Hace veinte años, no existía ningún sistema permanente de justicia penal internacional. Innumerables crímenes graves fueron cometidos particularmen-te por aquellos que ostentan el poder sin consecuencia alguna. Los responsables buscados siempre fueron acogidos en otros países. Partiendo de este escenario, es casi milagroso que hoy contemos con la CPI, un gran logro de la comunidad internacional. La demanda de justicia existe realmente. Mientras la mayoría de los gobiernos prefieren la ruta de la amnistía, todas las víctimas quieren justicia y rendición de cuentas. Ahora sabemos que los conflic-tos pueden volver a surgir cuando no se hace justicia. No puedo decir cuantos cientos de personas me han dicho cuán-to tiempo han esperado justicia. La CPI es ahora conocida en todo el mundo—y en todo el mundo quieren investigacio-nes en sus propios países. Pero debemos recordar que las poblaciones locales deben ser consultadas sobre la clase de justicia que quieren. Los primeros tribunales ad hoc hicieron de la justicia internacional una realidad al complementar los crímenes y la jurisdic-
¿Cuáles son los mayores logros y decepciones de su mandato como alta comisionada para los derechos humanos de la ONU?
¿Cuánto y de qué forma el movimiento de la justicia internacional ha cambiado el escenario de los derechos humanos en los últimos 20 años?
CPI/AEP
ENTREVISTA CON NAVI PILLAY
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ción. Como jueza del tribunal de Ruanda, estoy muy satisfecha de haber contri-buido a convertir esta idea en realidad. Es maravilloso cómo la CPI ha marcado un nuevo precedente para los Estados al definir los derechos de las víctimas a participar en los procedimientos y recibir reparaciones, algo en lo que pude contri-buir de cerca durante mi periodo como jueza de apelaciones de la CPI.
Muchos me han preguntado si los dere-chos humanos siguen siendo relevantes teniendo en cuenta la incapacidad de resolver los conflictos en lugares como Siria, la República Centroafricana, Sudán del Sur y Ucrania. Solo en Siria, el último número de muertos asciende a 192.000. A pesar de todo esto, sí son relevantes. Más allá de seis o siete países, el mundo está cumpliendo con el marco interna-cional para el respeto, la promoción y protección de los derechos humanos.
Vemos problemas cada vez mayores con varios movimientos rebeldes armados, contra los cuales regularmente los gobiernos parecen ostentar poco poder
para actuar. Existen también grandes ex-pectativas sobre el Consejo de Seguridad de la ONU, aunque aún no cuenta con un mecanismo de ejecución y posee un área de acción muy limitada.
Me preocupan también las declaraciones realizadas en la Unión Africana (UA) que afirman que la CPI apunta especialmente a los Estados africanos. África es el con-
tinente que más se ha be-neficiado con la existencia de la CPI. Ellos invitaron a la CPI a intervenir porque los gobiernos africanos no fueron capaces de investi-gar y procesar los críme-nes más graves. Siete de las nueve investigaciones de la CPI comenzaron por invitación de gobiernos africanos. Las dos que no—Libia y Darfur—fue-
ron remitidas por el Consejo de Seguri-dad de la ONU. La CPI está ayudando a África en este momento de necesidad. Si la CPI no estuviera allí, no se prestaría atención a estas cuestiones.
En relación con la adopción de las resoluciones de la UA para proteger la inmunidad de los líderes de Estado, están claramente en contravención con el derecho internacional, el ER y con numerosas constituciones nacionales.
Estos desarrollos amenazaron con soca-var la lucha contra la impunidad y la in-tegridad del ER al que ya se han suscrito 122 Estados—incluyendo a la mayoría de los Estados africanos. Sin embargo,
cuento con declaraciones de varios gobiernos africanos, entre ellos varios miembros de la UA, donde reiteran su compromiso con el fin de la impunidad que me dan esperanza. Debemos escu-char más de estas voces.
Para decirlo de forma simple, todos los Estados miembros de la ONU deben ratificar el ER, esto es vital para la cre-dibilidad de la CPI y la justicia interna-cional. Muchos Estados firmaron el ER pero no tantos lo han ratificado y allí residen las brechas, como en Asia. Los tres grandes poderes—Estados Unidos, Rusia y China—deben también hacerse miembros eventualmente. Todos los Estados deben respaldar tanto el principio de no impunidad por los crímenes más serios como el que afirma que nadie está más allá del Estado de derecho. Estos ya son parte del marco de la ONU, así que deben ser parte de su trabajo. Si la ONU no apoya comple-tamente a la CPI, estaría faltando a su propia misión: prevenir los conflictos y salvar vidas. ³
¿Cuáles considera que son los principales desafíos para los derechos humanos y la justicia internacional en los próximos 20 años?
A pesar de su reciente renuncia como alta comisionada para los derechos humanos, Navi Pillay ha pasado los últimos seis años pidiendo a los gobiernos que respeten sus obligaciones de derechos humanos—el último cargo de una carrera que la ha visto desempeñarse como jueza de la corte suprema de Sudáfrica, el tribunal internacional para Ruanda y la CPI en La Haya.
En esta entrevista, Pillay explica porqué cree que África se ha visto beneficiada por las intervenciones de la CPI, que nadie debe ser inmune de ser procesado por los crímenes más graves que siguen asolando al mundo y que todos los Estados miembros de la ONU deben ratificar el Estatuto de Roma.
¿Cómo puede el sistema de la ONU servir mejor a los intereses de la justicia?
