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JNI/12/2016
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JUICIO ELECTORAL DE LOS
SISTEMAS NORMATIVOS INTERNOS.
EXPEDIENTE: JNI/12/2016
ACTORES: ROMANA GERÓNIMO MARTÍNEZ, FLORIDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ Y JOEL CRUZ CHÁVEZ
TERCERO INTERESADO: DONATO CRUZ LÓPEZ, NOÉ MARTÍNEZ CHÁVEZ, OSCAR HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, ADELFO SANTIAGO MARTÍNEZ, EVANGELINA LÓPEZ BAUTISTA E ISMAEL CHÁVEZ MARTÍNEZ
AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO
ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE
OAXACA
MAGISTRADO PONENTE:
MAESTRO RAYMUNDO WILFRIDO
LÓPEZ VÁSQUEZ
SECRETARIA DE ESTUDIO Y
CUENTA: MARÍA ITANDEHUI RUIZ
MERLÍN
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veinticuatro de agosto de
dos mil dieciséis.
Vistos para resolver el juicio electoral de los sistemas
normativos internos al rubro indicado, interpuesto por Romana
Gerónimo Martínez, Florida Martínez Martínez y Joel Cruz
Chávez, en contra del Consejo General del Instituto Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca,1 a quién
reclaman la emisión del acuerdo IEEPCO-CG-SNI-15/2016, por
el que se declaró válida la asamblea de elección extraordinaria
1 En adelante Consejo General
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celebrada el trece de julio de dos mil dieciséis en el municipio
de Tanetze de Zaragoza, Villa Alta, Oaxaca, y
CONTEXTO DEL MUNICIPIO
Tanetze de Zaragoza es un municipio de población
zapoteca que se ubica al norte del Estado de Oaxaca, su
significado se deriva de las raíces en lengua zapoteca Taa
(donde se encuentran) y Niis (agua) que se traduce como “donde
se encuentran las aguas” ya que se encuentran
aproximadamente 100 ojos de agua, cascadas y una laguna. Sus
primeros pobladores se remontan de 1500 d. c., descendientes
de grupos nómadas que se establecieron definitivamente
dedicándose a la agricultura.
Se compone de dos localidades: la cabecera y la agencia
de Santa María Yaviche; su clave de identificación en el estado
es el 541 y pertenece al 13º distrito de Villa Alta dentro de la
Sierra Juárez. Su actividad principal es la agricultura siendo el
café el principal cultivo.2
Reseña Histórica3
Se asegura que los primeros pobladores vinieron del pueblo de Laoyaga y Teocuilco del Distrito de Villa Alta, siendo el jefe de ellos un tal "Lachena Zatyetze", cuando vinieron los españoles a hacer la conquista se encontraba de jefe de la familia de este pueblo Beasaayeagxoo y Bilapag, que tomaron por nombre al ser bautizados Narciso Vásquez y Alejandro Martínez, respectivamente, quienes obtuvieron el título de caciques, el nombramiento de Gobernador y Regidor, en tiempo de su gobierno formaron el templo y demás edificios públicos.
2 Información obtenida del Plan de Desarrollo Municipal de Tanetze de Zaragoza, Villa Alta, Oaxaca
2012-2016, consultable en la página electrónica de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, en la siguiente dirección https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/pdf/inversion_publica/.../541.pdf 3 Información gubernamental consultable en la dirección electrónica del INAFED
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM20oaxaca/index.html
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Cronología de Hechos Históricos
ACONTECIMIENTOS
1717
El 24 de diciembre, fueron expedidos los títulos por el Licenciado don Francisco de Valenzuela Venegas, Juez Privativo de Composición de Tierras y Aguas.
1758 Se confirman los títulos el 27 de noviembre, por el Juez Privativo don Francisco Antonio de Echeverría.
MEDIO FÍSICO
Localización
Se localiza al noroeste de la capital del estado, en las coordenadas 96°18' de longitud oeste y 17°22' de latitud norte, a una altura de 1,280 metros sobre el nivel del mar.
Limita al norte con Yahuiche, al sur con San Juan Juquila Vijanos, al este con Talea de Castro, al oeste con Cacalotepec.
La distancia aproximada a la capital del estado es de 114 kilómetros.
Extensión La superficie total del municipio es de 21.32 km2, que representan el 0.02% del total del territorio del estado.
Orografía El Municipio es atravesado por la montaña de los siete picachos, Yovego y Yajoni.
Hidrografía Este Municipio es regado por las afluentes del río Juquila.
Clima El clima es frío, con vientos predominantes del norte.
Atractivos Culturales y Turísticos
Monumentos Históricos Cuenta con un Templo Católico construido en 1590.
Museos No tiene.
Fiestas, Danzas y Tradiciones Fiestas
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El 7 de octubre se celebra la fiesta tradicional con feria, procesiones, ofrendas y bailes populares.
Danzas
Danza de los negritos y los huenches viejos.
Tradiciones
Semana Santa y Todos los Santos.
Traje Típico No tiene.
Música
Cuenta con una banda de música. Las festividades y los eventos sociales son amenizados siempre por las tradicionales bandas de música de viento, así como de violín y guitarra.
Artesanías No tiene.
Pinturas No tiene.
Gastronomía La comida típica en el municipio es el caldo de res, amarillo, tamales, aguardiente y mezcal.
Centros Turísticos No tiene lugares de interés turístico.
GOBIERNO
Principales Localidades
La cabecera municipal es Tanetze de Zaragoza; su principal localidad es su agencia municipal: Santa María Yaviche. La principal actividad económica es la agricultura.
Caracterización de Ayuntamiento
Presidente Municipal Síndico 3 regidores
Otras autoridades del Ayuntamiento son: Tesorero, Secretario, Alcalde.
Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal
Autoridades Auxiliares
Agencia Municipal de Santa María Yaviche.
