La Construcción Social Del Sujeto Migrante

Bela Feldman-BiancoLiliana Rivera Sánchez

Carolina StefoniMarta Inés Villa Martínez,

compiladoras

La construcción social del sujeto migrante en América Latina

Prácticas, representaciones y categorías

libro migrante final4.xp 5/12/11 3:41 PM Page 3

© De la presente edición:

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ISBN: 978-9978-67-275-4 Cuidado de la edición: Santiago Rubio C. Diseño de portada e interiores: Antonio MenaImprenta: CrearimagenQuito, Ecuador, 20111ª. edición: mayo de 2011

Este libro forma parte de la Colección Cátedra Iberoamericanade Estudios sobre Migraciones de CLACSO que cuenta con elapoyo de la Agencia de Cooperación Internacional de las IllesBalears.

La construcción social del sujeto migrante en América Latina: prácticas, representaciones y cate-gorías / coordinado por Bela Feldman-Bianco … et al. - Quito: FLACSO, Sede Ecuador :Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO : Universidad Alberto Hurtado,2011. (En FLACSO Serie Foro ; en CLACSO Colección Cátedra Iberoamericana de Estudiossobre Migraciones)366 p.; mapas, tablasISBN: 978-9978-67-275-4MIGRACIÓN ; ASPECTOS SOCIALES ; MIGRANTES ; AMÉRICA LATINA ; REFUGIADOS ; FAMILIA ; INDÍGENAS ; CIUDADANÍA ; POLÍTICA MIGRATORIA

304.8 - CDD


Índice

Presentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Prefacio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Susana Novick

Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Bela Feldman-Bianco, Liliana Rivera Sánchez, Marta Inés Villa Martínez y Carolina Stefoni

PRIMERA PARTE

LA PERSPECTIVA DE LOS ACTORES INSTITUCIONALES

Crónica de una ‘amenaza’ anunciada.Inmigración e ‘ilegalidad’: visiones de Estado en la Argentina contemporánea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1Eduardo E. Domenech

Ley y política migratoria en Chile. La ambivalencia en la comprensión del migrante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 9Carolina Stefoni

Migraciones en el Cono Sur: políticas, actores y procesos de integración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1Susana Novick


El sujeto migrante latinoamericano en Estados Unidos: una breve comparación con el migrante cubano . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 7Miriam Rodríguez

La familia migrante en las políticas públicas en Ecuador: de símbolo de la tragedia a objeto de intervención . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 1Gioconda Herrera

Negociando categorías, temas y problemasInvestigadores y organismos internacionales en el estudio de la migración indígena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 3Sergio Caggiano y Alicia Torres

SEGUNDA PARE

LA PERSPECTIVA DE LOS SUJETOS MIGRANTES

Caminos de ciudadanía: emigración, movilizaciones sociales y políticas del Estado brasilero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 7Bela Feldman-Bianco

Los inmigrantes bolivianos, ¿sujetos de agenda política en la Argentina? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 3Roberto Benencia

¿Quiénes son los retornados? Apuntes sobre el migrante retornado en el México contemporáneo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 9Liliana Rivera Sánchez

Desplazados y refugiados: entre ser, merecer y ocultar su situación.A propósito de la migración forzada de colombianos en Colombia, Ecuador y Canadá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 9Marta Inés Villa Martínez


Introducción

El objetivo de este artículo es elaborar una reflexión metodológica sobreel proceso de definición del sujeto migrante y sus prácticas por parte deun equipo de investigadores –del que formamos parte– y representantesde un organismo internacional. Se trata de ilustrar cómo un proyecto deinvestigación que buscaba poner de relieve las distintas formas de lamigración indígena en América Latina1, se constituye en objeto y campode negociación y de confrontación de distintos discursos, los etnográficosy los institucionales, que nos refieren a formas diferentes de comprensióny de construcción del fenómeno. Asumimos una doble posición: la de‘actores’ en la negociación y la de espectadores del proceso y, desde ésta,intentamos construir un argumento que permita ilustrar los aspectosmetodológicos relevantes del proceso de construcción de las categoríasanalíticas en la investigación social.

El discurso etnográfico construye un sujeto/actor migrante a partir delrepertorio de las prácticas y concepciones de estos migrantes. Este su-

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Negociando categorías, temas y problemasInvestigadores y organismos internacionales en el estudio de la migración indígena

Sergio Caggiano*Alicia Torres**

* Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en elInstituto de Desarrollo Económico y Social (IDES), Argentina.

** Profesora-investigadora. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)-SedeEcuador.

1 El proyecto se denominó Migración y niñez indígena en América Latina e incluyó tres estudiosde caso: la migración aymara de Bolivia a Argentina, la migración kichwa otavalo de Ecuador aColombia y la migración mam de Guatemala a México.

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jeto/actor puesto a discusión en las agendas de los organismos internacio-nales y en el campo de las políticas públicas es postulado como objeto deintervención de esas políticas, ya sea como materia de actuación o bien deprotección, de sanción o, en su defecto, como un no-sujeto, circunstan-cia bajo la cual no es protegido ni sancionado: entra en un estado de inde-finición no susceptible de reconocimiento.

Las agendas políticas de los organismos requieren de un sujeto mi-grante que pueda constituirse en objeto de la política pública. Aquel suje-to/actor construido por el discurso etnográfico es retomado por el discur-so institucional como víctima o como agente de una trasgresión de nor-mativas. En ocasiones esto puede conducir a que sus prácticas aparezcancomo sancionables, desplazando, de esta manera, la mirada crítica de lasprácticas del Estado y de los agentes del ‘mercado’ hacia los protagonistasde la migración.

El debate nos remite a la politicidad de las formas de construcción delsujeto migrante, así como a la de las distintas perspectivas en juego: una,la institucional, que supone que las normas internacionales referidas a losderechos de niños, niñas, migrantes, indígenas, mujeres, etc., son de apli-cación e interpretación universal frente a otra, la etnográfica, que mira lasprácticas de los actores como cultural, económica, social e históricamen-te situadas y busca interpretar esas prácticas de acuerdo a esos contextos.

En nuestra investigación sobre migraciones indígenas encontramosque, para muchas de las personas migrantes, la idea misma del movimien-to migratorio, las concepciones sobre la edad o las generaciones, las refe-rentes al trabajo y otras de igual relevancia podían no ser las mismas ideaso concepciones definidas por los organismos estatales –o por los propiosinvestigadores– y que están establecidas con claridad reglamentaria en losdocumentos y convenciones que el organismo aprueba. ¿Qué hacer conello?, ¿cómo dar lugar a estas prácticas y estas formas de comprender larealidad que no se condicen con los derechos y garantías tal y como sonentendidos por los organismos internacionales sin interpretarlas como laviolación o el incumplimiento de un derecho?, ¿cómo comprender las res-ponsabilidades de los involucrados?

Las migraciones indígenas transnacionales ponen de manifiesto quelos espacios sociales donde conviven marcos normativos, requieren de es-

Sergio Caggiano y Alicia Torres

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trategias interpretativas creativas, que nos permitan trabajar a diferenteescala, entre la contextualización inmediata y la reposición de los marcosglobales, intentando seguir la pista en movimiento de las normas, leyes,creencias y valores de los involucrados (inmigrantes, nativos, ‘nativos mi-grantes’, funcionarios estatales, organismos internacionales, cientistassociales). Atender el entrecruzamiento de institucionalidades y pautas cul-turales es clave para comprender el proceso complejo de construcción ydefinición de problemas relevantes en torno a la migración, con sus inte-reses heterogéneos, sus diferencias y sus desigualdades en juego. No hacer-lo es abandonarse a asumir como dados ciertos problemas que se nosmuestran con la fuerza de la evidencia, y a asumir también como dado,en consecuencia, un cierto estado de las relaciones de poder que ese juegode intereses, diferencias y desigualdades supone.

Buscamos ilustrar esta discusión y sus posibles salidas presentandoalgunos de los debates entre el equipo de investigación y los representan-tes de la agencia internacional durante el proceso de formulación, imple-mentación y divulgación de resultados de este proyecto de investigación.

El artículo presenta tres tópicos a partir de los cuales reflexionar sobrelos procesos de negociación que constituyen el núcleo de su interés. Elprimero de ellos refiere a lo que podría considerarse una negociación táci-ta que los investigadores tienen, no tanto con el organismo internacionalque financia el estudio como con los presupuestos y asunciones más omenos naturalizadas que comparten muchos de los involucrados en pro-yectos de investigación sobre procesos migratorios, y que se ponen de ma-nifiesto en las categorías y los criterios utilizados en el registro de la migra-ción. Concretamente, este primer punto expone, a partir del caso de lamigración aymara en Buenos Aires, las dificultades para dar cuenta socio-demográficamente de la migración indígena, subsumida generalmente enla migración nacional. Las estadísticas definidas nacionalmente por losEstados nacionales, y que constituyen fuentes privilegiadas de los organis-mos internacionales, conforman aquí el factor condicionante de mayorpeso.