CPI/AEP
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CPI/AEP
TODO LO QUE NECESITA SABER SOBRE LAS ELECCIONES JUDICIALES DE LA CPI
La Campaña de la Coalición sobre las elecciones de la CPI promueve la nominación y elección de los oficiales mejor cualificados a través de procesos justos, transparentes y basados en los méritos.
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NO AL VETO A LA JUSTICIA
EL FALLIDO intento por llevar la justicia internacional a Siria ha impulsado demandas para reformar el poder de veto de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU cuando se traten atrocidades masivas.
Bajo el Estatuto de Roma, el Consejo de Seguridad tiene el poder de remitir situaciones para su investigación por parte de la Fiscal de la CPI, sin importar si son o no miembros de la Corte. Hasta el momento, el Consejo de Seguridad ha remiti-do a la Corte solo la situación de Darfur (Sudán) en 2005 y la de Libia en 2011 a pesar de las conocidas violaciones masivas a los derechos humanos registradas en numerosos lugares de todo el mundo.
Cada uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad (China, Francia, Rusia, el Reino Unido y Estados Unidos) puede vetar cualquier resolución que se les presente, beneficio que regularmente es utilizado para proteger sus intereses y los de sus aliados.
Por más de tres años, el mundo ha observado cómo la situación de Siria se ha convertido en caos y catástrofe humanitaria. Existen pruebas fehacientes de que en el país aún se cometen crímenes de guerra y lesa humanidad impunemente. En mayo de 2014, a pesar del apoyo de más de 60 Estados miembros de la ONU y cientos de grupos de la sociedad civil, Rusia y China vetaron la resolución para remitir las atrocidades generaliza-das de Siria a la CPI—la primera vez que falló una resolución de remisión.
Esta selectividad política en relación con la rendición de cuen-tas de los miembros del Consejo de Seguridad resulta en un acceso desigual a la justicia para las víctimas de los crímenes más graves a nivel global y socaba la credibilidad tanto del Consejo como de la CPI. Para modificar esto, han surgido dos iniciativas. La primera es la iniciativa Rendición de Cuentas, Coherencia y Transparencia (ACT, por sus siglas en inglés) a través de la cual 23 Estados buscan reformar los métodos de trabajo generales del Consejo de Seguridad. La idea de invitar
Campo Zaatari de refugiados sirios en Jordania. © Departamento de Estados de EE.UU.
MÁS X
ONU/CPI
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W CONTINUA
a los miembros permanentes a abstenerse de utilizar el veto en ciertas situaciones relacionadas con los crímenes de la CPI está siendo discutida como parte de la ACT, aunque no se ha llegado a ningún acuerdo. La ACT aprovecha iniciativas propuestas anteriormente por un grupo de cinco “peque-ños” Estados: Costa Rica, Jordania, Liechtenstein, Singapur y Suiza. La segunda—liderada por Francia—busca establecer un código de conducta que también intenta que los miembros permanentes del Consejo se abstengan de utilizar su veto para bloquear acciones relacionadas con la resolución de atrocida-des masivas.
Convencer a los poderosos miembros del Consejo y a sus intrin-cados intereses políticos de abstenerse de utilizar su poder de veto es una batalla difícil. Sin embargo, el reciente intento para remitir el caso de Siria a la CPI ha demostrado que éste es un momento cada vez más oportuno para la rendición de cuentas por los crímenes más graves. Para lograr esto en situaciones donde la CPI no posee jurisdicción se requiere una despolitiza-ción urgente del proceso de toma de decisiones del Consejo de Seguridad. La pregunta ahora es durante cuánto tiempo pueden seguir resistiéndose los miembros permanentes con poder de veto a sabiendas de que existe cada vez más presión pública en pos de la justicia. ³
ONU/CPI
El secretario General adjunto Jan Eliasson (imagen) habla en el
Consejo de Seguridad de la ONU en representación del Secretario General
durante la votación para remitir la situación de Siria. Declaró,
“Si los miembros del Consejo siguen sin llegar
a un acuerdo sobre una medida para hacer justicia por los actuales crímenes [en Siria], la credibilidad
de este organismo y de la organización entera seguirá
sufriendo”. ©UN Photo/Evan Schneider
¿PUEDE EL CONSEJO DE SEGURIDAD SER CONSISTENTE CON LA JUSTICIA?Por el Día de la Justicia Internacional 2014, la Coalición organizó una discusión online sobre la justicia para Siria, la relación del Con-sejo de Seguridad de la ONU con la CPI y el registro de la rendición de cuentas por atrocidades masivas de los cinco miembros perma-nentes de Consejo.
Entre los panelistas:
-ticia Transicional;
-nal de Human Rights Watch; y el
de Liechtenstein ante la ONU.
Mire la discusión en nuestro canal de YouTube
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LA FALLIDA REMISIÓN DE SIRIA A LA CPI OFRECE UNA JUSTICIA DESIGUALEn mayo de 2014, la Coalición escribió a todos los Estados miembros de la ONU para comunicarles su preocupación sobre varias disposicio-nes de la fallida resolución que buscaba remitir la situación de Siria a la CPI, disposiciones que hubieran socavado la capacidad de la Fiscal para investigar de manera imparcial.
La primera disposición eximía a los ciudadanos de Estados no-miem-bros a la CPI de la jurisdicción de la Corte en Siria. La Coalición destacó que esta disposición socava la igualdad ante la ley y a la CPI junto con ella. También criticó la falta de financiamiento de cualquier investiga-ción que surja de una remisión ya que, de aprobarse la resolución, los Estados Partes a la CPI habrían estado a cargo de la cuenta. Finalmen-te, la carta criticó la ausencia de una obligación específica para que todos los Estados miembros a la ONU cooperen con la Corte y la iden-tificó como un elemento crucial para que la CPI logre investigaciones y enjuiciamientos exitosos.
