Jus Consti en Ibero

7/26/2019 Jus Consti en Ibero

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LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL EN IBEROAMERICA

Y

LA DECLARACION GENERAL DE INCONSTITUCION.4LIDAD

Por el doctor Hector FIX-ZAMUDIO*'

Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM

1

Introduccin. 11 Los sistemas americano

y

austriaco de justicia cons-

titucional. 111 La situacin en Iberoamrica. IV Ventajas inconue-

nientes de la declaracin general. V. Los tribunales constitucionales en

Iberoamhica. VI. Los problemas de la interpretacin constitucional.

VII. Futuro de la justicia constitucional en los ordenamientos iberoame-

ricanos. VIII. Conclusiones.

l

Introduccin,

1. El tema de este Coloquio relativo a la jurisdiccin constitucional

en Iberoamrica debe considerarse como una nueva oportunidad para

replantear los problemas relativos a los conceptos tradicionales que

hasta poco tiempo han predominado, con excepcin de algunos paises

latinoamericanos como Colombia, y en

1931

en la Constitucin de la

Repblica Espaola, en una gran parte de los ordenamientos de nues

tros pases, bajo la influencia del sistema constitucional estadounidense.

2

En efecto, es un hecho muy conocido la gran difusin que tuvie-

ron las instituciones jurdicwpolticas de los Estados Unidos en los j

venes pases recien independizados de Espaa, a travks de la obra fun-

damental de

Alexis de Tocqueville, La Democracia en Amrica del

Este trabajo fue prmentado

en

el Segundo Coloquio Iberoamericano de

De

recho Constitucional efectuado

en

la ciudad de Socbagota, Colombia durante los

dias

7

al 11 de noviembre de 1977. Coloquio que

s

refiri al tema genhrico de la

Jurisdiccin Constitucional en Ibmam&rica.

o Investigador del Instituto d e In vcstig2 .ci0 ~ Jurdicas de

la

UNAM, Presidente

del Instituto Iberoamericano de

Derecho

Constitucional

y

Miembro del Colegio

Nacional.
http://www.derecho.unam.mx/http://www.juridicas.unam.mx/


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642 HECTOR F I X Z A M U D I O

Norte, cuya traduccin al espaol por Snchez de Bustamante circul

desde el ao de 1837 en nuestros paises1, y en menos escala, tambin

por conducto de las ideas de Alexander Hamilton sobre la funcin del

poder judicial en la Constitucin Federal de 1787, incluidas en E1 Fe-

deralista .

3 Como el brillante estilo literario del ilustre pensador francs se

adaptaba con mayor facilidad a la comprensin y sensibilidad de los

juristas latinoamericanos, que la severa forma del norteamericano, fue

la visin de Tocqueville sobre la facultad de los jueces estadouniden-

ses para decidir sobre Ia constitucionalidad de las leyes en un proceso

concreto y con efectos particulares, la que caus una mayor impresi6n

en los redactores de las nuevas Constituciones que proliferaron a par-

tir de la independencia de nuestros paises.8

4. Correspondi a Manuel Crescencio Rej6n, uno de los creadores

del juicio de amparo~mexicano,el mrito de introducir la jurisdiccin

constitucional en Amrica Latina, en el proyecto de Constitucin para

el Estado de Yucatn de 3 de diciembre de 1840, que fue promulgada

con ligeras modificaciones el 16 de mayo de 1841, siguiendo muy de

cerca el modelo estadounidense+.

5. Debido a la influencia del Derecho pblico angloamericano, una

gran parte de los ordenamientos constitucionales de los paises latinoa-

mericanos, establecieron en forma paulatina la facultad de los jueces

para conocer y decidir sobre la constitucionalidad de los actos de au-

toridad, de tal manera que en la actualidad, con la sola excepcin

de Ecuadors, todas las restantes Constituciones de Latinoamrica -to-

mando en cuenta que varias de ellas estn afectadas por las Actas Insti-

tucionales de los gobiernos militares- regulan, con algunos matices

Cfr. Enrique G O N Z ~WRERO, ntvoducciDn a la edicin espaola de la obra

de Tocqueville, Lo Democracia ni Amhica, trad. de Luis R. Cudlar, Fondo de

Cultura Econmica, Mbxico, 1957, pp. IX-XXXIII.

Cfr. Alexander H ~ 4 ~ a n o N .l Federalista, trad. de Gustavo R. Velasco. Fondo

de Cultura Econmica, Mhxim, 1957, Capitulas LXXVII-LXXX.

3

La Democracia en Amrica, traducci6n citada en la nota 1, Capitulo V. El

poder judicial en los Estados Unidos

y su

acci6n

so re

la saciedad politica ,

pp.

90 97

Cfr. Phanor J.

Eom

Judicial R ~ i e wn Latin America, en Ohio Law Journal ,

otoo de 1960, pp . 570-571: Suprema Corte de Justicia de la Nacibn, Homenaje

don Manuel icrescencio Rejn, Mexico, 1960, pp. 111-112.

EL articulo 165 de la

Carta

Constitucional de 1945, formalmente en vigor, es-

tablece: ''S610 al Congrmo corresponde declarar si una ley, decreto, reglamento,

acuerda, orden, disposicin, pacto o tratado pblico es o no inconstitucional,

e

interpretar la Constituci6n y las leyes de modo generalmente obligatorio;

sin

per-

juicio de la atribucin que corresponde a la Corte Suprema, en cuanto a la un.

ficacin de jurisprudencia obligatoria, conforme

a

la ley ,

cfr.

Ramiro DE BORJA

u

B o n j ~ ,

Los

Constituciones de Ecuador, Madrid, 1951, p. CLXVI,


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IBEROAMERICA: JUSTICIA tCONSTZTUCIONAL U43

peculiares, la facultad de los tribunales para resolver sobre las cuestiones

de constitucionalidad.

6.

Sin embargo, debido al ejemplo de ~o lo m b ia Venezuela, que

desde fines del siglo anterior y primera decada del presente introduje-

ron, al lado del sistema estadounidense, la institucin peculiar de la

accin popular de inconstitucionalidad , que implica la declaracin

general de iuconstitucionalidad de las leyes,' y adems, por la influen-

cia reciente de los tribunales constitucionales establecidos en varios

pases europeos en esta segunda postguerra, segn el modelo de la

Corte Constitucional consagrada en la Carta Fundamental austraca

de 19207, se ha iniciado una tendencia dirigida al establecimiento de

la declaracin general de inconstitucionalidad, as como hacia la intro-

duccin de tribunales constitucionales, en algunos paises de Iberoam-

rica.

7. El

propsito de este breve estudio es analizar las ventajas y los

inconvenientes de esta tendencia reciente, en relacin con los princi-

pios tradicionales de los efectos particulares de resolucin de iuconsti-

tucionalidad, derivados del modelo estadounidense que ha predominado

hasta nuestros das; as como analizar las posibilidades y la influencia

de las nuevas corrientes en el futuro de la jurisdiccin constitucional

en Iberoamrica.

2. Los sistemas americano y austriaco de justicia constitucional

8.

Desde un punto de vista puramente doctrinal, podemos seiialar dos

categoras de jurisdiccin constitucional que han influido, segn se

ha dicho, en los ordenamientos iberoamericanos.

9. a) En primer lugar, estudiaremos brevemente el sistema que se

ha calificado como americano , no slo por haberse establecido en

sus principales lineamientos en la Constitucin Federal de los Estados

Unidos de 1787 -aun cuando con antecedentes en la legislacin y

jurisprudencia de las colonias inglesas en Amkricas-, sino tambin por

haber servido de modelo en la abrumadora mayora de los paises ame-

ricanos, de Argentina a Canadis.

Cfr.

Hctor

Fix-Z~~uoio,

a

dec la~acin genernl

de

incot~stitucionalidod

y

el

juicio d e mp ro en Boletin Mexicano

de

erecho

Comparado ,

Nmero 10-11,

hlCxico,

enero-agosto de 1971.

pp.

88 90.

Ch.. Hector

Frx-ZAMUDIO,

p . c i t . nota anterior.

pp. 84-85.

Cfr.

Mauro O.PPUETFI

l control judicial

d e ra

constitucionalidod de las leyes

en el

Derecho

c o m p r o d o trad.

de Cipriano G6mez Lara

y

H&mr FIX-ZAMUDIO

Mexico 1966,

pp.

27-33:

Id.

Judicial Reuiew in the C o n t e m p a r y

TVol-ld India-

napalis,

Kansas City Neiv York 191 ,

pp.

36-41.

P CEr.

Phanor

J

Eowr

Judidol

Rrview in La tin Americo

cit.,

S l i P ~ anota 4,

pp. 57.615.


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644 H E C T O R F I X - Z A M U D I O

10. En principio, este sistema americano de la revisin judicial de

la constitucionalidad de las leyes podemos caracterizarlo, en forma abs-

tracta, como la facultad atribuida a todos las jueces para declarar en

un proceso concreto la inaplicabilidad de las disposiciones legales se-

cundarias que sean contrarias a la Constitucin y con efectos slo para

las partes que han intervenido en esa controversia.

11. Ese principio bsico ha sido calificado por el tratadista estado-

unidense J.A.C. Grant, como una contribucin de las Americas a la

Ciencia Po1tica 'o.

12. Adems, si pretendemos presentar una visin esquemtica de es-

te sistema llamado americano, podemos afirmar que sus elementos

esenciales consisten en el control por rgano judicial difuso 4 s ecir,

por todos los jueces, sin importar su jerarqua- para resolver las

cuestiones de constitucionalidad de las ieyes, siempre que la cuestin

respectiva sea planteada por las partes, y aiin de oficio por el juzgador

respectivo, en una controversia concreta; lo que incorrectamente se ha

calificado como va de excepcin, pero que los procesalistas italianos

han denominado con mayor tbcnica, como cuestin prejudiciai , o

tambien incidental , tomando en consideracin que el problema de

inconstitucionalidad debe considerarse un aspecto incidental -proce-

salmente hablando- de la controversia principal en la cual se plantea.

13.

Un factor muy importante consiste en los efectos de la senten-

cia que declara la inconstitucionalidad de la ley, y que se traduce en

la

desaplicacin

de la propia ley en ese caso concreto, ya que el fallo

nicamente surte efectos entre las partes en la controversia en la cual

se plante o surgi la cuestin de inconstitucionalidad.

14. La segunda categoria de control podemos calificarla como aus-

triaca , si se toma en cuenta que surgi en la Constitucin austriaca

de 1920, debido a la inspiracin del ilustre Hans Kelsen'z.

