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LA APLICACIÓN DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL EN EL MARCO DEL NUEVO
PROCESO DE PAZ ADELANTADO POR EL GOBIERNO NACIONAL CON LA
GUERRILLA DE LAS FARC
Presentado por:
Néstor Alexander Duque Londoño
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
FACULTAD DE DERECHO
BOGOTÁ D.C,
2015
2
LA APLICACIÓN DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL EN EL MARCO DEL NUEVO
PROCESO DE PAZ ADELANTADO POR EL GOBIERNO NACIONAL CON LA
GUERRILLA DE LAS FARC
Presentado por:
Néstor Alexander Duque Londoño
Presentado a:
Dra. Dilia Paola Gómez Patiño
Dr. Jimmy Graciany Mora A.
Monografía para optar por el título de Abogado
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
FACULTAD DE DERECHO
BOGOTÁ D.C,
3
2015
CONTENIDO
Pág.
INTRODUCCIÓN ______________________________________________________________ 6
OBJETIVOS ___________________________________________________________________ 9
OBJETIVO GENERAL _____________________________________________________________ 9
OBJETIVOS ESPECÍFICOS _________________________________________________________ 9
METODOLOGÍA _____________________________________________________________ 10
CAPÍTULO 1. MARCO DE REFERENCIA _______________________________________ 11
1.1 ANTECEDENTES ____________________________________________________________ 11
1.2 PROCESO DE PAZ Y JUSTICIA TRANSICIONAL _____________________________________ 19
1.3 PROCESO DE PAZ Y NEOINSTITUCIONALISMO HISTÓRICO __________________________ 28
CAPÍTULO 2. ANÁLISIS COMPARATIVO _______________________________________ 38
2.1 PROCESO DE PAZ DE EL SALVADOR ____________________________________________ 40
2.2 PROCESO DE PAZ DE GUATEMALA ______________________________________________ 46
2.3 PROCESO DE PAZ DE NICARAGUA ______________________________________________ 52
2.3 FINALIZACIÓN DE LOS 3 PROCESOS DE PAZ ______________________________________ 54
2.4 COMISIONES DE LA VERDAD ___________________________________________________ 55
2.4.1 EL SALVADOR ______________________________________________________________ 55
2.4.2 GUATEMALA _______________________________________________________________ 56
2.4.3 NICARAGUA _______________________________________________________________ 57
2.4.4 COMISIONES DE LA VERDAD EN LA REGIÓN ________________________________________ 58
2.5 LOS 3 PROCESOS DE PAZ DESDE EL NEOINSTITUCIONALISMO HISTÓRICO _____________ 68
CAPÍTULO 3. EL CONTEXTO DE LA JUSTICIA TRANSICIONA L Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN COLOMBIA ____________________________________________________ 83
3.1 MODELOS DE JUSTICIA ALTERNATIVA Y POLÍTICAS PÚBLICAS _____________________ 87
3.2 MECANISMOS DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA ___________________________________ 94
4
3.3 LECCIONES PARA APRENDER EN EL PROCESO DE PAZ COLOMBI ANO DE LOS TRES CASOS
CENTROAMERICANOS __________________________________________________________ 104
CONCLUSIONES FINALES ___________________________________________________ 108
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ____________________________________________ 116
5
LISTA DE TABLAS
Pág.
TABLA 1. AMNISTÍAS E INDULTOS EN COLOMBIA _____________________________ 18
TABLA 2. DIMENSIONES INSTITUCIONALES __________________________________ 34
TABLA 3. CRONOLOGÍA DEL PROCESO DE PAZ EN EL SALVA DOR _____________ 43
TABLA 4. CRONOLOGÍA DEL PROCESO DE PAZ EN GUATEMALA ______________ 49
TABLA 5. CRONOLOGÍA DEL PROCESO DE PAZ EN NICARAGUA _______________ 53
TABLA 6. ETAPA FINAL DE NEGOCIACIONES DE LOS 3 PAÍS ES _________________ 54
TABLA 7. COMPARACIÓN DE LAS COMISIONES DE LA VERDAD DE LA REGIÓN EN ORDEN CRONOLÓGICO ______________________________________________________ 59
TABLA 8. ELEMENTOS DE LOS 3 PROCESOS DE PAZ DESDE EL NEOINSTITUCIONALISMO HISTÓRICO _______________________________________ 71
TABLA 9. SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS ENTRE LOS TRES P ROCESOS DE PAZ DE CENTROAMÉRICA ___________________________________________________________ 76
TABLA 10. MODELOS PARA LA APLICACIÓN DE JUSTICIA _____________________ 90
TABLA 11. MODELO RETRIBUTIVO VS MODELO RESTAURATIVO ______________ 91
TABLA 12. MECANISMOS DE JUSTICIA RESTAURATIVA _______________________ 95
6
INTRODUCCIÓN
Los diálogos de paz que viene adelantando el gobierno colombiano con la guerrilla de las
FARC-EP durante estos últimos años han sido de gran controversia, tanto por parte de los
distintos sectores políticos, como de los representantes de las diferentes ramas del poder
público; el debate coyuntural presentado entre el Fiscal General de la Nación y el
Procurador, pone de manifiesto dos posiciones opuestas acerca de la salida jurídica ante
una posible desmovilización de las FARC-EP. Este es un debate institucional, académico,
y en general, un asunto de toda la sociedad que se está alineando ante el actual proceso de
paz, teniendo como trasfondo un próximo proceso electoral.
Esta iniciativa, que en la práctica es una reforma constitucional, tiene varias ópticas: en su
contra sólidos argumentos de quienes lo consideran como un mecanismo para la
impunidad, los que creen que lo realmente importante es el asunto de la justicia, la verdad
y la reparación de las víctimas, y otros más pragmáticos que están de acuerdo en que por la
paz hay que pagar un alto precio.
Resulta entonces necesario establecer los alcances de la aplicación del modelo de justicia
transicional en el desarrollo de las negociaciones de paz, indagando en primera instancia
sobre los procesos que anteceden esta nueva experiencia por la paz, y desde el punto de
vista institucional, determinando cómo se desarrolla este proceso dentro del marco
normativo de la justicia transicional y su aplicación como política pública para la paz.
Es importante tener en cuenta que la justicia transicional y el marco jurídico para la paz son
los referentes de acción jurídica con que cuenta el Gobierno para concluir el proceso de paz
con las guerrillas de las FARC-EP y muy probablemente con el ELN, y que la última
legislación expedida está enmarcada bajo el principal objetivo de la realización de la paz
como una de las formas bajo las cuales el Estado garantiza los derechos tanto a los
desmovilizados como de las víctimas del conflicto armado.
7
Recientemente, el Gobierno y la sociedad se han involucrado en la búsqueda de la paz. Los
diferentes intentos legislativos han desembocado en la ley 975 de 2005, norma que pretende
proveer al Estado de instrumentos claros y seguros para alcanzar la resolución del conflicto
armado, sin abandonar intereses socialmente fundamentales como lo son la verdad, la justicia
y la reparación de los daños infringidos durante décadas de violencia irracional e
injustificada (Procuraduría General de la Nación, 2010).
Sin embargo, es pertinente indagar si dicha normatividad es suficiente para los diálogos que
se vienen adelantando con la guerrilla de las FARC-EP, o si por la antigüedad de dicho
grupo insurgente y las acciones delincuenciales realizadas durante todo el tiempo que ha
llevado el conflicto armado requieren un tratamiento diferente.
El marco jurídico- político de estos diálogos está dado por la Ley de Justicia y Paz y
transcurren en medio de la aplicación de la política pública de Justicia Transicional. Surge
entonces así la pregunta central de esta monografía: ¿Cuáles son las condiciones adecuadas
para la implementación de la justicia transicional como herramienta para la paz dentro del
nuevo proceso de negociación que se adelanta con la guerrilla de las FARC- EP?
Hipotéticamente podría pensarse que sí resulta conveniente para el país y para sus
instituciones la implementación y aplicación de justicia transicional como mecanismo para
la paz, siempre y cuando se ajuste a las características atípicas del conflicto armado en
Colombia y genere realmente justicia cumpliendo a cabalidad con sus principios y objetivos
para lograr así un tránsito efectivo y satisfactorio hacia la democracia y la convivencia
pacífica, pero dadas las características del conflicto y de nuestros sistemas político y
cultural resulta necesario generar un marco para la paz exclusivo y único para Colombia
que se ajuste y responda a las características únicas del mismo, y que garantice una
verdadera satisfacción de las partes en cuanto a verdad, justicia, reparación y garantía de no
repetición.
8
Por lo tanto, la justificación de este trabajo monográfico se encuentra en la pertinencia e
importancia por tratarse de un tema del Derecho totalmente vigente, que exige
herramientas de análisis coyuntural como es el caso del enfoque del Nuevo
Institucionalismo Histórico –NHI -, tema que además resulta crucial si se tiene en cuenta
que se trata de un proceso de paz con el grupo armado más antiguo del conflicto y que ya
se adelanta en el marco de la Justicia Transicional.
La presente monografía se desarrolla en tres capítulos: el primer capítulo (marco de
referencia) da cuenta de los antecedentes directos (los anteriores procesos de negociación
de los distintos gobiernos colombianos en las últimas dos décadas) a la implementación de
la Ley de Justicia de Paz en Colombia, encuadrado en el concepto de justicia transicional y
bajo el enfoque del Nuevo Institucionalismo Histórico (Contextos histórico, económico,
social y político, y Arreglos institucionales). El segundo capítulo hace referencia a las
experiencias de justicia transicional en los países centroamericanos de El Salvador,
Nicaragua y Guatemala a través de un análisis comparativo de los procesos de paz llevados
a cabo en éstos países y la incidencia de las instituciones en los contextos y en los arreglos
institucionales. El tercer capítulo aborda el proceso de paz que actualmente está llevando a
cabo el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FAC-EP, desde el enfoque del
neoinstitucionalismo histórico, es decir, teniendo en cuenta “(…) los contextos
socioeconómicos y políticos… y los arreglos institucionales al interior del Estado”.
(Farfán, 2007, p. 87), y aborda también las distintas respuestas que el Estado colombiano
puede dar a través de sus políticas públicas en el marco del contexto ya mencionado.
Por último, se presenta un capítulo final que enseña las conclusiones y recomendaciones,
como producto del análisis efectuado desde el NIH (a partir de los contextos y de los
arreglos institucionales) frente a la aplicación del modelo de Justicia Transicional en el
marco del actual proceso de negociación con las FARC, con ellas se pretende dar respuesta
contundente a la pregunta central de esta monografía, y dar cuenta de las condiciones
necesarias para la implementación de instrumentos de justicia transicional, como
instrumento de política pública, que permitan la efectiva transición de un Estado en
conflicto a uno en condiciones de paz y convivencia perdurables.
9
OBJETIVOS
Objetivo General
Analizar, a partir del enfoque teórico-metodológico del nuevo institucionalismo histórico y
de forma comparativa, la incidencia de las instituciones de los contextos políticos, sociales
y económicos, y de los arreglos institucionales en el proceso de creación y consolidación
de la política pública de justicia transicional en Centroamérica (El Salvador, Guatemala y
Nicaragua) con el fin de establecer en Colombia su conveniencia como herramienta para la
paz, en el marco del proceso de negociación que se adelanta actualmente con la guerrilla de
las FARC-EP.
Objetivos Específicos
• Determinar la incidencia de las instituciones en los contextos y los arreglos
institucionales de los procesos de paz efectuados en los países centroamericanos de
El Salvador, Guatemala y Nicaragua a través de un análisis comparativo.
• Analizar la política pública de la justicia transicional en Colombia a la luz del nuevo
institucionalismo histórico (con énfasis en los contextos y en los arreglos
institucionales) y compararlo con los tres casos centroamericanos, teniendo en
cuenta la realidad del actual proceso de paz con las FARC-EP.
10
METODOLOGÍA
El presente trabajo, tiene en cuenta el enfoque del Neo-institucionalismo Histórico (NIH),
(el que se describe en el marco de referencia), mediante el cual se analizan inicialmente las
negociaciones de paz en Colombia, teniendo en cuenta los mecanismos usados para llevar a
cabo dichos procesos y se abordan las posiciones que han surgido a raíz del proceso de paz
que se está llevando a cabo entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC-EP.
Así mismo se comparan algunos precedentes en materia internacional (Centroamérica)
sobre los procesos de paz adelantados allí, teniendo en cuenta tanto los contextos
socioeconómicos como los mecanismos institucionales, para ponderar los resultados
obtenidos y compararlos con el caso colombiano.
Se hace uso de los métodos histórico y deductivo con los que se busca determinar las
características de los casos centroamericanos sobre procesos de paz que se tendrán en
cuenta en el estudio del presente proceso de paz colombiano. Al señalar las características
fundamentales de los procesos de paz y teniendo en cuenta el panorama nacional, con el
estudio de cada una de las posiciones, se concluye, con fundamento, cuál línea de acción
sería la más acertada a aplicar dentro del marco del proceso del actual proceso de paz.
11
CAPÍTULO 1. MARCO DE REFERENCIA
1.1 Antecedentes
La situación socialmente problemática que se constituye como centro de análisis de la
presente investigación, es el proceso de paz que se adelanta actualmente en Colombia con
la guerrilla de las FARC-EP, por lo tanto, resulta necesario, en primera instancia, indagar
sobre el conflicto armado en el país y su historial de procesos de negociación de paz para
establecer un marco de referencia preliminar que permita determinar los antecedentes
claves, punto de partida para avanzar en la consecución del objetivo de esta monografía.
En Colombia, desde hace más de cinco décadas, se viene desarrollando una confrontación
armada. Si bien, gran parte de los factores que se encuentran en las explicaciones sobre “los
orígenes de este conflicto” son de carácter socioeconómico no es el objeto de este
documento tratar de ahondar en la explicación de las causas del conflicto (Gilhodés, 1985)1.
Son décadas en las que Colombia viene afrontando una situación de violencia armada, en
donde participan grupos subversivos, grupos de autodefensa y ahora las llamadas “bandas
criminales” ligadas al narcotráfico y demás actividades ilícitas.
Es importante señalar que en Colombia se han llevado a cabo diferentes procesos de paz,
algunos de los cuales condujeron a la desmovilización y reinserción a la vida civil de
grupos alzados en armas, demostrando con esto que en un momento dado estos grupos ta
pueden constituirse como un actor político con el que se puede negociar, obviamente,
cuando se tiene disposición al diálogo y estatus político.
Se puede ubicar como inicio del conflicto armado, el surgimiento de las llamadas guerrillas
liberales durante el gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez (1946 – 1950), y la
1 Para Gilhodés son los factores políticos los que explican los años de La Violencia en Colombia. Los que también explican la posterior
conformación de grupos guerrilleros.
12
situación generada por el asesinato del candidato liberal Jorge Eliécer Gaitán en 1948 que
dio origen a un levantamiento popular conocido como "El Bogotazo", el cual es señalado
por diversos autores como el punto de partida del periodo conocido como la “violencia”, la
que en la actualidad perdura.
Durante la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla (1953 - 1957) se presentó un primer proceso
de amnistía a los rebeldes liberales, acompañado de un marco político que buscaba facilitar
la reintegración de los combatientes a la sociedad civil.
El gobierno buscaba con esto poner fin de una vez por todas a la violencia bipartidista que
tanto daño le había hecho a la sociedad y a la democracia colombiana. Se pretendía
desmovilizar a todos los grupos armados en conflicto y propiciar el diálogo político como
alternativa a la lucha armada.
El 13 de Junio de 1953, el entonces Teniente General Gustavo Rojas Pinilla sube al poder
mediante un golpe de Estado que derroca al presidente conservador Laureano Gómez. Rojas
Pinilla contó con el apoyo tanto de liberales como de conservadores, quienes cansados del
fenómeno de violencia generalizada por el que atravesaba el país, vieron en él la oportunidad
de un cambio. Aunque Rojas Pinilla amnistió y firmó la paz con guerrillas liberales, la
violencia no desapareció del todo sino que mutó hacia un conflicto con grupos guerrilleros de
corte marxista-leninista en su eje, grupos que con el tiempo se fortalecieron y pasaron a ser
los protagonistas principales de las etapas por venir del conflicto armado colombiano (Acuña,
2012).
Hacia el año de 1958 y con el objetivo de poner fin a la "Violencia”, los partidos Liberal y
Conservador pactaron una coalición llamada el Frente Nacional que alternaría el poder
entre ambos partidos por un período de 16 años. Durante los años ulteriores a La Violencia,
y después de la firma de los acuerdos que terminaron en el Frente Nacional, disminuyeron
en alto grado las confrontaciones y los niveles de esa violencia2.
2 Otra de las consecuencias del conflicto partidista fue el surgimiento de grupos armados en las zonas rurales denominados bandoleros,
de ambos partidos, personajes funestos como "Sangrenegra" o "Chispas", quienes no se acogieron a las treguas y amnistías,
convirtiéndose en terroríficos personajes.
13
(…) Sin embargo, algunos reductos de guerrilla y de autodefensas campesinas aparecieron en
diferentes zonas del país como Marquetalia (en el sur del departamento de Tolima), la región
del Aríari en los Llanos Orientales y el Sumapaz en el centro del país. Esas zonas empezaron
a ser llamadas “Repúblicas Independientes” y fueron fuertemente atacadas por el ejército y la
aviación en 1963, particularmente en Marquetalia.
Tras el retiro de los militares, los grupos de resistencias campesinas se reorganizan bajo el
nombre de Bloque Sur con el apoyo del Partido Comunista. Un año más tarde toman el
nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Es así como los grupos
de autodefensas campesinas del sur del departamento del Tolima, con el apoyo del Partido
Comunista, convocan en 1965 la Primera Conferencia Guerrillera. En esta conferencia, se
fijan como objetivos principales la subsistencia del movimiento y la transformación definitiva
a guerrillas móvil (Sánchez et al, marzo de 2003).
En 1965 surgió en Santander el ELN (ejército de liberación nacional) influenciado por la
revolución cubana y como un proceso de radicalización de algunos sectores del
Movimiento Revolucionario Liberal-MRL-. Su lanzamiento oficial ocurre con un ataque
contra el puesto de policía de la población de Simacota. Una fracción de la UC-ELN, la
Corriente de Renovación Socialista, firmaría un acuerdo de desmovilización con el
gobierno de César Gaviria en 1994.
A su turno, el EPL nació en la zona bananera del Urabá en 1968 y su accionar se extendió
por gran parte de la costa atlántica. Un sector importante del EPL firmó un acuerdo de paz
durante el gobierno de César Gaviria (marzo de 1991), para convertirse en el movimiento
Esperanza, Paz y Libertad.
Durante el gobierno de Belisario Betancur se inició un proceso de paz apoyado por una
reforma política para facilitar la realización de diálogos con los grupos insurgentes. Así, se
impulsó un proyecto de amnistía, que se convirtió en ley a finales de 1982. En este proceso
participaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo
(FARC-EP), el Ejército Popular de Liberación (EPL), el Movimiento 19 de Abril (M-19),
el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la llamada Autodefensa Obrera (ADO).
14
En el transcurso del gobierno de Virgilio Barco (1986-1990), se presentó la
desmovilización del Movimiento 19 de Abril - M-19-, que posteriormente se convertiría en
partido político con éxito en procesos democráticos de la Nación.
Con Cesar Gaviria se logró la desmovilización del Movimiento Armado Quintín Lame de
orientación indigenista en marzo de 1991 - época de la Asamblea Nacional Constituyente-
con la entrega de armas por parte de un importante número de combatientes de este grupo
en un acto realizado en Pueblo Nuevo, Jurisdicción de Caldono (Cauca). También se
intenta un diálogo con la llamada CGSB (Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar que
integraba a las FARC, el ELN y la disidencia del EPL). Se realizaron reuniones
preliminares en Cravo Norte (Arauca), donde se acordó el inicio de diálogos directos en
Caracas (Venezuela), los cuales fueron trasladados a Tlaxcala (México), pero dichos
diálogos se vieron frustrados entre otros, a causa del secuestro por parte del EPL del ex
ministro Argelino Durán Quintero, quien falleció durante su cautiverio.
El proceso de paz liderado por el ex-presidente Andrés Pastrana durante su mandato (1998-
2002) finalizó abruptamente el 20 de febrero de 2002 por el secuestro de un avión
comercial en el que viajaba un senador de la República, después de meses de
conversaciones infructuosas y el despeje de unos 42 mil kilómetros cuadrados de territorio
colombiano para el grupo guerrillero. Se cuenta como uno de los periodos más críticos en
cuanto a la confrontación con la guerrilla de las FARC debido a su crecimiento en número
y fortalecimiento militar.
En el primer período de Álvaro Uribe (2002-2006) se consolidó una política abierta de
confrontación con las guerrillas llamada seguridad democrática. Ante la falta de voluntad
política por parte de la guerrilla, el gobierno de Uribe decidió enfrentar de manera directa y
bélica a las FARC –EP con el propósito de derrotar militarmente al grupo guerrillero, para
lo cual se hizo uso de todos los instrumentos del Estado: la fuerza pública, la justicia y en
un alto grado el apoyo de la sociedad colombiana, lo cual permitió recuperar algunas zonas
del país consideradas bajo “dominio” de la guerrilla. Sin embargo, no se logró la paz por
15
esta vía y aunque se observó un gran debilitamiento de las FARC, no pudieron ser
derrotadas como se esperaba.
Paralelo a esta situación, se fortalecieron como nuevos actores del conflicto las AUC
(Autodefensas Unidas de Colombia) con sus diferentes bloques en diversas zonas de la
geografía nacional y se desató una guerra frontal entre estos grupos paramilitares y la
guerrilla, con una degradación de la guerra que dejó una espantosa huella sobre la
población civil en cientos de crímenes catalogados de lesa humanidad. Un conflicto
complejo de analizar no solo por su extensión en el tiempo, sino además sui géneris por
algunas de sus características: a). se extiende geográficamente por gran parte del territorio
nacional pero sin tener territorios dominados permanentes por parte de los actores ilegales,
y, b). por su asociación con el narcotráfico y otras formas criminales para financiarse.
Es, durante el gobierno de Álvaro Uribe, que se da la desmovilización de distintos frentes
de las autodefensas unidas de Colombia –AUC- como un proceso de amnistía, con cese de
hostilidades como condición para negociar, y con sometimiento a la justicia de aquéllas
personas que se desmovilizaron para determinar la mejor forma de incorporarlas en las
distintas actividades económicas, sociales y políticas del Estado colombiano. Ante un claro
vacío jurídico para respaldar las negociaciones, el gobierno propuso al Congreso de la
República el denominado proyecto de Ley de Alternatividad Penal, que sustituía la prisión
por penas alternativas, y que luego derivó en la Ley de Justicia y Paz:
Con la aprobación de la Ley de Justicia y Paz concluye un intenso proceso liderado, contra
viento y marea, por el Comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo y que comenzó cuando
presentó a mediados de 2003 al Congreso un proyecto de Ley de Alternatividad Penal que
sustituía la prisión por penas alternativas. Este fue considerado desproporcionalmente laxo
frente al perjuicio causado a víctimas de masacres como la de “El Salado” y fue archivado
(Revista SEMANA, 30 de julio de 2005).
16
Al tiempo que se dieron las desmovilizaciones de las AUC, surgieron y se fortalecieron
como parte del post-conflicto las denominadas “Bacrim” (Bandas Criminales)3, que
retomaron acciones de violencia en distintos departamentos, ocupando en muchos casos los
espacios dejados por los bloques paramilitares reinsertados, financiándose por acciones de
narcotráfico y delincuencia común y convirtiéndose en aliados estratégicos de la guerrilla
en tales actividades. Se destacan por su violento accionar “los Urabeños y los Rastrojos”,
entre otros.
A partir de 2012 se presentó una nueva propuesta de diálogos para la paz liderada por el
gobierno del presidente Juan Manuel Santos (2010 - 2014), la cual se ha venido
desarrollando en un contexto totalmente diferente, es decir, las FARC-EP presenta un
debilitamiento militar, al haber sido dados de baja sus principales cabecillas quienes hacían
parte del Secretariado, lo cual ha permitido generar un mayor acercamiento de éste grupo
insurgente al gobierno colombiano. Estos diálogos comenzaron en Oslo (Noruega) en la
primera quincena de octubre de 2012 y a la fecha continúan en La Habana (Cuba),
asimismo se encuentra en proceso la revisión por parte del legislativo el Marco Legal para
la Paz, otorgándole un marco constitucional a los mecanismos extrajudiciales de justicia
transicional.
El Presidente reiteró que no va a haber despeje de territorio y no hay cese de operaciones
militares: “Este acuerdo no es ya la paz, ni es un acuerdo final. Como ya lo dije es una hoja
de ruta que define los términos de discusión para llegar a ese acuerdo final. No tiene despejes
de territorio y no hay cese de operaciones militares” (El Tiempo, 13 de septiembre de 2013).
A diciembre de 2012 los negociadores del Gobierno y de las FARC recibieron propuestas
que la sociedad civil hizo para el proceso, las cuales fueron recogidas por las comisiones de
paz del Congreso y se espera sean tenidas en cuenta durante los diálogos que se adelantan
en Cuba. Para agosto de 2013 la Corte Constitucional dio vía libre al llamado Marco
3 Este conflicto pasó de ser una confrontación entre los grupos armados ilegales y el Estado Colombiano, a una contienda a la que se han
venido sumando nuevos actores (bandas delincuenciales cuyo accionar, hoy día, va más allá del control del poder local al control de
zonas económicas geoestratégicas, a expropiaciones ilegales de la tierra y los recursos naturales, con un trasfondo económico sustentado
en los negocios ilícitos del narcotráfico.
17
Jurídico para la Paz, una reforma constitucional, aprobada por el Congreso e impulsada
por el gobierno de Juan Manuel Santos, que entrega las herramientas legales para un
eventual acuerdo de paz con las guerrillas.
En el fallo, la Sala Plena del alto tribunal le dice al Congreso de la República que en las
normas que reglamenten el Marco Jurídico se debe establecer claramente que el Estado no
puede renunciar a sancionar las a los responsables de delitos de guerra, de lesa humanidad
o genocidio. En ese orden de ideas, aunque no se tocó la expresión "máximos responsables",
los magistrados advierten que todos los miembros de los grupos armados que hayan cometido
esos crímenes, sin importar si son o no jefes, deben ser investigados y castigados por la ley (El
tiempo, 28 de agosto de 2013).
