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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
CARRERA DE DERECHO INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y SEMINARIOS
TESIS DE GRADO
“LA DEFENSA PUBLICA DE DERECHOS LABORALES,
COMO MECANISMO DE APERTURA AL ACCESO A LA
JUSTICIA PARA TRABAJADORES CON BAJOS
INGRESOS ECONOMICOS”
(Tesis para optar el grado de licenciatura en derecho)
POSTULANTE: FREDDY APOLINAR MARISCAL PALLE
TUTOR: Dr. IVAN CAMPERO VILLALBA
LA PAZ – BOLIVIA
2013
DEDICATORIA
“… A todos los trabajadores de Bolivia, pero en especial a aquellos que día a día sufren
desavenencias y atropellos a sus derechos laborales por parte de sus empleadores;
aquellos que buscan justicia y solo encuentran consuelo; en fin, a aquellos valerosos
hombres y valerosas mujeres que avivan el motor generador de la economía de
nuestra patria…”
AGRADECIMIENTOS;
A mis queridos padres por brindarme la vida a; quienes los quiero, los adoro y los respeto, que
con su gran humildad, esfuerzo, paciencia y sobre todo su comprensión me brindaron su
valioso apoyo moral y material para poder culminar mis estudios; asimismo a mi hermana por
facilitarme su honesto apoyo para seguir adelante, a quien retribuiré ofreciéndole siempre
una eterna amistad;
A mi queridos hijos; Gabriel, Ma. José y Abigail quienes fueron la fuente mi inspiración para
culminar esta mi investigación.
A funcionarios y ex compañeros del Ministerio de Trabajo que tuvieron la oportunidad de
coadyuvarme con información, material, su apoyo moral así como al señor ex Vice Ministro de
Trabajo Dr. Miguel Ángel Albarracín el mismo que en la función de su cargo tuvo la gran
amabilidad de comprender el espíritu de esta mi tesis y concederme una valiosa entrevista.
Un agradecimiento muy especial a mi tutor- amigo y ejemplo de seguir: Dr. Iván Campero
Villalba por brindarme su apoyo incondicional y de guiarme con sus conocimientos en el
presente trabajo hasta lograr la culminación.
No olvidando de ningún modo al Dr. Arturo Vargas ex Director de Investigación y Tesis; el
mismo que en un momento de frustración al inicio de la elaboración de mi tesis me dio fuerza
moral de continuar y culminar con éxito y;
No olvidar jamás a mi honorable tribunal conformado por eméritos docentes como son el ; Dr.
Julio Mallea Rada, Dr. Hernán Mario Clavel Salazar y Dr. J. Gonzalo Trigoso Agudo a quienes
los llevare siempre en un recuerdo memorable de mi vida por su valioso apoyo
para culminar esta mi investigación.
RESUMEN ABSTRACT;
En Bolivia, en el transcurso de formación normativa, desde sus orígenes históricos
como nación, estuvo vigente con un procedimiento que sustentó una violación
estructural de los derechos fundamentales, siendo especialmente evidente en el ámbito
de la administración de justicia.
Existen grupos sociales como los trabajadores de bajos ingresos salariales que en
muchas ocasiones no cristalizan en forma concreta sus pretensiones sociales, por falta
de dinero. Una muestra clara de estos son las peticiones de beneficios sociales como
efecto de despidos injustificados u otros, que en algunas ocasiones lo demandan ante el
Ministerio de Trabajo y el empleador rehúsa cancelar lo que legítimamente le
corresponde e inclusive rehúsa asistir a esta instancia conociendo que la misma es
simplemente conciliadora por cuento el trabajador por falta de dinero para pagar los
honorarios a un abogado estará imposibilitado de reclamar ante instancias judiciales
sus derechos laborales.
La justicia debe ser el principal garante de los derechos humanos, sin embargo aun no
se ha comprendido la importancia de organizar un Servicio Público de Defensa Legal,
gratuito y eficiente, con cobertura nacional, que preste sus servicios en materia laboral
a la gran población que no puede contratar a un abogado defensor privado y que por
tanto, se encuentra en un estado de total indefensión.
Por lo que la importancia de la Defensa Pública resalta en el entendido de que los
derechos de las personas fuera o dentro del proceso necesitan ser protegidos por un
abogado defensor o, en ausencia de este, por un servicio de defensores públicos
gratuitos. Su misión fundamental será el de garantizar el debido proceso; la igualdad
entre las partes y un juicio justo.
INDICE GENERAL
Portada
Dedicatoria
Agradecimientos
Resumen Abstract
Adenda
Índice
1. ENUNCIADO DEL TEMA 1.
2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 1.
3. PROBLEMATIZACIÓN DEL TEMA DE TESIS 2.
4. DELIMITACIÓN DEL TEMA DE TESIS 4.
4.1. Delimitación temática 4.
4.2. Delimitación temporal 4.
4.3. Delimitación espacial 5.
5. FUNDAMENTO E IMPORTANCIA DEL TEMA DE TESIS 5.
6. OBJETIVOS DEL TEMA DE TESIS 6.
6.1. Objetivo general 6.
6.2. Objetivos específicos 6.
7. MARCO DE REFERENCIA 7.
7.1. Marco histórico 7.
7.2. Marco teórico 10.
7.3. Marco conceptual 11.
7.4. Marco jurídico 13.
8. HIPÓTESIS DE TRABAJO 13.
8.1. Variables 14.
8.1.1. Variable independiente 14.
8.1.2. Variable dependiente 14.
8.2. Unidades de análisis 14.
8.3. Nexo lógico 14.
9. MÉTODOS Y TÉCNICAS A UTILIZAR EN LA TESIS 15.
9.1. Métodos 15.
10. TÉCNICAS A UTILIZARSE EN LA TESIS 15.
DESARROLLO DEL DISEÑO DE PRUEBA 17.
INTRODUCCION 17.
CAPITULO I
ANTECEDENTES HISTORICOS 19.
1.1. Desarrollo histórico del trabajo 19.
1.2. Leyes que son expresión de la conquista laboral 25.
1.2.1. Leyes destinadas a la protección de la mujer y el menor 25.
1.2.2. Ley de pobres 26.
1.2.3. leyes aplicables a las industrias 28.
1.3. El derecho del trabajo en América 29.
1.4. El derecho del trabajo en Bolivia 30.
CAPITULO II
MARCO TEORICO
2. CONCEPTUALIZACION DEL DERECHO 33.
2.1. Derecho romanísticos y “common law” 33.
2.1.1. El problema de las fuentes del derecho 33.
2.1.2. De la costumbre al primado de la ley (civil law) o del precedente
judicial (common law) 33.
2.2. Fuentes del derecho 35.
2.2.1. La ley y la costumbre 35.
2.2.2. Comprensión del término “ley” como fuente del derecho 35.
2.2.2.1. Función y gradación de los principios generales del derecho 36.
2.3. La doctrina de los actos propios en materia laboral 37.
2.3.1. Disidencia 40.
2.3.2. Conflictos laborales 41.
2.3.3. Crítica “civilista” 42.
2.4. Nociones sobre el derecho del trabajo 44.
2.4.1. Origen etimológico de las palabras laboral y trabajo 44.
2.4.2. El derecho del trabajo 45.
2.4.3. Denominaciones del derecho del trabajo 47.
2.5. Naturaleza jurídica del derecho del trabajo 49.
2.6. Fuentes del derecho laboral 51.
2.7. Características del derecho del trabajo 54.
2.8. PRINCIPIOS DEL DERECHO LABORAL 55.
2.8.1. Principios generales del derecho 55.
2.8.2. Importancia del estudio de los principios del derecho del trabajo 56.
2.8.3. Características de los principios del derecho del trabajo 57.
2.8.4. Funciones de los principios generales del derecho del trabajo 58.
2.8.5. enumeración de los principios 59.