15. Tambien en forma esquemtica podemos caracterizar el sistema

que hemos denominado austriaco, como la atribucin a un rgano es-

pecifico, llamado Corte o Tr ibunal Constitucional -cuya naturaleza

sigue siendo debatida's- para decidir todas las cuestiones relativas

a

l o

El control

jurisdiccional

de la conrtitucionalidnd de lar

leyes

M6xico. 1963,

CUYO subtitulo

es

precisamente: Una contribuci6n de las Americas a la Ciencia

politica .

ii Cfr. Mauro CAPPELLETILa pregiudirilitd constituzionnle nel processo ciuile,

Milano, 1957, pp. 50-59.

2

Cfr. Walter Fnisc~

PHILIPP,

a

formo n

que

se plarrnd la Teora Pura del

Derecha de Hans Kelsen

en

la Jurisdiccidn Consfitucionnl aurt.riacn, creada wv 61,

trad. de Elsa Bieler, en Juridica , Anuario d e la Escuela de

Derecha

de la Univer-

sidad Iberoamericana , MeUm, julio de 1970, pp. 125-151.

3

Cfr. Hector FE-Zwuoio, El juez ante

la

o onstitucional, en Revista

de

la Facultad de D m c h o de Mexico Nm . 57, ene m-m ano de 1965, pp. M -67.


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IDEROAiCIERICA: JU STICIA ,CONS TITU CION AL

645

la constitucionalidad de las leyes; cuestiones que no pueden ser cono-

cidas por los jueces ordinarios, por lo que deben plantearse siempre

en la va principal o de accin, por los rganos del Estado afectados

por el ordenamiento inconstitucional, en la inteligencia de que el fallo

dictado por el tribunal especializado mentianado, cuando declara la

inconstitucionalidad, tiene efectos generales o erga omnes-, es decir,

implica la ineficacia de la ley respectiva a part ir del momento en que

se publica la decisin de inconstitucionalidad .

16. En tal virtud, si examinamos en forma abstracta estas dos ca-

tegoras, descubrimos en cada una de ellas las caractersticas contrarias

de la otra, como lo puso de relieve de manera penetrante el insigne

procesalista florentino Piero Calamandrei, cuando afirm que los li-

neamientos del binomio aparecen de ordinario agrupados segn cierta

necesidad lgica, de modo que el control judicial, es decir, el ameri-

cano, es necesariamente difuso, incidental, especial y declarativo; y vi-

ceversa, el que califica como autnomo, es decir, el austriaco, es con-

centrado, principal, general y

constitutivo.'^

17. En la prictica estos elementos aparecen matizados y, si bien el

predominio de varios de ellos nos permite calificar a un sistema de

americano o austriaco, no podenios considerarlos en forma pura, en

virtud de la tendencia hacia su combinacin a traves de sistemas mix-

tos, los que utilizan las ventajas de ambos

y

eluden los inconvenientes

de una estructura rgida.16

18. Sin hacer el intento, que podra dar lugar a una monografa, de

sefialar los principales supuestos de la mezcla de los sistemas americano

y austriaco en los diversos sistemas constitucionales contemporineos,

bastar que sealemos algunos ejemplos, para adquirir la conviccin

de que las corrientes actualcs nos llevan hacia sistemas flexibles de con-

trol constitucional.

19. En primer trmino, es posible sealar la experiencia del juicio

de amparo mexicano, ya que hasta hace muy poco tiempo se afirmaba

por la doctrina y la jurisprudencia, que segn la Ley de Amparo de

1935, nicamente poda plantearse la incostitucionalidad de una ley a

travs del amparo por la va de accin o directa, que es uno de los ele-

in

Cfr.

RIauro

CAP PELLE^ El con ti01 judicial

d

la consti tucionalidad de

lar

leses, cit. .

sii/i>unotl

8, pp.

63-75.

6 La i legit imidad consti tucional de los leyes e n el proceso civil, en la obra del

mismo autor Estudios

sobre

I

pruccso

civil ,

trad. de Santiago Sentis

Melendo,

uenos Aires

1967, p.

33

Sobre estos contrastes vease tambiin

el

estudio del propio

Hans KELSLN,Judicial Review of Legirlation. A C omp orative Study of the Atistrian

on

the American C onsti tution , en

The

JournaI

of

Politics , 1942,

pp.

183-200.

8

Cfr Mauro CAPPEUEITI, El contml judicial de la consti tucionalidad de las

leycs, cit., suprn nota 8, pp. 34-48: Hc'ctor FIX-Z\~voio,einticinco aos de evolu-

cidti

de

l justicia constituciona l 1940-19 65). Mxico, 1968, pp. 9-18,


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646

HZCTOR FIX-ZAMUDZO

mentos del sistema austriaco,

y

s610 ante los tribunales federales, ne-

giindose a los jueces locales la facultad de desaplicar las leyes incons

titucionales en los procesos concretos -control difus*, a travks de lo

que se calific6 de monopolio del poder judicial federal ; pero a la

categora del control americano, pertenecen los elementos relativos a

la ausencia de un tribunal especifico de inconstitucionalidad y a los efec-

tos particulares de la sentencia de amparo que declare la inconstitucio-

nalidad;' y, por otra parte, la jurisprudencia de la Suprema Corte de

Justicia reconocid en aos recientes, la posibilidad de plantear la in-

constitucionalidad en la va incidental, a travs del amparo promovido

contra las resoluciones judiciales, cuando en las mismas se aplicase una

ley considerada como inconstitucionalidad, de acuerdo con lo establecido

por el artculo

133 de la Constitucin Federal, inspirado en el artculo

VI de la Constitucibn de los Estados Unidos.l8

20. Inclusive en los Estados Unidos, cuna de la categoria america-

na , resulta mis aparente qu e real el principio de los efectos particu-

lares del fallo que declara la inconrtitucionalidad de ordenamientos

legales, si tomamos en cuenta la instituu6n del

stare decisis,

que pue-

de traducirse libremente como obligatoriedad de los precedentes , con

lo cual se quiere significar que todo fa110 judicial es obligatorio, aun

siendo aislado, para todos los jueces de la misma categora y a los

inferiores;'9 al cual debemos agregar el prestigio moral de la Corte

Suprema Federal, cuyos fallos de inconstitucionalidad son cumplimen-

tados

por

todas las autoridades

y

particulares, de modo que prctica.

mente tienen efectos de carcter general.20

21. Desde el punto de vista opuesto, podemos sealar el ejemplo sig-

niticativo de la justicia constitucional italiana consignada en la Cons-

tituci6n repubiicana que entr en vigor el primero de enero de

94SZ

7

Cfr. Hkctor

FIX-ZAMUDIO,

a

declarocidn

general

de

inconrtitucionalidod

y

el

juicio

amparo cit.,

supra nota

6

pp.

74-75.

1 8 Dicho articulo

133

de la

Constitucin Federal, dispone:

Esta

Constitucin,

las

leyes del

Congreso

de

la

Unin

que emanen

de ella y todos los tratados

que esten

de acuerdo mn

la

misma

celebrados

y que se

celebren

por

el

Presidente de

la

Re-

pblica con aprobaci6n del Senado, serBn

la

ley suprema

de toda

la Unin.

Los ueces

de

cada Estado se arreglarn

a

dicha

Constituci6n. leyes

y

tratados, a pesar

de

las

disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Es-

tados .

s Sobre

el principio

del

stare dmisis

del

derecho angloamericano,

cfr.

Julio

Cumo

R~ IA l common law . Su cstnicfura. Su

enrefianza

Buenos Aires 1957, pp.

121-143.

2 Cfr.

Mauro

C ~ P P E L L ~

l mntrol judicial de

la constitucionalidad,

cit., supro

nota 8, pp.

67-68.

21 Ch: entre

otros, Mauro

C W P U L ~ Lo

justicia

constitucional m

Italia,

trad.

de

Hector

FIX-ZAMUDIO,n

Boletin

del

Instituto

de

Derecho Comparado

de

M6xico ,

Nm. 37

enero- abril de

19-54?.

pp.

41-47;

Aldo

M. SANDULLI

a

Giurtizia

Comtituzio-

nale

in

Italia, sobretira

de la revista

Giunsprudenza Constituzionales':

Milano 1961.


7/54

IBEROAMERICA: JUSTICIA iCONSTITVCIONAL 647

p particularmente a partir de 1936, cuando inici sus funciones la Corte

Constitucional, ya que no obstante haberse inspirado en el sistema

austriaco, adems de la accin dinecta de inconstitucionalidad, qu e pue-

den plantear el Gobierno de la Repblica y los de las regiones aut&

nomas, respectivamente, contra las leyes nacionales y locales que estimen

contrarias a la Ley Suprema,zQe ha establecido una via incidental o

prejudicial.

22

En efecto, slo en un proceso concreto puede plantearse por las

partes, el Ministerio Pblico, o de oficio por el juez, la cuestin de

inconstitucionalidad, que si se estima pertinente y no se declara mani-

fiestamente infundada por el mismo juez de la causa, este ltimo po-

see la facultad de elevar esa cuestin a la Corte Constitucional,23 por

conducto de lo que debe considerarse como una va indirecta, ya que

slo por medio de la autoridad judicial ordinaria, la citada Corte Cons-

titucional puede avocarse a la cuestin de constitucionalidad, que una

vez en sus manos se desvincula -aun cuando no de forma absoluta-

del proceso coucret0,~4 ya que la propia Corte especializada conoce

slo del citado problema de constitucionalidad y si declara que las dis-

posiciones impugnadas son contrarias a la ley Suprema, los efectos son

de caricter pner al , en virtud de que, a partir de la publicacin del

fallo, las propias disposiciones pierden su efi~acia.2~

23.

Podemos sealar tambin como ejemplos de esta combinacin a

los ordenamientos latinoamericanos, en los que no obstante que las

cuestiones de inconstitucionalidad son resueltas por un tribunal ordina-

rio,

as

sea el de mayor jerarqua, como lo es la Suprema Corte de

Justicia, o el tribunal supremo respectivo, y no por un tribunal consti-

tucional especializado de acuerdo con el modelo austriaco, sin embargo,

los fallos de incostitucionalidad de las disposiciones legales poseen

2

Crf.

Piero CArAhr*~nni , Corte Coiirtilucio?iol y nutoridad ju


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648

H C T O R

F I X - Z A M U D I O

efectos generales, y no particulares, segn el sistema akcricano, como

ocurre en Colombia, Venezuela, El Salvador, Panam, Costa Rica y en

algunas provincias argentinas.