Nombramiento: Régimen comunitario de Usos y Costumbres.
Regionalización Política El municipio pertenece al 04 Distrito Electoral Federal y al 03 Distrito Electoral Local
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Reglamentación Municipal Bando de Policía y Buen Gobierno.
Cronología de los Presidentes Municipales
Presidente Municipal Período de Gobierno
Grimaldo Cruz Velasco 1978-1980
Román Martínez Velasco 1981-1983
Damián Martínez Cruz 1984-1986
Crisanto Manzano Avella 1985
Guillermo Hernández Santiago 1994
Constantino Sala Bautista 1995-1996
Ceferino Salas Cruz 1997
Flavio Ojeda Martínez 1998
Héctor Salas Ruiz 1999
Virgilio Hernández Bautista 2000
Héctor Salas Ruiz 2001
Jacobo Chávez Yescas 2002-2004
Domingo Fentanes Robles 2005-2007
Dámaso Nicolás Martínez 2008-2010
Federico Bautista Martínez 2011-2013
Pedro Cruz Reyes 2014-2016
Población4
De acuerdo al censo de población 2010, realizado por el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el municipio de
Tanetze de Zaragoza, Villa Alta, Oaxaca, existe una población
total de 1707 habitantes; 1184 son mayores de dieciocho años,
de los cuales 565 son hombres y 619 mujeres.
Asimismo, su agencia municipal Santa María Yaviche,
tiene una población total de 611 habitantes; 383 son mayores
de dieciocho años, de los que 184 son hombres y 199 mujeres.
ANTECEDENTES
Primero. Del acto reclamado.
1. Actas de asamblea de Elección.
a) El veinticinco de noviembre de dos mil quince, los
ciudadanos Zeferino Salas Cruz y Pedro Martínez Velasco,
4 Información consultable en la siguiente dirección electrónica
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/iter/default.aspx?ev=5
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quienes fungieron como primero y segundo escrutador,
respectivamente, en la asamblea de diecisiete de noviembre
de dos mil quince, en el municipio de Tanetze de Zaragoza, Villa
Alta, Oaxaca, en la que se nombró a los concejales que
integrarían el ayuntamiento por el periodo dos mil dieciséis,
presentaron ante el Instituto copia certificada de la citada acta
de asamblea.
b) El mismo veinticinco de noviembre de dos mil quince,
el presidente municipal de Tanetze de Zaragoza, Villa Alta,
Oaxaca, y el ciudadano Juan Santiago Chávez, quien fungió
como presidente de la mesa de los debates de la asamblea de
elección celebrada el dieciocho de noviembre de dos mil
quince, remitieron al entonces encargado del despacho de la
Secretaría Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos del
Instituto, entre otros documentos, el original de esa acta de
asamblea en la que también se habían nombrado concejales al
ayuntamiento de dicho municipio.
2. Calificación de la elección. El treinta de diciembre
de dos mil quince, mediante acuerdo IEEPCO-CG-SNI-20/2015,
el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana de Oaxaca5, calificó la elección de
concejales de Tanetze de Zaragoza, Villa Alta, Oaxaca,
declarando válida la asamblea celebrada el diecisiete de
noviembre de dos mil quince, ordenando expedir la constancia
de mayoría correspondiente.
3. Sentencia del Tribunal local. El veinticuatro de
febrero de dos mil dieciséis, el Pleno de este Tribunal resolvió
los expedientes JNI/01/2016 y acumulado JNI/07/2016, en el que
revocó el acuerdo IEEPCO-CG-SNI-20/2015; así como las actas
de asamblea de diecisiete de noviembre de dos mil quince y
5 En adelante Consejo General.
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dieciocho del mismo mes y año. Por lo que, ordenó al Consejo
General y a la Dirección Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y
de Participación Ciudadana de Oaxaca6, implementara las
acciones necesarias para llevar a cabo una elección
extraordinaria en la que se respetara el sistema normativo interno
del municipio de que se trata, con las reglas que para tal efecto
se indicaron en esa sentencia.
4. Sentencia de Sala Regional. El doce de mayo de dos
mil dieciséis, la Sala Regional de la Tercera Circunscripción
Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, con sede en Xalapa, Veracruz7, resolvió el
expediente SX-JDC-75/2016, y determinó confirmar la resolución
emitida por este Tribunal y ordenó al Instituto Estatal Electoral y
de Participación Ciudadana de Oaxaca, que continuara
implementando las gestiones necesarias para convocar, en
breve plazo, a la correspondiente elección extraordinaria.
5. Resolución de la Sala Superior. El veintinueve de junio
de dos mil dieciséis, la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación8, desechó de plano la demanda
de recurso de reconsideración presentada en contra de la emitida
por la Sala Regional.
Segundo. Del Juicio Electoral de los Sistemas
Normativos Internos.
1. Demanda. Mediante escrito presentado el dieciocho
de julio de dos mil dieciséis en la oficialía de partes del Instituto
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca9, los
ciudadanos Romana Gerónimo Martínez, Florida Martínez
Martínez y Joel Cruz Chávez, promovieron el juicio electoral de
6 En adelante Dirección Ejecutiva.
7 En adelante Sala Regional.
8 En adelante Sala Superior.
9 En adelante Instituto.
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los sistemas normativos internos que se resuelve, en contra del
Consejo General, a quién reclaman la emisión del acuerdo
IEEPCO-CG-SNI-15/2016, por el que se declaró válida la
asamblea de elección extraordinaria celebrada el trece de julio
de dos mil dieciséis en el municipio de Tanetze de Zaragoza, Villa
Alta, Oaxaca.