Los restantes tópicos aluden a negociaciones explícitas del equipo deinvestigación con los representantes del organismo internacional que to-maron forma durante el proceso de investigación y durante la evaluación

Negociando categorías, temas y problemas

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de sus resultados. Por un lado, daremos cuenta de las dificultades que sepresentaron a la hora de concertar cuáles podían constituir inquietudes eintereses prioritarios. Con base en el caso de los kichwa otavalo en Bo-gotá, presentaremos lo que puede considerarse una ‘impermeabilidad dela agenda’ que puede derivar en una impermeabilidad de la mirada delorganismo internacional: frente a una de las problemáticas propuestas porel equipo que suponía un reto analítico importante al abordar temascomo las formas históricas de movilidad, los procesos de desigualdad enel interior de un grupo étnico y otros semejantes, la agencia evitó asumirlas evidencias empíricas y mantuvo impenetrable su agenda pues estostemas parecían no concordar con las prioridades establecidas por las ofi-cinas locales.

Por otro lado, el intrincado tema del trabajo infantil nos permitirá tra-tar las tensiones entre diferentes marcos interpretativos. Como apunta-mos, muchas de las prácticas que hallamos en el trabajo de campo soncomprendidas y explicadas por los migrantes de acuerdo con marcos desentido diferentes a los de los funcionarios de la agencia (y también a losde los investigadores). ¿Cuándo es que determinadas prácticas constitu-yen (son categorizadas como) trabajo infantil? o ¿cuándo deberían serlo?,¿de acuerdo con qué marco interpretativo? Resolver prácticamente estepunto durante el desarrollo del proyecto avivó el debate entre investiga-dores y funcionarios. Repondremos aquí aristas de esa discusión, mos-trando los caminos teórico-metodológicos por los cuales intentamos zan-jarla: interrogar no solamente por lo que se dice, sino sobre quién dice quésobre quién (Bourdieu, 2001) y situar el análisis en una configuracióngeneral de poder, lo cual implica reponer el conjunto de condicionantessociohistóricas que explican y sostienen tanto las prácticas como los mar-cos interpretativos diversos a partir de los cuales comprenderlas.

¿Quién es quien migra? Estadísticas nacionales y migración indígena

El referido proyecto de investigación propuso discutir con ciertas perspec-tivas presentes en la literatura sobre migración. Una de ellas es la tenden-cia a la ‘nacionalización’ de las poblaciones involucradas en los flujos


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migratorios, es decir, la preferencia a identificarlas por el país de dondeprovienen (i. e. migración ‘boliviana’, ‘mexicana’, etc.), subordinando yhasta eliminando las diferencias regionales, étnicas, de clase y otras en suinterior. Efectivamente, una de las homogeneizaciones más relevantes,sobre todo en los países de destino, tenía que ver con la identidad étnicade los migrantes. Así, indígenas kichwa kañaris del sur del Ecuador, porejemplo, podían pasar a ser ‘ecuatorianos’ a secas en España2. Una homo-geneización que pone en evidencia, por un lado, el “nacionalismo meto-dológico” –definido como la concepción en las ciencias sociales que asu-me que la nación/Estado/sociedad es la forma social y política natural delmundo moderno (Wimmer y Glick Schiller, 2002: 302)– y, por otro, lainvisibilidad de la diversidad en la composición étnica de esas poblacio-nes migrantes, explicada ya sea por razones asimilacionistas o directamen-te racistas.

Por tanto, la investigación se planteaba la migración indígena comoun campo desde el cual desafiar esas perspectivas, pues permitiría la des-nacionalización y la ‘etnicización’: la desnacionalización partiendo delhecho de que las prácticas de movilidad de algunos grupos indígenaspodían realizarse en territorios ancestrales, anteriores a la constitución delos Estados-nación, y la etnicización dando cuenta de la pluralidad étni-ca y cultural en los procesos de movilidad.

En relación con ello, en este primer apartado no abordamos, en rigor,un aspecto de la negociación entre los investigadores y el organismo quepromoviera el estudio sino las dificultades que supuso para el proyecto deinvestigación el hecho de que las estadísticas de los Estados nacionalesconstituyeran una fuente fundamental y, a veces, la única de informacióndemográfica. Como es común entre los organismos internacionales, nues-tra agencia financista manifestaba un marcado interés por contar concifras y estadísticas demográficas. Pero en algunos países de la región estono es posible si se espera hallar estas cifras entre las estadísticas oficiales


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2 En el año 2008 se editó el libro Al filo de la identidad. Migración indígena en América Latina(Torres, A. y J. Carrasco), producto de un seminario que buscó hacer visible la migración indí-gena en las corrientes migratorias de las últimas décadas hacia el Norte: Estados Unidos yEuropa, especialmente. Véase Pedreño (2001, 2007) para un ejemplo de cómo se conceptualizalo nacional como étnico.


del Estado. El caso de los aymaras en Argentina muestra que las formasde registro estatal de las migraciones y de la presencia indígena vuelvenvirtualmente imposible un recuento de las migraciones indígenas. En lospárrafos subsiguientes no tratamos de resumir los resultados de la investi-gación (que pueden consultarse, como los otros dos estudios de caso, enTorres, 2010) sino apenas ofrecer algunos datos para ilustrar esta dificul-tad metodológica. Es decir, intentamos mostrar cómo la centralidad queestas fuentes de información tienen para los organismos internacionalespuede obstruir el desarrollo de estudios que procuren ir más allá delmarco interpretativo inter-nacional.

El modo en que cada Estado nacional opera como “productor de di-versidad” (Segato, 1997: 163) afecta directamente a las formas en que es-tos mismos Estados registran y miden los desplazamientos de personas ygrupos sociales, tanto dentro de sus fronteras como hacia o desde fuera deellas. Las categorías étnicas, regionales, de clase, de estrato socioeconómi-co u otras producidas por los organismos estatales distinguen a las pobla-ciones y constituyen el código que dará una inteligibilidad a los registrosy las mediciones. Los censos, encuestas permanentes y complementarias,y toda la serie de instrumentos de medición estadística conforman unaherramienta clave en el proceso de producción de diversidad (Otero,1998). Al mismo tiempo que registran, en un momento dado, una ciertadiversidad social, ayudan a producirla y reproducirla. En otros términos,permiten ‘ver’ y permiten ver desde una óptica específica.

La colocación del carácter indígena de la migración en el corazón mis-mo de nuestras preguntas trajo consigo, desde el inicio, complejidades yretos al proyecto de investigación. Las preguntas acerca de la migraciónindígena implicaron un desafío en tanto los Estados nacionales involucra-dos utilizan criterios (étnicos y otros) diferentes entre sí, para visualizar(distinguir, registrar, medir) a sus poblaciones. Esto tiene como consecuen-cia inmediata volver difícil cualquier intento comparativo. Pero implica-ron, además, un desafío aun más básico en la medida en que las estimacio-nes estatales de las migraciones a través de las fronteras internacionales sonrealizadas precisamente en una clave nacional, no siendo visualizada comotal la migración indígena que forma parte del flujo migratorio. En cadauno de los Estados involucrados en los tres estudios de caso esta problemá-


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tica presentó ribetes propios. En las páginas que siguen haremos hincapiéen el caso concreto de la migración aymara en Buenos Aires.

El Estado argentino se muestra ambiguo en el reconocimiento de lapresencia aymara en su territorio. Algunos de sus instrumentos adminis-trativos más recientes reconocen la existencia de aymaras entre su pobla-ción indígena. La Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI)desarrollada en el país durante 2004 y 2005 (y que complementa los datosdel censo de 2001), por ejemplo, contempla dicha categoría entre las posi-bles para la autoadscripción de las personas consultadas. El total de “pobla-ción por pueblo indígena” registrado para el conjunto del país arroja unresultado de 4 104 personas que se autodidentifican como aymaras. Dadasalgunas características socioculturales históricas que han dificultado la visi-bilización pública de los indígenas en la Argentina (Briones, 1997 y 1998;Otero, 1998), el número no es menor. Del conjunto de treinta categoríasétnicas presentes en la planilla de la encuesta (que llegan a ser cuarenta yseis si se considera las denominaciones que aparecen agrupadas como“otros pueblos declarados”) apenas quince cuentan con un número que su-pere las 5 000 personas. Por otro lado, el cuadro de “población nacida enArgentina según inscripción legal del nacimiento en el país por puebloindígena” indica que, del total de esas poco más de 4 100 personas ayma-ras, menos de la mitad (1 957) han nacido en el país. Más del 50%, con-secuentemente, ha nacido en el extranjero, lo que querría decir, podemosaventurar, en Bolivia. Además, ante la proporción amplia de aymaras naci-dos en el extranjero, vale conjeturar que entre los aymaras nacidos en elpaís existan descendientes de aquellos procedentes de Bolivia.