Estas tres disposiciones también fueron incluidas en las remisiones del Consejo de Seguridad para Darfur (2005) y Libia (2011). Las futuras resoluciones deben excluir estos obstáculos para lograr una justicia accesible a todos por igual.
5 recomendaciones para los 5 miembros permanentes
traten atrocidades masivas
cooperación, como el arresto de sos-pechosos
correctamente financiadas
Estados no partes a la CPI de su juris-dicción en las remisiones
-miso y un diálogo constructivo con la Corte
ONU/CPI
LOS ESTADOS latinoamericanos, promotores de larga data de la lucha contra la impunidad, están utilizando cada vez más el Consejo de Seguridad de la ONU (CSNU) para promover la justicia internacional.
Tras el veto al proyecto de resolución del CSNU para remitir el caso de Siria a la CPI de este año, Chile y Costa Rica se unieron a muchos otros para pedir a los miembros permanentes del Con-sejo que se abstengan de utilizar su poder de veto en asuntos relacionados con crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.
Argentina también habló enérgicamente a favor de la integridad del Estatuto de Roma (ER) luego de la votación sobre Siria. A pesar de estar a favor de la remisión, hizo hincapié en sus preocupaciones sobre ciertas disposiciones que podrían socavar el ER y consolidar un sistema
de justicia desigual y selectiva. En una confe-rencia de junio de 2013, Argentina había expre-sado su preocupación por dichas disposiciones en una presentación de la Fiscal de la CPI.
Guatemala también utilizó su membresía al CSNU para promover la justicia internacional. En octubre de 2012, mientras ejercía la presiden-cia del Consejo, organizó un debate abierto sobre el Estado de derecho y la paz y la justicia, con especial énfasis en el papel de la CPI. Ésta fue la primera vez que el Consejo abordó la respon-sabilidad internacional por delitos graves de tal manera. A la vez, en un diálogo interactivo entre el Consejo y la Fiscal de la CPI en mayo de 2013, solicitado por Guatemala, se subrayó la necesi-dad de una mayor cooperación entre ambos.
Cuando ejerció la presidencia en octubre de 2014, uno de los debates abiertos organiza-
dos por Argentina se centró en los métodos de trabajo del Consejo y su relación con la Corte. En agosto de 2013, Argentina también celebró un debate abierto de alto nivel sobre la cooperación entre la ONU y las organizaciones regionales y subregionales en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Los par-ticipantes destacaron que dichos organismos tienen un papel importante que desempeñar en la promoción de la justicia mediante la coope-ración con los mecanismos internacionales de rendición de cuentas, los tribunales y las Cortes, como la CPI.
Con la visión clara de que el CSNU debe mejorar su relación con la justicia y la rendición de cuentas, las fuertes voces de los Estados Partes a la CPI como Argentina, Chile, Costa Rica y Guatemala se vuelven muy necesarias. Muchos deberían seguir su ejemplo. ³
APOYO LATINOAMERICANO A LA CPI EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD
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El príncipe Zeid ha sido un ávido defensor de la lucha contra la impunidad y figura clave en la gestación de la CPI. Su elección como Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU impulsará inevitablemente el avance de la justicia internacional.
RENDICIÓN DE CUENTAS, PRIORIDAD EN LA AGENDA DEL NUEVO JEFE DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU CONFIRMADO de forma unánime como el nuevo jefe de de-rechos humanos de la ONU, el príncipe de Jordania Zeid Ra’ad Zeid Al-Hussein posee una estrecha relación con la rendición de cuentas por los crímenes más graves.
El príncipe Zeid ha sido un ávido defensor de la lucha contra la impunidad y figura clave en la gestación de la CPI. Su elección como Alto Comisionado para los derechos humanos de la ONU impulsará inevitablemente el avance de la justicia internacional. El representante de Jordania ante la ONU con 50 años de edad ocupará el cargo desempeñado por la alta co-misionada Navi Pillay, cuyo apoyo a la justicia internacional y a la CPI durante su gestión ha sido notable. El príncipe Zeid es también miembro de la Junta Consultiva de la Coalición—un grupo de líderes globales que apoyan la justicia internacional y representan una guía estratégica para la Coalición.
Figura clave en el establecimiento de la CPIDesde la entrada en vigor del Estatuto de Roma (ER) en el año 2002 hasta el año 2005, el príncipe Zeid sirvió como el primer presidente de la Asamblea de los Estados Partes (AEP)—un organismo administrativo que supervisa la Corte, considera y vota las enmiendas al Estatuto y decide sobre el presupuesto de la CPI, entre otras funciones.
Su liderazgo, junto con la campaña de la Coalición por la ratifi-cación universal del ER, contribuyó al importante crecimiento de la membresía de la Corte en sus primeros años. El mandato del príncipe Zeid como presidente de la AEP también fue tes-
tigo de los primeros procedimientos judiciales de la CPI.
El príncipe Zeid continuó desempeñando un importante rol en el sistema del ER. Luego de su paso por la AEP, tomó el liderazgo del Grupo de Trabajo sobre el Crimen de Agresión en la Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma en Kam-pala, Uganda, en el año 2010. El trabajo preliminar del Grupo posibilitó la adopción del crimen de agresión por parte de los Estados Partes en la conferencia.
