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Jueves 10 de marzo (tarde)
Mesa 3
Transiciones hacia la sostenibilidad (I)
Moderan: Óscar Carpintero
José Bellver
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Evaluación de planes de transición energética hacia sociedades postcarbono
Jaime Nieto Vega
[email protected] Universidad de Valladolid, Grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas (GEEDS)
Óscar Carpintero [email protected]
Universidad de Valladolid, Grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas (GEEDS)
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Evaluación de planes de transición energética hacia sociedades postcarbono1
Jaime Nieto Vega2 Óscar Carpintero3
Resumen
El metabolismo del sistema socioeconómico nos enfrenta a un contexto de crisis socioecológica global en el que confluyen diferentes retos que requieren una decidida y urgente respuesta: la aceleración del cambio climático, la llegada del pico del petróleo y la transición hacia el régimen industrial de algunos de los países más poblados del planeta. En este trabajo se analizan los planes de transición elaborados por gobiernos –consumidores de petróleo, exportadores y en transición- y otros organismos –ONGs internacionales, centros de investigación y la IEA- clasificándolos en torno a seis variables críticas: 1/ impacto socioeconómico de la transición; 2/ distribución del esfuerzo a escala global; 3/ papel atribuido a la tecnología; 4/ enfoque de gestión energética; 5/ criterio de sustitución por energías renovables; 6/ grado de cumplimiento de objetivo de reducción de emisiones. En este sentido, se realiza el análisis atendiendo al metabolismo socioeconómico y a las limitaciones que impone el sistema biofísico. Fruto de ello, apuntamos las principales limitaciones de que adolecen los planes, así como las contradicciones entre objetivos en las que incurren, para señalar aquellos elementos que deberían incorporarse para abordar con realismo los retos planteados anteriormente.
Palabras clave: Transición energética, metabolismo económico, recursos naturales, sociedades postcarbono Clasificación JEL: Q4, Q43, Q57 Área temática: Economía Ecológica
1. Introducción 1 Agradecemos el apoyo recibido, para la elaboración de este trabajo, del proyecto europeo H2020-LCE-2015-2 (691287) Guiding European Policy toward a low-carbon economy. Modelling Energy system Development under Environmental and Socioeconomic constraints. 2 [email protected] (Universidad de Valladolid, Grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas (GEEDS)) 3 [email protected] (Universidad de Valladolid, Grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas (GEEDS))
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La humanidad enfrenta una doble crisis socioecológica que, de no modificarse la tendencias actuales, se verá agravada en las próximas décadas. Por un lado, nos encontramos ante una crisis de recursos debida al progresivo agotamiento de sustancias no renovables de gran importancia –especialmente los energéticos- para el sistema socioeconómico actual (Heinberg, 2007). La llegada del pico del petróleo (Hubbert, 1956; Campbell y Laherre, 1998; ASPO, 2008) reconocida incluso en los últimos años por la Agencia Internacional de la Energía4 (IEA, 2010) implica situarnos en un escenario de declive en la cantidad (Höok, et al., 2009; Höok y Aleklett, 2008) y en la calidad (Hall y Klitgaard, 2012) global del crudo que se intenta paliar con la expansión del petróleo no convencional cuyos yacimientos, sin embargo, tienen unas tasas de declive y agotamiento muy pronunciadas (Heinberg, 2014). En este contexto, se empieza a reconocer que la estabilidad en el suministro de petróleo para mantener el sistema socioeconómico en funcionamiento no está garantizada en el futuro (IEA, 2014). A los problemas derivados de la creciente escasez de algunos recursos clave, se suma también, por el lado de los residuos, la acumulación en la atmósfera de gases de efecto invernadero (GEI) procedentes precisamente en un 78% de la combustión de petróleo y otros combustibles fósiles como el gas natural y el carbón (IPCC, 2014). Todo ello alimenta, como es sabido, un problema de cambio climático cada vez más grave y preocupante. Aunque la evidencia científica dice que el nivel ideal de concentración de emisiones debería ser el del Holoceno (Hansen et al. 2008), el IPCC se conforma con el objetivo, más modesto en la actualidad, de mantener la temperatura del planeta 2ºC por encima de los niveles preindustriales. Para que este objetivo sea al menos probable, no debería alcanzarse una concentración de GEI superior a 450 ppm –en 2015 se rebasaron las 400- para lo que se estima necesario un descenso del 50% en las emisiones mundiales respecto a los niveles de 1990, con una reducción entre el 60% y el 90% en el caso de los países desarrollados, así como una completa descarbonización para 2100 (IPCC, 2015).Así las cosas, la explotación de combustibles fósiles se presenta, pues, como el eslabón que une ambas crisis, de modo que lograr descarbonizar la economía se ha convertido en un objetivo fundamental para el que se precisa una transición energética urgente. El estudio de las transiciones energéticas (y de las transiciones socioecológicas en un sentido más amplio) se viene abordando a través de diferentes enfoques (Lachman, 2013) que centran su atención en distintas variables. De ellos, aquí nos interesa destacar el enfoque sociometabólico, ya que observa la sociedad y sus interacciones con la naturaleza, a través del sistema energético, desde una óptica dinámica, sistémica y compleja (Fischer-Kowalski, 2011). Dentro de este enfoque, el concepto de metabolismo económico aparece como una útil analogía procedente de la biología (Fischer Kowalski, 1998; Fischer-Kowalski y Hütlter, 1999), en la que cabe entender el funcionamiento físico de un sistema económico de igual modo que el de cualquier organismo vivo, a saber: de la misma manera que un organismo ingiere alimentos del entorno para mantenerse vivo o crecer y, después, excreta residuos que van a parar al medio ambiente; de igual modo se comporta un sistema económico al captar energía y materiales del entorno para producir bienes y servicios, y, como
4 IEA en sus siglas, en inglés.
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consecuencia de esa actividad, generar residuos que van destinados de nuevo al medio ambiente (Daly, 1968; Ayres y Simonis, 1994; Ayres y Ayres, 2002; Adriaanse et al., 1997; Carpintero, 2005). El enfoque sociometabólico forma parte, así, del marco teórico de la economía ecológica (Martínez Alier y Roca, J. , 2013; Martínez Alier y Ropke,(eds.), 2008; Constanza, Perrings, y Cleveland, (eds.), 1997; Carpintero, 2009) en el que la economía aparece como un subsistema dentro del un sistema más amplio como es la biosfera. El subsistema económico aparecería, por tanto, sujeto a las restricciones impuestas por los sistemas naturales, con los que se encuentra en constante y compleja interacción, al igual que sucede con el sistema social. La urgencia para comprender los procesos de transición y acometerlos con urgencia se ha visto corroborada a nivel científico y académico con un creciente número de citas y artículos en torno a las transiciones energéticas y hacia la sostenibilidad, publicados sobre todo desde 2006 (Markaard et al., 2012). Por otra parte, desde el ámbito local, diversas experiencias de transición se han iniciado en los últimos años (Bermejo, 2009), y se han elaborado numerosos planes de transición energética hacia sociedades postcarbono por parte de Gobiernos, organismos internacionales e instituciones no gubernamentales de gran influencia. Con estos mimbres, el objetivo de este artículo es analizar de manera sistemática una colección de planes de transición surgidos con anterioridad a los acuerdos de la XXI Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático de París en 2015 (COP21), así como su actualización como consecuencia de la COP21. En primer lugar, en el siguiente apartado, se detalla la metodología seguida en la confección del texto. A continuación, se clasifican y describen los diferentes planes atendiendo a seis variables consideradas de importancia. Posteriormente, se realiza una amplia discusión de sus postulados y planteamientos y, por último, se extraen algunas conclusiones sobre su utilidad, revisando, además, la implantación de algunos de ellos al situarlos en la perspectiva con los principales acuerdos alcanados en la COP21. Como trataremos de mostrar, todavía existe una gran distancia entre los esfuerzos necesarios para encauzar el modelo de producción y consumo dominantes por derroteros más sostenibles ambientalmente y justos socialmente, y la realidad de las propuestas y medidas llevadas a cabo hasta ahora para afrontar dicho desafío.
2. Metodología En este trabajo se han seleccionado una serie de planes de transición (Cuadro 1 y Cuadro 2). Para ello, nos hemos apoyado en la muestra ofrecida en el estudio de Wiseman, et al. (2013), al que hemos añadido otros planes de especial relevancia por su interés. En primer lugar, se analizan tres tipos de planes gubernamentales: a) aquellos procedentes de países en transición de la sociedad agraria a la industrial o emergentes (China e India); países exportadores de petróleo como México; b) los procedentes de países industrializados que son grandes consumidores de petróleo y altas emisiones (Alemania, EE.UU., España, Unión Europea, …); y, por último, c) el plan de un país en transición hacia la sostenibilidad como Dinamarca. Por otra parte, se han incluido también los Intended Nationally Determined Contributions (INDC) enviados por los Gobiernos seleccionados
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anteriormente de cara a la COP21. Aunque no es posible extraer un análisis tan rico como el de los planes originales por su brevedad, su interés radica en la comparación con los objetivos inicialmente planteados por los planes previos y, a tal efecto, han sido incluidos. Conviene advertir que los países de la Unión Europea enviaron para ello un único escrito, redactado por la presidencia letona del Consejo Europeo (2015), mientras que otros todavía no habían enviado sus documentos en el momento en que se redacta este trabajo. En segundo lugar, hemos analizado los planes de transición propuestos desde fuentes no gubernamentales entre las que cabe distinguir las ONGs internacionales verdes (Greenpeace y WWF), los centros de investigación y, por último, la Agencia Internacional de la Energía, organismo dependiente de la OCDE. Todos estos planes han sido clasificados y analizados en detalle en torno a seis variables, cuyas principales conclusiones y propuestas se discuten en un apartado posterior. Estas variables son las siguientes: 1/ impacto sobre el sistema socioeconómico; 2/ distribución del esfuerzo a escala global; 3/ papel atribuido a la tecnología; 4/ enfoque de gestión energética; 5/ criterio de sustitución de energías no renovables y 5/ grado de cumplimiento de objetivos de reducción de emisiones. A continuación analizamos los principales resultados de esta investigación a partir de las citadas variables de análisis. 3. Adecuación de los Planes a los diferentes criterios 3.1. El impacto sobre el sistema socioeconómico Según el impacto socioeconómico que consideran los planes de transición, cabe distinguir dos grupos: a/ Aquellos que adoptan una visión Business as usual (BaU) y consideran que el sistema socioeconómico actual es perfectamente compatible con la sostenibilidad y que, por lo tanto, la transición es una mera suma de inversión y tecnología. b/ Aquellos donde se plantean cambios profundos y en los que la transición energética hacia un modelo sostenible implica cambios importantes en el sistema socioeconómico. En este último caso se consideran –con distintos grados– modificaciones profundas en el modo en que nos desplazamos y proveemos de los bienes que satisfacen nuestras necesidades (transporte), dónde vivimos (nueva ordenación del territorio, urbanismo y nueva arquitectura), cómo nos alimentamos (con cambios profundos en el modelo agroalimentario y la dieta) y cómo nos organizamos (fomento de la participación democrática en la toma de decisiones). Por ejemplo, algunos planes (WBGU, 2011) plantean medidas como la mejora de la información pública y cauces de participación democrática para la aprobación de proyectos que puedan tener grandes impactos medioambientales. En cuanto al transporte, se propone un urbanismo que minimice los desplazamientos y el fomento activo de modos de transporte menos contaminantes (transporte público, ferroviario de mercancías, bicicleta, caminar) son algunas de las propuestas que se pueden leer en estos informes (WBGU, 2011; Kemp & Wexler, 2010, Gobierno de España, 2007; Brown, 2011). Por último, se plantea un modelo agroalimentario apoyado en la
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cercanía que evite emisiones y costes de transporte (WBGU, 2011; Kemp & Wexler, 2010), con menos fertilizantes y pesticidas (Gobierno de España, 2007) (más natural, no apoyada en el petróleo) y una dieta menos intensiva en carne (Brown, 2011). Por otro lado, los planes que adoptan una visión BaU, sin embargo, plantean una transición adaptativa en la que no se tienen en cuenta, especialmente, las tensiones a las que conduce el agotamiento de los recursos energéticos. Así, promueven mejoras tecnológicas que mejoren la eficiencia en la agricultura o en el transporte sin apenas tener en cuenta la fuerte dependencia del petróleo que mantienen ambos sectores. Del resto de cuestiones, raramente hacen siquiera alusión. Como se aprecia en el Cuadro 3. Impacto socioeconómico y tecno-optimismo, el enfoque BaU predomina entre las fuentes gubernamentales, incluidas los de los países emergentes5 (Government of India, 2011a; Government of India, 2011a) y exportadores (Gobierno de México, 2012). Existe una excepción, con muchísimos matices, entre las fuentes gubernamentales, que es la de España (2007), aunque finalmente se trate de la menos ambiciosa en cuanto a reducción de emisiones. Esto es así por la inclusión de medidas explícitas de reducción de fertilizantes, aumento de la superficie agraria ecológica y medidas de ordenación del territorio y transporte (especialmente de mercancías) con el objetivo de minimizar las emisiones. Además, entre las fuentes no gubernamentales, observamos una tendencia de las grandes ONGs internacionales a adoptar este enfoque, aunque sea por omisión. 3.2. La distribución del esfuerzo a escala global Si se mide el grado de esfuerzo como el nivel de reducción de emisiones –que conlleva inversiones, costes sociales asociados a la transformación socioeconómica, etc.– para cada país o grupo de países, observamos dos tendencias: a/ Aquellos que no lo consideran y, por tanto, ignoran esta cuestión en los planes transición energética. b/ Los que sí lo consideran en tanto que problema global, y entienden que los esfuerzos que conlleva la transición deben distribuirse de manera equitativa a escala planetaria planteando medidas explícitas o, implícitamente, a través de los niveles de reducción de emisiones. Entre los segundos cabría desagregar entre quienes plantean que la reducción de emisiones debe llevarse a cabo a través de una reducción en términos absolutos a escala global, sin diferenciar la reducción que han de acometer los países desarrollados de los no de desarrollados, pero estableciendo claramente mecanismos de cooperación para un “desarrollo sostenible” de estos que les permita llevar a cabo dicha reducción (WBGU,2011; Brown, 2011 Wright y Hearps, 2010; WWF, 2011; Gobierno de España, 2007) o plazos más laxos en sus emisiones energéticas como en el escenario 450 de la IEA (2012); y, por otro lado los que plantean una reducción de emisiones en la que se permitiría a los países no desarrollados incrementarlas, en aras de su crecimiento económico que se corresponden, como cabe esperar, a los planes de India (2011a, 2011b, 2015) y China (2011a, 2011b). Por su parte, al hacer
5 Si bien entendemos que sí buscan cambios profundos, estos serían hacia el modelo de las sociedades que hemos denominado como industriales, por lo que es pertinente su inclusión en el enfoque BaU.
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una lectura en clave interna de la transición energética, la mayoría de fuentes gubernamentales ni siquiera contemplan la posibilidad de articular mecanismos de cooperación para distribuir equitativamente sus costes. Por su parte, las entidades civiles, radicadas física y sociológicamente en los países desarrollados, abogan por una reducción absoluta de emisiones, aunque con mayor esfuerzo de los países desarrollados. España (2007) ha sido incluido entre los que lo consideran con esfuerzos diferenciados, al considerar el objetivo cumplir con el Protocolo de Kyoto –reducción de un 5% las emisiones con respecto a 1990 para los países desarrollados–y porque, además, es uno de los pocos que plantea medidas específicas de cooperación internacional de cara a asumir esta responsabilidad. Mientras, los países emergentes sostienen que para luchar contra la pobreza y mejorar su bienestar van a necesitar un crecimiento económico asociado al mayor consumo de combustibles fósiles, lo que les lleva a ofrecer reducciones en la intensidad de emisiones en relación a su PIB, pero no reducciones absolutas. En concreto, el programa del Gobierno de la India sostiene la intención de mantener un crecimiento medio anual del 9% durante los 20 años posteriores a la publicación del Informe (Government of India, 2011a). Los datos que aporta el informe y el objetivo de reducir, entre un 20% y un 25% la intensidad de emisiones en esos 20 años, implicaría una reducción media anual de en torno al 1,4%. Si cruzamos esos datos con los del crecimiento del PIB proyectado –crecimiento del 9% anual medio– obtenemos que en realidad las emisiones totales crecerían
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Fuente:Elaboraciónpropia.
