El pasado 6 de febrero se conmemoró un año más del asesinato de Blanca

Jeannette Kawas Fernández, el cual se inscribió en un contexto de amenazas,

hostigamientos y ejecuciones contra aquellas personas y organizaciones que

realizan actividades de defensa del medio ambiente.

16 años después, ninguno de los autores intelectuales y materiales del crimen

ha sido juzgado. Por ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos

condenó al Estado hondureño y le ha exigido que se investiguen y castiguen a

los responsables del mismo para evitar la repetición de hechos como éste.

Sin embargo, el golpe de Estado ha profundizado la situación de indefensión

que los defensores de derechos humanos en general y los ambientalistas en

particular, siguen viviendo debido a la violencia de los grupos económicos,

políticos y militares que han visto en peligro sus intereses, y a la incapacidad

del Estado para prevenirla, para investigar y sancionar a los responsables de

la misma, y para reparar a las víctimas.

Esta situación genera un alto grado de impunidad que, por un lado, favorece

la repetición sistemática de este tipo de violencia, y por otro, genera un

ambiente de inseguridad e intimidación contra otras personas y

organizaciones que también se dedican a la defensa del medio ambiente y de

los derechos humanos.

El golpe de Estado ha venido a ratificar lo que el asesinato de Kawas y otros

crímenes políticos ya habían establecido: Que en la historia de Honduras no

ha existido nunca un sistema judicial, sino, con algunas excepciones de

funcionarios judiciales honestos y valientes, un servicio judicial a la orden de

los poderes económicos, militares, policiales y religiosos.

La construcción de una nueva institucionalidad respetuosa y garante de los

derechos humanos pasa ineludiblemente por la constitución de un poder

judicial verdaderamente independiente, imparcial y comprometido con los

valores democráticos y las más altas exigencias de la justicia.

Por ello, el fin de la impunidad de los asesinos de Kawas y de los violadores de

los derechos humanos desde el golpe de Estado es una tarea permanente que

debe librarse en todo momento y en todos los ámbitos nacionales e

internacionales, y sólo con una estrategia coordinada de las organizaciones y

sectores comprometidos con la justicia se podrá lograr.

Nuestra palabra |08 Febrero 2011