Bajo su liderazgo, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos podrá continuar ocupando un papel clave en el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos. ³
Zeid Ra’ad Al-Hussein, recientemente designado como alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, en su primera conferencia de prensa en Ginebra. ©UN Photo/Jean-Marc Ferré
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EL ARTE COMO AGENTE DE CAMBIOEN UN ESFUERZO por utilizar el poder transformador del arte, la Coalición ha lanzado una Iniciativa Artística para enriquecer el diálogo global sobre justi-cia internacional.
El primer artista residente y coordinador de la Iniciativa Artística de la Coalición, Bradley McCallum, basado en Brooklyn, reunirá a la comunidad artística para presen-tar sus innovadores trabajos relacionados con la CPI y la lucha contra la impunidad.
La Iniciativa se lanzó en marzo con una proyección especial de The Enclave, una instalación multimedia sobre el conflicto de la República Democrática del Congo del premiado artista irlandés Richard Mosse. Realizada con película infrarroja discon-tinuada, The Enclave es una elegía evocadora de una hermosísima tierra tocada por una tragedia inexplicable.
McCallum está actualmente produciendo un retrato colectivo compuesto por fotogra-fías, testimonios y pinturas titulado “Pesos y medidas: Retratos de la Justicia”. También está curando una exhibición, “Post Conflicto", que incluye trabajos de reconocidos artis-tas como Ai Weiwei, Jenny Holzer, Richard Mosse, Pieter Hugo y Alfredo Jaar.
Las imágenes son cortesía de Richard Mosse y la galería Jack Shainman.³
"Durante mi trabajo en el este del Congo, quedé desconcertado por los problemas inherentes a representar este cancerígeno ciclo de guerra en el cual ya murieron 5,4 millones de personas desde 1998, pero aún no logra ser titular en las noticias, probablemente por su profunda complejidad. Quiero comprometerme con los problemas que ha tenido este ignorado desastre humanitario al ser documentado y comunicado, exponer literalmente el conflicto a una nueva luz, encontrar nuevas y quizás más efectivas maneras de crear conciencia sobre la situación. Por esto, el proyecto se basa en la percepción en sí misma, utiliza una película de vigilancia que registra un espectro invisible de luz para revelar una tragedia opaca y en algunos casos invisible" —Richard Mosse
Lost Fun Zone, Kivu del norte, Congo oriental. El campo de DI Kanyaruchinya, Kivu del norte, fue el hogar de al menos 60 mil personas que habían abandonado el sur por el Territorio Rutshuru para escapar de los rebeldes M23. Imagen, cortesía del artista y de la galería Jack Shainman. © Richard Mosse 2012.
INICIATIVAS DE LA COALICIÓN
Tombstone Blues, Kivu del norte, Congo oriental, campo de DI
Kanyaruchinya. Imagen cortesía del artista y de la galería Jack Shainman.
© Richard Mosse 2012.
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REGIONAL ÁFRICA
LA JUSTICIA AÚN IMPORTA EN ÁFRICA
A PESAR de la imponente retórica anti CPI de algunos líderes africanos, aún existen muchos defensores del sistema de justicia internacional del Estatuto de Roma (ER) en todo el continente—nin-guno más comprometido que el ministro de Justicia de Senegal, quien ha sido designado como el nuevo presidente del órgano administrativo de la CPI, la Asamblea de los Estados Partes (AEP).
La sociedad civil sigue pidiendo justiciaA pesar de enfrentar amenazas e intimi-daciones a su independencia, los grupos de la sociedad civil de varios Estados de África siguen trabajando para promover la rendición de cuentas por los crímenes más graves y llevar justicia a las víctimas de incontables atrocidades.
La sociedad civil africana ha expresado su descontento por los pedidos para que Kenia y otros Estados africanos miembros de la CPI abandonen la Corte. En cambio, pide un mayor compromiso y cooperación del mayor grupo regional de la CPI conformado por 34 Estados Partes para transformar el sistema del ER en un verdadero mecanismo para la rendición de cuentas.
“La sociedad civil de Kenia ha permane-cido inalterable y ha llevado a cabo una desafiante campaña anti-impunidad a nivel nacional e internacional para pedir justicia para las víctimas con el respaldo de importante evidencia”, expresó Njon-jo Mue, asesor de programa en Kenyans for Peace with Truth and Justice. “Esto también generó que las iniciativas de la sociedad civil africana se opongan a la agenda anti-CPI de la UA”.
Muchas ONG se han sumado al pedido para alentar a los gobiernos a cumplir con sus obligaciones de investigar y procesar los crímenes más graves a nivel nacional. En febrero de 2014, la visita del presidente sudanés Omar Al-Bashir a la República Democrática del Congo (RDC) por una cumbre regional provocó una indignación generalizada. Noventa organizaciones de la sociedad civil congolesa se sumaron a los pedidos para que las autoridades de la RDC cumplan con las obligaciones expresadas en el ER de arrestar a los sospechosos de la CPI como Al-Bashir. El presidente sudanés habría abandonado la cumbre antes de tiempo, al igual que cuando visitó Nigeria en 2013 luego de la que la Coalición Nigeriana por la CPI pidiera a la corte su-prema una orden para su arresto. Al mismo tiempo, la sección keniata de la Comisión Internacional de Juristas se unió a Phy-sicians for Human Rights y a la Coalition on Violence against Women para ayudar a ocho víctimas de violencia sexual de la ola de violencia postelectoral de Kenia a elevar su demanda de justicia al gobierno.