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a una tasa anual de aproximadamente el 7,6%. En el caso del Gobierno chino se da una situación análoga. Para el Plan Quinquenal 2011-2015 (Government of the People's Republic of China, 2011b) se propone una reducción de la intensidad de emisiones del 17%, mientras se estima que el PIB crezca en un 40,2% en ese mismo período. Con estas previsiones en la mano, las emisiones de CO2 se incrementarían, en términos absolutos un 23,2%. 3.3. El papel atribuido a la tecnología La tecnología jugará un papel clave en la transición energética, pero según el protagonismo y las expectativas depositadas en ella, cabe distinguir dos visiones diferenciadas: a/ La visión tecnooptimista, en la que se confía única o mayoritariamente en el desarrollo de nuevas tecnologías, y/o la aparición de nuevos recursos que solucionen nuestros problemas energéticos y climáticos. Las mejoras en la eficiencia de los procesos son la clave para transitar hacia la sostenibilidad sin considerar sus limitaciones, y algunas de las tecnologías clave que consideran necesarias para la transición no se encuentran plenamente desarrolladas en la actualidad. b/ La visión no tecnooptimista que plantea que, sin perjuicio del desarrollo tecnológico, con la tecnología actual ya es posible la transición a través de políticas multidimensionales que consideren ésta como una herramienta y no un fin en sí misma. En el mismo sentido, esta visión advierte de los límites del desarrollo tecnológico para hacer frente al desafío ambiental tal y como ha puesto de relieve fenómenos como el “efecto rebote”. Es verdad que este criterio no aflora de manera nítida en todos los planes, apareciendo rasgos de ambas opciones en ellos, por lo que los peligros de simplificación son mayores en este epígrafe. El criterio para determinar su adscripción ha sido el de la existencia de algún elemento que condicione de manera determinante el plan y que puede consultarse en el Cuadro 3. Así, se han catalogado como tecnooptimistas los planes que: a) dejan recaer la práctica totalidad de la responsabilidad de la transición en soluciones tecnológicas, generalmente relacionadas con la eficiencia energética o la simple conversión del mix energético actual a otro basado en tecnologías para la obtención de energía renovable, como los de Greenpeace (2010) y WWF (2011); b) los que dejan recaer gran parte de la responsabilidad en medidas de geoingeniería como la captura y almacenaje de carbono o la forestación; los que no contemplan el tiempo de despliegue de las nuevas tecnologías; o, c) los que minusvaloran explícitamente el efecto rebote. En el apartado 4º se discuten con mayor detalle los problemas que esta visión enfrenta. Un caso paradigmático, que reúne todas estas características, es el de las medidas del Escenario 450 de la Agencia Internacional de la Energía (2012). El tecnooptimismo es la nota mayoritaria en todos los planes, aunque en mayor medida en aquellos que proceden de fuentes gubernamentales. Por su parte, los no tecnooptimistas buscan soluciones multidimensionales, normalmente acordes con su enfoque de “cambios profundos” e incluso hacen críticas explícitas referentes al efecto rebote o a planteamientos como la citada geoingeniería (Kemp & Wexler, 2010). Se ha considerado el plan español (2007) no tecnooptimista por su carácter multidimensional, a pesar de la inclusión de la captura de carbono, ya que lo hace siguiendo un principio de prudencia por el que se analizarán sus riesgos para la salud, la seguridad y el
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medio ambiente. En el Cuadro 3 se detallan los criterios de clasificación de cada plan, así como alguna de sus medidas en torno a este epígrafe y el primero. 3.4. El enfoque de gestión energética Según el modelo de gestión energética dominante en cada plan, podemos distinguir entre dos visiones distintas: a/ Los planes que adoptan un enfoque de oferta en el que la demanda es una variable exógena y normalmente creciente. En ellos se plantea un incremento de la disponibilidad energética para satisfacer esa la demanda creciente pero no se plantean actuar sobre el propio nivel de demanda energética ni se toman medidas explícitas en busca de reducirla. b/ Aquellos con un enfoque de gestión de demanda que permite (a través de medidas de ahorro y eficiencia) influir en la cantidad demandada de energía (y en el consumo final), por lo que se considera deseable planificar una reducción de la misma para llevar a cabo la transición hacia la sostenibilidad. Se han incluido bajo esta rúbrica los planes en los que se producen reducciones explícitas de la demanda incluso, por prudencia, en aquellos que no consideran el efecto rebote o lo minusvaloran. Los planes de fuentes gubernamentales presentan un enfoque de gestión de oferta que asumen incrementos en la demanda, quizá pensando en que reconocer lo contrario sería tanto como cuestionar el crecimiento económico de los respectivos países. En este sentido, como ya se apuntó, destacan los países emergentes, que asumen grandes incrementos en la demanda fruto del crecimiento económico que persiguen. Por ejemplo, India, que ya en sus planes iniciales (Government of India, 2011a; 2011b) daba por buenos grandes incrementos en la demanda energética, en su INDC remitida a la COP 21 de París, asume un incremento de la de demanda eléctrica de más que el triple para 2030. Por su parte, otros planes como el del Gobierno danés (2011), ya en transición, o el de Greenpeace (2010) confían en la reducción de demanda gracias a las mejoras de eficiencia y en la electrificación de la economía, con lo que se ha considerado que se sostiene un enfoque de gestión de la demanda aunque no hagan mención al efecto rebote. De hecho, Greenpeace (2010) afirma explícitamente que “es necesaria una reducción dramática en la demanda primaria de energía […] para compensar el desmantelamiento de la energía nuclear y la reducción en el consumo de combustibles fósiles”. No obstante, si nos fijamos en la reducción en el consumo final de energía en el escenario que contemplan más probable de aplicarse su plan, esta sería algo inferior al 20% (para 2050, respecto a 2007) y apoyado en un fuerte incremento de la utilización de biocombustibles, con los problemas que conlleva y que analizamos posteriormente. Algo semejante sucede con el plan de WWF (2011), aunque en este caso desde la óptica de un enfoque plenamente de oferta, como detallamos en el siguiente epígrafe. Por otra parte, los planes de otras fuentes no gubernamentales procedentes de centros de investigación abogan en su totalidad por reducciones en la demanda basadas en un nuevo modelo social y productivo tal y como se describió en el primer epígrafe de este apartado. Como en el caso de Greenpeace (2010) el plan Zero Carbon Australia (Wright&Hearps, 2010) trata de reducir el consumo energético -en este caso con la meta muchísimo más ambiciosa del 50% para
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2020- a través de la electrificación de la economía y algunos cambios superficiales en el modelo socioeconómico que difícilmente podrían explicar una reducción energética de la magnitud de la que plantean.
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Fuente:Elaboraciónpropia.Notación:CP:cam
biosprofundos;BaU:businessasusual;NO:nooptim
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3.5. El criterio de sustitución de las energías no renovables Las fuentes energéticas hegemónicas en el mix energético mundial son, en la actualidad, los combustibles fósiles –petróleo, carbón y gas natural, en este orden– y, para acometer la transición hacia la sostenibilidad los planes hacen sus propias elecciones en cuanto a la difícil tarea de su sustitución. Tanto si la sustitución se acompaña de reducciones en la demanda como si no, hemos observado tres signos distintivos en ellos: a/ Los que abogan por una sustitución 100% renovable, donde se sustituyen las actuales fuentes no renovables por otras renovables en su totalidad. b/ Los que incluyen energía fósil y/o nuclear en el mix energético resultante tras la transición hacia la sostenibilidad. c/ En función de la importancia de la biomasa en la transición distinguimos entre los planes que promueven una apuesta decidida por la biomasa –más de un 20% de la energía final en el mix energético resultante y/o con especial interés en los biocombustibles – y los que optan por la utilización de la biomasa únicamente a partir de los residuos. Entre los centros de investigación y el plan del gobierno danés predomina el objetivo de un futuro 100% renovable. Destaca en ellos la sustitución basada en la electrificación apoyada en fuentes renovables –solar fotovoltaica, hidroeléctrica y eólica esencialmente–, el aprovechamiento renovable directo como el calor ambiental y, por último, la biomasa y los biocombustibles. Las fuentes gubernamentales apuestan por acción (Government of India, 2011a; Government of the People's Republic of China, 2011a) o por omisión (European Comission, 2011; Gobierno de España, 2007) por la energía nuclear, con el caso particular del plan alemán (Government of Germany, 2010) redactado con anterioridad a la moratoria tras el desastre de Fukushima. En el INDC de India (Government of India, 2015) se redobla esta intención de apoyar su crecimiento futuro en la energía nuclear, que se eleva a tecnología limpia frente al carbón (sobre el que plantean un gran esfuerzo para su reducción) y el petróleo. De hecho el Gobierno de India se compromete a reducir en un 40% su consumo de energías fósiles para 2030. Estos combustibles fósiles se contemplan como un “mal” necesario y transitorio para la descarbonización de la economía (WWF, 2011) o para sostener el proceso de crecimiento económico que prevén para las próximas décadas como el plan de India (2011b) y el de China (2011b). En muchos de los planes que mantienen las energías fósiles en su mix energético prevalece la idea de utilizar el gas natural como energía “puente” por considerarla menos contaminante que el petróleo, como sucede con los planes gubernamentales de India (2011b; 2015), China (2011b), México (2011), California (2008) y también en el escenario 450 de la IEA (2012) y en el Low Carbon Growth Plan for Australia (Climate Works Australia, 2010). Finalmente, para ilustrar el tercer modelo de sustitución, puede servir de ejemplo el contraste entre un plan que apuesta por la total renovabilidad con presencia moderada de biomasa en el mix energético final (Kemp & Wexler, 2010) y otro con fuerte presencia (WWF, 2011). Como vemos en el Gráfico 1, el plan de la izquierda –desde un enfoque de demanda- proporciona una señal del papel jugado por la electricidad –solar fotovoltaica, hidroeléctrica y eólica esencialmente–, y por algunos elementos con reducida carga tecnológica como el calor ambiental y los biocombustibles. El de la derecha, no obstante, ofrece una transición fuertemente apoyada en la
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biomasa y los biocombustibles (40% de la oferta energética en 2050), manteniendo una pequeña porción de combustibles fósiles. Algunos planes consideran esencial, como también la Agencia Internacional de la Energía, el desarrollo de los biocombustibles y la utilización creciente de biomasa, algo que puede tener sus peligros y que discutiremos más adelante. Gráfico 1. Sustitución energética. 100% renovable y con fuerte presencia de biomasa.
Fuente: Kemp & Wexler (2010), izquierda y WWF (2011), derecha. 3.6. El grado de cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones Hemos clasificado los planes de transición en función del cumplimiento o incumplimiento de los requisitos que exige la lucha contra el cambio climático según el IPCC, apuntados en el epígrafe 2.b. a/ Los que sí cumplen y sostienen de manera explícita o, al menos, tendencial, reducciones en las emisiones que permitan lograr el objetivo de no superar los 2ºC sobre el nivel preindustrial. b/ Aquellos que no cumplen ya que no hacen mención o plantean objetivos insuficientes respecto a las reducciones de emisiones. Sobre el papel, la mayoría de los planes logra cumplir con los objetivos planteados por parte del IPCC. Incluso los Gobiernos de países desarrollados parecen contemplar ese mayor esfuerzo que les corresponde con cuotas de reducción en el intervalo superior. Por su parte, algunos de los planes que tienen una perspectiva internacional proponen reducciones de en torno al 80% en cómputo global, lo que implica esfuerzos considerables y poco diferenciados por parte de los países no desarrollados. Los más drásticos son los planes Zero Carbon Britain (Kemp y Wexler, 2010) y Zero Carbon Australia (Wright y Hearps, 2010) que plantean una abrupta reducción de las emisiones netas (carbono emitido, descontando el carbono absorbido, esencialmente a través de masa forestal) hasta eliminarlas en el año 2020 en Gran Bretaña y en los países desarrollados en su conjunto respectivamente. Por último, los países emergentes hacen caso omiso –con los argumentos apuntados en la segunda variable de estudio– de las recomendaciones del IPCC, planteando reducciones en la intensidad energética que implican aumentos en términos absolutos. Las estimaciones de reducción suelen establecerse en torno a dos fases que suelen fijarse en 2020-2030 y 2050 respectivamente. En algunos casos no se hacen referencias explícitas a los objetivos de reducción pero sí a través de la asunción de los objetivos de otros planes como el de la Comisión Europea (2011) o de tratados internacionales como el Protocolo de Kyoto (Gobierno de España, 2007;
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Gobierno de México, 2011). Aunque la mayoría de los planes establecen sus objetivos de reducción en referencia al año 1990, en algunos se establecen como referencia fechas posteriores con mayores niveles de emisión, lo que no debe conducir a error pues estos casos requieren reducciones porcentuales mayores para lograr los objetivos.
Cuadro 4. Principales políticas de transición energética
Fuente: Elaboración propia.
Los INDC de los países que a día de hoy han sido enviados al IPCC hacen su propuesta más explícita en relación a los objetivos de reducción de emisiones de GEI. Cómo lo harán será algo que deberá desarrollarse en nuevos planes de transición en los próximos años. El Gobierno de Estados Unidos (2015) juega con las cifras y compromete para el año 2025 una reducción de alrededor del 26%-28% en sus emisiones, pero tomando como referencia el año 2005 (uno de los años con mayores emisiones) y no 1990. De hecho, una reducción del 28% respecto a 2005 implicaría una disminución de tan solo el 19% si tomáramos como referencia 1990. Si tomamos como referencia el plan del Estado de California (2008) en el que se apuesta por una reducción del 80% respecto a 1990 en 2050, se observa que o bien el esfuerzo que tendrá que hacer el país entre 2025 y 2050 tendrá que ser de enormes proporciones o que el Estado de California contribuirá asimétricamente a los esfuerzos de todo el país. La Unión Europea, a través del INDC propuesto por la presidencia letona del Consejo de Europa (2015) se compromete a una reducción de “al menos el 40%” para 2030. De esta manera, la UE iría por el buen camino fruto del optimismo derivado de haber logrado prácticamente el objetivo para 2020 (reducción del 20% respecto a 1990) en 2013, si bien es cierto que no tanto por méritos propios como por el efecto de la crisis económica. México (2015) se compromete, por su parte, a reducir un 25% sus emisiones para 2030 y un 40% condicionado al establecimiento de mecanismos de cooperación internacional (transferencia de conocimiento, financiación, etc.). India (2015), por su parte,
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insiste en establecer objetivos en términos relativos a su PIB, aunque esta vez eleva sus objetivos al 33%-35% respecto a 2005.
4. Entre la realidad y el deseo: discusión de las propuestas En este apartado discutiremos y evaluaremos las principales propuestas y enfoques adoptados por los distintos planes de transición tomando en cuenta cada uno de los criterios. Respecto al primer criterio, esto es, el impacto de la transición sobre el sistema socioeconómico, no siempre se tienen presentes en los planes una evaluación de las dificultades que acompañaran la transición. En este sentido cabe señalar con Roberto Bermejo (2008) que, en el nuevo escenario en el que los combustibles fósiles no desempeñen una función hegemónica en la estructura sociometabólica, es probable que se desencadenen importantes cambios. Por una parte, se requerirá un urbanismo más compacto que reduzca la movilidad, una ordenación territorial más equilibrada y un comercio de carácter más cercano que reduzcan las necesidades de transporte de la economía, uno de los sectores más intensivos en combustibles fósiles. Por otro lado, la industria pesada no podrá contar con combustible barato y algunos usos del petróleo son de difícil sustitución, como veremos más adelante. Además, el sistema monetario también se verá afectado previsiblemente –el dólar, la moneda internacional para el comercio de crudo, ya se está viendo parcialmente desplazada por el euro y el yuan– y, con él, el sistema financiero. Por último, será necesaria una transformación del modelo agrícola hacia otro no dependiente del petróleo (utilizado en fertilizantes, pesticidas, transporte, etc.). La vuelta a los sistemas tradicionales y la promoción de la agroecología, que utiliza un 60% menos de energía fósil por unidad producida manteniendo el rendimiento productivo (Riechmann, 2003) será también necesaria para una transición energética que contemple todas sus implicaciones. Aunque algunos de los planes aboguen por estas medidas que comportarían una transformación intensa del modelo socioeconómico (WBGU, 2011; Brown, 2011; Kemp y Wexler, 2010) son minoría y, además, son planeadas como medidas aisladas, raramente contempladas las implicaciones sistémicas que acarrea el declive energético del futuro próximo.
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Cuadro 5. Reducción de emisiones
Fuente: Elaboración propia.
En segundo lugar, en relación a la distribución internacional del esfuerzo de la transición, hemos de tener en cuenta algunas cuestiones de importancia. Esto es así pues, a pesar de que si queremos evitar las peores consecuencias del cambio climático, las reducciones en las emisiones han de ser rápidas y en términos absolutos, lo que choca con las demandas de crecimiento económico de los países emergentes. Si aplicáramos una política medioambiental tan poco radical como el principio de que “quien contamina paga”, esto bastaría para determinar que los costes de la transición deberían caer de manera mayoritaria sobre los países desarrollados, ya que son los que han consumido la mayor parte de los combustibles fósiles y liberado la mayor cantidad emisiones hasta la fecha. Es necesario cuestionar no solo la vinculación entre crecimiento económico y bienestar (Jackson, 2011) sino también entre crecimiento y sostenibilidad medioambiental, tal y como una abundante literatura procedente de la economía ecológica ha puesto de relieve (Victor, 2015). Esto lleva a actitudes escépticas respecto a sugerencias como la curva de Kuznets ambiental, o la relación entre crecimiento económico e impacto medioambiental en forma de U invertida, en la que a partir de cierto nivel, el crecimiento es capaz de revertir los impactos mediante inversiones en tecnologías más eficientes, terciarización y la desmaterialización de la economía. No obstante, gracias estudios empíricos de ámbito internacional (de Bruyn, et al., 1998;
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Stern, 2004; Tapia-Granados y Carpintero, 2013; Tapia-Granados, et al., 2012; Wagner, 2008; Carpintero, 2005) existe suficiente evidencia acumulada que indica que el crecimiento económico está relacionado de manera positiva con los impactos medioambientales, por lo que existiría un conflicto entre el crecimiento económico y la sostenibilidad. No solo eso sino que, a nivel internacional, si la curva de Kuznets funciona lo sería solo en términos relativos –impacto por unidad de PIB– pero no absolutos y ello solo gracias a que el comercio internacional permite trasladar producción contaminante a los países pobres para su posterior consumo, libre ya de polvo y paja, en los países ricos (Steen-Olsen, et al., 2012; Infante Amate, 2014). Esto supone que no solo se hacen necesarios verdaderos mecanismos de cooperación internacional como el Protocolo de Agotamiento del Petróleo y una apuesta decidida de los países ricos por entidades financieras internacionales como el Green Climate Fund que financien la transición en los países no desarrollados, sino también revisar cómo se organiza el comercio internacional a partir de su principal institución reguladora, la OMC. En tercer lugar, en relación al papel de la tecnología en la transición, cabe cuestionarse el protagonismo incondicional que se le otorga en la gran mayoría de los planes. La tecnología jugará un papel importante en la transición, pero reducir ésta unidimensionalmente a un problema tecnológico es una visión en exceso simple que ignora sus limitaciones. En primer lugar, el citado efecto rebote, demostrado por abundante evidencia empírica (Polimeni et al., 2008; Blake, 2005; Carpintero, 2003; Duarte et al., 2013) y que consiste en la paradoja de que las mejoras de eficiencia, al reducir el coste del recurso o proceso sobre el que se aplica, devienen en aumentos en términos absolutos en su consumo. Por ejemplo, según el estudio de Duarte et al. (2013), España y Portugal fueron los países que más sufrieron el efecto rebote entre 1995 y 2005. Compensaron una reducción en la emisión de CO2 por parte de los hogares del 10,3% y 9,3% respectivamente, con incrementos en las emisiones por efecto del crecimiento de la demanda del 54,1% y 57,6%, arrojando un balance final de un incremento en las emisiones del 43,8% y 48,3%. A esta consideración habría que añadir que el tiempo de despliegue de tecnologías emergentes puede prolongarse durante décadas (Fouquet, R., 2010), como sucede con la reconversión de un parque automovilístico fósil a otro eléctrico, o de un tejido industrial contaminante a otro “limpio” y apoyado en la ecología industrial. Por otra parte, técnologías como la captura y almacenaje de carbono presentan claras limitaciones, técnicas y económicas. De un lado, el carbono capturado no desaparece y no puede retenerse eternamente. Esto hace que, en el marco de una economía capitalista, sea difícilmente desarrollable por el sector privado, conduciendo a situaciones paradójicas. El alto coste de esta tecnología, por ejemplo, hace que tengan que buscarse aprovechamientos económicos del gas capturado como la “recuperación mejorada de petróleo”, consistente en la inyección de gas o vapor para la extracción de una mayor cantidad de crudo, como propone explícitamente uno de los planes (EOI, 2015). Además, en lo que se refiere al suministro de petróleo, nuevas tecnologías de exploración o extracción tan solo tienen la virtud de acelerar el proceso de agotamiento del recurso y la emisión de gases de efecto invernadero tras su combustión o durante el propio proceso de extracción.
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Aunque siempre es posible pensar que “la tecnología nos salvará” y nos proporcionará la solución a la crisis socioecológica y a la transición energética, por desgracia el futuro es incierto y difícilmente predecible. Por eso, en un escenario de incertidumbre, la propia teoría de la elección racional para este tipo de situaciones sugiere que la opción racional, también desde el punto de vista colectivo, sería evitar una política basada en el optimismo tecnológico. En cambio, habría que apostar por una política tecnológica menos eufórica (o pesimista respecto de las posibilidades de la tecnología en este ámbito). Fruto de ello, y tal y como sugería Robert Costanza hace casi dos décadas (cuadro 3), los resultados obtenidos en el peor de los casos serían razonables, mientras que si los tecno-optimistas no tienen razón y se opta por sus políticas, los resultados serían desastrosos (Constanza, 1989). Como sugería Georgescu-Roegen, lo que hay que hacer es “minimizar los remordimientos futuros”.