CAPITULO III
MARCO JURÍDICO
3. DERECHOS LABORALES RECONOCIDOS POR EL
ORDENAMIENTO JURÍDICO BOLIVIANO 73.
3.1. Las leyes sociales de Bolivia 73.
3.2. La Constitución Política del Estado 75.
3.3. La ley general del trabajo 77.
3.4. Decreto reglamentario a la ley general del trabajo 78.
3.5. Código procesal del trabajo 79.
3.5.1. Otras normas laborales 80.
3.6. Derechos laborales reconocidos por nuestro ordenamiento jurídico 80.
3.7. Vulneración a los derechos laborales 86.
3.7.1. Igualdad jurídica y justicia social en el ámbito del derecho laboral 86.
3.7.1.1. Igualdad jurídica 86.
3.7.1.2. Justicia social 87.
3.7.2. El estado como ente tutelador de derechos laborales 90.
3.7.3. Migración por falta de fuentes de trabajo 93.
3.8. Legislación comparada en relación a la defensa pública en materia laboral 95.
3.8.1. Legislación Chilena 95.
3.8.2. Legislación Venezolana 97.
3.8.3. Legislación Paraguaya 102.
3.8.4. Legislación Guatemalteca 103.
CAPITULO IV
MARCO PRÁCTICO
4. DEFENSA PÚBLICA 105.
4.1. Realidad Nacional de la Defensa Pública 105.
4.1.1. Problemas Económicos de la Defensa Pública 105.
4.1.2. Demasiada carga procesal 106.
4.1.3. Pocos incentivos 106.
4.2. Realidad latinoamericana 107.
4.3. Nuevos enfoques de la defensa pública 107.
4.4. Realidad nacional concerniente a la situación de los trabajadores 108.
4.4.1. Demandas laborales conocidas en el ministerio de trabajo 108.
4.5. Demandas laborales que llegan a jurisdicción laboral 110.
4.6. Visión de los trabajadores de bajos recursos salariales 111.
4.6.1. Cuestionario 112.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1. CONCLUSIONES 122.
2. RECOMENDACIONES 124.
MARCO PROPOSITIVO 125.
BIBLIOGRAFÍA 132.
DISEÑO DE LA INVESTIGACION
11. ENUNCIADO DEL TEMA
“LA DEFENSA PUBLICA DE DERECHOS LABORALES, COMO
MECANISMO DE APERTURA AL ACCESO A LA JUSTICIA PARA
TRABAJADORES CON BAJOS INGRESOS ECONOMICOS”
12. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
En Bolivia, en su proceso de formación normativa, desde sus orígenes históricos como
nación, estuvo vigente un método que sustentó una violación estructural de los derechos
fundamentales, siendo especialmente evidente hasta el presente en el ámbito de la
administración de justicia.
Como efecto previsible de la adecuación de las normas a las necesidades sociales se
contempla actualmente en este gobierno plurinacional un proceso y evolución de
reformas normativas, como reflejo del desarrollo y necesidad de nuestra sociedad y su
consecuente enfoque renovado de la administración de justicia, dando lugar a que las
diferentes instituciones y órganos del Estado, y en especial el de la Defensa Pública,
Oficinas de Derechos Humanos y de Asistencia Legal se aproximen cada vez más a la
ciudadanía en procura del bienestar de sus insuficiencias sociales. Sin embargo no
obstante de este lento pero apreciable avance normativo, persisten situaciones en las que
el dinero se impone a la petición legítima de derechos consagrados en la Constitución
Política del Estado y Leyes del nuevo Estado Plurinacional boliviano.
Tomando como ejemplo los grandes grupos sociales como es el de los trabajadores de
bajos ingresos salariales, que en muchas ocasiones no cristalizan en forma concreta sus
pretensiones, por falta de dinero.
Una muestra clara de esto son las peticiones de beneficios sociales, como efecto de
despidos injustificados u otros muchos problemas laborales, que se emplazan ante el
Ministerio de Trabajo, y el empleador, rehúsa cancelar lo que legítimamente
corresponde e inclusive rehúsa asistir, conociendo que este ministerio es una instancia
mediadora y conciliadora por lo que el trabajador a falta de dinero no puede pagar a un
abogado defensor dentro de un proceso judicial, por lo que estará imposibilitado de
reclamar ante instancias judiciales sus derechos laborales, no obstante que la
Constitución Política del Estado, establece que los derechos y beneficios, reconocidos a
favor de los trabajadores no pueden renunciarse.
La justicia debe ser el principal garante de los derechos humanos, sin embargo aún no se
ha comprendido la importancia de organizar un Servicio Público de Defensa Legal,
gratuito y eficiente, con cobertura nacional, que preste sus servicios en materia laboral a
la gran población de trabajadores que no puede contratar a un abogado defensor privado
y que por lo tanto, se encuentra en un estado total de indefensión.
13. PROBLEMATIZACIÓN DEL TEMA DE TESIS
1. ¿La incorporación de Defensores Públicos en demandas sobre derechos laborales,
para trabajadores que perciban como remuneración hasta el doble del mínimo
nacional, permitirá a los sectores postergados de la población mayor acceso a la
justicia?
2. ¿El acceso a la justicia debe limitarse tan solo a los sectores de la población que
pueden contratar los servicios de un profesional abogado?
3. ¿El dinero se impone al esfuerzo de alcanzar justicia?
4. ¿Se ha comprendido la importancia de organizar un Servicio Público de Defensa
Legal, gratuito y eficiente?
5. ¿Se deben incorporar mecanismos para que el trabajador cristalice en forma
concreta sus pretensiones?
6. ¿El acceso a la justicia en materia laboral a través de la incorporación de
Defensores Públicos, permitirá alcanzar mayores niveles en la sociedad de
credibilidad en la justicia?
7. ¿Los Defensores Públicos de Derechos Laborales incorporados al sistema de la
Defensa Pública como actores en el escenario jurídico nacional, permitirán
escenarios de oportunidades jurídicas en condiciones de igualdad?
8. ¿La incorporación de Defensores Públicos de Derechos Laborales, logrará la
consolidación de nuevas y mejores formas de colaboración concertada entre la
sociedad y el Estado?
9. ¿La Defensa pública en materia laboral, contribuirá en la consolidación y
perfeccionamiento de las instituciones del Estado, especialmente las relacionadas
con la defensa, la protección y la promoción de los derechos?
10. ¿El fortalecimiento del acceso a la justicia en condiciones de igualdad jurídica,
permitirá potenciar la democracia social representativa y lograr mayor
gobernabilidad?
14. DELIMITACIÓN DEL TEMA DE TESIS
14.1. DELIMITACIÓN TEMÁTICA
El tema elegido está dentro de las siguientes áreas temáticas:
La más importante, el DERECHO DEL TRABAJO, dado que esta disciplina,
especializada abarca el conjunto de normas positivas y doctrinarias referentes a las
relaciones entre el capital y la mano de obra entre empresarios y trabajadores
También compete a la SOCIOLOGÍA JURÍDICA, porque en el trabajo se involucran
actores y agentes sociales que hacen al fenómeno laboral propio, dada la construcción
social protectora de la relación laboral.
Asimismo comprende la SEGURIDAD SOCIAL, considerando que esta normativa
precautela el derecho de los trabajadores con relación a los regímenes de seguridad
social tendientes a cubrir contingencias.
Del mismo modo comprende al DERECHO CONSTITUCIONAL, siendo que la
Constitución Política del Estado actual, determina los márgenes de derecho,
organización y atribuciones de los actores de la relación laboral obrero patronal en el
Régimen Social. Asimismo establece la protección que debe dar el Estado al trabajo,
trabajador y al capital.