24. En la misma direccin se encuentra el sistema de justicia cons-

titucional establecido por la Constitucin republicana espaola de 9

de diciembre de 1931, en cuyos artculos 121 y 122 se introdujo un or-

ganismo judicial especializado, segn el modelo austriaco, denominado

Tribunal de Garantas Constitucionales, entre cuyas facultades se encon-

traba la de conocer del llamado recurso de incostitucionalidad a traves

del cual el citado Tribunal poda decidir si un ordenamiento legal

ordinario se encontraba o no de acuerdo a dicha Ley Fundamental,

pero con la peculiaridad, que examinaremos posteriormente con mayor

amplitud, de que los efectos de los fallos respectivos, tenan carcter

general, es decir, erga omnes, cuando la violacin respectiva se refera

al procedimiento legislativo correspondiente; pero si la declaracin de

inconstitucionalidad se apoyaba en una contradiccin de carcter mate-

rial, los efectos eran exclusivamente particulares, es decir, slo se re

feran al caso concreto del recurso respectivo, esto ltimo segn el

sistema americano, de manera que se trataba de un sistema intermedio.*O

111: La situacidn en Iberoamrica.

25 Procuraremos proporcionar una visin panormica de la situacin

que guardan los ordenamientos de Iberoamrica en relacin con los dos

sistemas de justicia constitucional que hemos examinado, sin preten-

der una explicacin completa o detallada, que requerira de un verda-

dero tratado.

26 A) Ya habamos mencionado que una gran parte de los ordena-

mientos latinoamericanos, se apegan al modelo estadounidense, en cuan-

to predomina, con algunos matices, la impugnacin de las leyes incons-

titucionales ante los tribunales ordinarios, as sean los ms elevados, y

con efecto exclusivamente particulares al caso concreto a resolver, que

se atribuyen a la sentencia respectiva.

27. a) En primer trmino podemos sealar que varios ordenamientos,

entre ellos el mexicano, han atribuido al juicio, accin o recurso de

amparo la funcin, entre otras, de la impugnacin de las leyes que se

estiman contrarias a la Constitucin, a traves de la figura que se cali-

fica como amparo contra leyes .

28 As, en el Derecho mexicano, el juicio de amparo es el nico

a Cfr. Niceto ALCALA-ZAMORA

Y

CASTILLO,

ignificado

y fun iones

d e l T ~ i b u n a l

de,Garantiar Constitucionales,

e n u obr Ensayos de Derecho Procesal Civil, Penal

y Constitucional , Buenos Airm. 1944, pp. 512-520, Joaquin Toms VILLARROYA l

recurso

d e inconstitucionolidod

en el &echo

espaol (1931-193

Revista del Insti-

tuto de Cicncias Sociales , Barcelona, 1968,

pp.

11-52.


9/54

I B E R O A M E R I C A : J U S T I C I A C O S S T I T U C I O N A Z . 649

instrumento por conducto del cual se puede impugnar un ordenamiento

legal que se considera contrario a las disposiciones de la Constitucin

~ e d e r i l , a sea directamente, es decir, combatiendo la expedicin y

promulgacin de los preceptos legales respectivos, que se atribuyen en

la esfera federal al Congreso de la Unin y al Presidente de la Rep-

blica, y en la local, a la legislatura y al Gobernador respectivos, as

como, en su caso, la aplicacin de tales preceptos; o bien de manera

indirecta, a travs de la impugnacin de la sentencia judicial en la cual

se hubiese aplicado un ordenamiento que se estime contrario a la Ley

Suprema, vas que hemos calificado conio accin y recurso de iu-

constitucionalidad, respectivamente.?'

29. En ambas hiptesis, o sea, cuando se atacan los preceptos que

se estiman inconstitucionales, o cuando se combate la sentencia que apli-

ca una ley contraria a la Carta Fundamental, y en todo caso slo por

la persona directamente afectada,-8 los efectos de la sentencia de los

jueces federales que conceden el amparo, son slo de carcter particu-

lar entre las partes que hubiesen intervenido en el juicio de amparo

correspondiente, debido al principio tradicional que se ha calificado

como formula Otero , ya que fue redactado por este distinguido ju-

rista y poltico mexicano, uno de los creadores de nuestra institucin,

en el documento llamado Acta de Rebrmas de 1847,2Y que prohibe

expresamente la declaracin general de inconstitucionalidad.SO

30. El ordenamiento guatemalteco, ron independencia de otros Tupues-

tos en los cuales se pueden impugnar las leyes inconstitucionales, tam-

bien atribuye al juicio de amparo la funcin de servir de intrumento

para combatirlas, confiriendo a la sentencia respectiva nicamente efec-

tos particulares entre las partes.

31.

El articulo primero, fraccin 20., de la Ley guatemalteca de Am-

paro, Habeas Corpus y de Constitucionalidad, de de mayo de 1966,

dispone que toda persona tiene derecho a recurrir al amparo para que

7

Cfr. Hctor FIX-ZAMUDIO,l

juicio

de arnf>aTO Mxico, 19G4, pp. 175-180.

?S

Ch

Ignacio BoncoA. El juicio de amparo, lla. Ed., Mexico, 1977, pp. 229.243

9

Dicho articulo 23, dispona: Los Tribunales de la Fedcracin ampararn

a

cualquier habitante de la Repblica en el ejercicio y conservaci6n de los derechos

que le concedan esta Constitucin y las leyes constitucionales, mntra

todo

ataque de

los

Poderes

Legislativo

y

Ejecutivo, ya

de

la Federacin, ya de los Estados: limi-

tndose dichos tribunales a

impartir su

protecci6n en el

caso

particular sobre

que

veme el proceso

sin

hncer

ninguna

declaracin general

res9ecto

d e

n

ley

o

del

cto

que lo

motivare .

3

a parte relativa del articulo

76

de la

Ley

de Ampara, establece: Las sen-

tencias que se pronuncien n las juicios

de

amparo s61o se ocuparn de las individuas

particulares

o

de las pemnas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen soli-

citado, limitndose a ampararlas y protegerlos, si proccdiere, en el

caso

especial

sobre que verse

la

demanda, sin h cer uno declaracin general

respecto

e l ley

o cto que la rnotiuore .


10/54

650 H E CTO R FI X ZAM U D IO

se declare en casos concretos, que una ley, un reglamento o una reso-

lucin o acto de autoridad no obliga al recurrente por contravenir o

restringir cualesquiera de los derechos garantizados por la Constitucin

de la Repiiblica o reconocidos por cualesquiera otra l e ~ . ~ l

32. Respecto del sistema guatemalteco, debe aclararse que adems del

amparo contra leyes, dirigido en forma preferente a la proteccibn de los

derechos fundamentales, tambin se regula el recurso de inconstitu-

cionalidad de las disposiciones legislativas en casos concretos, de acuer-

do con el principio de que la Constitucin prevalece sobre cualquier ley

o tratado intemacional,B* cuestin que debe plantearse ante los tribuna-

les ordinarios con motivo de un proceso concreto, y por supuesto, la

sentencia que declare la inconstitucionalidad: se limitara a declarar

que el precepto legal es inapicable al caso planteadoV.sa

33. Tambin siguiendo el ejemplo del derecho mexicano, los orde-

namiento~ onstitucionales y leyes reglamentarias correspondientes, de

Honduras y Nicaragua, confieren al juicio de amparo la impugnacin

de las leyes inconstitucionales por la persona directamente afectada y

con efectos particulares al caso concreto.

34. Asi lo disponen las disposiciones relativas de la Carta Fundamental

de Honduras de

1965,

y de la Ley de Amparo de 14 de abril de 1936,

con reformas de 30 de octubre de 1967;s' as como las de la Constitu-

cin y Ley de Amparo de Nicaragua de

25

de octubre de 1974.33

si

Cir.

Mario A c u m

-u

Pmteccidn

proeral

de

10s

dere lios

humanos

Sp

timo Congreso Juridico Guatemaltem. Quezaltango, septiembre de 1972, pp. 11-12:

Id.,

Dcrecho

pl ocesal civil tomo 1 Guatemala, 1973, tomo 1, p p 133-154.

a Esta instituci6n esta regulada por los artkulos 77, 172 y 246 de la Constituci6n

de 1965 y 96 a 104 de la Ley de Amparo, Habeos orpur y de Gnstitucionalidad,

de 3 de mayo de 1966. cfr. Mario A G U ~ODOYProteccin

procesal e los

derechos

humanos cit. nota anterior, pp. 16-18.

Sr

El articulo 103 de la referida Ley de Amparo de Guatemala, dispone: El tri-

bunal ante el cual se plante6 la inconstitucionalidad, deber considerarla en forma

separada de las demds cuestiones controvertidas y no podra dejar de pronunciarse

sobre ella. La sentencia que declare la inconstitucionalidad se limitar a declarar

que el precepto legal es inaplicable

al

caso planteado y ser transmita al Cangreso,

sin perjucio de las otras declaraciones relativas al mismo

caso

El Ministerio Pllblico

quedar obligado

a

interponer el recuno de apelaci6n, o, en su caso, el de casa-

ci6n, contra la sentencia que declare

la

inmnstitucionalidad':

84

La parte relativa del articulo 58 de la referida Constituci6n de Honduras de

3

de junio de 1965, establece: Bta Constitucin reconoce el derecbo de amparo y

la garantia de exhibicih personal o habeas mrpus. En consecuencia, toda persona

agraviada, o cualquiera otra en nombre de esta, tiene derecho: lo A interponer el

recurso de amparo: a) Para que se Ic mantenga o restituya en el gaa de los dere-

chos y garantias que la Constitucih establece; y b) Para que se declare en casos

concreta que una

ley

o resolucin o acto

de

autoridad no obliga al recurrente, por

contravenir o

restringir

cualquiera de loa derechas garantizados por la Constitu.

ci6n

a Por otra pare , e l a r t l ~ l o 3 de la atada

ey

de Amparo de 1974, parece


11/54

IBEROAMERICA: JUSTICIA ,CONSTITUCIONAL 651

35.