En otros instrumentos y en otros organismos, en cambio, el Estado nocuenta a los aymaras. Nada menos que el Instituto Nacional de AsuntosIndígenas (INAI) parece no hacerlo. Al menos en su “nómina de PueblosOriginarios”, construida a partir de los datos suministrados por el Regis-tro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI), y en el mapa que laacompaña y que ubica espacialmente estos pueblos en el territorio argen-tino, el INAI no hace mención del pueblo aymara3. Esto es posible que


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3 Puede consultarse el sitio oficial del INAI, en www.desarrollosocial.gov.ar/INAI/site/pueblos/pueblos.asp. Último acceso: julio de 2009.


tenga que ver, como el mapa sugiere, con un cierto modo de territoriali-zar las identidades indígenas u originarias. Volviendo a la ECPI, encon-tramos un elemento de corroboración de esta hipótesis. Esta encuestaofrece estimaciones detalladas acerca de determinados pueblos indígenasy entre ellos no se cuenta el aymara. Si bien el mismo está numéricamen-te lejos de los pueblos con mayor población (mapuche, kolla, toba ywichí), muchos de los que presentan una población menor a la aymara(chorote, chulupí, ona, etc.) sí están entre aquellos de los cuales se ofreceinformación específica. La razón para que unos pueblos sean relevados yotros no, se ofrece en un documento metodológico de la ECPI en el quese señala que uno de los criterios para la selección ha sido la “localizacióntradicional de los pueblos indígenas en el actual territorio de nuestro país”(INDEC, 2004-2005: 4).

En cuanto a los números de la migración, el INDEC releva la condi-ción de inmigrante en términos de procedencias nacionales. Entre lainmigración procedente de Bolivia, entonces, como de otros países, no sedistingue la población indígena de la no indígena, menos aún la de algúnpueblo en particular, como el aymara, de la de otros. Entre 2002 y 2003se llevó a cabo una Encuesta Complementaria de Migraciones Internacio-nales (ECMI) que fue aplicada a colectividades nacionales (personas naci-das en Bolivia, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay). El abordaje de cadauna de las colectividades se realizó de forma regionalizada, privilegiándo-se aquellas jurisdicciones del país donde alcanzaran mayor representaciónen el censo de 2001. Para el caso de las personas provenientes de Bolivia,la Encuesta se aplicó en las jurisdicciones de Ciudad de Buenos Aires,Partidos del Gran Buenos Aires, Gran Jujuy y Gran Salta. La lectura dealgunos de los datos relevados por la ECMI permite hacer inferencias sig-nificativas.

A partir del relevamiento del departamento de última residencia en Bo-livia de los bolivianos de 18 años y más en Argentina, por ejemplo, es po-sible identificar un crecimiento en la llegada de inmigrantes procedentesdel departamento de La Paz a los Partidos del Gran Buenos Aires y a laciudad de Buenos Aires. En el Gran Buenos Aires, la presencia paceña haido incrementándose desde el 10,75% del total que ingresó entre 1970 y1979 al 11,6% que lo hizo entre 1980 y 1989 y, especialmente, al


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20,11% que llegó a la zona entre 1990 y 2003. A su vez, en la ciudad deBuenos Aires los paceños representan el 31,69% del total de inmigrantesde Bolivia, constituyendo uno de los grupos más numerosos entre losbolivianos allí. Su gran crecimiento se dio una década después, pasandode menos del 15% del total a más de un 30% diez años más tarde, por-centaje que se mantuvo durante años, promediando una leve alza hastaalcanzar el 32,86% entre 1990-2003.

Ambos datos, la importante cantidad de migrantes procedentes deldepartamento de La Paz y su tendencia al aumento, resultan significati-vos si tenemos en cuenta la gran proporción de población aymara quetiene el departamento de La Paz4 y si interpretamos el conjunto de estainformación a la luz de lo que, en el marco de la ambigüedad del Estadoargentino respecto de su registro, podemos advertir sobre la presenciaaymara en el país. La puesta en relación del registro de la ECMI de unaimportante y creciente presencia en Buenos Aires y Gran Buenos Aires demigrantes que proceden de la región boliviana, de mayor concentraciónaymara de Bolivia, con el de la ECPI de una población aymara urbana dela cual una significativa parte son personas nacidas en el extranjero, ofre-ce pistas ciertas sobre la existencia de la inmigración aymara desde elnorte del altiplano boliviano hacia la región rioplatense argentina.

El punto es que esta lectura en diagonal de los datos censales nos per-mite estas inferencias y otras semejantes; es la interpretación la que conec-ta datos que podrían estar refiriendo a los mismos grupos poblacionales osectores sociales, pero que se nos presentan relevados (visualizados y reco-nocidos) a partir de categorías diferentes. El Estado argentino no registra‘migraciones aymaras’ en tanto tales. Los inmigrantes son sujetos nacio-nales, es decir, reconocidos e identificados de acuerdo con el criterio de lanacionalidad. Los indígenas son los pueblos originarios y, si bien es claroque el ‘origen’ al que alude esta segunda categoría no se ciñe a las fronte-ras nacionales, en ocasiones (en instrumentos y programas estatales) pare-ciera que es esa noción la que toma forma; por eso aquella idea de la


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4 De acuerdo con los datos del último censo nacional de población en Bolivia, en la ciudad de LaPaz un 50% de las personas se autoidentificó como aymara y en la ciudad de El Alto lo hizo un74% (Albó y Barrios Suvelza, 2006: 25). En la zona rural del departamento el porcentaje deautoidentificación aymara asciende a cerca del 87% (INE, 2003).


“localización tradicional en el actual territorio de nuestro país” (INDEC,2004-2005: 4) constituye un factor para definir a cuáles pueblos incluir ya cuáles no en una encuesta. Por un lado, el cruce de la frontera nacionalparece convertir a quien la atraviesa en un sujeto nacional en la mismamedida en que se constituye en ‘migrante internacional’. Por otro lado,parece operar más o menos tácitamente una cierta concepción de lo indí-gena que se mantiene tributaria de una definición tradicional de territo-rio y de la asunción de una presunta correspondencia entre sociedad, cul-tura y territorio. En el encuentro de ambos caminos no queda lugar parapensar y registrar la migración indígena o los desplazamientos de indíge-nas como ‘migración’.

Los restantes estudios de caso presentan sus particularidades al respec-to. Para la investigación de la migración mam desde Guatemala a Méxicofueron halladas mediciones en origen que distinguen la migración inter-nacional de ‘indígenas’ de la de ‘no indígenas’ y, entre los primeros, laspertenencias étnicas (Girón, 2010). Por su parte, el caso de los kichwaotavalo en Colombia presenta su propia complejidad. Existen datos diver-sos sobre salud, género, ciclo vital, etc. de la población kichwa en Bogotá,y muchos de esos datos los brinda una institución política de recientecreación y gran relevancia para comprender el reconocimiento de estepueblo en la ciudad: el Cabildo Kichwa de Bogotá. Ahora bien, la con-formación del cabildo no ha estado exenta de polémicas. El interrogantepara los funcionarios públicos locales fue desde un principio “si esta figu-ra político-administrativa [podía] instaurarse para indígenas provenientesde territorios ubicados en otros países y si bajo su jurisdicción [podían]estar comprendidos todos los integrantes de este pueblo o solo los descen-dientes nacidos en territorio colombiano”. La respuesta, hasta hoy, ha sidoque la institución solo se reconoce para “quienes tengan la nacionalidadcolombiana” (Caicedo, 2010: 168-169).

El proyecto Migración y niñez indígena en América Latina puso enton-ces de manifiesto una carencia de datos para estudiar la dimensión demo-gráfica de la migración indígena a través de las fronteras internacionales ypara hacerlo de manera comparativa. La reseña del caso de los aymara enBuenos Aires muestra que los actores sociales protagónicos de la migra-ción se ven a priori nacionalizados por efecto de los instrumentos estadís-


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ticos de medición disponibles. Las dificultades de registro pueden apenaspaliarse ensayando conectar datos que, en principio, no se muestran arti-culados, para encontrar entre los inmigrantes internacionales a los indíge-nas migrantes. Junto a este caso, la resumida mención de los otros (kich-wa otavalo en Bogotá y mam en México) permite recordar que, además,las estadísticas estatales se confeccionan según códigos nacionales, es de-cir, según la tradición específica en que cada Estado opera como ‘produc-tor de diversidad’, lo cual dificulta considerablemente la posibilidad decomparar las inferencias estadísticas a propósito de los indígenas migran-tes que se consiga hacer en cada lugar.