En esta votación hubo magistrados que salvaron el voto, por considerar que el Marco
Jurídico para la Paz abre la puerta a la impunidad, argumentos que hacen parte de la
polarización social e institucional con respecto a la manera que debe ser llevado este
proceso de paz y que trae consigo interrogantes acerca de la viabilidad de su aplicación
como herramienta jurídico-política que posibilite vislumbrar el fin del conflicto armado en
nuestra nación y que será motivo de análisis más adelante.
La siguiente tabla contiene los diferentes actos legislativos con los cuales los gobiernos
abrieron la puerta a los diálogos de paz con los grupos armados al margen de la ley:
18
Tabla 1. Amnistías e indultos en Colombia
PERIODO NORMA OBSERVACIONES
Belisario
Betancur (1982-
1986)
Ley 35 de 1982 Amnistía general por delitos políticos o conexos
Ley 49 de 1985 Indulto, cesación de procedimiento, auto inhibitorio por
delitos políticos o conexos
Virgilio Barco
(1986-1990)
Ley 77 de 1989
Indulto, cesación de procedimiento, auto inhibitorio por
delitos políticos o conexos. Cobijó el acuerdo de paz con
el M-19. Decreto 206 de
1990
César Gaviria
(1990-1994)
Decreto 213 de
1991
Extinción de la pena y de la acción penal por delitos
políticos o conexos. Cobijó los acuerdos de paz firmados
con el PRT, con el EPL y con el MAQL.
Decreto 1943
de 1991
Indulto y amnistía. Cobijó el acuerdo de paz firmado con
los Comandos Ernesto Rojas del 20 de marzo de 1992
Ley 104 de
1993
Indulto, cesación de procedimiento, la resolución de
preclusión de la instrucción o la resolución inhibitoria.
Cobijó los acuerdos de paz firmados en 1994 con la
CRS, las Milicias Urbanas de Medellín y el Frente
Francisco Garnica de la Coordinadora Guerrillera.
Ernesto Samper
(1994-1998)
Ley 241 de
1995
Prorrogó y modificó la Ley 104 de 1993. Abrió la
posibilidad de otorgar beneficios jurídicos a los grupos
de autodefensa previo abandono voluntario de la
organización y la entrega a las autoridades
Andrés Pastrana
(1998-2002)
Ley 418 de
1999
Extinción de la pena y de acción penal por delitos
políticos y conexos
Álvaro Uribe
(2002-2010)
Ley 782 de
2002
Indulto por delitos políticos o conexos y a favor de
quienes abandonen voluntariamente sus actividades
como miembros de grupos armados al margen de la ley
Decreto 128 de
2003
Cesación de procedimiento, resolución inhibitoria y
resolución de preclusión por delitos políticos o conexos
Fuente: Guerrero, 2003.
19
1.2 Proceso de paz y Justicia Transicional
Proceso de paz es un intento para lograr un acuerdo que ponga fin a un conflicto -y sus
consecuencias-, que exige un esfuerzo para implementarlo desde las partes involucradas (el
Estado, los actores armados y la sociedad), mediante unas negociaciones (acuerdos para
discutir y dirimir diferencias en un marco establecido y/o concertado para tratar de
encontrar una solución a las mismas).
Un proceso de paz está comprendido por etapas o fases en tiempos, que pueden y deben ser
flexibles, en las que intervienen los actores involucrados en el mismo y en donde puede
haber participación de terceros de confianza para la mediación y la facilitación de los
diálogos, esto con el objetivo de alcanzar en un momento determinado acuerdos que
conlleven a la firma de pactos por consenso que permitan terminar con las situaciones de
violencia y enfrentamiento armado, lo que condesciende iniciar una etapa que permita –
ojalá, mas no es estrictamente necesario - superar las situaciones estructurales que
originaron el surgimiento del conflicto y enmendar los derechos que tienen las víctimas a la
verdad, justicia y reparación.
En los últimos tiempos en la esfera del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, se
ha vuelto recurrente el planteamiento del derecho a la verdad como un derecho humano
inalienable, a pesar de su falta de reconocimiento específico en tratados y convenios
internacionales, cuyo desarrollo se logra a partir de la doctrina y la jurisprudencia de
tribunales internacionales, principalmente por medio de dos importantes documentos
elaborados por la comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como son, “el
Conjunto de Principios para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la
lucha contra la impunidad” y los ” Principios y Directrices Básicos sobre el derecho a las
víctimas” (Naciones Unidas, 9 de abril de 2005), que ha conducido no solamente el
reconocimiento de la verdad como derecho de las víctimas y de la sociedad en General, cuya
protección es responsabilidad de los Estados, sino establecer los mecanismos a través de los
cuales se pretende su materialización, principalmente en aquellos lugares y momentos en los
que las sociedades afrontan procesos de transición a la democracia y/o a la paz o la
consecución de esta (Najar, 2009).
20
En función de los objetivos perseguidos por el proceso de paz en el caso colombiano, éste
va dirigido a la desmovilización y la reinserción a la vida civil de los grupos alzados en
armas, para lo cual necesita de las herramientas que proporciona la justicia transicional
como el conjunto de mecanismos e instituciones que permiten pasar de una situación de
conflicto a otra de convivencia pacífica e inclusión democrática.
Por lo tanto, la justicia transicional
…abarca toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una
sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de
que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación
(ONU, 2004).
Se entiende entonces que los mecanismos de la justicia transicional abordan la herencia de
violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario durante la
transición de una sociedad que se recupera de un conflicto o un régimen autoritario. Sus
principios básicos son: verdad, justicia y reparación.
Los objetivos que se persiguen con la implementación de los mecanismos judiciales y
políticos de justicia transicional son básicamente: los de fortalecer o instaurar el estado de
derecho; subsanar las heridas que surgen en la sociedad como resultado de las violaciones a
los derechos humanos; avanzar en los procesos de reconciliación garantizando los derechos
de las víctimas y de la sociedad a la verdad, a la justicia y a la reparación integral; reducir la
impunidad, proveer de justicia a las víctimas y responsabilizar a los culpables; descubrir la
justificación ideológica política, cultural y económica de la violencia y de los crímenes de
guerra para ofrecer a la sociedad la posibilidad de desmontar el sistema de valores
asociados a ella, y promover la eliminación de las causas de una situación de injusticia
social de carácter estructural que derive en sólidas garantías de no repetición de las
violaciones.
21
La protección de los derechos en escenarios de transición a la democracia supone la
adopción de mecanismos de justicia transicional basados en tres principios fundamentales:
el derecho a la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a la reparación (Joinet, 1997).
Por lo tanto, la justicia de transición exige de los Estados la búsqueda y difusión de la
verdad histórica, los programas de reparación integral para las víctimas -que no pueden ser
reducidos a una mera indemnización ni ser condicionados a la renuncia de otros derechos -,
y el diseño de modelos excepcionales de aplicación de justicia, que admitan la
flexibilización de principios como el de proporcionalidad e igualdad en materia penal y así
no pueden constituirse en paradigmas de impunidad.
Los procesos de justicia transicional buscan, ordinariamente, llevar a cabo una
transformación radical del orden social y político de un país, bien para reemplazar un estado
de guerra civil por un orden social pacífico, bien para pasar de una dictadura a un orden
político democrático (Uprimny, 2006).
La justicia transicional (…) es una herramienta para reglamentar, normatizar, y por ende,
ejecutar procesos que permitan establecer el paso de un estado de “violencia” a uno
“pacífico” en donde los ámbitos social, cultural, político y económico de los grupos
humanos que intervienen en tal proceso se ven afectados por una profunda transformación.
Esta justicia transicional tiene aplicaciones especiales y proviene de tratados y sistemas de
protección de los derechos humanos a escala nacional e internacional. Para el caso
colombiano este concepto se está aplicando para la solución del conflicto armado. Por lo
menos, así lo define la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, el Congreso en
el marco de la Ley de Justicia y Paz, y posteriormente la Ley 1448 de 2011 que busca la
reparación de las víctimas y la restitución de tierras y la Ley 1424 de 2011 que busca
fortalecer el proceso de desarme, movilización y reintegración.
Este tipo de justicia busca aplicar mecanismos que no necesariamente son retributivos sino
de restauración, y fortalecer el estado de derecho con normas que conduzcan a facilitar
escenarios de paz o donde no existan confrontaciones armadas. La reparación es un primer
22
paso para disminuir la brecha social como la materialización de medidas administrativas
(económica, tierras, etc.) debe ser de reparación simbólica y con garantías de no repetición.
Cuando cerca del 10% de la población ha sido victimizada, los esfuerzos institucionales
por repararlas deben iniciar antes que la confrontación llegue a su fin. Es un derecho de
las víctimas y un gran primer paso para la reducción de las ya mencionadas brechas
sociales tenido como los primeros pasos de inclusión social.
En el caso colombiano, esa necesidad de intentar encontrar fórmulas propias –sin perjuicio
de aprender de las deficiencias de otros procesos- es mayor, debido a obvias
particularidades de nuestro conflicto armado: referencias de diferentes procesos de paz
anteriores, que parecen marcar precedentes; presencia de diversos actores armados, lo cual
significa que las formas de justicia transicional tendrían lugar, mientras la guerra continúa,
lo cual sugiere incluso abandonar el uso de la categoría “justicia transicional” en
Colombia, al menos en la actual coyuntura, puesto que no estaríamos ni siquiera en una
transición a la paz.
No obstante, el hecho de que no exista una única fórmula para afrontar la transición no
significa que no existan parámetros básicos de la justicia transicional o en transición. En
efecto. durante las dos últimas décadas, con ocasión de los éxitos y fracasos de las
experiencias de transición, brevemente mencionadas4, se han generado una serie de consensos
internacionales en torno a los requerimientos básicos de la justicia en periodos de
transición(…) estos consensos se ven reflejados en informes y declaraciones de órganos de los
distintos sistemas de protección de los derechos humanos, así como en los tratados
internacionales, en la doctrina y jurisprudencia que desde hace años integran el corpus iuris
del derecho internacional público (Botero & Restrepo, 2005).
Una primera experiencia o un primer intento de justicia transicional efectivo se dio durante
el gobierno de Álvaro Uribe con la implementación de la Ley de Justicia de Paz (Ley 975
de 2005) y, ahora, con la Ley de Víctimas (Ley 1448 de 2011), las cuales sirven como
referencia ante las expectativas que dicha legislación ha generado tanto a los
4 Se refiere a América Latina, Europa del Este, Sudáfrica, Irlanda del Norte, la ex Yugoeslavia, Sierra Leona y Timor Oriental.NA.
23
desmovilizados como a las víctimas del conflicto armado para encontrar una solución
definitiva al conflicto armado que ahora incluirá seguramente además de las FARC al ELN.
Sin embargo, no cumplió con las expectativas de la sociedad, de la institucionalidad y son
varias múltiples las voces de descontento de la comunidad internacional. En lo atinente con
el paramilitarismo se frenó su accionar, se redujeron las estructuras, pero también se
descubrió que son redes criminales más complejas de delincuencia organizada
narcotraficante que iban más allá que por el poder local. El otro problema fue la extradición
de sus cabecillas individualizados, lo cual impidió que muchos de ellos continuaran su
colaboración con la justicia. Frente a delitos de lesa humanidad y a pesar de las penas
alternativas tampoco quisieron o pudieron contribuir a la verdad histórica de los hechos.
El Dr. Montealegre, Fiscal general de la nación, en entrevista para el programa
Controversias del Canal Capital considera que uno de los errores cometidos por la Ley de
Justicia y Paz ha sido:
…que todo el proceso de desmovilización trató de judicializarse, que todo el proceso penal
soportara todo el tema de verdad, justicia y reparación”. (…) Uno de los problemas fue
atender además un problema de masividad de los perpetradores, de delitos y de víctimas que
la justicia no estaba en capacidad de asumir ante un afrontamiento individual del problema.
Las violaciones masivas de derechos humanos se individualizó y la fiscalía no estaba
preparada en su infraestructura y se abordó como que si el problema radicaba en el actuar de
cada uno de los 20 mil desmovilizados.”. (…) un modelo de justicia transicional debe partir
de una transformación social muy fuerte, ser impulsado por la sociedad a través de diferentes
manifestaciones y expresiones sociales que buscan ese estado…nuestro modelo es sui generis
ya que el conflicto no ha llegado a su fin y no se percibe un ambiente de apoyo popular hacia
el proceso. Desde la expedición de la ley de justicia y paz tomo fuerza a nivel social, pero ya
había herramientas (La Controversia, 18 de febrero de 2013).
Según el senador de la República Roy Barreras (Panel 1, 21 de mayo de 2005), el marco para
la paz de iniciativa legislativa, se hizo con el objeto de resolver estos dilemas y cree que
por sí solo dirime el debate: ¿Hay o no impunidad, habrá participación política, a quiénes y
24
va dirigido, a quiénes no, quiénes están incluidos y quiénes no? El marco ofrece a los
actores armados una propuesta y viene desde la representación de los colombianos. Para el
congresista este marco presenta las siguientes características:
a) Los elementos de justicia transicional serán excepcionales y no permanentes.
b) Estos instrumentos tendrán como finalidad prevalente facilitar la terminación del
conflicto armado y lograr la paz.
c) Garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación y además pedir
perdón a las víctimas por parte de los victimarios (condición sine qua non).
d) Una ley estatutaria podrá autorizar que en el marco de un acuerdo de paz se dé un
tratamiento diferenciado para los distintos grupos al margen de la ley que hayan sido
parte en el conflicto armado interno y también para los agentes del estado (en relación
con su participación en el conflicto).
e) Mediante una ley estatutaria se establecerán elementos de Justicia transicional de
carácter judicial o extrajudicial que permita garantizar los deberes estatales de
investigación y sanción. La ley estatutaria define un dilema: no se aplica a los falsos
positivos, pues a su juicio no están relacionados con el conflicto armado.
f) No habrá amnistías generales, además la ley internacional no lo permite: en todos los
casos habrá investigación, sanción y pena.
De la misma manera, el Procurador General expresó su punto de vista al respecto durante el
debate sobre el Marco jurídico para la paz:
Claro que es necesaria la Justicia Transicional como un paso de la guerra a la paz., pero el
instrumento diseñado, el Marco para la paz, no responde a los estándares internacionales y
genera impunidad cuando plantea que serán los máximos responsables los que responderán y
aquellos podrían ser beneficiarios de la suspensión de la pena.
Los que no hayan actuado sistemáticamente serán amnistiados. Un elemento jurídico que
favorece a los victimarios y sacrifica a las víctimas. El preámbulo del Estatuto de Roma dice
que delitos de lesa humanidad no deben quedar impunes y exigen la judicialización. Las
25
convenciones firmadas por Colombia internacionalmente señalan que no pueden aducirse
decisiones internas para incumplir tratados internacionales.
Además señala: “que era necesario lograr un equilibrio entre la justicia retributiva y la
restaurativa, y que este era, precisamente, la justicia transicional”.
Para el Fiscal, “(…) el deber de investigar y acusar es ponderable y, cuando entra en
contradicción con un derecho fundamental como la paz, puede ser relativizado.
El Fiscal Montealegre le reprochó al Procurador el hecho de no tener en cuenta el concepto
de justicia restaurativa, que está consagrado en la Constitución como una alternativa válida.
Así, el debate entre el Fiscal General y el Procurador muestra las dos posiciones
antagónicas en torno a los criterios de selección que deberá reglamentar una ley estatutaria
para definir la aplicación concreta de la justicia transicional una vez se firme la paz. Se da
por descontado que el Estado tiene el deber de investigar y juzgar las graves violaciones a
los derechos humanos. Lo que no es claro es si esto implica que el Estado tenga que
investigarlo y juzgarlo todo, o si resulta admisible flexibilizar los estándares de justicia en
aras de alcanzar la paz, en el contexto de un proceso orientado a terminar el conflicto
armado.
Aunque se ha sugerido que se trata de una discusión sobre si habrá o no impunidad y si
realmente se judicializará a crímenes de lesa humanidad, en la práctica la diferencias están
centradas sobre el alcance del Estado para investigar, juzgar y sancionar las graves
violaciones a los derechos humanos cometidas en medio del conflicto armado, de cara a un
proceso de negociación: La del Procurador es una tesis maximalista, según la cual todas las
violaciones y todas las personas que hayan participado en su comisión minimalista, ligada a
la investigación y a la sanción penal hacia los máximos responsables. La postura del Fiscal,
defiende la fórmula del Marco para la Paz, apunta a que sean los casos más graves y
representativos los que pasen por el sistema judicial y que para los demás se prevean
alternativas distintas de la vía penal.
26
Otro de los puntos del debate es el concepto de justicia. Según Uprimny (2003): Un
planteamiento de justicia retributiva, dar a cada cual lo que se merece centrada
principalmente en el victimario, y dar un castigo adecuado y un concepto de Justicia
restaurativa (dar a cada cual lo que necesita).
Adicionalmente, se requiere tener claridad frente al concepto de justicia transicional, el cual
surgió en la segunda postguerra, dentro del derecho internacional y se demarcó en los
juicios de Nuremberg (Teitel, 2011); tiempo en el cual comenzó la evolución del concepto,
pues hasta entonces la justicia transicional era concebida solamente para situaciones de
extraordinarias de post-guerra. En la actualidad hay varios ejemplos de implementación de
justicia transicional, ya no tanto en el plano internacional, sino en el plano nacional y por lo
general se deriva de los conflictos armados internos. Así mismo, han surgido diferentes
tipos de justicia transicional como los perdones amnésicos, los perdones compensadores,
los perdones responsabilizantes y las transiciones punitivas (Uprimny, s.f.).
Para la implementación de la justicia transicional por parte de un Estado, en general, se
presupone la existencia de un conflicto actual o que se encuentre en la etapa de
postconflicto. Además, se debe tener como objetivo principal la verdadera reconciliación,
en donde deben ser atendidos los derechos de las víctimas (Ambos, 2009).
A modo de recapitulación, el conflicto armado en Colombia ha llegado a límites
insospechados, tanto en su duración, diversidad de actores, crueldad y consecuencias.
Desde finales de la década de 1940, los grupos insurgentes de origen partidista, liberales y
conservadores, agudizaron sus enfrentamientos como consecuencia del asesinato del líder
liberal Jorge Eliécer Gaitán; iniciándose así, uno de los conflictos más largos, sangrientos y
despiadados de la historia reciente de las naciones.
A través de las décadas, el conflicto social y partidista se ha visto influenciado por la
incorporación, por parte de los grupos armados de la ideología comunista, como
consecuencia del triunfo de la revolución cubana. Sin embargo, es en el año de 1952, en
27
Marquetalia, años antes de la revolución cubana, en el que se formó la organización armada
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), como respuesta a la
persecución estatal y al acecho de las Fuerzas Militares (F.F.M.M.), que pretendían
desmantelar y aniquilar a los cabecillas insurgentes. En los años siguientes, un golpe de
Estado y un acuerdo de dirigentes bipartidista, que establece un gobierno mixto de 16 años
de duración y de rotación en el poder ejecutivo, no fueron suficientes para acabar con la
violencia en el territorio nacional.
Años más tarde, el narcotráfico, entró en escena. En la década de 1970, los grandes flujos
de capital, provenientes de este negocio, permearon todas las esferas sociales,
administrativas y representativas del país. Esta realidad contribuyó a la consolidación
económica y armada de los grupos insurgentes, y dio lugar al surgimiento de grupos
antagonistas, organizados y que operaron como autodefensas al servicio de capitales
privados legales e ilegales. Los gobiernos de turno, buscaron por todos los medios
sancionar normas que les permitiese entablar acuerdos de no agresión y de paz con las
diferentes grupos armados que hicieron presencia en el territorio nacional.
Fue de esta manera, como se incorporó el conjunto de medidas judiciales y políticas
conocido como “justicia transicional”, que tiene como objetivo, servir de paliativo en la
“transición de una situación de violencia a un estado de paz”. Para la justicia transicional,
existen cuatro parámetros que deben cumplirse: verdad, justicia, reparación y garantía de no
repetición. Esta puede constituirse, a través de un proceso de paz y se configura con base en
un Marco para la Paz, que forje las bases de su ejecución, aprobado con antelación por el
Congreso de la República. Por su parte, el Neoinstitucionalismo Histórico, exige la
idoneidad de las instituciones y de quienes las representan, para de esta manera ser capaces
y congruentes con el planteamiento de las políticas sociales que se indican necesarias para
hacer efectivas las normas.
No deja de ser preocupante, el planteamiento que se tiene en Colombia con respecto a la
justicia transicional, a propósito del proceso de paz que el gobierno adelanta en la Habana,
Cuba con representantes de las FARC. Mientras distintas ONG, critican un posible
28
favorecimiento de la impunidad a raíz de las directrices de esta ley, existen otras visiones
como la del Procurador General de la Nación que esboza la posibilidad de que la ley
permita la impunidad y genere una justicia retributiva, es decir de indemnización sobre los
perjuicios causados a las víctimas del conflicto armado, pues se debe buscar, la reinserción
de la población insurgente a la vida civil, con los mismo derechos y obligaciones que los
demás ciudadanos colombianos. No obstante, puede contar con la libertad de priorizar las
investigaciones y levantar sanciones impuestas a los cabecillas del grupo armado ilegal que
negocie con el Estado. Surge entonces la gran duda acerca de la capacidad del Estado para
juzgar a todos y todo lo concerniente a la participación de la guerrilla en el conflicto
armado o la otra posibilidad, que consiste en que el Estado permita pasar por alto las
sanciones y condenas a dirigentes guerrilleros y autores de delitos de lesa humanidad a
cambio de que las víctimas y el país sepan la verdad de lo ocurrido en el interior del
conflicto.
1.3 Proceso de paz y Neoinstitucionalismo Histórico
Los diálogos de paz que vienen adelantando el gobierno colombiano y las FARC-EP en
estos dos últimos años han sido de gran controversia, por parte, tanto de los distintos
sectores políticos, como de los representantes de las diferentes ramas del poder público. Al
observar lo que traería el escenario del post-conflicto, y anteriormente, los nuevos
fenómenos que se han venido desarrollando después de la desmovilización de las AUC, da
la impresión de que implementación de las primeras normas de justicia transicional no
dieron los resultados esperados.
El objetivo de la Ley de Justicia y Paz, tal como lo indica el artículo 1° es: “(…) facilitar
los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de los
miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas
a la verdad, justicia y reparación.” (Congreso de la República de Colombia, 2005). El
marco jurídico para la paz, ha sido presentado ante el legislativo mediante el Acto
Legislativo 014/11S-094/11C, que adicionaría un nuevo artículo transitorio (art. 66) y
modificaría el artículo 122 de la Constitución Política de Colombia, teniendo como objetivo
29
la terminación del conflicto armado y el logro de la paz estable y duradera. Al ser
sancionado el Acto legislativo, sería un nuevo contexto bajo el cual se desarrollarían los
diálogos de paz, al ampliarse el concepto de justicia en el marco de la implementación de
justicia transicional y mantener el respeto por los derechos fundamentales de las víctimas
del conflicto armado. Por ello, se considera pertinente revisar las experiencias de la
implementación de la justicia transicional en algunos países centroamericanos como
Nicaragua, Guatemala y el Salvador.
A la vez, en el primer y segundo gobierno de Uribe Vélez (2002-2010) se inició un proceso
de negociación con los paramilitares, en el cual se dio la firma del Acuerdo de Santafé de
Ralito, siendo el compromiso para la desmovilización de dicho grupo al margen de la Ley,
en 2002 se dio el cese al fuego por parte de las autodefensas con Carlos Castaño, en 2003
se inició la desmovilización de las AUC con el bloque Nutibara y continúo de forma
gradual con los demás integrantes de dicho grupo durante el período 2002-2009, quienes
estuvieron amparados por la Ley de Justicia y Paz.
Por otra parte, es importante tener en cuenta el enfoque bajo el cual se realizará el análisis
de los diálogos de paz que actualmente lleva a cabo el gobierno colombiano, el cual se basa
en elementos del Neoinstitucionalismo Histórico (NIH), modelo que, de acuerdo como
Farfán Mendoza manifiesta “(…) es un enfoque capaz de explicar las políticas públicas
desde la perspectiva de otras disciplinas sociales, tales como la ciencia política y la
sociología (…) que reflexiona particularmente sobre la función de instituciones como los
grandes contextos socioeconómicos y políticos, las coaliciones políticas, las comunidades
de discurso y los arreglos institucionales al interior del Estado.” (2007, p. 87). Para el
objetivo de esta monografía, se tiene en cuenta dos de las cuatro dimensiones del NIH: 1).
los contextos y, 2). Los arreglos institucionales.
Todo ello permite tener distintos perspectivas del contexto bajo el cual se formulan e
implementan las políticas públicas. Por ende, el presente trabajo intenta ofrecer un modelo
de análisis basado en el papel de las instituciones como fundamento de la creación de las
30
políticas sociales: se reflexiona particularmente sobre la función de instituciones y las
dimensiones comentadas.
Desde dicho enfoque, Farfán Mendoza (2007) concibe las políticas públicas como:
(…) una función de instituciones previamente existentes, al interior del propio Estado, y que
son estructuras objetivas condicionantes de la acción de los individuos o grupos a través de
conjuntos de incentivos y sanciones, y que interactúan entre ellas para producir diversos
resultados (p. 94).
Adicionalmente, Farfán Mendoza (2007) plantea una serie de preguntas base para el
análisis de las políticas públicas desde el enfoque del neoinstitucionalismo histórico, así:
(…) ¿Cuáles son las funciones de las instituciones?, ¿por qué persisten y a quién beneficia?,
¿de qué manera condicionan las preferencias y las elecciones de los actores?, ¿cuáles son los
factores que influyen y determinan la creación y el cambio institucional y de qué manera? (p.
98).
Con el fin de poder realizar un análisis más claro, a continuación se indica lo que se
entiende por instituciones, orden institucional y actores sociales. El primero de éstos
conceptos Farfán Mendoza (2007) lo toma de Peter A. Hall, al definirlas como:
(…) los procedimientos formales e informales, las rutinas, las normas y las convenciones
incrustadas en la estructura organizacional de la sociedad política o economía política. Desde
esta perspectiva, las instituciones van desde las reglas de un orden constitucional o los
procedimientos ordinarios de la burocracia, hasta las convenciones que gobiernan el
comportamiento sindical o las relaciones banca-empresas.