a) Radicación. Por proveído de veintitrés de julio de dos
mil dieciséis, el Magistrado Presidente de este Tribunal, tuvo por
recibido el escrito de demanda de los actores y ordenó formar
expediente de juicio electoral de los sistemas normativos internos
y registrarlo bajo el número JNI/12/2016. Asimismo, instruyó al
Secretario General para que certificara fecha y hora de la
interposición del citado juicio; hecho que fuera lo anterior,
entregara los autos al magistrado que conforme al turno
correspondiera para su sustanciación.
b) Recepción de los autos y admisión del juicio. Por
acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, el
Magistrado Maestro Raymundo Wilfrido López Vásquez, tuvo por
recibido el expediente, admitió el juicio, tuvo a la autoridad
responsable por cumplido con lo previsto en los preceptos 17 y
18 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de
Oaxaca10; asimismo, reconoció el carácter de terceros
interesados a los ciudadanos Donato Cruz López, Noé Martínez
Chávez, Oscar Hernández Martínez, Adelfo Santiago Martínez,
Evangelina López Bautista e Ismael Chávez Martínez; acordó las
pruebas aportadas por las partes; y finalmente, declaró cerrada
la instrucción y señaló fecha y hora de la sesión pública de
10
En adelante Ley de Medios.
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resolución en la que se sometería el proyecto a consideración
del Pleno.
RAZONES Y FUNDAMENTOS
Primero. Jurisdicción y competencia. Este Tribunal
Electoral del Estado de Oaxaca, es competente para conocer y
resolver el presente asunto, en términos de lo dispuesto en los
artículos 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 25, apartado D y 114 BIS, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; y
88, 89, inciso c), y 91, de la Ley de Medios.
Esto es así, porque el Tribunal Electoral del Estado de
Oaxaca es un órgano especializado, autónomo en su
funcionamiento e independiente en sus decisiones, es la máxima
autoridad jurisdiccional en materia electoral del Estado y
competente para conocer y resolver los juicios electorales de los
sistemas normativos internos interpuestos contra las
declaraciones de validez de las elecciones y el otorgamiento de
las constancias de mayoría.
En efecto, se surte la competencia de este órgano
jurisdiccional toda vez que los promoventes, integrantes de una
comunidad que se rige por su sistema normativo interno,
efectivamente reclaman el acuerdo de trece de julio de dos mil
dieciséis, mediante el que el Instituto calificó como válida la
asamblea de elección extraordinaria de concejales de Tanetze
de Zaragoza, Villa Alta, Oaxaca; de ahí que se surta el supuesto
competencial referido en líneas anteriores.
Segundo. Estudio de procedencia.
Los terceros interesados hicieron valer la falta de interés
jurídico de los promoventes, como causal de improcedencia del
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presente juicio, pues afirma que los promoventes no son
originarios de Santa María Yaviche, como se acredita en sus
copias de sus credenciales de elector; así como tampoco
acreditan que son representantes de esa agencia municipal.
Sin embargo, este tribunal estima que dicha causal de
improcedencia no se actualiza, como se explica a continuación.
El artículo 9 de la Ley de Medios, en la parte que interesa,
dispone:
Artículo 9. 1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes y por tanto serán desechados de plano cuando: a).- Se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el interés jurídico del recurrente; que se hayan consumado de un modo irreparable o aquellos contra los cuales no se hubiese interpuesto el medio de impugnación respectivo, dentro de los plazos señalados en esta ley;
De conformidad con el citado numeral, el interés jurídico
constituye un presupuesto procesal indispensable, para la
promoción de los medios de impugnación electorales, entre ellos,
el juicio para la protección de los derechos político electorales
del ciudadano.
Tal interés jurídico consiste en la relación que debe existir
entre la situación jurídica irregular que se plantea y la providencia
jurisdiccional que se pide para remediarla, la cual debe ser
necesaria y útil para subsanar la situación de hecho aducida y
considerada contraria a derecho.
En ese tenor, únicamente está en condiciones de instaurar
un procedimiento, quien afirma la existencia de una lesión a su
esfera de derechos y promueve la providencia idónea para ser
restituido en el goce de ese derecho, la cual debe ser apta para
revocar o modificar el acto o la resolución reclamado, a fin de
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lograr una efectiva restitución al demandante en el goce del
pretendido derecho político-electoral violado.
Así, la apertura del presente juicio se concreta a los casos
en que los actos o resoluciones de autoridad pueden producir
una afectación individualizada, cierta, directa e inmediata en el
contenido de sus derechos político-electorales, hipótesis en las
que, además, la restitución en el goce de los derechos
conculcados se pueda hacer efectiva mediante anulación del
acto combatido, con el acogimiento de la cuestión concreta que
se plantee en la demanda.
Ese criterio ha sido sostenido la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la jurisprudencia
7/2002, de rubro y texto siguiente:
“INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO. La esencia del artículo 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral implica que, por regla general, el interés jurídico procesal se surte, si en la demanda se aduce la infracción de algún derecho sustancial del actor y a la vez éste hace ver que la intervención del órgano jurisdiccional es necesaria y útil para lograr la reparación de esa conculcación, mediante la formulación de algún planteamiento tendiente a obtener el dictado de una sentencia, que tenga el efecto de revocar o modificar el acto o la resolución reclamados, que producirá la consiguiente restitución al demandante en el goce del pretendido derecho político-electoral violado. Si se satisface lo anterior, es claro que el actor tiene interés jurídico procesal para promover el medio de impugnación, lo cual conducirá a que se examine el mérito de la pretensión. Cuestión distinta es la demostración de la conculcación del derecho que se dice violado, lo que en todo caso corresponde al estudio del fondo del asunto”.