Los organismos internacionales acuden comúnmente a dichas estadís-ticas debido a la frecuente ausencia de otras fuentes de información, y ellopone en el centro de la escena las categorías con que los Estados ordenan,regulan y dan visibilidad a sus poblaciones. No sin consecuencias. Elnacionalismo metodológico encuentra en esta carencia de datos de escalaregional un canal por donde filtrarse en proyectos de investigación comoéste, diseñados justamente en esa escala. La superación de estas trabas pa-rece requerir de una producción de datos a partir de categorías regionalestransnacionales que puedan poner en suspenso las categorías consagradaspor los Estados en su administración de la diversidad.

Impermeabilidad de la agenda y enfoque de derechos

El primer tema de negociación explícita con la agencia internacional loconstituyó la ejecución de los estudios de caso, pues si bien la propuestageneral había sido discutida, aceptada y aprobada en las instancias regio-nales del organismo, las investigaciones de cada uno de los casos escogi-dos debían ser discutidas y respaldadas por las oficinas sucursales de laagencia en los respectivos países. Varios elementos se pusieron en juego enesta negociación, referidos especialmente a lo que llamaremos la agenda yel enfoque, los cuales impactan directamente en la construcción de lacategoría migrante.

El momento de las definiciones de qué y cómo mirar puso en eviden-cia lo que llamaremos la impermeabilidad de la agenda. Fue el caso de la


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migración de los kichwa otavalo a Bogotá el que debió enfrentar la resis-tencia de las oficinas de la agencia tanto en Ecuador como en Colombia.La propuesta fue cuestionada porque la problemática a ser analizada no seajustaba a la agenda de prioridades definida para las oficinas locales. ParaEcuador esta agenda contemplaba el apoyo a iniciativas tanto de accióncomo de investigación en temas relacionados con la migración de ‘ecua-torianos’ hacia Europa y Estados Unidos y sus efectos sobre la niñez en‘origen’; para Colombia la agenda estaba circunscrita al desplazamiento depoblaciones –indígenas o no– ocasionadas por el conflicto armado y so-ciopolítico que se vive en ese país. Unas agendas y prioridades que el equi-po investigador no pretendía cuestionar pero en las cuales buscó insertarun tema ‘distinto’. Esta impermeabilidad nos situaba ante una lógica ins-titucional interna al organismo que transparentaba cómo esas agendasestán informadas por una política que decide quién es, y quién no es mi-grante y, previamente, quién es sujeto de derechos y, en esa medida, obje-to de la política pública.

Cuando el estudio se llevó a cabo y sus resultados fueron entregados ydiscutidos, una vez más se hizo evidente la impermeabilidad ya no de laagenda, sino de la mirada, pues el estudio no solamente significó un retoanalítico importante al aludir a temas como formas históricas de movili-dad, procesos de construcción de la identidad, procesos de desigualdad enel interior de un grupo étnico y temas de exclusión y de racismo, sino alofrecer importante información empírica útil para la intervención bajo lamirada que se había demandado: la de derechos. Por ejemplo, en térmi-nos de las discusiones alrededor de la identidad, el caso de los kichwa ota-valo abre varias aristas. El cabildo kichwa otavalo reconocido por el go-bierno del distrito de Bogotá está conformado por miembros de esta etnianacidos en Colombia, lo que los hace susceptibles de acceder al reconoci-miento por parte del Estado colombiano. Esta disposición supone unatensión para el propio cabildo en tanto sus miembros se consideran ungrupo indígena colombiano pero, al mismo tiempo, en la práctica nopueden excluir de su organización a los kichwa otavalo ecuatorianos quie-nes son los que constituyen, básicamente, la población itinerante. Es de-cir, son los colombianos quienes pueden acceder a una serie de derechos,especialmente de tipo político, mientras que los ecuatorianos quedan


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excluidos de esos derechos. Por otro lado, de manera paradójica, es la his-toria del movimiento indígena ecuatoriano, su proceso de organización ysus luchas por la obtención de derechos, más la posibilidad de organiza-ción en cabildos indígenas, reconocidos a partir de la Constitución co-lombiana de 1991, los factores que intervinieron en la formación delcabildo kichwa otavalo de Bogotá, que ahora por disposiciones estatales,solo puede incluir a nacionales colombianos.

Desde que se inicia el análisis de la pertinencia de su conformación, eldirector de etnias de la época se pregunta si se debe dar igual tratamien-to a los habitantes indígenas de los países vecinos pues “revisada la Legis-lación Nacional Indígena de Colombia, la Ley 21 de 1991, aprobatoriadel Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de1989, no encontramos que a los habitantes indígenas de los países veci-nos que ingresen a nuestro país y en el caso que nos ocupa los indígenasQuichua, se les deba dar similar tratamiento al de los nacionales” (Minis-terio del Interior y de Justicia, 2003, 29 de julio; citado en Caicedo,2010:169).

Esta identificación estatal supone dejar por fuera a miembros del mismogrupo étnico quienes deberán enfrentar el arbitrio de unas identificacio-nes hechas en el mundo del sentido común (Guerrero, 2002, 2010) porquienes los consideran ‘indios ecuatorianos’. Ello no quiere decir quequienes pertenecen al cabildo no sean también identificados como tales,pero la formación del cabildo implica un modo de retar los marcadoresmás tradicionales de identificación.

En esa medida, la organización del cabildo kichwa supone un desafíopues se conforma sobre la base de una identidad étnica desterritorializaday no sobre la base de la condición migrante. A diferencia de la experien-cia de varios grupos indígenas, mexicanos por ejemplo, que se organizan,si bien sobre la base de la identidad étnica, sobre todo en base a su con-dición de migrantes (Fox y Rivera-Salgado, 2004), el caso de los kichwaotavalo es el de una organización que se forma a partir de una poblaciónasentada, por largo tiempo, en Bogotá y en Colombia pero que reivindi-ca su origen étnico y con base en ese asentamiento consigue el reconoci-miento por parte del Estado colombiano como grupo étnico. En resu-


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men, el cabildo kichwa en Bogotá reta a cierta concepción de la relaciónentre identidades étnicas y nacionales y reta a las concepciones que fijanlas identidades sociales a un territorio pues es un ejemplo claro de cómose ha dado el proceso de creación de un lugar: un grupo étnico, cuyo‘lugar natural’ es Ecuador, es reconocido por otro Estado, el colombiano,como grupo étnico de ese Estado, gracias a la migración y al asentamien-to permanente de manera simultánea. La tríada territorio-identidad-cul-tura es desafiada y es revisada también la relación que esta tríada guardacon la nacionalidad.

Los resultados del estudio de caso de los kichwa otavalo demandabanla implementación de una política pública del organismo internacionalque respondiese de manera transnacional; es decir, requería de un diálogode las oficinas nacionales que estuviese acorde con la dinámica que las for-mas de identidad y organización de este pueblo habían adquirido. Porotra parte, este caso aludía al ejercicio y aplicación de derechos de los pue-blos indígenas consagrados en varias declaraciones y convenios que son lasque guían la acción de este organismo.

Sin embargo, y a pesar de la evidencia de la inacción de las agenciasestatales y de la permanente violación a esos derechos, las respuestas de losrepresentantes del organismo fueron tanto la imposibilidad de tomaracciones frente a temas no contemplados en las agendas de prioridades(migración a Europa y niñez en origen en el caso de Ecuador y poblacióndesplazada en el caso de Colombia), así como la escasa relevancia políticaque la temática tenía en los dos países. En resumen, mientras el trabajoetnográfico describía formas y prácticas de movilidad, de identidad y deorganización y, en esa medida, construía un migrante, para el discursoinstitucional éste no se constituía en tal pues no respondía a la agenda ya la política, y, por tanto, al no constituirse en sujeto migrante, tampocoera objeto de la política pública, entrando así en ese espacio de indefini-ción de las identificaciones del sentido común.