Cuadro 6. Optimismo vs Pesimismo Tecnológico
Fuente: Constanza (1989: 4)
En cuarto lugar, conviene discutir la cuestión del enfoque de gestión de la energía. En la actualidad, la generación de energía es responsable de aproximadamente un tercio de las emisiones de GEI por lo que si queremos luchar contra el cambio climático, no solo la sustitución por energías renovables, sino también la reducción, debería ser una de las prioridades. La cuestión fundamental aquí es la dificultad de lograr la misma cantidad de energía que obtenemos hoy con los combustibles fósiles –81% del consumo final de energía en 2010 (IEA, 2012)– sin contar con ellos. No solo en términos cuantitativos, sino también cualitativos, pues la sustitución presenta algunas rigideces que señalaremos en el epígrafe posterior. Por lo tanto, de nada sirven las reducciones vía eficiencia si estás no van acompañadas de medidas que reduzcan efectivamente el consumo. Por todo ello y lo apuntado en los anteriores epígrafes, la intervención sobre la demanda con el objetivo de reducirla estaría reñida con un modelo socioeconómico BaU y tecnooptimista. Los planes de algunas de las principales ONGs ecologistas internacionales incurren en esta contradicción. Esta es una cuestión crucial para llevar a cabo una transición hacia la sostenibilidad creible, ya que, de tratar de pasarla por alto, los planes perderían eficacia y resultarían incoherentes. Sirva de ejemplo el caso del Gobierno de Dinamarca (2011) que, a pesar de encontrarse ya en transición, adopta un enfoque BaU y tecnooptimista con lo que, a pesar de apostar por un enfoque de gestión de la demanda, podría verse sometido a tensiones en el momento en que las restricciones de suministro sean más acusadas, especialmente si el efecto rebote hace que las mejoras de eficiencia proyectadas reduce la intensidad de la reducción estimada. Otro ejemplo, quizá más ilustrativo, sería el de dos de las más importantes ONGs internacionales que, a pesar de demandar una reducción en la demanda energética en el caso de Greenpeace (2010) o incluso yendo más allá a través de un enfoque de oferta como WWF (2011), no mencionan cambios en el sistema socioeconómico y tienen un planteamiento tecnooptimista. Adoptar esta
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postura conduce a una trampa de difícil solución, ya que la reconversión tecnológica y renovable no es suficiente. Sustituir la capacidad energética del petróleo es, hoy por hoy, inviable, por lo que esta reconversión ha de acompañarse de una estricta gestión de la demanda energética para reducirla, lo que conduce inevitablemente a una reconfiguración global del sistema socioeconómico. Si se quiere escamotear esta posibilidad, hay que tomar la puerta de emergencia y apostar por la biomasa y los biocombustibles, con los problemas de acaparamientos de tierras en los países pobres y de rentabilidad energética que esto conlleva. En quinto lugar, respecto de la sustitución de las actuales fuentes energéticas “sucias” y no renovables, la mayoría de los planes apuestan por una electrificación de la economía que, en algunos casos hacen descansar, en parte, en la energía nuclear. Su carácter no renovable y agotable, al apoyarse en un mineral, el uranio, cuyas reservas disponibles evitan cualquier consideración sobre la generalización de esta fuente (Rodríguez Farre y López Arnal, 2008; Cirera et al. 2007; Coderch, 2007)6 debería ser motivo más que suficiente para renunciar a ella. Además, la generación de unos residuos que los sistemas naturales son incapaces de metabolizar y que, por lo tanto, han de ser gestionados durante un período de actividad que puede prolongarse miles de años, también descalificaría por sí solo a este tipo de energía. Np en vano, incluso económicamente, si halláramos el valor actual de los costes que genera la gestión de estos residuos por parte de la empresa que los genera, se llegaría a la conclusión de que son económicamente inasumibles, motivo por el cual este inaceptable coste suele socializarse transfiriéndose a los Estados. Por último, los problemas de seguridad y salud para las personas que accidentes como el de Chernobyl o Fukushima nos recuerdan cada cierto tiempo, no parecen hacer más recomendable la opción nuclear. La sustitución se enfrenta, además, a dificultades relacionadas con la incompatibilidad o rigidez de ciertas fuentes de energía para determinados usos. Por ejemplo, el combustible utilizado en aviones, transporte e industria pesada no puede simplemente ser sustituido por energía eléctrica. La solución que suele darse a este problema de incompatibilidad es el de la extensión de la biomasa y, concretamente, el biocombustible, como WWF (2011) aborda con especial intensidad. Sin embargo, la biomasa y los biocombustibles como fuente energética que sustituya a los combustibles fósiles presenta algunos problemas. Debido a la fuerte dependencia de los combustibles fósiles por la agricultura moderna, los agrocombustibles no solo no contribuirían a eliminar el problema de fondo, sino que presentarían tasas de retorno energético muy pobres, por debajo de 1 en algunos casos7. Además, las hectáreas de tierra cultivable necesaria para producir la suficiente energía de los biocombustibles como para alcanzar los objetivos de algunos planes, obligaría a deslocalizar su producción y a desplazar los usos alimentarios de la tierra cultivable. Esto requeriría de un comercio internacional vigoroso para transportarlo a los lugares de procesado y consumo pero, como sabemos, cada vez contará con 6ComorecuerdaMarcelCoderch (2007,p.132): “Sustituir todos loscombustibles fósilesempleadospara lageneracióneléctricapara2030requeriríaconstruirunos4.700reactoresde1GWe,esdecir,unreactorcadados días durante los próximos veinticinco años. Habría que incrementar la extracción de uranio de las 45kt/añoactualesamásde700kt/añoyensesentaañossupondríaconsumirmásde40millonesdetoneladasdeuranio,cuandolasreservaslocalizadassonsólode3,2millonesylashipotéticasyespeculativasnollegana11millonesdetoneladas”.7 Véase, por ejemplo, Carpintero (2008) y las referencias allí mencionadas.
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menor capacidad. Mientras, el desplazamiento de los usos alimentarios con una población mundial creciente tan solo generaría una mayor presión sobre los recursos destinados al sostenimiento de la vida, con los conflictos que esta situación acarrearía. El problema de fondo no es otro que el sobreconsumo energético que nos han permitido los combustibles fósiles, que no son otra cosa que toneladas de biomasa fosilizada durante millones de años. No podemos, pues, esperar una utilización sostenible de la biomasa actualmente aprovechable que pueda compararse a la energía extraída de los combustibles fósiles (Riechmann, 2008). Por lo tanto, la utilización de biomasa debe ir de la mano de reducciones en el consumo energético utilizando un enfoque de gestión de la demanda, y favorecer moderadamente la utilización de biomasa procedente de residuos, como plantea alguno de los planes (Wright & Hearps, 2010), pero siempre que no exista un uso alternativo más beneficioso (como por ejemplo su compostaje y devolución al suelo para frenar los procesos erosivos). Por último, en referencia a los objetivos de reducción de emisiones los planes plantean algunos que, en muchos casos, no tienen en cuenta mecanismos de distribución internacional del esfuerzo para llevar a cabo la transición equitativamente. No obstante, lo más preocupante es la falta de credibilidad de estos objetivos por parte los Gobiernos que dicen poder cumplirlos, pero sobre la base de una ausencia clara de cuestionamiento del modelo socioeconómico actual. Jackson (2011) estima, por ejemplo, que para estabilizar la concentración de GEI en 450 ppm se requeriría, en el más favorable de los escenarios, alcanzar una intensidad de emisiones (emisiones respecto al PIB) en 2050, 20 veces inferior a la actual. Por lo tanto, alcanzar dicha cota implicaría un replanteamiento a escala planetaria del modelo de desarrollo ligado al crecimiento ya que, como hemos visto, el efecto rebote tiende a veces a neutralizar –e incluso empeorar– las mejoras de eficiencia que podrían acercarnos a esa menor intensidad. Entre estos planes que afirman ser capaces de lograr cumplir los objetivos del IPCC desde una óptica unidimensional –sin cambios profundos en el modelo socioeconómico y/o confiando mayoritariamente en soluciones tecnológicas- cabe destacar los de Greenpeace (Teske, 2010) y WWF (2011), así como los de todos los Gobiernos que cumplen dicha afirmación. De otro lado, el plan realizado por la EOI (2015) resulta poco creíble por haberse tomado las previsiones sobre el mejor de los casos (medidas avanzadas y escenario optimista). Además, la propia institución califica como “el escenario más probable” otro en el que las cifras caen drásticamente. Por su parte, el plan del Gobierno de España (2007) al fijar como objetivo cumplir el Protocolo de Kyoto no lograría alcanzar los objetivos necesarios, pues éste se ha quedado corto (y se está incumpliendo de manera generalizada). Por último y quizá más relevante, la IEA (2012) organismo dependiente de la OCDE (que agrupa a los principales países desarrollados), en su escenario más ambicioso -que permitiría un 45% de posibilidades de mantener la temperatura global por debajo de los 2ºC- plantea reducciones claramente insuficientes para lograrlo. La prueba de la credibilidad de estas propuestas la encontramos en los datos. Por ejemplo, según la Agencia Ambiental Europea (EEA en sus siglas, en inglés), si bien algunos de los indicadores de la estrategia española (2007) como la intensidad energética o la demanda primaria de energía han mejorado (Gobierno de España, 2013), esto tiene que ver más con la crisis económica
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que con el éxito de las políticas. De hecho, la media de emisiones según la EEA en el período 2008-2012 fue un 24% superior respecto a 1990 a pesar, como decimos, de la grave crisis económica por la que atraviesa el país. Por otro lado, en la evaluación preliminar del Plan Quinquenal del Gobierno Chino, se admitía que no se estaban cumpliendo los objetivos de intensidad de consumo energético e intensidad de emisiones y se calificaba la situación como “sombría”, lo que ha obligado a introducir nuevo cambios en el Plan Quinquenal 2016-2020. Además, si tenemos en cuenta las declaraciones de intenciones de los países a través de sus respectivas INDC observamos que, de un lado los países no desarrollados como México (2015) o India (2015) –cuyo INDC porta el elocuente título de “Trabajando por la justicia climática”- exigen la concurrencia de los desarrollados para financiar su transición hacia una economía hipocarbónica; de otro lado, el INDC de EE.UU., principal emisor del planeta, se compromete a reducciones en su propio país muy tibias mientras no se observaban apenas medidas de cooperación internacional en las fuentes gubernamentales de países consumidores de combustibles fósiles. Así pues, como se puede apreciar en el resumen del Cuadro 4, la inmensa mayoría de planes analizados consideran que el impacto socioeconómico que implicaría una transición energética hacia una economía hipocarbónica sería menor o incluso inexistente. Con alguna excepción, vemos que esta es una creencia compartida indistintamente por gobiernos, grandes ONGs y la IEA, mientras que es menos común entre los centros de investigación independientes. En general, también se observa una clara tendencia a sobrevalorar la potencialidad de la tecnología. Ésta suele coincidir con la adopción de una visión BaU, una relación que podría analizarse a tenor del dilema incluido en el Cuadro 3, con todos los matices que cabría incorporar. Se trataría de una reacción lógica, pues es natural pensar que si la tecnología no está sujeta a límites, basta con desarrollarla dejando todo lo demás sin cambios. Por otro lado, se observa una clara tendencia por parte de los gobiernos a evitar hablar de reducciones en el consumo energético, salvo que éstas se produzcan por mejoras en la eficiencia (que rara vez tienen en cuenta el efecto rebote). Simplemente se propone una transición hacia un mix energético renovable, aunque en muchos casos se incluya erróneamente a la energía nuclear, que ninguna institución no gubernamental considera, salvo la IEA. Además, la gran mayoría mantienen un porcentaje variable de combustibles fósiles, siendo este menor entre las instituciones civiles y mucho mayor en los gobiernos y IEA, grupo que los incluye en todos los planes. Aquellas, en general, los mantienen por las rigideces en la sustitución por energías renovables y por la necesidad de emplearlos para la transición, mientras que estos parecen hacerlo mayoritariamente por una menor ambición, conscientes de las implicaciones que tendría una drástica reducción en su consumo para el sistema socioeconómico, un coste que aún no parecen estar dispuestos a asumir. En cuanto a la biomasa y biocombustibles, se trata de una alternativa aceptada generalizadamente, en algunos casos con una presencia en el mix energético superior al 20%. Por último, y a pesar de los condicionantes, la mayoría de los planes analizados cumplirían, sobre el papel, los objetivos marcados por el IPCC para mantener un 50% de posibilidades de que la temperatura no ascienda 2ºC por encima de los niveles preindustriales.
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5. Conclusiones Cada vez son más habituales los llamamientos que indican que la dimensión de los problemas es enorme y que el tiempo de reacción para enderezar el rumbo económico-ecológico se acaba. A la vista de la discusión anterior, no parece que los planes de actuación y la prospectiva estén a la altura de las circunstancias. Sobre todo porque, en muy pocos casos, y a pesar de las buenas intenciones, los planes apenas incorporan en serio elementos y condicionantes que modificarían radicalmente los planteamientos que en ellos abundan. En primer lugar, la constatación de que el consumo de recursos energéticos no renovables (como los combustibles fósiles o el uranio) que exige el funcionamiento socioeconómico no es sostenible y está llevando a situaciones de inestabilidad en el suministro futuro; o que los residuos generados por esos combustibles fósiles nos han conducido a una situación límite(que exige medidas audaces urgentes si queremos reducir las consecuencias del cambio climático. Medidas que, obviamente, desafían el statu quo económico, político y social actual. O, por último, que el sistema económico capitalista en su configuración actual, es difícilmente generalizable o emulable ecológica y socialmente por una parte importante de los países que, sin embargo, aspiran conscientemente a ello. Si por haber quemado la mitad de los recursos de petróleo convencional hemos generado un problema grave de cambio climático que compromete nuestra supervivencia en el planeta, cabe preguntarse y explorar las alternativas a quemar la otra mitad para producir bienes y servicios para una población que difícilmente podría habitar en un planeta con semejante incremento de la temperatura.
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El impacto externo de la Economía Verde – Un análisis de las implicaciones medioambientales de la Economía Verde
Paloma Villanueva Cortés Ayudante de investigación en el Banco de España
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El impacto externo de la Economía Verde – Un análisis de las implicaciones medioambientales de la Economía Verde Resumen: La popularidad de la Economía Verde ha ido en constante aumento tanto en los organismos internacionales como en los países de la OCDE, presentándose como la solución a la actual crisis económica y ecológica. Dicha estrategia se basa en una transición hacia una economía baja en carbón y en una mejora de la eficiencia de los recursos; cuyos supuestos nacen de la economía medioambiental. A pesar de su reconocimiento internacional, los indicadores de la Economía Verde apuntan a una distribución desigual de los beneficios resultantes de su implementación, la cual es posible gracias a la externalización del impacto ambiental a países terceros. Varios estudios empíricos ponen de manifiesto sus límites físicos en términos de daño ambiental provocado a través de la extracción de las materias primas, así como señalan futuros problemas de escasez. Estos hechos están en línea con la teoría del intercambio ecológico desigual, según la cual el coste medioambiental es desplazado desde los países del centro a los países de la periferia, a través de flujos comerciales y de inversión directa. Se encuentra además, que la Economía Verde se puede enmarcar dentro del concepto de environmental fix acuñado por Castree (2008), ya que se basa en la mercantilización de los problemas ambientales.
Abstract: The Green Economy has increased its popularity among international organizations and OECD countries, as the solution to the current economic and ecological crisis. This strategy consists of a transition to a low-carbon economy and the achievement of resource efficiency, whose assumptions are grounded in environmental economics. Despite its international recognition, Green Economy indicators reveal an uneven distribution of the benefits of its implementation reflected by the externalization of the environmental damage. What is more, empirical studies enlighten its physical boundaries in terms of environmental damage through the extraction of the required raw materials and their future scarcity problems. This evidence is in line with the theory of unequal ecological exchange, which posits that environmental cost is displaced from core to the periphery countries. Additionally, the Green Economy can be framed within the concept of environmental fix, in that it lies on the marketization of the environmental problem.
Contacto: Paloma Villanueva Cortés, e-mail: [email protected]
Clasificación JEL: Q42, Q51, Q57
Palabras clave: Economía Verde, Economía ecológica, teoría del intercambio ecológico desigual
8 Ayudante de investigación en el Banco de España. Proyecto fin de Máster en la HWR Berlín.
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1. Introducción
En las últimas décadas se percibe una creciente preocupación con el medio ambiente en los programas políticos. El nivel de las emisiones de dióxido de carbono (CO2), emitidas por la combustión de combustibles fósiles, es uno de los indicadores más comunes de tal hecho y una de las principales causas del calentamiento global. De hecho, la concentración de este gas tóxico en la atmósfera ha aumentado de manera espectacular y actualmente alcanzado 400,16 ppm en noviembre de 2015. Por otra parte, el nivel de emisiones de CO2 está muy por encima del límite de seguridad superior estimado en 350 ppm, que ya se alcanzó en 1988. Este fenómeno, conocido como crisis ecológica, no se produce de forma aislada. A su vez, el mundo está sufriendo las consecuencias de la crisis financiera y económica que se inició después del rescate de Lehman Brothers en 2008; la llamada “Gran Recesión”, caracterizada por altos niveles de desempleo, la contracción del crédito y caídas en el Producto Interno Bruto (PIB).
En este contexto, las organizaciones internacionales y los gobiernos se enfrentan al reto de superar estos problemas interconectados, y perciben la Economía Verde como una solución a los mismos. Esta ambiciosa estrategia ha sido adoptada por muchos países desarrollados y ha comenzado a ser implementada recientemente en países en desarrollo. Su hito principal es gestionar una transición energética con un enfoque en las energías renovables, para crear puestos de trabajo y erradicar la pobreza (PNUMA, 2011a).
A pesar de su eco, existe un creciente temor sobre las consecuencias medioambientales que surgen a raíz de la extracción de las materias primas necesarias para la implementación de una Economía Verde, poniendo en peligro su viabilidad. Esta tesis estudiará en qué medida la Economía Verde depende de una esfera externa para su implementación inspirándose, por una parte, en el trabajo de Blume et al. (2012), que revela el daño medioambiental ocurrido en países que exportan estas materias primas y, por otro lado, en la idea de Rosa Luxemburgo de la dependencia del sistema capitalista en una esfera externa o entorno no capitalista.
2. La Economía Verde
“In its simplest expression, a green economy is low-carbon, resource efficient, and socially inclusive. In a green economy, growth in income and employment are driven by public and private investments that reduce carbon emissions and pollution, enhance energy and resource efficiency, and prevent the loss of biodiversity and ecosystem services.”(UNEP, 2011a p. 16)
La definición citada de lo que constituye una Economía Verde es suficiente para revelar sus retos, a saber, sostener los niveles de crecimiento económico y prevenir futuros daños en el medioambiente (Morgera y Savaresi, 2013; Brandt, 2012; PNUMA, 2011a; OCDE, 2011a; Babonea y Joia , 2012). Esta definición también hace referencia al concepto de desacoplamiento, y apunta a la creación de un escenario el que “todxs ganan” (win-win situation) (Wissen, 2014).9 10
9 El término desacoplamiento se desarrollará más adelante. 10 El Crecimiento Verde es el segundo pilar de la estrategia Europe 2020, aprobada en 2010 y que apuesta por smart, sustainable and inclusive growth (Babonea and Joia, 2012). Estrategias de Crecimiento Verde también se han implementado en países con la República de Corea y Barbados (Morgera and Savaresi, 2013; Moore et al., 2014).
