INSTITUTO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ – INDEPAZ –

REALIDAD Y CONFLICTOS EN EL PÁRAMO DE SANTURBÁN.

Jorge Castellanos Pulido Bucaramanga, Marzo 25 de 2017. Indepaz – Santander.

El páramo de Santurbán, una reserva estratégica del agua para los Santanderes,

en alto riesgo por proyectos de gran minería.

IMPORTANCIA Y REFERENCIAS DEL PÁRAMO DE SANTURBÁN. Se estima que los páramos se empezaron a formar en la era cuaternaria. Solo cinco países del mundo tienen el privilegio de contar con ecosistemas de páramo: Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú y Costa Rica, contando Colombia con el 49% de los páramos del mundo. Cerca del 70% de la población colombiana depende del agua que proveen los ecosistemas de páramo. “Según la FAO, las montañas son frágiles ecosistemas los cuales son globalmente importantes como fábricas del agua de la tierra, hábitats de rica diversidad biológica, lugares para la recreación y el turismo, y áreas de un importante valor cultural.” Así lo documenta el Ministerio del Medio Ambiente desde la dirección general de ecosistemas en diciembre de 2001 en el documento “Programa para el manejo sostenible y restauración de ecosistemas de la alta montaña colombiana: PÁRAMOS.

Los páramos son ecosistemas que por sí solo no pueden cumplir sus funciones, necesitan del sub-paramo y del bosque alto andino. Son ecosistemas muy frágiles, por lo que se les debe cuidar en su integralidad, para que puedan cumplir su funcionamiento en el ciclo hidrológico. Santurbán es un ecosistema que forma parte del bioma páramo y al igual que todos los páramos del mundo, para funcionar necesita de la integralidad de la alta montaña. Es compartido por Norte de Santander y Santander, es la cabecera que genera, regula y recarga el agua líquida, gaseosa y sólida que necesitan para la vida las poblaciones de los dos Santanderes. El complejo Jurisdicciones-Santurbán-Berlín (conocido como páramo de Santurbán) comprende 142.608 mil hectáreas, entre los 3.000 y 4.290 msnm, que habitan diferentes especies (varias endémicas) de aves, mamíferos, anfibios y plantas. Además de ello, Santurbán es considerado una estrella hídrica con sus 85 lagunas y 441 hectáreas de turberas, 400 riachuelos y 15 ríos que constituyen el suministro de agua de 17 municipios del Gran Santander, y las ciudades de Cúcuta y Bucaramanga, está última a través de los ríos Frio, Tona y Suratá. Santurbán garantiza la vida y las condiciones de acceso al agua y la seguridad alimentaria de la población, y con ello la sobrevivencia y sostenibilidad ambiental, económica y social de las comunidades y sus territorios que reciben los afluentes, ríos y quebradas que alimentan los acueductos de más de 50 municipios en Santander y Norte de Santander. El Área Metropolitana de Bucaramanga –AMB-, está integrada por los municipios de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta, en el departamento de Santander, localizado sobre las estribaciones de la Cordillera Oriental, concentrándose en estos cuatro municipios -según el DANE- casi el 52% de la población del departamento de Santander. En Santander, Santurbán genera el agua líquida de las sub cuencas de los ríos Cachirí, Suratá y Cáchira, que van al Magdalena Medio; en Norte de Santander, la vertiente hidrográfica del Catatumbo es binacional y es compartida con Venezuela, la cuenca del río Zulia y las subcuencas de los ríos Cucutilla, Arboledas, Salazar y Peralonso. Además de abastecer de agua a más de 3 millones de habitantes, el páramo da sustento a cientos de familias que se dedican a la agricultura, la ganadería de baja intensidad y la minería artesanal, desde mucho tiempo atrás.

Desde la colonia española esta región se caracterizó por la actividad minera en la extracción del oro. La minería artesanal hace parte de la tradición de las comunidades locales de esta provincia de Santander conocida como de Soto Norte, y siempre ha sido desarrollada por medios artesanales, sin ninguna tecnología apropiada. A mediados de los años 90 hacen presencia en Santurbán, concretamente en la región de de Soto Norte, compañías mineras transnacionales. En el año 2002, con el inicio del primer periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez, se presentó un incremento significativo en el número de títulos mineros entregados en concesión en ecosistemas de páramo —incluido Santurbán—, tendencia que se mantuvo durante el segundo periodo de gobierno de Uribe y el primero de Juan Manuel Santos. Tras años de exploración minera, a finales del año 2009 la empresa canadiense Grey Star Resources (Eco Oro Minerals) presentó solicitud de licencia ambiental para el proyecto Angosturas de explotación de oro a cielo abierto. Por sus implicaciones sociales, económicas y ambientales el proyecto suscitó una preocupación social en toda la región y generó procesos de unidad y organización de actividades educativas, pedagógicas, movilizaciones, información e investigación social y académica, dando origen a un gran movimiento social contra la gran minería, liderado por el Comité para la defensa del agua y del páramo de Santurbán.

EXTRACCIÓN MINERA EN EL PÁRAMO DE SANTURBÁN, UNA AMENAZA CONSTANTE.

Las empresas multinacionales interesadas actualmente en explotar el oro, lideradas por MINESA, contemplan la utilización de grandes volúmenes de explosivos y cianuro, la construcción de grandes túneles y socavones, el empleo de maquinaria pesada para el movimiento de gigantescas cantidades de tierra que a su vez ocasionará graves impactos y afectación en los suelos y acuíferos, situación que atenta contra el ecosistema de páramo de Santurbán en la medida que destruye las fuentes hídricas, contamina el agua y el ambiente, pone en alto riesgo la vida en los municipios del AMB y otros territorios de Santander y Norte de Santander. Es de resaltar la ausencia de políticas de desarrollo socioeconómico para las comunidades y pobladores de los municipios rurales de California, Vetas, Charta, Tona, Matanza y Suratá, pertenecientes a la provincia de Soto Norte, y cuya pequeña economía agrícola y minera artesanal de sus pobladores se ve gravemente limitada por la exclusión y el abandono estatal en materia de inversiones sociales para sus pobladores. Esta zona de páramo se encuentra en un largo abandono y sus habitantes sufren condiciones de pobreza, precarios servicios en vías de comunicación, asistencia técnica agropecuaria, cultura y educación. La región no tiene políticas alternativas de desarrollo territorial, dada la política de centralismo urbano y abandono del mundo rural.

Las grandes dificultades que afrontan los territorios del páramo de Santurbán y las fuentes hídricas que nacen en este mundo rural, tienen que ver con la incoherencia del alto gobierno a nivel de los ministerios de Minas y Medio Ambiente, el desconocimiento de la autonomía territorial de los municipios y la ausencia de diálogo social frente a la preservación de los páramos y fuentes hídricas. A esto se le suma la ausencia de una verdadera autoridad ambiental que asuma su papel en el territorio en cabeza de la Corporación para la Defensa de Meseta de Bucaramanga, CDMB, la cual se orienta más por intereses de políticos foráneos a conveniencia de grandes compañías mineras de capital multinacional que por los cuidados ambientales.