En general, el institucionalismo histórico asocia las instituciones con las reglas o
convenciones promulgadas por la organización formal (1998:17). Asimismo, Farfán
Mendoza (2007) reconoce la existencia de un orden institucional en primer lugar en la
ocurrencia de:
31
“(…) grandes acontecimientos o procesos (económicos, políticos y sociales) (…) que
condicionan las políticas públicas; [en segundo lugar] encontramos a las distintas clases,
estratos, grupos sociales, asociaciones formales e informales e individuos de individuos,
grupos de presión, quienes actúan política y socialmente en coaliciones (…) Este orden
institucional actúa (…) sobre los factores que llevan a favorecer una política pública (…) Por
último, tenemos otro orden institucional (…) microsocial, a él pertenecen tanto los arreglos
institucionales al interior del Estado, como las llamadas comunidades de discurso (p. 101).
Igualmente, el autor en mención diferencia tres tipos de actores sociales entre: individuos o
grupos de la sociedad, el Estado y sus representantes. Indicando que éstos primeros tienen
una relación horizontal y buscan su interés individual o grupal; respecto a los
representantes del Estado indica que están investidos de una autoridad legal y por lo mismo
pueden imponer una decisión sobre el resto de los actores. Por su parte el Estado es una
institución llena de poder que tiene la capacidad de diseñar e implementar políticas
sociales, teniendo una obligatoriedad de cumplimiento por los demás actores sociales.
Es importante señalar algunos aspectos conceptuales para determinar la relación entre la
institucionalidad y una política para la paz, o mejor las condiciones institucionales para tal
fin. Con apoyo en Farfán se ve que, desde la óptica del neo institucionalismo histórico,
existe una posibilidad de análisis a través de varias disciplinas y se reconoce no solo la
existencia de un orden institucional que representa e imparte diferentes recursos de poder
sino a diferentes individuos y grupos actuando para transformar la estructura a través de los
procedimientos, convenciones y normas establecidas por esta misma. Es por ello que se
puede aseverar que en el neo-institucionalismo convergen diferentes enfoques que tratan
de dar cuenta de una definición de instituciones y de actores y la correspondencia entre
ellos para la transformación o el cambio que puede ser representado en políticas sociales
o políticas públicas.
En este caso, la resolución del conflicto armado por medio de un proceso de paz, que tiene
como eje central la justicia transicional como política de paz y la cual sitúa en debate la
32
articulación entre Estado, instituciones y sociedad. Ante esta hipótesis: ¿Es posible
separarlas o cómo integrar la distinción y la independencia entre ellas?
En este sentido, afirma Farfán que el neo-institucionalismo como concepto es encauzado
por James March y Johan Olsen, el cual abre nuevas perspectivas para la comprensión de la
dinámica de los procesos políticos. Para el neo-institucionalismo histórico es
imprescindible recurrir al estudio de los efectos de las instituciones, ya que estas
constituyen el marco que estructura el sistema en el que deben desenvolver las acciones
políticas, y de este modo contribuyen a que los actores depuren sus preferencias, y
formulen sus estrategias. Con este supuesto “particularmente nos ha resultado conveniente
adoptar el enfoque teórico-metodológico del llamado Nuevo Institucionalismo Histórico
(NIH), pues parece adecuado para abordar la problemática de determinar cómo es que
surgen y se institucionalizan las políticas sociales” (Farfán, 2007).
Dentro del contexto de la guerra, un propósito central para la formulación de una agenda de
paz demanda impulsar políticas públicas que no solo favorezcan disminuir la agudización
del conflicto sino que tenga en cuenta a aquellos sectores que puedan incidir directa o
indirectamente en el mismo, como se apreció en agosto de 2013 con el paro agrario en
diferentes zonas del país y mediante un gran descontento social. Una política de paz, en
pleno proceso de negociaciones debe ir acompañada de programas y procesos de
consolidación socioeconómica como los que se discuten actualmente: políticas de tierras,
fortalecimiento del sector rural, reforma a la salud, etc., de tal manera que una política
pública para la paz, resulta un imperativo ético para un Estado, para una sociedad y para
que cada individuo encuentre orientaciones sobre el bienestar colectivo.
Las dimensiones y la complejidad del problema expuesto previamente así lo ameritan.
El ambiente político determina la orientación y contenido de las políticas públicas, su
metodología y aplicación, pero la sociedad en su conjunto tiene la responsabilidad de
encontrar sus propias respuestas al respecto, y exigir al estado la generación de condiciones
para la realización de los derechos con enfoque plural e integral. No obstante, muchos son las
incertidumbres que deberá abordar un proceso de esta naturaleza, como su enfoque, alcance,
33
metodologías de realización, recursos y tiempos para la implementación, cuya decisión, hace
parte del mismo proceso de formulación de la política pública” (Martínez Zamora, 2011)5.
En cuanto a la definición de un concepto de políticas públicas son muchas las definiciones
que existen, ligados además a la evolución de la definición del mismo en el ámbito de las
ciencias políticas. Para el objeto de este estudio se toma de (Rodriguez, 2009) :
(…) una noción de políticas públicas hace referencia a la disciplina que tiene por objeto de
estudio la acción de las autoridades públicas en el seno de la sociedad. ¿Qué producen
quienes nos gobiernan, para lograr qué resultados, a través de qué medios?
Con Farfán encontramos una explicación en contexto, con arreglo a variadas visiones“ (…)
el neo institucionalismo histórico es un enfoque capaz de explicar las políticas públicas desde
la perspectiva de otras disciplinas sociales, tales como la ciencia política y la sociología”, lo
cual es un enfoque acorde a nuestro análisis teniendo en cuenta “(…)no solo el papel de las
instituciones como fundamento de la creación de las políticas sociales: se reflexiona
particularmente sobre la función de instituciones tales como los grandes contextos socioeco-
nómicos y políticos, las coaliciones políticas, las comunidades de discurso y los arreglos
institucionales al interior del Estado”.
Sin embargo, no deja de desconocerse desde la perspectiva del neo-institucionalismo
histórico el papel del individuo en la conformación de las instituciones:
Son los individuos los hacedores de políticas públicas sobre la base de preferencias que
expresan el interés y la identidad del estado: las instituciones en sus diversas instancias,
ejercen un cierto grado de condicionamiento o de restricción en el proceso de elección y de
innovación de las políticas, pero su origen es, a fin de cuentas, un resultado de la toma de
decisiones de los individuos o líderes políticos (Farfán, 2007).
5 Este es un Trabajo de grado presentado para optar el título de especialista de Acción Sin Daño y Construcción de Paz en la Universidad
Nacional de Colombia.
34
Las instituciones condicionan la capacidad de agencia, pero los actores políticos pueden
transformar a su vez la estructura institucional para adecuarla a los nuevos retos y a las
nuevas necesidades.
Por una parte hay un orden institucional correspondiente a grandes acontecimientos o
procesos (económicos, políticos y sociales) que influyen sobre la formación o el surgimiento
de las instituciones y que, por ello, condicionan las políticas públicas; se trata de fenómenos
cruciales, como la situación de una gran prosperidad económica o, por el contrario, de una
crisis, una guerra, una revolución o un proceso importante de reforma político-social.
Cualquiera de estos fenómenos es determinante para el éxito de una idea o de un proyecto que
aspira a convertirse en política institucionalizada (Farfán, 2007).
De esta manera se pueden considerar las Dimensiones Institucionales en dos niveles:
Tabla 2. Dimensiones institucionales
NIVEL MACROINSTITUCIONAL Grandes acontecimientos. Contextos
(económicos, políticos y sociales) que
influyen sobre la formación o el
surgimiento de las instituciones y que, por
ello, condicionan las políticas públicas; se
trata de fenómenos cruciales, como la
situación de una gran prosperidad
económica o, por el contrario, de una crisis,
una guerra, una revolución o un proceso
importante de reforma político-social.
Cualquiera de estos fenómenos es
determinante para el éxito de una idea o de
un proyecto que aspira a convertirse en
política institucionalizada.
Los grupos organizados. Las distintas clases,
estratos, grupos sociales, asociaciones formales e
informales de individuos, grupos de presión,
quienes actúan política y socialmente en
coaliciones de diversa índole establecidas
industriales, comerciantes, empresarios agrícolas
y terratenientes, financieros, obreros y campe-
sinos, etc., quienes se encuentran representados a
través de partidos políticos, grupos de presión,
sindicatos, o incluso en organismos in-
ternacionales, que en nuestros días desempeñan
un papel cada vez más importante dentro de las
fuerzas que influyen en la toma de decisiones de
los líderes políticos al frente de los gobiernos
nacionales.
NIVEL MICROINSTITUCIONAL Arreglos institucionales al interior del Comunidades de discurso. Las organizaciones
35
Estado. Los sistemas o procedimientos de
reclutamiento y de movilidad de las
burocracias y de la clase política de un país,
que son quienes ocupan ciertos cargos clave
dentro del aparato estatal.
encargadas de generar ideas o proyectos de
política pública a partir de los cuales los
tomadores de decisiones eligen, de acuerdo con
sus preferencias; aquí aparecen las asociaciones
de ideólogos o profesionales de las ideas que
establecen prescripciones sobre las políticas
gubernamentales: la academia y los académicos,
o bien los llamados think tanks, que de manera
expresa son creados por el poder gubernamental
para reflexionar sobre distintos aspectos de las
políticas públicas, incluso también ciertas
comisiones ad hoc establecidas para elaborar una
propuesta gubernamental concreta.
Fuente. Tomado de (Farfán, 2007).
Siempre se encontrará, en el análisis del NIH, las dos perspectivas o niveles:
macroinstitucional y microinstitucional; con lo cual, “para los institucionalistas históricos,
las instituciones proporcionan el contexto en el cual los actores políticos definen sus
estrategias y buscan sus intereses” (Bedoya, 2010).
Desde la perspectiva del modelo Teórico- analítico, desarrollado por el Dr. Guillermo
Farfán Mendoza, dentro del marco teórico del neo-institucionalismo histórico, los contextos
político y socio- económico explican la transformación de las políticas sociales al influir
sobre las preferencias y las ideas de los principales actores políticos, sobre los intereses y
por lo tanto sobre la configuración de las preferencias.
Ahora, al hablar de una solución al conflicto colombiano, no solo se ha de remitir a una
solución política para el fin del mismo, siempre estará presente la solución de los
problemas socioeconómicos, por esto, tampoco es posible referirse a una política pública en
la construcción de la paz, sino de una agenda de políticas públicas.
36
Por su parte, Los arreglos institucionales condicionan la toma de decisiones en el momento
de la creación, diseño o cambio de políticas dentro de las estructuras de la administración
gubernamental. Permiten o inducen la innovación de las políticas, pero para ser duraderas
requieren del apoyo de coaliciones políticas (Farfán, 2009, p. 44); de igual forma moldean
las relaciones de poder entre los actores sociales.
Se puede hablar de tres pasos para la construcción de los arreglos institucionales: 1). La
producción de las ideas por parte de los autores; 2). La selección de las ideas por parte de
las comunidades implicadas (productores, asociaciones, entre otros) y; 3). La
institucionalización mediante mecanismos rutinizados que reproducen la idea por medio del
establecimiento de tradiciones, opinión de medios, acceso a recursos, estímulos y
recompensas.
La función de los arreglos institucionales, es transferir las preferencias o ideas a los
tomadores de decisiones, y distribuir el poder entre los miembros de las coaliciones. El
cambio institucional es una transformación socio-económica que provoca cambio político
en las clases y en las alianzas sectoriales que a su vez produce transformaciones en el
sistema de partidos y en el régimen político, por lo tanto se crean nuevas instituciones y
arreglos políticos que toman una dinámica propia con una gran influencia sobre los
cambios políticos subsecuentes.
Se evidencia entonces, que a lo largo de la historia de Colombia, en cada uno de los
gobiernos de turno se ha buscado un acercamiento hacia los actores del conflicto, con
dificultades como en todo proceso, pero algo se ha conseguido, sin justificar las personas
caídas en el mismo y no siempre dirigido a las guerrillas, también se ha hecho a los
paramilitares, al narcotráfico, etc.
El que se está viviendo en la actualidad es un proceso garante y con mucho más
profesionalismo y con un marco Jurídico para la paz aprobado, lo quiere decir que no habrá
impunidad y no habrá indulto como en los anteriores; por eso es que, después del análisis y
37
los antecedentes demostrados anteriormente, se puede aseverar hay que este es un proceso
con mayor alcance que todos los anteriores procesos de paz en Colombia.
Hay que creer en este proceso, porque desde el principio se han y se siguen abordando
temas trascendentales para este país, siempre ha sido un libro abierto y para la muestra pues
esta la inclusión de todos los sectores, taxativamente nombrare algunos de ellos:
Económicos, Políticos, Gobierno, Militares… y lo más importante, situación que en
anteriores procesos de paz y de desmovilización no se había dado, simplemente se había
logrado la dejación de las armas y la desmovilización, situación que ha generado una
amplia impunidad, verbigratia la ley de Justicia y Paz, por la cual se desmovilizaron los
Grupos Paramilitares, con la que a la mayoría se le condenó a condenas irrisorias de 8 años
y muchos de aquellos siguieron delinquiendo desde cárceles, conformando en áreas rurales
y urbanas las llamadas bandas criminales.
En conclusión, este proceso incluye un marco jurídico para la paz, donde lo más importante
es que no habrá impunidad y por el contrario habrá Verdad, Justicia y Reparación, todo lo
anterior porque se encuentra muy bien referenciado, lo que incluye a todos los sectores y en
donde existe buena voluntad para llegar a feliz término.
38
CAPÍTULO 2. ANÁLISIS COMPARATIVO
El presente capítulo tiene como objeto realizar un análisis comparativo de los procesos de
negociación y paz llevados a cabo en los países centroamericanos de El Salvador,
Guatemala y Nicaragua, teniendo en cuenta diferencias y semejanzas, desde la perspectiva
de los contextos y los arreglos institucionales; así como también cotejar los procesos de
verdad adelantados en estos dos países junto con los casos de Chile y Argentina.
Para empezar, es importante señalar las singularidades y elementos comunes que se dieron
en los procesos de paz llevados a cabo en El Salvador, Guatemala y Nicaragua, y, en
general, en Centroamérica. La política internacional del momento estaba signada por la
guerra fría y la política de contención frente al “avance del comunismo”, direccionada por
el presidente Ronald Reagan quien asumió la presidencia de los Estados Unidos en enero de
1981, lo cual implicó el fortalecimiento y apoyo a las Fuerzas Armadas de los Gobiernos
aliados de los Estados Unidos (Guatemala, El Salvador y Honduras); de igual forma, desde
la Unión Soviética se generaba el respaldo a los movimientos revolucionarios en oposición
al capitalismo como ideología. Fue así, como las fuerzas rebeldes de izquierda y
directamente los gobiernos de Cuba y Nicaragua recibieron apoyos de diversas formas de
parte de esta potencia comunista.
De otro lado, hay que anotar un conjunto de comunes denominadores que obraron como
causas de los conflictos internos en Centroamérica y que se pueden clasificar dentro los
contextos políticos, económicos y sociales:
� Políticos. Exclusión en la participación política de varios segmentos de la población
y concentración del poder en las oligarquías y los militares. Al respecto comentan
Matul y Ramírez (s.f.):
La exclusión no era sólo económica, también era política en tanto no existían medios para un
ejercicio real y efectivo del poder político. El sistema político no democrático de Nicaragua y
Guatemala se basaba en la regulación coercitiva del descontento social, mediante el impulso
39
de tenues e insostenibles reformas sociales y el uso de la coacción como medio para impedir
la crisis sociopolítica (p. 10).
� Económicos: Desigualdades históricas en la distribución de la riqueza y de la
tierra. Matul y Ramírez (s.f.) describen la situación precedente:
Desde el siglo XIX, Guatemala y Nicaragua habían logrado plasmar un proyecto económico
que consistía en la exportación de una canasta limitada de bienes agrícolas al mercado
internacional. Las rentas generadas por esas actividades eran utilizadas, en gran medida,
para financiar la importación de bienes de consumo primario y de capital que no eran
producidos internamente. Política y económicamente, el modelo tendía a beneficiar a dos
sectores importantes: una oligarquía ligada a la exportación y un sector importador (p. 9).
� Sociales: Estos factores se manifestaron en las reivindicaciones, por ejemplo de
los indígenas de la Resistencia Nicaraguense (RN) y de los indígenas del Caribe
ante el gobierno Sandisnista de la época de los 80.
Entre 1983 y 1986 el llamado Grupo de Contadora inició un esfuerzo en favor de la paz en
la región. Dicho grupo diplomático, integrado por México, Venezuela, Colombia y Panamá
(que en 1985 se amplió con la participación de Perú, Uruguay, Argentina y Brasil) redactó
tres versiones del Acta de Paz, en consenso con los países directamente involucrados en la
crisis (Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, y Nicaragua). Esfuerzo que por lo
menos abrió algunos discretos canales de comunicación entre estas naciones.
Ante tal esfuerzo el Grupo de Contadora se encontró de frente con la oposición de los
Estados Unidos quien apoyaba la estrategia de la guerra contrainsurgente en la región
fundamentalmente en dos situaciones específicas: en Nicaragua, apoyando a los grupos
contrarrevolucionarios, en contra del Gobierno Sandinista de Nicaragua, y brindando total
respaldo al Gobierno y a las Fuerzas Armadas de El Salvador en la guerra contra el Frente
Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN).
40
2.1 Proceso de paz de El Salvador
El denominado grupo de Contadora es una muestra de cómo un mediador externo puede
favorecer un ambiente propicio para el diálogo y la negociación, sin el cual la paz en países
como El Salvador, no hubiera sido posible sin el respaldo de esta iniciativa.
Desde 1980, en El Salvador, se inició la guerra civil al enfrentarse la guerrilla del FMLN
(Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional) con el gobierno militarista del país.
En 1983, el Consejo de Seguridad aprobó una resolución en la que expresó su apoyo a las
actividades en pro de la paz del Grupo de Contadora (Colombia, México, Panamá y
Venezuela), que había iniciado una serie de consultas con los cinco países
centroamericanos. Entre 1984 y 1987 se realizaron los primeros encuentros (cuatro) de
diálogo exploratorio (sin resultados) entre el Gobierno y delegados del FMLN, con
mediación del Arzobispo de El Salvador, monseñor Arturo Rivera y Damas. En el último,
Ronda de la Nunciatura de octubre de 1987, se emitió un comunicado que expresaba la
voluntad de buscar un cese al fuego y de respaldar las decisiones tomadas por el Grupo de
Contadora. Fue una etapa de maduración y flexibilización de posiciones.
En 1986 es de destacar el Proceso de Esquipulas, que recogía el trabajo del Grupo de
Contadora, al que se unió el Grupo de Apoyo (Perú, Argentina, Brasil y Uruguay), con el
respaldo de la OEA y de la ONU. Entre 1987 y 1990, los presidentes centroamericanos
exhortaron a una salida política negociada En septiembre de 1989 se realizaron los
primeros buenos oficios del Secretario General de Naciones Unidas a partir de una solicitud
del presidente Cristiani y el FMLN realizada en México. El Secretario General nombró al
diplomático peruano Álvaro de Soto como su representante especial. En el acuerdo suscrito
en México entre el Gobierno y el FMLN se decidió entablar un proceso de diálogo con el
fin de poner fin al conflicto armado.
En noviembre de 1989, sin embargo, el FMLN lanzó una ofensiva general para demostrar
su fuerza, que fue contenida por las FFAA, por lo que ambas partes llegaron a la conclusión
de que estaban en una situación de empate mutuo a nivel militar. En abril de 1990 se
41
procedió a una reunión de diálogo en Ginebra, auspiciada por Naciones Unidas y en
presencia del Secretario General, donde se firmó un acuerdo que fijó el conjunto de normas
a seguir en el proceso de negociación y se estableció la voluntad de ambas partes de
alcanzar una solución negociada y política. Los objetivos eran terminar el conflicto armado
por la vía política, impulsar la democratización del país, garantizar el irrestricto respeto a
los derechos humanos y reunificar a la sociedad salvadoreña.
En mayo de aquel año se realizó una reunión en Caracas, donde se estableció la agenda
general de negociaciones y el calendario, estableciéndose dos fases: 1) acuerdos políticos
en varios campos que permitieran el cese del enfrentamiento armado; y 2) el
establecimiento de garantías y condiciones necesarias para la reincorporación del FMLN a
la vida civil, institucional y política del país. En julio se llegó al Acuerdo de San José
(Costa Rica) que establecía un compromiso de respetar los Derechos Humanos por parte de
ambas partes, y preveía el establecimiento de una misión de verificación de las NNUU
(futura ONUSAL), antes de lograrse el cese al fuego. En abril de 1991 se llegó a un
acuerdo en la ciudad de México, donde se dieron por finalizadas las negociaciones en lo
que respecta a tenencia de tierras y se incluyeron reformas constitucionales de orden
judicial, militar, electoral y de derechos humanos.
En septiembre hubo una intervención directa del Secretario General de la ONU, quien sentó
a las partes en Nueva York (Acuerdo de Nueva York) en una cumbre en la que acordaron
las garantías mínimas de seguridad para un cese al fuego, las cuales serían verificadas por
la naciente Comisión Nacional para la Consolidación de la Paz (COPAZ), compuesta por
todas las fuerzas políticas del país. En diciembre se realizaron unas negociaciones finales
en la sede de NNUU en Nueva York, y el 31 de diciembre se llegó a un acuerdo.
En enero de 1992 se proclamó una amnistía general y se firmó el Acuerdo de Paz de
Chapultepec, por el que se procedió a una modificación de las Fuerzas Armadas
(depuración de los oficiales implicados en la guerra sucia y reducción de los efectivos), la
creación de la Policía Nacional Civil, la disolución de los servicios de inteligencia militar,
la supresión de los cuerpos paramilitares, modificaciones del sistema judicial y la defensa
42
de los Derechos Humanos, la creación de una Comisión de la Verdad, modificaciones del
sistema electoral, transformación del FMLN en un partido político, adopción de medidas
económicas y sociales, y ampliación del mandato de ONUSAL (División Militar y
Policial). En febrero se produjo el cese del enfrentamiento armado y el inicio de la
desmovilización. En diciembre se legalizó el FMLN como partido político, y al día
siguiente se celebró oficialmente el fin definitivo del conflicto armado.
Los factores determinantes para la obtención de los acuerdos fueron varios: el anhelo de
paz del pueblo salvadoreño, los cambios de la derecha civil, la deslegitimación de las
Fuerzas Armadas, el asesinato de los seis sacerdotes jesuitas, el empate militar entre las
FFAA y el FMLN, la flexibilización de las posiciones, la mediación de Naciones Unidas, la
labor de los Países Amigos (España, México, Colombia y Venezuela), el papel positivo de
la Iglesia Católica y de la Comisión Nacional de Reconciliación, el nuevo escenario
geopolítico (fin del imperio soviético, derrota sandinista), la presión de los Estados Unidos
en la etapa final y la influencia del Grupo de Contadora. El proceso había durado diez años.
En este caso, se nos presenta además de la voluntad popular, al Grupo de Contadora y la
Organización de las Naciones Unidas como las instituciones fundamentales del inicio del
proceso de paz, destacable en una época donde la lucha ideológica entre Estado Unidos y la
extinta Unión Soviética marcaban el panorama político no solo de El Salvador sino de toda
la región centroamericana y ellos plantearon la hoja de ruta que debía seguir el proceso.
Después de esto acercamientos, el recrudecimiento de las acciones violentas de los actores
del conflicto involucrados y la aceptación de que estaba dispuestos a detener este conflicto,
la Iglesia Católica también decidió prestar su buenos oficios como institución para llevar a
buen término este proceso de paz.
Aquí ya se observa que estas tres instituciones marcaron la hoja de ruta desde 1983 hasta
1992, donde su influencia y vigilancia moldearon tanto las nuevas instituciones creadas
para resolver los problemas del posconflicto como la COPAZ y la estadía extendida de la
Misión de Observación de las Naciones junto con las comisiones de la verdad o sea
43
instituciones y procedimientos jurídicos basados en el derecho internacional, pero que se
crearon exclusivamente para este proceso durante sus 10 años de duración. La tabla 3
describe cronológicamente el proceso de paz salvadoreño.
Tabla 3. Cronología del proceso de paz en El Salvador
Década del 70 El Salvador empieza a mostrar grandes signos de deterioro social
acrecentada por la gran brecha entre ricos y pobres, sumado a la creciente
tensión de la guerra fría que se trasladó a los países centroamericanos en
este año surgen las fuerzas populares de Liberación Farabundo Martí.
1980 Inició la guerra civil, que causó aproximadamente 75.000 muertos, al
enfrentarse la guerrilla del FMLN al gobierno militar y represivo del país
1983 El Consejo de Seguridad aprobó una resolución en la que expresó su
apoyo a las actividades en pro de la paz del Grupo de Contadora
(Colombia, México, Panamá y Venezuela), que había iniciado una serie
de consultas con los cinco países centroamericanos
1984-1987 Se realizaron los primeros encuentros (cuatro) de diálogo exploratorio
(sin resultados) entre el Gobierno y delegados del FMLN, con mediación
del Arzobispo de El Salvador, monseñor Arturo Rivera y Damas.
1986 Proceso de Esquipulas, que recogía el trabajo del Grupo de Contadora, al
que se unió el Grupo de Apoyo (Perú, Argentina, Brasil y Uruguay), con
el respaldo de la OEA y de la ONU.
1987(octubre) En la última, Ronda de la Nunciatura, se emitió un comunicado que
expresaba la voluntad de buscar un cese al fuego y de respaldar las
decisiones tomadas por el Grupo de Contadora. Fue una etapa de
maduración y flexibilización de posiciones.
1989 (septiembre) Se realizaron los primeros acercamientos del Secretario General de
Naciones Unidas a partir de una solicitud del presidente Cristiani y el
FMLN en México. El Secretario General nombró al diplomático peruano
Álvaro de Soto como su representante especial. En el acuerdo suscrito en
México entre el Gobierno y el FMLN se decidió entablar un proceso de
44
diálogo con el fin de poner fin al conflicto armado.
1989 (noviembre) El FMLN lanzó una ofensiva general para demostrar su fuerza, que fue
contenida por las FFAA, por lo que ambas partes llegaron a la conclusión
de que estaban en una situación de empate mutuo a nivel militar.