En el caso, el acto impugnado es el acuerdo IEEPCO-CG-
SNI-15/2016, por el que el Consejo General calificó como válida
la asamblea de elección extraordinaria de dieciséis de junio del
año en curso, en el municipio de Tanetze de Zaragoza, Villa Alta,
Oaxaca; y si los actores se duelen de que dicho acuerdo vulnera
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sus derechos de votar y ser votado, así como de los habitantes
de la Agencia de Santa María Yaviche, pues el referido Consejo
General no fundó ni motivó su determinación y no valoró
adecuadamente las pruebas que obran en el expediente de dicha
elección; debe decirse que con ello, se alega la violación
sustancial a su derechos políticos electorales; y a su vez los
actores argumentan que la intervención de este Tribunal es útil
para restituirlos en el goce de dichos derechos.
Por lo que debe entenderse que los promoventes sí tienen
interés jurídico, pues existe una relación directa entre los actos
que se reclaman, los derechos que se alegan violados y el medio
que se interpone para ser restituidos en el goce del mismo. En
consecuencia, se estima que no se actualiza la causal de
improcedencia hecha valer por los terceros interesados.
Una vez determinado lo anterior, se procede a estudiar los
requisitos de procedibilidad del presente juicio electoral de los
sistemas normativos internos, previstos en los numerales 8, 9,
12, 13, 14, 89, inciso c), de la Ley de Medios, como se explica a
continuación.
a) Oportunidad. El medio de impugnación debe
considerarse interpuesto de forma oportuna, como se explica a
continuación.
Los artículos 8 y 82 de la Ley de Medios, establecen que
los medios de impugnación deben presentarse dentro de los
cuatro días siguientes a aquél en que se notifique o se tenga
conocimiento del acto que se reclama.
Así, por lo que hace a los promoventes del presente juicio,
afirmaron tener conocimiento del acto que reclama el trece de
julio de dos mil dieciséis; por lo que el plazo para presentar su
demanda transcurrió del catorce al diecisiete del mismo mes y
año; siendo que el escrito de demanda se presentó el dieciocho
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siguiente; de ahí que se diga que se presentó un día después del
plazo concedido por la ley para tal efecto.
Sin embargo, no puede estimarse que por esta razón no se
deban atender los planteamientos de los actores, pues la Sala
Superior ha sostenido el criterio en el sentido de que el derecho
constitucional de las comunidades indígenas y de sus miembros
a acceder plenamente a la jurisdicción estatal, no se agota con
la obligación de tomar en cuenta sus costumbres y
especificidades culturales y la asistencia de intérpretes y
defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura, ya
que ese derecho debe ser interpretado a la luz del principio pro
persona, lo que lleva a establecer protecciones jurídicas
especiales en su favor, como se aprecia en las siguientes
Jurisprudencias:
Jurisprudencia 7/2014.
COMUNIDADES INDÍGENAS. INTERPOSICIÓN OPORTUNA DEL
RECURSO DE RECONSIDERACIÓN CONFORME AL CRITERIO DE PROGRESIVIDAD.- De los artículos 1º, 2º, apartado A, fracción VIII y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, apartado 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2, 4, apartado 1 y 12 del Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes; y 8, numeral 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; se advierte que el derecho constitucional de las comunidades indígenas y de sus miembros a acceder plenamente a la jurisdicción estatal, no se agota en la obligación de tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales y la asistencia de intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura, ya que ese derecho debe ser interpretado a la luz del principio pro persona, lo que lleva a establecer protecciones jurídicas especiales en su favor. Si bien es cierto que el término para interponer el recurso de reconsideración es de tres días, tratándose de comunidades indígenas y sus integrantes, deben tomarse en consideración determinadas particularidades, obstáculos técnicos y circunstancias geográficas, sociales y culturales, que tradicionalmente han generado en la población indígena una situación de discriminación jurídica, como son, la distancia y los medios de comunicación de la población donde se ubica el domicilio del actor, en relación con el lugar donde se encuentra el domicilio de la autoridad ante la que se interpone el recurso. Conforme al criterio de progresividad se garantizan los derechos de esas comunidades indígenas, al determinar la oportunidad de la interposición del recurso de reconsideración, como medida idónea, objetiva y proporcional para hacer efectivo el derecho de acceso integral a la jurisdicción en condiciones equitativas, con el fin de conseguir igualdad material, más allá de la formal.
Jurisprudencia 28/2011.
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COMUNIDADES INDÍGENAS. LAS NORMAS PROCESALES DEBEN INTERPRETARSE DE LA FORMA QUE LES RESULTE MÁS FAVORABLE.- De la interpretación funcional del artículo 2º, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce y garantiza a las comunidades indígenas el derecho de acceso pleno a la jurisdicción del Estado, se deriva el deber de establecer protecciones jurídicas especiales en favor de las comunidades indígenas y de los sujetos que las conforman, considerando sus particulares condiciones de desigualdad y facilitándoles el acceso efectivo a la tutela judicial, a fin de no colocarlos en un verdadero y franco estado de indefensión, al exigirles la satisfacción o cumplimiento de cargas procesales que sean irracionales o desproporcionadas, de acuerdo con su circunstancia de desventaja social y económica ampliamente reconocida en la Constitución y por el legislador en diversos ordenamientos legales. Por tanto, dado su carácter tutelar, debe considerarse que los medios de impugnación por los cuales se protegen los derechos político-electorales del ciudadano, se rigen por formalidades especiales para su adecuada protección, en razón de lo cual, las normas que imponen cargas procesales, deben interpretarse de la forma que resulte más favorable a las comunidades indígenas.
11
Así las cosas, se ha considerado que si bien es cierto que
el plazo para interponer el juicio para la protección de los
derechos político electorales de la ciudadanía en el régimen de
los sistemas normativos internos es de cuatro días, tratándose
de comunidades indígenas y sus integrantes, deben tomarse en
consideración determinadas particularidades, obstáculos
técnicos y circunstancias geográficas, sociales y culturales, que
tradicionalmente han generado en la población indígena una
situación de discriminación jurídica, como son, la distancia y los
medios de comunicación de la población donde se ubica el
domicilio de los actores, en relación con el lugar donde se
encuentra el domicilio de la autoridad ante la que se interpone el
recurso.