14.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL
La presente investigación fue realizada entre el año de 2003, (año de la promulgación de
la Ley de Creación del Servicio Nacional de la Defensa Publica) hasta el presente año.
14.3. DELIMITACIÓN ESPACIAL
La presente investigación se desarrolló de manera teórica y práctica principalmente en la
ciudad de La Paz, porque en la misma se encuentran las instituciones gubernamentales
como ser el Ministerio de Trabajo y otros que tienen estrecha relación con los
trabajadores.
15. FUNDAMENTO E IMPORTANCIA DEL TEMA
DE TESIS
Todo Estado debe asegurar mediante las necesarias reformas normativas el respeto de
los derechos humanos en la totalidad de la actividad jurisdiccional y administrativa del
Estado, en especial en el campo del Derecho Civil, el Derecho de Familia y
fundamentalmente del Derecho Laboral, área que ocupa el presente trabajo.
Debe ser política de todo Estado, conceder una atención privilegiada a los temas de
derechos fundamentales relativos al problema del acceso a la justicia en materia
Laboral, dada la sensibilidad social que reviste.
El Ministerio de Justicia administra el Programa Nacional de Defensa Pública, con la
finalidad de promover y mantener el equilibrio de las partes dentro del debido proceso
legal en materia penal, para lo cual dada la situación socioeconómica de Bolivia es
preciso prestar asistencia jurídica a numerosas personas sin recursos. Sin desmerecer
este gran aporte al acceso a la justicia, es fundamental que a mediano plazo, se incorpore
el refuerzo de la Dirección Nacional de Defensa Pública, a través de la creación de
nuevas Oficinas de Defensa Pública en Materia Laboral mediante un instrumento legal
positivo, que permitirá cumplir cabalmente con el objetivo de velar por el respeto de los
derechos fundamentales y la oportuna defensa de los trabajadores que no cuenten con
recursos económicos para contratar los servicios de un abogado misma que viabilice a
través de sus conocimiento especializados, las pretensiones legítimas que persiguen los
trabajadores.
El presente trabajo de investigación, hace referencia a la necesidad de incorporar
Defensores Públicos de derechos laborales, para trabajadores que perciban como
remuneración hasta el doble del mínimo nacional, como respuesta a innumerables casos
de trabajadores, que por falta de dinero para contratar los servicios de un abogado, no
han podido asumir defensa de sus derechos laborales o defenderse ante injustas
acusaciones formuladas con la intención de evadir obligaciones laborales.
A este respecto se presentan planteamientos que deberán contribuir al necesario debate
sobre la adopción de nuevas leyes y a suscitar en la opinión pública una nueva
concepción en la sociedad sobre el acceso a la justicia.
16. OBJETIVOS DEL TEMA DE TESIS
16.1. OBJETIVO GENERAL
Proponer la creación de la Defensa Pública de Derechos Laborales, como un
mecanismo que permitirá el acceso de los trabajadores con bajos ingresos
económicos a la administración de justicia, permitiendo el reconocimiento de
derechos de los grupos sociales excluidos, lo cual puede contribuir a efectivizar y
operativizar la igualdad de oportunidades de camino a la justicia.
16.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Establecer la relación laboral en la historia de Bolivia, como mecanismo de
desarrollo del Estado.
- Establecer la situación actual de los trabajadores de escasos recursos
económicos.
- Realizar un diagnostico sobre las demandas laborales que se inician en el
Ministerio de Trabajo y son resueltas en esa instancia.
- Revisar el porcentaje de las demandas laborales que no fueron resueltas en la
instancia conciliadora del Ministerio de Trabajo y fueron declinadas a
jurisdicción de Juez Laboral.
- Indagar sobre legislación comparada que han superado los problemas
descritos en el trabajo.
- Proponer el análisis de las actuales condiciones de acceso a la administración
de justicia en la jurisdicción laboral.
- Proponer el establecimiento de mejores oportunidades y condiciones para los
trabajadores de bajos ingresos económicos.
- Proponer la incorporación legitima de Defensores Públicos de Derechos
Laborales para trabajadores con bajos ingresos económicos, que puedan
lograr mejorar las condiciones de relación laboral entre los trabajadores y los
empleadores.
17. MARCO DE REFERENCIA
17.1. MARCO HISTÓRICO
El Derecho del Trabajo no es muy antiguo, pero el Trabajo existe desde los orígenes del
hombre, inclusive se menciona en la Biblia específicamente en el libro del Génesis, pero
especialmente como un castigo. El Trabajo no era una norma jurídica sino una manera
de disciplinar a los hombres primitivos por desobediencias a Dios, es decir, nació el
trabajo como un castigo y en realidad no existía legislación sobre la actividad laboral, se
desconocía el pacto entre trabajador y empleador.
El hombre se dedicaba a subsistir y no se colocaba en relación a la subordinación
respecto a alguien, sólo tomaba lo que necesitaba de la naturaleza, pero como el hombre
necesitaba agruparse para su sobrevivencia, comenzó a organizar el trabajo de su
producción el excedente para intercambiarlo por otro (trueque), así se interrelacionaba
con los demás y a la vez satisfacía sus otras necesidades.
No existe un detalle en la historia que muestre cuál ha sido la evolución del trabajo, lo
único que se tiene como referencia son las instituciones que quedaron plasmadas y que
nosotros las interpretamos de determinadas formas, ejemplo el Código Humarabi, las
Leyes de Marcu, etc.
En la Roma Clásica se consideraba que el trabajo no era para las personas sino para los
animales y las cosas, dentro de las cuales se encontraban ciertas categorías de la especie
humana que tenían condición de esclavos. El trabajo entendiéndolo como el esfuerzo
humano físico, era en esos tiempos denigrante y despreciativo, la condición de esclavo
en Roma se adquiría por ejemplo, por el hecho de perder una guerra, así el ganador de la
misma tenía dos opciones matar o no al perdedor, si lo hacía allí todo quedaba, pero en
el caso que decidiera no hacerlo la persona pasaba a ser de su propiedad, pero como el
hecho de mantenerlo le ocasionaba un costo, pues esos gastos debían reintegrarse de
alguna manera, por ello debía trabajar para este y así se consideraba su esclavo, el cual
no recibía remuneración alguna, por el esfuerzo que desarrollaba.
La Edad Media comienza con la caída del Imperio Romano debido a la invasión, una
época en que los hombres no tuvieron acceso a la cultura y al conocimiento, época en la
que el hombre se dedico a pasar el tiempo, no progresó la ciencia ni la cultura.
Posteriormente surge una nueva concepción del trabajo, que ya no es considerado como
denigrante peyorativo para el esclavo, surge una nueva concepción moral de trabajo,
llegando incluso a la concepción de la cualidad humana.
El hombre tiene necesidad de subsistir, sostener a su familia, perfeccionar el grupo
social y dedicarse al cultivo de su alma, surge una idea muy interesante "Todos deben
trabajar en la medida de sus posibilidades".
El fenómeno social que se caracterizó en la edad media fue el Feudalismo, que se
caracterizó por demostrar un atesoramiento del poder a través de dos formas, el
acaparamiento de tierras y propiedades (señor feudal) y el poder de la Iglesia Católica.
Al final de la Edad media surge en Europa una concepción liberal, se deja de pensar que
el poder económico se demuestra con el atesoramiento de la tierra, sino cuando se
detectan bienes e inmuebles (muebles y piedras preciosas); lo cual trae como
consecuencia una clase consumista en el mundo. Hoy en día hay la necesidad de
producir más de un mismo bien ya que no es rentable producir artesanalmente, a
consecuencia de ello se da el hecho socioeconómico llamado la Revolución Industrial.