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Si bien la Economía Verde ha sido acogida en distintos programas políticos y estrategias de crecimiento, tanto por partidos de la derecha como de la izquierda, es necesario destapar sus supuestos.
2.1. Antecedentes históricos y objetivos principales
Los participantes de la Conferencia del PNUMA sobre el Desarrollo Sostenible
que tuvo lugar en Río de Janeiro en 2012 dejaron claro su compromiso de apoyo a la transición hacia una Economía Verde como modo de alcanzar el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza (PNUMA, 2012a) pero dejaron la puerta abierta a que cada país o región adoptase su propio proceso de transición atendiendo a sus nivel de desarrollo (Morgera y Savaresi, 2013). En ese sentido, la conferencia se limitó al estímulo de cada país a adoptar políticas de Economía Verde.
A pesar de su popularidad actual, el término Economía Verde fue acuñado en 1989 en un informe de Pearce et al. cuyo enfoque teórico se encuentra en la economía medioambiental (Morgera y Savaresi, 2013). Esta rama de la literatura concibe al medioambiente como un sistema supeditado al sistema económico y entiende la valoración de la naturaleza como un elemento clave para el desarrollo sostenible (Aguilera y Alcántara, 1994). Se sugiere que, a fin de reducir los impactos medioambientales; el coste de las externalidades negativas y una fiscalidad adecuada o creación de un mercado constituyen la solución (ibid.).11 Tal y como Morgera y Savaresi (2013) señalaron, la valoración económica se ha convertido en un elemento crucial en las negociaciones multilaterales sobre medio ambiente, sobre todo tras el Stern Review en 2006.
Con la presión internacional sobre los gobiernos y las instituciones para frenar el calentamiento global y tras el rescate de Lehman Brothers y el consiguiente estallido de la crisis financiera y económica; la Economía Verde se presenta como la panacea para enfrentar futuras crisis y asegurar nuevos caminos de crecimiento y de progreso que permitan mantener los niveles de vida alcanzados en los últimos cincuenta años (OCDE, 2011a).12
Puesto que la Economía Verde no es una estrategia de “talla única” debido a las diferencias en las políticas y marcos institucionales, niveles de desarrollo y dotación de recursos naturales, la OCDE insiste en la creación de una serie de objetivos comunes (ibíd.). Los cuáles son: una economía baja en carbono, eficiencia de los recursos, empleos verdes, mejoras tecnológicas, la erradicación de la pobreza y la inclusión social (Brand, 2012). Las condiciones previas que deberían permitir la transición a una Economía Verde consisten en políticas nacionales, regulaciones del mercado a través de incentivos, subsidios e impuestos y la creación de un mercado internacional y la infraestructura legal (UNEP, 2011a).
Para la aplicación de una estrategia de crecimiento verde, la OCDE (2011b) sugiere dos tipos de políticas. El primero trata las condiciones necesarias para reforzar el crecimiento económico y preservar el capital natural.13 Se compone de medidas fiscales y regulatorias que permitan la correcta asignación de los recursos. Este conjunto de reglas ha de ir acompañada de una promoción de la innovación para hacer frente a la escasez de recursos naturales y aumentar la eficiencia de los 11 Estas dos propuestas sobre cómo internalizar las externalidades negativas se explican más adelante. 12 Algunos autores utilizan el término Economía Verde para países desarrollados, mientras que Crecimiento Verde lo aplican para países en desarrollo; sin embargo no se encuentran grandes diferencias en los términos. En este artículo, se usarán indistintamente. 13 El capital natural comprende el stock de las energías no renovables y renovables, áreas naturales y semi-naturales así como los factores ecológicos y la tierra que se usa. (Hediger, 2000)
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mismos. El segundo tiene como objetivo impulsar el uso eficiente de los recursos naturales y el encarecimiento de la contaminación.
Volviendo a los principales objetivos mencionados en el párrafo primero, los siguientes apartados se ocuparán de los dos de ellos que están directamente relacionados con el medio ambiente - economía baja en carbono y eficiente de los recursos - y el concepto de desacoplamiento.
2.1.1. Economía baja en carbono
Como se observa en los apartados anteriores, la economía baja en carbono es
uno de los principales objetivos de la Economía Verde. Los defensores de una transición hacia una economía baja en carbono apuestan por las siguientes tres políticas principales para lograrlo: el control sobre el precio del carbono, impulso de las energías alternativas a través de aumentos en las inversiones y un marco normativo sólido.
La primera política en materia de control de precio del carbono se puede abordar, ya sea por la creación de un mercado para las emisiones inspirado en el trabajo de Coase (1960), por la aplicación de un impuesto medioambiental basado en el trabajo de Pigou (1948), o por una combinación de ambos (Edenhofer et al., 2009).
El enfoque de Pigou consiste en el establecimiento de un impuesto medioambiental, cuyo objetivo desincentivar las prácticas de consumo y producción que conlleven emisiones de CO2 (Edenhofer et al., 2009), mientras que el enfoque de Coase se basa en la definición de los derechos de propiedad de las emisiones de carbono y en la creación de un mercado global de emisiones. Se supone que estas dos propuestas, junto con la introducción de un límite de emisiones de CO2 ajustarían el precio del carbono teniendo en cuenta factores tanto de oferta como de demanda, respondiendo así con un precio superior a su escasez. En la práctica, dos mercados de emisiones de CO2 ya se han desarrollado: un sistema de planes de crédito y un sistema de cap-and-trade (ibid.). Un ejemplo de sistema de planes de crédito es el European Union Emissions Trade System (EU ETS), que concede derechos de emisión a empresas y abre un mercado de emisiones, mientras que un ejemplo de un sistema que impone límites a la contaminación a los países y establece un mercado de intercambio internacional es el Protocolo de Kyoto (ibid.).
Para llevar a cabo las dos políticas restantes, el papel del Estado se vuelve crucial. En primer lugar, el gobierno actúa como guía de las inversiones hacia energías alternativas a través de la intervención fiscal en forma de subsidios y beneficios fiscales. Y en segundo lugar, el gobierno introduce leyes para proteger el medio ambiente de cara al agotamiento de los recursos y otros problemas asociados con la acumulación de una economía baja en carbono (ibid.). Según lo explicado por Edenhofer et al. (2009) y Hey (2012), las nuevas plantas de energía alternativa corren el riesgo de dañar al medio ambiente, no sólo a través del saqueo de los recursos naturales y un mayor uso del suelo, sino también a través de potenciales externalidades negativas provocadas durante el proceso.
2.1.2. Eficiencia de los recursos y consumo y producción sostenibles
“During the past century, aggregate consumption of raw materials has continuously increased; regular improvements in resource efficiency and
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pollution control technologies have not been large enough to offset the effect of the increase in the size of the global economy.”(UN, 2011 p. 5). “Europe has enjoyed many decades of growth in wealth and wellbeing, based on intensive use of resources. […] Over the 20th century, the world increased its fossil fuel use by a factor of 12, whilst extracting 34 times more material resources. Today 7 in the EU, each person consumes 16 tonnes of materials annually, of which 6 tonnes are wasted, with half going to landfill. Trends show, however, that the era of plentiful and cheap resources is over.”(European Commission, 2011 p.2).
Las citas mencionadas apuntan al hecho de que los niveles de consumo y producción durante los últimos años han llegado a una etapa insostenible. Este hecho requiere de una acción global e integrada para lograr el segundo objetivo de la Economía Verde - eficiencia de los recursos. Según el ABC of Sustainable Consumption and Production (SCP):
“Resource efficiency is about ensuring that natural resources are produced, processed, and consumed in a more sustainable way, reducing the environmental impact from the consumption and production of products over their full life cycles. By producing more wellbeing with less material consumption, resource efficiency enhances the means to meet human needs while respecting the ecological carrying capacity of the earth.” (UNEP, 2010 p. 42)
De acuerdo con la definición anterior, el PNUMA se centra en las formas de reducir el uso de recursos mediante la promoción de SCP (PNUMA, 2012b). SCP fue empleado por primera vez durante el Simposio de Oslo en 1994. SCP se refiere a:
"[...] the production and use of goods and services that respond to basic needs and bring a better quality of life, while minimizing the use of natural resources, toxic materials and emissions of waste and pollutants over the life cycle, so as not to jeopardize the needs of future generations.”(UNEP, 2008 p. 21)
De hecho, está muy vinculado al concepto de desarrollo sostenible. Como señaló el Sr. Siddhahrt Behura, el consumo y la producción sostenibles son las dos condiciones previas para lograr el desarrollo sostenible (UNEP, 2008). Por un lado, la producción sostenible se logra a través de la innovación tecnológica y mejoras sobre los productos y procesos de producción extendidas en todos los sectores económicos. Los principales objetivos son la prevención de la contaminación, producción más limpia, eco-eficiencia y productividad verde. Por otra parte, el objetivo del consumo sostenible tiene en cuenta el ciclo de vida del producto con el fin de hacer el uso de ambas energías renovables y no renovables más eficientes. En la práctica, las acciones básicas para lograr un consumo sostenible incluyen el reciclaje, la reducción de residuos y las medidas de eficiencia de recursos (RRR). A pesar de que los términos se explican por separado, se entrelazan entre sí ya que el consumo sostenible está presente durante todo el proceso de producción y que la producción sostenible puede influir en las decisiones de consumo (ibid.).
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De acuerdo con la definición del concepto y el reconocimiento de los patrones de consumo/producción como un problema global de largo alcance, el PNUMA y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES) de las Naciones Unidas han asumido la tarea de adaptar las directrices básicas para lograr SCP (ibíd.; DAES, 2012). Se supone que este enfoque integrado, que se controla a través del Proceso de Marrakesh, 14 proporciona metas comunes para las diferentes estrategias nacionales, regionales y locales. Otra línea de actuación iniciada por el PNUMA y en cooperación con la Organización de Desarrollo Industrial de las Naciones Unidas (ONUDI) es la Resource Efficiency and Cleaner Production joint programm. Este programa se centra en el aumento de la eficiencia en la producción mediante la optimización del uso de los recursos naturales en todas las fases del ciclo de producción, en la minimización de los impactos ambientales causados por la producción industrial y en ayudar al desarrollo de las personas y las comunidades.
Un buen ejemplo de las medidas propuestas para fomentar la eficiencia de los recursos se encuentra en la Roadmap to a Resource Efficient Europe (2011a).
2.1.3. Desacoplamiento
“The decoupling of economic growth rates from resource use is […] the next big opportunity for green economic growth, innovation and sustainable development at large” (UNEP, 2014 p. 14).
Como se anunció previamente, el término desacoplamiento merece una mirada más profunda a fin de comprender sus implicaciones. Este concepto implica el uso de menos recursos en los procesos de producción y consumo, reduciendo por lo tanto el impacto ambiental asociado a ellos (PNUMA, 2011b).
Se sitúa así al desacoplamiento como un elemento clave de una Economía Verde, en tanto que lidia con su principal hito-el logro de un crecimiento sin degradación del medio ambiente o eficiencia de los recursos. El término desacoplamiento puede ser interpretado de manera diferente dependiendo del ámbito a la que se está haciendo referencia; ya sea al uso de los recursos naturales o al impacto ambiental. Por un lado, el desacoplamiento de recursos se refiere a un proceso de desmaterialización de la actividad económica (PNUMA, 2011b). Dicho de otra manera, la prioridad del desacoplamiento es la reducción del uso de recursos naturales por unidad de producto (ibid.). Por otro lado, el desacoplamiento de los impactos medioambientales se centra en la reducción de las externalidades medioambientales negativas generadas por aumentos en la producción. Sin embargo, los conceptos están muy relacionados entre sí ya que el agotamiento de los recursos naturales provoca la degradación del medio ambiente.
Otra categorización de desacoplamiento es la resultante de su medición, que se puede calcular como la relación entre la tasa de crecimiento del PIB y la tasa de uso de recursos naturales o la tasa de impacto ambiental (ibid.). Cuando la relación es menor que la unidad, se puede hablar de desacoplamiento relativo. Si la relación tiende a infinito, porque el denominador tiende a cero, es posible hablar de desacoplamiento absoluto, ya que el crecimiento económico no ha supuesto un peligro para el ecosistema. En caso de que la tasa sea mayor que uno, no hay evidencia de que el desacoplamiento haya tenido lugar.
14 El proceso de Marrakesh es una plataforma que trabaja en la implementación del SCP a través de programas de 10 años de duración. Se creó como respuesta al tercer capítulo del Plan de Implementación de Johannesburgo en 2003 (Marrakesh Rpcess Secretariat, 2010)
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Los instrumentos clave para lograr los dos tipos de desacoplamiento son los avances en la tecnología que hacen que el uso de los recursos naturales sea más eficiente, investigar el potencial de los recursos renovables y hacer uso de indicadores alternativos que evalúen correctamente los progresos realizados (Panayotou, 2003; PNUMA, 2011b).
2.2. Crítica empírica
Los objetivos principales de la Economía Verde, anteriormente explicados,
insisten en la posibilidad de alcanzar una senda de crecimiento que sea a la vez social y ecológicamente respetuosa. Sin embargo, hay evidencia empírica que arroja dudas sobre el escenario en el que “todxs ganan” de la Economía Verde. Los desequilibrios, los límites de la tierra y otros daños ambientales se encuentran entre los problemas que surgen enverdeciendo la sociedad y constituyen la prueba de la dependencia de la Economía Verde de una esfera externa.15 El primer subapartado se ocupará de los problemas relacionados con los indicadores de la Economía Verde, que en algunos casos distorsionan la realidad, debido a la desigualdad internacional en cuanto a la protección del medio ambiente. El segundo subapartado expondrá los impactos ambientales motivados por su objetivo de economía baja en carbono, la cual resulta intensiva en recursos naturales.
2.2.1. Indicadores de la Economía Verde y deficiencias
Como se aclaró anteriormente, este concepto engloba la interacción de las
externalidades negativas ambientales y el crecimiento económico. Con el fin de dar cuenta de las mejoras en la transición hacia una economía baja en carbono y los campos de eficiencia de los recursos hacia una Economía Verde, las organizaciones internacionales controlan los avances mediante una serie de indicadores.
Por ejemplo, la UE cuenta con cuatro indicadores diferentes para evaluar el progreso nacional y comunitario hacia un crecimiento verde y sostenible. Estos indicadores son el nivel de gases de efecto invernadero (GEI), la cuota de energías renovables en el consumo final bruto de energía, el nivel de consumo de energía primaria y el nivel de consumo de energía final (Eurostat, 2014).16,17
Los indicadores calculados para supervisar la transición hacia una economía baja en carbono son el nivel de emisiones de GEI y la participación de las energías renovables en el consumo de energía. Los datos enviados desde Eurostat muestran resultados optimistas para algunos miembros de la UE (Cuadro Anexo 1). Ocho de los 28 miembros de la UE han reducido sus niveles de gases de efecto invernadero en 2012 respecto a los de 2000. Los datos de la OCDE indican que países como Canadá, Finlandia, Japón, Suiza y los Estados Unidos también han disminuido sus niveles de GEI en 2011 en relación con 2000 (Cuadro Anexo 2). Estos resultados positivos no están en concordancia con la evolución global de las emisiones de GEI de los últimos diez años. A escala mundial, se estima que las emisiones de GEI que ha crecido entre 2000 y 2008 a una tasa anual de 3.4% (Davis y Caldeira, 2010). Sin embargo, el desmoronamiento de la economía mundial marcó un punto de inflexión
15 El concepto esfera externa se explicará más adelante. 16 La energía primaria hace referencia al uso de energía doméstico excluyendo el uso no energético de los vectores energéticos (por ejemplo, gas natural empleado en productos químicos y no en combustión) (Eurostat, 2014) 17 La energía final es la que se destina a la industria, el transporte, los hogares, los servicios y la agricultura; sin contar el sector energético (ibid.)
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en las emisiones mundiales de GEI, las cuales se desaceleraron, junto con la caída en el PIB mundial (ibíd.).
Uno de los riesgos en cuanto a la medición de las emisiones de GEI basadas en la producción, es que no logra dar cuenta de posibles fugas de carbono. El concepto de fuga de carbono hace referencia a la externalización de las emisiones de GEI a otros países que no disponen de un marco medioambiental fuerte, truncando así los resultados positivos de Eurostat y la OCDE. Este concepto nace de la Pollution Haven Hypothesis (PHH) (Hermele, 2010). Según esta teoría, la introducción de políticas medioambientales estrictas en los países desarrollados provoca el desplazamiento de las industrias contaminantes a los países en desarrollo, donde la regulación ambiental es más bien laxa o inexistente (Cole, 2004), lo que explica la forma de U invertida de la curva de Kuznets.18
Una alternativa para controlar y contabilizar las emisiones de GEI sería basarlas en consumo. Este enfoque ha recibido recientemente más atención, gracias a una serie de estudios involucrados en su contabilidad (ibíd.; Muradian et al., 2002). Los datos de 2004 reflejan que si contabilizáramos las emisiones de CO2 de acuerdo al consumo, casi un cuarto de las mismas corresponderían a países desarrollados y no a China y otras economías emergentes. (Davis y Caldeira, 2010). Además, la cuota de las emisiones mundiales de CO2 resultantes de la producción de bienes comercializables ha estado en constante crecimiento durante los últimos diez años (Peters et al., 2011). A pesar de que esto podría ser una simple repercusión de un aumento en el comercio internacional, también podría ser provocado por traslado de las industrias contaminantes a países con menor protección medioambiental. Comparando datos para la OCDE y países no pertenecientes a la OCDE, Peter et al. (2011) encuentran que el aumento de las emisiones globales generadas por el consumo en muchos países desarrollados se origina en los países en desarrollo. Sin embargo, es difícil determinar si estos aumentos se deben a las propias políticas de mitigación o a estructuras socioeconómicas (ibid.).
Con respecto a la cuota de energías renovables en el consumo final de energía, todos los miembros de la UE han aumentado su participación en el uso de energía renovable (Cuadro Anexo 3). Sin embargo, este indicador no informa acerca de los problemas medioambientales que pueden derivarse de la extracción de las materias primas requeridas en la construcción de plantas de energía renovable.
Para controlar la evolución en la eficiencia de los recursos, la UE y el PNUMA utilizan el ratio PIB por consumo doméstico de materiales (DCM, por sus siglas en inglés). Las Naciones Unidas definen la DMC como la cantidad total de materiales que un país emplea. Por lo tanto, se supone que debe proporcionar suficiente información sobre la eficiencia de los recursos y mejoras en el desacoplamiento de un país.
Este indicador sugiere que la mayoría de los miembros de la Unión Europea y algunos países de la OCDE han experimentado desacoplamiento relativo y en algunos casos absoluto en la última década (Ver Anexo Cuadro 4). Sin embargo, la definición superior de la DMC revela su debilidad en cuanto al registro de la utilización de material incorporada en los bienes intercambiados. Un estudio realizado por Wiedmann et al. (2013) indica que el uso de la Huella Material (HM) como indicador para supervisar las mejoras en el rendimiento de eficiencia de los recursos arroja opuestos resultados. La HM es un indicador que registra las materias
18 La curva medioambiental de Kuznets representa la relación entre el nivel de renta de un país y la contaminación que produce. Se argumenta que alcanzado cierto nivel de renta, la contaminación que produce un país decrece; sin embargo muchos estudios demuestran que esta relación se debe a la externalización de la contaminación (Cole, 2004; Panayatou, 2003; UNEP, 2011b).