En tal sentido, conforme al criterio de progresividad y con
el fin de hacer efectivo el derecho de acceso integral a la
jurisdicción en condiciones equitativas de las comunidades
indígenas, es que aun cuando se haya excedido el plazo por un
día, debe tenerse por presentado oportunamente el escrito de
demanda de los actores.
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Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
Año 4, Número 9, 2011, páginas 19 y 20.
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b) Forma. La demanda se presentó por escrito, ante la
autoridad responsable, se hizo constar el nombre y firma de los
promoventes, se señaló domicilio y personas para oír y recibir
notificaciones, se identificó la determinación recurrida y la
autoridad que la emitió, se mencionaron los hechos en que se
basa la impugnación, los agravios que causa el acuerdo
impugnado y los preceptos presuntamente violados, así como
que se ofrecieron pruebas; de ahí que se concluya que la
demanda cumple con las formas previstas en el precepto 9 de la
Ley de Medios.
c) Legitimación. Se estima que se cumple con lo
establecido en los artículos 13, inciso a) y 87, inciso b), de ley
procesal electoral, pues el juicio de que se trata fue promovido
por habitantes del municipio de Tanetze de Zaragoza, Villa Alta,
Oaxaca, quienes de acuerdo a los citados preceptos tienen la
facultad de actuar como actores en el presente medio de
impugnación.
d) Interés jurídico. Como se estableció en líneas
precedentes se cumple con el presente presupuesto procesal
e) Definitividad. Se satisface este requisito de
procedibilidad, en atención a que el acuerdo impugnado no
admite medio de defensa alguno que deba ser agotado
previamente a la promoción del medio de impugnación que se
resuelve.
Tercero. Tercero interesado. Se le reconoce tal carácter a
los ciudadanos Donato Cruz López, Noé Martínez Chávez, Oscar
Hernández Martínez, Adelfo Santiago Martínez, Evangelina
López Bautista e Ismael Chávez Martínez, quienes se ostentan
como concejales electos del municipio de Tanetze de Zaragoza,
Villa Alta, Oaxaca, pues en su escrito de comparecencia, de
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veintidós de julio de dos mil dieciséis, hicieron diversas
manifestaciones de las que se advierte que su pretensión es que
se confirme el acuerdo impugnado por los actores.
Es decir, esa circunstancia encuadra dentro de la hipótesis
normativa prevista en el numeral 86, inciso c) de la Ley de Medios,
que refiere que el tercero interesado es la comunidad a través de
su representante o el ciudadano integrante de un pueblo o
comunidad indígena con un interés legítimo en la causa derivado
de un derecho incompatible con el que pretende el actor.
a) Oportunidad. El ocurso de tercero interesado fue
presentado dentro del plazo de las setenta y dos horas
establecido en el artículo 17, párrafo 4, de la Ley de Medios,
como se advierte de la certificación de veintidós de julio de dos
mil dieciséis, realizada por el Secretario Ejecutivo del Instituto.
b. Forma. En el escrito en comento consta el nombre y
firma autógrafa de los comparecientes, señalan domicilio para oír
y recibir notificaciones, así como también formulan una
pretensión incompatible con la de los actores.
c. Legitimación. Se cumple con este requisito toda vez
que los comparecientes son habitantes del municipio cuya
calificación de la elección se impugna, por lo que al ser titulares
de los derechos que se estiman vulnerados de conformidad con
la Ley de Medios tienen la facultad de interponer el presente
medio de impugnación.
d. Interés jurídico. Se satisface este requisito dado que
los comparecientes afirman haber sido electos como concejales
en la elección cuya calificación se impugna, por lo que tienen un
interés real de que el acto impugnado subsista, lo que implica un
derecho incompatible con el de los actores.
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Por las razones dadas, se tiene que los comparecientes
cumplen con los requisitos previstos en el artículo 17, párrafo 4,
de la Ley de Medios, por lo que se les reconoce el carácter de
terceros interesados en el presente juicio.
Cuarto. Cuestión previa. Ha sido criterio reiterado de la
Sala Superior que el ocurso que da inicio a cualquier medio de
impugnación en materia electoral debe considerarse como un
todo, que tiene que ser analizado en su integridad a fin de que el
juzgador pueda determinar con la mayor exactitud cuál es la
verdadera intención de la parte actora, contenida en el escrito
inicial de demanda, para lo cual debe atender preferentemente a
lo que se quiso decir y no a lo que aparentemente se dijo.
Este criterio se encuentra recogido en la tesis de
jurisprudencia número 04/99, cuyo rubro es del tenor siguiente:
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL
RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS
CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA
INTENCIÓN DEL ACTOR.
Así también, este órgano jurisdiccional procederá al estudio
integral del escrito de demanda, para desentrañar los motivos de
inconformidad planteados por los actores en cualquier parte de
la misma, en acatamiento de lo establecido en la tesis de
jurisprudencia 02/98, de rubro siguiente: AGRAVIOS. PUEDEN
ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO
INICIAL.
De igual forma para el estudio de los agravios formulados
por los actores se tiene en cuenta la Jurisprudencia 13/2008,
sustentada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, de rubro COMUNIDADES
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INDÍGENAS. SUPLENCIA DE LA QUEJA EN LOS JUICIOS
ELECTORALES PROMOVIDOS POR SUS INTEGRANTES.
Quinto. Estudio de fondo. Para realizar el estudio de
fondo del presente asunto resulta indispensable fijar las
pretensiones de la parte actora y de los terceros interesados en
el presente asunto, por lo que, en términos del artículo 83,
apartado 4, de la Ley de Medios, este Pleno procede a suplir la
deficiencia de la queja en forma total, y a establecer lo siguiente.
Pretensión de los actores.