En la Edad Moderna, el descubrimiento de América dio lugar a la extracción masiva de
oro y piedras preciosas de este continente para ser transportados a Europa, lo cual dio
lugar a una de las primeras medidas inflacionarias de la historia de la humanidad;
surgiendo una nueva clase social la burguesía, quienes comienzan a obtener poder
político mediante, el atesoramiento de dinero, cambiando la concepción moral del
trabajo (que en la edad media estaba representada por corporaciones).
Los maestros se cambiaron por patronos, los aprendices por trabajadores, el taller por la
fábrica y el precio justo por el precio del mercado, surgiendo el salario.
17.2. MARCO TEÓRICO
El espíritu que inspira el desarrollo del presente trabajo doctrinal, es el enraizado en la
Constitución Política del Estado establecido en nuestra forma de Estado; Unitario Social
de Derecho Plurinacional Comunitario, libre independiente, soberano, democrático,
intercultural, descentralizado y con autonomías; por lo que en consideración a que las
leyes laborales son normas de orden público, obligatorias para empleadores y
trabajadores que tienen por finalidad equilibrar la relación laboral, contrarrestando en
parte el poder que tiene el empleador. Tanto es así que contrariamente a lo establecido
en las normas que rigen los demás contratos, los derechos laborales son irrenunciables.
Los derechos laborales son irrenunciables, han sido establecidos para garantizar
condiciones mínimas de trabajo y remuneración a todas las personas.
La empresa no puede establecer en el contrato individual ni pactar con los trabajadores
remuneraciones, beneficios o condiciones de trabajo menores a las mínimas que exige la
ley; en cambio, si en el contrato individual hay beneficios o condiciones de trabajo
mejores que los que fijan la ley, debe respetar lo que diga el contrato.
Sin embargo en muchas ocasiones el empleador exige al empleado u obrero el
cumplimiento estricto del contrato ya sea verbal o escrito, pero por su parte no cumple
con el pago correcto por los servicios y no reconoce derechos laborales, llegando
inclusive a despedir sin previo aviso y sin justa causa, rehusando el pago de
indemnización, desahucio y otros beneficios que por ley le corresponden al trabajador,
seguros de que debido a la mala situación económica de este, no podrá concretizar sus
pretensiones.
No obstante que los derechos laborales son irrenunciables, en la actualidad se dan
innumerables casos en los que los trabajadores, se ven obligados a renunciar a los
mismos, debido a que no tienen los recursos económicos para contratar a un profesional
abogado que lleve su causa legal ante jurisdicción laboral.
El Estado, que por mandato constitucional protege el trabajo, no puede permitir esta
desigualdad y abuso de poder, y que el dinero sea un obstáculo para concretar las
pretensiones legítimas de los trabajadores, que reciben una remuneración baja.
El Estado está obligado a crear mecanismos que viabilicen el acceso de los trabajadores,
con bajos recursos económicos a la justicia, uno de estos mecanismos a mi criterio es la
incorporación de la Defensa Pública en materia laboral cuya finalidad sea garantizar la
inviolabilidad de la defensa de los derechos de los trabajadores, proporcionando defensa
técnica a éstos que carecen de recursos económicos y/o que perciban como salario hasta
el doble de del mínimo nacional.
17.3. MARCO CONCEPTUAL
En el presente trabajo de investigación, utilizaremos las siguientes categorías y
conceptos fundamentales:
1. Estado.- “Situación en la que se refiere algo, referido a ese algo a la estructura
social alude al Estado de la sociedad y a la estructura de poder en los aspectos
jurídicos y políticos de un modo general, a la organización política”. Alcides
Alvarado.
2. Justicia.- “Supremo Ideal que consiste en la voluntad firme y constante de dar a
cada uno lo suyo. Constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi”.
Justiniano.
3. Abogado Defensor.- “Abogado es aquella persona que después de haber
obtenido su título univerwitario y haber cumplido con los demás requisitos
exigidos por la Ley para ejercer la profesión (juramento colegiación, etc.), se
encarga de defender ante los tribunales el honor, la vida, la libertad y la fortuna
de los ciudadanos. Su misión consiste en patrocinar a los litigantes en el juicio o
aconsejarlos sobre los puntos de derecho que le sometan. Es decir, el abogado
cumple distintas funciones: desde evacuar consultas extrajudiciales sobre temas
jurídicos, conciliar a futuros contrincantes, hasta ejercer el ”ius postulandi” ante
la jurisdicción y el patrocinio”. Ramiro J. Podetti, citado por Aldo Bacre.
4. Relación Jurídica.- “Se trata de derechos y obligaciones entre actor y
demandado en un complejo recíproco”. Kohleer citador por Aldo Bacre.
5. Trabajador.- “Todo persona natural que preste servicios intelectuales o
materiales a otra, sea esta natural o jurídica, en cuya relación concurran dentro
del ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo y goza de todos los
derechos reconocidos en ella, sea cual fuere el rubro o actividad que se realice,
así como la forma expresa del contrato o de la contratación verbal si fuera el
caso”. Decreto Supremo 23570 de 26 de julio de 1993.
6. Empleado.- “El que trabaja por cuenta ajena. Presta servicios en tal carácter; o
por trabajar en oficina con horario y condiciones especiales, desarrollando un
esfuerzo predominantemente intelectual”. Ley General del Trabajo de 24 de
mayo de 1939.
7. Obrero.- “El que trabaja por cuenta ajena. Se caracteriza el obrero por prestar
servicios de índole material o manual, comprendiéndose en esta categoría,
también, al que prepara o vigila el trabajo de otros obreros, tales como capataces
y vigilantes”. Ley General del Trabajo.
8. Patrono.- “Es la persona natural o jurídica que proporciona trabajo, por cuenta
propia o ajena, para la ejecución o explotación de una obra o empresa”. Ley
General del Trabajo de 24 de mayo de 1939.
9. Salario.- “Remuneración o salario es el que percibe el empleado u obrero en
pago de su trabajo”. Ley General del Trabajo.
10. Derecho.- “Potestad o facultad, consecuencia jurídica, validez o vigencia e
invalides o nulidad, etc. Conjunto de normas vigentes e un tiempo y un lugar
determinado”. Julio B. J. Maier.
17.4. MARCO JURÍDICO
En el ámbito jurídico se considera los siguientes preceptos legales:
Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia; Capitulo Quinto
(Derechos Sociales y Económicos), especialmente: Art. 48 numerales: I,II,III y
IV del la Sección III (Derecho al Trabajo y al Empleo).
Ley General del Trabajo. Especialmente: Art. 4 y 13.
Código Procesal del Trabajo. Especialmente: Art. 1, 2, 3 y 4.
Reglamento de la Ley General del Trabajo. Especialmente: Art. 8.
Otras normas legales, que refieren a los derechos de los trabajadores.
Legislación comparada. Especialmente de los países latinoamericanos.
18. HIPÓTESIS DE TRABAJO
La hipótesis que orienta la investigación es la siguiente:
“La incorporación de la Defensa Publica de Derechos Laborales de
trabajadores que perciban bajos ingresos económicos, permitirá un mayor
acceso a la justicia, mayor igualdad jurídica y mayor credibilidad en la
justicia”.
18.1. VARIABLES
18.1.1. VARIABLE INDEPENDIENTE
- Incorporación de la Defensa Pública de derechos laborales de
trabajadores que perciban bajos ingresos económicos.
18.1.2. VARIABLE DEPENDIENTE
- Mayor acceso a la justicia, mayor igualdad jurídica y mayor credibilidad
de la justicia.
18.2. UNIDADES DE ANÁLISIS
- Trabajadores.
- Empleadores.
- Acceso a la Justicia.
- Estado de Derecho
- Relación Laboral
- Igualdad Jurídica.