Las fuentes hídricas y el agua que nace en el páramo de Santurbán brindan el consumo básico de agua potable para la población de más de tres millones de personas y la atención a sus diferentes necesidades de Santander y Norte de Santander incluyendo las Áreas Metropolitanas de Bucaramanga y Cúcuta. La situación del páramo es de riesgo inminente teniendo en cuenta que en el mes de diciembre de 2014 el Ministerio del Medio ambiente y el Ministerio de Minas aprobaron decretos y resoluciones delimitando el páramo de Santurbán y estableciendo una condición de favorabilidad a las mineras para que adelanten la explotación en zonas de páramo. Las anteriores condiciones son propias de las políticas del gobierno, donde las autoridades ambientales, Ministerio de Ambiente y CDMB, empiezan una campaña de desinformación con la declaratoria de un Parque Natural Regional –PNR-, de 11.700 hectáreas, afirmando que con estas hectáreas, el agua para el AMB está garantizada. Esta figura del PNR, está acompañada del proceso de “delimitación de páramos” que quedó consignada en el Artículo 202º del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, y que en la práctica pretende reducir el tamaño de los páramos por vía

administrativa. En el proceso para Santurbán, las autoridades ambientales y el gobierno nacional, no ahorran medidas de desinformación, y manejan la figura de “Participación Ciudadana”, mediante las formas de Mesa de Concertación, Gerente para Santurbán y Hoja de Ruta, pero sin abordar la real problemática del agua y la presencia de las grandes empresas mineras en ecosistemas de páramo.

No obstante, en el año 2016 el movimiento regional por la defensa del agua y del páramo de Santurbán, con el apoyo de instituciones públicas regionales, organizaciones sociales y ambientalistas locales, nacionales e internacionales, algunos parlamentarios de la oposición democrática, entre otros, logró adelantar acciones de movilización y presentar recursos legales ante la Corte Constitucional para detener y pedir la derogatoria de las normas que favorecen y legalizaban la explotación minera en páramos. Lo mismo ocurrió con la delimitación del páramo de Santurbán ante el desconocimiento a los derechos de participación ciudadana y la información previa a las comunidades que se ven afectadas por esta política depredadora del ecosistema de páramo. Las presiones de los intereses mineros no son pocas, y a pesar de los esfuerzos de miles de ciudadanos, movilizados en defensa del agua y del territorio, se presentan diferentes obstáculos entre otros por debilidad institucional, el sesgo en el manejo político de los espacios de representación social, la injusta distribución de los recursos fiscales a nivel nacional y departamental, la corrupción administrativa centralista, y la ausencia de escenarios, espacios y voluntad política para el encuentro y la concertación de políticas públicas de equidad, ambientales y democráticas.

LA MOVILIZACIÓN SOCIAL POR EL AGUA, CLAVE EN LA DEFENSA DEL PÁRAMO.

La conciencia sobre la importancia del agua como recurso natural estratégico para la vida, promovido por diversas organizaciones y grupos ambientalistas integrados en el Comité por la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán, ha sido fruto de un trabajo pedagógico y político en barrios populares, colegios, universidades, sindicatos, comunidades campesinas y ongs, alertando el alto riesgo para el agua y la vida de la región que genera la anunciada gran minería en el páramo de Santurbán.

La consigna AGUA SI, ORO NO resume la decisión colectiva de rechazar los cantos de sirena de

las empresas mineras en esta zona de páramo y el Área Metropolitana de Bucaramanga.

La movilización ciudadana por el agua se ha visto expresada en numerosas manifestaciones públicas, debates, foros académicos, documentos, audiencias en el Congreso de la República, acciones jurídicas, etc. Así, los análisis técnicos y científicos sobre el impacto funesto de la minería en el páramo, sustentan su rechazo masivo y ha sido factor fundamental para detener la explotación minera en Santurbán. Se destaca la más amplia integración social de diversos sectores en una combinación de estrategias con movilización social, la información documentada en medios masivos de comunicación, debates ante la opinión pública, complementadas con las acciones jurídicas y la interlocución en el Congreso de la República, la Asamblea departamental, el Concejo Municipal y el respaldo de organizaciones internacionales ambientalistas.

La Asamblea Departamental de Santander, sus diputados, participando en

las marchas por la defensa del agua y del páramo de Santurbán.

La movilización social y la presión ciudadana contra la gran minería en Santurbán lograron ganar el respaldo nacional de instituciones de gobierno, partidos y movimientos políticos de todas las vertientes, y a nivel regional el acompañamiento de instituciones públicas y privadas, gremios económicos, universidades, el gobierno municipal de Bucaramanga, el concejo municipal y la Asamblea de Santander.

El sindicato SINTRAEMPDES, de los trabajadores del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, han sido pieza fundamental en el movimiento por la defensa del agua y del páramo de Santurbán, presentes en primer lugar en las movilizaciones sociales.

A esta empresa le fue negada la licencia ambiental y su derrota se materializó mediante la sentencia 035 de 2016, de la Corte Constitucional, que estableció en el ordenamiento jurídico la prohibición de la minería en los páramos de Colombia. El 2 de agosto de 2016 se emitió la resolución 829 a través de la cual se le notificó a la empresa Eco Oro de la revocatoria de sus títulos mineros ubicados en el páramo de Santurbán. La demanda de Eco Oro contra el Estado Colombiano sigue en proceso sin que se conozca la posición del Gobierno Nacional al respecto. Al perder la licencia de explotación minera en el páramo, la empresa ECO ORO, antigua Greystar, ha anunciado su intención de presentar demanda contra la nación colombiana ante tribunales internacionales de arbitramento por 200 millones de dólares, aduciendo perjuicios por la no ejecución del proyecto ANGOSTURA en Santurbán, y por los cambios en las de reglas de juego en normas jurídicas para empresas extranjeras. Posteriormente se conoció la decisión del Banco Mundial de retirarse del proyecto Angosturas, de Eco Oro, del cual era accionista a través de la Corporación Financiera Internacional.

DELIMITACIÓN DE PÁRAMOS EN AREAS ESTRATÉGICAS MINERAS.

RESUMEN DE LA SENTENCIA C-036 DE 2015 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL. El actual PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2014-2018, denominado “Todos por un nuevo país” aprobado en el Congreso mediante Ley 1753 de 2015, reafirmó la intención del gobierno nacional de favorecer la minería, para ello crea los PINES (proyectos de interés nacional estratégico, artículos 49 al 53), algunos incluidos en zonas de páramos; retoma las Reservas Mineras Estratégicas creadas en el plan de desarrollo de 2010 - 2014, facilitando la rápida concesión de licencias ambientales a través de la Agencia Nacional Ambiental ANLA y la vigencia de títulos mineros y de hidrocarburos en páramos (art.173, 179 P.N.D, Todos por un nuevo país). El 12 de junio de 2015 se presentó una demanda ante la Corte Constitucional contra varios artículos del Plan Nacional de Desarrollo, Ley 1753 de 2015, firmada por los senadores Alberto Castilla e Ivan Cepeda y por el Representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz del Polo Democrático Alternativo, y por miembros de la Cumbre Agraria. El 8 de febrero de 2016 la Corte Constitucional se pronunció mediante la sentencia C-036 de 2015.

¿QUÉ SE DEMANDÓ?