Otro elemento a resaltar del caso kichwa otavalo es la puesta en eviden-cia de distintas formas de concepción del trabajo y de la niñez: los casos deintervención del Estado colombiano en relación con denuncias de trata noúnicamente descartan la posibilidad de otras prácticas y concepciones,sino que aún más, desconocen los derechos de los niños y niñas y de las


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poblaciones indígenas en general, aquellos por los que estas institucionespretenden velar y, por el contrario, criminalizan unas prácticas y las hacenobjetos de sanción. De esta manera, se descentra la atención de las respon-sabilidades que le competen al Estado en materia de satisfacción de losderechos económicos, sociales y culturales de los niños, las niñas y los y lasadolescentes para traspasarla, en la práctica, a sus cuidadores y cuidadoras.Se trata de mirar los ‘pecados’ de los migrantes y sus familias y no las con-diciones y las constricciones en medio de las cuales pueden maniobrar. Unenfoque en los migrantes como actores individuales con escasa discusióndel contexto en el que se mueven y actúan, perpetúa lo que De Genovaidentifica como la simultánea “visibilidad de los migrantes ilegales” y la“invisibilidad de la ley” (Boehm, 2008: 791). La impermeabilidad impi-dió asumir las evidencias empíricas y, por ende, considerar la construcciónde esos actores como objetos de políticas; existió una clara negativa atomar acciones referidas a algunos casos de trata para explotación laboral;por ejemplo, en el que reporta Caicedo (2010: 209-210) sobre una claradenuncia realizada por los padres de un adolescente kichwa. En un inicioésta es ‘atendida’ por la entidad estatal colombiana a cargo de velar por losderechos de los niños, niñas y adolescentes. Ante la irresolución del caso,se solicita a la agencia intervenir sin obtener respuesta alguna. Hasta el fi-nal de la investigación, el adolescente seguía en Bogotá.

Esta dinámica permite volver sobre la interrogante acerca de la cons-trucción del sujeto migrante. El caso antes referido pone en evidencia quela definición de una agenda de políticas públicas significa, al mismo tiem-po, la captación de unos recursos disponibles y, por tanto, los objetos aconstruirse deben ajustarse a ese perfil. Es decir, se trata de la construc-ción de una categoría discursiva y, en esa medida, de una disputa por lostérminos de una definición ajustada que permita acceder a recursos esca-sos (Reynold, Nieuwenhuys y Hanson, 2006: 298). Un migrante indíge-na kichwa otavalo en Bogotá es un actor, es un sujeto migrante, pero noes un objeto de políticas públicas. No es una categoría válida para accedera financiamiento. De actores a objetos: esta impermeabilidad implica,además, una mirada paternalista. Los migrantes, como actores informa-dos por la clase, la etnia, el género, la cultura, la historia implementan unaserie de estrategias que permiten dar sentido a sus prácticas y enfrentar las


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condiciones más o menos adversas en los lugares donde habitan; sinembargo, estas iniciativas son invisibilizadas por las agencias y las ‘solu-ciones’ pasan por las decisiones y los diálogos interagencias.

Al lado de la definición de la agenda, la centralidad del enfoque de de-rechos también impactó en la forma de acercarnos a los procesos migrato-rios en estudio. Las propuestas de investigación construidas de acuerdocon los lineamientos generales del proyecto regional privilegiaban el aná-lisis de la migración como un proceso social y buscaban enfatizar las prác-ticas de los actores en los distintos campos escogidos como una manera dedocumentarlas y, de esa manera, responder a los interrogantes iniciales.Por su parte, los agentes institucionales demandaban una mirada más refe-rida al análisis de la normativa; es decir, poner por delante como eje deanálisis las normas internacionales vigentes para los campos que serían ob-jeto de análisis: migrantes, indígenas, niños, niñas y adolescentes, y el mo-do en que las prácticas de los migrantes y los Estados irían o no en con-cordancia con esa normativa. Es decir, se insistía en adoptar para las inves-tigaciones un enfoque de derechos. Esta perspectiva suponía enriquecer elanálisis planteado y permitir la aplicabilidad de las investigaciones.

Ahora bien, ¿qué significa adoptar un enfoque de derechos para lasinvestigaciones y qué significa para los funcionarios institucionales? ¿Su-pone ‘ordenar’ las prácticas de los actores de acuerdo al incumplimientode normas o a la transgresión de los derechos? ¿Cómo conciliar una pers-pectiva etnográfica y un enfoque de derechos? Estos interrogantes sitúanel tema entre la perspectiva de unos conceptos universales acerca de laniñez, del trabajo, de la edad, de la movilidad, sostenidos y promovidospor los organismos internacionales tales como la OIT, UNICEF, el BancoMundial y también presente en la Convención de los Derechos del Niñoy otros marcos normativos, y una perspectiva que propone mirar las for-mas de construcción de los conceptos y las concepciones de manera his-tórica, como construcciones sociales (Haider, 2008: 50-51).

Las investigaciones encuadradas en el proyecto se situaban en esta últi-ma línea. Planteaban mirar las prácticas de los migrantes, cómo son cons-truidas y cómo son legitimadas tomando en cuenta que tanto las prácti-cas como los discursos intersectan la etnicidad, la clase, el género, la edad.Interesaba mirar cómo en el día a día se ponen en juego ese conjunto de


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prácticas que responden también a un diálogo con las condiciones socio-económicas y políticas y, al mismo tiempo, “relacionarlas con las catego-rías morales y las ideas de bienestar en la práctica, donde la vida cotidia-na toma lugar”5 (Reynold, Nieuwenhuys y Hanson, 2006: 295). Antes deasumir un discurso hegemónico sobre los derechos, se buscaba más bienanalizar la puesta en ejercicio de otros marcos normativos, otras concep-ciones sobre aquellas categorías que los derechos pretenden garantizar ycómo sus interpretaciones se ponen en juego en la interacción entre elEstado, las familias y los niños. Es decir, los estudios de caso planteabanuna investigación que combinaba una perspectiva etnográfica y un enfo-que de derechos, aquellos que las personas escenifican cotidianamente,que se implementan en condiciones de desigualdad y de exclusión. Prác-ticas y derechos que tienen relación con la identidad, con el trabajo, conla familia, con el cuidado, con la economía. A través de este enfoque etno-gráfico, los estudios buscaban evitar lo que provoca el uso de estas cate-gorías, i. e, “reducir la relevancia del contexto”, al tiempo que buscabanponer en evidencia que “el mismo hecho de adoptarlas como unidades deanálisis lleva a legitimarlas y apoya el proceso de equiparación que subya-ce a un eficiente ejercicio de poder” (Reynold, Nieuwenhuys y Hanson,2006: 296).

Estas propuestas y luego sus resultados, una vez conocidos por los fun-cionarios, debieron enfrentar la demanda ya no de un ‘enfoque de dere-chos’ sino, más bien, de una lectura evaluativa de ‘cumplimiento’ deacuerdo a unos parámetros y categorías propios de la misma metanarrati-va estandarizada. Es decir, las categorías de análisis debían acomodarse aun discurso normativo que las legitima como herramientas válidas paraanalizar y dar cuenta de las prácticas de los ‘otros’. Esto implicaba, en cier-to modo, que las prácticas de las personas fueran observadas y/o evalua-das de acuerdo al cumplimiento de una normativa que es la regente de lasacciones y de los discursos de la agencia.

En la encrucijada, prácticas-políticas, ¿dónde situar la etnografía comoun discurso que construye un sujeto? Respondemos con las preguntas quese plantean Reynold, Nieuwenhuys y Hanson (2006: 300): “¿Deben los


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5 Todas las traducciones son nuestras.


antropólogos tratar de traducir sus hallazgos a un idioma que convoque alos diseñadores de políticas? ¿Hasta qué punto es posible esa traducciónsin alterar los matices esenciales que corroboran sus afirmaciones? ¿Estánlos diseñadores de políticas dispuestos a tomar en cuenta las afirmacionesantropológicas que contradicen sus objetivos políticos o sus convic-ciones?”.

Entre las prácticas, las definiciones y los marcos interpretativos: el trabajo infantil

Como ya hemos mencionado, los organismos internacionales de defensay promoción de derechos revisan el estado de cumplimiento de un con-junto de derechos y garantías establecidos en una serie de declaraciones,convenciones y pactos de alcance internacional. Diagnostican, a partir deesta revisión, y sugieren a los Estados y a otras organizaciones las accioneso medidas que creen convenientes para lograr la protección y promociónde los derechos a los cuales apuntan con su labor institucional. En conse-cuencia, los diálogos con estos organismos presuponen marcos normati-vos: aquellos que fundan precisamente su existencia o que son el resulta-do de sus luchas y sus intervenciones.