Los ordenamientos que siguen mis de cerca el sistema norteame-

ricano de revisin judicial de la constitucionalidad de las leyes, son

los de Argentina y Brasil, si se toma en consideracin que, desde u n

punto de vista general, el recurso extraordinario de constitucionalidad

que existe en ambos paises, slo procede contra las resoluciones judicia-

les de los tribunales locales y los de carcter federal, cuando deciden

sobre la constitucionalidad de una ley o sobre la oposicin entre un

ordenamiento local y otro de carcter nacional, es decir, nicamente

en el supuesto de la existencia de un caso federal , ya que de no

presentarse esta hiptesis, los fallos judiciales respectivos deben consi.

derarse firmes.56

36. Por lo que se refiere a Argentina, el recurso extraordinario de

incoustitucionalidad eat regulado por los rticul s 100

y

101 de la

Constitucin Nacional, y reglamentado por la Ley

48

de 1863 y en

la actualidad tambin por los artculos 256 a

258

del Cdigo Procesal

Civil y Comercial de la Nacin de 1967. Este es definido por la doctrina

como

una apelacin excepcional que tiene por objeto el mantenimien-

to de la supremaca constitucional, y cuyo conocimiento corresponde a

la Suprema Corte de la Nacin, en los terminos del articulo 101 consti-

tucional, por virtud de su jurisdiccin de apelacin .a7

37. La situaci6n es similar en el instrumento de apelaci6n del Derecho

brasileo, que inclusive recibe el mismo nombre del argentino, y esti

regulado por el articulo 119, fraccin

111

de la Constitucin Federal

de 1967, reformada en 1969, y tambien procede cuando se presenta un

inclinarse por la declaracin general, no obstante la tradicin del amparo en el

ordenamiento nicaragense. En efecto, dicho precepto dispone: Las sentencias que

se pronuncien en asuntos de amparo s610 se

referirn a

los individuos particulares

o

a

las personas juridicas que lo hubiesen solicitado, limitindose, si procediese,

a

ampararlos y

en el caro especial controvertido:

pe ro c uando el

omparo

fuese interpuesto contm una ley, decre to o trotodo, lo

sentenci

hard

&claran'dn

general respe cto misma . Sin embargo, la parte relativa del artimlo 24 del

mismo ordenamiento legal, mtahlece que. ...Cuando el amparo se dirija contrn uno

ley , d e c m t o o t.ratigdo, renrguydndolo5 d e incunrtitticionoles. la suntenci


12/54

problema de contradiccin entre una ley local o federal con la Carta

Fundamental, ordenamiento federal o tratado internacional, correspon-

diendo su decisin final al Supremo Tribunal Federal.a8

38.

Otra institucin procesal muy similar a las de Argentina y Bra-

sil, pero con la diferencia de que se refiere a un sistema unitario y no

federal,

es

el llamado recurso de in pl ic bi l id d establecido por el ar-

ticulo 86 de Constitucin chilena de 1925, que tambih implica la facul-

tad de la Corte Suprema para decidir en ltima instancia sobre las cues-

tiones de inconstitucionalidad de las leyes.88

59. En los tres casos mencionados, se sigue el sistema americano, en

cuanto las cuestiones de inconstitucionalidad pueden plantearse ante

todos los tribunales, sin importar su jerarqua, es decir, a travis de un

sistema difuso; la cuestin respectiva debe resolverse en forma incidental

y prejudicial por el juez de la causa; y en ltima instancia se decide, a

travks de los diversos medios de impugnacin, que culminan con el

recurso extraordinario o de inaplicabilidad, por la Corte o Tribunal

Supremo, pero slo con efectos particulares para las partes que han

intervenido en la controversia, lo que se traduce en la desaplicacin

de las disposiciones legales que se estiman contrarias a la Carta Fun-

damental.

40. Con ciertos matices peculiares, se aplica el mismo sistema ameri-

cano en los restantes ordenamientos latinoamericanos, inclusive en aque-

llos, que como veremos ms adelante han adoptado, adems la declara-

cin general de inconstitucionalidad, ya que la desaplicacin y la citada

declaracin general no son incompatibles pueden funcionar en forma

paralela en un mismo sistema constitucional.

41. Slo en el rgimen constitucional de Ecuador no se ha llegado

a consagrar la facultad de los tribunales judiciales para resolver sobre

las cuestiones de inconstitucionalidad de las disposiciones legislativas,

pues ni las Cartas Fundamentales de 1967 1946, vigentes con anterio-

ridad, la que se considera en vigor en la actualidad - c o n las limita-

ciones que implica la existencia de un gobierno militar- promulgada

por primera vez el 6 de mayo de 1945, facultaban a los jueces para desa-

plicar las disposiciones legales que estimen contrarias a la Carta Fun-

damental y el ltimo ordenamiento citado, en sus artculos 159 y 160

otorgan al llamado Tribunal de Garantas Constitucionales, la atribucin

muy limitada de ordenar la suspensin de una ley que estime inconstitu-

cional, a peticin de un juez o tribunal de ltima instancia, pero el

Congreso es el nico facultado para decidir definitivamente sobre la

8

Cfr.

entre otros

uis

Pmro

F u r n ~ m

urso

de Direito constitucional

32.

Ed.

So

Paulo 1974 tomo 1 1 pp. 378-379 383-385.

s

Cfr. Alejandm SUVA

B~scuRd~

ratado d e

erecho

c m t i t u c k m a l to o 111

Santiago 1963

pp. 432 445.


13/54

1DL ROA.ZIEIIICA: JUSTICIA iCOKSTITUCIO.VAL 653

referida inconstitucionalidad, en los terminos categricos del artculo

165 de dicha Ley Fundamental.40

42

Los ordenamientos constitucionales de Per se han mostrado re-

nuentes a otorgar a los tribunales la atribucidn de decidir sobre las

cuestiones de inconstitucionalidad de las disposiciones legislativas, si se

toma en cuenta que la vigente Carta Fundamental de 1933, -con las

modificaciones introducidas por el actual gobierno militar'l- dispone

en su articulo 133, que corresponde al Congreso examinar las infraccio-

nes de la Constitucin y disponer lo conveniente para hacer efectiva la

responsabilidad de los infractores.

43. Sin embargo, debido a que la doctrina peruana propugn por

una verdadera justicia constitucional, el articulo 80. de la Ley Orgnica

del Poder Judicial de 25 de julio de 1963, consagr claramente la revi-

sin judicial de las disposicioues legales contrarias a la Constitucin,

estableciendo en su parte conducente que: Cuando los jueces o tri-

bunales, al conocer de cualquier clase de juicios, encuentran que hay

incompatibilidad entre una disposicin constitucional una legal pre-

ferirn la primera..

44.

B)

Un segundo sector de ordenamientos constitiicionales de Ibe-

roamrica, consagran, al lado de los efectos particulares, la declaracin

general de inconstitucionalidad de las leyes, con diversos matices que

procuraremos sealar en forma sinttica.

45. a) La primera modalidad, y que podemos calificar como la mis

importante, debido a su reciente influencia en varios paises del Con-

tinente, es la llamada accin popular de inconstitucionalidad, originada,

como se ha mencionado anteriormente, en los ordenamientos constitu-

cionales de Colombia y Venezuela.

46

Por lo que se refiere a Colombia, el jurista estadounidense J. A .

C. Grant, seala que desde 1850 cualquier ciudadano poda solicitar a

la Corte Suprema la nulidad de una ordenanza pro~incial,~~poste-

riormente, en el texto original de la Constitucin de 1886, se estableci

que la misma Corte Suprema deba pronunciarse con efectos generales

sobre las objeciones de inconstitucionalidad de los proyectos de ley que

le fueren sometidas por el Ejecutivo y, finalmente, en la reforma de

dicha Carta Fundamental por el acto legislativo nmero 3 de 1,910,

40 Vease supra, nota

5.

a i Cfr. Domingo

G u 6

Bmlvo~

Desarrollo constitucional

@mano

(1966-1975).

Gaceta Informativa e Legislaci6n

y

Jurisprudencia ,

Nm.

17 Mxico, enero-abril

de 1976 pp. 123-165.

4 Cfr. Hctor Frx

ZAMUDI~,

einticinco n os de evolucih de la justicia consti-

tucional cit., suprn nota 16 pp.

40 41.

48

f

control ~urirdiccionnlde la constitucionalidod de las leyes cit., supro

nota

10 pp. 78-79.


14/54

se introdujo en forma clara la accin popular de inconstitucionalidad

en el articulo 214 de la citada Constitucin.44

47. Dicho precepto fue reglamentado

por

la

Ley

96 de 1986, que

acoge esta impugnacin de una manera muy amplia, habiendose inter-

pretado de manera liberal por la misma Corte Suprema, la que admiti

que los extranjeros residentes podan intentar esta accin de inconstitu-

cionalidad, la cual, segn la doctrina, ha tenido efectos

beneficos en la

prctica.'

48. En 1945, el acto legislativo nmero uno, dividi el control consti-

tucional que ejerca nicamente la Corte Suprema, y confiri la facultad

de conocer sobre la constitucionalidad de los decretos dictados por el

Ejecutivo, al Consejo de Estado, restaurado en 1914 segn el modelo

frances de la jurisdiccin de lo

contencioso-administrativo.'B

49.

La reforma constitucional de 1968, amplib las facultades de la

Corte Suprema, pues adems del conocimiento de los proyectos legisla-

tivos objetados por el Ejecutivo, y de la accin popular de inconstitu-

cionalidad, que algunos tratadistas han calificado como accin popular

de inexiquibilidad,'T que fue extendida para comprender los decretos

dictados por el gobierno en ejercicio de las atribuciones de que tratan

los artculos 76, ordinales 11 y 12

y

80 de la Constitucin Nacional

-relativos a autorizaciones para celebrar contratos, negociar empr&s-

titos, as como respecto de facultades temporales de carcter extraordi-

nario; y sobre planes y programas de desarrollo eco n6m ico4~ : icha

reforma introdujo un procedimiento de reuisiOn

automdtica

de la cons-

titucionalidad de los decretos expedidos por el gobierno en los t6rminos

de los artculos 121 y 122 de la misma Carta Fundamental, sobre estado

Cfr

Tairne S A N i N GREIFFENSTEN.o

defensa iudiciol

d e

la Constitucin. Boeot

~.

~

.

1971, pp. im-109.

4s

Sobre

d

alcance de la acci6n popular de inwnstitucionalidad

en

Colombia,

cfr. Alvaro

COPETE DA~LDE

ecciones de Derecho constitucional, 3a. Ed. Bo-

got. 1960, pp. 228-229: Francisco de Paula Pm, Derecho constitucional colombiano,

Bogot, 5a. Ed. 1962. pp.

449

y

as ;

J.A.C.

GRANT

stdio compurati~o de los

sirtemns de mntrol d cmtiluciomlidod lnr

leyes

en Revista de la b e l a

Nacional de Jurisprudencia , Nm 32, Mexico, octubre-diciembre

Ce

1946, pp.

75 y

ss:

Leopoldo

UPR~MY

crfossungsgerichtsbarkeit

in Kolumbie,

La

justicia

w n s

titucional constitucional en Colombia), en el volumen wlectivo Verfasungsgerichts-

barkeit in der Gegenwart

(La

jurisdicci6n mnstitu onal

en

la actualidad), K6ln-

Berln, 1962, pp. 372-374; Jaime

S iN G n e n ~ w m

a

tensa

judicial, cit., nota

anterior.

oo

129-204. Luis Carlos

Snrc.6..