1990 (abril) Se procedió a una reunión de diálogo en Ginebra, auspiciada por
Naciones Unidas y en presencia del Secretario General, donde se firmó
un acuerdo que fijó el conjunto de normas a seguir en el proceso de
negociación y se estableció la voluntad de ambas partes de alcanzar una
solución negociada y política. Los objetivos eran terminar el conflicto
armado por la vía política, impulsar la democratización del país,
garantizar el irrestricto respeto a los derechos humanos y reunificar a la
sociedad salvadoreña
1990 (mayo) Reunión en Caracas, donde se estableció la agenda general de
negociaciones y el calendario, estableciéndose dos fases: 1) acuerdos
políticos en varios campos que permitieran el cese del enfrentamiento
armado; y 2) el establecimiento de garantías y condiciones necesarias
para la reincorporación del FMLN a la vida civil, institucional y política
del país
1990 (julio) Se llegó al Acuerdo de San José (Costa Rica) que establecía un
compromiso de respetar los Derechos Humanos por parte de ambas
partes, y preveía el establecimiento de una misión de verificación de las
NNUU (futura ONUSAL), antes de lograrse el cese al fuego.
1991 (abril) Se llegó a un acuerdo en la ciudad de México, donde se dieron por
finalizadas las negociaciones en lo que respecta a tenencia de tierras y se
incluyeron reformas constitucionales de orden judicial, militar, electoral
y de derechos humanos. Se creó la Comisión de la Verdad para
investigar los graves hechos de violencia ocurridos desde 1980. La
Comisión recibió más de 22.000 denuncias
45
1991 (mayo) Se aprobó la Resolución 693 del Consejo de Seguridad para la formación
de la Misión de Observadores de las Naciones Unidas para el Salvador
(ONUSAL), con el mandato inicial de verificar el cumplimiento de los
Acuerdos de Derechos Humanos de San José. Posteriormente ampliaría
su mandato. La Misión tenía un triple componente: una División de
Derechos Humanos, otra Militar y una de Observadores Policiales.
1991 (septiembre) Intervención directa del Secretario General de la ONU, quien sentó a las
partes en Nueva York (Acuerdo de Nueva York) en una cumbre en la que
acordaron las garantías mínimas de seguridad para un cese al fuego, las
cuales serían verificadas por la naciente Comisión Nacional para la
Consolidación de la Paz (COPAZ), compuesta por todas las fuerzas
políticas del país.
1991 (diciembre) Negociaciones finales en la sede de NNUU en Nueva York, y el 31 de
diciembre se llegó a un acuerdo.
1992 (enero) Se proclamó una amnistía general y se firmó el Acuerdo de Paz de
Chapultepec, por el que se procedió a una modificación de las Fuerzas
Armadas (depuración de los oficiales implicados en la guerra sucia y
reducción de los efectivos), la creación de la Policía Nacional Civil, la
disolución de los servicios de inteligencia militar, la supresión de los
cuerpos paramilitares, modificaciones del sistema judicial y la defensa de
los Derechos Humanos, la creación de una Comisión de la Verdad,
modificaciones del sistema electoral, transformación del FMLN en un
partido político, adopción de medidas económicas y sociales, y
ampliación del mandato de ONUSAL (División Militar y Policial).
1992 (febrero) Se produjo el cese del enfrentamiento armado y el inicio de la
desmovilización. En diciembre se legalizó el FMLN como partido
político, y al día siguiente se celebró oficialmente el fin definitivo del
conflicto armado.
Fuente. Adaptado de (Macias, 2002)
46
Los factores determinantes para la obtención de los acuerdos fueron varios: el anhelo de
paz del pueblo salvadoreño, los cambios de la derecha civil, la deslegitimación de las
Fuerzas Armadas, el asesinato de los sacerdotes jesuitas, el empate militar entre las FFAA
y el FMLN, la flexibilización de las posiciones, la mediación de Naciones Unidas, la labor
de los Países Amigos (España, México, Colombia y Venezuela), el papel positivo de la
Iglesia Católica y de la Comisión Nacional de Reconciliación, el nuevo escenario
geopolítico (fin del imperio soviético, derrota sandinista), la presión de los Estados Unidos
en la etapa final y la influencia del Grupo de Contadora. El proceso había durado diez
años.
2.2 Proceso de paz de Guatemala
Como en muchos procesos de paz, el de Guatemala necesitó muchos años, más de una
década, para transformar los primeros acercamientos en el acuerdo firmado en 1996.
En cuanto al proceso de Guatemala, éste necesitó muchos años para materializarse. Los
orígenes se remontan a 1983, cuando Colombia, México, Panamá y Venezuela formaron el
Grupo de Contadora, con el propósito de estimular cambios democráticos en la región
centroamericana y generando, en breve tiempo, una presión regional a favor de la paz en
Centroamérica. Contadora es un ejemplo de cómo un factor externo puede convertirse en
un detonante favorable al logro de un ambiente propicio para el diálogo y la negociación,
hasta el punto de que la paz en Guatemala, pero también en El Salvador y Nicaragua, no
hubiera existido sin el concurso de esta iniciativa.
La presión regional coincidió, además, con los primeros pasos dados poco después en el
interior del país a favor de la civilidad. Guatemala arrastraba largos año de conflicto y de
militarización, y no fue hasta 1984 que los militares guatemaltecos dieron las primeras
muestras de acceder al traspaso de poderes hacia manos civiles, que se concretarían en las
elecciones presidenciales de 1985, ganadas por Vinicio Cerezo, presidente que daría origen
a la transición democrática esperada tras años de dictadura militar. Cerezo fue quien inició
los primeros acercamientos con la guerrilla, concretamente en España y en la sede de la
47
embajada guatemalteca, en una primera exploración sobre la predisposición de la guerrilla
URNG para iniciar un proceso de negociación.
Aunque en aquel momento no se daban las condiciones propicias, el encuentro fue decisivo
para iniciar un proceso de maduración que daría sus resultados años después. En todo caso,
sin el coraje para realizar este primer encuentro y la visión de futuro del presidente Cerezo,
la paz no se hubiera conseguido en Guatemala.
En 1986 y 1987 se produjo de nuevo un empuje regional con los Acuerdos de Esquipulas I
y II, con el lema de “paz por democracia”. Fruto de estos encuentros fue la creación en
Guatemala de la Comisión de Reconciliación Nacional, que en los años siguientes jugaría
un papel destacado en el logro de la paz. En paralelo fructificaron los grupos sociales y
religiosos a favor de la paz, en lo que sería el sello de marca de la experiencia
guatemalteca: el aporte decisivo de su sociedad civil, en una implicación que pocos
procesos de paz han tenido. En aquella época fue decisiva igualmente la aportación de una
persona, el pastor luterano estadounidense Paul Wee, ex secretario general de la Federación
Mundial Luterana, cuyos buenos oficios permitieron los primeros acercamientos entre la
URNG y los militares.
En 1990, se inició un proceso sumamente trascendente que recibió el nombre de “Consultas
de Oslo”, al celebrarse en aquella ciudad una primera reunión de la URNG con la Comisión
Nacional de Reconciliación (CNR), consolidando a Noruega como uno de los países más
activos en la diplomacia de la paz. Este encuentro inauguró una serie de reuniones entre
delegados de la CNR y la URNG en diferentes países. Se celebró un encuentro el El
Escorial (España) con presencia de los partidos políticos, otro en Ottawa (Canadá) con el
sector empresarial, otro en Quito (Ecuador) con grupos religiosos, otro en Metepec
(México) con sectores populares y sindicales, y un último en Atlixco (México) con
organizaciones docentes, pequeños empresarios y colegios universitarios.
Estas reuniones crearían las bases para que, en 1991, se iniciara la negociación directa entre
la URNG y el Gobierno, que duraría cinco años. El presidente Serrano, que había sustituido
48
a Cerezo, lanzó una iniciativa para la Paz Total que permitió la firma, en el mes de abril, de
un acuerdo en México con una agenda negociadora de once puntos, en el que los
principales capítulos eran el fortalecimiento de la sociedad civil y la función del ejército,
los pueblos indígenas, la reforma constitucional y el régimen electoral, el reasentamiento de
la población desplazada, las condiciones socioeconómicas, y la reforma agraria. En julio se
celebró una segunda ronda de negociación, en Querétaro (México) en la que se trataron los
principios para la democratización del país. Como se observará, el proceso guatemalteco
tuvo un importante desarrollo desde el exterior del país.
En 1993, bajo la presidencia de Ramiro de León, se iniciaron las reformas institucionales de
Guatemala, y la Comisión Nacional de Reconciliación dejo de funcionar. Se creó, no
obstante un Fondo Permanente de la Paz, en el que se daba voz a la sociedad civil, y al
finalizar el año se iniciaron las negociaciones más formales con la URNG, después de
varios “encuentros ecuménicos” organizados por el Pastor Paul Wee. Al año siguiente se
realizaron rondas de negociación en México y se inició la mediación de la ONU, con el
Acuerdo Marco para la Reanudación de las Negociaciones, con una serie de rondas que
durarían hasta el acuerdo final de 1996. Se puso en marcha la figura de “países amigos”,
conformada por Colombia, México, Noruega, España, Estados Unidos y Venezuela, que
darían apoyo diplomático y económico al proceso. Naciones Unidas creó la MINUGUA
(Misión de Naciones Unidas en Guatemala), cuya misión verificadora duraría hasta el 2004,
y en marzo se firmó el importante Acuerdo sobre Derechos Humanos entre el Gobierno y la
URNG, siendo de destacar que este acuerdo se firmó sin un alto el fuego, es decir, en medio
de las hostilidades, pero con el propósito de “humanizar” la guerra.
Se acordó solicitar la creación de una Asamblea Permanente de la Sociedad Civil (ASC),
que se creó en abril y que duró hasta 1996, con el mandato de debatir las materias de fondo
abordadas en las negociaciones bilaterales. El proceso de Guatemala aportó, con la ASC, un
modelo de participación ciudadana sumamente enriquecedor, siendo de los procesos donde
la sociedad civil ha tenido más posibilidades de incidir en la mesa de negociación,
concretamente bajo un esquema de funcionamiento por el que se nombraron diez delegados
49
por cada sector social representado, que adoptaban propuestas de “mínimo denominador
común” para ser trasladadas a la mesa negociadora.
En 1996, finalmente, se firmó el acuerdo final de paz que puso fin a 36 años de conflicto
armado. Constó de 13 acuerdos y 300 compromisos, que no se llegaron a cumplir en su
totalidad, en parte porque eran demasiado ambiciosos y en parte porque se perdieron un
referéndum de 1999 que tenía que ratificar algunos. Guatemala es, pues, un proceso
criticado por considerarse con excesivas aspiraciones, poniendo sobre la mesa el dilema de
si es mejor un acuerdo menos ambicioso pero realista, o lo contrario. En cualquier caso, el
acuerdo puso fin a la violencia armada y permitió que años más tarde, ya en el 2007, se
creara una Comisión Internacional contra la Impunidad. El proceso de paz duró once años.
La Tabla 4 describe la evolución del proceso de paz.
Tabla 4. Cronología del proceso de paz en Guatemala
1983 Colombia, México, Panamá y Venezuela formaron el Grupo de
Contadora, con el propósito de estimular cambios democráticos en la
región centroamericana y generando, en breve tiempo, una presión
regional a favor de la paz en Centroamérica.
1984 La presión regional coincidió, además, con los primeros pasos dados poco
después en el interior del país a favor de la civilidad. Guatemala
arrastraba largos año de conflicto y de militarización, y no fue hasta 1984
que los militares guatemaltecos dieron las primeras muestras de acceder
al traspaso de poderes hacia manos civiles.
1985 Elecciones presidenciales de 1985, ganadas por Vinicio Cerezo,
presidente que daría origen a la transición democrática esperada tras años
de dictadura militar. Cerezo fue quien inició los primeros acercamientos
con la guerrilla, concretamente en España y en la sede de la embajada
guatemalteca, en una primera exploración sobre la predisposición de la
guerrilla URNG para iniciar un proceso de negociación.
50
1986 – 1987 Se produjo de nuevo un empuje regional con los Acuerdos de Esquipulas
I y II, con el lema de “paz por democracia”. Fruto de estos encuentros fue
la creación en Guatemala de la Comisión de Reconciliación Nacional,
que en los años siguientes jugaría un papel destacado en el logro de la
paz. En paralelo fructificaron los grupos sociales y religiosos a favor de la
paz, en lo que sería el sello de marca de la experiencia guatemalteca: el
aporte decisivo de su sociedad civil, en una implicación que pocos
procesos de paz han tenido.
1989 Gran diálogo nacional.
1990 Se inició un proceso sumamente trascendente que recibió el nombre de
“Consultas de Oslo”, al celebrarse en aquella ciudad una primera reunión
de la URNG con la Comisión Nacional de Reconciliación (CNR),
consolidando a Noruega como uno de los países más activos en la
diplomacia de la paz. Este encuentro inauguró una serie de reuniones
entre delegados de la CNR la URNG en diferentes países. Se celebró un
encuentro el El Escorial (España) con presencia de los partidos políticos,
otro en Ottawa (Canadá) con el sector empresarial, otro en Quito
(Ecuador) con grupos religiosos, otro en Metepec (México) con sectores
populares y sindicales, y un último en Atlixco (México) con
organizaciones docentes, pequeños empresarios y colegios universitarios
1991 Se inicia la negociación directa entre la URNG y el Gobierno, que duraría
cinco años. El presidente Serrano, que había sustituido a Cerezo, lanzó
una iniciativa para la Paz Total que permitió la firma, en el mes de abril,
de un acuerdo en México con una agenda negociadora de once puntos, en
el que los principales capítulos eran el fortalecimiento de la sociedad civil
y la función del ejército, los pueblos indígenas, la reforma constitucional
y el régimen electoral, el reasentamiento de la población desplazada, las
condiciones socioeconómicas, y la reforma agraria.
1991(julio) Se celebró una segunda ronda de negociación, en Querétaro (México) en
la que se trataron los principios para la democratización del país. Como
se observará, el proceso guatemalteco tuvo un importante desarrollo
51
desde el exterior del país.
1993 Bajo la presidencia de Ramiro de León, se iniciaron las reformas
institucionales de Guatemala, y la Comisión Nacional de Reconciliación
dejo de funcionar. Se creó, no obstante un Fondo Permanente de la Paz,
en el que se daba voz a la sociedad civil, y al finalizar el año se iniciaron
las negociaciones más formales con la URNG, después de varios
“encuentros ecuménicos” organizados por el pastor Paul Wee.
1994-1996 Al año siguiente se realizaron rondas de negociación en México y se
inició la mediación de la ONU, con el Acuerdo Marco para la
Reanudación de las Negociaciones, con una serie de rondas que durarían
hasta el acuerdo final de 1996. Se acordó solicitar la creación de una
Asamblea Permanente de la Sociedad Civil (ASC), que se creó en abril y
que duró hasta 1996, con el mandato de debatir las materias de fondo
abordadas en las negociaciones bilaterales.
1996 Se firmó el acuerdo final de paz que puso fin a 36 años de conflicto
armado.
1996-2004 Se puso en marcha la figura de “países amigos”, conformada por
Colombia, México, Noruega, España, Estados Unidos y Venezuela, que
darían apoyo diplomático y económico al proceso. Naciones Unidas creó
la MINUGUA (Misión de Naciones Unidas en Guatemala), cuya misión
verificadora duraría hasta el 2004, y en marzo se firmó el importante
Acuerdo sobre Derechos Humanos entre el Gobierno y la URNG, siendo
de destacar que este acuerdo se firmó sin un alto el fuego, es decir, en
medio de las hostilidades, pero con el propósito de “humanizar” la guerra.
2007 Se crea una Comisión Internacional contra la Impunidad.
Fuente. Adaptado de (Macias, 2002)
En el proceso guatemalteco es de señalar el aporte decisivo del pastor luterano
estadounidense Paul Wee, ex secretario general de la Federación Mundial Luterana, cuya
intermediación permitió los primeros acercamientos entre las fuerzas armadas y la URNG.
52
Se ha comparado el aporte del pastor luterano mencionado con el Nelson Mandela en
Suráfrica.
El proceso de Paz en Guatemala aportó, con la Asamblea de la Sociedad Civil un modelo
de participación ciudadana muy enriquecedor, un ejemplo en donde la sociedad civil ha
tenido la posibilidad de participar directamente en la mesa de negociación, a partir de
delgados representativos de los sectores sociales cuyas propuestas eran transmitidas a la
mesa negociadora. Respecto al proceso de paz de ambos países, tanto Salvador como
Guatemala requirieron de un proceso lento y dispendioso.
El acuerdo final constó de 13 acuerdos y más de 300 compromisos, que no se llegaron a
cumplir en su totalidad, en parte porque eran demasiado ambiciosos y en parte porque se
perdió el referéndum de 1999 que tenía como fin ratificarlos. El proceso de paz de
Guatemala duró once años.
2.3 Proceso de paz de Nicaragua
En este país, las negociaciones de paz se dieron básicamente por dos acontecimientos: 1).
La casi derrota militar del Gobierno Revolucionario del Frente Sandinista de Liberación
Nacional (FSLN) por parte de las fuerzas contrarrevolucionarias, auspiciadas por Estados
Unidos; 2). La presión interna y regional para llegar a acuerdos con los movimientos
indígenas como la RN y los indígenas del Caribe. La tabla 5 presenta la evolución del
proceso de paz en Nicaragua:
53
Tabla 5. Cronología del proceso de paz en Nicaragua
1978-1979 Guerra civil. Fue derrocado el Presidente Anastasio Somoza Debayle por
la Revolución de la guerrilla Sandinista en 1979.
1980 Inició la guerra contrainsurgente financiada por los EE.UU. Las clases
dominantes comenzaron una oposición política férrea al Sandinismo.
1983 Se conformó y comenzó el grupo Contadora (México, Colombia,
Panamá, Venezuela) con el objetivo de crear el escenario adecuado para
las negociaciones de paz de Centroamérica.
1986 Comenzó la participación y mediación del grupo de Contadora, a través
de la iniciativa Esquipulas I. Cuatro fueron los puntos esenciales para
viabilizar el acuerdo de paz en Nicaragua y los de la región
centroamericana:
1. La institucionalización de las reuniones de Presidentes
Centroamericanos.
2. Se asumió el cumplimiento pleno con todos los compromisos y
procedimientos establecidos en el “Acta de Contadora”.
3. Se creó el Parlamento Centroamericano.
4. Se expresó la voluntad política de revisar, actualizar y dinamizar
los procesos de la integración económica y social de la región.
1985-1987 Desarme de los grupos indígenas. Acuerdos entre el gobierno Sandinista
y los pueblos indígenas de Nicaragua. Creación de las “Comisiones de
Paz y Autonomía”.
1987 Diálogos y negociaciones del Gobierno Sandinista con los grupos
“contrarrevolucionarios” y comienzo de la distensión regional entre
Nicaragua y otros países centroamericanos, a raíz de Esquipulas II.
Creación de la Comisión Nacional de Reconciliación.
1988-1989 Se dieron varios altos al fuego parciales y se logró el Acuerdo de Sopoá
en marzo de 1988. La paz parcial posibilitó una reconfiguración de la
política y el proceso electoral a la presidencia de 1989.
1990 Se concretó la desmovilización de los “contra” (Declaración de
Montelimar en abril de 1990 y Plan Conjunto de Desmovilización) y su
consecuente participación política. Se llevaron a cabo otros acuerdos
54
como el Protocolo de Procedimiento de Transferencia del Mando
Presidencial y los Acuerdos de la Concertación Económica y Social. El
número de desmovilizados fue de 22.000 contrarrevolucionarios y se
redujo el ejército sandinista de 80.000 a 23.000 efectivos, así como el
presupuesto militar. Estos procesos fueron acompañados y verificados
por la ONU, mediante la ONUCA (grupo de observadores para
Centroamérica) y con participación del Cardenal Obando y Bravo.
Se celebraron las elecciones presidenciales que fueron ganadas por
Violeta Chamorro, candidata de la Coalición Unión Nacional Opositora
(UNO), quien derrotó a Daniel Ortega, del partido Sandinista.
1990-1991 En el contexto interno, se dieron pactos adicionales entre las élites
tradicionales (terratenientes, agroexportadores) y las nuevas élites
industriales y financieras con la nueva élite sandinista para el control
político y militar en el país.
Fuente: Hammond, (2007).
2.3 Finalización de los 3 Procesos de paz
En la tabla 6, se describen los elementos de finalización de los tres procesos de paz.
Tabla 6. Etapa final de negociaciones de los 3 países
SALVADOR GUATEMALA NICARAGUA
En el caso del Salvador, la etapa
final de las negociaciones se
realizó en 23 reuniones entre las
delegaciones del gobierno y el
FMLN, en el periodo
comprendido entre la sesión del 4
de abril de 1990 en Ginebra
(Suiza) –en donde se alcanzó el
Acuerdo para el inicio de las
negociaciones con la mediación
de las naciones unidas- hasta el
En el caso de Guatemala, la etapa
final de las negociaciones entre el
gobierno y la URNG se
desarrolló entre 1990 y 1996,
periodo en el cual se firmaron 16
acuerdos entre las partes. El
acuerdo final de paz y el
cronograma de implementación
se firmaron en la ciudad de
Guatemala en diciembre de 1996.
Entre los años 1990 y 1991, en el
contexto interno, se dieron pactos
adicionales entre las élites
tradicionales (terratenientes,
agroexportadores) y las nuevas
élites industriales y financieras
con la nueva élite sandinista para
el control político y militar en el
país. Estos pactos informales
entre élites configuraron un
nuevo escenario de concentración
55
16 de enero de 1992 fecha en la
que se firman en el castillo de
Chapultepec en México los
acuerdos de paz.
de poder.
Fuente. Adaptado de (Macias, 2002).
2.4 Comisiones de la verdad
2.4.1 El salvador
La Comisión de la Verdad de El Salvador se creó como resultado de los Acuerdos de Paz
de El Salvador negociados entre 1989 y 1992 entre el gobierno de El Salvador y el
movimiento guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, (FMLN), con
los auspicios de la ONU y un grupo de países amigos.
Se creó la Comisión de la Verdad para investigar los graves hechos de violencia ocurridos
desde 1980. La Comisión recibió más de 22.000 denuncias. En mayo se aprobó la
Resolución 693 del Consejo de Seguridad para la formación de la Misión de Observadores
de las Naciones Unidas para el Salvador (ONUSAL), con el mandato inicial de verificar el
cumplimiento de los Acuerdos de Derechos Humanos de San José. Posteriormente
ampliaría su mandato. La Misión tenía un triple componente: una División de Derechos
Humanos, otra Militar y una de Observadores Policiales.
La Comisión, que fue integrada por tres expertos extranjeros, inició su trabajo el 13 de julio
de 1992. Mediante anuncios en los principales periódicos, la radio y la televisión invitó a
las víctimas a declarar ante ella y a presentar sus denuncias. Inicialmente el llamado no dio
los resultados esperados, por el pánico, el terror, el miedo de quienes habían sufrido tortura,
secuestros o tenían a su familiar desaparecido y por hallarse los principales responsables de
los crímenes aun en el poder. . De acuerdo con Medrano (mayo de 2009):
El análisis del caso salvadoreño revela que a pesar de los logros, existen elementos de los
acuerdos de paz que aún no se han cumplido. A modo de ejemplo, en su informe de marzo de
56
1993, la Comisión de la Verdad presentó los resultados de su investigación sobre casos de
violencia ocurrida entre 1980 y 1992, y se evidenció una mayor responsabilidad de las fuerzas
gubernamentales en las violaciones a los derechos humanos. La Comisión de la Verdad emitió
recomendaciones relacionadas con los derechos de las víctimas, y recomendaciones sobre
cambios estructurales, entre ellas, la profundización de la reforma judicial. Prácticamente
ninguna de estas recomendaciones se ha materializado (p. 18).
Hoy en día, 17 años después de las investigaciones de la Comisión de la Verdad, la
pacificación en El Salvador es todavía un proceso inconcluso. Juan José Dalton afirmó que
El Salvador es hoy por hoy el país más peligroso de Latinoamérica y uno de los más
violentos del mundo, según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Entre el primero de enero y el 16 de junio, (2010) según la policía, se cometieron 2.000
homicidios, en su mayoría con armas de guerra. La tasa de homicidios actual es de 76 por
cada 100.000 habitantes, la más alta del continente americano y semejante a las tasas que se
verificaban durante la guerra civil, de 1980 a 1992.
2.4.2 Guatemala
La Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala fue creada en el marco del
proceso de paz, mediante el Acuerdo firmado en Oslo (Noruega) el 23 de junio de 1994. En
dicho Acuerdo se estableció el mandato y otros elementos de funcionamiento de la CEH.
Se fijaron como Objetivos de la Comisión:
I. Esclarecer con toda objetividad, equidad e imparcialidad las violaciones a los
derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimientos a la
población guatemalteca, vinculados con el enfrentamiento armado.
II. Elaborar un informe que contenga los resultados de las investigaciones
realizadas y ofrezca elementos objetivos de juicio sobre lo acontecido durante
este período abarcando a todos los factores, internos y externos.
III. Formular recomendaciones específicas encaminadas a favorecer la paz y la
concordia nacional en Guatemala. La Comisión recomendará, en particular,
medidas para preservar la memoria de las víctimas, para fomentar una cultura de
57
respeto mutuo y observancia de los derechos humanos y para fortalecer el
proceso democrático.
Al igual que en El Salvador, en Guatemala se estableció que “las actuaciones de la
Comisión serán reservadas, para garantizar el secreto de las fuentes así como la seguridad
de los testigos e informantes”.
Respecto del debate de si hubo o no genocidio en Guatemala, durante los 36 años de de
conflicto interno están, por un lado, los que niegan o evaden el tema como el Estado (a
través de algunos gobiernos) y el partido político de la URNG, por otro lado la ONU, la
Federación Internacional de Derechos Humanos y la Iglesia Católica, en calidad de
instituciones, y premiso Nobel como Rigoberta Menchú (1992) y Jody Williams (1997)
aseveran de manera contundente que sí hubo un genocidio en Guatemala.
2.4.3 Nicaragua
En el caso del proceso de paz en Nicaragua, a la fecha no ha habido una iniciativa estatal de
crear una comisión de la verdad, situación que refleja y encubre un estado de cosas de
cooptación del poder y de las instituciones a la medida de las élites políticas. De modo
tajante Escobedo Caicedo (s.f.) argumenta:
Entonces, ¿por qué no se ha creado hasta ahora una Comisión de la Verdad en Nicaragua?