1. La existencia y delimitación de las áreas estratégicas mineras. 2. El funcionamiento de los proyectos de interés estratégico nacional (pines), las licencias ambientales para estos y su relación con la restitución de tierras. 3. La vigencia de los títulos mineros y de hidrocarburos en páramos.

EXISTENCIA Y DELIMITACIÓN DE LAS AREAS ESTRATÉGICAS MINERAS:

El PND de 2011 (L.1450) creó las Reservas Mineras Estratégicas para otorgar a través de ellas concesiones especiales a los proyectos mineros. El PND de 2015 (Ley 1753) retomó la figura de las Áreas de Reserva Minera, les dio a estas duración indefinida en el tiempo, proceso de selección objetiva y un régimen distinto al del Código de Minas para todos los trámites. También creó las Áreas de Reserva para la formalización de pequeños mineros y las Áreas de Reserva para el desarrollo minero energético (Carbón).

En la plaza cívica Luis Carlos Galán de Bucaramanga, gran manifestación de las 100 mil voces por el agua.

En los fundamentos de la demanda se sustentaron los siguientes cargos: 1. La Violación del derecho a la alimentación, la soberanía y seguridad alimentaria. 2. La Autonomía de las entidades territoriales y representación efectiva en lo local. 3. El Medio Ambiente sano y la protección de la riqueza del Estado. ¿Qué dijo la Corte?: 1. Consideró que no se probó que la creación de Áreas de Reserva Minera produzca afectación a la actividad agrícola, ni al medio ambiente. No observa que se excluya la actividad agrícola. 2. Consideró que es necesario armonizar la tensión entre el Estado unitario y el nivel descentralizado.

Las conclusiones de la corte sobre las áreas estratégicas mineras afirman que son constitucionales “siempre y cuando su contenido garantice un grado de participación razonable de los municipios y distritos en el proceso de decisión sobre la selección y otorgamiento de áreas que presenten un alto potencial minero en el respectivo territorio.” “Los municipios y distritos afectados por dicha decisión podrán participar de una forma activa y eficaz en el proceso de toma de la misma. Es decir, que la opinión de éstos debe ser valorada adecuadamente y pueda tener una influencia apreciable en la toma de esta decisión, sobre todo en aspectos axiales a la vida del municipio, como son la protección de cuencas hídricas, la salubridad de la población y el desarrollo económico, social y cultural de sus comunidades.” ”Debe quedar claro que, en aplicación de los mecanismos de democracia participativa, los ciudadanos afectados deben tener la posibilidad de ejercer sus derechos de participación en la toma de decisiones, de protección de recursos naturales y de vigilancia y control social para la conservación del ambiente sano."

2. FUNCIONAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INTERÉS ESTRATÉGICO NACIONAL (PINES) Los PINES son la estrategia del gobierno nacional para la generación de crecimiento económico y el aumento de la inversión de capital privado nacional y extranjero. Son el equivalente de lo que en el anterior PND fueron las llamadas “locomotoras del desarrollo”. Los lineamientos para su ejecución están en el CONPES 3762 de 2013. Los PINES son Grandes proyectos para la exploración y explotación de hidrocarburos, Proyectos de minería a gran escala (Ej.: La Colosa, Santurbán, Gramalote, expansión de Cerromatoso), Grandes obras de infraestructura vial (ej: carretas 4G, túnel de la Línea), Obras de comunicaciones, Obras de energía eléctrica (hidroeléctrica de Ituango), Otros de alto impacto: (El Quimbo, doble calzada Santa Marta-B/quilla). Una Comisión Intersectorial de Infraestructura y Proyectos Estratégicos (CIIPE) conformada por ministerios y entes de nivel central es la que los ordena y prioriza estos pines. Los fundamentos de la demanda y la sentencia presentaron los siguientes cargos: 1. Vulneración de principios de descentralización administrativa, autonomía de las entidades territoriales, coordinación, concurrencia y subsidiariedad. 2. El desconocimiento de funciones de municipios y concejos municipales sobre ordenamiento del territorio y el uso del suelo. 3. La vulneración de participación democrática, derecho de las comunidades a participar y los deberes del Estado en la planificación del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para el desarrollo sostenible. 4. La declaratoria de PINES como de utilidad pública e interés social da lugar a la expropiación sin que el legislador haya definido suficientemente los motivos que la justifican. Las decisiones de la Corte en este aspecto fueron: Considera que aunque el nivel central decida y priorice los PINES, no se vulnera la autonomía de los entes territoriales y la descentralización. Afirma que el hecho de que se califique un proyecto como de PINES o de interés nacional no significa necesariamente que se va ejecutar. Considera que los criterios “alto impacto económico y crecimiento social” son demasiado vagos e indeterminados para hacer expropiación y por ello lo declara inconstitucional.

VIGENCIA DE LICENCIAS AMBIENTALES PARA PINES El PND 2014-2018 centralizó en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el trámite exclusivo de los permisos y licencias ambientales requeridas para todos los PINES. De esta manera las corporaciones ambientales regionales CAR quedaron sin ninguna competencia en el tema y todo se decide desde el nivel central. Los fundamentos de la demanda fue sustentada en los siguientes cargos: 1. Cambios en la expedición de licencias ambientales para favorecer a particulares. 2. Desconocimiento de que en el otorgamiento de las licencias ambientales concurren tanto las competencias del Congreso, como las de la administración central y las entidades descentralizadas. 3. Las competencias constitucionales de las CAR no pueden ser eliminadas a través de una ley, evadiendo el debate democrático al respecto, el cual debe realizarse a través de un acto legislativo. Qué dijo la Corte: a. El Gobierno Nacional, en principio, tiene la competencia para limitar la facultad de expedición de licencias ambientales que corresponde a las CAR, siempre y cuando: i) Se trate de un proyecto de incidencia nacional y no puramente local o regional, y ii) No se vulnere el núcleo de la autonomía. Pasar la competencia para expedir licencias ambientales de las CAR a la ANLA es inconstitucional. Esto vulnera el principio de autonomía, limita el principio de participación democrática de los ciudadanos y pretermite la obligatoriedad de los principios de coordinación y rigor subsidiario en materia ambiental. VIGENCIA DE TÍTULOS MINEROS EN PÁRAMOS. El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014: Reitera la prohibición de minería en páramos (artículo 202 de la Ley 1450 de 2011) y la extiende a hidrocarburos. Obliga a que el Ministerio de Ambiente delimite los páramos y a que mientras tanto se tenga en cuenta cartografía del Humboldt (escala 1:25.000). Actualmente hay 448 títulos mineros en páramos y de estos 347 ya cuentan con licencias ambientales (es decir listos para explotación). El PND 2014-2018 quiso dejar vivos los títulos mineros expedidos antes de 9 de febrero de 2010 y de hidrocarburos antes de junio de 2011 aunque estuvieran en área de páramo. Así, el fundamento de la demanda sustentó que de dejar vigentes los títulos mineros en páramos es inconstitucional por:

1. Violación del derecho al medio ambiente. 2. Violación del derecho al agua 3. Violación del derecho al patrimonio público: altos costos que implicarían los daños ocasionados por cuenta de la actividad minera y petrolera en los páramos y por los costos que de la recuperación de dichos ecosistemas (recuperación total es imposible), así como la consecución de nuevas fuentes para soportar la demanda de agua. Qué dijo la Corte: 1. La libertad de empresa y económica no son absolutos. Las limita el bien común y la función social (deber de conservar las áreas de especial importancia ecológica, manejo y aprovechamiento de los recursos y prevenir y controlar el deterioro ambiental.) 2. El hecho de que el Estado haya otorgado una licencia ambiental para llevar a cabo una actividad extractiva no es óbice para que el mismo Estado prohíba la realización de tal actividad, con posterioridad a su expedición. 3. El agua es patrimonio de la Nación, bien de uso público y derecho fundamental; elemento esencial del ambiente. 4. Debe tenerse en cuenta la interacción fundamental del páramo y el bosque como criterio para la delimitación. 4.2 CONCLUSIONES DE LA CORTE SOBRE LOS PÁRAMOS. Son ecosistemas especialmente vulnerables, frágiles, y con poca capacidad de adaptación a los efectos de factores externos. Deben ser objeto de especial protección constitucional. La desprotección de los páramos implica un riesgo alto para la provisión de agua potable y la captura de carbono para mitigar el calentamiento global. Los páramos aun no están claramente delimitados, lo que afecta su protección. La facultad que tiene Ministerio de Ambiente para la delimitación de los páramos debe cumplirse pero no discrecionalmente. Si el Ministerio se quiera apartar del área de referencia establecida por el Von Humboldt, debe fundamentar explícitamente su decisión en un criterio científico que provea un mayor grado de protección del ecosistema de páramo. EN RESUMEN: * Aunque las áreas estratégicas mineras sigan existiendo se estableció el deber del Ministerio de concertación con las autoridades locales de los municipios * El Respeto por los planes de ordenamiento territorial * Se reitera que el nivel nacional debe coordinar con regiones. * Aunque los PINES sigan existiendo, las licencias para PINES no las va a dar todas la ANLA.

EL PÁRAMO SANTURBÁN, ARBITRARIAMENTE DELIMITADO: ¿PARA QUIÉN?

El gobierno nacional, tomando como marco legal el Plan Nacional de Desarrollo para implementar su política minero energética, ha pretendido legalizar una política de explotación minera y búsqueda de fuentes de energía y oro en zonas de páramos. La ley 1450 de 2011 (PND), ordenó hacer la delimitación de los páramos de Colombia a una escala más precisa, tomando a Santurbán como su primer objetivo. Científicamente se entiende que la delimitación de páramo busca definir un espacio geográfico para implementar una política de recuperación, conservación, protección y preservación de su diversidad biológica e integración de sus ecosistemas y desde luego, garantizar el mantenimiento de su función ecológica como regulador y productor de agua, fundamental para la vida e todos los seres vivos y de la sociedad.

La resolución 2090 de diciembre de 2014 del Ministerio del Medio Ambiente que se expidió para la “delimitación del páramo de Santurbán”, hizo parte del articulado del Plan Nacional de Desarrollo 2014-1018 que se encuentra actualmente en ejecución, por lo que el proceso de delimitación, en la práctica lo que se propone es abrir la posibilidad legal de autorizar la explotación minera en Páramos a favor de los proyectos de mega-minería, además de reducir el área y tamaño de los ecosistemas de páramo como política que podría aplicarse a todos los páramos de Colombia. Esta circunstancia levanta una gran preocupación en todo el territorio y en sectores sociales y económicos de la región, teniendo en cuenta que el páramo de Santurbán y los demás 34 páramos de Colombia, están amenazados y con ellos la

economía y la vida, a pesar de ser áreas protegidas por la legislación ambiental nacional e internacional. Resulta de la mayor importancia la sentencia 035 de enero de 2016 emitida por la Honorable Corte Constitucional en materia de protección de los páramos de Colombia, en el cual señala que: “Una delimitación inadecuada o que no consulte sólidos criterios científicos, puede llegar a afectar los ecosistemas de páramo, y como lo analizará la Corte a continuación, con ello se podría causar un riesgo para la disponibilidad y la continuidad de servicios ambientales de los cuales depende el derecho fundamental al agua. Más aun, una delimitación inadecuada, podría llegar a permitir la utilización del suelo de los páramos para realizar actividades de minería y de hidrocarburos en estos ecosistemas.” Así, con esta sentencia la Corte Constitucional en materia de protección de los páramos, declaró inexequibles los incisos primero, segundo y tercero del primer parágrafo del artículo 173 de la ley 1753 de 2015 (PND 2014 – 2018) que permitía la exploración y explotación minera de los proyectos ubicados en áreas de páramo con licencias debidamente aprobadas, otorgadas antes del 9 de febrero del 2010, hasta su terminación. No obstante, los peligros y altos riesgos de la explotación minera en el páramo de Santurbán son muy altos ante los problemas generados por la inexplicable y equivocada delimitación del páramo, la cual deja oportunidad para que las grandes compañías mineras como MINESA, hagan presencia actual en proyectos de exploración y se conozca del anuncio de la proximidad a presentar solicitud de licencia ambiental para la explotación subterránea a gran escala, por socavones o túneles. Esta problemática está recogida en la acción de tutela T5315942 interpuesta por la Corporación Colectivo de abogados Luis Carlos Pérez, CCALCP, y el Comité por la defensa del agua y del páramo de Santurbán, ante el tribunal administrativo de Santander en julio del 2015, y actualmente en revisión ante la Corte Constitucional. El trabajo de incidencia adelantado a favor de esta acción de tutela ha ganado el apoyo de diversas organizaciones sociales de Santander e instituciones que de manera especial han brindado respaldo: La Defensoría del Pueblo para asuntos constitucionales, la Asociación Interamericana para Defensa del Ambiente Aida, la Escuela de Derecho de la UIS, el Semillero de Estudios Ambientales de la Escuela de Derecho UIS, Dejusticia, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Asociación Ambiente y Sociedad, el Sindicato de Trabajadores del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga y de la Electrificadora de Santander, el Movimiento Cívico Conciencia Ciudadana – MCC -.

Los principales argumentos y pretensiones de la tutela contra la delimitación del páramo de Santurbán se pueden concretar en: La reducción sustancial del área del páramo sin ningún criterio científico que lo sustentara. El Instituto Von Humboldt había establecido en 2012 que el complejo jurisdicciones – Santurbán tenía una extensión de 142.00 hectáreas a una escala de 1 /100.000. Posteriormente en 2014 cuando se produce la delimitación a una escala de 1/25.000, se precisó que tenía una extensión de 129.743 hectáreas, de las cuales el Ministerio del Ambiente sin fundamento técnico, negando el derecho a la información previa y a la participación de las comunidades afectadas, estableció la delimitación del páramo con solo 98.954 hectáreas. En la delimitación del páramo el Ministerio del Ambiente no se pronuncia sobre las medidas de protección de los ecosistemas adyacentes, subpáramo, el bosque alto andino y demás ecosistemas de alta montaña. Sobre este importante aspecto el Instituto Von Humboldt se ha pronunciado “La delimitación de los páramos para que cumpla con sus objetivo, debe tener presente la continuidad con ecosistemas adyacentes, así como la demanda actual y futura de servicios ecosistémicos, no solo en el entorno local, sino considerando la población y actividades productivas que reciben beneficios directos e indirectos en ámbito regional” Cita pie de página.

