Tiempo Miércoles, 23 Abril 2014 23:56

Juzgarán a extorsionadores como lavadores de activos

San Pedro Sula, Honduras

Los delitos de “impuesto de guerra” y de extorsión con penas de hasta 18 y 25 años de

cárcel, quedarán contemplados en la nueva Ley Contra el Lavado de Activos, cuyo

dictamen está listo para que sea discutido por el pleno del Congreso Nacional.

Cuando se trate de un funcionario público la pena aumentará un cuarto de la sentencia,

según el dictamen. Los cambios que darán lugar, prácticamente a una nueva ley, fue

socializada con diferentes operadores de justicia y el dictamen final cuenta con el visto

bueno del Poder Judicial. Los toques finales al dictamen fueron agregados,

precisamente, por delegados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), informó el diputado

nacionalista por Valle y pro-secretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano.

Zambrano, dijo que el presidente de la Corte Suprema, Jorge Rivera Avilés, no asistió a

las reuniones de socialización, pero se excusó y envió a sus asesores y una propuesta por

escrito. “Creo que tenemos resultados positivos sobre los nuevos alcances y atribuciones

que tienen los diferentes operadores de justicia con esta iniciativa, como trabajar en una

comisión interinstitucional de prevención del delito de lavado de activos”, explicó el

diputado Zambrano. El congresista añadió que la nueva normativa no solo contempla

sanciones y penas, sino también la instauración de medidas de prevención de la

comisión del ilícito.

NUEVAS ATRIBUCIONES A CNBS. La nueva Ley establece nuevas atribuciones a

la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) a través de una unidad de

investigación financiera. Esas atribuciones las tenía la Comisión de Bancos, únicamente

a través de un reglamento, pero ahora estas se elevan al rango legal.

Con esas atribuciones, el sistema financiero pasará de manera inmediata a la CNBS

información sobre transacciones dudosas o irregulares y la Comisión deberá transferirla

al Ministerio Público.

También penalizarán actos de corrupción

A la Ley Contra Lavado de Activos incorporan delitos derivados de actos de corrupción

contra la administración pública. En la actualidad, a un funcionario público que actúa al

margen de la ley contra el Estado, no se le puede acusar por un delito de lavado de

activos. “Con la nueva incorporación de ese delito, perfectamente el Ministerio Público

podrá perseguir a un funcionario cuyos bienes,  propiedades o activos, no concuerdan

con sus ingresos patrimoniales, familiares o de su negocio”, dijo el diputado Tomás

Zambrano.