De acuerdo con la perspectiva de estos organismos, el principio delinterés superior de la niñez es fundamental para la investigación, el desa-rrollo de las políticas y la práctica (Alston, 1994 y Goonesekere, 1998;citados en Haider, 2008: 50). Alston (1994) “justifica la Convención delas Naciones Unidas sobre los derechos del Niño como una norma idealcon la que todas las culturas del mundo deben concordar” (citado enHaider, 2008: 50), aceptando que “la niñez y los niños y niñas son acto-res culturalmente específicos, pero manteniendo que la Convención es unrayado de cancha que sirve de referencia para medir la calidad de vida dela niñez y de los niños y niñas” (Boyden, 1998 y Biseell, 2003; citados enHaider, 2008: 50). Así, casos como el de los niños soldados, niñez en laprostitución, niños en la calle y otros, generalmente son analizados comoproducto de las culturas en las cuales surgen, y evaluados desde unos pará-metros que definen de manera ‘iluminada’ cuáles son los elementos ‘natu-


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rales’ de la niñez y, por ende, terminan condenando esas culturas comopropiciadoras del ‘descuido’ y atentatorias contra el derecho de los niños.Esta postura, conocida como la del universalismo abstracto, sustenta suargumentación en el carácter universal de los derechos humanos que pre-sume que todos los seres humanos son iguales, principio que aplica tam-bién para la niñez:

la esencia de los niños sería la misma, todos los niños comparten las mis-mas características. Es por esto que la Convención de los Derechos delNiño habla de un niño abstracto –el niño– como si todos los niños, sinconsideración de la edad, el sexo, la cultura y otras particularidades, com-partieran un set de cualidades inmutables […] cuyo conocimiento produ-ciría un conjunto de principios morales universalmente válidos, al cualtodas las culturas deben subsumirse (Nieuwen-huys, 2008: 4-5).

Para los investigadores sociales, formular nuestras preguntas, objetivos yestrategias metodológicas dentro de estos marcos normativos es formular-los conscientemente dentro de un estado de situación jurídica, valorativae ideológicamente determinado. Pero en la medida en que la investigaciónarroje resultados que son producto de una descripción cuidadosa y unainterpretación aguda de la realidad en estudio, es probable que aflorentensiones, las que tienen relación con una segunda postura que contextúalas prácticas de los actores y que sostiene que “los fenómenos sociales yculturales, tales como los cambios en los sistemas familiares, el modo deproducción, las crisis, los avances científicos y tecnológicos y las estructu-ras de poder relacionadas con clase, género, raza y etnicidad afectan yenmarcan diferentes concepciones de niñez antes que una sola o univer-sal” (Pattanik, 2005; citado en Haider, 2008: 50). Los autores afines a estapostura están conscientes de que sus argumentos a favor de una miradamás atenta a esas formas locales enfrentan en desventaja una discursividadoficial universalista y dominante que ocasiona que esas formas de vidasean vagamente comprendidas (Haider, 2008: 51). Esta perspectiva plan-tea, por tanto, que todas las culturas tienen igual valor y que se requiereuna mirada neutral que analice y dé cuenta de sus prácticas en ese contex-to cultural que sería el que brinde sentido a las nociones de niñez. Portanto, el cumplimiento de los derechos de la niñez no podría ser ‘evalua-


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do’ globalmente a partir de estándares establecidos a priori, pues no exis-tiría manera de establecer esos estándares por fuera de un contexto cultu-ral específico, siendo el occidental uno más de esos contextos posibles(Nieuwenhuys, 2008: 5-6). “Intentos de hacer esto no solamente no ten-drían sentido sino que podrían ser potencialmente perjudiciales: podríanreprimir otras culturas e infundir en aquellos que pertenecen a ellas de unsentido de inferioridad por fracasar en el logro de unos estándares estable-cidos por «extraños» quienes, además, son más poderosos” (Nieuwen-huys, 2008: 6).

Estas dos posiciones, más allá de ser irreconciliables, esencializan la ni-ñez, por un lado, y la cultura por el otro, lo cual dificulta la comprensiónde las relaciones entre las concepciones de la niñez y las prácticas cultura-les. La salida se sitúa en comprender que ni las culturas ni la niñez, comoconstrucción social, son campos aislados de las configuraciones del poder;en consecuencia es necesario interrogar cómo quienes hablan y formulandefiniciones, ponen en juego relaciones de poder y capacidades desigualespara excluir o incluir tanto social, como cultural, política y económica-mente (Bourdieu, 2001), y situar la problemática de la niñez en un con-texto macro que analice el proceso de globalización (Sykes, 2003: 5).

En el desarrollo del proyecto Migración y niñez indígena... el trabajoinfantil fue uno de los tópicos en el que se hicieron evidentes estas ver-tientes y las tensiones entre ellas. El trabajo infantil constituye desde siem-pre una de las áreas de preocupación y trabajo de la agencia financista delproyecto, en el marco del tópico más amplio de “protección de la infan-cia”. Desde la década del noventa, por otra parte, el tema ha ganado pro-gresivamente lugar en las agendas políticas a nivel internacional. La Con-vención sobre los Derechos del Niño, el Convenio 138 de la Organi-zación Internacional del Trabajo (OIT) sobre la edad mínima de admi-sión al empleo, el 182 sobre las peores formas de trabajo infantil y laDeclaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentalesen el Trabajo han producido los que serían, junto a otros convenios ydeclaraciones, los marcos principales en los que se plantea la necesidad dela erradicación del trabajo infantil. Durante este período se han produci-do avances en esta dirección en los países de la región. Los Estados de lospaíses incluidos en la investigación definen entre los 14 y los 15 años la


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edad mínima para que el trabajo infantil sea calificado como legal, conalgunas especificaciones y variaciones del umbral de acuerdo con el tipode trabajo y los riesgos que supone. Los gobiernos actuales se manifiestancomprometidos con aquellos marcos de referencia internacionales.

El trabajo infantil, tal como es comprendido por estas agencias estata-les e internacionales, está presente en cada uno de los seis países involu-crados en el estudio. Los niños, las niñas y los/as adolescentes migrantesse suman a los locales en el desarrollo de actividades que pueden calificar-se de esa forma. Como trabajo doméstico en México, pelado de ajo enArgentina o costura en talleres de confección en Colombia, entre otrasmuchas variantes, el trabajo de niños y niñas migrantes reviste diversasmodalidades que van desde las ‘peores formas’ hasta las consideradas con-textual y momentáneamente aceptables. Las tres investigaciones que con-forman el proyecto macro encontraron realidades diferentes, no solo res-pecto del tipo de actividades desempeñadas por niños y adolescentes sinotambién respecto de las condiciones mismas en que el viaje de los másjóvenes se origina y tiene lugar. Por poner un ejemplo claro, la migraciónde niños y adolescentes solos que se da entre los mames a México, no sepresenta entre los aymaras en Buenos Aires. A pesar de estas diferencias,las tres investigaciones coincidían en un punto clave: la existencia entrelos inmigrantes del ‘trabajo infantil’, tal y como es caracterizado en lasconvenciones, declaraciones y demás instrumentos internacionales co-múnmente incorporados por los Estados nacionales.

Sin embargo, los tres estudios presentaron también otra coincidenciafundamental: los involucrados directos no siempre o, en rigor, casi nunca,experimentan y conceptúan sus prácticas o las prácticas de sus hijos,parientes o vecinos con esta noción de ‘trabajo infantil’. No se trata sola-mente de que no recurran a una categoría técnica letrada como esa, sinode que las ideas de abuso, desprotección e incluso explotación que ellacontiene no aparecen en las interpretaciones que los y las indígenas mi-grantes hacen de las labores y tareas desempeñadas por los más pequeños.Esto no quiere decir que los/as investigadores/as hayan propuesto en susinformes desconocer las formas en que esas tareas podían sostener relacio-nes de desigualdad o jerarquía censurables según los parámetros de losorganismos internacionales y las leyes estatales (y muchas veces según los


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propios parámetros de cada investigador/a), sino simplemente reconocery comprender las formas en que éstas son entendidas y vividas por los pro-pios indígenas migrantes.

La migración conlleva, asimismo, la asunción temprana de responsabili-dades de carácter económico. Dicho proceso siempre es asumido prime-ro por los hermanos o hermanas mayores quienes marcan el ejemplo paralos más chicos. De manera que antes del viaje se acuerda de manera ver-bal en la mayoría de los casos y sobreentendiéndose en otros, que de estosniños/as y adolescentes derivará una buena parte de los recursos que per-ciba la familia. En este caso se pudo encontrar que se ahorra por lo menosel 80% del ingreso para llevarlo a su comunidad (Girón, 2010: 274).