¿Será porque no existen ciudadanos honestos e imparciales que puedan integrarla? La
respuesta concluyente es que existen compromisos ocultos entre los representantes de la
Resistencia Nicaragüense y los plenipotenciarios del FSLN que participaron en las
conversaciones de paz, donde se implementó la aberración jurídica y moral de aceptar la
desmovilización unilateral de los efectivos contrarrevolucionarios, dejando al sandinismo con
su propio Ejército y su propia Policía, los que luego fueron refrendados en los pactos Lacayo-
Ortega y Barrios de Chamorro-Ortega, como supuesto básico de "estabilidad democrática" y
de una falsa reconciliación nacional. Garantizando la impunidad ante la ley a todos los
violadores de los derechos humanos de sus compatriotas, se agrede nuevamente a las víctimas
58
que sobrevivieron a las campañas de exterminio y a los familiares de los que fueron
asesinados.
Esta omisión en aras de la verdad, no puede negar las cifras de los muertos del conflicto
armado en Nicaragua en el periodo de 1972 a 1991 (De re Militari): 65.000 asesinatos, de
ellos 35.000 en la época de la Dictadura de los Somoza (25.000 civiles y 10.000
combatientes), y 30.000 en la confrontación armada entre el Gobierno Sandinista y los
“Contras” (15.000 civiles y 15.000 combatientes).
2.4.4 Comisiones de la verdad en la región
A continuación se presenta un cuadro descriptivo de las comisiones de la verdad en la
Región:
59
Tabla 7. Comparación de las Comisiones de la verdad de la Región en orden cronológico ARGENTINA CHILE SALVADOR GUATEMALA
COMISIÓN NACIONAL
SOBRE LA
DESAPARICIÓN DE
PERSONAS (CONADEP)
COMISIÓN NACIONAL
DE VERDAD Y
RECONCILIACIÓN
(CNVR)
COMISION DE LA
VERDAD
COMISIÓN PARA EL
ESCLARECIMIENTO
HISTÓRICO
ORIGEN Decreto 187 del 15 de
diciembre de 1983.
Presidente Raúl Alfonsín
Decreto Supremo N° 355 del
25 de abril de 1990
Presidente Patricio Aylwin
Acuerdo de Chapultepec,
México 27 de abril de 1991
(incluidos en el artículo 5
“Superación de la impunidad”)
firmado entre el Gobierno del
Salvador y el Frente
Farabundo martí para la
Liberación Nacional (FMLN)
con el auspicio de la ONU.
Acuerdo de Oslo (23 de junio de
1994) entre el gobierno y la
URNG con el auspicio de la
ONU.
Su funcionamiento queda para
después de la firma del acuerdo
de Paz firme y duradera (21 de
diciembre de 1996).
MANDATO Investigar las violaciones
contra los derechos humanos
ocurridos entre 1976 y 1983;
-recibir las denuncias sobre
desapariciones y secuestros
-Establecer un cuadro lo más
completo posible sobre las
más graves violaciones a los
derechos humanos;
-reunir antecedentes que
-investigar los graves hechos
de violencia ocurridos desde
1980 para el conocimiento
público de la verdad,
considerando:
- Esclarecimiento a las
violaciones a los derechos
humanos y los hechos de
violencia vinculados al
enfrentamiento armado:
60
en ese periodo.
-elaborar un informe sobre el
trabajo de la Comisión.
permitieran individualizar
sus víctimas y establecer su
suerte o paradero:
-recomendar las medidas de
reparación y reivindicación
que se creyeran de justicia y
aquellas que debieran
adoptarse para impedir o
prevenir la comisión de
nuevas violaciones
1. Trascendencia de los
hechos, características y
repercusión; conmoción social.
2. La necesidad de crear
confianza en el proceso de paz,
estimular la reconciliación
nacional.
3. Recomendar disposiciones
de orden legal, político o
administrativo.
4. Medidas destinadas a
prevenir la repetición de los
hechos.
5. Iniciativas orientadas a la
reconciliación nacional.
-Elaborar un informe con los
resultados que ofrezca
elementos objetivos de juicio
sobre lo acontecido, abarcando
los factores internos y externos;
-Formular recomendaciones
para preservar la paz, preservar
la memoria de las víctimas,
fomentar una cultura de respeto
mutuo.
FINALIDAD
OBJETIVO
Investigar la suerte de los
detenidos-desaparecidos y
determinar lo sucedido como
una manera de aportar al
resurgimiento de la
democracia.
Contribuir al esclarecimiento
global de la verdad sobre las
más graves violaciones a los
derechos humanos cometidas
en los últimos años, con el
fin de colaborar la
reconciliación de todos los
-Contribuir a la reconciliación
de la sociedad salvadoreña.
- Fortalecer el proceso de paz
sobre la base de la verdad.
1. Satisfacer el derecho al
conocimiento de la verdad.
2. Que el conocimiento de la
verdad contribuya a la no
repetición de los hechos.
3. Fortalecer el proceso de
negociación.
61
chilenos. 4.Eliminar toda forma de
venganza o revancha
(considerando un criterio
orientador de la CEH)
CRIMENES
QUE
INVESTIGA
Actor relacionados con la
desaparición de personas
(secuestros sin hallazgo de
cuerpos)
� Desaparición de
personas;
� Tortura con resultado
muerte;
� Ejecuciones y muertes
provocadas por agentes
del Estado o personas a
su servicio;
� Ejecuciones o muertes
provocadas por
particulares con
motivaciones políticas.
� Masacres provocadas por
las Fuerzas Armadas;
� Ejecuciones extrajudiciales
provocadas por agentes del
Estado;
� Matanzas cometidas por
escuadrones de la muerte;
� Desapariciones;
� Tortura cometida por
agentes del Estado;
� Matanzas cometidas por la
guerrilla;
� Secuestros cometidos por
la guerrilla.
� Actos de genocidio
perpetrados por fuerzas
gubernamentales contra la
población maya;
� Masacres y matanzas
efectuadas por el ejército y
la guerrilla;
� Secuestros y desapariciones
cometidas por el ejército y
la guerrilla;
� Actos de violencia
cometidos por el poder
económico;
� Desplazamientos masivos
forzados y restablecimiento
militarizado por el Estado;
� Reclutamiento forzado por
las guerrillas.
62
MARCO
JURÍDICO
No se señala el marco
jurídico
� Derecho internacional de
los derechos humanos,
derecho internacional
humanitario y otras
normas sobre el uso de la
fuerza.
-El derecho internacional
humanitario y el derecho
internacional de los derechos
humanos.
- El derecho internacional
Humanitario, el derecho
internacional de los derechos
humanos y las leyes nacionales.
PERIODO
DE
INVESTIGA
CIÓN
Desde 1976 a 1983 Desde el 11 de marzo de
1973 al 11 de marzo de
1990
Desde enero de 1980 a julio de
1991
Desde enero de 1962 y hasta la
firma de Acuerdo por una paz
firme y duradera (29 de
diciembre de 1996)
PERIODO
DE
FUNCIONA
MIENTO
9 Meses 9 meses
Desde el 9 de mayo de 1990
al9 de febrero de 1991
6 meses hasta la elaboración
del informe (8 meses).
Desde el 13 de julio de 1992
hasta el 15 de marzo de 1993
Tiempo inicialmente
establecido: 6 meses
prorrogables por otros 6.
Finalmente funcionó durante 18
meses, desde el 31 de julio de
1997 hasta el 25 de febrero de
1999.
COMPOSICI
ÓN
Escritor Ernesto Sábato
presidió CONADEP, elegido
por unanimidad entre sus 12
miembros, todos argentinos
Presidida por el abogado
Raul Rettig y conformada
por otros siete miembros de
la Comisión, además de un
Integrada en su totalidad por
extranjeros (más de 60
profesionales) bajo la
dirección de tres
Tres comisionados: dos
guatemaltecos, Alfredo balssels
y Otilia lux de Cotí y un
extranjero, Cristian Tomuschat.
63
entre ellos tres representantes
de la iglesia católica, judía y
metodista, y tres diputados
quienes fueron convocados
por el Presidente de la
República.
Se conformó un equipo de 60
profesionales, todos
argentinos. La sede de la
Comisión se constituyó en la
capital, creándose filiales en
otras cuatro ciudades del
país.
equipo de más de 60
profesionales, todos chilenos.
comisionados; Thomas
Buergenthal, Belisario
Betancur y Reinaldo
Figueredo.
Funcionó en dos sedes: en el
Salvador y en la sede de
naciones Unidas en New York.
Una oficina de apoyo
conformada por 269
profesionales (142
guatemaltecos y 131 de otras
nacionalidades).
IDENTIFIC
ACIÓN DE
RESPONSA
BLES
La misión encomendada no
implicaba la determinación
de responsabilidades.
Es la justicia la encargada de
determinar y decidir sobre
los culpables.
Menciona a organismos,
fuerzas o grupos
responsables.
No identifica responsables
individuales de las
violaciones cometidas.
El decreto que la creó le
prohíbe pronunciarse sobre
responsabilidades de
personas individuales, esto es
una tarea de los tribunales de
justicia.
Identifica a los responsables
individuales (40) de los casos
descritos en el informe.
Para identificar a personas
específicas como responsables
de cometer, disponer o tolerar
determinados hechos de
violencia, aplicó una prueba de
confiabilidad estableciendo
No se identifican responsables.
No se individualizan ni tiene
efectos o propósitos judiciales,
pero el estado o cualquier
persona puede utilizar la
información para iniciar
acciones legales.
Menciona a organismos, fuerzas
o grupos responsables.
64
Entregó al presidente una
lista de 1351 represores que
colaboraron con la guerra
sucia.
Menciona a los organismos,
fuerzas o grupos
responsables.
criterios del grado de certeza.
PROCEDIMI
ENTO
ATRIBUCIO
NES
Se efectuaron conferencias
de prensa, entrevistas y
mesas redondas informativas
y de difusión. Colaboraron
la recepción de denuncias las
legislaturas y los organismos
de DD.HH
Se recepcionan denuncias en
las sedes de la Comisión,
durante visitas a terreno y en
las representaciones
diplomáticas en el extranjero
y reuniones con la UN y
OEA.
En ocasiones se realizaron
procedimientos
complementarios dirigidos a
excavación, obtención de
A través de avisos públicos
en Chile y en el exterior se
convocó a los familiares de
las víctimas a inscribir sus
casos y solicitar audiencia.
Se solicitó información a
agrupaciones de familiares,
organizaciones de DD.HH.,
organismos sociales, y otros.
Se realizaron audiencias con
familiares y testigos para
reunir antecedentes sobre
cada caso.
Se ofició a las FF.AA. para la
entrega de antecedentes y a
otras reparticiones públicas,
en algunos casos se solicitó a
personas individuales que
Se convocó a prestar
declaración mediante avisos
públicos en medios de
comunicación, se cursaron
invitaciones escritas y verbales
para formular denuncias, se
abrieron oficinas en varias
ciudades de dos
departamentos, se citaron
testigos, se dispusieron
reconocimientos de varios
lugares de hechos.
Los miembros de la comisión
se trasladaron a terreno. Se
convocó a rendir testimonio a
todo posible implicado
guardando el resguardo de
confidencialidad y seguridad.
Se realizaron reuniones con las
partes y representantes de la
sociedad civil (organismos de
DD.HH., organismos de
víctimas e indígenas) para
escuchar sugerencias y
propuestas sobre el
procedimiento de trabajo.
Se tomó en cuenta la
experiencia de otras comisiones
y la experiencia de las Naciones
Unidas.
Se crearon oficinas en las
regiones del país, priorizando
las zonas más afectadas y de
más difícil comunicación. La
información a la población sobre
el mandato de la CEH se hacía
65
testimonios fuera del ámbito
de la Comisión, inspección
de centros clandestinos,
constatación de documentos.
La comisión tenía facultades
para requerir a todos los
funcionarios públicos, de las
FF.AA, y de seguridad,
informes, datos y
documentos, así como acceso
a lugares que la comisión
determinara y estos se verían
obligados a cumplir con los
requerimientos.
Se enviaron cerca de 1300
oficios a instancias estatales,
de las FF.AA. y policía, pero
muchos quedaron sin
respuesta.
prestaran declaración.
La Comisión no tuvo
atribuciones para exigir la
comparecencia de nadie a
declarar en ella.
Envió a los Tribunales los
antecedentes sobre
inhumaciones ilegales y otros
que tuvieran características
de novedad judicial y
relevancia para las
investigaciones judiciales.
Las actuaciones de la
Comisión no eran
jurisdiccionales, tuvo plena
libertad para usar fuentes de
información que estimara
útiles y confiables.
en forma directa o a través de
ONG. Las autoridades locales o
formales y las autoridades
tradicionales, lo que facilitó el
testimonio de miles de personas.
Se recogieron además
testimonios en otros países.
La CEH tuvo actuaciones
reservadas, secreto de las
fuentes y seguridad de los
testigos e informantes.
Si bien no tiene efectos
judiciales, el estado o cualquier
persona podrá utilizar la
información para iniciar
acciones legales.
RESULTAD
OS
Nunca Más informe de la
Comisión nacional sobre la
desaparición de personas.
Informe de la Comisión
nacional de Verdad y
Reconciliación. (3 tomos).
Informe Comisión de la
Verdad; de la Locura a la
Esperanza. La guerra de 12
Informe Guatemala. Memoria
del Silencio. (12 tomos).
Entregado el 25 de febrero de
66
Fue entregado al presidente
el informe completo el 20 de
septiembre de 1984 (50 mil
carillas). El 28 de noviembre
se presentó en una sala del
teatro san Martín el libro
Nunca Más.
Se determinó la existencia de
8960 personas detenidas-
desaparecidas según
denuncias comprobadas, pero
se advierte sobre la
posibilidad que la cifra sea
mayor.
Contiene una lista con 340
centros de detención. Luego
de la entrega del informe
1080 casos fueron
presentados ante el Tribunal.
Fue entregado al Presidente
de la República el 8 de
febrero de 1991, quien lo dio
a conocer al país el 4 de
marzo.
Se consignaron 3400 casos
de personas detenidas,
desaparecidas y ejecutadas
políticas.
En 1992, por Ley 19.123 se
creó la Corporación nacional
de Reparación (CRR) para
implementar las
recomendaciones de la
comisión de verdad y
reconciliación, además de
concluir el proceso de
calificación de la calidad de
víctimas de las más graves
violaciones a los derechos
humanos o de la violencia
política.
años en el Salvador (1 tomo
central y 2 anexos).
Entregado el 15 de marzo de
1993 al Presidente Alfredo
Cristiani, a los comandantes de
FMLN: Shafick Nadal,
Salvador Samayoa, Ana
Guadalupe Martínez y al
Secretario General de la UN
Boutros Boutros Gali.
Registró más de 22.000
denuncias. En el informe se
presenta la investigación de 34
de las denuncias presentadas.
1999 en un acto público en el
Teatro Miguel Ángel Asturias.
Se consignan las violaciones
contra los DD.HH. cometidos
contra individuos y pueblos
indígenas, más de 20 mil
muertos y desaparecidos. Se
registraron 626 masacres
efectuadas por las fuerzas del
Estado y se atribuyen 32
masacres a la guerrilla.
La Comisión estableció de
acuerdo a los antecedentes
reunidos se puede estimar que
cerca de 200 mil personas
fueron afectadas durante los 32
años del conflicto armado.
RECOMEND Se establecen Las recomendaciones se Las recomendaciones están Las recomendaciones se dividen
67
ACIONES recomendaciones
establecidas a dos ámbitos:
1. iniciativas dirigidas a
prevenir, reparar y evitar
la repetición de
conculcaciones a los
derechos humanos.
2. Recomendaciones
dirigidas a la justicia,
para que realice una
profunda investigación
judicial de los hechos
que no fueron
denunciados.
refieren a:
1. Medidas de reparación:
a. Reivindicación y
reparación simbólica.
b. Recomendaciones de
carácter legal y
administrativas
c. Recomendaciones
relativas al bienestar
social
d. Exención del SMO
para los hijos de las
víctimas.
2. Recomendaciones
dirigidas a la prevención
(de tipo jurídico e
institucional).
3. Otras recomendaciones
relativas al seguimiento
de la investigación.
divididas en cuatro grandes
grupos:
1. Recomendaciones que
surgen directamente de la
investigación deben
cumplirse sin demora.
2. Erradicación de las causas
estructurales directamente
vinculadas con los hechos
examinados.
3. Reformas institucionales
para prevenir la repetición
de hechos semejantes.
4. Medidas tendientes a la
Reconciliación Nacional: -
reparación material y
reparación moral.
5. Seguimiento internacional
de cumplimiento.
en seis grandes apartados.
1. Medidas para preservar
la memoria de las
víctimas
2. Medidas de reparación a
las víctimas
3. Medidas orientadas a
fomentar una cultura de
respeto mutuo y de
observancia de los
derechos humanos
4. Medidas para fortalecer
el proceso democrático
5. Otras recomendaciones
para fortalecer la paz y
la concordia nacional
6. Entidad responsable de
vigilar e impulsar el
cumplimiento de las
recomendaciones.
Fuente: (Victor Espinosa Cuevas, 2003).
68
De los procesos comparados de paz, justicia, verdad y reparación se pueden colegir varias
conclusiones:
• Las comisiones de verdad que se incluyen en esta tabla ocurrieron en un periodo de 13
años. La primera de ellas es Argentina en el año 1983, Chile en 1990, Salvador en 1991
y Guatemala en 1996. Nicaragua fue la única nación que no creó una Comisión de la
verdad, omisión inadmisible e imperdonable tratándose de un cometido de todo proceso
paz de dilucidar la verdad, lograr la justicia y la reparación.
• Una de los factores más determinantes para la creación de Comisiones de verdad fue la
creciente condena de la comunidad internacional por violaciones a los derechos
humanos y la exigencia para restablecer sistemas democráticos.
• Dentro de cada país existían además, importantes fuerzas sociales que luchaban por el
establecimiento de un sistema democrático: era el factor común.
• Las comisiones analizadas fueron establecidas en escenarios en donde no existía
claramente una fuerza política ganadora y una derrotada. Aun cuando estas comisiones
se originaron al término del conflicto, seguía existiendo en el poder una presencia de
aquellos que cometieron parte de estas vulneraciones del Derecho Internacional
Humanitario.
• Más allá de las similitudes señaladas entre esas comisiones, la formación de cada una
de ellas estuvo marcada por el contexto histórico y político que influyó, tanto en su
naturaleza como el desarrollo de su tarea.
2.5 Los 3 procesos de paz desde el Neoinstitucionalismo Histórico
El presente apartado tiene como objetivo, realizar un análisis comparativo de los procesos
de paz llevados a cabo en los países centroamericanos de El Salvador, Guatemala y
Nicaragua desde el enfoque del Neo-institucionalismo Histórico (teniendo en cuenta de
modo implícito las dimensiones: grandes acontecimientos y arreglos institucionales), y a
partir de dicho análisis, preparar el terreno para una lectura del proceso de paz adelantado
actualmente en Colombia, en el subsiguiente capítulo.
69
En primera instancia, se reconoce el papel crucial que desempeñó el grupo de Contadora,
bien hubiese sido por razones geopolíticas y geoestratégicas de evitar que los conflictos
centroamericanos se pudieran desbordar hacia los territorios de las naciones que
conformaban el grupo, o bien por solidaridad y buenos oficios diplomáticos en aras de una
paz regional y continental. Así lo reconoce Benítez Manaut (1995):
El hecho notable del trabajo diplomático del Grupo de Contadora fue el abrir el canal de
comunicación entre (Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, y Nicaragua) y
comenzar a esbozar salidas diplomáticas en contra del despliegue de las estrategias militares.
Fueron numerosos los factores que imposibilitaron la (rápida) firma del acta de paz. El más
importante de ellos fue la oposición abierta de EEUU, quien en ese momento desplegaba con
toda amplitud la estrategia de la guerra de baja intensidad en la región, fundamentalmente en
dos casos: el nicaragüense, apoyando a los grupos contrarrevolucionarios, para debilitar y
desestabilizar al Gobierno sandinista de Nicaragua, y otorgando un completo respaldo al
Gobierno y a las Fuerzas Armadas de El Salvador en la guerra de contrainsurgencia contra el
Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN).
En el ámbito de las influencias, se observa cómo se repiten algunos patrones del proceso
salvadoreño, la comunidad internacional representada en el Grupo Contadora se trata de
involucrar con las partes del conflicto anquen en este caso no se logran involucrar en el
momento exacto de la Guerra Fría y realmente el desenlace se comienza a producir hacia la
década de los 90 donde esos conflictos traen secuelas de la confrontación ideológica entre
las dos superpotencias y que ya se desdibujaban por la caída de la Unión Soviética.
Aquí los grupos subversivos y los agentes estatales fueron los que buscaron eventualmente
el apoyo de la comunidad internacional para establecer las instituciones y los
procedimientos que se debían llevar a cabo para conducirse a través del proceso de paz y la
reparación, el cual tardo mucho más tiempo que el de El Salvador.
Nuevamente se crearon instituciones y comisiones con base en el modelo del derecho
internacional desde el punto de vista de las Naciones Unidas, que para la época en que
entro a mediar y participar ya estaba más nutrido de sus experiencias previas en conflictos,
70
pero que al tratar de hacer un proceso de fortalecimiento institucional que pudiera
responder a las víctimas de manera adecuada, llevar ante la justicia a los responsables de
diversos crímenes y preparar al país para el posconflicto en el momento de la firma de la
paz, esto resulto ser una carga demasiado pesada que no se pudo asumir en su totalidad.
Estos tres conflictos comparten su origen histórico en la Guerra Fría y la participación de la
comunidad internacional en sus diferentes momentos históricos, acercamientos,
negociaciones, etc., de hecho el discurso retórico lo tuvo la comunidad internacional, tanto
la Organizaciones y Organismos interesados en las paz por Estados Unidos y su oposición a
estos procesos, que al final como parte de su esquema de justicia transicional crearon las
comisiones de la verdad (con excepción de Nicaragua), las cuales tuvieron resultados
diferentes; otro aspecto rescatable es que el resto de instituciones aparentemente no salieron
fortalecidas de estos procesos, no existieron arreglos institucionales duraderos, lo cual ha
conllevado a que fenómenos como la pobreza y desigualdad siguán causando violencia no
solo en estos países sino en toda Centroamérica mucho después de la resolución de
conflictos de la Guerra Fría que el narcotráfico ha sabido aprovechar para crecer
desmesuradamente.
En este sentido, Medrano sostiene:
A lo largo del desarrollo de los procesos de Contadora, Esquipulas I, Esquipulas II y de los
Acuerdos de Paz firmados en El Salvador, Guatemala (y Nicaragua), fueron identificándose
progresiva y reiteradamente las causas principales de los conflictos armados, básicamente
asociadas a la ausencia efectiva de procesos democráticos y de la vigencia de un estado de
derecho, a la exclusión social y política y a la pobreza imperante, asociada a las profundas
desigualdades socio-económicas que han caracterizado a las tres sociedades seleccionadas.
Esos tres factores fueron sólo parcialmente superados en la implementación de los procesos y
acuerdos de paz que se implementaron y continúan siendo potenciales generadores de
violencia, particularmente por la aparición de nuevos factores que tienden a agravar esas
causas estructurales o profundas. Una importante parte del trabajo se dedica al análisis de
las raíces del conflicto actual, entre las que se debe prestar especial atención a los problemas
socioeconómicos, dado que los procesos de pacificación no resolvieron cuestiones ligadas a la
71
marginalización social y económica ya existente durante la etapa de los conflictos armados
(mayo de 2009).
La tabla 8 ilustra los elementos comunes (Comunidades del discurso, contextos o grandes
acontecimientos y arreglos institucionales) de los procesos de paz de Centroamérica
analizados y comparados
Tabla 8. Elementos de los 3 procesos de paz desde el neoinstitucionalismo histórico
DIMENSIÓN
PAÍS
COMUNIDADES
DEL DISCURSO
ARREGLOS
INSTITUCIONALES
GRANDES
ACONTECIMIENTOS
EL
SALVADOR
� Guerrilla del
FMLN (Frente
Farabundo Martí
para la Liberación
Nacional).
� Gobiernos y
Fuerzas Militares.
� Partidos Políticos.
� Grupos
Paramilitares.
� Iglesia Católica.
� Grupo de
Contadora
(Colombia,
México, Panamá y
Venezuela).
� Grupo de Apoyo
(Perú, Argentina,
Brasil y Uruguay).
� OEA- Consejo de
Seguridad de la
ONU.
� Comisión de
Reconciliación
Nacional
� Amnistía General.
� Comisión de la
Verdad.
� Depuración de las
Fuerzas Armadas
(Creación de Policía
Nacional Civil,
Disolución de
servicios de
inteligencia militar).
Supresión de los
cuerpos
paramilitares.
� Modificaciones del
sistema judicial y
comisiones para los
DD.HH.
� Participación Política
(Modificaciones del
sistema electoral,
� Irrupción del FMLN
en 1970.
� Inicio de la guerra
civil en 1980 (FAES
contra el FMLN).
� Conformación del
grupo de Contadora
en 1983.
� Primeros
acercamientos y
diálogos (1984-1987).
� Procesos de
Esquipulas I y II de
1986 y 1987.
� Diálogos en México
en 1989.
� Gran ofensiva del
FMLN EN 1989.
� Reuniones en
Ginebra, Caracas,
Costa Rica, México,
nueva York, (1990-
1992).
72
transformación del
FMLN en partido
político).
� Adopción de medidas
económicas y
sociales.
� Acuerdos en:
México, Ginebra,
Caracas, San José,
Nueva York,
Chapultepec.
� Creación de
Comisión Nacional
para la Consolidación
de la Paz (COPAZ).
� Formación de la
Misión de
Observadores de las
Naciones Unidas para
el Salvador
(ONUSAL)
� Ampliación del
mandato de
ONUSAL (División
Militar y Policial).
� Firma del proceso de
Paz en Chapultepec en
1992.
� El FMLN se convirtió
en partido político en
1992.
� Reforma de las
fuerzas militares y de
la Policía.
� Reforma judicial y
electoral.
� Foro económico y
social en 1992.
� Profundización en los
90 de las reformas
económicas iniciadas
en la década de los 80.
� El nuevo escenario
geopolítico mundial y
regional luego del
derrumbe de la URSS.
GUATEMALA � Guerrilla URNG
(Unidad
Revolucionaria
Nacional de
Guatemala)
� Gobiernos y
Fuerzas Militares.