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primas extraídas globalmente para el abastecimiento de la demanda de una economía (ibid.). El estudio advierte sobre el hecho de que el uso de la DMC, ya que hace la vista gorda sobre el uso de material embebido en el comercio internacional, podría dar lugar a políticas de eficiencia de recursos inconvenientes, desplazando el uso de recursos y los problemas ecológicos a terceros países (ibid.). A través de una regresión con datos de 186 países, el estudio sugiere que el uso de las materias primas no domésticas superó casi tres veces la cantidad física de las mercancías intercambiadas.
Otras críticas sobre los indicadores convencionales para medir las mejoras de la Economía Verde sugieren que los indicadores actuales son incompletos para controlar la transición. Como Steen-Olsen et al. (2012) señalan, uno de los desafíos al enfrentarse al cambio climático es la creación de nuevos indicadores que capturen su complejidad. Teniendo en cuenta la premisa de que los problemas medioambientales son impulsados en última instancia por el consumo de bienes y servicios, estos autores analizan la Huella Familiar de la UE. La Huella Familiar recoge las tres huellas más importantes; éstas son la huella de carbono, la huella ecológica y la huella hídrica. La huella de carbono es el nivel de las emisiones de GEI asociadas con el consumo, la huella ecológica calcula los recursos biológicos utilizados en términos de tierra y la huella hídrica cuantifica tanto los requerimientos directos como los indirectos de agua (ibid.). En base a datos de 2004, el estudio concluye que a través del comercio internacional, la UE fue capaz de desplazar todas las clases de la presión antes mencionadas, derivadas de sus niveles de consumo, al resto del mundo, sin mencionar los desplazamientos entre sus miembros.
Una de las hipótesis de las críticas anteriores es el hecho de que los problemas medioambientales son originados por el consumo de algunos países y el modo de producción contaminante que lo abastece. Weinzettel et al. (2013) destacan que las medidas paliativas del cambio climático, tales como la promoción de la bioenergía y biomateriales, aumentan la competencia por tierra biológicamente productiva. La apropiación de la tierra para satisfacer las necesidades de los países desarrollados toma en los últimos tiempos la forma de lo que se conoce como secuestro de tierras. Este fenómeno se produce cuando las comunidades locales pierden el derecho a utilizar las tierras que utilizaban anteriormente, llegando a ser expulsados (GLOBAL 2000 et al., 2013).
Este estudio de Weinzettel et al. (2013) revela que países de altos ingresos exigen más tierra biológicamente productiva para abastecer su demanda y aumentan así el desplazamiento del uso del suelo a nivel mundial. A través de una regresión multivariante, los autores afirman que la riqueza tiene un efecto positivo y significativo sobre la huella terrestre asociada con el consumo y las importaciones, mientras que la biocapacidad tiene un efecto positivo y significativo sobre la huella terrestre causada por la producción y las exportaciones (ibid). Más evidencias en línea con el hecho de que el uso del suelo y los problemas asociados a ello tienen el origen en países de altos ingresos, vienen de la mano de Global 2000 et al. (2013). En su trabajo estiman que el 60% de la tierra necesaria para abastecer la demanda europea es doméstica, mientras que el 40% restante está embebido en sus importaciones.
2.2.2. Impacto ambiental de la extracción de materias primas y sus límites
físicos
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El apartado anterior ha recogido el hecho de que los problemas medioambientales pueden ocurrir durante la extracción de las materias primas para construir plantas de energía renovable (Haberl et al., 2014). En este subapartado se presentarán las principales materias primas necesarias para construir una red de energías renovables.
Los defensores de la Economía Verde se centran en la cuota de consumo de energías renovables sobre el consumo final bruto. Por ejemplo, la UE establece su meta para 2020 del 20%, mientras que el Energiewende19 ha establecido la cantidad de 80% de la cuota en 2050 (Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2014).
La infraestructura de apoyo a las energías renovables requiere materias primas cuya extracción implica cada vez más energía, que inicialmente proviene de combustibles fósiles (Vidal et al., 2013). Asimismo, estos materiales no se pueden reciclar inmediatamente. En esta situación, no es de extrañar que los diferentes estudios prevean una sustitución de la dependencia de combustibles fósiles con otra fuente no renovable como los minerales y metales (ibid; Riva Palacio, 2012). Los materiales que intervienen en la implementación de la Economía Verde son, entre otros, el silicio para células solares, el acero y el cobre para la energía eólica y el cobalto, tierras raras y litio para coches eléctricos (Blume et al., 2012). El informe sobre Materias Primas críticas para la UE (Comisión Europea, 2014) ha clasificado algunos de estos materiales como críticos en función de su relevancia económica y su riesgo de falta de suministro, sin considerar los impactos ambientales asociados a ellos; estos son silicio, cobalto y tierras raras. El aumento de la demanda energética mundial y la transición a una economía baja en carbono promovidos, por ejemplo, los objetivos de la Economía Verde; hacen que la necesidad de esos materiales crezca y con ella los problemas ambientales en los países en los que la extracción se lleva a cabo (ibid., Vidal et al., 2013). Debido a sus repercusiones medioambientales, los materiales seleccionados en esta tesis para representar el impacto ambiental externo de la Economía Verde son el silicio, el cobre, el litio y las tierras raras.
Actualmente, la mayoría de las células solares están hechas de silicio, que se obtiene a partir de arena. A pesar de que este material es 100% renovable, no se puede emplear en la construcción de células solares. A través de su transformación en silicio puro, se convierte adecuado para la captación de energía solar. Sin embargo, este proceso de transformación es muy costoso y consume mucha energía. Por otra parte, implica la formación de productos químicos tóxicos que pueden conducir a problemas de salud (Blume et al., 2012). La oferta mundial de silicio se concentra en China; donde en 2012 más del 65% de la producción tuvo lugar, seguido por Rusia, que representó sólo el 8% de la producción mundial (Mineral Commodity Summaries, 2013). A pesar del marco legal (ISO 14001) introducido para controlar los problemas de salud provocados por la transformación de silicio en el silicio puro en las empresas de energía solar, tetracloruro de silicio se extendió a lo largo de nueve meses de 2008 en una región china en los alrededores de un parque infantil y un campo de maíz, poniendo así en peligro la salud de los habitantes de la zona (Blume et al., 2011).20 Las células solares no dependen exclusivamente de silicio puro; combinaciones de teluro de cadmio, cobre-indio-diseleniuro y cobre-indio-galio-disulfuro están también presentes en la producción de paneles solares. Aunque este tipo de materiales no requiere un nivel equivalente de
19 Energiewende es la estrategia energética alemana, aprobada tras el Tsunami en Fukushima. 20 El tetracloruro de silicio es una sustancia que aparece durante la transformación del silicio y cuya inhalación produce irritación. A largo plazo causa úlcera de garganta, pulmones y nariz (Cameo Chemicals, 2014).
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energía como el silicio, se ha estimado que su demanda alcanzará su pico en 2030 (Blume et al., 2012).
En cuanto a la energía eólica, los datos sugieren que el consumo mundial de cobre y acero se incrementará a casi cinco mil millones de toneladas de acero y casi 50 millones de toneladas de cobre para el 2050 (Vidal et al., 2013). Si nos centramos en el cobre, uno se da cuenta de que el abastecimiento alemán de cobre depende casi exclusivamente de las importaciones (Blume et al., 2012). En 2008, el 34,4% de las importaciones vino de Chile, el 24,7% de Perú, el 13,2% de Argentina, el 11,4% de Canadá y el 8,8% de Brasil, lo cual apunta a la dependencia de la Energiewende de un proveedor externo. Debido al bajo nivel de cobre en los minerales, la separación del metal de la roca requiere cantidades considerables de agua, energía y productos químicos que en última instancia conducen a la formación de lodos contaminados. No sólo es el proceso de separación intensivo energéticamente, sino que también implica la destrucción de paisajes y la creación de vertederos donde los materiales radiactivos se acumulan y forman azufre ácido (ibid.). La futura oferta mundial de cobre también encuentra un desafío con la Economía Verde ya que entre 1930 y 2011 de 550 millones de toneladas de cobre fueron extraídos, dejando una reserva de 530 millones de toneladas de cobre explotables (Exner et al., 2014).
Gracias a sus propiedades como transmisor y almacenador de energía, el litio se ha convertido en uno de los elementos clave cuando se trata de la evolución de los coches eléctricos. Por supuesto, este material se ha demandado desde hace bastante tiempo, ya que es fundamental para antidepresivos, vidrio y cerámica entre otros (Riva Palacio, 2012; Blume et al, 2012; Ober, 2001). Además sufre una nueva fuente de presión debido a su característica como el metal más ligero de la tabla periódica (Gallardo, 2011; Blume et al, 2012). Con una cuota de mercado de los coches eléctricos esperada de 20% en el 2020, se espera que, sin duda, la presión sobre el uso del litio incremente (Gallardo, 2011). También conocido como el oro blanco, este material se extrae principalmente de lo que se ha llamado el Triángulo del litio o la Arabia Saudita del litio que se encuentra en Bolivia, Chile y Argentina (Riva Palacio, 2012; Koerner, 2008); es decir, entre los ejes de los campos de sal de Uyuni (Bolivia), Atacama (Chile) y Hombre Muerto (Argentina). Se estima que el 75% de las reservas mundiales se concentran en esta zona. El impacto ambiental impulsado por la extracción de litio no difiere significativamente de la de otros minerales: uso y contaminación del agua, distorsiones del paisaje y residuos químicos. Como Gallardo (2011) señala para el caso de Hombre Muerto en Argentina, la extracción de salmuera con el fin de obtener litio genera una disminución de las aguas subterráneas que a su vez reduce los niveles de agua dulce alrededor de la solución salina y, en consecuencia conduce a la desaparición de los lagos y prados de agua. Este tipo de explotación afecta el ecosistema, la fauna, las migraciones de aves y la población en sí, ya que destruye las particularidades étnicas de las comunidades (Gallardo, 2011; Burdiles Perucci, 2012).
A pesar de su nombre, los elementos de tierras raras no son raros en absoluto. Estos elementos se pueden clasificar en ligeros y pesados, en función de su número atómico y son un elemento crucial en la alta tecnología y la sociedad de la Economía Verde (Seaman, 2010; Agencia Internacional de la Energía, 2012). Los automóviles eléctricos y las plantas eólicas son los dos principales sectores que aumentan la demanda de tierras raras debido a su capacidad de generar fuertes imanes permanentes. Por otra parte, también están presentes en la producción de baterías, la refrigeración magnética y son un buen candidato para transportar y almacenar
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hidrógeno (Seaman, 2010). Aunque los depósitos de tierras raras se encuentran en todo el mundo, el país donde la mayor parte de la extracción se lleva a cabo es China, que representó el 97% de la producción mundial en 2010 (ibid.). Pese a los intentos de China para limitar sus exportaciones de tierras raras para proteger su industria y el medio ambiente, su cuota en el mercado mundial se mantiene todavía en el 90% (2014). Las tierras raras requieren procedimientos de refinación de torio radiactivo libre y uranio, además de una serie de baños de ácido para sus procesos de separación, liberando bicarbonato de amonio y ácido oxálico. Además de la aparición de estos elementos tóxicos y la falta de una regulación ambiental adecuada en China han contaminado cursos de agua y destruido tierras de cultivo que a su vez amenazan la salud de los trabajadores de las minas y de los que viven en los alrededores de la misma (ibid., Blume et al., 2012). El nivel de contaminación en la atmósfera es tal que los habitantes rara vez ven el sol y por lo tanto son más propensos a padecer cáncer (Blume et al., 2012).
3. Explicación teórica de la externalización de los problemas ambientales
Una vez que las hipótesis ocultas de la Economía Verde se han explicado y que la evidencia empírica ha puesto de manifiesto las incoherencias en relación con su seguimiento y su imposibilidad de asegurar el objetivo de protección ambiental ya que externaliza o desplaza la carga ambiental a terceros países, ahora se puede girar el foco de atención para analizar esta incapacidad desde una perspectiva teórica. En otras palabras, ¿cómo puede la dependencia de la Economía Verde en una esfera externa entenderse en términos teóricos? Para responder a esta cuestión, el enfoque será doble. En primer lugar, la discusión se ocupará de las influencias y las medidas de la teoría del intercambio ecológicamente desigual. Y en segundo lugar, el apartado profundizará en las contradicciones del capitalismo y su impulso expansionista inherente.
3.1. Teoría del intercambio ecológico desigual
“Ecologically unequal exchange theory posits that the vertical flow of exports is a structural mechanism allowing for more-developed countries to partially externalize their consumption-based environmental impacts to lesser-developed countries. It is argued that these structural relationships contribute to environmental degradation in the latter while directly suppressing resource consumption opportunities for domestic populations; often well below globally sustainable thresholds."(Jorgenson et al., 2009 p. 263)
La definición de la teoría del intercambio ecológico desigual parece describir con bastante exactitud los fenómenos explicados anteriormente, es decir, cómo la demanda de materias primas en los países que adoptan políticas de Economía Verde da lugar a la degradación del medio ambiente en los países que los extraen. Para entender correctamente la base de esta teoría, se presentará una revisión de sus influencias e ideas principales.21
21 El enfoque teórico se centra en las relaciones comerciales, aunque una primera versión del artículo mencionaba también los flujos de inversión extranjera directa como transmisor de los problemas ambientales (teoría del desplazamiento de la carga ambiental).
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3.1.1. Influencias de la teoría
La teoría del intercambio ecológico desigual tiene gran parte de su influencia en las teorías clásicas de la dependencia comercial, el intercambio desigual y las teorías del sistema-mundo (Jorgenson et al, 2009; Jorgenson, 2009). Uno de los principales pilares de la teoría del intercambio ecológico desigual es el papel del comercio como medio para desplazar impactos ecológicos. De acuerdo con David Ricardo y su teoría de la ventaja comparativa, ambos países se benefician de intercambio comercial, ya que se especializan en el producto que pueden producir comparativamente más eficientemente (Foster y Holleman, 2014). Su análisis, sin embargo era corto de miras ya que sólo consideraba dos países, dos bienes y los medios de producción - capital y trabajo - en ambos países era fijos y perfectamente intercambiables dentro de sus fronteras. Otra carencia de su análisis fue el olvido del capital natural que participa también en el proceso de intercambio. Para Ricardo, el valor de los productos va en función de la oferta y la demanda, mientras que las horas por trabajador sólo reflejan la ventaja comparativa al producir un bien u otro (ibid.).
Otra fuente de la teoría del intercambio ecológico desigual en el campo del comercio es la Hipótesis de Prebisch-Singer (Hermele, 2010). Contrariamente al argumento de Ricardo de que la apertura de los mercados internacionales resulta en una situación de “todxs ganan” y en base a un estudio de la ONU publicado por Hans Singer, Raúl Prebisch demostró que la aplicación de políticas orientadas a la exportación en los países en desarrollo obstaculizaba su desarrollo (ibid.). Los datos presentados por Singer reflejan una tendencia a largo plazo a la baja en los precios de las materias primas, que se tradujo en un descenso en términos de comercio de los países exportadores de materias primas en el período de 1876 a 1947. Los autores argumentan que esta caída fue motivada por las diferencias en mejoras tecnológicas y de productividad entre los países desarrollados y en desarrollo.
Otro factor que explica esta caída de precios es la baja elasticidad precio-materias primas e ingresos-materias primas. A diferencia de las manufacturas, los cambios en los precios y los ingresos apenas modifican la demanda de materias primas, lo cual reduce su poder adquisitivo de las manufacturas de los países en desarrollo (ibid.). Como Prebisch (citado en Hermele 2010) explica, la razón por la cual las ganancias de productividad se producen en el sector manufacturero, ya que los trabajadores del centro (core) están mejor organizados que en la periferia y los empresarios tienen que competir entre sí,22 los beneficios del comercio pueden traducirse en aumentos de beneficios y salarios. Esta redistribución de los beneficios del comercio no puede ocurrir en la periferia debido a su falta de organización (ibid.).
Los siguientes dos pilares interconectados de la teoría del intercambio ecológico desigual derivan de las teorías del comercio expuestas anteriormente. En primer lugar, la idea de intercambio desigual se produce cuando se considera, como señaló Marx, que "[...] de tres días de trabajo pueden ser intercambiados por uno de otro país" (citado en Foster y Holleman, 2014 p.203) lo que significa que "[...] el país privilegiado recibe más trabajo a cambio de menos [...]" (ibid.). Y en segundo lugar, la influencia de la teoría del sistema mundial sobre cómo algunos países en una posición en la economía global más ventajosa se benefician de mejores términos de comercio y aseguran su posición.
La idea del intercambio desigual contradice directamente la conclusión de “todxs ganan” expuesta por David Ricardo. Originalmente, la teoría del intercambio desigual 22 Las nociones de centro y periferia se desarrollarán más adelante.
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surgió de la visión marxista del valor de uso de la mercancía fuerza de trabajo, es decir, de su capacidad satisfacer una necesidad. De tal forma que, la fuerza de trabajo se vende por un valor inferior a su valor de uso, generando así una plusvalía de la que se apropia el capitalista (Marx, 1980).
Respecto al comercio entre países, el intercambio desigual se produce cuando los productos intercambiados no reflejan la misma cantidad de trabajo (Foster y Holleman, 2014). A pesar de que la tasa de ganancia podría igualarse a escala global, Rice (2007a; 2007b) sugirió que esto podría ocurrir con diferentes salarios y tasas de explotación de los países involucrados. La razón por la cual las tasas de ganancia tienden a igualarse, a diferencia de salarios y tasas de explotación, reside en que el capital puede moverse más libremente y el cruzar fronteras, mientras que la mano de obra es más inmóvil. Este hecho impide la armonización de salarios y tasas de explotación entre países ricos y pobres. El autor también argumenta que los factores culturales y sociales desempeñan un papel fundamental a la hora flexibilizar el mercado de trabajo y por lo tanto de las fluctuaciones salariales. Las diferencias salariales internacionales son por lo tanto la causa y no la consecuencia de diferentes acontecimientos económicos y de los precios de los productos básicos (Rice, 2007a), y el capitalismo se entiende como un sistema de explotación a través del intercambio dentro del sistema mundial (Brewer, 2001). Este análisis se centra más en las condiciones de producción y las relaciones sociales, que en los productos intercambiados, ya que en definitiva los primeros representan el intercambio desigual (Comunist Working Group, 1986).
El autor principal que trató el tema de la teoría del sistema mundial es Wallerstein. Su definición de lo que constituye el sistema mundial es:
"[...] Una división territorial del trabajo multicultural en el que es necesario para la vida cotidiana de sus habitantes la producción e intercambio de bienes básicos y materias primas" (Wallerstein, 1974 p. 347).