Marchas populares en Bucaramanga por el agua. Río Suratá, en su recorrido a Bucaramanga

El acto administrativo de la resolución 2090 de diciembre de 2014 sobre la delimitación del páramo de Santurbán, contrario al mandato de la Corte Constitucional, autoriza la explotación minera en áreas de restauración del páramo, ubicadas en los municipios de Vetas, California y Suratá, justamente sobre el área que atraviesa la sub-cuenca del río Surata, fuente principal de

captación de agua del acueducto de Bucaramanga. En el enciso 4 articulo 9 de esta norma se afirma que “se podrán autorizar y adelantar actividades mineras” Frente la delimitación y a la drástica restricción de área productiva, tampoco se estableció ninguna medida de reconversión productiva o sustitución económica a favor de las comunidades mineras y campesinas que habitan el páramo. Este es un derecho de la comunidad que no puede ser negado, en perspectiva de un plan de desarrollo social y económico alternativo construido con la comunidad. Además de la ausencia de un estudio socioeconómico de los pobladores del páramo, no se garantizó el derecho a la información documentada previa, ni a la participación ciudadana en las decisiones. Desde la perspectiva de los derechos humanos, el acceso al agua como derecho fundamental para la vida, debe garantizarse el derecho a la información y participación en las decisiones que les afecte. Teniendo en cuenta que estas medidas de delimitación del páramo han tenido graves fallas y desconocimiento de derechos fundamentales es urgente el masivo respaldo político, social e institucional para esta demanda de derogar esta delimitación, que lejos de resolver el problema, ha generado nuevos conflictos y amenazas que atentan gravemente con la pérdida del recurso hídrico para esta región del país. La decisión esperada en el marco de un estado social de derecho es la definición de un marco legal y constitucional claro que definitivamente prohíba la explotación minera en los páramos de Colombia y adelante una política especial de desarrollo territorial para esta provincia de Soto Norte y sus comunidades.

Movilizaciones populares en Bucaramanga en defensa del agua y del páramo Santurbán, un movimiento social que ha logrado detener grandes proyectos mineros, se mantiene en alerta frente a los anuncios de la empresa MINESA de trámites

de licencia ambiental para próxima explotación del oro por minería subterránea.

PÁRAMO DE SANTURBÁN ENFRENTA MEGA PROYECTO DE MINERÍA SUBTERRÁNEA EN ALTA MONTAÑA DE LA EMPRESA MINESA.

Hay situaciones que favorecen aún la presencia activa de los proyectos de gran minería en Santurbán, a raíz de la delimitación del páramo de Santurbán por decisión de la Corte Constitucional. Anterior al proceso de delimitación del páramo el Ministerio de Ambiente estableció la cota de páramo de 3.000 metros sobre el nivel del mar; el Ministerio de Minas solicitó a la CDMB cambiar la cota a 3.400 metros s.n.m., sobre lo cual el Instituto Humboldt hizo notar como se había aumentado la cota de 3000 a 3400 m.s.n.m. “sin los elementos de juicio basados en información biofísica que evalúen dicha variación a la luz de de los objetivos de conservación propuestos”. Es evidente que entre más alta sea la cota, mayores garantías con títulos en Santurbán. De esta manera deja abierta la explotación en zonas adyacentes que son las áreas de nacimiento de fuentes hídricas que fluyen hacia las bocatomas de los acueductos y ríos que se forman y dan vida a las zonas rurales y urbanas del entorno santandereano. La delimitación también estableció, sin ningún estudio técnico o científico, la creación del parque NATURAL REGIONAL SANTURBAN, PNR; recortó su área a 94.000 hectáreas, cuando su área demarcada por el instituto Humboldt era de 146.000 hectáreas. Esta delimitación es la que le da pie a las compañías multinacionales mineras para proponer nuevos proyectos de explotación minera por socavones (túneles - subterránea), cuyo impacto ya es conocido por generar un desequilibrio ambiental en el territorio con la contaminación con aguas ácidas y la destrucción de las fuentes hídricas, situación que amenaza la vida misma de las comunidades, sus proyectos de permanencia en el territorio y exponen a la región y a las comunidades a sufrir gravísimos daños sociales, económicos y ambientales irreversibles. Por otra parte los llamados PINES, creados en el plan nacional de desarrollo 2014 – 2018 conocidos como proyectos estratégicos de interés nacional, favorecen la explotación minera y energética a los proyectos mineros en páramos que gozaban licencias con vigencias anteriores a febrero del 2010. Esta disposición pudo ser declarada inconstitucional por la corte, por iniciativa de un grupo de parlamentarios que dio respaldo a las demandas de la comunidad santandereana y de otras regiones del país. En el momento actual la situación en la región es de expectativa por parte de las grandes empresas mineras que permanecen en proceso de exploración en la región y en preparación de la propuesta de solicitud de licencia de explotación minera y del plan de manejo ambiental. Así, permanecen 7 multinacionales al acecho del páramo de Santurbán: Eco oro Minerals Corp, Sociedad Minera Calvista, Anglo Gold Ashanti, Leyhat, Galdway Resources Holdco, Red Eagle y Minesa, anteriormente AUX GOLD.

6.1 EN LA MIRA DE MINESA. ¿QUE ES MINESA?

El nombre de la empresa antecesora era AUX (Ventana Gold), que en 2015 le vendió sus acciones a Abu Dhabi Mubadala Development co. MINESA es la “SOCIEDAD MINERA DE SANTANDER S.A.S AUX COLOMBIA”, NIT 900063262. Desde luego no es una empresa santandereana, su presidente es Darren Bowden personaje con amplia experiencia en la explotación minería de oro, cobre, zinc, níquel, carbón, plata, plomo. MINESA es una empresa estatal del Emirato Ärabe ABU DHABI (EMIRATOS ARABES UNIDOS), creada en 2002, cuenta con activos por más de 67.000 millones de dólares y lidera operaciones en 20 países. La Sociedad Minera de Santander SAS, MINESA, interesada en la explotación minera en Santurbán, tiene amplia diversificación de sus inversiones en múltiples sectores de la economía: metales y minería, petróleo y gas, inversiones de capital, servicios de defensa, industria aeroespacial, energías renovables, semiconductores, cuidados de salud, empresas de servicios, inmobiliaria e infraestructura.

EL ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO MINERO EN SANTURBÁN.

Se ha conocido el informe publicado por La silla vacía y conocido el lunes 27 de marzo del 2017 coincide con múltiples preocupaciones y versiones sobre el alcance y realidad del proyecto minero en Santurbán, con el título de “Minesa prende motores en la vecindad de Santurbán”.

El informe hace saber que La Sociedad Minera de Santander, Minesa, entró en la recta final para tramitar la licencia ambiental que le dará luz verde al proyecto de minería subterránea de oro más grande del país y que será vecino del Páramo de Santurbán. Este megaproyecto pretende extraer 11 millones de onzas de oro durante 25 años. La programación de actividades de MINESA y la información de campo recogida con los mismos trabajadores, muestra que se encuentra en la etapa de exploración; se ha conocido que la empresa espera iniciar explotación entre 2019 y 20121. MINESA tiene previsto que solicitará licencia ambiental este año 2017 ante ANLA, la agencia de licencias ambientales y regionalmente ante la CDMB.