ONG de países como Benín, Costa de Marfil, Camerún, la RDC y Uganda también realizaron actividades en torno al Día de la Justicia Internacional en julio a través de talleres y conferencias para crear conciencia sobre las atrocidades masivas y elevando pedidos para que los Estados se unan a la CPI. Parlamentarios para la Acción Global también organizó un encuentro de MP de Uganda y la RDC para reunir intención política con el fin de promover el ER.
Esperanzas por el ingreso de Sidiki KabaEn octubre de este año, el ministro Si-diki Kaba, un gran defensor de la lucha contra la impunidad, fue electo como candidato por consenso para ocupar la influyente posición de presidente de la AEP, con el apoyo de 34 Estados miembros a la CPI africanos—un avance acogido por la Coalición como un punto de giro en el debate África-CPI.
“La FIDH acoge la designación de Sidiki Kaba, su honorario presidente, como presidente de la AEP. Su reconocido compromiso con una CPI efectiva y con la protección de la integridad del ER lo ayudará a lograr los grandes desafíos que deberá enfrentar”, dijo Karim Lahidji, presidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos. “La presidencia de Kaba debe ayudar a preservar el rol central de las víctimas en los procedimien-tos de la CPI. Como el primer presidente africano de la AEP, Sidiki Kaba tendrá un papel central en el desarrollo de las relaciones entre África y la CPI.”
"Kaba es un histórico promotor de la lu-cha contra la impunidad y su clara visión del papel de la justicia internacional a la hora de reparar a las víctimas y promover la paz será una mano firme en el timón de la Asamblea en los próximos cuatro años”, dijo Emma Bonino, fundadora de No Peace Without Justice.
La sociedad civil continua luchando incansablemente contra la impunidad para apoyar a quienes merecen justicia. Ahora espera que el próximo presidente de la AEP aproveche todo lo bueno de la relación entre África y la CPI para que la atención pueda regresar a lo que realmente importa: llevar a los culpables ante la justicia y llevar justicia a las vícti-mas donde quiera que estén. ³
Sidiki Kaba se dirige a los presentes en una sesión anterior de la Asamblea de los Estados Partes. ©CPI-AEP
EL CASO DE HABRÉ ES UN HITO PARA LA JUSTICIA AFRICANA141 grupos de derechos humanos de África han acogido el establecimiento de una corte especial de Senegal y la Unión Africana para juzgar al ex presidente de Chad Hissène Habré por presuntos crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
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REGIONAL AMÉRICAS
LOS NEGOCIADORES del gobier-no colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han tomado la importante decisión de incluir a las víctimas en las conversacio-nes que podrían poner fin al conflicto que asola al país hace décadas—una decisión que aumenta la posibilidad de que cualquier acuerdo de paz eventual incluya medidas de rendición de cuentas centradas en las víctimas.
Las negociaciones, iniciadas en octubre 2012, se vienen llevando a cabo en La Ha-bana, Cuba, e incluyen seis puntos dentro de la agenda: (i) Política de Desarrollo Agrario Integral; (ii) Participación Política; (iii) Drogas ilícitas; (iv) Víctimas; (v) Fin del conflicto; (vi) Implementación, verifi-cación y refrendación de los acuerdos.
Cinco delegaciones de víctimas están viajando a La Habana, Cuba, para participar en las negociaciones. Se han realizado en toda Colombia una serie de foros regionales para la participación de las víctimas establecidos a pedido de las partes, junto con varias Mesas Regiona-les de Paz organizadas por el Parlamen-to Colombiano. Se ha logrado presentar a las partes numerosas propuestas concretas como consecuencia de estos puntos de intercambio.
Al reconocer la importancia de las con-tribuciones de las víctimas al proceso de paz, los negociadores han asegurado que las voces de las mismas sean escuchadas en las cuestiones que más les compe-ten. Entre ellas, el reconocimiento del derecho a la verdad, la justicia y las reparaciones para las casi seis millones de víctimas del conflicto.
Principios de las víctimasLa participación de las víctimas ha es-tado guiada por una serie de principios contenidos en la Declaración de Princi-pios de las Víctimas, adoptada en junio 2014 por las partes negociadoras.
Ésta estipula que la discusión del punto
sobre víctimas deberá resultar en el reconocimiento de las víctimas y las satisfacción de sus derechos, el recono-cimiento de la responsabilidad de los perpetradores, el esclarecimiento de la verdad, las garantías de no repetición, los derechos de participación y repara-ción de las víctimas, entre otros.
¿Quiénes son las víctimas?Las víctimas no tienen una sola cara en Colombia: están conformadas por grupos de mujeres, defensores de derechos humanos, personas desaparecidas y sus fa-miliares, desplazados, sindicalistas, niños y niñas, entre otros. Los crímenes sufridos por estas víctimas fueron presuntamen-te cometidos por diversos actores en el transcurso de los 50 años del conflicto.
Si bien, a la fecha se ha avanzado princi-palmente en la investigación y judiciali-zación de crímenes cometidos por grupos armados ilegales, varias organizaciones de víctimas han exigido al gobierno ma-yores acciones en torno a la investigación de crímenes presuntamente cometidos por fuerzas del gobierno y grupos para-militares alineados con el gobierno.
Hacer justiciaLa justicia y la rendión de cuentas son las cuestiones más decisivas a ser discutidas en las conversaciones de paz.
Se han ofrecido diferentes propuestas y enfoques, como la inclusión de penas al-ternativas (sentencias no-tradicionales) y la priorización de casos. Aún se debe llegar a un acuerdo al respecto.