Constitucionalirmo colombiano. 3a. Ed

~0~pota, i6is,

p. 108.110.

a Cfr.

Car los R~sn i~poIWEIHITA, Notas sobre

n orte

Constitucional,

se-

parata

de

la Revista de la C4rnara de Comercia de Bogota ,

s.f..

pp. 12-13.

7 Cfr Jaime SAN~N ~ E N S I E I N ,a defensa judidlll. cit., 511pa nota 44, pp.

1ZQ

, .

r s

Cfr.

aime

S w i ~ ~e~~awsremo

dc fm sa judicial, cit., supm nota 44, pp.

142-145.


15/54

IBEROAMERICA: JUSTICIA CONSTITUCIONAL 655

de sitio

o

estado de emergencia econmica, que deben ser enviados por el

mismo gobierno a la Corte Suprema de Justicia, al da siguiente de su

expedicin, para qu e decida definitivamente sobre su constitucionalidad,

y en caso de no hacerlo, la misma Corte conocer de oficio.4s

50. Un aspecto muy importante de la reforma constitucional de 1968,

sobre la cual volveremos al tratar de los tribunales constitucionales, se

refiere a la creacin de una Sala Constitucional en la Corte Suprema,

que elabora los dictmenes sobre las cuestiones de inconstitucionalidad

plariteadas ante la propia Corte y que se turnan al Pleno de la misma

para su resolucin definitiva, de acuerdo con la parte relativa del citado

articulo 124 constitucional, en su texto vigente, y las disposiciones del

decreto extraordinario nmero 432 de 1969.50

51

La misma institucin de la accin popular de inconstitucionali-

dad, con los efectos generales de la sentencia respectiva, surgi en Ve-

nez~telaen la Constitucin de 1858, ordinal So., pero slo en relacin

con las leyes locales, y se fue perfeccionando hasta que se consolid,

inclusive respecto de las leyes nacionales, en la Constitucin de 1893, ar-

tculos 17 y 110, ordinal 8 0 . ~ ~

52. En la Canstitucin Federal vigente, de 23 de enero de 1961, esta

accin de inconstitucionalidad est plenamente reconocida, ya que el

articulo 215, en sus ordinales 30. y 40., establecen q ue corresponde a

la Corte Suprema de Justicia, declarar la nulidad total o parcial de las

leyes nacionales y dems actos de los cuerpos legislativos que sean con-

trarios a la Constitucin, y declarar la nulidad total o parcial de las

leyes locales, de las ordenanzas municipales

y

dems actos de los cuerpos

deliberantes de las Entidades Federativas y de los Municipios, que con-

tradigan a ta Ley Suprema.

53 Descubrimos este instrumento procesal en el ordenamiento cons-

titucional de Panam, que lo introdtijo en el artculo 188 de la Carta

Fundamental de 2 de enero de 1941, y se reiter en los artculos 167

4 9 Cfr.

S A N ~ N REITFENSTEIN,

@. ult.

cit.,

pp. 159-176.

so Cfr.

Carlos R m m

PIEDRAHITA'otm

ob~e

la

Colte C~n~tilu~ionnl,it.,

rupr

nota 46, pp. 22-23.

5

Cfr.

Ernesto WOLF T~olado

de

Derecho constitucional ueneiolano, tomo 11,

Caracas,

1945, pp.

167

SS.

Cfr.

Humberto

J.

L A

ROCHE

InstitucYOne ~

constitu~ionole~el

Estado

Vetie-

:olano,

6a.

Ed.

illaraaibo, Venezuela, 1976, pp. 128-129: Jos Guilierrno

A ~ o u r u

Acv ,

La jurisdiccin cmsfitucionol

en el Derecho

venezolana,

2a

Ed., Camas

1974, pp. 45-54;

sin

embargo

se

observan restricciones al ejercicio de

la

accin

popular en la reciente

Ley

Orginica de la Suprema Corte de Justicia de 9 de

julio de 1976, especialmente el articulo 112

de

dicho ordenamiento que suprime

la accin popular

pues

dispone que s61o el afectado puede interponerla,

d r .

David

MORALES

BELLO

Anibn Dernom&ica

y

lo

Ley

O~gdnicade la

Supremo

Corte de

Justicia, Caracas, 1976, pp. 77-78.

63 La parte relativa del referido articulo 188 de la Constituci6n de 1941, dirpo-


16/54

656

HECTOR FZX-ZAMUDIO

de la Carta Constitucional de lo. de marzo de 1946, y 188 de la vigente

Ley

Suprema de 11 de octubre de 1972, reglamentados por la Ley sobre

Recursos Constitucionales y de Garanta, de 24 de octubre de 1956.6'

54. La accin popular de inconstitucionalidad tambikn fue introdu-

cida en la Constitucin salvadorea de 1950, en su artculo 96, que

tambikn se reproduce en el precepto del mismo nmero de la Carta

Fundamental vigente, promulgada el 8 de enero de 1962,

y

que se regla-

menta por la Ley de Procedimientos Constitucionales de 14 de enero

de L960, artculos 60. al 1LS6

55. El articulo 90. de la Constitucin de la provincia argentina del

Chaco, atribuye efectos generales a las resoluciones del Superior Tri-

nia: A la Corte Suprema de Justicia

se

le confia la guarda de la integridad de la

Constitucin. En consecuencia, le corresponde decidir definitivamente sobre la cons-

titucionalidad de las leyes, decretos, ordenanzas y rffoluciones denunciadas ante

ella como inconstitucionales por cualquier ciudadano, con audiencia del Procurador

General de la Nacin.. Las

decisiones

dictadas por la Corte Suprema de Justicia

en ejercicio de las facultades que este artculo le confiere, son finales, definitivas

y obligatorias y deben ser publicadas en la Gaceta Oficial . Sobre el alcance de

este precepto, cfr J. D. Moscm, El Derecho conrtitucionol panameo, Panam, 1943,

pp. 461-465; Carlos B O ~ V RPDRESCHI,El pensam iento constitucional del doctor

M aco te ,

Panami, 1959, pp. 159-161.

64 Ambos preceptos, 167 de la Carta de 1946 y 188 de la vigente de 1972, san

similares, y en la parte conducente, de la fracnn 1 del ltimo de los preceptos

mencionados, se dispone: La Corte Suprema de Justicia tendr, adems de sus

atribuciones constitucionales y legales, las siguientes:

1,

La

guarda de la integridad

de la Constitucin, para lo cual la h t e en pleno conocer y decidira, con audiencia

del Pronirador General de la Nacin o del

Procurador de la Administracin,

sobrc

la inconstitucionalidad de las leyes. decretos, acuerdos, resoluciones y dems actos

que por razones de fondo o de forma impugna ante ella cualquin peno na.. Las

decisiones de la Corte en ejercicio de 1% atribuciones sealadas en este artculo

son finales, definitivas, obligatorias y deben publicarse en la Gaceta Oficial .

Res-

pecto de la Canstitucin de 1946, la doctrina es abundante en esta materia, y

podemos citar a Victor M.

GoYTI ,

Las Consti tucimes e Panamd Madrid, 1954,

pp. 762-763; Carlos BOL~VARWRESCHI, l Fnsamiento const i tuc ion~l , cit., nota

anterior, pp. 161-162; Id. Jurisprudencia constitucional, Panam, 1967, pp. 17 y

ss;

Id.

El control

de

la

consliiuciotralidad n Panatnd, en Anuario de Derecho ,

Pa-

namffi, 1963-1965, pp. 113-125: Jorge F ~ R E G P. El doctol Eusebio Morales el

control

de

al constitucimolidad,

Panam, 1965, pp. 10 y

ss

Seccin de Investigacin

Jurdica de la Universidad de Panami, Jurisprudencia mnsti tucionol, tomo 1, Pa-

nam, 1967. pp. 15 y s

Dicho articulo 96 precepta:

La

Corte Suprema de Justicia

ser

el nico

tri-

bunal competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y

re-

glamentos, en su

form

y contenido, d e u n

modo

general obligatorio y podrd

hacerla

petici6n de cualquier ciudadano .

56

El texto de esta ley puede consultarse en el Boletin del Instituto de Derecho

Comparado de Mxico ,

Nm. 40,

enero-abril d e 1961, pp. 111-126, esp. 112.115.

Cfr. Carlos BOVE

TICAS

l recurso de inconstitucionalidad, San Salvador, agosto de

967 (te& doctoral mimeografiada).


17/54

I B E R OA M E R I C A J U S T I C I A C O N S T I T U C I O N A L 657

bunal de Justicia local, cuando declaren la inconstitucionalidad de una

ley, decreto, ordenanza o disposicin, lo que produce la nulidad, que

dicho artculo califica de caducidad, de los preceptos impugnados, en la

parte afectada por la citada declaracin.57

56. La doctrina, con apoyo en el diverso articulo 170, fraccin

1

de la

misma Carta Fundamental, seala la existeilcia de una accin popular

para combatir las leyes

inconstitucional es.^^

57. b) Un segundo sector de ordenamientos constitucionales consagra

la declaracin general de inconstitucionalidad, pero no reconoce una

verdadera accin popular, en cuanto exige que la impugnacin se inter-

ponga por el directamente afectado por las disposiciones legales com-

batidas, o bien, se requiere la existencia de un grupo de reclamantes

o de asesores.

58. En esta direccin podemos mencionar el llamado recurso de in-

constitucionalidad, regulado por los articulos 962 a 969 del Cdigo

de Procedimientos Civiles de Costa Rica, de 25 de enero de 1933, refor-

mado el 23 de diciembre de 1937, de acuerdo con los cuales se puede

plantear una cuestin de constitucionalidad ante los jueces ordinarios

y

en

un proceso concreto, que en ltima instancia es resuelto por la

Corte Suprema, cuya sentencia de inconstitucionalidad posee efectos ge-

irerales.58

59. En forma similar es posible destacar los ordenamientos constitii-

cionales de varias provincias argentinas, entre ellos, lo dispuesto por los

artculos 30 y 126, fraccin 1 inciso c) de las Constituciones de Neu-

qu6n y Santiago del Estero, promulgadas, respectivamente, el 28 de no-

viembre de 1957

y

2 de julio de 1939 -la segunda reformada el

7

de

agosto de 1960-, preceptos que establecen la facultad de los Tribunales

5 7

El referido articulo 90 constitucional, dispone: Toda ley, decreto, ordenanza

o disposicin contraria a la ley suprema d e la nacin o a cstir Constitucidn

son de ningiin valor y l a jueces debern declararlos inconsritucionales a

requerimientos de

las

partes.