Sociedad Minera de Santander SAS.

El proyecto de Abu Dhabi está ad portas de tramitar la licencia para explotar oro y así renace la pelea entre minería y agua.

7.1 EL PROYECTO MINERO DE MINESA. El fondo árabe Mubadala, propiedad del Gobierno de Abu Dhabi, compró AUX Colombia, y replanteó el proyecto de extracción de oro ubicado en California, municipio que tiene cerca de un 20% de su territorio, dentro de la zona del Páramo de Santurbán. A mediados de marzo de 2017 MINESA publicó un video iniciando una campaña pública que explica el proyecto de explotación de la mina de oro. En el video se puede observar el proceso de intervención minera a desarrollar mediante la construcción de túneles, según su información, a 60 metros bajo tierra con un túnel en espiral hasta encontrar la veta, que para este caso tiene 400 metros de profundidad, dos kilómetros de longitud y un espesor de entre cuatro a doce metros. El proyecto tiene previsto que la extracción de oro y minerales se hará por un sistema de túneles a diferentes profundidades, para sacar las piedras que

contienen el oro y conducirlas en una banda que las transportará por un túnel de cerca de seis kilómetros hasta Suratá, municipio vecino de California. Algunas características que ofrece la información del proyecto minero de MINESA contiene argumentos bastante discutibles y preocupantes, que en realidad pretenden desconocer y contrarrestar los análisis técnicos críticos y las preocupaciones por los impactos ambientales, además de buscar el apoyo de instituciones y comunidad regional. Así, En total tendrán que remover 65 millones de toneladas de tierra para recuperar cerca de 11 millones de onzas de oro. 25 años como la vida útil de la mina. Tendrá que extraer y mover 2,6 millones de toneladas de tierra anuales. Se calcula que obtendrán 450 mil onzas de oro. El espacio que deja la gran explotación subterránea planea rellenarlo con concreto en la medida en la que vayan extrayendo el material. En Suratá donde llegará el material extraído de la montaña, se triturarán siete mil toneladas diarias. El material se depositará en un tanque con un remolino y será disuelto en agua con reactivos, para la obtención de los metales a la superficie. Minesa sostiene que no producirá el oro en Colombia, por lo que en principio no se usarán químicos como cianuro y mercurio, sustancias tóxicas que en otras regiones del país donde hay minería de oro han hecho estragos. Además manifiesta que su proyecto, está por fuera de la delimitación de línea de páramo, a 2.600 metros de altura sobre el nivel del mar, según la cual puede desarrollar explotación minera en esta área, muy cercana a la cota reconocida del Páramo de Santurbán, con alturas mínimas de 2.800 metros. El debate alrededor de la protección del Páramo de Santurbán se está reactivando en las organizaciones cívicas, gremiales y comunitarias Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán y el Movimiento Cívico Conciencia Ciudadana (MCCC), que en diferentes comunicados públicos ya declararon las alertas.

mapatituloyparamo.jpg

Minesa aún no ha terminado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), requisito para tramitar la licencia ambiental, además del impacto social. Precisamente, en la formulación de ese documento, empezaron a acercarse más a los habitantes del páramo y eso ya tiene enfrentados a dos sectores de los municipios afectados.

7.2 LOS IMPACTOS AMBIENTALES SOBRE LA EXPLOTACIÓN MINERA EN EL PÁRAMO - LA MEGAMINERÍA SUBTERRANEA.

El sistema de explotación minera por socavones, túneles o subterránea a gran escala, se diferencia de la pequeña y mediana minería por la construcción de grandes túneles en múltiples extensiones y longitudes de kilómetros, con varios metros de diámetro, y con uso de maquinaria pesada, dinamita en cantidades asombrosas, intensiva en actividad y capital para la remoción de roca y material que será tratado para extraer y separar los distintos minerales. La gran minería que se propone para la explotación del oro y otros minerales en Santurbán presenta cinco problemáticas ambientales generales que conllevan consecuencias irreparables:

Alteraciones severas del paisaje: destrucción de ambientes nativos y de sus

plantas y animales; interrupción en los flujos de especies.

Alteración de cuencas hídricas superficiales y subterráneas.

Gran captación de aguas para consumo de la mina.

Generación de depósitos y residuos mineros cianurados, con altos riesgos

de contaminación.

Acidificación de los acuíferos y fuentes de agua de la región.

La Sociedad de Mejoras Públicas de Bucaramanga presente en las movilizaciones por el agua

Por lo anterior se puede concluir frente al proyecto de la empresa MINESA en el páramo con la explotación subterránea, que:

Este proyecto atenta gravemente contra el EQUILIBRIO HÍDRICO: la construcción de túneles provocarán graves daños ambientales en los acuíferos, vitales para la regulación del recurso agua que abastece a 3 millones de personas y la economía regional de dos departamentos y más de 40 municipios de los dos Santanderes.

Permitirá la liberación de metales pesados en el subsuelo de este ecosistema, proyecto que contaminará con 65 gramos de arsénico por cada gramo de oro, así como varios sulfuros que tendrán un impacto devastador con aguas ácidas que fluirán en las cuencas y sistemas de acueductos. La

acidificación de las aguas por cuenta de estos metales pesados que libera la actividad minera a gran escala, hace las aguas no aptas para la vida. aguas ácidas.

Al respecto la Contraloría también se pronunció en su informe sobre minería enfatizando en el caso de la explotación de carbón y oro: “en términos de economía ecológica estos dos materiales tienen algo en común: son exportados crudos de Colombia casi en su totalidad (99% del oro y entre 92 y 95% del carbón), razón por la cual no establecen encadenamientos productivos y, por lo tanto, no dinamizan directamente la economía, al menos de manera apreciable respecto al valor explotado”. (Inf. Silla vacía)

Para la comunidad santandereana la principal preocupación que podría traer el proyecto minero en el Páramo de Santurbán, es la afectación sobre la calidad y cantidad del agua del Área Metropolitana de Bucaramanga. La destrucción y contaminación de acuíferos es una amenaza real por la intervención en la montaña por grandes túneles, debido a que la mina está a 2.600 metros sobre el nivel del mar y el Acueducto de Bucaramanga toma el agua de la misma montaña y los afluentes, principalmente el río Suratá.

El abandono estatal a los municipios de Soto Norte, mantiene a las comunidades en situaciones

sociales y económicas precarias desde hace muchos años, circunstancia que pretende aprovechar la empresa MINESA para promover respaldo social a su proyecto minero en Santurbán.

El gerente de planeación de proyectos del acueducto de Bucaramanga, Eliseo Osorio, le dijo a La Silla que el mover tanta tierra puede alterar el equilibrio de los caudales de las aguas subterráneas así como su calidad y como esas son las que alimentan las fuentes hídricas de donde se surte el acueducto, puede ser un riesgo para la salud pública. “Hay muchas inquietudes que tenemos (sobre el proyecto de Minesa) desde la parte técnica. Tenemos que resolverlas con mucha profundidad” dijo Osorio.