- Democratización del Derecho
18.3. NEXO LÓGICO
- El nexo lógico es: Permitirá
19. MÉTODOS Y TÉCNICAS A UTILIZAR EN LA
TESIS
19.1. METODOS
Los métodos que fueron utilizados en la presente investigación son los siguientes:
- Método Deductivo, que es el razonamiento mental que conduce de lo general a
lo particular y permite extender los conocimientos que se tienen sobre una clase
determinada de fenómenos a otro cualquiera que pertenezca a esa misma clase.
- Método Dogmático, comprende las etapas del método científico, designando
con terminología propia en cada uno de sus momentos, como la interpretación,
la construcción de instituciones, sistematización y las comunicaciones.
20. TÉCNICAS A UTILIZARSE EN LA TESIS
Las técnicas que permitieron desarrollar la presente investigación fueron:
Revisión bibliográfica la misma permitió la utilización de documentos para el análisis
de la información sobre los diversos temas de la realidad social.
El cuestionario, que es un instrumento elaborado con el fin de obtener respuestas a
determinadas preguntas, el mismo constituye un medio de interrogatorio individual o de
cierto número de personas, y siguiendo un determinado esquema, se puede recoger
información valiosa con respecto a la temática tratada en la investigación, y así poder
dar la solución a un problema especifico. El mismo fue aplicado en las principales calles
de la ciudad de La Paz.
La entrevista, entendida como la forma de comunicación mediante el intercambio de
palabras, en la cual una persona (el entrevistador) trata de obtener cierta información, o
la expresión de determinados conocimientos o valoraciones sobre un tema dado.
Se entiende la entrevista no dirigida sobre la base de un patrón general, permitiendo la
libertad de formular preguntas convenientes para obtener las respuestas que permitan
desarrollar con mayor efectividad la investigación.
Las entrevistas fueron aplicadas al Vice Ministro de Trabajo, Conciliadores también de
este ministerio mismos que son entendidos o están cotidianamente en esta labor de la
atención a trabajadores vulnerados y atropellados en sus legítimos derechos que son el
tema objeto de nuestra investigación.
DESARROLLO DEL DISEÑO DE PRUEBA
INTRODUCCION
En Bolivia, así como en varios países latinoamericanos y europeos, la importancia de la
defensa Pública se ha resaltado y se ha entendido de que los derechos de las personas
fuera o dentro de un proceso judicial - necesitan ser protegidos por un abogado defensor
o en su ausencia de este por un servicio de defensores públicos y gratuitos.
Su misión fundamental será el de garantizar el debido proceso: la presunción de
inocencia, la igualdad entre las partes y un juicio justo. Todo Estado debe asegurar
mediante necesarias reformas normativas el respeto de los derechos humanos en la
totalidad de la actividad jurisdiccional y administrativa del Estado, en especial en el
campo del derecho civil, el derecho de familia y fundamentalmente del derecho laboral,
área que nos ocupa en el presente trabajo.
Debe ser una alta prioridad el reconocimiento en el ordenamiento legal y en el
funcionamiento de las instituciones públicas y de las entidades de la sociedad civil, a los
derechos de los trabajadores consagrados en la Constitución Política del Estado.
Debe ser política del Estado Plurinacional conceder una atención privilegiada a los
temas de derechos fundamentales relativos a los problemas del acceso a la justicia en
materia laboral, dada la sensibilidad social que reviste.
El Ministerio de Justicia actualmente administra el Programa Nacional de Defensa
Pública en materia Penal, con la finalidad de promover y mantener el equilibrio de las
partes dentro del debido proceso legal, para lo cual dada la situación socio-económica de
Bolivia es preciso prestar asistencia jurídica a numerosas personas sin recursos. Sin
desmerecer este gran aporte al acceso a la justicia es elemental que a mediano plazo, se
incorpore el refuerzo de la Dirección Nacional de Defensa Publica, a través de la
creación de nuevas oficinas de Defensa Publica en Materia Laboral, mediante un
instrumento legal positivo que permitirá cumplir cabalmente con el objetivo de velar por
el respeto de los derechos fundamentales y la oportuna defensa de los trabajadores que
no cuenten con recursos económicos para contratar los servicios de un jurista, que
viabilice a través de sus conocimientos especializados, las pretensiones legitimas que
persiguen.
Por lo que, la presente investigación hace referencia a la necesidad de incorporar
Defensores Públicos de los derechos laborales, para trabajadores que perciban como
remuneración hasta el doble del mínimo nacional, como respuesta a innumerables casos
de trabajadores que por falta de dinero para contratar los servicios de un abogado, no
han podido defender sus derechos laborales o defenderse ante injustas acusaciones para
ocasionar un despido formuladas con la única intención de evadir obligaciones laborales.
A este respecto presentaré planteamientos que deberían contribuir al necesario debate
sobre la adopción de nuevas leyes y a suscitar en la opinión pública una nueva
concepción en la sociedad sobre el acceso a la justicia.
CAPITULO I
ANTECEDENTES HISTORICOS
1.3. DESARROLLO HISTÓRICO DEL TRABAJO
El trabajo existe desde que el hombre ocupó el globo terráqueo, es así que en la Biblia
específicamente en el libro de Génesis se habla del trabajo, no de la manera que lo
entendemos ahora, sino como castigo, es decir, era una manera de disciplinar a nuestros
primeros antepasados por la desobediencia a Dios, eso dio origen a que naciera el trabajo
como un castigo y en esos inicios no existía legislación sobre la actividad laboral, no se
conocía el llamado pacto entre trabajador y empleador.
En los primeros tiempos no existía una sociedad de consumo como la que conocemos
hoy en día, el hombre se dedicaba a subsistir y no se situaba en relación a la
subordinación respecto a otro hombre, sólo tomaba lo que necesitaba de la naturaleza,
guiándose por sus instintos, sin embargo dada la característica social del hombre,
necesitaba agruparse para su sobrevivencia, por lo que comenzó a organizar el trabajo,
surgiendo posteriormente el excedente de su producción, el cual fue utilizado para
intercambiarlo por otro, surgiendo de este modo lo que se conoce como trueque.
Con el surgimiento del trueque, el hombre comenzó a interrelacionarse con los demás y
de este modo satisfacía sus otras necesidades.
A través de las instituciones podemos determinar la evolución histórica del trabajo,
como por ejemplo el CÓDIGO HAMURABI, donde se encuentra algunas muestras
basadas en hechos naturales y religiosos que posteriormente pasaron a ser limitaciones
del derecho del trabajador.
Las LEYES DE MARCU, surgieron posteriormente y de ella se concluye que el hombre
hizo una limitación a la jornada de trabajo, no precisamente para que el trabajador
descansara, sino porque se dio cuenta que hay un tiempo de luz y un tiempo de sombra y
en el primero la mayoría de los animales trabaja para poder descansar en el segundo, así
se pensó que el hombre debería hacer lo mismo, trabajar en tiempo de luz y descansar en
tiempo de sombra.
Para poder conocer la evolución histórica del trabajo es menester que reseñemos:
a) La Antigüedad
Caracterizada por el trabajo esclavo, por la industria familiar, por el agrupamiento de los
artesanos en colegios.1
Roma Clásica:
En Roma, se consideraba que el trabajo no era para las personas, sino para los animales
y las cosas, dentro de las cuales se encontraban ciertas categorías de la especie humana
que tenían condición de esclavo.
Es importante recordar que los esclavos surgieron producto de la guerra entre pueblos,
en las cuales el pueblo vencedor tenía dos opciones matar o no al perdedor si lo hacía
allí todo quedaba, pero en el caso que decidiera no hacerlo la persona pasaba a ser de
su propiedad, pero como el hecho de mantenerlo le ocasionaba un costo, pues esos
gastos debían reintegrarse de alguna manera, por ello debía trabajar para este y así se
consideraba su esclavo.