Del análisis integral de la demanda se desprende que los
actores Romana Gerónimo Martínez, Florida Martínez Martínez
y Joel Cruz Chávez, realizan diversas manifestaciones las cuales
identifican como agravios, de ellas, este tribunal advierte que en
esencia hacen valer lo siguiente.
1. Que el acuerdo impugnado debe revocarse, pues
carece de fundamentación y motivación, por lo que trasgrede los
artículos 14, 16, 17 y 116 fracción IV en relación con el 133, de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que
no se valoraron todos los elementos de prueba existentes que la
autoridad tenía a su alcance.
2. Que Saúl Yescas Martínez, se ostentó como Alcalde
Único Constitucional de Tanetze de Zaragoza; sin embargo, no
tiene personalidad jurídica, representación legítima y
democrática, con lo que se vulneró su derecho y el de los
habitantes de la agencia de Santa María Yaviche, Tanetze de
Zaragoza, de votar y ser votados, lo que trasgrede el artículo 35,
fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
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De los anteriores motivos de disenso podemos advertir que
la pretensión de los actores es que se revoque el acuerdo
impugnado.
Pretensión de los terceros interesados
Los ciudadanos Donato Cruz López, Noé Martínez Chávez,
Oscar Hernández Martínez, Adelfo Santiago Martínez,
Evangelina López Bautista e Ismael Chávez Martínez, en su
escrito de comparecencia como terceros interesados en el
presente juicio, hacen diversas manifestaciones de las que se
desprende que su pretensión final es que se confirme el acuerdo
IEEPCO-CG-SNI-15/2016, por el que se declaró válida la
asamblea de elección extraordinaria en la que resultaron electos
como concejales al ayuntamiento de Tanetze de Zaragoza, Villa
Alta, Oaxaca.
Señalado lo anterior, en primer término, debe recordarse
que la elección de que se trata se rige bajo el sistema normativo
interno del municipio de Tanetze de Zaragoza, Villa Alta, Oaxaca,
de ahí que sea indispensable citar que el artículo 255, apartado
4, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos
Electorales para el Estado de Oaxaca, indica que se entiende por
sistemas normativos internos lo siguiente:
“Son los principios generales, las normas orales o
escritas, instituciones y procedimientos que los municipios y comunidades indígenas reconocen como válidas y vigentes, y aplican en el desarrollo de su autogobierno, en particular en la definición de sus cargos y servicios, la elección y nombramiento de las autoridades comunitarias del gobierno municipal, la resolución de sus conflictos internos cuya determinación no sea competencia del Congreso; la participación en los asuntos que son susceptibles de afectarles y la protección de sus principios, valores y culturas políticas propias en el ámbito municipal, como expresión del derecho de la libre determinación y autonomía reconocidos en
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la Constitución Federal, los tratados internacionales y la Constitución Estatal.”
Establecido lo anterior, este Tribunal procede a analizar
estudiar los motivos de agravio que hacen valer los actores.
Así, respecto del referido con el número uno, que consiste
en que el acuerdo impugnado debe revocarse, pues no tiene
fundamentación y motivación, ya que no se valoraron todos los
elementos de prueba existentes que la autoridad tenía a su
alcance, éste se estima inatendible e infundado, como se explica.
El artículo 83 de la Ley de Medios establece que, en lo que
no contravenga las reglas del libro correspondiente a los medios
de impugnación relativos a los sistemas normativos internos,
para el trámite y sustanciación de los mismos se seguirá lo
conducente al procedimiento establecido para los medios de
impugnación previstos en el libro primero de dicha ley.
En ese entendido, este Tribunal estima que el artículo 9,
inciso f), de la Ley de Medios, impone a los promoventes de un
medio de impugnación la obligación de mencionar de manera
expresa y clara los hechos en que se basa la impugnación, los
agravios que cause el acto o resolución impugnado, y los
presuntamente violados.
De ahí que, si bien es cierto, es suficiente que los actores
manifiesten su causa de pedir para tener por configurado un
agravio, también lo es que deben precisar los elementos mínimos
y necesarios para confrontar el acto que se reclama; ello con la
finalidad de que la autoridad resolutora tenga los elementos
suficientes para realizar el estudio correspondiente.
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Este criterio fue sostenido por la Sala Superior al aprobar
la jurisprudencia 23/2016 de rubro y texto siguientes:
VOTO PARTICULAR. RESULTA INOPERANTE LA
MERA REFERENCIA DEL ACTOR DE QUE SE TENGA COMO EXPRESIÓN DE AGRAVIOS.- De conformidad con lo dispuesto en el inciso e), del párrafo 1, del artículo 9, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en la promoción de los juicios y recursos previstos en tal ordenamiento se exige la mención expresa y clara de los hechos en que se basa su impugnación, los agravios que cause el acto o resolución impugnado y los preceptos presuntamente violados. Por tanto, los agravios en los medios de impugnación deben confrontar todas y cada una de las consideraciones esenciales que llevaron a asumir las decisiones en el acto o resolución que se combate, lo cual obliga a que el enjuiciante exponga hechos y motivos de inconformidad propios, que estime le lesionan en el ámbito de sus derechos y obligaciones, para que de esta manera el órgano resolutor realice la confrontación de agravios y consideraciones del acto o resolución impugnada. Acceder a la solicitud del actor con la mera referencia de estimar como suyos argumentos expuestos por un magistrado disidente en un voto particular, propiciaría la promoción de medios de impugnación con consideraciones ajenas al promovente y carentes de materia controversial, que los hace inoperantes.
Dicha jurisprudencia resulta aplicable pues de su razón
esencial podemos obtener la obligación mínima que tiene el
promovente de un medio de impugnación para que el órgano que
conozca de aquél pueda confrontar los agravios y las
consideraciones del acto o resolución impugnada.