La

inconrtitun'onalidad declarada m el Suprerno

Tribunal de Jvsticio produce la niducidad de la ley, decreto, ordenanizo

o

disposi-

cid en la p a ~ t t fecta&

Por

aquel la declomcin ; precepto que debe relacionarse

con el diverso articulo

170

fracci6n 1 de

la

misma Ley Fundamen tal, de a merd o

con el

cual :

El Superior Tribunal de Justicia, tiene en

lo

judicial, las siguientes

atribuciones, con arreglo a las normas legales respectivas: 1. Ejerce jurisdiccin

originaria y exclusiva

en

los siguientes casos:

a

en

la dernnndrv

de

inconstitucio-

nnlidad de leyes, decretos, odenanzas, reglamentos

o

resolucin

que

se promueven

directamente en vias

e

accin cfr. Segundo V. L i n a r ~ uintana,

Derecho

coiir

titucionol de los nueve$ l>.rovincias, Bucnos Aires,

1962, pp. 96 y 1m.

8

Ck

Armando O. SU-VA Accidn de inconstitucionalidad, Resistencia,

Chaco

Argentina. 1962, pp. 66-87.

5 8

Aun cuando en sentido estricto no

se

establece una accin popular, ya que

la denuncia de inconstitucionalidad slo puede surg ir en un proceso concreto, cn

forma similar al sistema italiano, cfr. Roberto ALFAROVALVERDE

RF UTSO e

ampi~o an Jos 1959,

p.

39 (tesis mimeografiada).


18/54

Superiores relativos, para declarar la nulidad con efectos generales

(caducidad), de las disposiciones legislativas impugnadas ante ellos por

los afectados.eo

60.

Un sistema intermedio lo descubrimos en el artculo 138 de la

Constitucin de la provincia argentina de Rio Negro, de acuerdo con

el cual, cuando el Tribunal Superior declare por

tercera vez

la incons-

titucionalidad de una norma legislativa, el mismo Tribunal puede sus-

pender su vigencia, y por lo tanto, la citada disposicin ya no puede

aplicarse en cuanto es publicada la resolucin respectiva.al

61. En la Repblica de Cuba la accin de inconstitucionalidad fue

objeto de una paulatina evolucin, que msulta conveniente sealar, ya

que destaca la tendencia hacia la ampliacin de los efectos de la sen-

tencia de inconstitucioualidad, tomando en cuenta que a parti r de la

Ley de 17 de marzo de 1922, despus de dos sentencias de inconstitucio-

nalidad dictadas por el Tribunal Supremo, el rgano de quien eman

la disposicin, deba derogarla: y posteriormente, las Leyes constitncio-

nales de 3 de febrero de 1934

y

11 de julio de 1935, determinaron que

una sentencia del Tribunal Supremo produca efectos derogatorios de la

disposicin legislativa declarada inconstitucional.'z

62. Esta evolucin culmin en la Constitucin de

26

de julio de 1940,

en la cual se estableci un Tribunal de Garantas Constitucionales

Sociales, que se integraba como una Sala especializada del Tribunal

Supremo, formada por el Presidente de dicho Tribunal y cuando menos

por quince magistrados (articulo 172).

6 EL articulo 3 mencionado en primer trmino, establece: Toda ley, orde-

nanza, decreto u orden contrarios

a

esta Constituci6n. no tienen ningiin valor y

los jueces deben declararlos inconstitucionales. Lo inconst i tuciaal idad declarada

por

el Tvibunal S u w i o r Jus tic ia , en e jerc ic io de su jur i rd icc ih wig inor in , P o -

duce la cnducidad

la

ley , ardrnanm, decreto y orden en la parte afectada por

aquello declaracin .

A

su

vez

el articulo 126, fracci6n 1 inciso a, de la Carta

de Santiago del Estero, dispone: En materia judicial, el Tribunal Superior de

Justicia tiene las siguientes atribuciones, de conformidad con las normas que

establezcan las normas de la materia: 1 Ejercer jurisdiccin originar ia y exclu-

siva

n

los siguientes

casos:.

c

n

las gestiones cerc de la constitucionalidad

de las leyes, decretos, ordenanzas, reroluciones o reglamentos

q u e

estatuyan en

materia regida por esta Constitucin y que

se

promuevan directamente ante el

mismo por la

via de occidn. La d e c l o r m ' d n d e i n c o n s t i t u ~ a a l i d a dp~od ucird la

caducicbd lo ley, resolucin, dem cto, ordoianui

o

reglamento, en

l

parte

afectado ;por la deelmoeidn .

8 De acuerdo con el articulo mencionado: Cuando e l Tr ib unal Superior de-

clare

por

tercera w r la inconstitucionalidad de una norma materia de litigio.

contenida en un a ley, decreto, resolucin, ordenanza o reglamento, originado en

cualquier jurisdicci6n, el mismo Tri buna l Superior, en rcrolucidn expresa dictada

p r separodo, podrd declarar surpcndido la vigencia 1 norma inconstitucional,

que dcja?ti e ser obl iga tmia a partir d e la $ublicacidn de dicho resolucidn .

e2

CXr.

Eloy

G

M r n i ~ o

m El rcnrrso de inconstitucionolidod y su juns-

prudencia, La Habana, 1938, pp. 18 y si


19/54

IBEROAIZIERICA:JUSTICIA .CONSTITUCIONAL 659

63. De acuerdo con el articulo 182, inciso a), de la propia Ley Fun-

damental, el citado Tribunal tenia facultad para conocer de los recur-

sos de inconstitucionalidad contra las leyes , que podan ser interpues-

tos no slo por los afectados, sino por veinticinco ciudadanos, en su

calidad d e tales (articulo 194 inciso b) , y los efectos de las decisiones

que declarasen la inconstitucionalidad eran de carcter general, es decir,

determinaban la derogacin de las disposiciones impugnadas.63

64.

Este mismo sistema fue incorporado, en teoria, en los ~rtici ilos 50,

160, 161, 172 173 de la Ley Fundamental de 1959, promulgada por

el Gobierno encabezado por Fidel Castro, con posterioridad al triunfo

de la revolucin que termin con la dictadura de Fulgencio B a t i ~ t a , ~ ~

pero adems de que no tuvo aplicacin prctica, fue sustituido por el

sistema socialista de los tribunales populares, en la reforma constitu-

cional de 13 de junio de

973;e5

evolucin que culmin con la pro-

mulgacin de la Constitucin socialista de

24

de febrero de 1976, en

la cual, segn el modelo sovibtico, se sustituye el sistema de la revisin

judicial por el del control legislativo, en cuanto el ar ticulo 70, inciso

f),

de la misma Ley Fundamental, confiere a la Asamblea Nacional de

Poder Popular, la atribucin de decidir acerca de la constitucionalidad

de las leyes, decretos-leyes, decretos y dems disposiciones de carcter

general, asi como tambin respecto de aquellos actos del poder pblico

emanados de rganos locales.86

65. De paso podemos mencionar, si bien volveremos sobre el tema

al analizar a los tribunales constitucionales, que segn los articulas

284,

prrafo 40., de la Constitucin Guatemalteca de 15 de septiembre de

1965, 107, prrafo 40., de la Ley de Amparo,

Habeas Corpus y

de Constitucionalidad, de 3 de mayo de 1966, cualquier persona o enti-

dad a quien afecte directamente la inconstitucionalidad de la ley o dis-

posicin gubernativa impugnada, puede acudir ante la llamada Corte de

Constitucionalidad, para interponer el recurso de inconstitucionalidad,

con el auxilio de diez abogados en ejercicio, en la inteligencia de que

la declaracin respectiva tiene efectos genera le^.^

66. Para complementar el panorama de la impugnacin de las leyes

63 Cfr.

Juan CLEMENTE ZAMOM, La

defensa

de la Consfilucih

en

lo legis-

hciUn

cubana,

en Revista Mexicana de Derecho Pblico , hfxica, octubre-di-

ciembre de

1946 pp.

123

ss.

e4

Cfr.

Emilio

MENNDEZ,El Poder Judiciol y la Conrlilucid>i, en

Compara-

tive Juridical Review , vol. 2. Gxal Gables, Florida, 1962, pp. 77 y ss

8 Cfr.

Reinaldo CHALBAUDERPA,El

Poder

Judin'ol en

Cuba

en Anuario ,

Nm. 5 de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, Mrida,

Venezuela,

1974, pp.

138

ss

Cfr. Reinaldo

CHNMUD

ZUIPA. El nuevo ~ Ul em a ~ m t i t u ~ i o n o lociolista

cubano, Merida, Venezuela. 1976

pp

59-61.

8 Cfr. Mario

A c u m Gomu

Proleccidn

pocesol e

los derecho

humanos,

cit., suprn nota

SI p .

22.


20/54

inconstitucionales en Iberoamerica, debemos recordar que la Constitu-

cin Republicana espaola de 1931, introdujo un recurso de inconsti-

tucionalidad ante el Tribunal de Garantas Constitucionales, en la in-

teligencia de que la sentencia respectiva, tenia efectos generales si esti-

maba que se habia infringido el procedimiento legislativo, y particulares

para las partes en el asunto concreto en el cual se planteaba la cuestin,

en el supuesto de que la contradiccin fuese de carcter material.

67. Con motivo del triunfo de Francisco Franco, se derog la citada

Constitucin, y no fue sino hasta la Ley Orgnica del Estado, promul-

gada el 10 de enero de 1967 por el gobierno franquista, cuando se intent

la introduccin de un sistema de justicia constitucional, que puede

calificarse de pintoresco en el mejor de los casos, ya que estableci el

llamado recurso de contrafuero, en sus articulos 59 a 66, el cual no era

otra cosa que un instrumento de control

de

constitucionalidad de las

leyes o de disposiciones generales de Gobierno, que vulnerasen: los

Principios del Movimiento Nacional o las dems leyes fundamentales

del Reino . Estos preceptos fundamentales fueron reglamentados por la

Ley nmero 8 de 5 de abril de 1968.68

68. Durante la vigencia formal de las citadas disposiciones, la doc-

trina espaola formul severas criticas al sistema mencionado, por esti-

mar que asuma naturaleza poltica y se caracterizaba por su dispersin

orgnica, pues no obstante su regulaCi6n alambicada, en tltima instan-

cia la inconstitucionalidad deba resolverse por el jefe del Estado, o sea,

en esencia por el mismo &gano que habia intervenido en la expedicin

directa o indirecta de las disposiciones

impugnada^ ^^

69. Tenemos la esperanza que en la Constitucin que debe dictarse

por las Cortes electas democrticamente en las elecciones de 1977, se

restablezca o se perfeccione un verdadero sistema de justicia constitu-

cional adecuado para la nueva realidad politico-jurdico e~paola.'~

70. Finalmente, la Constitucin democrtica portuguesa de 2 de abril

de 1976, configura un sistema de justicia constitucional tambin de ca-

ccter mixto, pues al lado del modelo americano consagrado por el

68 E l texto de esta ley puede consultarse en Revista Iberoamericana de De

recho I'racesal , M adrid, 1968, pp. 339-348. Para todo lo relativo al recurso de

mntqafuero, dr D i e p SEVELA ANDRs

L I

defensa e l Const i tudn en lo Ley

Orgrinica esfiaola en Revista de Estudios Politicos , Madrid, en ero -m an o e

1967, pp. 294-302.