El trabajo era en esos tiempos denigrante y despreciativo, no existía en Roma el Derecho
al trabajo en el sentido técnico de la expresión por la tanto no era regulado, no había
1 JIMÉNEZ SANJINES, Raúl, “Lecciones de Derecho Laboral. Tomo I. 2001. Pág. 16.
Derecho del trabajo. Los romanos se preocuparon por desarrollar el Derecho Civil,
omitiendo desarrollar las otras ramas del Derecho.
La actividad principal que se desarrolló en Roma fue la agricultura, sin embargo habían
otras actividades como el transporte, el comercio, las llamadas profesiones liberales
(jurisconsultos, ingenieros, médicos, etc.), que eran desarrollados en muchos casos por
personas que no eran ciudadanos romanos, que además no recibían retribución por
prestar esa actividad sólo les reconocían ciertos honores públicos, de allí viene la idea de
lo que conocemos hoy en día como defensor “Ad-Litem”, con una carta “Ad honorem” y
lógicamente la expresión honorario.
b) Edad Media
Como todos conocemos, comienza con la caída del Imperio Romano, con la invasión de
los monjes católicos romanos, de quienes se dice que escondieron toda la información y
los conocimientos, por lo tanto, eran los únicos que tenían acceso a la cultura.
En una época, el hombre no produjo, no inventó, no innovó, no desarrolló la cultura, el
hombre se dedico a pasar el tiempo, no progresó la ciencia ni la cultura.
Una vez que se comienza a tener acceso a la cultura surge una nueva concepción de
trabajo, ya no es considerado como denigrante peyorativo y solo para el esclavo; surge
una nueva concepción moral de trabajo llegando incluso a la concepción de la cualidad
humana, esto gracias a una expresión salida de los monasterios portugueses:
"El ocio es el enemigo del alma"
El trabajo llega a ser muy importante, pues el hombre tiene necesidad de subsistir,
sostener a su familia, perfeccionar el grupo social y dedicarse al cultivo de su alma,
surge una idea muy interesante, “que todos debemos trabajar en la medida de nuestras
posibilidades”.
El fenómeno social que se caracterizó en la edad media es el feudalismo que son mini-
estados con grandes extensiones de tierra en manos de un mismo Estado, este fenómeno
hace que se muestre el atesoramiento del poder a través de dos formas:
1. El acaparamiento de tierras y propiedades (señor feudal).
2. El poder de la Iglesia Católica.
En la Época Feudal, que se extiende del siglo X al XV, predomina la servidumbre como
forma dominante de trabajo.2
En este sistema también existían otras personas que realizaban otras actividades
artesanales o profesionales, liberales que eran realmente el sustento de esos dos entes de
poder, porque eran definitivamente los que trabajaban; este sector minoritario que
debían crear organismo de defensa contra el poder omnipotente de los Señores Feudales
y de la Iglesia, así surge las corporaciones que son agrupaciones de personas que tienen
la exclusividad de una actividad laboral lo que hace que los Señores Feudales le
reconozcan su existencia y le den valor.
Lo importante de estas corporaciones en su estructura jerárquica pero no escrita, era lo
siguiente:
a. Maestro.
b. Oficiales y ayudantes. (asistente del maestro en el comienzo del oficio o
arte que desarrollaban)
2 JIMÉNEZ SANJINES, Raúl, “Lecciones de Derecho Laboral. Tomo I. 2001. Pág. 16.
El MAESTRO, no era superior en cuanto al desarrollo de la actividad pudiéndose
compararse con los aprendices, el maestro era un patrono que en sentido etimológico
significaba padre del oficio que desarrollaba, pero no había concepción del jefe y
subordinado tal como lo conocemos hoy.
Durante los varios siglos que estuvo en su apogeo el régimen corporativo medieval, el
trabajo fue atribución exclusiva del artesanado agremiado en la ciudad y de la
servidumbre de la gleba en el campo.3
Al final de la Edad media se produjo un cambio en la concepción económica del
hombre, se dejó de pensar que el poder económico se demuestra con el atesoramiento de
tierra y surge en Europa una concepción liberal, en donde la muestra del poder se da
cuando se detentan bienes (muebles y piedras preciosas) ya que lo más sencillo de
acceder era esto. Esto origina como consecuencia una clase consumista en el mundo.
Eso se da hoy en día por la necesidad de producir más de un mismo bien ya que no es
rentable producir artesanalmente, a consecuencia se da el hecho socioeconómico
llamado la Revolución Industrial.
c) Edad Moderna
El descubrimiento de América dio lugar a la extracción masiva de oro y piedras
preciosas de este continente para ser transportados a Europa, lo cual trajo como
consecuencia una de las primeras medidas inflacionarias de la historia de la humanidad,
pues da curso al surgimiento de una nueva clase social llamada la burguesía.
La clase burguesa comienza a obtener poder político mediante la corrupción y el
atesoramiento de dinero, cambia la concepción moral de trabajo (que en la edad media
3 JIMÉNEZ SANJINES, Raúl,. “Lecciones de Derecho Laboral. Tomo I. 2001. Pág. 75.
estaba representada por corporaciones), bajo los siguientes parámetros:
Los maestros se cambiaron por patronos, en el sentido que reconoce a los aprendices por
trabajadores:
El taller es desplazado por la fábrica
El precio justo por el precio del mercado y entre precio del mercado
conseguiremos el salario.
Surge la necesidad de la producción en serie.
Aparecen las maquinas como medios o formas de producir y a la par de
ello la competencia entre productores y los riesgos que debe asumir el
patrono para conducir el mismo.
Así en Francia en 1791 se da la llamada "Le Chatelier" que le da carácter delictual a las
asociaciones y corporaciones por lo que el trabajador no puede reunirse ya que pierde
exclusividad en el área que maneja, lo cual afecta el poder político.
d) Edad Contemporánea
Se inicia con la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII y la consecuencia más
importante es la concesión política ya que surge el concepto de Estado organizado.
La evolución de la humanidad se ha caracterizado por su lucha constante para corregir la
injusticia, que en la distribución del trabajo se ha ido sucediendo a través de los siglos,
empeorada aún más como efecto de la revolución industrial, dando origen al proletariado
fabril, ahondando las diferencias de clase y fortuna.4
En ese tiempo en Europa empezaron a desaparecer las pocas concesiones que habían en
cuanto al trabajo, estas existían de acuerdo al liberalismo, dando como origen otras
concesiones como es la comunista, que establece que los medios de producción deben
ser de las personas, no de las que las poseen, sino de las que la hacen producir, estas
concesiones se fundan a través de la Iglesia Católica.
En el año de 1940 surge el manifiesto comunista del Derecho del Trabajo como
programa autónomo y principios propios, dando lugar al nacimiento de normas propias
que no se podían encuadrar en ninguna de las ramas del Derecho, por lo que se hizo
necesario, crear una rama nueva que hoy la conocemos como el Derecho al Trabajo.
1.4. LEYES QUE SON EXPRESIÓN DE LA CONQUISTA
LABORAL
1.4.1. Leyes destinadas a la Protección de la Mujer y el Menor
En América, el amparo a la mujer y al menor se concreta también en las leyes dictadas,
por casi todos los países del continente durante las primeras décadas del pasado siglo,
pudiendo citar a modo de ejemplo las siguientes:
A. Ley Argentina del 14 de octubre de 1907.
B. Ley chilena de Contrato de Trabajo del 8 de septiembre de 1924 estableciendo
como edad mínima 14 años.
4 JIMÉNEZ SANJINES, Raúl, “Lecciones de Derecho Laboral. Tomo I. 2001. Pág. 75.
C. Colombia, Guatemala, Perú y México regulan las jornadas del menor en un
período nunca mayor de las 6 horas interrumpidas por un descanso de duración
variable.