Estas decisiones finalmente deberán abordar las distintas expectativas de las víctimas y al mismo tiempo sembrar un camino hacia la reconciliación, sin dejar espacios de impunidad por los crímenes de mayor gravedad. Sin duda, un gran desafío por delante. ³
COLOMBIA: LAS VOCES DE LAS VÍCTIMAS EN LAS CONVERSACIONES DE PAZ
“Teniendo en cuenta las actuales negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las guerrillas, la Comisión Colombiana de Juristas insta a las autoridades colombianas a apoyar genuinamente el sistema de justicia internacional expresado en el Estatuto de Roma, asumir una postura firme en la lucha contra la impunidad y rechazar cualquier medida que se interponga en el camino de la justicia”. —Gustavo Gallon, director de la Comisión Colombiana de Juristas
Un centro de día para los hijos de las madres viudas desplazadas internamente en Turbo, Colombia. Crédito:UN Photo/Mark Garten
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¿LOS PRINCIPIOS DE LA ASEAN SON REALMENTE INCOMPATIBLES CON EL ESTATUTO DE ROMA? REGULARMENTE, los Estados del sudeste asiático invocan los principios de no-interferencia y soberanía del Estado para explicar porqué no se unen a la CPI. Un análisis más profundo expone este argumento como una herramienta para enmasca-rar una renuencia a la rendición de cuentas por crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio.
Dada la profunda relación de la región con el colonialismo y las intervenciones extranjeras, muchos miembros de la Aso-ciación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) consideran la no-interferencia en los asuntos nacionales como la base de las relaciones interestatales. Por su poder para iniciar inves-tigaciones, siempre y cuando el gobierno nacional no pueda o no tenga la intención de hacerlo, se cree que la CPI socaba dicho principio al infringir la soberanía e intervenir en lo que se consideran cuestiones puramente internas. Debido en parte a este enfoque, solo dos de los 10 Estados miembros de la ASEAN, Camboya y Filipinas, son miembros de la CPI.
La soberanía absoluta es de hecho un concepto antiguo que no refleja la realidad de la región, especialmente teniendo en cuenta que los miembros de la ASEAN están obligados a someterse al disputado mecanismo de solución de la Orga-nización Mundial de Comercio y en algunos casos a la Corte Internacional de Justicia, cuando ambos implican concesiones a la soberanía estatal.
Los Estados miembros de la ASEAN también están obligados por el derecho humanitario internacional a prohibir y preve-nir la mayoría de los crímenes de la CPI. Al mismo tiempo, los principios del Estatuto de Roma (ER) se superponen con las normas del derecho humano internacional, normas ya acep-tadas por los Estados de la región. Los Estados de la ASEAN ya se rigen por muchos principios del ER y esto se refleja en la posición oficial de la ASEAN que afirma que la CPI es “un desarrollo positivo en la lucha contra la impunidad por críme-nes de guerra, de lesa humanidad y genocidio.” El argumento de no-interferencia se vuelve insostenible: sus partidarios concuerdan ampliamente con el contenido del tratado, pero no tienen la intención de ponerlo en práctica.
Con sistemas legales bien desarrollados y grandes oportu-nidades de cooperar con la Corte, los Estados de la ASEAN tienen pocas posibilidades de ser considerados incapaces de investigar y procesar los crímenes de la CPI. Es probable que los Estados que apoyan el enfoque de la no-interferencia estén más preocupados de ser acusados por no tener la intención de juzgar y en consecuencia quedar sujetos a la jurisdicción de la CPI.
Cuando los Estados de la ASEAN dicen que se oponen a la CPI porque infringe principios básicos como la no-interferencia, lo que realmente expresan es que no son capaces de asegurar que todos los responsables de crímenes de guerra, lesa humanidad
y genocidio sean llevados ante la justicia. La gente del sudeste asiático merece algo mejor. Merece justicia. ³
“En 2011, Malasia anunció su intención de adherir al ER y no ha pasado mucho desde entonces. Desde 2006, nuestros miembros han promovido la adhesión a través de foros, seminarios, información y llamando públi-camente a la acción. La Presidencia de la CPI ha impulsado estos esfuerzos a través de numerosos encuentros con funcionarios clave. Estos han respondido extendiendo plazos e invocando argumentos de soberanía y compatibilidad legal. Pero estas cuestiones no tienen ningún peso. El principio de com-plementariedad tantas veces invocado como una infracción a la soberanía busca justamente lo contrario: garantizar que la CPI sea una corte de último recurso. La adhesión al ER de numerosas monarquías constitucionales y países predominantemente musulmanes demuestra que las cuestiones le-gales relacionadas con la complementariedad con la ley islámica y la posición del gobernan-te supremo constitucional pueden ser supera-das con intención política.”
—Evelyn Balais-Serrano, directora ejecutiva de FORUM y excoordinadora regional para Asia-Pacífico de la Coalición
Evelyn Balais-Serrano con la fiscal de la CPI Fatou Bensouda en la conferencia Justice for all? en Australia. ©CCPI
REGIONAL ASIA
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LA UE, CLAVE EN EL SISTEMA DE LA CPI
¿Qué hace la UE para promover la universalidad del Estatuto de Roma?LA UE está comprometida con el obje-tivo de que la CPI sea universal y con la promoción de un mayor conocimiento de su mandato. Hacemos todo lo que está a nuestro alcance para avanzar este proceso con otros Estados. Esto sucede particularmente durante los diálogos de derechos humanos con alguno de los 40 países, pero también a través de campañas en todo el mundo, semina-rios locales o regionales, la inclusión de una cláusula de la CPI en acuerdos con Estados y apoyo financiero a la socie-dad civil. También se promueve en las negociaciones de adhesión a la UE. La ratificación del Estatuto de Roma (ER) y la adhesión a sus valores son parte del acervo comunitario necesario para ingresar a la UE.