Según niveles de poder y riqueza, los países se pueden clasificar en Estados del centro y los estados de la periferia. Los primeros, que poseen comparativamente más riqueza y cuyos grados de poder son más altos, tienden a especializarse en producción intensiva en capital, mientras que los segundos, con menos riqueza y menor grado de poder, se especializan en producción intensiva en mano de obra (Wallerstein, 2004 ; Chirot y Hall, 1982). Como se ha anticipado, el comercio entre dichos países resulta en lo que se ha definido como el intercambio desigual, puesto que el plusvalor/plusvalía fluye desde la periferia hacia los países del centro, al ser la posición de este último más potente. Este intercambio desigual conduce a un continuo proceso de empobrecimiento y explotación en los países de la periferia (Chase-Dunn y Grimes, 1995). Sin embargo, es necesario añadir una tercera categoría que son los Estados semi-periferia. Éstos presentan una combinación de economías intensivas en capital y en mano de obra. Otra contribución relevante de Wallerstein (2004) es la definición del sistema-mundo moderno como un sistema capitalista que tiene como prioridad la creación de mecanismos que permitan su expansión y acumulación de capital.
3.1.2. Inclusión de la naturaleza en el análisis
No fue hasta el trabajo de Bunker (1984) sobre cómo las industrias extractivas
en la región amazónica brasileña en el período de 1600 a 1980 estaban provocando
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pérdidas ecológicas devastadoras, que los costes de medioambientales y humanos comenzaron a ser considerados tanto en análisis teóricos como en análisis empíricos (Jorgenson, 2009).23
Partiendo de la premisa de que la producción industrial depende de los recursos naturales, en contraposición a lo que la mayoría de las teorías del desarrollo defienden, Bunker (1984) sitúa la energía y la materia en lugar de trabajo y el capital como los elementos clave de la producción. A pesar de que cada país dedica parte de su actividad económica a la extracción y parte de la industria, el análisis de Bunker divide en economías extractivas y productivas (Bunker, 1984). Las economías extractivas presentan una estructura de clase única, ya que su actividad económica se centra en la exportación de recursos naturales, a saber; están orientadas a la exportación de recursos naturales.24 Las economías productivas se caracterizan por un mayor nivel de división del trabajo y de la organización espacial de las empresas que pueden beneficiarse de las mejoras tecnológicas, siguiendo así una estrategia de producción de valor agregado (Rice, 2007b; Bunker 1984).
En consecuencia, las economías extractivas no deben medir únicamente el valor extraído de la naturaleza en términos de mano de obra (Bunker, 1984), sino más bien en términos de flujos de energía y materia desde la periferia hacia el país del centro, proporcionando una mejor medida de la desigualdad intercambiada. Bunker (1984) argumentó que con el fin de dar cuenta de intercambio desigual, tanto la apropiación del trabajo como la del capital y de la naturaleza son igualmente relevantes.
El crecimiento continúo de los sistemas de producción, que dependen de las economías extractivas, contribuyen a acentuar la interdependencia de las economías, a la vez que aumentan la competencia por los recursos naturales (ibid.).
La extracción de recursos naturales de una región destinados a ser consumidos o procesados en otra induce una pérdida de valor en la economía extractiva y un efecto opuesto en la región que consume (ibid.). En este sentido, la región que consume se está apropiando de la naturaleza de la economía extractiva, deteriorando así el medio ambiente de esta última. Para nombrar las conexiones sistémicas en las economías extractivas impulsadaspor esta apropiación de la naturaleza y su implicación ecológica, el autor acuñó el término modos de extracción.
Este proceso de apropiación conlleva las siguientes consecuencias en las economías extractivas. Dado que los ratios trabajo-valor y capital-valor son normalmente bajos en estas economías; son propensas a producir fluctuaciones en los ingresos, haciéndolos inestables. Además, debido a los rendimientos de escala decrecientes, el coste unitario de los materiales extraídos aumenta mientras que el material en sí escasea (Bunker, 1984). Las economías extractivas presentan dislocaciones demográficas como resultado del rápido agotamiento de los recursos naturales (ibid.). La evidencia empírica de la obra de Bunker arroja luz sobre el hecho de que mientras que las sociedades indígenas estaban explotando la naturaleza a ritmos que permitían su regeneración, la extracción colonial impulsada por la demanda internacional sobrepasó la capacidad de regeneración natural que consecuentemente llevó a un empeoramiento del medio ambiente (ibid.; Martínez-Alier, 2000).
23 Para una contribución más reciente sobre la importancia de la naturaleza en el proceso de industrialización y desarrollo, véase Moore (2003). 24 Bunker (1984) emplea el término modos de extracción en contraposición a la noción de modos de producción típica de lecturas marxistas. El modo de producción engloba las fuerzas productivas y las relaciones de producción (Easterling, 2003).
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3.2. La dependencia de la Economía Verde en una esfera externa
El apartado anterior ha sido dedicado a las formas en que los países reflejan mejoras positivas en materia de Economía Verde, es decir, a través de la externalización de los problemas ambientales a través del comercio. Sin embargo, la teoría del intercambio ecológico desigual no proporciona una explicación teórica sobre la dependencia de la Economía Verde en una esfera externa. El término esfera externa se refiere no sólo al valor extraído de la naturaleza de los países donde los recursos naturales para la formación de la red de energía renovable se originan, sino también a los propios países a los que se externaliza el impacto ambiental.
3.2.1. El capitalismo y sus contradicciones
Para discutir el tema de la dependencia de la Economía Verde en una esfera
externa, hay que enmarcar esta estrategia dentro de las características del sistema capitalista y destacar el impacto del fin de la era de los combustibles fósiles. El elemento clave para lograr crecimiento es la acumulación de capital (Harvey, 2001). Por lo tanto, la acumulación es el impulsor del crecimiento dentro del modo de producción capitalista. Esta característica hace que el sistema capitalista sea dinámico y expansivo; remodelando y modificando así el mundo constantemente. Sin embargo, el proceso de crecimiento conlleva contradicciones internas que salen a luz en forma de crisis (ibid.). Para que la acumulación tenga lugar, las siguientes condiciones deben estar en juego; la existencia de un excedente de mano de obra, que se puede aumentar a través de diferentes mecanismos, ya sea a través de políticas de crecimiento de la población, la promoción de la migración o como dijo Harvey (2001a, p.238) “drawing 'latent elements' -labor power employed in non-capitalist situations, women and children, and the like - into the workforce”; la existencia de un mercado con suficientes medios de producción para que ésta pueda expandirse junto con la reinversión de capital y por último, un mercado capaz de absorber la creciente cantidad de los productos producidos. A ojos de Marx, el crecimiento difícilmente puede ser estable ya que las condiciones anteriores son casi inalcanzables durante un largo período. Por lo tanto, se produce un crecimiento estable de casualidad, y el sistema capitalista está predestinado a pasar por una serie de crisis (ibid.). Si nos atenemos a las condiciones anteriores de acumulación de capital, la naturaleza no juega ningún papel.
Basándose en estos argumentos, James O'Connor (1998) describe el capitalismo como un sistema crisis-dependiente, por lo que es su propio sepulturero (Spence, 2000; Jorgenson, 2006). Este autor introdujo lo que llamó las dos contradicciones del capitalismo. La primera contradicción se ocupa de las relaciones entre los medios de producción y el trabajo. La introducción de mejores tecnologías devalúa a los trabajadores y conduce a la reducción de los salarios, generando crisis de sobreproducción o de subconsumo (Harvey, 2001b; Jorgenson, 2006). La sobreproducción puede a su vez conducir a altos niveles de desempleo y, finalmente, a la disminución de la tasa de ganancia (Jorgenson, 2006). La segunda contradicción del capitalismo se basa inicialmente en cómo el modelo agrícola capitalista destruye el potencial productivo del suelo. Apunta a la característica subyacente del capitalismo de dificultar la acumulación de capital a través del agotamiento de las condiciones naturales y materiales que son esenciales para su constante expansión (ibid.). Esta destrucción de los medios de producción se debe a
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que las empresas transfieren los costes ecológicos de los procesos de producción a la sociedad y al medio ambiente. Por lo tanto, sin la aplicación de regulación ambiental, las sociedades capitalistas son propensas a sufrir crisis ecológicas (Castree, 2008). En otras palabras, el proceso de explotación del modo de producción capitalista destruye las necesidades socio-ecológicas en que se basa el proceso de trabajo (Wissen, 2014). Se puede, por tanto, deducir que para O'Connor (1998), la naturaleza juega un papel crucial en la producción capitalista; primero, propiciando que tenga lugar y segundo imponiendo de límites a la misma.
Estas contradicciones parecen ser superadas mediante la externalización de los procesos de destrucción al medio no capitalista (Wissen, 2014). El apartado 3.2.2. discutirá las diferentes formas en que el capitalismo supera o al menos pospone estas contradicciones, tanto temporal como geográficamente.
El motivo por el que la transición energética es de gran relevancia en nuestro contexto actual no se basa únicamente en su función como una solución a la crisis ecológica y económica. Se basa en la escasez de combustibles fósiles en la Tierra, así como en la necesidad de buscar fuentes de energía alternativas que puedan perpetuar el funcionamiento del sistema actual (Altvater, 2007). El período que se caracteriza por el uso de combustibles fósiles como fuente de energía principal se conoce como capitalismo fósil o fosilismo (ibid.). A pesar de los daños ambientales asociados a su producción y su consumo, los combustibles fósiles permitieron una expansión capitalista sorprendente con altas tasas de crecimiento durante revolución industrial, en tanto que las tasas de crecimiento anuales se incrementaron del 0,2% al 2% a finales del siglo pasado. De tal forma, los combustibles fósiles y en especial el petróleo son vistos como los elementos cruciales en la expansión capitalista reciente (ibid.). A pesar de que el Retorno de la Inversión de Energía (EROI, siglas en inglés) de combustibles fósiles no es la más alta entre las fuentes de energía, posee otras característica que la hacen preferible.25 La energía fósil hizo que la ubicación de las fuentes de energía no fuese determinante para el desarrollo de un país, ya que podía ser transportada por todo el mundo permitiendo así la instauración del capitalismo en las regiones precapitalistas (ibid.). Otra ventaja es su constante disponibilidad en oposición a la energía solar, lo que permitió una organización de la producción independiente de los ritmos sociales y naturales. Y, por último, su flexibilidad en todos los procesos de producción, de consumo y de transporte, que en apariencia desacopló la acumulación y el crecimiento económico del uso de la tierra y sus limitaciones (ibid.). De hecho, el capitalismo fósil propició una transición de una producción insuficiente a la sobreproducción.
3.2.2. “Fixes” a las contradicciones del capitalismo Relevante para la discusión sobre cómo el capitalismo logra superar sus
contradicciones internas son los conceptos de spatial fix y environmental fixes (Harvey, 2004; Jessop, 2000; Castree, 2008).
La noción de spatial fix de Harvey (2001b) fue el resultado de sus diferentes intentos de reconstrucción de la teoría de Marx sobre la geografía de la acumulación capitalista.26 Este interés por la dimensión espacial del capitalismo está motivado por su conocimiento como un geógrafo y su enfoque en los patrones y la dinámica del uso del suelo (Jessop, 2008). Debido a su experiencia como geógrafo, para Harvey (2001b) la modificación y la reconfiguración del espacio son cruciales para la comprensión de la dinámica del capitalismo. La globalización es, por tanto, la etapa
25 La EROI es la ratio que compara la cuantía generada con la necesitada para su generación. (Murphy and Hall, 2010). 26 El primer trabajo de Harvey sobre los spatial fixes se basó en Hegel, von Thünen y Marx (Harvey, 2001a).
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actual del capitalismo, que se caracteriza por una constante búsqueda de soluciones para hacer frente a su naturaleza propensa a las crisis (ibid.).
Este spatial fix se refiere a las diferentes formas por las cuales las crisis de acumulación se resuelven a través de la reconfiguración espacial y la expansión geográfica (Jessop, 2008). Harvey (2001b) trató de demostrar tres aspectos. El primero, que la supervivencia del capitalismo depende de la expansión geográfica; segundo, que las innovaciones en los campos de transporte y comunicación son fundamentales para dicha expansión y tercero que la manera en que la expansión geográfica tiene lugar varía en función de lo que la motive; es decir, la búsqueda de nuevos mercados, de las nuevas fuerzas de trabajo, de nuevos materiales o nuevas oportunidades de inversión (ibid.).
El término fix se utiliza con sus dos significados en inglés. Por un lado, en que proporciona una solución para un problema particular de forma temporal. Y, por otro lado, en que asegura o fija el capital en alguna forma física en un lugar determinado (Harvey, 2001b, 2004; Arrighi, 2004). El concepto también refleja la dialéctica entre la inmovilidad y la movilidad del capital (Jessop, 2008). Por un lado, el spatial fix requiere de capital inmóvil, representado por los paisajes y la infraestructura, y de capital circulante, a saber; materias primas, bienes semi-terminados y terminados y dinero que se mueven de un lugar a otro (Jessop, 2008; Harvey, 2001b). En otras palabras, las inversiones a largo plazo en capital inmóvil, como carreteras, aviones y aeropuertos, permitirá la movilidad de otro capital (Jessop, 2008).
Otro tipo de solución a mencionar es la noción de environmental fix introducido por Castree (2008). El fix previamente mencionado no atañe específicamente a los problemas ambientales surgidos a través de la producción capitalista, sino más bien representa soluciones a las crisis de acumulación en general. Castree (2008) ofrece una clasificación de los cuatro environmental fixes que tienen lugar dentro de la expresión actual del capitalismo; el neoliberalismo.27
El environmental fix 1 sugiere que a través de la incorporación de la problemática ambiental y de la naturaleza en el mercado y por lo tanto en el mecanismo de acumulación de capital, la segunda contradicción del capitalismo de O'Connor (1998) se puede superar (Castree, 2008). Este conjunto de medidas se conoce bajo el nombre de ambientalismo de libre mercado. El environmental fix 2 describe la transferencia de la propiedad del Estado a una empresa privada de un aspecto ambiental natural para su introducción en el mercado. El environmental fix 3 es lo contrario del 1, es decir, consiste en la continuación de las prácticas perjudiciales para el medioambiente. La lógica detrás es que la degradación de la naturaleza protegida es económicamente beneficiosa, a pesar de ser perjudicial. El environmental fix 4 considera la intervención del Estado puede o bien desplazar la responsabilidad ambiental al sector privado o bien a ONGs a través de la creación de nuevos mercados o asumiendo directamente una estrategia de intervención mínima (ibid.).
4. Resumen de las principales conclusiones
Una vez que los objetivos, las implicaciones políticas y problemas de la
Economía Verde se han descrito y que se han discutido las explicaciones teóricas
27 En pocas palabras, las principales características del neoliberalismo son la privatización, la mercantilización, desregulación, reregulación, hacer que las empresas públicas se rijan por principios de eficiencia y competitividad y promover la creación de grupos no estatales que absorban la labor de intervención del Estado (Castree, 2008).
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sobre cómo los problemas del medio ambiente pueden ser externalizados dentro del capitalismo, ahora se procede a resumir las principales conclusiones.
En el actual contexto de crisis financiera y ecológica, la Economía Verde ha ido ganando en popularidad contando en gran medida del apoyo de las organizaciones internacionales y los países de la OCDE. Esta estrategia ha logrado propagarse en las agendas políticas de los cinco continentes con la promesa de que una en la que “todxs ganan” para todos los países y los miembros de la sociedad es posible. Sus principales objetivos son la transición a una economía baja en carbono y el logro de la eficiencia de los recursos. Ambos se basan en la premisa de que la valoración de la naturaleza y su inclusión en el mercado son cruciales para reducir los daños ambientales y las emisiones de CO2. Es por lo tanto, se deduce que la Economía Verde crece principalmente en la economía ambiental.
La transición a una economía baja en carbono se lograría a través de un mayor gravamen para las actividades contaminantes, la creación de mercados de comercio de emisiones, a través de la intervención fiscal y legal por parte del Estado para fomentar el uso de energías limpias y la protección del medio ambiente. La eficiencia de los recursos ha de lograrse a través de mejoras tecnológicas impulsadas por las inversiones públicas y privadas, así como por la aplicación de la SCP, que asegura que la producción y el consumo requieren como un menor uso de recursos posible. Con todo, el reto más ambicioso de esta estrategia es la realización de producir crecimiento económico constante sin mayores daños ambientales; esto se conoce como la disociación.
De los datos de Eurostat y la OCDE es posible inferir que no todos los países se benefician de las políticas de Economía Verde equitativamente. Mientras que algunos países ven disminuir sus emisiones de GEI y su indicador de eficiencia de los recursos aumenta; otros ven el efecto contrario. Se encuentra que los indicadores de la Economía Verde son propensos a dar resultados sesgados, ya que miden únicamente el impacto ambiental derivado de la producción dentro de un territorio y no abordan la cuestión desde una perspectiva global. Tal y como los estudios del PNUMA y el IFF señalan, los países de altos ingresos pueden alcanzar mejores resultados cuando se trata de normas de Economía Verde porque externalizan las consecuencias ambientales que se producen a través de los procesos de producción a países de bajos ingresos, lo que lleva a los casos de secuestro de tierras. Estos desplazamientos de la producción y el uso del suelo de los países de bajos ingresos están motivados principalmente por los patrones de riqueza y consumo de los países de altos ingresos y su laxa regulación ambiental. También se sugiere que los indicadores de la Economía Verde no bastan para medir todas las consecuencias ambientales de la transición; el uso del agua, el uso del suelo, la pérdida de biodiversidad, entre otros también deben ser incluidos.
Los límites físicos de la Economía Verde se han ilustrado con los casos empíricos sobre la extracción de silicio, litio, cobre y tierras raras. Estos estudios no sólo han proporcionado evidencia empírica cualitativa sobre los problemas ambientales durante la extracción de estas materias primas. También han señalado el hecho de que la extracción se lleva a cabo en los países que no presentan los resultados positivos antes mencionados de acuerdo a los estándares de Economía Verde. Los principales países que proveen las materias primas necesarias son China y países latinoamericanos como Chile y Argentina. Por otra parte, los casos empíricos aluden a futuros problemas de escasez, reflejando así los límites a la posibilidad de emplearlos en el largo plazo.
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La explicación teórica sobre cómo algunos países son capaces de externalizar parte de sus problemas ambientales basados en el consumo se nutre principalmente en la teoría del intercambio ecológico desigual. Esta teoría, que proviene de las teorías de la dependencia comercial, el intercambio desigual y sistemas-mundo, sugiere que el comercio permite el desplazamiento de los costos ambientales basados en el consumo de núcleo a países de la periferia. Esta teoría no surge sólo de la acción de intercambio en sí, sino también de diferentes características sociales, económicas y estructurales de los países involucrados.
La explicación teórica sobre la dependencia de la Economía Verde en una esfera externa se basa principalmente en la tendencia inherente del capitalismo a crecer y en el previsible cambio en el mundo como consecuencia del fin de los combustibles fósiles como la principal fuente de energía, lo que implica un cambio a otras fuentes de energía. Esta esfera externa no sólo consiste en la fuerza de trabajo en un medio no capitalista, sino también en la naturaleza y los materiales que aún no se han extraído e incorporado en el mercado. Sin embargo, esta constante necesidad de una esfera externa reside en la escasa probabilidad de que las condiciones para la acumulación de capital que se produzca de forma simultánea. De tal forma que esta inestabilidad conduce a diferentes crisis, por lo que se puede decir que el capitalismo es propenso a las crisis. Por otra parte, la segunda contradicción del capitalismo anunciada por O'Connor (1998), describe cómo el sistema de producción capitalista destruye las condiciones de producción, construyendo así su propia tumba. Durante muchos años, el uso de energías de combustibles fósiles permitió al capitalismo expandirse más rápido que nunca, provocando niveles de consumo y producción altos, que ahora están en peligro.