D. La prohibición de trabajo nocturno para los menores de 18 años, en Brasil
(Código de Menores de 27-2-1914)
E. En Guatemala, la Ley de Trabajo, prohíbe el trabajo de los menores en
ocupaciones nocturnas insalubres o peligrosas.
Los citados son ejemplos de la preocupación del legislador americano por defender la
mano de obra infantil de las distintas naciones.
Lo mismo se podría decir de la legislación protectora de la mujer, que se dicta
ordinariamente en los países de América durante el primer cuarto del siglo pasado.
a. La prohibición de despido de la mujer embarazada
b. Los plazos de descanso previo y posteriores al alumbramiento
c. La prohibición de trabajos peligrosos, incómodos o insalubres para la madre o
para la vida del feto
d. La prohibición de trabajo nocturno para las mujeres, es norma habitual de la
legislación americana del período señalado.
1.4.2. Ley de Pobres
Las leyes de pobres de Inglaterra derivan de las normas y prácticas con las que desde la
primera mitad del Siglo XVI, se había intentado suprimir el vagabundeo.
El sistema de caridad institucionalizada que surge en esos momentos proporcionaba
ayuda a los pobres, pero les prohíbe mendigar fuera de sus parroquias de origen. Los
mendigos quedaban confinados dentro de áreas específicas y el salirse de las mismas
estaba fuertemente penalizado.
Todas estas normas fueron recopiladas en el reinado de Isabel I y dieron origen a la
primera ley oficial de pobres conocida como:
A. Ley de Isabel del año 1601
Esta ley estableció los principios de un sistema nacional de ayuda legal y obligatoria a
los pobres y constituyó la base de lo que más tarde se conocería como antigua ley de
pobres.
El sistema de ayuda legal a los pobres que se instituyó en ese momento se caracterizaba
por los siguientes elementos:
a. La parroquia era la unidad básica de aplicación
b. Las ayudas se financiaban fundamentalmente a través de impuestos sobre las
propiedades locales
c. La gestión corría a cargo de funcionarios nombrados por los jueces locales
d. Las ayudas variaban dependiendo del tipo de pobre:
Limosnas y asilos para los pobres incapacitados (ancianos y enfermos)
Aprendizaje de oficios para los niños
Trabajo para los pobres capacitados
Castigo o prisión para los que podían y no querían trabajar.
Las sucesivas leyes de pobres que se fueron promulgando a partir de la Ley de Isabel se
complementaron con las llamadas,
B. Leyes de Asentamiento.
Estas leyes impedían que un recién llegado a una parroquia pudiera establecerse
irregularmente en ella y se convirtiera en una carga económica adicional para los
habitantes de la misma.
Aunque el principio del asentamiento no era nuevo, fue la Ley de Asentamiento de 1662,
la que estableció una definición precisa y uniforme de asentamiento.
Las disposiciones sobre el asentamiento fueron a menudo ignoradas, eludidas y
modificadas por leyes posteriores, pero los requisitos para el asentamiento y las
restricciones a la movilidad de los pobres continuaron existiendo y se convirtieron en
una característica esencial de la antigua ley de pobres.
2.2.3. Leyes Aplicables a las Industrias
A. Ley de 22 de junio de 1796
En 22 de junio de 1796 fue aprobada la primera ley destinada a resguardar el patrimonio
humano de los nocivos efectos de la Revolución Industrial, prescribía disposiciones
sanitarias:
Limitaba a 12 horas máximas la jornada diaria, incluyendo el tiempo de comedor
Hacía obligatoria la instrucción del menor
Establecía un sistema de inspección periódico del trabajo.
No obstante esta ley ni siquiera fue aplicada.
B. Ley de Fábricas de 1833
El primer ordenamiento de este tipo realmente efectivo fue la llamada Ley de Fábricas
de 1833.
C. Ley de Prusia de 1839
Esta Ley sancionaba legalmente el amparo de la mano de obra infantil y femenina.
D. Ley de Francia de 22 de febrero de 1851
Aseguraba el aprendizaje del menor en condiciones adecuadas a su edad y sus fuerzas.
1.3. EL DERECHO DEL TRABAJO EN AMÉRICA
Para el principio de los años 1900, la legislación americana se dibuja con mayor avance
con respecto a la europea, en cuanto se refiere al trabajo y a los empleados.
Las leyes europeas estaban dirigidas hasta entonces a la protección del trabajo manual,
predominante en las grandes industrias de la época.
Puede decirse, que la legislación tutelar del trabajo en América se adelanta a los países
de Europa cuando extiende sus reglas a los empleados de las empresas particulares.
Pueden citarse en tal sentido:
A. Bolivia, que por Ley de 21 de noviembre de 1924, reglamenta el trabajo de los
empleados de comercio y otras industrias.
B. Brasil, Ley de 24 de diciembre de 1925.
C. Chile, Ley de 17 de octubre de 1925.
D. Lo mismo puede decirse de los Códigos de Trabajo de algunos Estados de
México (Chihuahua, Puebla, Michoacán, Veracruz).
E. Panamá, con su Ley de 1914.
F. Perú, con la Ley de 7 de febrero de 1924, que también reglamenta el Contrato de
Trabajo de los empleados de Comercio.
1.4. EL DERECHO DEL TRABAJO EN BOLIVIA
Conforme señala el eminente catedrático Dr. Raúl Jiménez Sanjinés, en su obra:
“Lecciones de Derecho Laboral”, la Ley General proyectada en el gobierno del Pdte.
José David Toro, reúne un cuerpo ordenado y sistemático de normas que regulan las
relaciones de trabajo, proyecto al que el gobierno de Germán Busch da su continuidad,
hasta su aprobación definitiva mediante Decreto Supremo de 24 de mayo de 1939.
Este nuevo cuerpo normativo está inspirado en las legislaciones de Chile y México, el
mismo que no solamente recopila disposiciones laborales ya existentes, como fruto de
las conquistas que obtuvieron los trabajadores en el mundo, hasta entonces aisladas y
dispersas, sino que además incorpora por primera vez nuevos derechos y garantías
reconocidos a todos los trabajadores.
Su aplicación comenta el Dr. Raúl Jiménez, en la obra ya citada, implicó un proceso
lento, debido principalmente al desacuerdo y descontento tanto de los empresarios como
de los trabajadores, que encontraban a la nueva legislación contraria a sus respectivos
intereses, los primeros porque vieron amenazada su estabilidad económica en razón de
que, al establecerse nuevas prestaciones sociales, como vacaciones, indemnizaciones por
despido, tiempo de servicios, primas, etc., debían realizar las previsiones necesarias para
cubrirlas.
Por su parte los trabajadores formulaban sus reclamos en relación a la restricción del
derecho a la huelga y el aumento de la intervención estatal a través de los inspectores de
trabajo, ya que contrariamente a lo establecido en el Decreto Supremo 1920, las
instancias previas de conciliación y arbitraje eran imprescindibles para la declaratoria de
huelga.5
Recién durante el gobierno constitucional de Enrique Peñaranda, fue elevada al rango de
Ley el Decreto Supremo de 1939, el 8 de diciembre de 1942, quedando en vigencia la
Ley General del Trabajo, consolidando su plena vigencia y aplicación mediante el
Decreto Reglamentario de 23 de agosto de 1943, que complementa la normativa laboral.
Contiene normas que determinan los derechos y obligaciones del empleador y
empresario y los que correlativamente incumben al trabajo:
Jornada de Trabajo.
Cuantía del salario.
Forma de pago que puede ser por tiempo o pieza producida en el local del
empleador o domicilio del obrero.
Régimen del trabajo nocturno.
Labores desempeñadas por mujeres y niños (mayores de 14 años).
Días de descanso semanal, vacaciones pagadas.
Protección a la maternidad.
Formas de extinguir la relación de trabajo.