Además, el mismo informe de la Contraloría de 2013, hace referencia al caso específico de Bucaramanga con relación al fallido proyecto de la Greystar al referirse al desarrollo de proyectos mineros en alturas superiores a los de captación de agua para consumo humano: “la situación ilustra la inconveniencia de la actividad minera de metálicos (oro, plata o cobre) dentro de cuencas abastecedoras de agua”.

AFECTACIONES AMBIENTALES YA CAUSADAS:

Se ha conocido en visitas de campo y contacto directo con los pobladores de Vetas y California que ya se presentan casos alarmantes de afectación ambiental en la actual etapa de exploración que adelanta MINESA. La empresa ha hecho perforaciones de 2 pulgadas en 500 kilómetros generando destrucción de fuentes hídricas; se han secado 7 quebradas en la vereda Angosturas, en el complejo lagunar se aprecia una baja de nivel de agua como la laguna de Páez. Lo más grave es la destrucción de acuíferos por efectos de construcción del túnel El Gigante, labores que debieron ser suspendidas al ocasionar una gran fuga de agua de 300 litros por segundo. También se ha constatado con trabajadores mineros de la empresa, el alto grado de acidez del suelo en algunos lugares de exploración de la mina, tan alto que corroe las herramientas de metal dejadas en la superficie. De acuerdo con la información conocida y recogida en entrevistas y conversaciones con personal técnico, empleados de MINESA, el proyecto se propone explotar la montaña iniciando los túneles a 2640 metros s.n.m. (zona de sub-páramo), con la gravedad de que estos boca de túneles se encuentran localizados en niveles de altura por encima de las bocatomas del acueducto de Bucaramanga, pero acogiéndose a la equivocada delimitación establecida por debajo de la línea de páramo. Por fuentes no oficiales, la empresa espera extraer 13 millones de onzas de oro, 26 millones de onzas de plata, 57 millones de onzas de otros minerales, mediante explotación por socavones, túneles de gran magnitud y extensión, con tecnologías e infraestructuras que aún no se conocen oficialmente ni han sido presentadas públicamente en cumplimiento de su obligación legal de ofrecer completa información a las comunidades en el territorio que pretende explotar. En ese sentido la empresa MINESA desarrolla actualmente algunas actividades de relacionamiento con las comunidades vecinas en los municipios de California, Vetas, Tona, Charta, Matanza, haciendo convenios con estos municipios y donaciones sociales, culturales y deportivas, buscando ganarse el respaldo de los pobladores y de las administraciones municipales al proyecto.

Es grave y preocupante que un proyecto de esta magnitud no ofrezca información pública, clara y completa, ni permita la participación de la comunidad en el conocimiento del contenido del proyecto. tampoco se conoce interés de la minera en adelantar contactos con las comunidades e instituciones de Bucaramanga y mucho menos se ha presentado información pública sobre áreas específicas de intervención, planes operativos, estudio de impacto y de manejo ambiental.

La defensa del agua y del páramo Santurbán, ha despertado la conciencia ciudadana del país, por la locomotora minera

energética que promueve el gobierno nacional. El senador Navarro Wolf, presente en la movilización social en Bucaramanga.

Lo anterior cobra importancia ante la escasa o nula función de control por parte de la corporación ambiental regional la CDMB, autoridad ambiental que adelanta convenios poco claros con la empresa MINESA, perdiendo su autonomía e independencia para vigilar, controlar y desarrollar una política de prevención, protección y preservación del páramo como zona protegida; amenazada por los voraces intereses de la gran minería y sus impactos negativos contra el medio natural, los bienes públicos como el agua y los recursos estratégicos ambientales. 8. MINESA, LA CDMB Y LA LICENCIA AMBIENTAL. La empresa MINESA tiene el propósito de ganar el apoyo gubernamental nacional y regional para ganar la licencia ambiental y social para la explotación minera a gran escala y para ello adelanta una estrategia de relacionamiento engañoso con las comunidades vecinas de estos municipios de Soto Norte. Conoce de la precariedad de las finanzas municipales, entes territoriales de 6ª categoría, que presentan una población local con altos indicadores de pobreza, sin vías adecuadas de comunicación, ausencia de programas de desarrollo social y sin diversificación económica.

También es evidente la campaña publicitaria de MINESA en distintos sectores de la región. Está claro que esta empresa quiere romper la resistencia de las comunidades que se oponen al proyecto minero mediante una campaña de dádivas y convenios con autoridades ambientales, UNICEF, alcaldías, proyectos productivos en la zona de Soto norte, apoyo a actividades culturales y deportivas. La gobernación, la CDMB y el Área Metropolitana de Bucaramanga, autoridades ambientales y administrativas de la región, guardan silencio y mantienen una tácita aceptación al proyecto minero, situación que obliga a abrir las alarmas, los debates públicos, cabildos, consultas populares, acciones populares y las movilizaciones en defensa del agua y del páramo de Santurbán. Mayores preocupaciones surgen ante las nuevas disposiciones y trámites para la obtención de licencias ambientales según mandato de la Corte Constitucional, cuya solicitud se agiliza con un trámite rápido de máximo 6 meses, escaso tiempo que limita la discusión y facilita su aprobación en contra de la voluntad ciudadana. Estas licencias para el caso de proyectos pines serán de competencia y funciones de LA ANLA y las corporaciones ambientales regionales, controladas por grupos y jefes políticos ligados a negocios de tierras y corrupción, manipulables a sus intereses no santos. En la actualidad hay mucho descontento de los pequeños mineros tradicionales artesanales locales y de las comunidades de Soto norte con las compañías mineras multinacionales que hacen presencia en el territorio, pues ahora la pequeña minería sufre la estigmatización y persecución penal y policiva, en una clara acción de desplazamiento y expulsión del territorio para sacarlos de la actividad y la región. Sin duda estas medidas de presión contra la población local favorecen el dominio y control total del territorio por las grandes empresas mineras. Sobre lo anterior hasta la fecha hay 43 mineros en proceso de judicialización.

8.1 EL PAPEL DE LA CORPORACIÓN AMBIENTAL REGIONAL CDMB Según se ha hecho público por el director de la CDMB en sesión del Concejo de Bucaramanga el 17 de marzo, Minesa firmó un acuerdo de voluntades con la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb, que es la autoridad ambiental en esta región, además con algunos alcaldes de la provincia de Soto Norte, en donde se encuentran los municipios de influencia de Santurbán y del proyecto minero.

Sesión del Concejo de Bucaramanga, en debate sobre el agua y el páramo Santurbán Marzo 22/2017

En dicho convenio MINESA quiere dejar constancia de la voluntad de financiar proyectos tanto de la autoridad ambiental como de las Alcaldías, algo que llama mucho la atención porque la minera sin convenio alguno tiene que cumplir y la CAR tiene la obligación de vigilarla. Además, La Silla supo que la minera intentó acercarse a la Alcaldía de Bucaramanga, en especial con el patrocinio a una agrupación de instrumentos de viento del Instituto Municipal de Cultura, pero al final nada se concretó. “Por una posición expresa de la administración y mía personal no consideramos que tuviese pertinencia ni ética aceptar recursos de una empresa con intereses mineros en el Páramo” según dijo Néstor José Rueda, director de esa entidad. La nueva pelea por la minería y la conservación del agua inicia en Santander.” Como si fuera poco, en Bucaramanga estamos al borde de una crisis de agua, según el índice de escasez y según el estudio nacional del 2014, principalmente por la demanda muy alta y creciente de población y usuarios; pero lo más preocupante es también por la disminución de oferta hídrica, las disminución de los caudales de los ríos que surten el acueducto metropolitano de Bucaramanga, que obliga a medidas de restricción drásticas y negación de nuevas concesiones de agua.