� PAC (Patrullas de
Auto de Defensa
� Comisión Nacional
de Reconciliación
(CNR).
� Amnistía General.
� Comisión de la
Verdad.
� Fortalecimiento de la
sociedad civil, de los
pueblos indígenas y
� Creación en 1982 de
la URNG
(conformada por los
grupos guerrilleros
EGP, ORPA, FAR y
el PGT.
� Golpe de Estado al
General Fernando
Romeo Lucas y
73
Civil:
Paramilitares)
� Partidos Políticos.
� Sociedad civil.
� Grupos religiosos
(Pastor luterano
estadounidense
Paul Wee).
� Grupo de
Contadora
(Colombia,
México, Panamá y
Venezuela).
� Comisión de
“países amigos”
(Colombia,
México, Noruega,
España, Estados
Unidos y
Venezuela).
� OEA- Consejo de
Seguridad de la
ONU.
de la función del
ejército.
� Reforma
constitucional y del
régimen electoral.
� Transformación de la
URNG en partido
político.
� Reformas
económicas.
� Reasentamiento de la
población
desplazada.
� Reforma agraria.
� Gran Diálogo
Nacional.
� Acuerdos de
Esquipulas I y II.
� Consultas en Oslo
(Noruega).
� Encuentros y
acuerdos en: El
Escorial (España),
Ottawa (Canadá),
Quito (Ecuador),
Metepec (México),
Atlixco (México),
Querétaro (México).
� Acuerdo Marco para
la Reanudación de las
Negociaciones.
� Acuerdo sobre
Derechos Humanos
entre el Gobierno y la
ascenso al poder de
Ríos Montt en marzo
de 1982.
� Conformación del
grupo de Contadora
en 1983.
� Retorno a la
democracia, con las
elecciones
presidenciales y arribo
al poder del candidato
de izquierda Marco
Vinicio Cerezo, en
1985.
� Procesos de
Esquipulas I y II de
1986 y 1987.
� Gran diálogo nacional
en 1989.
� Reuniones en
Noruega, España,
Ecuador, y México en
1990.
� Gobierno de Jorge
Serrano Elías en 1991
y Autogolpe de
Estado en 1993.
� Finalización definitiva
de la guerra y Firma
de acuerdo de paz, en
Ciudad de Guatemala,
en 1996.
� Reformas
socioeconómica y
74
URNG.
� Creación de
MINUGUA (Misión
de Naciones Unidas
en Guatemala).
� Creación de la
Asamblea
Permanente de la
Sociedad Civil
(ASC).
� Comisión
Internacional contra
la Impunidad.
agraria a partir de
1996.
NICARAGUA � Frente Sandinista
de Liberación
Nacional (FSLN).
� Guerrillas
Indígenas como
RN y los Indígenas
del Caribe.
� Partidos Políticos.
� Iglesia Católica
(Teología de la
Liberación).
� Grupo de
Contadora
(Colombia,
México, Panamá y
Venezuela).
� Grupos
contrarrevoluciona
rios.
� Élites tradicionales
(terratenientes y
� Inicio de diálogos del
Gobierno Sandinista
con partidos
opositores como la
UNO (Unión
Nacional de
Opositores).
� Acuerdos entre el
gobierno Sandinista y
los pueblos indígenas
de Nicaragua.
� Creación de las
“Comisiones de Paz
y Autonomía”.
� Negociaciones del
Gobierno Sandinista
con los Contra.
� Creación de la
Comisión Nacional
de Reconciliación.
� Protocolo de
� Fundación del FSLN,
a inicios de los 60.
� Derrocamiento de
Anastasio Somoza
Debayle por la
guerrilla Sandinista en
1979.
� Fin de la Guardia
Nacional en 1979.
� Ascenso a la
Presidencia del FSLN,
con Daniel Ortega, en
1984.
� Reforma Agraria
(1979-1986)
� Crisis económica de
fines de la década de
los 80.
� Inicio del proceso de
Paz (Acuerdo de
Sopoá en marzo de
75
agroexportadores).
� OEA- Consejo de
Seguridad de la
ONU.
Procedimiento de
Transferencia del
Mando Presidencial.
� Acuerdos de la
Concertación
Económica y Social.
� Acuerdos inter-élites
adicionales para el
control político y
militar del país.
1988).
� Elecciones
presidenciales en
1990, ganadas por
Violeta Chamorro del
partido de coalición
de la UNO.
� Apertura Económica
bajo el mandato de
Violeta Chamorro.
Fuente: Elaboración propia.
En el orden de los elementos comunes, atendiendo a los órdenes o Dimensiones del
Neonstitucionalismo Histórico, debe reiterarse el rol transversal, en las negociaciones de
paz, del grupo de Contadora y de Esquipulas II (Actuando como Comunidades del
Discurso y a la vez como Grandes Acontecimientos o Procesos). También son similares los
actores armados en el conflicto (Sendos Grupos Subversivos: FMLN, URNG y FSLN;
grupos paramilitares, PAC, Contras; Fuerzas militares y Guardia Nacional)…
Por su parte, se dieron algunas diferencias y matices en cuanto a los contextos sociales, en
los arreglos institucionales y en los tiempos para logar cada uno de los procesos de paz.
Para distinguir las semejanzas y diferencias de manera más palmaria, la tabla 9, muestra las
semejanzas y diferencias con base en los órdenes o dimensiones del Neoinstitucionalismo
Histórico (en particular, los arreglos institucionales y los contextos políticos y
socioeconómicos).
76
Tabla 9. Semejanzas y diferencias entre los tres procesos de paz de Centroamérica
Dimensión
País
Arreglos Institucionales Grandes Acontecimientos Dimensión
País Semejanzas Diferencias Semejanzas
Diferencias
El Salvador � Comisión de
Reconciliación
Nacional.
� Comisión de la
Verdad.
� Actores armados
(Guerrilla,
paramilitares,
FF.MM).
� Participación política
de los desmovilizados.
� Mediación de
Contadora, Esquipulas,
ONU e Iglesia.
� Creación de Comisión
de Paz (COPAZ).
� Misión de
Observadores de la
ONU para el Salvador
(ONUSAL).
� Raíces históricas del conflicto: exclusión política y socioeconómica, intervencionismo, concentración del poder y la riqueza (Siglo XIX e inicios del siglo XX).
� Conflicto territorial entre Salvador
y Honduras (1969). � Irrupción de las guerrillas e
inestabilidad política entre los años
60 y 80 (Irrupción del FMLN en
1970).
� Comienzo de los diálogos gracias
a la iniciativa diplomática de
Contadora y las reuniones de
Esquipulas (1985, 1986 y 1987).
� Caída del muro de Berlín en 1989,
fin del bloque socialista (URSS) y
de la guerra fría en 1990.
� La Firma del proceso de
Paz fue en Chapultepec
en 1992.
� Profundización en los 90
de las reformas
económicas iniciadas en
la década de los 80.
El Salvador
77
Guatemala � Comisión Nacional de
Reconciliación.
� Comisión de la
Verdad.
� Actores armados
(Guerrilla,
paramilitares, FF.MM)
� Participación política
de los desmovilizados.
� Reformas: judicial,
económica, agraria y
política
� Reformas: judicial,
económica, agraria y
política.
� Mediación de
Contadora, Esquipulas,
ONU e Iglesia.
� Creación Asamblea de
la Sociedad Civil
(ASC).
� Creación de
MINUGUA (Misión
de Naciones Unidas en
Guatemala).
� Comisión
Internacional contra la
Impunidad.
� Raíces históricas del conflicto: exclusión política y socioeconómica, intervencionismo, concentración del poder y la riqueza (Siglo XIX e inicios del siglo XX).
� Conflicto territorial de Guatemala-Gran Bretaña y Guatemala-Belice (Años 80 del Siglo XX).
� Irrupción de las guerrillas e
inestabilidad política entre los años 60 y 80 (Creación en 1982 de la URNG (conformada por los grupos guerrilleros EGP, ORPA, FAR y el PGT).
� Comienzo de los diálogos gracias
a la iniciativa diplomática de Contadora y las reuniones de Esquipulas (1985, 1986 y 1987).
� Caída del muro de Berlín en 1989,
fin del bloque socialista (URSS) y de la guerra fría en 1990.
� Políticas de Nacionalización planteadas por el Gobierno de Guatemala entre 1944 y 1954.
� Sucesivos Golpes de
Estado entre la misma
Derecha, años 70 y 80.
� La izquierda llegó al
poder por la vía
democrática con el
candidato de izquierda
Marco Vinicio Cerezo, en
1985.
� Firma de acuerdo de paz,
en Ciudad de Guatemala,
en 1996 (El proceso de
paz más largo).
� Reformas socioeconómica
y agraria a partir de 1996.
Guatemala
78
Nicaragua � Comisión Nacional de
Reconciliación.
� Actores armados
(Guerrilla,
paramilitares,
FF.MM).
� Participación política
de los desmovilizados.
� Reformas: judicial,
económica y política.
� Mediación de
Contadora, esquipulas
y ONU.
� Creación de las
“Comisiones de Paz y
Autonomía”.
� No hubo Comisión de
la verdad.
� El gobierno a manos
de la guerrilla.
� Actores Subversivos
diversos (Indígenas,
Teólogos de la
liberación, etc.).
� Acuerdos inter-élites
adicionales para el
control político y
militar del país.
� Raíces históricas del conflicto: exclusión política y socioeconómica, intervencionismo, concentración del poder y la riqueza (Siglo XIX e inicios del siglo XX).
� Conflicto territorial entre Honduras y Nicaragua, y Nicaragua y Costa Rica (Años 80 del Siglo XX).
� Irrupción de las guerrillas e
inestabilidad política entre los años
60 y 80 (Fundación del FSLN, a
inicios de los 60).
� Comienzo de los diálogos gracias
a la iniciativa diplomática de Contadora y las reuniones de Esquipulas (1985, 1986 y 1987).
� Caída del muro de Berlín en 1989,
fin del bloque socialista (URSS) y de la guerra fría en 1990.
� Sistema de Gobierno dictatorial (Dinastía de los Somoza (desde años 30). Intervención Militar de EE.UU.
� Políticas económicas del Gobierno Sandinista, durante los primeros años de la Revolución (1979-1984).
� Ascenso al poder de la
guerrilla sandinista por la vía de la revolución y el derrocamiento de la dictadura somocista.
� Firma del proceso de paz
en 1988 (Sopoá) y se sella con las elecciones en 1990 (el proceso de paz más corto de los tres).
� Acuerdos inter-élites
adicionales para el control político y militar del país.
� Apertura Económica bajo
el mandato de Violeta Chamorro.
Nicaragua
Fuente: Elaboración propia.
79
En síntesis, terminada la Segunda Guerra mundial, la polarización política se centró en dos
grandes bloques económicos que marcaron la pauta en el acontecer internacional. El bloque
capitalista, liderado por Estados Unidos, luego de alcanzar la declaración de aceptación a
sus imposiciones en relación a las sanciones que debieron asumir los gobiernos y países
perdedores de la segunda guerra mundial, que terminó y que se extendió hasta la
individualización de las sanciones penales a los dirigentes del nacionalsocialismo en los
juicios de Núremberg; este bloque se inclinó por la apertura de los mercados y el control de
las materias primas en países con menor poder adquisitivo y con problemas internos, que se
vieron agravados por la intervención norteamericana en asuntos de trascendencia social,
política y económica en estos países terciados.
Por su parte, el bloque comunista, liderado por la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas (URSS), que propendió por la eliminación de todo vestigio de capitalismo, en
los países en los cuales ejerció influencia económica y administrativa, buscando alcanzar,
por medio del cierre de fronteras, de la sumisión de sus nacionales y de sus partidarios, a
sus políticas de restricción en materia de derechos, adquisición de capitales y beneficios
individuales, para alcanzar el ideal de igualdad que se propuso. Estos dos bloques
protagonizaron lo que la historia universal ha llamado “Guerra Fría”, que no es más que la
disputa por el control de los mercados y la política internacional, acaecida desde el final de
la Segunda Guerra Mundial hasta el año de 1989.
Ahora bien, esta disputa acentuó la influencia norteamericana en las regiones cercanas a su
territorio, sobre todo en países en donde se observó la influencia soviética. Fue aquí donde
aparecieron los procesos violentos e inestables en la región centroamericana, más
específicamente en El Salvador, Guatemala y Nicaragua, en donde la influencia comunista
permeó la sociedad civil de estas repúblicas, agobiadas por la corrupción, los malos
manejos administrativos y la intervención extranjera. Estos procesos revolucionarios y su
enfrentamiento al establecimiento estatal, propiciaron sendas guerras civiles, con una
duración de más de 10 años, en El Salvador, Guatemala y Nicaragua.
80
No obstante, la intervención del Grupo de Contadora (1983), conformado por naciones
amigas de estos dos países, y cuya misión era la de pacificar y terminar de una vez por
todas con la violencia en los países de Centroamérica, realizó una enorme gestión
diplomática, permitiendo sentar a la mesa de diálogos y negociaciones de paz a los grupos
subversivos con presencia en El Salvador, Guatemala y a los Sandinistas, dueños del poder
en Nicaragua. El trabajo arduo de todos los sectores involucrados: gobiernos, sociedad
civil, grupos armados y países amigos, alcanzaron algunos de los objetivos trazados en los
procesos de pacificación iniciados en los dos países ya mencionados.
Como resultado de la firma de los acuerdos de paz en El Salvador, Guatemala y Nicaragua,
se establecieron las “Comisiones de Paz”, cuyo fundamento fue fomentar el reconocimiento
de derechos y el resarcimiento económico y político a las víctimas del conflicto. Estas
comisiones, fueron una piedra angular en el proceso de memoria histórica y aclaración de
lo sucedido durante el conflicto armado. Sin embargo, se aprecia que en los distintos
procesos de justicia transicional adelantados en países latinoamericanos (Guatemala, El
Salvador, Chile y Argentina), se presentaron algunas similitudes con respecto a los
procedimientos y alcances de las comisiones de la verdad y la obtención de justicia por
parte de las víctimas. Caso particular es el de Nicaragua, que no ha reflejado el carácter
democrático de la búsqueda de la verdad histórica y objetiva en el conflicto interno de ese
país.
Algunas falencias generales de estas comisiones, por ejemplo, han sido el no señalamiento
por parte de las comisiones sobre las responsabilidades individuales de los autores de las
violaciones a los derechos humanos; otro factor de afectación, es la no depuración del
aparato gubernamental, para sacar del poder a quienes auspiciaron los actos criminales
contra la población civil. Estas similitudes provocaron que estos procesos
latinoamericanos continúen, en términos de la verdad, la justicia y la reparación
irresueltos, aún en nuestros días.
81
Después de haber abordado este capítulo, donde se describió y se hizo la comparación de
los tres procesos de Paz en Centro América (Salvador, Nicaragua y Guatemala), se ve que
en todos se persigue el mismo fin y objetivo de todo proceso de Paz.
Para el caso colombiano y en general, lo que hay que recordar es que toda experiencia
buena o mala sirve para el crecimiento de las personas, de las instituciones y de los
procesos en cualquier modalidad y desde cualquier perspectiva. Entonces, como autor de
esta monografía, he de manifestar que me parece excelente tomar estos tres procesos como
referencia para el nuestro; lógico, aplicándolo a Colombia, puede ser un poco más complejo
si se mira en cuestión de duración del conflicto, pero también existe la ventaja que
Colombia está muy bien posicionada en el ámbito internacional y muchos de los países
tanto del Continente Americano como de la Unión Europea y otros, han querido mostrar su
apoyo al Proceso de Paz en Colombia.
En estos últimos días el Presidente Juan Manuel Santos visitó la ciudad de New York
donde la ONU mostró su apoyo y quiere ser parte y garante de la solución y salida a este
conflicto. Dicha noticia fue publicada por el Diario El País (edición 22 de Septiembre de
2014), plasmada de la siguiente manera
…El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, expresó su total respaldo
al proceso de paz que adelantan el Gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc en
La Habana (Cuba) para terminar con el conflicto armado del país.
Durante el encuentro, el presidente colombiano Juan Manuel Santos le entregó la
paloma de la paz como símbolo de agradecimiento al respaldo recibido por parte del
organismo a las negociaciones que se adelantan con el grupo subversivo.
“El proceso de paz es una luz esperanzadora y los apoyamos al 100%”, dijo Ban Ki-
moon al término de su reunión con el mandatario colombiano. Además, agregó que
una de las garantías es el “hecho de que las víctimas sean el centro del proceso”.
82
En la reunión el presidente estuvo acompañado por el alto comisionado Sergio
Jaramillo y el alto consejero para el posconflicto, general (r) Óscar Naranjo, quienes
analizaron con Ban Ki-moon las propuestas para que la ONU aporte al proceso de
paz.
“Hablamos sobre cómo ellos pueden ayudar en el posconflicto y qué tipo de papel
pueden jugar en la implementación de los acuerdos y del posconflicto”, dijo el primer
mandatario.
Posteriormente, Santos se reunió con el ex Primer Ministro israelí, Shimon Peres,
para explicar los avances del proceso de paz, tema que liderará la participación del
presiente en la 69° Asamblea General de la ONU.
Por todo lo anterior, se observa que es posible tomar experiencias no solo de procesos de
Paz en Centroamérica, también se puede encontrar una gran lección del reciente proceso de
paz en Irlanda, como referente y ejemplo.
83
CAPÍTULO 3. EL CONTEXTO DE LA JUSTICIA TRANSICIONA L Y LAS
POLÍTICAS PÚBLICAS EN COLOMBIA
En este capítulo se hace un análisis del contexto de la justicia transicional y de las políticas
públicas en Colombia a la luz del nuevo institucionalismo histórico (con énfasis en los
contextos y en los arreglos institucionales) sobre la iniciativa que desde el Estado se ha
promovido en búsqueda de la paz, teniendo como base la revisión de los antecedentes
históricos realizada en el primer capítulo sobre los diferentes intentos de paz y el capítulo
tres de los casos centroamericanos abordados y comparados.
Es indiscutible que, debido a lo complejo del caso colombiano y a la duración del conflicto
en el tiempo, la solución negociada plantea mayores posibilidades que una solución militar,
que si bien, tiene al Estado en una mejor posición para la negociación frente a la guerrilla
que en procesos anteriores, es pertinente una postura institucional unificada para la
consecución de la paz a través del dialogo. Pero: ¿cuál debe ser esa política para la paz? No
está claro que exista una única respuesta. Una agenda de paz contempla la participación de
diversos actores, la institucionalidad, la sociedad civil, las prioridades de la nación, las de
las víctimas, etc.
En este caso, la resolución del conflicto armado por medio de un proceso de paz, que tiene
como eje central la justicia transicional como política de paz y la cual sitúa en debate la
articulación entre Estado, instituciones y sociedad. Ante esta hipótesis: ¿Es posible
separarlas o cómo integrar la distinción y la independencia entre ellas?
Dentro del contexto de la guerra, un propósito central para la formulación de una agenda de
paz demanda impulsar políticas públicas que no solo favorezcan disminuir la agudización
del conflicto sino que tenga en cuenta a aquellos sectores que puedan incidir directa o
indirectamente en el mismo, como se apreció en agosto de 2013 con el paro agrario en
diferentes zonas del país y mediante un gran descontento social. Una política de paz, en
pleno proceso de negociaciones debe ir acompañada de programas y procesos de
consolidación socioeconómica como los que se discuten actualmente: políticas de tierras,
84
fortalecimiento del sector rural, reforma a la salud, etc., de tal manera que una política
pública para la paz, resulta un imperativo ético para un Estado, para una sociedad y para
que cada individuo encuentre orientaciones sobre el bienestar colectivo.
Retomando las apreciaciones del PNUD en el taller del milenio (2011) en cuanto a lo
señalado:
Aparte de que existen diversas problemáticas a las cuales se enfrenta la construcción, la
legitimación y la preeminencia de lo público en las sociedades contemporáneas
caracterizadas por su complejidad en términos de la diversidad de su composición social –
étnica, racial, religiosa- y del ámbito de sus asuntos de interés colectivo- genero, familia,
medio ambiente-, sobresalen algunos factores determinantes que obstaculizan la
democratización en países en desarrollo como Colombia. La exclusión social, la precariedad
del estado, la crisis política, la disfuncionalidad del patrón desarrollo y la fragmentación
social, territorial y económica, entre otros.
Sin embargo, no es el fin de este documento considerar sí las políticas del gobierno del
Presidente Santos, así como la respuesta generada por la comunidad nacional responden a
un modelo de reconciliación incluyente, sino observar el conjunto de acciones y decisiones
encaminadas al fin de la confrontación armada como resultado de un proceso de paz,
teniendo en cuenta que una de las mayores dificultades alrededor del proceso se encuentra
en la posibilidad de establecer la verdad, la justicia y la reparación, que es lo que se espera
del proceso, versus lo que los entendidos llaman lo “deseable y lo posible” que pone como
protagonista y centro del debate a la justicia transicional y su alcance.
Un escenario como el que se presenta implica una acción del Estado con el fin de congregar
a la Nación. Pero igualmente, al hablar de políticas públicas, si bien el principal actor de
estas acciones debe ser el Estado, esto no implica que no haya otros actores los cuales
puedan desempeñar también un papel importante y necesario en la agenda de formulación e
implementación de una política para la paz; toda vez que estos otros actores: las
organizaciones sociales, las iniciativas ciudadanas, la academia, la iglesia, y otras pueden
involucrarse como animadores, que no podrán suplantar las responsabilidades del Estado y
85
sus instituciones, y que como consecuencia directa debería fortalecer a la misma
institucionalidad.
Si bien, las políticas públicas son por excelencia una herramienta no está definido hasta qué
punto pueda ser el factor que genere las condiciones para el cese de la confrontación
armada y la reconciliación de la sociedad. Como se mencionó, una política pública de paz
implica construir una serie de políticas públicas las cuales son determinantes para llegar a
convertirse en una situación que influya sobre la formación o el surgimiento de otras
instituciones, o reformar y fortalecer las ya existentes a la par de los acontecimientos que,
de por sí, condicionan las políticas públicas.
Recurriendo nuevamente a Farfán (2007):
(…) se trata de fenómenos cruciales, como la situación de una gran prosperidad económica o,
por el contrario, de una crisis, una guerra, una revolución o un proceso importante de
reforma político-social. Cualquiera de estos fenómenos es determinante para el éxito de una
idea o de un proyecto que aspira a convertirse en política institucionalizada.
En el caso del proceso de paz colombiano, además se presentan otros elementos
adicionales, por ejemplo, un ambiente de incertidumbre política debido a la proximidad de
las elecciones presidenciales y la formulación de políticas públicas se constituye como un
elemento estratégico en el camino hacia la construcción de la paz, pues se trata de
intervenir en ambientes muy complejos a escala institucional en unos tiempos
determinados. De tal manera que una política pública para la paz, además de ser un
imperativo ético para el Estado, lo es igualmente para la sociedad y por ende para cada
individuo, independiente de sus orientaciones.
Así como el proceso de paz es un asunto político, se observa con (Farfán, 2007) que la
creación de políticas sociales es, ante todo un asunto del ejercicio de la política: “(…) una
responsabilidad de determinados tomadores de decisiones, que se ven inmersos en una
compleja relación entre acción social y estructuras, de la cual surgen las políticas sociales”.
86
De este modo la “construcción de la paz” es un procedimiento político que tiene como
objetivo crear un estado deseable de situaciones para lograrlo, y el resultado en nuestro
caso no puede ser otro que el del fin de las hostilidades para llegar a la convivencia por una
parte y afrontar las causas estructurales por el otro, lo que no quiere decir necesariamente
que estas serán resueltas, pero si puede quedar planteadas las posibilidades de acceder a
esos cambios en el tiempo como un acuerdo entre la Sociedad y el Estado. Así planteado, la
reconstrucción de una sociedad después de un acuerdo de paz implica la generación de
condiciones institucionales para que esta sea firme y duradera. Sin embargo, para hacerlo
práctico está ligado a la concepción de reconciliación, que implica que las partes
involucradas construyan un entendimiento sobre las diferencias y el reconocimiento mutuo,
lo que implica más que aspectos simbólicos acceder a unos acuerdos de justicia
transicional.
Como señala (Rodrigo Uprimny, 2007):
La relación existente entre derecho y política, y en particular entre los estándares jurídicos
que consagran los derechos de las víctimas, por un lado, y las dinámicas políticas que
subyacen y a la vez determinan los resultados de una transición –en especial de una transición
negociada–, por otro”.
Esta reflexión será aplicada al caso colombiano, pues la misma resulta muy útil para
comprenderlo adecuadamente. En particular, el rol que los mecanismos de justicia
transicional –y especialmente el reconocimiento de los derechos de las víctimas– juegan en
las actuales negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Desde ese
punto de partida, se intenta arribar a algunas conclusiones, que tal vez puedan ser
extendidas al análisis de otras situaciones.
Uno de los fines de una política de esta naturaleza, es precisamente el proceso y la
legitimidad que éste tenga para la obtención del resultado, por lo cual durante el proceso es
fundamental, centrarse en principios y procedimientos antes que en soluciones; procurar
nuevas formas de organización y gobernabilidad; poner en marcha actitudes facilitadoras
como la confianza, el respeto mutuo, la perseverancia. Lo anterior constituye la base de la
87
implementación y el éxito que pueda tener una política de construcción de paz y
reconciliación (Martínez Zamora, 2011)
Y por supuesto, como se señaló en el capítulo anterior, no es tan simple como limitarse a
una discusión de maximalismos, sino de encontrar espacios para la construcción de
estrategias, visiones compartidas y realizaciones colectivas, las cuales se puedan inspirar en
un marco ordenador de principios y criterios en favor de la paz y la reconciliación, las
cuales ya se vienen desarrollando y con un abierto debate sobre las posibilidades de la
justicia transicional así como una política pública para la construcción de la paz y la
reconciliación.
3.1 Modelos de Justicia Alternativa y Políticas Públicas
Durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe no solo se realizaron negociaciones para la
desmovilización sino además se firmó un proceso de paz con el grupo paramilitar AUC.
Este proceso, a la fecha, ha sido bastante cuestionado y durante su aprobación en el
Congreso de la República, también la denominada Ley de Justicia y Paz que le dio un
marco jurídico al proceso de paz. Las críticas han estado centradas, en primera instancia, en
los altos niveles de impunidad debido a los plazos y procedimientos con que se han llevado
a cabo en los procesos judiciales, y lo que propuso el tema de la alternatividad penal para el
castigo a los delitos de lesa humanidad cometidos por esta agrupación ilegal.