SS Cfr. Jos

ALMAGRO

N ~ T E roteccidn procesal e los

derechos

hum nos en

Espaa en Revista de Derecho Procesal Iberoamericana , Madrid, 1973, pp. 19-21.

o

E n l a Enmerta

sobre

justicia constitucional publicada en el Boletfn del

Ilustre Colegio

de

Abogados de Maddd , Madrid 1971, aparecen varias opiniones

de distinguidos juristas espawles.

en

las

cuales se

advierte la tendencia de supe

rar

la situacin provocada por e l citado recurso de mntrafuero , a travs de una

verdadera y propia juiisdiccin constitucional, tal como existi en la Constitucin

republicana de 1931.


21/54

I BE R OA iZ Il ?R IC A : J U S T I C I A C O T F T I T ( I C 1 O S A L GGl

articulo 207 de dicha Ley Fundamental, que confiere a los tribunales

ordinarios la fact~ltad e resolver sobre las cuestiones de inconstitucio-

nalidad de las disposiciones legislativas, con efectos particiilares para

el caso concreto en el cual se hubiese planteado la cuestin, que en

ciertos casos culmina con un recurso ante un rgano especifico deno-

minado Comisin Constitucional; tambin establece un sistema de

declaracin general, con caracteres peculiares.7'

71. En efecto, en el citado ordenamiento constitucional se cre un

organismo de control denominado Consejo de la Revolucin, que entre

otras facultades, posee la de decidir sobre cuestiones de incons~ituciona-

lidad con efectos generales.

72. El sistema portugus es bastante complejo pero en forma suscinta

puede describirse de la siguiente manera: el rgano esencial de control

constitucional, que como hemos diclio, se denomina Consejo de la

Revo

lucin,72 y que en cierto modo, salvo su integracin predominante

militar, recuerda al Consejo Constitucional francs, aun cuando el

primero, ademis de la funcin de control preventivo de la constitucie

nalidad, caracterstica esencial del segundo,'3 posee facultades muclio

ms amplias, si se toma en cuenta, que el citado control preventivo

se efecta a peticin del Presidente de la Repblica, o de oficio, a fin

de que pueda proiiuciarse sobre los proyectos de ley de la Asamblea

de la Repblica, y en el supuesto de que el citado Consejo los con-

sidere contrarios a la Ley Suprema, el mismo Presidente debe ejercer

el veto suspensivo, con el objeto de que la Asamblea mencionada con-

sidere nuevamente el proyecto, con voto calificado de dos tercios de

los diputados presentes.

73. Tambien corresponde al Consejo de la Revolucin formular re-

7 1 Cfr. Faustino

GUTIRREZ

ALVIZ Y

ARMARW, a

justicia, seg-zin lo Conr t i tu -

cin portuguesa de

2

e abri l de 196 en Revista de Derecho Procesal Ibero-

americana , Madrid, 1976, pp. 575-581.

72

En ci tado Consejo de la Revolucibn st integrado por el Presidente de la

Repblica: el Jefe

y

el Vicejefe del W a d o Mayor de las Fumas Amadas; los

Jefes de Estado Mayor d e las tres ramas dc l s Fuerzas Amadas; el Primer Mi-

nistro, cuando sea militar; catorce oficiales, siendo oido

el

Ejrcito, trcs de las

Fuerzas

reas y tres

de las

Amadas,

daignados

por

las ramas respectivas de

dichas

fuerzas:

dr

Faustino

G U T I ~ R W

LVIZ,

a

Just ic ia ,

segun

la Const i tuc in

portug.uesa; cit. nota anterior,

p.

578.

7

Entre la abundante h i b l i o p f i a sobre el Consejo Constitucional h.anc&, cita-

remos s61o algunos estudios como los de

Louis

F ~ v o a ~ n ,e Conse i l Const i tul ion-

nel rigu late ur de f activitd no ~r no tiv e des pouvoirs publics, en Revue de Droit

Public et de la Science Politique en Fnnce et a l'etranger , Paris, enero-febrero

dc 1967.

pp.

113-120;

Salo E ~ c a , l aontrol judicial posterior

ex men

poltico

p r ~ v i o n 10 F ~ a n c i ade la f m ~ t p e r r a ,en Revista Juridica Interamericana , Nue-

va

Orlens, 1964, pp. 73-92;

James

E.

BEWSLEY,

he Consti tut ionnl Council ond

Conrtitvtionnl Liberties in France,

e n The .kmerican Journal

o

Comparative

Laiv ,

veraiio

Ic 19i2, pp. 431.452


22/54

66 H E C T O R F I X- ZA M U D IO

comendaciones a la Asamblea de la Repblica cuando en su concepto

esta incurra en omisidn de las medidas legislativas necesarias para desa-

rrollar

y

ejecutar las normas constitucionales as como decidir obliga-

toriamente sobre la constitucionalidad de las disposiciones legislativas

ya en vigor cuando hubiese sido requerido para ello por el Presidente

de la Repbiica o por el Presidente de la Asamblea el Primer Minis-

no el Proveedor o Ministro de Justicia; el Procurador General de la

Repblica o la Asamblea de las Regiones A u t ~ o r n a s .~ ~

74. Finalmente el aludido Consejo puede declarar con fuerza obli-

gatoria general la inconstitucionalidad de una norma cuando el rgano

tecnico que le est adscrito denominado Comisin Constitucional la

hubiese considerado inconstitucional en tres casos concretos o en uno

solo si se trata de inconstitucionalidad orgnica o formal.

75.

Por lo que respecta a la referida Comisin Constitucional inte-

grada en su mayor parte por jueces y juristas conjuntamente con al-

gunos ciudadanos todos ellos designados por cuatro aos con garantas

de imparaalidad e inamovilidad ~jpuede tambien intervenir en la

funcin de justicia constitucional en cuanto le corresponde formular

dictmentes sobre de las cuestiones que le someta el Consejo de la Revo-

lucin segn se ha visto; pero tambin puede decidir asi sea con

efectos particulares respecto del recurso de ltima instancia que pueden

interponer los afectados y obligatoriamente el Ministerio Pblico cuan-

do los tribunales dejen de aplicar disposiciones contenidas en leyes

decretos leyes reglamentos decretos regionales o disposiciones simila-

res apoyndose en su inconstitucionalidad; en la inteligencia de que

dichas decisiones de la Comisin Constitucional s610 adquieren efectos

generales cuando as lo decida el Consejo de la Revolucin en los

trminos sealados en el nmero anterior de este trabajo.76

?r Cfr . Faut ino Gurd~n~z-Arm o justicia s glln o Conrtitucin portuguesa

cit.

supra

nota 72 p.

579.

75

De

acuerdo con el articulo 283 del citado ordenamiento fundamental la

Comisi6n Constitucional

se

integra por un miembro del Consejo

de

la Revolu-

a6n designado p r este como

Presidente

y

mn voto de calidad; cuatro jueces

una designado

por

el Tribunal Suprwo de Justicia

y

los restantes por el Con-

sejo Superior de la Magistratura

dos

de los cuales debern

ser

jueces de los

Tribunales de Apelacih y dos de los Tribunales de Primera Instancia; cuatro

ciudadanas de monocidos mbritos. designados uno por el Presidente de la Rep-

blica otro por la Asamblea de la Repblica y los restantes por el onsejo de la

Revolu6n. de los cuales una de ellos deber6 ser jurista de comprobada

m

petencia.

76 Cfr. Faustino Gun mz

Arvu o justicia se

la

Constitucidn portu-

guesa

cit..

supr

nota 72 pp. 580581.


23/54

I B E R O A M R I C A : J U S T I C I A C O A S T I T U C I O N A L

IV Ventajas e inconvenientes de la declaracin general

76 Al reiterar nuestra afirmacin de que, en la prtictica los sistemas

americano y austriaco se encuentran combinados

y

que la declaracin

general de inconstitucionalidad puede presentarse en ambos sistemas,

tambin podemos sostener que el estudio de los problemas derivados de

dicha declaracin general, se han planteado con motivo del estableci-

miento de los tribunales constitucionales, inspirados en el modelo aus-

triaco.

77

En efecto, con motivo de la creacin de los tribunales constitu-

cionales especializados segn el ejemplo de la Constitucin aiistriaca

de 1920, reformada en 1929, la doctrina, especialmente en Italia

y

en

Aleinania, conienz a interrogarse sobre la naturaleza de los citados

rganos de justicia constitucional, as como en relacin con la de los

efectos generales de sus resoluciones declaratorias de inconstituciona-

lidad.

78

Se Iian elaborado en los ltimos aos un nmero sorprendente de

libros, artculos

y

monografias sobre esta apasionante materia, ? en los

cuales se refleja la preocupacin sobre la necesidad de perfeccionar

un sistema que permita lo que el ilustre Jellinek vea como una sim-

simple aspiracin a principios de este siglo, es decir, la existencia de un

orden juridico constitucional inviolabike.

79

En particular debe sealarse que algunos tratadistas alemanes,

apoyndose en los argumentos sostenidos por Carl Schmitt durante la

vigencia de la Constitucin de la Repblica de Weimar de 1919,7shan

expresado en esta segunda postguerra el temor de que las facultades

otorgadas a los jueces constitucionales pudieran conducir hacia un go-

bierno judicial, o inclusive, provocar la dictadura de los jneces.80

80. Lo cierto es que, como resultado de

u n

apasionado debate, el

sector mayoritario de los jurisconsultos germano-italianos, que como

hemos afirmado, son los que se han ocupado con mayor intensidad

de esta cuestin, han llegado

a

la conclusin de que la sentencia que

dedara la inconstitncionalidad de una disposicin legislativa con efec-

tos generales, debe considerarse como un verdadero y propio acto ju-

Ch

Hctor

F i x - Z ~ ~ u o m

einticinco

050s

e

iiiolucidn

de

lo justicia

cons-

titucional, cit.,

suera

nota

16, pp. 9-18.