En el caso concreto, los actores únicamente se limitan a
manifestar que el Consejo General no valoró adecuadamente los
medios de prueba que había a su alcance. Sin embargo, no
refieren de forma específica cuáles fueron las pruebas que
dejaron de valorarse o las que se valoraron de forma inadecuada
por la autoridad administrativa electoral local.
Es por ello que, este tribunal considera que los incoantes
no cumplen con la carga procesal mínima que les impone el
artículo 9, inciso f), de la Ley de Medios, dado que no exponen
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de ninguna forma las pruebas que dejaron de valorarse, sobre
las cuales descansa su motivo de disenso.
De tal suerte que, ante la conducta omisa o deficiente de
los promoventes es imposible atender su motivo de agravio.
Aceptar lo contrario, implicaría una subrogación total en el
papel del actor, cosa totalmente ilegal, pues además los terceros
interesados estarían imposibilitados para combatir las
alegaciones de su contraria; además que, se estaría ante el
dictado de una sentencia que en forma abierta infringiera el
principio de congruencia, rector del pronunciamiento de todo fallo
judicial.
Ahora bien, en caso de que los actores tuvieran la intención
de hacer valer ese agravio de falta de fundamentación y
motivación de forma genérica, resulta indispensable citar que la
obligación de fundar un acto o determinación de autoridad, que
se consagra en el artículo 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, se traduce en el deber, por parte de
la autoridad emisora, de expresar con claridad y precisión, los
preceptos legales aplicables al caso concreto, es decir, citar las
disposiciones normativas que rigen la medida adoptada.
En este sentido, cabe precisar que los actos de molestia
tienen la finalidad de restringir, menoscabar o afectar, de
cualquier forma, alguno de los derechos de los particulares, por
lo cual se exige a la autoridad la debida fundamentación y
motivación que justifique su actuación, en respeto a las garantías
de seguridad jurídica y legalidad.
En cambio, cuando los actos de autoridad son emitidos con
la finalidad de cumplir con una atribución legal, distinta a la
afectación de derechos de particulares, la fundamentación y
motivación tienen como finalidad demostrar, por un lado, la
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existencia de disposiciones jurídicas que atribuyen a la
autoridad la facultad para actuar en determinado sentido y,
por otra parte, la presencia de los antecedentes o
circunstancias de hecho que permitan advertir la
procedencia de la aplicación de la norma correspondiente al
caso concreto, por actualizarse los supuestos fácticos
correspondientes.
Asimismo, motivar es la exposición de las causas
materiales o de hecho que hayan dado lugar al acto,
indicándose las circunstancias especiales, las razones
particulares o las causas inmediatas que sirvan de sustento
para la emisión de un acto, con lo cual se tiende a demostrar
racionalmente que determinada situación de hecho produce
la actualización de los supuestos contenidos en los
preceptos invocados en ese acto de autoridad. Es necesaria
la debida adecuación entre los motivos aducidos y las normas
aplicables.
En ese contexto, debe decirse que, en el caso concreto, la
autoridad responsable fundó su determinación en los artículos 2,
apartado A, fracción III y VII y 115, fracción I, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 16, 25, apartado A,
fracción II, 29, 113 y 114, apartado B, segundo párrafo, fracción
II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Oaxaca; 1, 3, 4, 12, 26 fracciones XLIV, XLVII y XLVIII, 255, 257,
258, 259, 260, 261, 262 y 263, del Código de Instituciones
Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca
(en adelante Código Electoral); 3 de la Ley de Derechos de los
Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca; 5
incisos a) y b), 7, párrafo 1, y 8, párrafo 2, del Convenio 169 de
la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos
Indígenas y Tribales en Países Independientes; 1 del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y,
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4, 5, 20 y 33 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas; 1, 5, 25 y 32 dela Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral; y, 1, 5, 25 y 34, de la Ley del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana
para el Estado de Oaxaca.
Preceptos de donde deriva la facultad del Instituto de
declarar la validez de las elecciones y otorgar las constancias
respectivas; la obligación de éste de vigilar el cumplimiento de
las disposiciones y principios constitucionales y legales en
materia electoral; la atribución de coadyuvar en la preparación,
desarrollo y vigilancia de los procesos de elección en los
municipios del Estado que eligen a sus ayuntamientos bajo su
sistema normativo interno, así como de calificar, y en su caso,
declarar legalmente válidas dichas elecciones; o en el supuesto
de que en el proceso electoral se hayan presentado
irregularidades que violenten las reglas del sistema normativo
interno o los principios constitucionales, la facultad de determinar
invalida la elección y reponer el proceso electoral. Además de
que, establecen la prohibición de cualquier circunstancia que
actúe en detrimento de los sistemas normativos internos de los
municipios, o que atente contra su identidad y cultura
democrática tradicional. Así como el derecho que tienen los
pueblos y comunidades indígenas para elegir de acuerdo con sus
principios, normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a
las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas
propias de gobierno interno.
Y finalmente, prevén que las sentencias que dicten las
Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
y el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, serán definitivas, y
las autoridades federales, estatales y municipales están
obligadas a acatarlas y cumplirlas en sus términos.
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De este modo, del acuerdo impugnado se advierte que la
autoridad responsable, al emitir dicho acuerdo, lo hizo primero,
con la facultad que le confieren los artículos 263 y 265 del Código
Electoral, y en cumplimiento de la obligación que tiene de vigilar
el cumplimiento de las disposiciones y principios constitucionales
y legales en materia electoral.
Y segundo, citó todos los preceptos legales que estimó
aplicables y sirvieron para sustentar su acto, por tanto, puede
concluirse que el acuerdo impugnado se encuentra debidamente
fundado.