8.2 LOS “BENEFICIOS” QUE DEJA LA GRAN MINERÍA:

La mayoría de trabajadores de MINESA están vinculados laboralmente como tercerizados 274, mientras los trabajadores directos de la empresa son 152. En cuanto a participación económica a favor de los entes territoriales municipales no puede hacerse mucha ilusión. El estado a nivel central establece el pago del 3.2% de regalías que ni siquiera se quedan en la región. Mientras las empresas mineras extranjeras reciben amplios beneficios tributarios e incentivos de exención de impuestos.

Es de amplio conocimiento las afectaciones sociales que traen estos proyectos mineros para las comunidades locales: Delincuencia, prostitución, violencia, pérdida de vocación alimentaria y oportunidades de trabajo. Dependencia alimentaria, afectaciones a la salud y alto costo de vida.

LOS DESAFÍOS DEL PRESENTE.

Es una realidad el alto interés de las empresas mineras de explotar el oro del páramo de Santurbán en el corto tiempo. Hay conciencia ciudadana que la gran minería en paramos atenta contra la vida de las comunidades de la región del gran Santander, sus proyectos de vida, sus derechos económicos, ambientales, sociales y culturales y pone en alto riesgo su permanencia en el territorio.

El problema de la explotación minera en Santurbán y los impactos que podrían tener para la ciudad y el Área Metropolitana, ya ha sido tratado en la Asamblea departamental de Santander y el Concejo de Bucaramanga; en medio de un debate de control político realizado el pasado 22 de Marzo se aprobó convocar a un cabildo abierto para profundizar y definir posiciones frente al proyecto minero. Las poblaciones territoriales y localidades requieren de políticas ambientales coherentes, permanentes y eficaces con la permanencia de las comunidades en el territorio y garantías para sus condiciones de desarrollo humano; reclaman respeto y efectiva protección a la riqueza natural y especialmente a las fuentes hídricas, frente a la política minera energética en áreas estratégicas y frágiles como son los páramos. Ante esta situación que afronta la sociedad regional y sus comunidades, la lucha social en el territorio deberá fortalecerse en la defensa del agua y al derecho al

buen vivir, en tal sentido es urgente dar continuidad a la rica experiencia de conciencia ambiental ganada en los últimos años: - Impulsar las consultas y exigir la concertación con las autoridades locales en relación con proyectos de explotación minera, energética y petrolera en el territorio. - El Comité por la defensa del agua y el páramo de Santurbán ha planteado la exigencia al gobierno nacional de decretar una moratoria inmediata de actividades de las grandes compañías mineras en Santurbán. - Estar atentos a la expedición de POT y EOT en nuestros municipios. - Solicitar la revocatoria de los títulos mineros, suspensiones de licencias etc respecto de los cuales hay certeza de que están en área de páramos. - Hacer seguimiento a las autoridades ambientales y las medidas relacionadas con la delimitación del páramo. - Mantener activa la movilización y la denuncia, promover las veedurías ambientales y los recursos legales, acciones populares, el acompañamiento jurídico de organizaciones de DDHH, ONG ambientalistas y universidades. - Ante la gravedad del riesgo para toda la región, reclamar el derecho al consentimiento previo, libre y bien informado, frente a proyectos minero energéticos que afecten a las comunidades en el territorio.

El páramo de Santurbán es un ecosistema frágil de alta montaña que está considerado como reserva estratégica

especialmente protegida: para su preservación está definido que se excluye cualquier explotación minera y se establecen medidas restrictivas de recuperación y conservación, que limitan actividades económicas en páramos.

10. UN PACTO REGIONAL POR EL AGUA.

Como aspectos básicos de una paz duradera y con sentido social y ambiental, los movimientos sociales desde el territorio, han considerado que es urgente una agenda con cambios institucionales y políticas significantes de vida y dignidad. En el caso del páramo de Santurbán, las cuencas, el agua y sus fuentes hídricas es un derecho que debe incluirse como elemento especialmente protegido y esencial para el desarrollo económico, social, cultural, en el marco de una construcción social de paz que permita lograr avances en democracia y equidad con bienestar de las regiones y sus pobladores. En la construcción de los planes territoriales de paz, es urgente ganar el apoyo y la movilización ciudadana para políticas públicas sobre la inclusión de los programas de la defensa del agua, sus fuentes hídricas y su territorio, soportados en estudios técnicos, análisis y compromisos públicos.

Un pacto regional por el agua debe estar entre las definiciones de amplios sectores de movimientos sociales, sectores

académicos, gremios económicos, ambientalistas, partidos políticos, entes territoriales, medios de comunicación, congresistas e instituciones de cooperación, sobre la importancia estratégica del agua para la presente y futuras

generaciones.

Los permanentes conflictos ambientales en el territorio deberán tramitarse en procesos ampliamente participativos, lejos de las confrontaciones y la violencia; dando curso a un nuevo marco conceptual de cultura de paz y convivencia de los seres humanos con la naturaleza y el respeto eficaz de las instituciones estatales en sus funciones de vigilancia, control, recuperación, protección, preservación y conservación de los recursos naturales. De esta iniciativa puede depender la suerte que corran en los próximos años el páramo de Santurbán y los demás 34 páramos de Colombia por parte de las empresas multinacionales mineras, cuyos proyectos reales y en curso, pueden destruir el agua y los páramos como fuentes hídricas, como zonas estratégicas, ambientalmente frágiles y especialmente protegidas, que son bases de la vida de todos los seres vivos.

Bibliografía: Doc. Informe asamblea del comité por la defensa del agua y del páramo Santurbán. Bucaramanga, Marzo de 2017. Doc. Informe asamblea Comité por la defensa del agua y del páramo Santurbán Bucaramanga Feb. 24 /2016 Doc. Ministerio del Medio Ambiente Dirección General de ecosistemas. Diciembre/2001“Programa para el manejo sostenible y restauración de ecosistemas de la alta montaña colombiana: PÁRAMOS. Doc. Informe de la Unidad de Trabajo Legislativo de Alirio Uribe Muñoz - Representante a la Cámara por Bogotá – Polo Democrático Alternativo. Resumen sentencia C-036 DE 2015 de la corte constitucional de Febrero 8 de 2016. Documento resumen de Acción de tutela T5315942 interpuesta por el Colectivo de abogados Luis Carlos Pérez y el Comité por la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán, Bucaramanga Marzo 21 /2017. Doc. Cinep Programa por la paz. Noche y Niebla 51 enero junio 2015. Informe regional Defendamos el agua y Santurbán para las presentes y futuras generaciones. Doc. Plan nacional de desarrollo 2010 - 2014 Doc. Plan nacional de desarrollo 2014 - 2018 Doc. “Minesa prende motores en la vecindad de Santurbán”. Informe La silla vacía, 27 de marzo del 2017

Imágenes: Jorge Castellanos P. – Jorge Ortiz Prada – Comité Páramo Santurbán.