La UE ha sido una gran promotora externa de la lucha contra la impunidad ¿Tiene una política similar dentro de la UE?La CPI sigue siendo complementaria a los sistemas nacionales. En la Posición Común del Consejo sobre la CPI, los Estados miembros a la UE expresaron su determinación de trabajar conjun-tamente para combatir ciertos críme-nes. Por esto, el Consejo adoptó una decisión en 2002 que estableció una "red europea de puntos de contacto de responsables de genocidio, crímenes de guerra y lesa humanidad", conocida como la Red de Genocidio de la UE. Su objetivo es hacer más eficiente la coo-peración entre Estados miembros, que han designado un punto de contacto entre la policía y los sistemas de justi-
cia, e intercambiar información sobre las investigaciones. La investigación y enjuiciamiento de estos crímenes sigue siendo responsabilidad de las autorida-des nacionales.
¿Qué pueden hacer la UE y sus miembros para mejorar la cooperación con la CPI? La completa cooperación con la CPI es un prerequisito para su efectivo funcionamiento. La UE fue la primera organización regional en firmar un acuerdo de cooperación y asistencia con la CPI en 2006. La UE y sus Esta-dos miembros promueven constante-mente la cooperación de los Estados con la CPI, como la pronta ejecución de sus órdenes de arresto. La respuesta de la UE a la no-cooperación con la CPI se centra particularmente en instancias de no-cooperación latentes, casos de no-cooperación persistentes o repetidos, o cuando es preciso evitar contactos no-esenciales con individuos sujetos a órdenes de arresto.
Lea la entrevista completa en el blog de la Coalición #JusticiaGlobal. ³
Christian Behrmann en una presentación para los participantes del Encuentro Estratégico de Europa de la CCPI. ©CCPI
REGIONAL EUROPA
Christian Behrmann, punto focal de la UE sobre la CPI en el Servicio Europeo de Acción Exterior habla sobre el rol de la UE en la lucha contra la impunidad.
“El apoyo de la UE a la CPI es crítico y se define en una serie de políticas adoptadas. Pero aún hay espacio para mejoras en lo referido a la implement-ación, especialmente cuando las cosas se ponen difíciles o políti-camente incómodas.
La UE debe ser más proac-tiva y contundente a la hora de alentar una completa cooperación con la CPI en situaciones donde las órdenes de arresto de la Corte son ignoradas o se ponen en riesgo sus investigaciones, como en Sudán, Libia y Kenia. La UE debe también ser consistente y recta en la promoción de la universalidad de la CPI—en los casos de Kiribati, Irak, Ucrania o Palestina e Israel.
La próxima representante de la UE, Federica Mogherini, debe hacer de la búsqueda de justicia por los crímenes internacionales una prio-ridad trabajando con los Estados de la UE para exigir la rendición de cuentas, y asignando un representante especial sobre justicia inter-nacional y derecho humani-tario, como lo recomendó el Parlamento Europeo.” —Géraldine Mattioli-Zeltner, directora del Programa de Justicia Internacional de Human Rights Watch’
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CONTINÚA LA BÚSQUEDA DE JUSTICIA EN UN TURBULENTO MEDIO ORIENTE
EN UNA REGIÓN con solo dos Estados miembros a la CPI, la sociedad civil debe atravesar un complejo escenario político a nivel regional e internacional para llevar justicia y rendición de cuentas a países asolados con conflictos como Siria, Irak y Palestina.
La Primavera Árabe ha despertado un nuevo apoyo a la justicia
y los derechos humanos en Medio Oriente y el Norte de África (MOAN). Al mismo tiempo, los violentos conflictos que han surgido de las revueltas sociales y políticas de la región han creado una urgente necesidad de justicia que ha generado numerosos pedidos para que la CPI se involucre.
La sociedad civil de todo el mundo y al menos 58 Estados han solicitado al Consejo de Seguridad de la ONU que autorice una investigación de la CPI sobre crímenes de guerra y lesa humani-dad correctamente documentados en el conflicto de Siria. Pero a pesar de este apoyo, la resolución que buscaba remitir esta situa-ción a la Corte no pudo escapar del tejido político del Consejo de Seguridad y fue vetada por Rusia y China en mayo de este año.
Al este de Siria, las atrocidades presuntamente cometidas por el Estado Islámico de Irak y Siria (ISIS, por sus siglas en inglés) también alentaron pedidos para que la CPI inicie una investigación. La Coalición, Parlamentarios para la Acción Global (PGA) y el nuevo jefe de derechos humanos de la ONU, el Príncipe Zeid Ra’ad Zeid al-Hussein, han pedido al gobierno iraquí que ratifique el Estatuto de Roma (ER).
“Tales atrocidades no pueden quedar impunes, Irak debe rati-ficar el ER de la CPI”, dijo el presidente de PGA Ross Robert-son. Pero con una campaña internacional en contra de ISIS y un gobierno de estreno intentando mantener unido al país, las posibilidades de unirse a la CPI son bastante lejanas.
En toda la región se oyeron peticiones para que Palestina se una a la CPI luego de que más de 2.000 personas fueran asesinadas en el conflicto más reciente de Gaza. Pero a pesar de los indicios de que sí lo haría, la Autoridad Palestina se ha mostrado reacia, con especulaciones que afirman que los países influyentes están ejerciendo presiones políticas para detener esta movida.