Ahora bien, de la lectura de los considerandos del acuerdo
que se combate, puede advertirse claramente que la responsable
expuso las razones particulares y las circunstancias especiales
que sustentan el acuerdo reclamado; principalmente en los
considerandos tercero y cuarto expuso que se realizaba en
cumplimiento a las sentencias emitidas por este Tribunal y la
Sala Regional; así como valoró el acta de asamblea de dieciséis
de junio de dos mil dieciséis, la convocatoria expedida para citar
a la misma; y calificó la elección de concejales del municipio de
Tanetze de Zaragoza, Villa Alta, Oaxaca.
En atención a ello, este Pleno estima que el acuerdo
impugnado está debidamente motivado.
En consecuencia, el primero de los motivos de disenso
hecho valer por los actores, resulta inatendible e infundado.
Ahora bien, tocante al enunciado con el número dos,
consistente en que se vulnera el artículo 35, fracciones I y II, de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido
a la falta de personalidad jurídica, representación legítima y
democrática de Saúl Yescas Martínez, quien se ostentó como
Alcalde Único Constitucional de Tanetze de Zaragoza, y no tiene
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ninguna representación en su comunidad, se vulneró su derecho
de votar y ser votado; así como el de los habitantes de la agencia
de Santa María Yaviche, Tanetze de Zaragoza.
En primer término, debe decirse que el agravio en estudio
no ataca de forma directa el acto que se reclama en el presente
juicio (acuerdo IEEPCO-CG-SNI-15/2016); y contrario a ello, se
controvierte es la actuación de Saúl Yescas Martínez, como
Alcalde Único Constitucional de Tanetze de Zaragoza.
En atención a ello, puede decirse válidamente que no
existe una relación causal entre el agravio esgrimido por los
actores -la actuación del Alcalde- y el derecho que se arguye
violado -de votar y ser votado en la asamblea de elección de
dieciséis de junio de dos mil dieciséis-; pues no se alega que
dicho Alcalde no les haya permitido participar en esa asamblea
o alguna otra situación que permita visualizar un vínculo con el
derecho que estiman trasgredido.
Es decir, debido a que la argumentación de los actores está
dirigida a combatir un acto distinto al que es materia del presente
juicio, su agravio resulta inoperante, pues en su caso debieron
impugnar ese acto en el momento procesal idóneo y con la
oportunidad que la Ley de Medios establece para ello.
Por otra parte, este pleno advierte que los actores también
hacen valer como agravio la falta de respeto a la autonomía de
la comunidad indígena de Tanetze de Zaragoza, Oaxaca; sin
embargo, únicamente se trata de una manifestación genérica,
vaga e imprecisa, pues no se expresan los motivos por los que
se considera se transgrede dicha autonomía. Ello, pues no se
alega que no se respetara su sistema normativo interno respecto
a la celebración de la elección extraordinaria, o bien, no se
señala cuál fue el actuar de la responsable con el que se vulnera
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tal derecho; por tanto, si la sola manifestación de los
promoventes no es suficiente para acreditar lo afirmado, sus
alegaciones resultan infundadas.
Finalmente, no pasa desapercibido para este Tribunal que
los promoventes en su demanda manifiestan lo siguiente:
“QUINTO.- Como agravio principal, los suscritos estimamos que el ACUERDO: IEEPCO-CG-SNI-15/2016, contrario a derecho, porque únicamente entró al estudio de las manifestaciones individuales formuladas por el C. Saúl Yescas Martínez, quien se ostentó debidamente como alcalde Único Constitucional de Tanetze de Zaragoza, en contubernio con un grupo de ciudadanos, Documentos que objetamos desde este momento EN TODO SU CONTENIDO, ALCANCE Y VALOR PROBATORIO, QUE SE LE PRETENDA DAR A LOS REFERIDOS ESCRITOS, ACUERDOS Y MINUTAS FIRMADAS por el C. Saúl Yescas Martínez, APÓCRIFO Alcalde único constitucional de Tanetze de Zaragoza…”
Sin embargo, este Pleno advierte que la objeción de
documentos que realizan los actores, está relacionada no con la
asamblea de elección extraordinaria o con el acuerdo
impugnado, sino con el nombramiento del Alcalde Único
Constitucional, por lo que, respecto del acto que en el presente
juicio se reclama dicha objeción es impertinente, ya que no lo
combate de forma directa; y tampoco es posible advertir lo que
los actores pretenden desvirtuar con su objeción respecto al
acuerdo que se impugna, o en su caso, respecto a la asamblea
de elección extraordinaria calificada en el propio acuerdo; ya que
únicamente se advierte la intención de desacreditar el carácter
de esa autoridad, lo que, como ya se dijo, no es materia de
estudio en el presente juicio.
En atención a lo expuesto, al resultar inatendibles,
inoperantes e infundados los agravios aducidos por los actores,
se confirma el acuerdo impugnado.
Sexto. Notifíquese personalmente la presente resolución a
los actores y terceros interesados en el domicilio señalado en
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autos; así como mediante oficio a la autoridad responsable y a la
Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca, agregando
copia certificada de la resolución, para los efectos legales a que
haya lugar.
Por lo expuesto, fundado y motivado, se
R E S U E L V E
Único. Se confirma el acuerdo IEEPCO-CG-SNI-15/2016,
relativo a la elección extraordinaria de concejales al
ayuntamiento de Tanetze de Zaragoza, Villa Alta, Oaxaca, en
términos del razonamiento quinto de esta sentencia.
Notifíquese a las partes en términos del razonamiento
sexto de esta determinación.
En su oportunidad, archívese este expediente como asunto
total y definitivamente concluido.
Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los integrantes
del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, Maestro
Raymundo Wilfrido López Vásquez, Magistrado Presidente,
Magistrados Maestros Víctor Manuel Jiménez Viloria y Miguel
Ángel Carballido Díaz; quienes actúan ante el Maestro Rafael
García Zavaleta, Secretario General que autoriza y da fe.