Descripciones como esta suscitaron discrepancias entre los/as antropólo-gos/as a cargo de los estudios y de la coordinación general de los mismos,por un lado, y los oficiales y demás representantes de la agencia interna-cional, por otro. Las desavenencias se expusieron en la evaluación de losinformes y en las reuniones y talleres realizados a lo largo del proceso, ypueden ser sintetizadas en pocas palabras: de acuerdo con los oficiales dela agencia, era preciso registrar estas prácticas de los indígenas migrantesy sus interpretaciones acerca de ellas, pero era preciso también apreciarlassegún el marco normativo internacional que el organismo encarna; esdecir, debíamos intentar estimar la inadecuación que esas prácticas y esasinterpretaciones presentaban respecto a dicho marco normativo. Comoindicó un funcionario en uno de los talleres, “sabemos que la realidad nose ajusta a nuestro marco normativo; precisamente por eso, dicho marcose convierte en un horizonte y guía nuestra acción en la búsqueda de mo-dificar esa realidad”.

Como señalamos, este es el tipo de situación al que se enfrenta cual-quier proyecto de investigación formulado dentro de un determinadomarco normativo, sea éste cual fuere. Estas situaciones no son de difícilresolución. Puede suceder que, al ser contrastadas con ‘la realidad’, las de-finiciones contenidas en el marco resulten mucho menos claras que cuan-do son leídas en los documentos de las convenciones y declaraciones. Porejemplo, qué es y qué no es trabajo infantil puede entrar en una zona griscuando se establece como factor determinante para su reconocimiento el


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hecho de que interfiera en la educación de los/as niños/as: ¿qué significa‘interferir’?, ¿’educación’ de los niños quiere decir ‘asistencia a la escuela’?Pero en estos casos, salvadas esas zonas grises con un trabajo cuidadoso, esposible mantener las preguntas y las respuestas sobre ‘la realidad’ dentrodel marco normativo. Cuando Girón señala, para el caso de los mames,que la situación de pobreza y pobreza extrema demanda valorar “[e]l «tra-bajo» como una oportunidad para la subsistencia familiar” (Girón, 2010:287), o Caicedo apunta, para el caso de los adolescentes kichwa otavalos,que “vincularse como ayudante o empleado en el comercio o la confec-ción es considerado, sobre todo por los y las adolescentes de las comuni-dades más pobres, como una oportunidad” (Caicedo, 2010: 182), se trataevidentemente de realidades estructurales que no se ajustan a los patronesy a los horizontes políticos de la agencia internacional, y es claro tambiénque las autoras están hablando de circunstancias que exceden la responsa-bilidad personal de los y las protagonistas de la migración. En esas condi-ciones es posible comprender que el trabajo sea valorado como ‘oportuni-dad’ por los indígenas migrantes o por sus familiares, así como es posibleapreciar, al mismo tiempo, cómo el mercado laboral y el corrimiento delos Estados de áreas estratégicas es lo que aleja a esas situaciones del hori-zonte normativo de los derechos de los niños y las niñas.

Ahora bien, si situaciones como las anteriores pueden ser resueltas demanera relativamente sencilla, el trabajo etnográfico coloca un problemaadicional más profundo, que no se deja aprehender en términos de undesajuste entre el marco normativo y ‘la realidad’. Lo hace al relevar no yaunas prácticas que no se ajustan a dicho marco sino otros marcos norma-tivos, diferentes a los del organismo promotor del estudio, que explican yque sostienen aquellas prácticas. Nos deparamos con esta circunstancia endiversas ocasiones. Por ejemplo, para muchos de los migrantes las concep-ciones sobre la edad o las distinciones generacionales, tanto como las refe-ridas al trabajo y la participación en las actividades productivas de ‘adul-tos’, ‘jóvenes’ y ‘niños/as’ diferían de las nociones que los organismos inter-nacionales definen y que están establecidas con claridad en los documen-tos y convenciones que aprueban. Más concretamente, la percepción y lavaloración de aquello que los organismos llaman ‘trabajo infantil’ parecíaser comprendido según otros marcos normativos o interpretativos.


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Es por ello que incluso las mismas personas migrantes que en un casodistinguían críticamente entre trabajo, ayuda y explotación, en otro casopodían explicar que otras tareas, que luego serían juzgadas críticamentepor la agencia, hallaban sus fundamentos en tradiciones y costumbres delgrupo de pertenencia y así debían comprenderse. Registrábamos, enton-ces, formas de entendimiento y justificación de prácticas que, evaluadasdesde los marcos normativos de los organismos internacionales, se consi-derarían violatorias de derechos.

Entre los aymaras en Buenos Aires el trabajo ‘infantil’ es ligado a laeducación o formación general de las personas, desde pequeñas, y al desa-rrollo de una ética. Suele ser presentado como parte de los principiosandinos sintetizados en el ama qhilla, ama llulla, ama shuwa (no seas flo-jo, no seas mentiroso ni seas ladrón), y asociado al hecho de que todos losmiembros tienen la obligación de aportar a la familia, de colaborar encar-gándose de alguna tarea. Las reflexiones de los/as inmigrantes aymaras so-bre el tema aluden, de una u otra manera, a la responsabilidad, al trabajocomo generador de pautas o como actividad edificante. Algo semejante sepone de manifiesto entre los kichwa otavalo en Bogotá. Entre ellos, quealguien inicie las actividades laborales recién cuando alcanza la mayoría deedad significa comúnmente que la persona es ‘vaga’, y esto es negativa-mente valorado según los mismos principios andinos mencionados. Parael caso de los jóvenes mames en México, por último, el trabajo constitu-ye, en ocasiones, un espacio donde se pone en juego el estatus personal yel reconocimiento de los pares. Ser tomado en los viveros de las fincas cer-canas a la frontera, por ejemplo, otorga estatus no solamente por el tipode actividad realizada sino porque el ingreso suele estar condicionado a lacapacidad de leer y escribir.

En los tres casos, el trabajo de los niños, niñas y adolescentes sueledesarrollarse en el contexto familiar, aunque no necesariamente en el ám-bito doméstico sino acompañando a padres, madres o hermanos/as mayo-res en la realización de actividades fuera del hogar. Cuando los jóvenes noviajan con integrantes de su familia nuclear, suelen hacerlo con miembrosde una red de parentesco ampliada. El migrante aymara que vuelve a sulugar de origen a ‘pasar fiesta’, a participar de alguna celebración o sim-plemente de visita puede llevar consigo en la vuelta a un ahijado, a un so-


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brino o al hijo de un amigo. En el ‘enganche’ de adolescentes kichwa enEcuador para ser llevados a trabajar a Colombia, la concertación del viajey la paga se pacta directamente con su padre y su madre, sea que el con-tacto inicial se haya hecho en una parroquia, en la calle, en la plaza o enla misma casa. “En la propuesta, quien contrata, garantiza que el niño ola niña van a ser tratados como hijos” (Caicedo, 2010: 185).

La aceptación extendida del trabajo de niños y niñas y, sobre todo, lacomprensión del mismo como parte de unas formas culturales propias,ligadas a principios éticos y morales, advierte sobre los peligros del trasla-do del concepto de ‘trabajo infantil’ de su contexto occidental y capitalis-ta específico de surgimiento hacia otras condiciones socioculturales. Lamisma definición de esas prácticas como ‘trabajo infantil’ puede resultarenojosa. ¿Qué hacer entonces?, ¿cómo interpretar estas prácticas y estasformas de comprender la realidad que no se condicen con los derechos ygarantías tal y como son entendidos por los organismos internacionalessin catalogarlas como la violación o el incumplimiento de un derecho?,¿cómo entender las responsabilidades de los involucrados, es decir, quié-nes son responsables, ante quiénes y en qué sentido lo son? En otros tér-minos, ¿cómo dar cuenta de una realidad en la que coexisten marcos nor-mativos diferentes y, en algunos aspectos, quizá incompatibles, sin incu-rrir en una simple elección a priori de uno de estos marcos?

De cara a esta complejidad, es preciso evitar la imagen de una líneadivisoria, de un lado de la cual quedarían las personas respetuosas de lasnormas, los protectores y los promotores de los derechos de los niños y,del otro lado, sus violadores o sus potenciales amenazas. Claro que no setrata de abandonar esta figura para abrazar una que sería igualmente ina-propiada: la de una línea divisoria, de un lado de la cual quedaría una cul-tura auto-contenida, acabada y con límites claros y, del otro lado de lamisma, otra cultura, igualmente delimitada. Vale, una vez más, un llama-do a evitar dualismos, particularmente si lo que se quiere ordenar de ma-nera dual son conductas humanas y modos humanos de entender las con-ductas. En términos sustantivos, se impone evitar esencialismos porquehay actores sociales (acaso todos, aunque en diferente medida) que estántransitando a través de esa presunta línea divisoria y borroneando su con-torno: profesionales migrantes o hijos de migrantes, activistas políticos,


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religiosos, antropólogos, hijos/as de migrantes criados en ‘destino’, em-presarios culturales, etc. En términos conceptuales, por otro lado, evitarese dualismo permite eludir las trampas de las concepciones de ‘cultura’que la entienden como sistema y colocar, entonces, en el centro de nues-tra tarea la intelección de los diálogos, los intercambios, los flujos y las co-nexiones (Abu Lughod, 1991; Hannerz, 1997).