A pesar de las diversas crisis y contradicciones que el sistema capitalista provoca, éstas se han diferido, tanto geográfica como temporalmente a través de los fixes. La discusión sobre los fixes ha ayudado a conceptualizar que uno de ellos se aplica en nuestra situación actual; es decir, de qué fix hablamos cuando consideramos la Economía Verde. Por un lado, el spatial fix representa cómo las crisis de acumulación se pueden resolver mediante la transferencia de si el capital, mano de obra o ambos a una zona geográfica diferente, paliando así los problemas de acumulación en los países en los que se están produciendo. Este proceso implica la reproducción de las características del capitalismo en la zona receptora. Por otro lado, los environmental fixes muestran cómo la forma actual del capitalismo - neoliberalismo – afronta los problemas ambientales. Aparte de sugerir la participación del sector privado, como las medidas de tierra en los cuatro tipos de fixes, el environmental fix 1 se enfrenta a la segunda contradicción del capitalismo de O'Connor (1998), bajo la premisa de que la valoración y la mercantilización de la naturaleza permite la reducción del problema ambiental.
5. Conclusión
A pesar de las promesas hechas por los defensores de la Economía Verde, esta
tesis ha demostrado que esta estrategia no está exenta de degradación del medio ambiente y otras limitaciones. Podría ser que a través de un mejor seguimiento de la Economía Verde, la naturaleza no sufriría daños ambientales a escala global. Sin embargo, debido a las condiciones de acumulación de capital en que se basa el capitalismo, esto no es de puede esperar en nuestro sistema económico actual dado a su propensión a las crisis y la crisis-dependiente.
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La dependencia de la Economía Verde en una esfera externa se explica en los diferentes niveles. En primer lugar, la Economía Verde es altamente dependiente de las materias primas que se extraen en países que sufren los problemas ambientales correspondientes. Y en segundo lugar, la Economía Verde depende de una esfera externa, es decir, en un medio no capitalista donde el trabajo y el valor de la naturaleza todavía están por extraer.
El impacto externo de la Economía Verde es, pues, no sólo los problemas ambientales derivados de su sed de materias primas, sino también la reducción de la cantidad de la naturaleza y, probablemente, de la mano de obra. Enmarcar la Economía Verde dentro de las fixes no es tarea fácil, ya que se produce en una situación dominada por la idea de que la valoración de la naturaleza y la creación de mercados son las soluciones a los problemas ambientales, así como en un desarrollo económico y crisis ecológica. Como se explica en la sección 4.2.2. de esta tesis, las nociones de spatial fix de Harvey (2001, 2004) y Jessop (2008) y de environmental fixes de Castree (2008) presentan algunas similitudes. Es decir, en la existencia de una crisis o una contradicción y la necesidad de la creación de un nuevo mercado y la introducción de recursos ociosos - en este caso, la naturaleza - en el proceso de producción capitalista. Entonces la Economía Verde, en tanto que se basa en la economía ambiental, constituye el environmental fix 1 dentro de la categorización de Castree (2008).
El enfoque de esta tesis sobre los problemas del medio ambiente provocados por la aplicación de la Economía Verde no niega la existencia de sus impactos socioeconómicos. La investigación adicional podría centrarse en la búsqueda de datos más actuales sobre los flujos verticales de las exportaciones de materias primas para los países de altos ingresos y los países de bajos ingresos y los indicadores basados en el consumo de corriente. Esta investigación podría proporcionar más evidencia empírica sobre la teoría del intercambio ecológico desigual así como una visión más amplia sobre los problemas de la estrategia.
Para enriquecer esta tesis, la investigación podría centrarse en la clasificación de los países mencionados según la teoría del sistema mundial. Es decir, clasificar a los países con mejoras positivas con respecto a la Economía Verde, así como los países que sufren de la degradación ambiental en países centrales y la periferia o en las economías extractivas y productivas de acuerdo con (1984) categorización de Bunker.
Por otra parte, la investigación futura podría estar centrada en las alternativas al sistema económico actual, cambiando su esencia, a saber; acumulación de capital. Esta investigación implicaría, por tanto un cambio en el enfoque. En lugar de buscar formas de aumentar la eficiencia de recursos que favorece finalmente algunas personas, el foco podría estar en cómo los recursos disponibles pueden ser distribuidos a nivel mundial basado en el cumplimiento de las necesidades básicas y los principios de igualdad. Tal punto de partida requeriría una fuerte contracción de los niveles de consumo y producción en los países de altos ingresos.
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Cuadro 1. Emisiones de Gases Efecto Invernadero en la Unión Europea, en base a 1990(1990 = 100)País/Año 1990 1995 2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ReducciónUE 28 100 94,07 92,06 90,16 83,67 85,54 82,9 81,69 80,2 síBélgica 100 104,62 102,53 95,37 86,52 91,52 84,78 82,07 82,15 síBulgaria 100 69,39 54,51 61,53 53,2 55,47 60,59 55,98 51,18 síRepública Checa 100 79,41 75,65 73,94 69,48 70,45 69,93 67,82 66,02 síDinamarca 100 111,32 101,58 95,31 90,79 91,36 84,35 77,63 80,39 síAlemania 100 90,11 84,43 79,44 74,02 76,76 75,1 75,67 77,5 síEstonia 100 49,86 42,71 48,73 40,55 49,84 51,25 48,64 54,39 síIrlanda 100 105,29 122,67 124,09 113,7 112,91 105,38 106,13 104,89 noGrecia 100 105,89 121,38 125,33 118,94 112,79 110,13 107,12 100,12 noEspaña 100 114 134,97 142,04 128,69 124,72 124,63 122,27 113,14 noFrancia 100 100,09 101,93 97,91 93,96 95,43 90,64 90,63 90,73 síCroacia 100 69,87 76,73 88,54 82,6 80,57 78,88 72,66 69,89 síItalia 100 102,5 106,96 106,1 96,3 98,24 95,97 91,06 85,02 síChipre 100 126,01 147,72 178,89 174,96 170,87 168,48 158,09 143,77 noLetonia 100 48,08 38,74 44,92 42,1 46,42 43,52 42,92 42,77 síLituania 100 46,6 40,74 51,41 42,02 43,67 44,77 44,46 41,81 síLuxemburgo 100 80,89 80,56 102,11 97,66 102,26 100,5 96,99 92,5 síHungría 100 80,53 78,49 76,16 69,39 69,89 68,21 63,87 61,16 síMalta 100 124,76 132,05 151,69 148,57 151,32 154,25 157,71 141,29 noPaíses Bjos 100 106,34 102,17 97,68 94,99 100,01 94,07 92,19 92,09 síAustria 100 101,53 102,84 111,79 102,97 109,15 106,53 102,9 102,53 noPolonia 100 94,01 82,94 85,63 81,94 86,31 85,68 84,37 83,54 síPortugal 100 117,52 138,28 130,35 125,08 117,88 115,78 112,6 109,67 noRumania 100 72,54 55,71 56,03 49,07 46,51 48,41 47,77 43,85 síEslovenia 100 100,76 102,85 115,73 104,98 105,14 105,15 101,9 98 síEslovaquia 100 72,86 66,52 67,03 61,02 62,24 61,21 57,93 57,89 síFinlandia 100 100,62 98,59 101,21 95,7 107,35 97,14 89,17 90,11 síSuecia 100 102,97 96,52 89,42 83,4 91,7 86,21 81,32 79,3 síReino Unido 100 94,67 91,59 84,75 77,38 79,08 73,59 75,44 73,76 síIslandia 100 93,46 111,57 142,75 130,92 127,22 123,13 124,22 124,55 no
FUENTE: Eurostat.IndicadoresEurope2020
Cuadro 2. Emisiones de Gases Efecto Invernadero fuera de la Unión EuropeaEmisiones totales excluyendo emisiones derivadas de cambios en el uso del suelo y la silviculturaPaís/Año 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ReducciónAustralia 489812,92 537930,78 544573,76 541177,63 540210,87 541542,76 543648,45 noCanadá 721362,48 749288,91 731080,7 689313,24 699302,26 701212,37 698626,47 síChile 74487,9 92827,8 93969,83 90933,19 91575,94 .. .. noIsrael 72438,7 76869,85 77954,47 74110,51 76924,45 78452,33 .. noJapón 1340522,6 1364257,69 1280903,32 1205672,64 1256094,69 1306517,93 1343117,72 noCorea 511186,9 591429,06 605406,51 609167,15 667755,38 697707,98 .. noMéjico 564970,0 670204 699201 688927 701360 .. .. noNueva Zelanda 70898,9 76221,51 75763,7 73101,16 73491,33 74393,45 76047,98 noNoruega 54058,5 56006,29 54424,51 51808,95 54346,96 53294,03 52733,24 síTurquía 298090,9 382378,4 368734,42 371149,35 403494,7 424090,95 439873,73 noEstados Unidos 7075609,4 7287750,12 7090753,13 6642319,59 6854728,19 6716993,02 6487847,05 síBrasil 756663,7 881781,75 910097,94 890514,88 954324,65 991691 1027739 noChina .. .. .. .. .. .. .. noColombia 147282,2 .. .. .. .. .. .. noCosta Rica 11033,3 .. .. .. .. .. .. noIndia 1523766,6 .. .. .. .. .. .. noIndonesia 554333,5 .. .. .. .. .. .. noRusia 2053321,0 2206099,7 2245851,34 2130321,36 2221342,01 2284292,82 2295045,38 noFUENTE: OCDE Greenhouse Gases
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Cuadro 3. Cuota de energía renovable en el consumo de energía final en la Unión Europea%País/Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 OBJETIVOUE 28 8,3 8,7 9,2 10 10,5 11,9 12,5 12,9 14,3 15 20Bélgica 1,9 2,3 2,7 3,4 3,8 5,2 5,7 6,1 7,4 7,9 13Bulgaria 9,5 9,4 9,6 9,2 10,5 12,2 14,1 14,3 16 19 16República Checa 5,9 6 6,4 7,4 7,6 8,5 9,5 9,5 11,4 12,4 13Dinamarca 14,5 15,6 15,9 17,8 18,6 20 22 23,4 25,6 27,2 30Alemania 5,8 6,7 7,7 9 8,5 9,9 10,4 11,4 12,1 12,4 18Estonia 18,4 17,5 16,1 17,1 18,9 23 24,6 25,5 25,8 25,6 25Irlanda 2,4 2,9 3,1 3,6 4,1 5,1 5,6 6,6 7,3 7,8 16Grecia 6,9 7 7,2 8,2 8 8,5 9,8 10,9 13,4 15 18España 8,3 8,4 9,2 9,7 10,8 13 13,8 13,2 14,3 15,4 20Francia 9,4 9,6 9,5 10,3 11,2 12,3 12,8 11,2 13,6 14,2 23Croacia 13,2 12,8 12,8 12,1 12,1 13,1 14,3 15,4 16,8 18 20Italia 5,6 5,8 6,4 6,4 7,3 9,1 10,5 12,1 15,4 16,7 17Chipre 3,1 3,1 3,3 4 5,1 5,6 6 6 6,8 8,1 13Letonia 32,8 32,3 31,1 29,6 29,8 34,3 30,4 33,5 35,8 37,1 40Lituania 17,2 17 17 16,7 18 20 19,8 20,2 21,7 23 23Luxemburgo 0,9 1,4 1,5 2,7 2,8 2,9 2,9 2,9 3,1 3,6 11Hungría 4,4 4,5 5,1 5,9 6,5 8 8,6 9,1 9,5 9,8 14,65Malta 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 1,4 2,7 3,8 10Países Bajos 1,9 2,3 2,6 3,1 3,4 4,1 3,7 4,3 4,5 4,5 14Austria 22,7 23,9 25,5 27,5 28,4 30,3 30,8 30,9 32,1 32,6 34Polonia 6,9 6,9 6,9 6,9 7,7 8,7 9,2 10,3 10,9 11,3 15Portugal 19,2 19,5 20,8 21,9 23 24,4 24,2 24,7 25 25,7 31Rumanía 17 17,6 17,1 18,3 20,5 22,7 23,4 21,4 22,8 23,9 24Eslovenia 16,1 16 15,6 15,6 15 19 19,3 19,4 20,2 21,5 25Eslovaquia 5,7 5,9 6,3 7,6 7,7 9,3 9 10,3 10,4 9,8 14Finlandia 29,2 28,8 30 29,6 31,4 31,5 32,5 32,9 34,5 36,8 38Suecia 38,7 40,5 42,6 44,1 45,2 48,2 47,2 48,9 51,1 52,1 49Reino Unido 1,2 1,4 1,6 1,8 2,4 3 3,3 3,8 4,2 5,1 15Noruega 58,1 59,8 60,3 60,2 61,8 64,8 61,2 64,7 65,9 65,5 67,5
FUENTE: Eurostat. Indicadores Europe 2020
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• Instituto Nacional de Estadística. 2013.. Encuesta Continua de Hogares (ECH) 2013.
Número de parejas según tipo de unión y sexo de la pareja. Disponible en: http://www.ine.es/jaxi/tabla.do
• Instituto Nacional de Estadística. 2013.Encuesta de Población Activa 2013. Ocupados por nacionalidad, sexo y situación profesional. INE. En http://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=4767&L=0
• Ministerio de Hacienda Pública. 2013. Presupuesto Generales del Estado. 2013.Memoria de Beneficios Fiscales.Disponible en http://www.congreso.es/docu/pge2013/PGE-ROM/doc/L_13_A_A2.PDF.
Cuadro 4. Productividad de los recursos en la UE. PIB/DMCEuro por kilogramo, valores encadenados (2010)País/Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 DesacoplamientoUE 28 1,6 1,6 1,6 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 síBélgica 2,0 2,0 2,0 2,2 2,2 2,1 2,4 2,5 2,4 síBulgaria 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 síRepública Checa 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 síDinamarca 1,7 1,7 1,8 2,1 2,2 2,0 2,0 2,1 2,1 síAlemania 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1 síEstonia 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 noIrlanda 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 1,4 1,5 síGrecia 1,4 1,0 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 síEspaña 1,2 1,2 1,4 1,6 1,8 2,1 2,5 2,7 2,7 síFrancia 2,2 2,2 2,3 2,5 2,6 2,5 2,6 2,6 2,6 síCroacia 0,8 0,8 0,7 0,9 1,0 1,0 1,1 1,0 1,1 síItalia 1,9 2,0 2,1 2,2 2,4 2,4 2,8 2,8 2,9 síChipre 1,0 0,9 0,6 0,8 0,8 0,8 1,1 1,3 1,3 síLetonia 0,4 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 síLituania 0,7 0,6 0,6 0,8 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 noLuxembrugo 3,0 3,4 4,1 3,8 3,9 4,0 3,9 4,0 4,0 síHungría 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,0 0,9 síMalta 1,4 1,8 2,0 1,9 2,2 1,8 1,6 1,7 1,3 noPaíses Bajos 3,4 3,3 3,2 3,3 3,4 3,4 3,6 4,0 3,8 síAustria 1,4 1,4 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 síPolonia 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 síPortugal 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 síRumanía 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 noEslovenia 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,4 1,4 1,4 síEslovaquia 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 1,1 1,2 1,2 síFinlandia 0,9 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 síSuecia 1,9 1,8 1,8 2,0 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 noReino Unido 2,4 2,5 2,7 2,9 3,0 3,0 3,1 3,2 3,2 síNoruega 2,7 2,7 2,4 2,5 2,3 2,4 2,3 2,3 : noSuiza 4,4 4,7 4,8 4,6 4,6 4,6 4,9 : : síSerbia 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 : sí
FUENTE:Eurostat
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¿Se puede salir de la crisis sin renunciar al bienestar? Un análisis cuantitativo de los efectos de las políticas de
crecimiento frente a las de bienestar
Kurt Kratena CESAR, Centre of Economic Scenario Analysis and Research
Doctor en Economía (Viena) Catedrático en la Universidad de Klagenfurt (Austria) [email protected]
Iñaki Arto Doctor en Economía, EKOPOL, Universidad del País Vasco
[email protected] María Victoria Román
Estudiante de doctorado en Economía de la Universidad del País Vasco [email protected]
Maria Federica Di Nola Doctora en Economía, Universidad del País Vasco
[email protected] Cristina Guerrero
Doctora de la Universidad de Sevilla [email protected]
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Título: ¿Se puede salir de la crisis sin renunciar al bienestar? Un análisis cuantitativo de los efectos de las políticas de crecimiento frente a las de bienestar. Autores:
• Kurt Kratena CESAR, Centre of Economic Scenario Analysis and Research Doctor en Economía (Viena) Catedrático en la Universidad de Klagenfurt (Austria) e-mail: [email protected]
• Iñaki Arto Doctor en Economía, EKOPOL, Universidad del País Vasco e-mail: [email protected]
• María Victoria Román Estudiante de doctorado en Economía de la Universidad del País Vasco e-mail: [email protected]
• Maria Federica Di Nola Doctora en Economía, Universidad del País Vasco e-mail: [email protected]
• Cristina Guerrero Doctora de la Universidad de Sevilla e-mail: [email protected]
Palabras clave: crecimiento, bienestar, modelo dinámico Neo-Keynesiano, austeridad Clasificación JEL: C54, H20, J68 La economía española sufre actualmente las consecuencias económicas y sociales de la "Gran Recesión" de 2009. Algunos economistas defienden las políticas de austeridad como vía para acelerar el crecimiento económico, que traerá consigo empleo y bienestar a largo plazo. Otros sostienen que el coste social que implica esperar a que el crecimiento solucione los problemas a largo plazo es inaceptable, y defienden políticas activas de lucha contra el desempleo, la pobreza y la desigualdad, y de promoción sectores económicos que redundan en un mejor cuidado de las personas y del medio ambiente. El objetivo de este estudio es aportar evidencias empíricas al actual debate sobre si es posible salir de la crisis sin renunciar a los derechos sociales. Para ello se ha utilizado un modelo dinámico Neo-Keynesiano (DYNK) para comparar dos escenarios de políticas que cumplen con el programa de estabilidad del déficit público y llegan a un equilibrio de pleno empleo a largo plazo a través de diferentes vías. El primero de los escenarios representa el paradigma actual de búsqueda del crecimiento del PIB (escenario “Crecimiento”), mediante austeridad presupuestaria y flexibilidad del mercado laboral. El escenario alternativo se caracteriza por políticas activas de empleo que buscan mantener el estado de bienestar (escenario “Bienestar”) y está inspirado en el programa económico de Podemos elaborado por V. Navarro y J. Torres. Los resultados indican que sí se puede salir de la crisis sin renunciar a los derechos sociales y sin menoscabo de los objetivos de déficit público.
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1. Introducción
La economía española sufre actualmente las consecuencias económicas y sociales de la "Gran Recesión" de 2009 y las políticas de austeridad. Antes de esta crisis, el modelo productivo español ya era débil. Estaba caracterizado por la baja competitividad, la precariedad laboral, la desigualdad social y la ineficacia de la función redistributiva del Estado. Mientras que la balanza de pagos se mantuvo constantemente negativa, la economía crecía al 4% anual y el desempleo disminuyó hasta el 8% gracias al desarrollo del turismo y la construcción (Recio 2010). El crecimiento de este sector se debió a la burbuja inmobiliaria, resultado de una serie de políticas de liberalización (del mercado hipotecario y del uso del suelo) y de la entrada en la zona euro (por la bajada de los tipos de interés) (Rodríguez y López 2011). El precio de la vivienda se convirtió en un activo de especulación, multiplicándose (igual que la deuda de las familias) por tres en este periodo (ver Figura 1) (Colom 2011, The Economist 2008).