“Los Estados Parte a la CPI se han disuadido abiertamente o se han abstenido intencionalmente de alentar y pedir a Palestina que ratifique el ER”, expresó Shawan Jabarin, director general de Al Haq. “En vista de los intereses políticos, vinculados con las actuales negociaciones de paz entre Israel y Palestina, los Estados y los organismos regionales han dejado de lado el derecho de las víctimas de buscar y recibir reparaciones y, al hacerlo, han dejado de lado la necesidad de rendir cuentas por dichos crímenes.”
La Primavera Árabe puede haber revitalizado el deseo de terminar con la impunidad en la región del MOAN, pero los eventos del año pasado han demostrado que la política interfiere demasiado. Sin embargo, la sociedad civil seguirá luchando para que todos los países del MOAN se unan a la CPI y para poner fin a la impunidad en la región y más allá. Los principales poderes del mundo deben dejar de interponerse en el camino de la justicia. ³
“La imposibilidad de remitir el conflicto de Siria a la CPI es muy decepcionante. Al no tomar acciones para llevar a los res-ponsables ante la justicia, el Consejo de Seguridad de la ONU está enviando el mensaje erróneo a todas las partes en Siria—especialmente al régimen de Assad—de que pueden continuar cometiendo crímenes de guerra y de lesa humanidad con impunidad. El resultado será la propagación de más impunidad y un continuo círculo de violencia.”
“La Comisión de Justicia Transicional de Siria tiene el objetivo de llevar adelante investigaciones generales sobre las futuras iniciativas de justicia transicional y reconciliación en Siria y establecer el Estado de derecho en el periodo de transición post-Assad. Como nos han enseñado las experiencias de justicia transicional del mundo, la reconciliación está estrechamente vinculada con la transición política. Su éxito depende prin-cipalmente de la intención y la visión de todos los actores y fuerzas políticas involucradas. Desafortunadamente, Siria prácticamente no posee historia de participación política, de-jando al país con unas pocas opciones a la hora de considerar a donde recurrir al momento de diseñar e implementar programas de reconciliación post-conflicto.”
—Radwan Ziadeh, presidente de la Comisión Siria de Justicia Transicional
Civiles heridos llegan a un hospital en Aleppo durante la guerra civil siria. ©WIkimedia Commons
REGIONAL MOAN
ÁFRICA AMÉRICASASIA-PACÍFI-
COEUROPA MOAN TOTAL
ESTATUTO DE ROMACosta de Marfil 15 de febrero de
2013
Guatemala2 de abril de 2012
Vanuatu2 de diciembre
de 2011
Rep. de Moldavia
12 de octubre de 2010
Túnez24 de junio
de 2011122
ACUERDO SOBRE LOS PRIVILEGIOS E
INMUNIDADES DE LA CPI
Senegal25 de septiembre
de 2014
Brasil12 de diciembre
de 2011
República de Corea
18 de octubre de 2006
Suiza25 de septiembre
de 2012
Túnez 29 de junio
de 201173
ENMIENDA DE KAMPALA SOBRE EL
CRIMEN DE AGRESIÓN
Botsuana4 de junio de 2013
Uruguay26 de septiembre
de 2013
Samoa25 de septiembre
de 2012
San Marino14 de noviembre
de 2014- 19
ENMIENDA DE KAMPALA SOBRE EL
ARTÍCULO 8 DEL ESTATUTO DE ROMA
Mauricio 5 de septiembre
de 2013
Uruguay26 de septiembre
de 2013
Samoa25 de septiembre
de 2012
Letonia/ Polonia/España25 de septiembre
de 2014
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ÚLTIMAS RATIFICACIONES/ADHESIONES*
*AL 1° DE NOVIEMBRE DE 2014
ACTUALMENTE, casi dos tercios de las na-ciones del mundo ya son miembros completos del sistema del Estatuto de Roma (ER). Tras este avance, este año, la Coalición ha decidido renovar y expandir su antigua Campaña por la Ratificación Universal que supo alentar positivamente a varios gobiernos a aceptar la jurisdicción de la Corte.
La nueva Campaña por la Justicia Global, aunque sigue reconociendo la ratificación del ER como componente central, busca alentar la complementariedad (enjuiciamientos naciona-les de crímenes internacionales) y la coopera-ción de los Estados y otros con la Corte. Éstas son cuestiones cruciales para el funcionamien-to efectivo y sostenible del sistema del ER.
La renovada Campaña abarca un mayor número de actividades a nivel local, nacional y regional de todos nuestros miembros. También se le pide al público general que tome medidas concretas para apoyar la Campaña a través de la firma de peticiones online y el contacto directo con legisladores a través de las redes sociales.
Hasta lo que va del año, la nueva Campaña ha pedido la ratificación y la completa imple-mentación del ER en Bahamas, Armenia, Azerbaiyán, Egipto, Haití, Ucrania, Turquía, El Salvador y Vietnam. Participa ahora para apoyar esta iniciativa. ³
LANZAMIENTO DEL BLOG #JUSTICIAGLOBALEl año 2014 también fue testigo del lanzamiento del nuevo blog de la Coalición #JusticiaGlobal, que brinda a expertos y no expertos por igual las últimas noticias y perspectivas de la sociedad civil sobre la CPI y la justicia internacional. Aquellos suscritos vía email reciben novedades de la CPI semanalmente y un Boletín mensual de la Coalición. Suscríbase para estar actualizado.
RENOVAMOS NUESTRA CAMPAÑA POR LA JUSTICIA GLOBAL
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NOTICIAS DE #JUSTICIAGLOBAL
Y PUNTOS DE VISTA DE LA SOCIEDAD CIVIL
COALICIÓN POR LA CPI