Sin embargo, hay un elemento que marca un importante avance en materia de procesos de
paz en Colombia y es la creación de una Comisión de Reparación y Reconciliación (CNRR).
La CNRR surge de la misma Ley y tiene una composición mixta con 5 integrantes de la
sociedad civil y 2 representantes de organizaciones de víctimas, además de delegados(as) de
otras instituciones como la defensoría del Pueblo y algunos ministerios públicos (Ruíz, 2010).
Este modelo de justicia restaurativa igualmente afrontaba el problema que se planteaba en
medio del conflicto y que no involucraba a los otros grupos armados. Nuevamente, y a
partir del proceso de paz iniciado por el Presidente Santos, en Colombia, la sociedad civil,
las organizaciones y las instituciones del Estado han apropiado el discurso de la justicia
88
transicional, entendiendo la como el conjunto de mecanismos que tiene nuestra sociedad
para hacer frente a las graves y masivas violaciones de derechos humanos. El país en este
sentido no solo tiene unos compromisos internos sino además con la comunidad
internacional de castigar los crímenes de lesa humanidad.
En este sentido, se pueden señalar los comentarios de Luis Moreno Ocampo, quien estuvo
al frente de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional:
Hay cosas que no podemos negociar, eso ni siquiera está en las manos de Colombia. Pero es
que en Colombia se han cometido miles de crímenes, entonces algunas personas deben
responder por esa realidad: las Farc tienen que entender eso. Advertir eso, como lo ha hecho
la Fiscalía de la Corte, no es un obstáculo sino una ayuda. Ahora, las modalidades de
cumplimiento de las condenas, cómo se organiza eso, pues hay muchas variables (El Tiempo,
2013).
A pesar de lo anterior, todavía permanece abierta la pregunta de si los estándares jurídicos
de la justicia transicional funcionan realmente como límites normativos efectivos a las
opciones políticas que están disponibles para llevar a cabo una transición. Esto es así
porque un discurso determinado –como el de la justicia transicional– no implica
necesariamente una transformación en la práctica; dicho uso puede consistir simplemente
en un giro retórico con efectos simbólicos o legitimadores. Por eso, es importante analizar
cuidadosamente si el lenguaje de la justicia transicional puede servir a intereses distintos, y
en particular, si puede ser utilizado no sólo para promover efectos transformadores, sino
también para perpetuar el statu quo.
El fin del conflicto que ha marcado nuestra historia hace más de cinco décadas tiene
esperanza en la justicia transicional como una respuesta para afrontar los crímenes de
guerra y lesa humanidad, una signo de luchar contra la impunidad y además para garantizar
los derechos que tienen las víctimas, entre ellos una compensación por los daños causados.
Para la aplicación de una política pública para la paz, enmarcada en una Justicia
transicional, es necesario comprender el contexto en que se desenvuelven las
89
conversaciones de paz, y entender, en contexto, la complejidad de su aplicación dirigida a
una política de paz con verdad, justicia y reparación, la cual es el motivo de los grandes
debates institucionales (manifiestos en las controversias públicas entre Fiscalía y
Procuraduría) y académicos, así como la polarización de la sociedad civil.
Transcurridos ocho años de poner a operar un intento de justicia transicional, se puede
indicar que fue un proceso que no tuvo el respaldo institucional para desarrollarse,
sobretodo en el sentido de la justicia, lo cual ha influido en que la sociedad en conjunto se
encuentre pesimista no solo en cuanto a la terminación del conflicto armado sino a la
verdad, a la justicia y a la verdadera reparación. Está demostrado, que no siempre la
aplicación de la ley tiene como resultado un hecho de justicia.
La profundización en este debate da lugar a lo que se denomina la Posición Relativista
(Kelsen, 1979) quien allana el camino con el argumento de que como el problema de lo justo
está en el antagonismo de valores, y los valores entran en el plano de lo ético y moral y por
ende no son objetivos sino que están guiados por aspectos de tipo subjetivo, lo que debe
buscar la justicia es un compromiso que concilie intereses (visión positivista) con los valores
(visión iusnaturalista). Y en términos prácticos, ha dado lugar a interesantes desarrollos en
materia de aplicación de justicia. En los últimos tiempos ha surgido lo que se denomina
“justicias alternativas” que rompiendo la férrea defensa de la doctrina jurídica que procura
mantener la aplicación de justicia en el campo del derecho positivo, ha dado lugar a nuevas
formas de justicia, que paradójicamente rescatan tradiciones pre modernas para la búsqueda
de lo justo (Ruíz, 2010)
De otro lado, unas de las dificultades adicionales que enfrenta la justicia transicional tienen
que ver con su definición y las formas de aplicación, direccionadas por cada definición. La
interpretación del concepto de justicia transicional apunta, en primer lugar, al discurso y
dicho discurso es usado, según los intereses a los que sirve, lo que implica que no hay un
acuerdo sino varias interpretaciones posibles, no solo del lenguaje sino de la aplicación de
sus mecanismos. En ese sentido, es posible enmarcar el sentido de la justicia transicional es
un campo muy impreciso, el cual puede ser aproximado e interpretado de muchas maneras.
90
Con respecto a estas diferenciaciones conceptuales y de aplicación práctica de justicia se
encuentran los siguientes modelos:
Tabla 10. Modelos para la aplicación de Justicia
Justicia Retributiva:
• Tiene como presupuesto fundamental el
castigo a la infracción de la ley, y supone
una sociedad de individuos regulada por
un contrato social.
• Se enfoca principalmente al tratamiento
que debe dar al ofensor y generalmente
deja de lado la víctima.
• Es un enfoque retroactivo puesto que los
procedimientos legales se inician una vez
se ha cometido la infracción y utiliza
mecanismos tales como las cortes, las
leyes criminales y los tribunales
internacionales, para combatir la
impunidad y disuadir futuras violaciones
de derechos.
• Posee un alto nivel de abstracción ya que
delito es concebido como una acción en
contra del Estado y se desliga de la
relación concreta entre personas y del
origen social del conflicto.
Justicia Restaurativa:
• Es un tipo de justicia centrada en la
dimensión social del delito.
• Busca restaurar el lazo social dañado por
la acción criminal en un proceso de
reparación y reconciliación entre la
víctima y el infractor, con la mediación de
la comunidad.
• Cuestiona la abstracción del modelo
jurídico y apela al conocimiento y
resolución de los conflictos entre sujetos
concretos de comunidades concretas.
• Da un papel fundamental a la víctima a
quien se repara el daño y responsabiliza al
ofensor, además de darle la oportunidad
de deshacer el daño y reconciliarse con la
sociedad.
Justicia Reparativa:
• También llamada justicia compensatoria.
La justicia reparativa se preocupa por
devolver a las víctimas lo que ellas han
perdido durante el curso del conflicto.
• Estas reparaciones pueden ser individuales
o colectivas y pueden ser económicas o
no.
Justicia Distributiva :
• Esta modalidad de justicia está centrada en
los aspectos económicos de las relaciones
sociales y se preocupa por dar a todos los
miembros de la sociedad, una “parte justa”
de los beneficios y recursos disponibles.
• Es la encargada de definir los criterios de
esta distribución y garantizar los procesos
91
• Uno de los aspectos más importantes de la
justicia reparativa es que lleva al ofensor
al reconocimiento de la responsabilidad
por el daño ocasionado a las víctimas y el
gesto de compensación puede ser
positivamente percibido por las víctimas
como una forma de arrepentimiento
genuino.
que dan cuenta de ello.
• Supone que es necesario reglamentar de
alguna manera la práctica económica, para
corregir la desigual proporción con que los
diferentes estamentos sociales se apropian
del producido social.
Fuente: (Ruíz, 2010).
Estas relatividades y dilemas de la justicia transicional llevan a enfrentar dos enfoques en la
aplicación de justicia el Modelo Retributivo y el Modelo Restaurativo:
Tabla 11. Modelo retributivo Vs Modelo restaurativo
MODELO RETRIBUTIVO MODELO RESTAURATIVO
El delito es la infracción a la norma penal del
Estado
El delito es la acción que causa daño a otra
persona.
Se centra en el reproche, la culpabilidad,
mirando al pasado, a lo que el delincuente
hizo.
Se centra en la solución del problema, en la
responsabilidad y obligaciones mirando al
futuro.
Se reconoce una relación de contrarios, de
adversarios, que vencen y someten al enemigo
en un proceso normativo legal.
Se establece un diálogo y una negociación
normativa que imponga al delincuente una
sanción restauradora.
El castigo es la consecuencia natural,
dolorosa, que también conlleva o pretende la
prevención general y especial.
La solución del conflicto está en la reparación
como un medio de restaurar ambas partes,
víctima y delincuente. Tiene como meta la
reconciliación.
El delito se percibe como un conflicto (ataque)
del individuo contra el Estado. Se
menosprecia su dimensión interpersonal y
conflictiva
El delito se reconoce como un conflicto
interpersonal. Se reconoce el valor del
conflicto.
El daño que padece el sujeto pasivo del delito Se pretende lograr la restauración del daño
92
se compensa con (reclama) otro daño al
delincuente.
social.
Se margina a la comunidad (y a las víctimas) y
se la ubica abstractamente en el Estado.
La comunidad como catalizador de un proceso
restaurativo versus el pasado.
Se promueve y se fomenta, el talante
competitivo, los valores individuales.
Se incentiva la reciprocidad.
La sanción es la reacción del Estado contra el
delincuente. Se ignora a la víctima y el
delincuente permanece pasivo.
Se reconoce el papel de la víctima y el papel
del delincuente, tanto en el problema (delito)
como en su solución. Se reconocen las
necesidades y los derechos de la víctima. Se
anima al delincuente a responsabilizarse.
El deber del delincuente es cumplir (sufrir) la
pena.
Se define la responsabilidad del delincuente
como la comprensión del impacto de su acción
y el compromiso de reparar el daño.
El delincuente no tiene responsabilidad en la
solución del problema.
El delincuente tiene responsabilidad en la
solución del conflicto.
El delito se define a tenor de la formulación
legal, sin tomar en consideración las
dimensiones morales, sociales, económicas y
políticas.
El delito se entiende en todo su contexto
moral, social, económico y político.
El delincuente tiene una deuda con el Estado y
la sociedad en abstracto.
Se reconoce a la víctima la
deuda/responsabilidad.
El estigma del delito es imborrable. El estigma del delito puede borrarse por la
acción reparadora/restauradora
No se fomenta el arrepentimiento, el perdón. Se procura el arrepentimiento y el perdón.
La justicia está exclusivamente en manos de
profesionales gubernamentales.
La respuesta al delito se crea desde los propios
protagonistas.
Fuente: (Ruíz, 2010)
Al observar esta tabla comparativa, se puede deducir que cada modelo tiene su propia
lógica evidente y, por extensión, un impacto diferente en la sociedad.
93
La justicia restaurativa, la cual alude el señor Fiscal de la Nación, en contravía de la
posición del señor Procurador de la Nación expresa la polarización de los diferentes
sectores de la sociedad colombiana. El Procurador señala que es necesario lograr un
equilibrio entre la justicia retributiva y la restaurativa, y que esta deriva en la justicia
transicional. El Fiscal General reconoce que existe un marco normativo formulado en el
marco para la Paz y aboga por la participación de diferentes personas en el manejo de los
delitos, no necesariamente juristas. En ese sentido busca lo justo en el ámbito en cada caso,
apartándose de unas reglas estándares para todos los casos.
De acuerdo con lo planteado hasta aquí, es posible concluir que existen dos visiones de la
forma como se puede lograr e implementar la justicia restaurativa:
La primera, ligada completamente al sistema jurídico, busca su aplicación en marcos
jurídicos estrechos que la vuelven operativa a través de mecanismos. Y la segunda, se mueve
en un contexto interdisciplinar, en la que se busca el desarrollo de una filosofía y una nueva
forma de comprender el delito que propende por transformar las bases de la injusticia y
construir paz, y por ello su espacio de aplicación no se limita al ámbito jurídico” (Ruíz, 2010)
En este mismo sentido, y siguiendo a (Ruíz, 2010) la justicia restaurativa tiene diferentes
enfoques, lo cual permite hablar también de diversos tipos de verdades:
� Verdad judicial , es aquella que puede ser probada y por ello siempre será limitada
y tiene sobre todo un propósito castigador que conduce a una dinámica de mínimos,
pues entre menos se diga y conozca menor será el castigo.
� Verdad personal, es una verdad relativa y subjetiva, pues se refiere a las
experiencias, emociones y recuerdos que cada quien tiene en relación con un hecho
particular. Es posible que dos personas en el mismo lugar y a la misma hora tengan
dos versiones diferentes de un hecho y ello está influenciado por la manera como el
hecho le impacta, por cuestiones ideológicas y hasta por su propia historia.
94
� Verdad social, es una verdad que se construye a partir de muchas verdades y
experiencias individuales en un contexto determinado. Es lo que queda en la
memoria de la sociedad como historia y reflexión ética.
� Verdad restaurativa, es la que permite trascender la violencia, aprender de ella,
empoderar a las víctimas y crear condiciones para la superación del estigma de los
victimarios.
3.2 Mecanismos de la Justicia Restaurativa
En su propuesta conceptual, la justicia restaurativa define una serie de principios
relacionados con las víctimas, los victimarios y el papel activo de la sociedad para
potencializar el papel transformador de esta forma de justicia. La definición planteada en el
Código de Procedimiento Penal al respecto de la Justicia Restaurativa es:
Se entenderá por programa de justicia restaurativa todo proceso en el que la víctima y el
imputado, acusado o sentenciado participan conjuntamente de forma activa en la resolución
de cuestiones derivadas del delito en busca de un resultado restaurativo, con o sin la
participación de un facilitador. Se entiende por resultado restaurativo, el acuerdo encaminado
a entender las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas de las partes y a
lograr la reintegración de la víctima y del infractor en la comunidad en busca de la
reparación, la restitución y el servicio a la comunidad (Código de procedimiento penal, ley
906 de 31 de Agosto de 2004).
Entre los mecanismos con los que cuenta la justicia restaurativa se contemplan:
95
Tabla 12. Mecanismos de justicia restaurativa
Conciliación Pre procesal: La conciliación es un mecanismo que se adoptó en todas las
áreas del derecho como una forma de descongestionar los
despachos judiciales y una manera de apresurar la solución
de las controversias entre los interesados, para evitar que los
conflictos tuvieran que surtir las instancias judiciales en
busca de una solución. Mediante la conciliación, la víctima
y el victimario acuerdan sus voluntades para que de una
manera consensuada den solución a la controversia
originada con el delito. La conciliación se ceñirá, en lo
pertinente, a lo establecido en la ley 640 de 2001 Según el
código la conciliación es obligatoria en los delitos
querellables y podrá hacerse ante el fiscal, en un centro de
conciliación o ante un conciliador o conciliadora reconocido.
Si no hay acuerdo, se puede ejercer la acción penal.
La Mediación La mediación es un mecanismo por medio del cual un
tercero neutral, particular o servidor público designado por
el Fiscal General de la Nación o su delegado, trata de
permitir el intercambio de opiniones entre la víctima y el
ofensor para que confronten sus puntos de vista y, con su
ayuda, logren solucionar el conflicto que les enfrenta. La
persona que hace las veces de mediador o mediadora no
administra justicia, es un facilitador o facilitadora neutral
para la comunicación entre la víctima y el victimario. El
mediador o mediadora debe acercarse a la víctima y al
ofensor/a fin de asegurarse de que la mediación sea
apropiada para ambos.
Conciliación en el
Incidente de Reparación
Integral
La reparación en el Código no se refiere sólo al pago de los
perjuicios causados, comprende también el compromiso de
la restitución, devolución o reemplazo de objetos materiales
si ello estuviese involucrado en el delito, o a brindar
servicios directos a la víctima o a la comunidad. Es así
como el Incidente de Reparación Integral puede iniciarse
96
cuando el ofensor ha sido declarado o declarada culpable y
puede ser solicitado por la víctima, el fiscal o el Ministerio
Público.
Principio de Oportunidad En el caso de la justicia restaurativa el principio de
oportunidad se activa cuando se acepta la conciliación en el
incidente reparación y por ende el caso pasa a lo que se
denomina suspensión del procedimiento a prueba, es decir
se suspende la acción legal para dar paso al cumplimiento de
las condiciones de reparación pactadas.
Suspensión del
Procedimiento a Prueba
La Suspensión del Procedimiento a Prueba será solicitada
por el imputado al fiscal mediante solicitud oral en la que
presenta un plan de reparación del daño y las condiciones
que estaría dispuesto a cumplir. El plan podrá consistir en la
reparación integral de los daños causados a las víctimas o la
reparación simbólica, y en los plazos para su cumplimiento.
El fiscal consultará a la víctima y resolverá de inmediato y
fijará las condiciones bajo las cuales se suspende el
procedimiento, y aprobará o modificará el plan de
reparación propuesto por el imputado, ojala con el
beneplácito de la víctima, aunque esta no es una condición.
Fuente: Adaptado de (Ruíz, 2010)
Como lo señala Uprimny, el medio a través de la cual puede analizarse el rol de la justicia
transicional en las negociaciones de paz se enfoca en la relación entre paz y justicia, que
está en la base de cualquier concepción de justicia transicional. La aplicación de una
justicia transicional está señalada por el acuerdo político.
Tal como se ha analizado, la justicia restaurativa puede tener implicaciones positivas, y
constituirse en una importante opción para la construcción de equidad y transformar la
injusticia desde sus bases, como es el caso de la justicia restaurativa, vista como un proceso
y no como un mecanismo. Pero tiene también implicaciones negativas, como la violación
de derechos humanos y la impunidad en muchos casos.
97
Para finalizar, hay que indicar que la controversia que la sociedad manifiesta ante la
finalización efectiva de un tratado de paz esta signada a la manera como se debe abordar el
tema de verdad, justicia y reparación. Lo que está claro, es que todos no van a quedar
reparados y en el caso de la justicia restaurativa, los promotores y defensores de este
modelo tampoco en la práctica podrían quedar muy satisfechos ya que el modelo mismo no
alcanza para satisfacer a todos, habrá muchos casos de impunidad que ni siquiera podrán
quedar documentados, de igual manera, quienes están de acuerdo en una justicia reparativa,
de ninguna manera quedaran tranquilos pues no hay un sistema judicial para adelantar las
investigaciones a cada uno de los miembros de los grupos alzados en armas y comprobar su
participación en hechos delictivos y peor aún de lesa humanidad. Al final, la única opción
será la de una sociedad en paz que empieza a reconstruirse.
El largo e interminable conflicto interno colombiano, ha obligado a los diferentes sectores
de la sociedad, encabezados por el Estado a buscar y dotar al país en distintos momentos,
de procesos de paz que permitan a la nación superar el conflicto interno. Sin embargo, es
importante anotar, que las experiencias del pasado y los distintos procesos de pacificación
de conflicto en América, en los que Colombia ha participado como garante o amigo, han
dotado al estamento administrativo de una serie de procedimientos encaminados a lograr de
una vez por todas, la tan anhelada paz. La última experiencia de Colombia en solución de
conflictos internos y procesos de paz, se dio durante la anterior administración, en la cual se
reintegraron a la sociedad cientos de militantes de las Autodefensas Unidas de Colombia
(AUC). Este proceso se enmarcó dentro de la firma de acuerdos y la inclusión de los
reinsertados a la Ley de Justicia y Paz, donde se circunscribe la justicia transicional, que
permita obtener la verdad de lo sucedido, determinar la responsabilidad de los actores
causantes de las acciones delictivas, alcanzar la justicia que exigen el Estado, la sociedad
civil y las víctimas, Otro aspecto que persigue la transición, es la reparación a las víctimas
del conflicto y la inclusión de estos a la vida en comunidad.
Las divergencias en materia de justicia transicional entre los estamentos de control
colombianos, son evidentes. Estas buscan argumentar la inclusión y funcionalidad de los
diferentes tipos de justicia, la retributiva por ejemplo, en donde debe el victimario producir
98
efectos de resarcimiento a las víctimas y a la sociedad, por medio del cumplimiento de
sanciones y condenas por las acciones criminales realizadas. La justicia reparativa por su
parte, busca brindar a la víctima y a la sociedad de indemnizaciones y declaración de
derechos a su favor que le proporcionen una estabilidad económica y digna dentro de la
sociedad. Por su parte la justicia distributiva, propende dar a cada cual lo que le
corresponde, tanto a la víctima, como a su victimario. Y por último y quizá, la que más
ampolla ha provocado entre el Fiscal General de la Nación y el Procurador General de la
Nación, es la justicia restaurativa, en la cual la victima debe ser resarcida, sus derechos
deben de ser proclamados y debe alcanzarse el objeto de incorporarlo a la vida social a
través de la superación de los traumas psicológicos y pérdidas que le generó la guerra en la
cual se vio involucrado.
Es posible que los acuerdos en la Habana se vean en un corto tiempo, no obstante, es
primordial la inclusión en la mesa de negociaciones de representantes de la sociedad civil,
que aporten y exijan la inclusión de todos los sectores de la sociedad en la solución y
finalización del conflicto interno. De esta forma se puede esperar que al momento de firmar
el acuerdo que selle la paz, se pueda dar un giro definitivo al país y se pueda planificar
responsablemente el desarrollo de la nación a fin de que todos los ciudadanos, los
involucrados y los que no lo han estado en el conflicto, tengan posibilidades de salir
adelante, aporten a la evolución del Estado y no permitan que esta guerra sangrienta y sus
efectos vuelvan a repetirse y tengan impacto en la nuevas generaciones.
Cabe recordar, que lo que se está jugando en la mesa de Diálogos de La Habana es ni más
ni menos que el poner fin a más de sesenta años de conflicto armado entre las guerrillas de
este país (inicialmente Grupo Guerrillero de las FARC), lo cual implica una preparación
para el llamado “Post-Conflicto”, situación que debe ser reglamentada por medio del
mismo acuerdo de Paz que se pretende firmar, la cual debe hacer la inclusión de todos y
cada uno de los sectores de la sociedad Colombiana y teniendo en cuenta los dos pilares
objeto de esta Monografía (los contextos y los arreglos Institucionales). Por lo tanto las
reflexiones alrededor deben ser planteadas de la siguiente manera:
99
� En cuanto a los Arreglos Institucionales: este tema es de vital importancia e implica
en su mayoría al Gobierno nacional, ya que lo que se busca es crear un mayor
equilibrio y al mismo tiempo generar un intercambio político y económico entre los
llamados Actores del conflicto; para ser un poco más específico se ha de preparar a
todos los sectores para la inclusión a la vida civil de los generadores del conflicto
armado.
Es de recalcar que, cuando el gobierno Colombiano, a la cabeza del Presidente Santos,
decidió sentarse a dialogar con la Guerrilla de las FARC, estaba muy claro que en cualquier
proceso de paz deben imperar unos principios rectores, entre los que se resaltan: el
equilibrio, la igualdad, la proporción y la equidad, entendiendo en este caso, que ninguna de
las partes del acuerdo debe estar en ventaja con la otra, sino se cumple esta regla, de otro
modo, cualquier Proceso de Paz que se pretenda efectuar, será un verdadero fracaso. Se
debe reconocer que es muy duro para muchos aceptarlo, y tal vez incluya al autor d este
escrito, por la calidad de Militar que ostento, pero si realmente se desea la tan mentada
“Paz”, se deben aceptar muchas situaciones con las que tal vez no estemos de acuerdo, por
ejemplo, la inclusión de desmovilizados en un status político, económico y social.
De lo anteriormente descrito es de recalcar que esta salida negociada al conflicto no debe
permitir se mezcle con la impunidad, pues lo que si es cierto es que debe primar la verdad,
la justicia y la reparación, de esta manera y cumplidos estos tres pilares, se palparán los
resultados del Acuerdo de Paz, teniendo en cuenta que el ser humano, cuando ha visto
vulnerados sus derechos fundamentales a la vida, dignidad, libertad, propiedad privada y
otros derechos conexos, debe ser reparado, hacerse justicia y decirse la verdad para que
quede tranquilo y satisfecho, por lo menos en una mínima parte, de lo contrario, si no se
hacen cumplir estos preceptos, siempre habrá caldo de cultivo para el rencor y odio hacia
quien vulnera los derechos y también a quien no los protege.
� El segundo gran Pilar, son los Contextos. Sobre este tema se deben analizar muchos
aspectos, teniendo en cuenta que, por ejemplo el contexto económico tiene relación
con el dinero, la revaluación, la devaluación, la pérdida de valor adquisitivo, los
100
sectores de economía y que viene al caso del Proceso de Paz que está negociando.
La Economía de Colombia y sus sectores desempeñan un papel bastante importante,
básicamente es como comparar el querer adquirir un bien mueble e inmueble sin
tener el dinero, pues en este caso si no hay un presupuesto previamente acordado
antes de la firma del Acuerdo de Paz también, también se allanará un fracaso. Pero,
¿Por qué un fracaso? La respuesta sería: Todo acuerdo de Paz requiere una
inversión para que se configuren aspectos como la Reparación de Victimas, la
Restitución de Tierras, el tema agrario, la dejación de armas, la desmovilización, y,
en nuestro caso, la misma creación de un Ministerio que se encargara del post
conflicto. De otra parte se encuentran los grupos económicos de orden privado, con
los que también el Gobierno deberá dialogar para el tema de inclusión de
desmovilizados en la vida laboral a cambio de incentivos tributarios.
Por lo anterior, abordar este tema de contextos es un poco complejo, sobre todo en un País
donde siempre ha existido la desigualdad social, política y económica por muchas causas,
entre ellas la falta de oportunidades en educación y el desempleo.
Un País como Colombia, es un ejemplo de gente pujante y que lucha día a día por
sobrevivir y sacar sus familias adelante, pero ocurre lo siguiente: que el ingreso a la
educación, o es muy difícil en términos académicos o es muy costoso en términos
económicos, los índices en temas de ingreso a la educación superior en Colombia muestran
tendencias muy pobres y demasiada deserción, aunado a que muchos que hacen el esfuerzo
económico por culminar una carrera universitaria se ven envueltos en una grave situación al
salir de las aulas, por la falta de “Experiencia”, este tema se contradice y no es claro, que un
profesional recién egresado sale en búsqueda del mercado laboral y por el hecho de no
tener experiencia es rechazado, entonces: ¿qué pasa?, ¿cómo va a adquirir experiencia un
profesional o técnico sino hay las oportunidades?. Se ha visto que, por ejemplo, la ley de
primer empleo quedó en el papel, no se está aplicando como debería ser, y el país sigue con
el mismo problema mientras no se regule y se apliquen en la realidad estas normas.