Figura 1. Evolución de la deuda y del crédito en porcentaje del PIB
(Fuente: Eurostat)
La burbuja produjo un gran stock de casas vacías y de infraestructuras infrautilizadas, como autovías y autopistas, aeropuertos y kilómetros de AVE (Naredo 2012). La productividad en el periodo de auge se mantuvo estancada, puesto que los sectores en los que se creó empleo eran sectores de bajo valor añadido (Neal y García-Iglesias 2013). Las reformas laborales de las décadas de 1990 y 2000 profundizaron la precarización del empleo y la desigualdad sin solucionar el problema de la competitividad. Con la crisis financiera global en 2008, las tasas de interés subieron, lo que, junto al exceso de construcción, supuso la explosión de la burbuja inmobiliaria española. Con ella cayó la demanda interna, suponiendo el cierre de muchas empresas y el aumento del desempleo. Al disminuir los ingresos por las cotizaciones y el impuesto de sociedades, y al aumentar el gasto por prestaciones por desempleo, el déficit público se disparó. Además, dado el elevado endeudamiento de las familias (en 2009 el 40% de la deuda externa correspondía a los hogares), al aumentar el paro, aumentó también la morosidad
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(Puig 2011). Los bancos, constructoras y promotoras inmobiliarias recibieron apoyo del Estado en este contexto de caída de la demanda y morosidad, de forma que, en 2009, España era el país de la OCDE que más dinero había destinado a salvar al sector inmobiliario (Rodríguez y López 2011). El total de las ayudas destinadas al sector financiero (sumando garantías, medidas de recapitalización y otras medidas de apoyo a la liquidez) suman 240 mil millones de euros (EC, 2014). Dichas ayudas, junto con el aumento del déficit, supusieron que la deuda pública española (que hasta 2010 se había mantenido por debajo del umbral impuesto en el tratado de Maastricht) aumentase vertiginosamente. Este aumento de la deuda disminuyó la confianza de los inversores en la capacidad de la economía española de hacer frente a sus obligaciones.
Con el fin de recuperar dicha confianza, y respondiendo a la presión ejercida desde la Unión Europea, el gobierno se propuso disminuir el déficit y garantizar el pago de la deuda. Para ello, se apostó por una política de recortes y “medidas de austeridad” que afectaron a distintas prestaciones sociales. Se redujo la cobertura del sistema sanitario (renunciando a la universalidad), y se introdujo el copago. El gasto en educación se redujo hasta niveles similares a los de hace 20 años. También se recortó el gasto en I+D, y otros servicios sociales, como la atención a personas dependientes (OSE 2014). Al mismo tiempo, se aumentó el IVA (incrementado la regresividad del sistema fiscal) y se realizó otra reforma laboral que, en aras de mejorar la competitividad e impulsar el crecimiento, favoreció la destrucción de empleo estable y de calidad, y dio lugar a la aparición de nuevos puestos de trabajo, cada vez más precarios. Como consecuencia de esto, se ha abierto una gran brecha social, debilitando enormemente a la clase media y generando pobreza en familias que antes gozaban de cierta estabilidad económica (Gálvez 2013, Medialdea 2010).
El resultado de estas medidas, junto con la reciente ola de desahucios (que ha supuesto que cerca de 500.000 familias hayan perdido su vivienda desde 2007), ha sido el aumento de los niveles de desigualdad (en 2012 España era el país más desigual de la UE), la precariedad laboral (tener trabajo no garantiza salir de la pobreza), la exclusión y la pobreza, especialmente, la infantil (ver
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Figura 2) (Colau y Alemany 2013, FOESSA 2014, OSE 2014). Todo ello para conseguir unos resultados modestos: una disminución de apenas 4.2 puntos del déficit; ningún tipo de impulso al empleo (de hecho, una de cada cuatro personas que quieren trabajar está en paro; ver
Figura 3); y que la economía volviera a entrar en recesión en 2012, como consecuencia de la contracción del mercado interno.
Recientemente hemos conocido datos de coyuntura económica que el gobierno ha interpretado como el comienzo de la recuperación. Los factores que explican las elevadas cifras de crecimiento son una elevada brecha de producción, y una serie de factores transitorios: la caída del precio del petróleo, la rebaja fiscal, la devaluación del euro y la política expansiva del BCE. Sin embargo, el crecimiento potencial a medio plazo, mejor indicador de la recuperación económica, se mantiene en cifras muy modestas.
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Figura 2. Evolución de indicadores de pobreza y desigualdad
(Fuente: Eurostat)
Figura 3. Evolución del desempleo en porcentaje de la población activa
(Fuente: Eurostat)
Ante esta circunstancia, algunos economistas defienden continuar con este tipo de políticas de contención del gasto público y flexibilidad laboral como forma de perseguir el crecimiento económico. Con éste se alcanzará el pleno empleo a largo
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plazo, pero para ello es necesario atravesar esta fase de transición y sacrificios, de la que pocos saldrán indemnes. En los últimos tiempos han surgido, tanto en España como en otros lugares (por ejemplo, en Grecia), una serie de voces críticas a este planteamiento. Éstas mantienen que los problemas derivados de la crisis y de las políticas de austeridad no desaparecerán a corto plazo, aunque el crecimiento económico se acelere. Por tanto, consideran el planteamiento anterior inaceptable por el coste social que implica, y porque supone el desmantelamiento del Estado del Bienestar. Desde esta postura se defiende priorizar la lucha contra el desempleo (mediante políticas activas en lugar de esperar que éste desaparezca espontáneamente con el crecimiento), la pobreza y la desigualdad, y el impulso de actividades económicas que redunden en un mejor cuidado de las personas y del medio ambiente. Estas propuestas han dado lugar a una discusión, que hasta el momento se ha mantenido en el plano ideológico, y que es la que da título a este trabajo: ¿Se puede salir de la crisis sin sacrificar el Estado del Bienestar? Nuestro objetivo con este estudio es aportar cierta evidencia empírica al debate, mediante las herramientas que proporciona el análisis económico aplicado.
2. Metodología Para contestar a esta pregunta hemos utilizado un modelo dinámico econométrico input-output Neo-Keynesiano (DYNK), que representa la economía española mediante 59 ramas de actividad económica y 5 grupos de renta en los hogares. El modelo describe explícitamente una senda de ajuste hacia un equilibrio a largo plazo. Esta característica de ajuste dinámico hacia el equilibrio se desarrolla en el bloque del consumo y en la regla de cierre del modelo, a través de una senda fija del déficit público en el corto y largo plazo. El término "neo-keynesiano" se refiere a la existencia de un equilibrio a largo plazo de pleno empleo, que no será alcanzado en el corto plazo por rigideces institucionales. Estas rigideces incluyen restricciones de liquidez de los consumidores (desviación de la hipótesis de renta permanente), negociación de salarios (desviación de la hipótesis de mercado laboral competitivo) y un mercado de capitales imperfecto. Dependiendo de la magnitud de la distancia con el equilibrio a largo plazo, la reacción de los agregados macroeconómicos a las políticas puede variar substancialmente. El modelo se cierra endogeneizando el gasto público, de tal forma que se cumple el programa de estabilidad de las finanzas públicas. Kratena y Sommer (2014) utilizan el modelo para simular reformas laborales y de fiscalidad ambiental, e incluyen una descripción detallada de los distintos bloques del modelo (i.e. comportamiento de las familias y consumo privado, comportamiento de las empresas y producción, mercado laboral, gobierno y cierre del modelo). En dicho trabajo se encuentra, asimismo, la explicación de la calibración del modelo y la caracterización de un escenario base, que representa la continuación de las políticas actuales centradas en la búsqueda de crecimiento y la austeridad (escenario “Going for Growth”) 28 . Nuestro análisis consiste en la comparación de dicho escenario con otro, que denominamos escenario “Going for Welfare”, que consiste en la implementación de una serie de políticas activas para 28 No cabe esperar cambios en la política económica del gobierno, por lo que se desprende de las declaraciones del presidente de gobierno tras las últimas elecciones municipales: http://www.eleconomista.es/economia/noticias/6769680/06/15/Rajoy-descarta-cambios-en-el-area-economica-del-Gobierno-No-conviene-cambiar-lo-que-funciona.html.
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combatir los efectos de la crisis y que están inspiradas en las propuestas del programa económico de Podemos, elaborado por V. Navarro y J. Torres. Para la modelización de este escenario, se han agrupado las políticas en 4 bloques, y se han utilizado datos estadísticos reales de la economía española. Un primer bloque, llamado “Economía sostenible y competitividad”, incluye un subsidio de empleo verde (fomento de la industria del reciclaje y de reformas de edificios que disminuyan el consumo energético) y la promoción de la actividad primaria industrial y de la inversión empresarial en I+D. Estas medidas se financian mediante el aumento del impuesto de sociedades además de un subsidio del 40% de las contribuciones a la seguridad social tanto en industria de reciclaje como de construcción y reforma. Un segundo bloque, de “Bienestar social”, contempla el aumento de los servicios sociales (sobre todo educación y sanidad) y del permiso de paternidad. Se financia con un aumento en las cotizaciones a la seguridad social, un plan general de ahorro en la gestión pública y el recorte en construcción de infraestructuras. Dentro del tercer bloque, “Deuda y sector financiero”, tendríamos una devaluación del valor de la deuda a los bancos equivalente a las ayudas públicas recibidas desde 2008. Por último, el bloque de “Mercado laboral”, consiste en la subida del salario mínimo a 950 €/mes y la disminución de la jornada laboral a 35 horas. Estas medidas serían posibles a través de la limitación de los salarios más altos. Una descripción detallada de las medidas introducidas en el escenario “Going for Welfare” y de sus coberturas aparece en Figura 4. Los efectos (macroeconómicos, empleo, pobreza, desigualdad, servicios sociales) de cada uno de los bloques se han estudiado, tanto individualmente como en su conjunto, comparándolos con los que se obtendrían si se mantuvieran las políticas actuales (i.e. escenario “Going for Growth”). En ambos escenarios, se asume que la relación entre la deuda de los hogares y sus activos converge a los niveles previos a la crisis y que el déficit público cumple con el plan de estabilidad que el gobierno ha presentado a la Comisión Europea.
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Figura 4 Listado de medidas y coberturas
(Fuente: Elaboración propia)
3. Resultados
A medio plazo (2020), las políticas del escenario “Going for Welfare” logran resultados notablemente mejores que las del escenario “Going for Growth” (ver
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Figura 5 y Figura 6). La tasa anual media de crecimiento del PIB para el periodo 2015-2020, se sitúa en el 2,8% frente al 1,75% del escenario continuista. Por tipo de medidas, las políticas del bloque “Economía sostenible y competitividad” son las que producen un mayor estímulo de la economía española. Generan un aumento de la demanda externa, aumentan el empleo y la renta disponible de los hogares y, por tanto, el consumo. El bloque “Deuda y sector financiero” tiene un efecto similar al de “Economía sostenible y competitividad” a medio plazo, pero a corto plazo su efecto sería negativo, debido al coste soportado por el sector bancario. A nivel sectorial, vemos cómo la contribución al PIB de los sectores ligados al Estado de Bienestar (i.e. educación, sanidad y cuidados) aumenta en casi un punto, mientras que la aportación del sector de la construcción se reduce en una cuantía similar.
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Figura 5. Cuadro de mando de la economía española en 2020
VARIABLESGoingforGrowth(G)
GoingforWelfare(W)
RatioG/W
PIB real (crecimiento anual) 1.75% 2.79% 59.5%PIB real (mill. €) 1,174,530€ 1,248,502€ 6.3%
Primario 3.4% 3.5%Industria 20.6% 20.2%Construcción 9.7% 8.9%Servicios bienestar 13.6% 14.5%Servicios 52.8% 52.9%
Tasa de desempleo 2.3% 2.6% 14.1%Empleo (mill. personas) 18.92 19.89 5.1%Empleo servicios bienestar (mill. personas) 3.76 4.12 9.7%Total (€ per capita) 16,263€ 17,182€ 5.7%Quintil 1 (€ per capita) 3,935€ 5,234€ 33.0%Quintil 2 (€ per capita) 7,968€ 8,321€ 4.4%Quintil 3 (€ per capita) 12,331€ 12,871€ 4.4%Quintil 4 (€ per capita) 17,581€ 18,389€ 4.6%Quintil 5 (€ per capita) 39,500€ 41,096€ 4.0%Quintil 5 / Quintil 1 10.0 7.9 -21.8%
ESCENARIO2020
Rentapercapitahogares
Cuadromacroeconómico
(Fuente: Elaboración propia)
El escenario de políticas de “Going for Welfare” está directamente orientado a la creación de empleo. Esta circunstancia está claramente reflejada en los resultados del modelo. De esta forma, en este escenario se crean un millón de puestos de trabajo, ascendiendo el número total de personas empleadas a 19,9 millones frente a 18,9 millones del escenario “Going for Growth”. Al mismo tiempo, la tasa de desempleo se reduce en 4 puntos porcentuales respecto al escenario de “Going for Growth” y se sitúa por debajo del 17%. El bloque "Deuda y sector financiero" aporta más de 500.000 empleos y el bloque "Economía sostenible y competitividad" más de 300.000 empleos. Las medidas alternativas logran impulsar la creación de empleo en los sectores ligados al Estado del Bienestar: entre 2015 y 2010, el número de empleos en los sectores educación, sanidad y cuidados personales (atención sociosanitaria) crece en casi 370.000 trabajadores. Las medidas orientadas a favorecer el consumo de alimentos nacionales, contribuyen a crear más de 85.000 puestos de trabajo en el sector agro-ganadero y en la industria alimentaria. El sector de la construcción también se ve favorecido con 65.000 empleos adicionales, gracias al impulso de las actividades de rehabilitación que compensan la reducción en el gasto público en infraestructuras. En algunos sectores se reduce ligeramente el empleo como consecuencia de la mayor automatización de los procesos de producción, y/o por una reacción negativa del mercado laboral al aumento de las cotizaciones a la seguridad social. En el año 2020, la renta per cápita de los españoles en el escenario “Going for Welfare” se situaría 5,7 puntos por encima que en el escenario de “Going for Growth” hasta alcanzar los 17.182€. Además, si bien todos los hogares experimentan una mejora, son los más pobres (Quintil 1) los que más se benefician con un aumento en sus rentas del 30%, pasando de 3.935€ por habitante en el escenario “Going for Growth” a 5.234€ en el escenario “Going for Welfare”. Todo ello contribuye a reducir la desigualdad entre los más ricos y los más pobres: el ratio entre la renta que reciben los más ricos y la que reciben los más pobres se reduce de 10 a 7,9. Las medidas del bloque de “Mercado laboral”, cuyo efecto macroeconómico es prácticamente nulo, son el principal motor de esta redistribución de la renta a favor del 1er quintil (grupo de rentas más bajas) (ver Figura 7). Esto mismo ocurre con las medidas del bloque “Bienestar social”, que favorecen una
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redistribución de la renta hacia las familias con menores ingresos y mejorarían enormemente la situación social de casi 10 millones de personas (i.e. 3,5 millones de hogares). Figura 6. Evolución del PIB y el EMPLEO en escenarios “Going for Welfare” y “Going for Growth”
(Fuente: Elaboración propia)
Figura 7. Distribución de la renta en euros per cápita
(Fuente: Elaboración propia)
En resumen, además de mantener el déficit público en el mismo nivel que en el escenario “Going for Growth”, las simulaciones del modelo muestran que el escenario “Going for Welfare” estimula en mayor medida la economía, reduce el desempleo, mejora la situación de los hogares con menos renta y evita los problemas sociales de la austeridad.
0€
5.000€
10.000€
15.000€
20.000€
25.000€
30.000€
35.000€
40.000€
45.000€
Quintil1 Quintil2 Quintil3 Quintil4 Quintil5
CRECIMIENTO BIENESTAR
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4. Conclusiones
Las políticas de austeridad y flexibilización del mercado laboral tal y como están siendo implementadas en España pueden contribuir al crecimiento económico y a la creación de empleo, pero a un ritmo muy lento y con riesgos sociales. Sin embargo, los resultados de las simulaciones muestran que también es posible salir de la crisis aplicando políticas activas de empleo, preservando el Estado del Bienestar y reduciendo las desigualdades, a la vez que respetando las restricciones presupuestarias. Estas políticas alternativas incluyen una serie de incentivos a la contratación, mejora de las condiciones laborales, reestructuración del gasto público favoreciendo la provisión de servicios a las personas en detrimento del gasto en infraestructuras, recuperación de los fondos públicos utilizados para rescatar al sistema financiero para rescatar a los hogares endeudados con menos renta, etc. Se podría decir que este enfoque alternativo trata de invertir la causalidad, poniendo el acento en la necesidad de crear empleo, preservar el Estado de Bienestar y obteniendo como resultado secundario crecimiento económico. Es decir, la propia lucha contra el desempleo y la desigualdad, así como la promoción de una economía más sostenible social y ambientalmente, genera crecimiento económico. En el largo plazo la búsqueda del crecimiento bajo el tándem austeridad-competitividad podría llevar a la economía al pleno empleo pero las consecuencias sociales podrían ser significativas y el camino sería muy largo y tortuoso. Sin embargo, como hemos mostrado, existen atajos para evitar el elevado coste de este largo camino hacia la recuperación, ya que, como Keynes formulaba: "en el largo plazo, estamos todos muertos". Es importante tener en cuenta que en ambos escenarios se han mantenido las restricciones presupuestarias garantizando que se cumplen los compromisos del pacto de estabilidad. En este sentido las diferencias desde la perspectiva fiscal entre ambos escenarios radican en la estructura del gasto público y de la estructura impositiva. Sin embargo, la relajación de las restricciones impuestas por el pacto de estabilidad podría contribuir a acelerar el proceso de recuperación y mejorar los resultados en términos de bienestar social y pobreza. Por último, hacer dos puntualizaciones sobre los escenarios escogidos. Por un lado, el escenario “Going for Growth”, que representa una ausencia de políticas, a nuestro entender, refleja adecuadamente los planes del actual gobierno, que no ha anunciado ningún cambio de política económica hasta el momento. Además este escenario de ausencia de políticas resulta útil como referencia con la que comparar distintas propuestas. En segundo lugar, señalar que el objetivo de este ejercicio no es simular de manera exhaustiva el programa de Podemos. Únicamente hemos tomado prestadas algunas de las propuestas de esta formación política para ilustrar cuantitativamente y aportar elementos para el debate sobre la viabilidad de este tipo de medidas que, en última instancia, suponen un cambio de paradigma en la elaboración de estrategias para la salida de la crisis. Quedaría, por tanto pendiente el análisis de otro tipo de iniciativas muy debatidas como son la renta básica universal, el sistema de complementos salariales o la relajación del pacto de estabilidad
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![Inicio | luz · abordado este problema y sus aportes han sido valiosos para nuestra investigación [3-6]. 2. TEORíA DE OPERACION 2.1 Niueles energéticos y transiciones láser Los](https://img.pdfslide.es/doc/110x75/5f7265827937d157ba6880e3/inicio-luz-abordado-este-problema-y-sus-aportes-han-sido-valiosos-para-nuestra.jpg)