75 earia general del Estado, trad. de Fernando de los Rios Unuti

tomo 11

Madrid, 1915, p. 537.

s La defensa e

la

Conrfitucidn, trad. de Manuel

Snchez Sarto

Barcelona,

1931, pp. 21-32.

8 Cfr. Otto BACHOI., uez y Constitucidn, trad. de Rodrigo Bercaiuitl

R a l r i -

gil=-Cano, Madrid 1963, pp. 35-59; Id. El juez constitucional entre Dereclio y

$wlitica, trad. de Len Cortinas

Pekiez,

en niverritas , Stuttgart, 1966, pp.

125-140.


24/54

664

HCTOR FIX-ZAMUDIO

risdic~ional ,~~o obstante la opinin de tratadistas tan autorizados como

el mismo Hans Kelsen, quien consider la funcin de los tribunales

constitucionales de naturaleza

legislativa-narrativa ,gz

o de Piero Cala-

mandrei, quien la estim

paral legislativa ,^

o de algunos otros autores,

que la calificaron como una funcin constitucional

autnoma.84

81. Sin embargo y con independencia de la naturaleza de la sentencia

de inconstitucionalidad con efectos generales, lo que importa a nuestro

propsito es dilucidar las ventajas o inconvenientes de esta declaraci6n

erga omnes respecto a la resolucin con efectos particulares, que se tra-

(luce t i

13

~I~.~n]) l t~nriiofti~irIidador 10s

tratadistas iberoamericanos, si tomamos en cuenta el limitado niimero

de estudios que se han publicado en relacin con esta cuestin funda-

mental

y

lo comparamos con la abrumadora bibliografia de los juristas

europeos.

82.

A este respecto consideramos ilustrativo el debate que se ha pro-

ducido entre los jurisconsultos canadientes, los que, sin tomar partido

directo por alguna de las corrientes en pugna, sino exclusivamente por

razones de carcter prctico, han analizado el problema en relacin con

las dos instituciones que coexisten en el ordenamiento constitucional

de Canad.

83. En efecto, en el Derecho constitucional canadiense, se ha estable-

cido, por una parte, la revisin judicial de la constitucionalidad de las

leyes, similar a la estadounidense, o sea con efectos particulares, al menos

en principio, la que se traduce en la desaplicacin de las disposiciones

legales declaradas inconstitucionales por jueces ordinarios en un proceso

concreto;aJ pero tambin se ha configurado un sistema de declaracin

general que se atribuye esencialmente a la Suprema Corte de Canad

-y en ciertos casos a los Tribunales Supremos de las Provincias a

travbs de una institucin aparentemente consultiva, que se denomina

reference cases, pero que se ha traducido en forma aproximada como

m

La

hihliograffa

es

muy extensa, por lo que

nos

remitimos a la sefialada

e n

la nota 89, de

nuestro

trabajo, La declnracidn general da incolutitucionolidad

y

el juicio

de

amparo,

cit., siipra

nota

6,

p.

77.

8

Temia

general

del Derecho

y

del Estado, trad. de Eduardo Garcfa Maynez,

Mexico, 1949, p. 282.

La ilegitimidad constitucional

de

lar

leyes

e n el

proceso

civil,

cit.,

supa

nota

15, pp.

84

y

SS

s

Cfr.

Gaetano

AUARI~TI

ulla illegiltimiti

costiturionole delle

leggi, en

Ri-

vista

trimestrale

di diritto

e

procedura

civile", Milano,

1959, pp. 437-450;

Nicola

J A E G ~ , a Corte

Costituiionole

nei W i m i

fre

onni dellb sua

ottivito,

en la misma

"Rivista" 1958,

pp. 773

y

8s : Id.

Su

limiti

i

effimcia

delle

dAOsione

della Corte

Cortilurionale,

en

"Rivista di diritto processuale". Padova, 1958, pp.

372-373.

8s Cfr. J.A.C. GKANT,udicial reuiew in

Cana ,

Proceduml Aspects, en

The

Canadian

Bar Review",

Ottawa

mayo

de

1964, pp.

147 y

SS


25/54

I B E R O A h l R I C A : J U S T I C I A C O N S T I T U C I O N A L 665

opinin judicial consultiva ;86 lo que nos confirma en nuestra convic-

cin de que pueden coexistir en un mismo ordenamiento constitucional

ambos tipos de declaraciones, general

y

particular, sobre la inconstitu-

cionalidad de las disposiciones legislativas.

84. Esta institucin puede describirse muy suscintamente como la

atribucin que

se

otorga a los citados tribunales, a f in de que, a peticin

del gobernador de la Unin o de los vicegobernadores de las propias

provincias, se pronuncie sobre la constitucionalidad de una ley o inclu-

sive, aunque con menor frecuencia, de un proyecto de ley; decisin

que formalmente se considera como una opinin de tipo consultivo,

pero que se publica como sentencia y se obedece como tal por las auto-

ridades respectivas, en la inteligencia de que esa resolucin produce

efectos generales, ya que la ley considerada inconstitucional no puede

aplicarse en el futuro.87

85. En el excelente estudio colectivo intitulado Estudios sobre

el

Fe-

deralismo, dirigido por los profesores Robert L. Bowie y Carl J. Frie-

drich,88 se condensan grficamente las objecciones que se han formulado

a las citadas opiniones judiciales consultivas, y que pueden aplicarse,

como los mismos autores sealan, a cualquier tipo de sentencia declara-

toria de inconstitucionalidad de disposiciones legislativas, con efectos

generales, y adems son argumentos similares a los que se hacen valer

por los adversarios de la declaracin general en los paises iberoameri-

canos.

8 a Los tribunales se veran envueltos en los procesos polticos,

con el riesgo de perder el respeto popular por el abandono de la verda-

dera funcin judicial.

87

b

Se debilita y

s

diluye 'la responsabilidad de los rganos legis-

lativos en la formulacin de las leyes.

88 c Los propios tribunales se ven privados del beneficio de la expe-

riencia del pleno desarrollo de los hechos, para imponer la validez a la

legislacin.88

89.

Estas objeciones que pudieron aceptarse durante el siglo XIX y

los primeros aos del presente, se desvanecen en la actualidad, debido

a la transformacin de los conceptos tradicionales de la divisin de los

poderes, de la funcin jurisdiccional, de la distinci6n entre justicia y

poltica, etctera.

86 Cfr. J.A.C. GRANT, El

mntml

jurisdiccional de

o

conrti tucionalidad de lar

leyes

cit., supe nota

10,

pp. 87-88.

87

Cfr. Gerald

RUBIN,

T h e

mture

me and effect of

refereme

cases in cn

nndion Constitucional Lnw en el

volumen colectivo The Courts

and

the Cana-

dian

Constitution , Toronto, 1964

pp. 220 y ss

Bora LASKIN,

Cnnadian Conrti-

tutionnl Law

2a

Ed.

Toronto,

1960, pp. 144 y SS

S9

T r a d . de

Susana Barrientos, Buenas

Aires, 1958

5s

O p .

ult . ci t . p. 164


26/54

666 HECTOR FlX-ZAMUDIO

90.

En primer lugar, ya se ha observado que contra las predicciones

de la politizacin de la justicia a que se refera Carl Schmitt en las

primeras decadas de este sig10,~Qa intervencin de los tribundes en la

delicada funcin de tutelar las disposiciones constitucionales contra las

extralimitaciones de cualquier autoridad, incluyendo las legislativas,

no han producido los confiictos polticos que se vaticinaban, sino todo

10 contrario, se ha establecido una corriente de comprensin entre los

rganos legislativos y los judiciales debido a la labor eminentemente

tkcnica y delicadamente equilibradora de los segundos.s

91. Esta situacin de equilibrio es subrayada por un estudio reciente

wbre el tema de las relaciones entre los tribunales constitucionales

de la Repblica Federal de Alemania22 de la Repblica italiana,Qsy

la Suprema Corte Federal de los Estados Unidos,s en los cuales se

demuestra la prudencia con la cual han actuado estos rganos de justi-

cia constitucional, que por sus amplias facultades pueden considerarse

como los mis importantes de nuestra poca; pero cuyo tacto les ha

permitido llevar relaciones cordiales con los legisladores, no obstante

que su funcin de control sobre estos ii ltimos, no puede considerarse

como tmida.

92

Lo

que ocurre con los que objetan la declaracin general, es que

parten de un concepto de poltica muy impreciso, que se confunde con

las luchas electorales y partidistas, pero no existe duda de que todo

juez que decide sobre la constitucionalidad de las disposiciones legisla-

tivas y aun indusive respecto de cualquier acto de autoridad, no obs-

tante que se trate de un juez ordinario y lo haga respecto de un caso

concreto, efecta una actividad al mismo tiempo jurisdiccional y pol-

tica, entendida esta ltima como la interpretacin

y

aplicacin de los

valores supremos contenidos en la Carta F~ndamental.~

93 Esta funci6n poltica se acenta tratindose de los tribunales cons-

tituaonales, en la inteligencia de que entendemos por tales no slo a

los de carcter especfico como los establecidos segn el modelo anstria-

80 La dcfmc de la C~~fittlCidn,it., SU^ nota 79 pp. 23-25.

91 Cfr. Hector Flx-ZAMIJDIO,eintinnco os de m lw id n de n justicia cons

titucioml, cit., supra nota

16

pp.

73-74 81.

6

cfr Wiltraut RUPP VON BEUNNECK,dmonitory Functions of the Constitzl-

fional Courfr Germany:

The

Federal Constitutionnl Court, en "The American Jour-

nal Comparative

Law ,

verano de

1972

pp.

387-403.

8 Vincenm V m m , Itoly: he Co ns ti tu fi d Caurt, en la misma revista ci-

tada nota anterior, pp.

404-444.

O4 Hans A. LINDE he Unitcd Stotes Expcn'mce,

en

revista mencionada en

las dos natas anteriores, pp. 415-430.

83 Cfr. Hector

Frx-U~uDrn,

El juez nnfe la

norma

mtitucioml, cit..

supro

nota 13, pp. 67-74;Mauro CXPPEUEITI, L'attivifh

e

i pote? del giudica costilu-

iionalc

i n

rnpparto m il loro

finc

genepico,

en "Scritti giuridin in memoria di

Piero Calamandrei", Padova,

1957

pp. 16 y ss. dcl sobretiro.

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Jus Consti en Ibero