Ciertamente, evitar los dualismos no resuelve o disipa la complejidad(al contrario). Se desmoronan las salidas sencillas pues ya no se trata ni dedetectar cumplidores e infractores a un lado y otro de una línea divisoria,ni sistemas culturales a un lado y a otro de otra línea.

Es preciso entender las diferentes tradiciones culturales entrecruzándoseen este proceso y las ideas específicas en torno al ‘trabajo’ y a la ‘niñez’ queellas involucran. Si se toma en cuenta la perspectiva de los adultos ayma-ras [kichwas o mames] sobre el trabajo, la categoría misma de ‘trabajoinfantil’ puede resultar problemática. Al mismo tiempo, es preciso com-prender que esas ideas y prácticas no funcionan en un supuesto ‘sistemacultural’ cerrado y colocarlas, en cambio, en el contexto social mayor delque forman parte, en los circuitos de producción, circulación y consumoglobales. Nos encontramos ante un entrecruzamiento y una superposi-ción de institucionalidades y de lógicas culturales, económicas y sociales:los/as niños/as, reclutados/as para trabajar en clave cultural aymara[kichwa o mam] (esto es, de acuerdo con principios éticos que valoran eltrabajo como actividad formativa e inserto en redes y relaciones de paren-tesco ritual) pasan a trabajar en emprendimientos empresariales que cuen-tan entre sus objetivos la acumulación y la maximización de ganancias,muchas veces por fuera de los controles estatales y también por fuera delos controles familiares y comunitarios (Caggiano, 2010: 126).

De esta forma, el entrecruzamiento de institucionalidades y lógicas cultu-rales opera para que los principios que rigen ciertas actividades en un con-texto socioeconómico y cultural (pastoreo de animales, comercio a peque-ña escala, ayuda en tareas domésticas) acaben legitimando otras activida-des en otro contexto (tareas pesadas ligadas al mundo de los talleres tex-tiles o de costura, a las fincas cafetaleras), realizadas en extensas jornadas,a veces en condiciones insalubres.


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Conclusiones

Cualquier proyecto de investigación se desenvuelve en unas determinadascondiciones y con unos determinados condicionantes. Sea que la investiga-ción esté financiada por una agencia internacional o por un organismo deinvestigación científica estatal o por otra fuente cualquiera, sean quienes fue-ren nuestros interlocutores directos e indirectos durante el proceso y seancuales fueren los circuitos por los cuales los resultados serán difundidos y loslectores potenciales a quienes se dirige el mismo, siempre desarrollamosnuestra investigación en un encuadre complejo, ciertamente dinámico perodelimitado, y formulamos las preguntas y las respuestas en ese marco.

El Proyecto Migración y niñez indígena en América Latina pudo ser lle-vado adelante gracias a un fondo internacional que forma parte del siste-ma de Naciones Unidas. Este hecho constituye un factor clave para enten-der los elementos condicionantes que tuvo su realización. Revisar el pro-ceso conjunto de construcción y desarrollo del proyecto permite apreciarel espacio de negociación desplegado entonces. En parte, es justamente delas negociaciones que tuvieron lugar en ese espacio que resultó una ciertaforma de concebir a quien migra y una cierta forma de conceptuar la mi-gración, es producto de dichas negociaciones que se privilegiaron unostemas y problemas a indagar y no otros, y se definieron las categorías quese utilizarían para abordarlos.

El proyecto general buscaba poner de relieve aspectos específicos deprocesos migratorios indígenas en la región. La propuesta inicial y su en-foque fueron aceptados y se definieron los tres estudios de caso que loconformaron. Las negociaciones y las fricciones fueron apareciendo a me-dida que se lograban avances. Como vimos en el segundo apartado, losestudios pusieron de manifiesto una carencia de datos para estudiar la di-mensión demográfica de la migración indígena a través de las fronterasinternacionales. Esta limitación es conceptual y política puesto que res-ponde a un efecto de ‘nacionalización’ de los/as migrantes por efecto delos instrumentos estadísticos de medición disponibles. En tanto los orga-nismos internacionales acuden a dichas estadísticas, la limitación persistey, con ella, las dificultades para poner en suspenso conceptos y categoríasnacionalizados a priori.


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El apartado siguiente mostró la manera en que las agendas de los orga-nismos internacionales suelen estar informadas por una política que pre-cisa definir quién es sujeto de derechos y, en calidad de tal, objeto de lapolítica pública, como parte de una estrategia de captación de recursos.Por esta vía se decide quién es y quién no es migrante y cuáles son las prio-ridades que debe atender un estudio sobre migración. En ocasiones, estadinámica vuelve a estas agendas impermeables a las inquietudes e intere-ses no ya de los/as investigadores/as sino de los y las migrantes con quie-nes los/as investigadores/as han entrado en contacto en el campo, lo quees mucho más relevante.

Por último, la investigación etnográfica planteó el problema de la rela-ción entre el marco normativo del organismo promotor, que organizabalos lineamientos generales de la investigación, y determinadas prácticas delos/las migrantes que no se adecuaban a tal marco sino a otros, histórica-mente moldeados, con su propio ritmo de conservación y transforma-ción. Pero estos marcos normativos no solo coexisten sino que se relacio-nan, enredándose. Ante el entrecruzamiento y la superposición de insti-tucionalidades y de pautas culturales, económicas y sociales propusimosevitar dualismos y seguir estrategias interpretativas que permitan trabajarsimultáneamente en diferentes escalas, que nos lleven desde el contextodoméstico y laboral inmediato de los/as migrantes a las dinámicas globa-les con las cuales está directa o indirectamente conectado.

Es claro que estos procesos de negociación directa e indirecta en losque se producen modos de concebir la migración y los/as migrantes y enlos que se definen temas, problemas, conceptos y categorías son procesoscomplejos y múltiples. En ellos no participan solamente representantes dela academia y de los organismos que financian las investigaciones; sin irmás lejos, es evidente que los/as propios/as migrantes participan en esanegociación. De hecho, gran parte de la riqueza que intentamos mostraraquí de los debates entre investigadores/as y funcionarios/as de la agenciainternacional es producto de una interacción previa en el campo, endonde los/as migrantes pusieron en juego sus propias categorías y modosde definir los asuntos. ¿Quiénes están interesados en pensar, en explicar oen comprender las migraciones? El espectro es muy amplio. Desde losbancos y organismos financieros internacionales preocupados por la regu-


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lación de los flujos de las remesas hasta cualquier migrante en su vida coti-diana, se abre un extenso abanico de actores institucionales e individualesque inciden, bien que con desigual peso y capacidad de decisión, en losprocesos de construcción social de lo que la migración es y de sus conse-cuencias, en la definición de quiénes y cómo son sus protagonistas, etc.

Lo que hemos intentado presentar en estas páginas es una pequeñapero importante parte de ese amplio espectro de acuerdos y discrepanciasque intervienen en la construcción social del sujeto migrante. Hemosintentado mostrar las fricciones y las tensiones entre los discursos de losetnógrafos y los de los funcionarios internacionales y sus diferentes me-diaciones en dicha construcción. Al exponer este camino y sus atolladeroshacemos una invitación a explorar las condiciones (y los condicionamien-tos) en que actualmente las ciencias sociales abordan el tema de las migra-ciones, es decir, las condiciones en que nuestras preguntas, conceptos yobjetivos son definidos (Bourdieu, Chamboredon y Passeron, 2002;Bourdieu y Wacquant, 1995). Ensayamos un examen crítico de nuestraposición y de nuestros movimientos en el proceso de investigación, bus-cando mostrar los efectos de nacionalización que pueden tener las fuen-tes de información sobre nuestros datos (y sobre los sujetos que formanparte de nuestro objeto de estudio), advirtiendo cómo una agenda puedevolverse impermeable (precisamente para sugerir, al mismo tiempo, lasfiltraciones posibles) y procurando suspender o desnaturalizar las catego-rías que pueden llevarnos a juzgar antes de permitirnos comprender a losactores de los procesos que estudiamos.


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Documents

La Construcción Social Del Sujeto Migrante