101
Lo anterior, visto en el eventual Proceso de Paz, lleva a concluir que, si en el momento no
existe un presupuesto del Estado para dar las mismas oportunidades Educativas y laborales
para población que no hace parte del conflicto armado, ¿cómo se va a lograr el equilibrio en
el momento que cada uno de los desmovilizados pretendan iniciar una vida civil
formándose académicamente y posteriormente laboralmente?, ¿será posible y habrá el
presupuesto disponible para abrir cierta cantidad de cupos educativos y de puestos de
trabajo?
Una nación como Colombia cuenta con el presupuesto para el Post-conflicto, lo que ocurre
es que ha estado y está mal distribuido y es por culpa de la burocracia y la corrupción,
problemas culturales y estructurales que deben ser erradicados para llegar a la verdadera
paz en este país.
La construcción de Paz no es tan compleja, simplemente requiere voluntad, buena fe,
equidad, igualdad, transparencia, etc., de parte de los actores del Conflicto y del Gobierno
Nacional. Si se va a llegar a un acuerdo de Paz, que sea un marco jurídico “no viciado y sin
vacíos”, exige que se convierta tal vez en parte integrante de la Pirámide de Kelsen por
debajo de la Constitución Política. Ya se está a dos años del inicio de la mesa de diálogos
y se está arribando al punto de la dejación de armas, quedando prácticamente solo un punto
por definir, sin embargo, es preferible que se debata sobre lo que resta, seis meses o hasta
un poco más, pero que se haga algo bien hecho, bajo unos buenos y completos “Arreglos
Institucionales” y mejores Contextos.
Por último, y para cerrar este análisis se debe poner en conocimiento un artículo muy
importante dentro del tema de los Contextos, publicado en la página de Últimas Noticias,
(19 de Septiembre 2014), dicho artículo dice lo siguiente:
EFE | ÚN.- El Producto Interno Bruto (PIB) de los departamentos de Colombia
tarda en duplicarse aproximadamente 18,5 años, un período que sin un conflicto
armado sería de solo 8,5 años, por lo que si fructifican las negociaciones de paz entre
el Gobierno y las Farc en La Habana, el país puede ganar una década de crecimiento
102
económico.
Así se desprende del libro Costos económicos y sociales del conflicto en Colombia:
¿cómo construir un posconflicto sostenible?, elaborado por varios economistas
colombianos y que fue presentado por una de sus coordinadoras, Ana María Ibáñez,
decana de la Facultad de Economía de la Universidad de Los Andes.
Durante el acto de lanzamiento, Ibáñez explicó que si los diferentes grupos armados
que actúan en Colombia alcanzaran un acuerdo de paz definitivo y cesara el conflicto
armado que se prolonga desde hace más de 50 años, se produciría una expansión de
la economía de los 32 departamentos que componen el país de 4,4%.
Este cálculo considera incluso la posibilidad de que se mantenga “la violencia
criminal” y por tanto permanezcan reductos donde el desarrollo económico sea más
complicado.
La estimación elaborada por los economistas recoge que, cuando se produce un
incremento de 1% de los ataques y secuestros, hay una caída del PIB de los
departamentos de 0,04% y de 0,36%, respectivamente.
Asimismo, Ibáñez explicó que, según los datos recabados en el estudio, un incremento
de los ataques de 10% aumenta en 10,3% la posibilidad de que una firma
manufacturera abandone esa región.
En este sentido, destacó que los ataques que tienen un mayor efecto sobre las
empresas son aquellos cuyo autor es desconocido porque generan una mayor
incertidumbre.
Además, señaló que aquellas regiones en las que existe un conflicto por el control del
territorio entre los diferentes grupos armados se ven más afectadas por el abandono
de las firmas.
103
El estudio también analizó el impacto que tienen sobre el riesgo país los diferentes
hitos del conflicto armado colombiano, como el asesinato de los políticos Guillermo
Gaviria y Gilberto Echeverri a manos de las Farc o la captura del guerrillero de este
grupo “Simón Trinidad”, alias de Juvenal Ovidio Ricardo Palmera.
En el primero de los casos se produjo un notable aumento del riesgo país, mientras
que en el segundo un gran descenso, lo que tiene efecto directo sobre la deuda externa
colombiana.
Sin embargo, Ibáñez destacó que los mercados también se acostumbran a estos
eventos, por lo que las reacciones ahora son menores.
En referencia a la producción agrícola, el informe devela que aquellos hogares
enclavados en regiones con cuatro años de presencia de grupos armados tienen, en
promedio, 7,4 puntos porcentuales de tierra sin usar y 7,7 puntos más de pastos
subutilizados.
Esto genera una reducción de la productividad agrícola que está también determinada
por la incertidumbre generada por la acción de los grupos armados, lo que tiene una
incidencia directa en el comportamiento de los campesinos.
Ibáñez también resaltó que la acción de estos grupos tiene un efecto directo sobre la
producción agrícola debido a la destrucción de infraestructuras, la muerte de
campesinos y el deterioro del capital humano.
El libro concluye con una encuesta realizada por los investigadores sobre las
perspectivas de reconciliación que alberga la sociedad colombiana, de la que se
desprende que 70% de las víctimas estarían dispuestas a que los actores armados
participen de la vida pública.
104
En este sentido, recomiendan que, en caso de que se llegue a un acuerdo de paz,
Colombia emprenda políticas públicas que reactiven la producción económica y
mitiguen los impactos negativos del conflicto.
3.3 Lecciones para aprender en el proceso de paz colombiano de los tres casos
centroamericanos
El conflicto en Colombia, comenzó en una época mucho anterior a la lucha capitalismo-
comunismo; las guerrillas realmente solo tomaron el componente ideológico de esa época
para seguir con una lucha que llevaba ya varias décadas en contra del Estado, que de varias
maneras fomentaba la violencia; también hay que tener en cuenta que el componente
paramilitar, en el caso colombiano, no fue fomentado por Estados Unidos sino que tiene su
origen e historial propio.
Así mismo, el conflicto colombiano no se pudo desmontar y desarmar en el tiempo en que
lo hicieron los tres casos centroamericanos estudiados, y de hecho, al permitir que las partes
combatientes se comenzaran a lucrar del negocio del narcotráfico, en las décadas de 1980 y
1990, hizo que se recrudeciera la violencia en nuestro país. También, otra variable que ha
impedido que las partes del conflicto negocien una paz duradera es el incumplimiento de
los acuerdos, indultos y amnistías de todas las partes del conflicto, sobre todo en las
décadas ya mencionadas; merece mención especial lo sucedido con el partido político
conocido como Unión Patriótica, originado en el proceso de paz en la Presidencia de
Belisario Betancourt, y como iniciativa de las FARC y el ELN, vio como sus principales
dirigentes fueron exterminados, con el concurso de Miembros de las fuerzas militares,
paramilitares y narcotraficantes y en hechos que todavía hoy no se han aclarado. De similar
forma, el grupo guerrillero M-19, al negociar, desmovilizarse, recibir amnistía y convertirse
en movimiento político, vio la persecución y muerte de algunos de sus líderes, como Carlos
Pizarro León Gómez.
105
A diferencia de El Salvador, Guatemala y Nicaragua, en Colombia los organismos
internacionales no han tenido la participación que pudieron tener en estos procesos de Paz
, en las diferentes etapas de potenciales procesos de paz colombianos, tal vez por haber
proyectado una imagen de estabilidad muy contraria a la de los países centroamericanos,
por lo cual todos los aspectos jurídicos e institucionales se basaron en la normatividad
nacional, lo que no fue un soporte de Arreglos Institucionales necesarios para afrontar
estos retos que quedaron inconclusos.
El proceso de desmovilización de muchos grupos de autodefensas durante el primer
mandato de Álvaro Uribe Vélez fue, en teoría, la experiencia más completa de proceso de
paz que se ha tenido en Colombia; aunque se escucharon las sugerencias de organizamos y
organizaciones internacionales, todo el discurso institucional se hizo con base en el marco
legal nacional, lo cual impidió transformaciones y arreglos institucionales, e incluso dio al
traste en la creación de nuevas instituciones diseñadas para el reto, por ejemplo, la
Fiscalía General de La Nación fue la encargada de ejercer el marco de Justicia
Transicional acordado con los paramilitares, mejor conocida como ley de justicia y paz,
además de sus funciones regulares, lo cual generó congestiones en ambos aspectos.
Esto puede representar una señal importante frente al procesos de paz con las FARC o con
cualquiera que se pueda ejecutar y culminar en un futuro, ya que nuestras instituciones no
se adaptan a los cambios, muy por el contrario se mantienen más rígidas, lo cual ha llevado
a casos en que la impunidad es total, o por el contrario, las exigencias en las negociaciones
en los apartes de justicia y reparación se hacen inaceptables en particular para las partes no
estatales.
Los aspectos históricos, nacimiento, desarrollo y conclusión, de los conflictos
centroamericanos y el conflicto colombiano son completamente diferentes, pero las
instituciones colombianas pueden aprender de las experiencias de resolución de esos
conflictos para la resolución de los propios, sobre todo en lo concerniente a la Justicia
Transicional y a las instituciones que la van a impartir; un aporte inicial podría ser la
106
creación de un ente encargado de las comisiones de la verdad y de impartir la justicia
transicional diferente al tradicional, como se hizo en El Salvador y Guatemala.
En cuanto al orden de los acontecimientos o contextos socio-económico y político, sí
existen similitudes, por cuanto las raíces históricas de los conflictos, tanto en
Centroamérica como en Colombia tienen que ver directamente con la concentración del
poder y de la tierra de las élites, la desigual redistribución de los beneficios del desarrollo
económico, la corrupción, el desempleo, la pobreza y exclusión social y la poca o nula
participación política. No obstante, se ha hecho evidente que, en los casos
centroamericanos, y puede ser el caso de Colombia, que en el evento del fin del conflicto
interno, el éxito de un proceso de paz no esté dado per se sino precisamente por una agenda
estatal de cambios y Arreglos Institucionales que modifiquen todo el statu quo imperante y
que desemboque en un Orden económico, social y político des-estructurante de las raíces
del conflicto. Los contextos actuales, tanto en los países centroamericanos, como en
Colombia, no son esencialmente distintos de los pasados, gracias a un paradigma neoliberal
socio-económico impuesto e injusto, que, en potencia, es caldo de cultivo para todo tipo de
conflictos: sociales, económicos, políticos, culturales, étnicos, ambientales…
Muy bien apunta Medrano (Mayo de 2009) en el siguiente párrafo:
En este contexto, un elemento siempre susceptible de generar tensiones es el inadecuado
manejo del descontento y de la protesta social que surgen de las situaciones mencionadas. En
este sentido, se ha observado una tendencia recurrente de los Estados de la región a
concentrar sus esfuerzos en el uso de sus atribuciones coactivas y represivas, bajo la
justificación del combate a la delincuencia, tanto en la referida a la actual proliferación de los
grupos conocidos como “maras”, como de otros tipos de delincuencia organizada e incluso
del terrorismo internacional (p. 11).
La respuesta se debe analizar teniendo en cuenta la amplia gama de diferencias que existen
entre las tres. Haciendo un análisis equitativo, cada una de las justicias (justicia Retributiva,
Restaurativa o Distributiva) tiene lo que a la otra le hace falta, quiere decir esto que se
deben aplicar las tres, con lo que no generaría ningún tipo de inhabilidad o conflicto,
107
simplemente se aplicarían las tres justicias al proceso de paz, teniendo en cuenta los
Contextos y los Arreglos Institucionales, pues no se debe olvidar que es el centro de
análisis de este proyecto de grado. En definitiva, Las tres abordan temas de justicia tanto
para las víctimas como para el victimario, Reparación para la parte vulnerada y el
conocimiento y re-conocimiento de la verdad; temas indispensables para cualquier proceso
de Paz.
108
CONCLUSIONES FINALES
En Colombia se han realizado diferentes intentos de paz por distintos gobiernos, los cuales,
a pesar de no haber fructificado, han venido fortaleciendo las bases para la aplicación de
una justicia transicional una vez finalice el conflicto. La Ley de justicia y paz ha dado el
ejemplo de todo lo que no se debe hacer y lo que se puede hacer.
La Justicia Transicional se refiere a los mecanismos que un Estado debe formalizar cuando
se acabe el conflicto. Sin embargo, en Colombia el proceso se está dando sin que acabe el
conflicto, y se han generado diversas posiciones académicas, institucionales y en la
sociedad civil sobre la clase de justicia transicional que se debe aplicar: una justicia
restaurativa, o una justicia reparativa.
Desde la óptica de la justicia esta se encuentra entre los pedidos de satisfacer a las víctimas
y la concreción de un acuerdo que a su vez permite la licencia de amplios beneficios en aras
de lograr la paz. Los postulados de verdad, justicia y reparación que defiende la justicia
transicional, están sujetos a los acuerdos políticos sobre el marco legal el cual terminará
indefectiblemente cediendo a las presiones políticas de los sectores involucrados.
El Debate Institucional que se ha presentado entre Fiscalía y la Procuraduría pone de
manifiesto la polarización alrededor de la salida jurídica ante una posible desmovilización
de la guerrilla de las FARC. La pregunta es: ¿hasta dónde podrá llegar el Estado en su
misión y responsabilidad de investigar, juzgar y sancionar los delitos de lesa humanidad
cometidos durante el conflicto armado, y cuál será el modelo de justicia transicional
necesario para pasar de la guerra a la paz, proporcionar un mínimo de justicia y considerar
los derechos de las víctimas?
Por su parte, el debate que la sociedad manifiesta ante un posible acuerdo de paz está ligado
a la manera como se aborde el tema ya que es difícil que haya una total verdad, justicia y
reparación. Habrá muchos casos de impunidad que ni siquiera podrán quedar
documentados, pues no hay un sistema judicial para adelantar las investigaciones a cada
109
uno de los miembros de los grupos alzados en armas y comprobar su participación en
hechos delictivos y peor aún de lesa humanidad. Al final, la única opción será la de una
sociedad en paz que empieza a reconstruirse con las herramientas que el Estado, las
instituciones, la justicia y la sociedad vayan encontrando.
En este orden de ideas, para la aplicación de una política pública para la paz enmarcada en
una Justicia Transicional, es necesario comprender el contexto político en el que se
desenvuelven las conversaciones de paz, y entender la complejidad de su aplicación. La
interpretación del concepto de justicia transicional apunta en primera instancia al discurso y
cómo dicho discurso es usado. En ese sentido, es posible enmarcar el sentido de la justicia
transicional es un campo muy impreciso.
La necesidad de una política pública para la paz tiene como fundamento fortalecer
cualquier acuerdo de paz desde dos perspectivas: Primera, la que exige la sociedad en
cuanto a verdad, reparación y justicia, y la Segunda, una sociedad fortalecida en su
conjunto para tratar de remediar las situaciones políticas, sociales y económcias que dieron
origen al conflicto.
El éxito de la transición una vez finalizado el conflicto armado y una paz sostenible se
determinará, independiente de los acuerdos, por la capacidad del Estado (Arreglos
Institucionales) de resolver los problemas estructurales (Contextos) que originaron el
conflicto.
Además de la situación vulnerable de independencia del sector de la justicia, ante la presión
institucional, ella se encuentra ante la incapacidad de llevar a cabo la titánica labor de
investigar, juzgar y castigar las innumerables violaciones a los derechos humanos una vez
finalizado el conflicto. La sociedad colombiana esa ante un pacto deseable versus lo que es
posible en términos de ese pacto.
Después de varios años de un intento de justicia transicional, se puede indicar que ha sido
un proceso sin el respaldo institucional para desarrollarse, sobretodo en el sentido de la
110
justicia lo cual ha influido en que la sociedad en conjunto se encuentre pesimista no solo en
cuanto a la terminación del conflicto armado sino a la verdad, justicia y reparación. Está
demostrado, que no siempre la aplicación de la ley tiene como resultado un hecho de
justicia.
Para finalizar, nuestro proceso de paz, como lo han sido varios, es un problema de orden
institucional y hablar de una solución al conflicto no solo remite a una solución política
para el fin del mismo, siempre estará presente la solución de los problemas
socioeconómicos, por esto, tampoco es posible referirse a una política pública en la
construcción de la paz, sino de una agenda de políticas públicas.
Importante concluir que se está ad portas de un proceso de firma de la Paz, como versión
mejorada y tras años de intentos fallidos y con falencias, lo que se espera de esto es poder
cumplir con la Verdad, la Justicia y la Reparación en lo que más se pueda y no dejar a una
parte del acuerdo de Paz descontenta.
Por el lado de los arreglos institucionales, como ya se analizó en su momento, se espera que
haya inclusión política y económica de los distintos estamentos, para la inclusión a la vida
civil. En cuanto al contexto económico, simplemente hay que decir que se debe hacer una
mejor distribución del gasto público. El dinero esta, pero debe haber partidas bien
distribuidas para el post conflicto, dichas partidas deben incluir educación, creación de
puestos de trabajo, apoyo al agro, mejorar el sistema de salud, el tema de vivienda, todo
bajo los principios de Transparencia, equidad, equilibrio, buena fe, entre otros.
En cuanto al modelo planteado en el presente trabajo de grado, debe afirmarse que sí es
viable para el caso Colombiano por dos factores que son: la voluntad del gobierno, del
grupo armado FARC y del pueblo colombiano, y la existencia de recursos económicos e
institucionales para llegar a un acuerdo de Paz.
También es importante recalcar que se debe ver el eventual proceso de Paz como una
realidad, desde cada uno de nuestros hogares y debe invitar a cada uno a cambiar nuestra
111
mentalidad, un poco negativa hacia este tema; es cierto que se ha fracasado en ocasiones
anteriores pero ha llegado la hora de hacer el sueño de los Colombiano realidad.
Para que exista un proceso de Paz exitoso, es importante darle un lugar indicado en la
sociedad a cada uno de los desmovilizados, la idea es no dejarlos desamparados dentro de
la sociedad, porque si ellos ocurre, este proceso sería un fracaso total.
Para la participación política de los actores armados, debe quedar muy bien acordado y
legislado en el acuerdo final, no dejar que de aquí a mañana se “desajuste” y/o que se
busque una forma de gobierno totalmente estatizada, pues ante todo debe primar la
democracia. El estatus de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional deberá seguir siendo
el mismo, sin ningún tipo de desmejoramiento, este es un temor que tienen sus integrantes y
que también debe quedar muy claro en el acuerdo final.
En cuanto a la restitución de tierras, es un proceso complejo pero que debe hacerse;
importante que las victimas de desplazamiento forzado puedan volver a sus tierras a vivir
con tranquilidad y disfrutar de las mismas, para esto se debe hacer un proceso juicioso
donde lo que se busque es evitar el engaño de oportunistas, que lo único que buscan es la
apropiación de tierras que no les pertenecen. La reparación de victimas también será un
proceso que debe realizarse de la manera más juiciosa, evitando aprovechados que
pretendan adquirir estatus de victimas sin serlas.
Otro tema importante es la sustitución de cultivos ilícitos, teniendo en cuenta que hoy en
día es el mayor y más lucrativo negocio de la Guerrilla de las Farc y de otros actores
armados, después de todo el análisis, es importante manifestar que definitivamente hay que
recuperar todas las hectáreas de tierra sembradas con cultivos ilícitos, esto dará como
resultado grandes extensiones de tierra apta para el sector turismo o de la producción, los
cuales a futuro serán generadores de ingresos, y por supuesto, de empleo.
Dentro de la llamada justicia transicional y manteniendo los pilares de Contextos y
Arreglos Institucionales, ante un eventual Acuerdo de Paz entre el Gobierno del Presidente
112
Santos y la Guerrilla de las FARC, y eventualmente con el ELN, se deben continuar y
mejorar programas sociales como: primera infancia, familias en acción y mujeres cabeza de
familia, ampliando su cobertura a quien lo necesite y la calidad de estos servicios, quitando
los inventivos perversos como un negocio más de las personas y evitando el oportunismo
de particulares y politiqueros.
A continuación se plantean algunas recomendaciones con miras a la consecución de un
efectivo proceso de paz que garantice justicia y un tránsito efectivo hacia la paz:
� Diseñar un marco de justicia transicional coherente e integral: los negociadores
deben sentar las bases de un régimen coherente que sustente la transición hacia la
paz. Esto implica pensar en la justicia transicional de manera integral y con real
coherencia en el cumplimiento de los elementos de verdad, justicia, reparación y
garantías de no repetición, evitando reglas demasiado rígidas.
� Respetar las obligaciones de derechos humanos: Colombia tiene obligaciones
consagradas en diversos tratados internacionales de derechos humanos y es parte del
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Estas obligaciones están
incorporadas a la legislación interna y forman parte del denominado “bloque de
constitucionalidad”. Respetar el núcleo de las obligaciones en derechos humanos es
una necesidad política, moral y legal. En un contexto de alta polarización política y
social, esto es fundamental para ampliar el apoyo político, incluso por parte de los
críticos (moderados) de las negociaciones y para producir un acuerdo con
credibilidad internacional. Un acuerdo que sea débil en materia de justicia
transicional SE arriesga además al rechazo de las cortes nacionales e
internacionales.
� Tener en cuenta la escasez de recursos: Colombia ya cuenta con una importante
experiencia en materia de justicia transicional. Sin embargo, las restricciones en la
capacidad del Estado y de los recursos deben ser tomadas en serio. Simplemente no
es posible judicializar a un número elevado de miembros de las FARC en un
113
periodo razonablemente corto. Aún peor, tratar de hacerlo podría llevarnos a
reproducir la impunidad de facto que ha acosado al régimen de Justicia y Paz.
� Maximizar la seguridad jurídica de las FARC: Las normas de justicia transicional
tendrán que proporcionar a los miembros de las FARC un máximo de seguridad
jurídica sobre si van a ser investigados, juzgados y eventualmente sancionados por
delitos relacionados con el conflicto. Esto es necesario para convencer al mayor
número posible de miembros de las FARC de deponer las armas.
Aun cuando los delitos políticos pueden y deben recibir una amnistía, extenderla a los
crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra u otras violaciones serias de los derechos
humanos (en los que muchos miembros de las FARC han participado) sería jurídicamente
insostenible. Una amnistía que vaya más allá de los delitos políticos estaría condenada a la
inestabilidad, como ocurrió en Argentina, Chile o Perú. La asamblea constituyente, opción
preferida por las FARC, tampoco ofrece una solución estable: incluso las constituciones
tienen que respetar el marco internacional de derechos humanos.
En cambio, la seguridad jurídica debe provenir de un tratamiento individualizado. Una
opción podría ser un proceso administrativo de certificación de la contribución a la verdad,
la reparación y la reintegración aplicable a los miembros de las FARC que estén por fuera
de la categoría de los máximos responsables y cuyos crímenes no estén cubiertos por la
amnistía. Este certificado les concedería el beneficio de sentencias reducidas o suspendidas
en caso de que resulten procesados y condenados por delitos relacionados con el conflicto.
� Dar tratamiento diferencial: el régimen de justicia transicional debería diferenciar
entre los actores del conflicto. Los agentes del Estado deben cumplir con los
estándares más altos, ya que representan a un Estado democrático. Sin embargo,
concentrar la responsabilidad penal en los agentes del Estado y todos los beneficios
en las FARC podría generar un escenario políticamente insostenible.
114
En consecuencia, se debe diseñar una solución cuidadosamente equilibrada para
guerrilleros y Agentes del Estado. Desarrollar un modelo de justicia transicional para los
Agentes del Estado no es, sin embargo, una tarea de los negociadores en La Habana, sino
del Congreso. Las guerrillas también deben ser tratadas de modo diferente del caso de los
paramilitares ya que, a diferencia de estos, aquellas tienen un carácter político reconocido.
Pero los beneficios no deben ser desproporcionadamente generosos. Los miembros de las
FARC han cometido numerosas violaciones de los derechos humanos por las que tendrán
que rendir cuentas. De lo contrario, las presiones se intensificarían para extender los
beneficios concedidos a los guerrilleros hacia los paramilitares, y posiblemente también a
los agentes de Estado. Esto sería políticamente controvertido y a largo plazo un desacierto
para la reconciliación.
Un régimen de justicia transicional integral podría promover un círculo virtuoso de masivo
apoyo popular, implementación rápida por parte del Congreso, expectativas razonables
sobre la durabilidad legal y un camino creíble hacia la reconciliación.
Para alcanzar un acuerdo de paz definitivo que sea social y jurídicamente sostenible, en el
tratamiento de los asuntos relativos a la justicia transicional resulta imprescindible incluir
en el acuerdo definitivo un reconocimiento de las responsabilidades y los correspondientes
pedidos de perdón por las violaciones de los derechos humanos, así como un compromiso
con la defensa y promoción de los derechos de las víctimas y la facilitación la
participación de la sociedad civil y de las víctimas en los diálogos mediante el fomento del
debate público sobre las medidas de la justicia transicional.
A manera de complemento al estudio y análisis de este trabajo de grado, es necesario pone
en consideración lo manifestado por el Fiscal General de la Nación, el día 22 de Septiembre
del presente año, en el programa dos puntos, dirigido por el Periodista Rodrigo Pardo,
donde en uno de sus apartes dijo:
115
…en caso de lograrse un acuerdo definitivo de paz con las Farc, no estaría de
acuerdo con la extradición de miembros de esa guerrilla y que no puede verse ese
mecanismo judicial como un obstáculo para lograr la paz.
La extradición no puede convertirse en un obstáculo para un proceso de paz. Si se
consolida un proceso de paz, que venga acompañado de la desarticulación de las
estructuras al margen de la ley que tienen las Farc; si se desarticulan los mecanismos
de colaboración que tienen algunos sectores con el narcotráfico y contribuyen a
combatir el entorno y el contexto que permite el narcotráfico en Colombia, sería
partidario de que se introdujeran normas en el ordenamiento colombiano que no
permitieran la extradición de miembros de la guerrilla,…
Por último, y para hacer una conclusión definitiva respecto de la presente Monografía, es
importante manifestar que la pregunta central de la monografía, en todos y cada unos de los
capítulos presenta hipótesis de posibles soluciones, teniendo en cuenta que son una parte de
muchas posibles respuestas, por lo que no es posible, a estas alturas, arriesgar una solución
definitiva para el proceso de paz.
116
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