Indemnizaciones por tiempos de servicios.
Responsabilidades en caso de muerte, accidentes o enfermedades profesionales.
El empresario está facultado para reclamar el cumplimiento personal del trabajo,
5 DEL GRANADO COSSIO, Juan. “Manual de Legislación del Trabajo”. Citado por JIMÉNEZ SANJINES, Raúl, “Lecciones de
Derecho Laboral. Tomo I. 2001. Pág. 65.
Calidad en la obra, moralidad dentro del local, lealtad, fidelidad, disciplina.
Regula asimismo la suspensión de labores por parte de los trabajadores huelga
por parte de empresa el Lock - Out.6
Los antecedentes estudiados en el presente capítulo, permiten comprender como ha
evolucionado la relación obrero patronal, a través de la historia y como el hombre por
medio de luchas sociales, reflejo de las necesidades imperantes en la sociedad, logró
alcanzar mejores condiciones para el trabajador, concretando el reconocimiento de
derechos, insertos en las legislaciones del mundo. Ahora corresponde, posibilitar
mecanismos para que el trabajador, titular de derechos y obligaciones, pueda hacer valer
los mismos y uno de estos mecanismos constituye la Defensa Pública en materia laboral,
para trabajadores de bajos ingresos económicos.
6 JIMÉNEZ SANJINES, Raúl,. “Lecciones de Derecho Laboral. Tomo I. 2001. Pág. 65-66.
CAPITULO II
MARCO TEORICO
3. CONCEPTUALIZACION DEL DERECHO
2.5. DERECHO ROMANÍSTICOS Y “COMMON LAW”
En el ámbito del derecho existen dos diferentes épocas una tiene su base y su desarrollo
en sociedades las cuales a través de la historia buscan como establecer esos principios y
arraigarlos a su cultura, como en este sentido lo son los dos tipos de ordenamientos
jurídicos más grandes de la antigüedad; hablamos de la Tradición romanista (naciones
latinas y germánicas) y el de la tradición Anglo-Americana (common law).
Así mismo es importante señalar que la tradición Romanista surge por medio del código
Napoleónico (1804), el cual considera como base el civil law y a partir de raíces latino-
continental, generan diferentes fuentes del derecho.
También se puede señalar que el common law tiene origines Anglo-Sajones, el cual por
medio de usos de la costumbre, y la jurisprudencia, se genero un derecho mixto,
consuetudinario y jurisprudencial.
2.5.1. EL PROBLEMA DE LAS FUENTES DEL DERECHO
Es importante señalar que el derecho se dio en la historia como un hecho que se
trasforma conforme evolucionan los pueblos, asi mismo la costumbre ligado a lo
religioso como el primer derecho primitivo que es la expresión del ciudadano de
establecer un sistema de reglas; también se considera la seguridad de la familia, como un
nucleo social principal; por otro lado Jean Jacob Rosseau en su obra el Contrato Social
señala que el padre como el sumo sacerdote, líder o Jefe de la familia el que imparte la
justicia construye todo un sistema de instituciones dentro de la familia.
Con las trasformación del uso de la costumbre o de lo oral a lo escrito nace la ley de las
Xll Tablas la ley hecha piedra, esculpida y trascrita a símbolos de orden gramático, la
costumbre no desaparece del todo pero está amparada a lo escrito, en esta época nace la
jurisdicción (lo que corresponde al derecho de establecer la justicia en cada caso en
concreto) la que evoluciona de forma doctrinal lo cual crea controversia por que se
emitían juicios de valor con criterio morales y no de forma objetiva que es el cambio
realizado por los griegos para mejorar la forma de impartirla. Los griegos son los que le
dan base al derecho para convertirla en ciencia, con el uso de la jurisprudencia en forma
objetiva.
2.5.2. DE LA COSTUMBRE AL PRIMADO DE LA LEY (civil law)
O DEL PRECEDENTE JUDICIAL (Common law)
En la época romana, la costumbre era la principal fuente inspiradora de Derecho, la
misma decae para dar paso a la ley de forma escrita pero no manejada desde un punto de
vista amplio, si no de manera abstracta y general, por lo que la doctrina llega a ser la
principal fuente jurista de Derecho.
Por otro lado, en la época media es donde se dan a conocer diferentes escuelas, pero en
especial la Corriente Humanista, la cual estudia la ley desde el punto de vista de
expresión racional de humanidad “razón escrita”.
Así mismo, se puede señalar que: La ley como voluntad general busca como fin
racional la expresión de la generalidad; lo que es establecido en el Código Napoleónico
como una sistematización de ley mediante un código civil que busca como principal
objetivo la igualdad de todos los ciudadanos, por otro lado también tenemos el Common
law que son normas y reglas de carácter Jurídico no escrito. 7
2.6. FUENTES DEL DERECHO
2.6.1. LA LEY Y LA COSTUMBRE
Se puede señalar que la ley está sujeta a diferentes procesos en los cuales se construye
por un órgano determinado, así mismo se analiza su origen, el cual es establecido por el
tiempo y espacio, como también los cambio sociales, políticos, económicos, culturales
entre otros. Así mismo se puede considerar que la ley es escrita y se trasforma según las
condiciones; así mismo el Derecho racional es el que da forma esquematizada,
sistemática, valora y razona la conducta humana.
Así mismo se puede mencionar que la costumbre no es el mismo caso, en vista de que su
origen es determinado por el tiempo, el uso y el hábito social; pero en ella si hay
jurisprudencia al igual que la ley, lo consuetudinario no es escrito, y su duración en el
espacio tiempo es poca por motivo del desuso. En si el Derecho consuetudinario es de
origen espontáneo.8
2.6.2. COMPRENSIÓN DEL TÉRMINO “LEY” COMO FUENTE
DEL DERECHO
Considerando las múltiples conceptualizaciones con respecto al termino “Ley” se puede
que la misma es toda relación necesaria de orden casual o funcional establecida entre
dos o más. Así mismo comprender que entre sus variedades están la leyes físicas, leyes
éticas, sociológicas, físico matemáticas.
7 Teoría general del Derecho. Centro Internacional para Investigaciones, en Derechos Humanos (CIIDH).
8 Ídem. Pág. 59
Asi mismo es importante resaltar que los principios son verdades fundamentales que
tiene como objetivo buscar el inicio de algo, aplicando para ello determinados métodos o
modos. Entre el mismo se puede citar el principio de Omnivalentes,
Principio plurivalentes y por último el principio de monovalentes. Los principios hablan
de la manera en que pueden ser aplicados al derecho.
2.6.2.1. FUNCION Y GRADACIÓN DE LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL
DERECHO
Desde un punto de vista jurídico la función conlleva la estructura, la forma de buscar un
accionar de cada parte que la constituye de manera coherente. Así mismo habla que el
proceso por función y grado de los Principios generales del derecho en un caso de
cualquier índole, recurrimos a la primera función que es la: Analogía, como la fuente de
búsqueda de existencia de una ley y su forma de interpretarla y aplicarla.
Con respecto a la legislación, la misma no deja de ser una función importante de los
principios generales del derecho, pero la misma está arraigada a la experiencia de los
juristas, quienes son la segunda función de los principios generales del derecho,
fijando directrices y formulando pretensiones que orientan la Función jurisdiccional.
2.7. LA DOCTRINA DE LOS ACTOS PROPIOS EN
MATERIA LABORAL
Esta idea ha generado un gran debate y jurisprudencia, fundamentalmente, para resolver
conflictos donde se discute la existencia de la subordinación y dependencia contra los
actos propios o también, “el deber jurídico de no contrariar conductas propias pasadas”.9
9 Ekdahl, María Fernanda, La Doctrina de los Actos Propios, Editorial Jurídica de Chile, 1999
Los requisitos de aplicación son: “a) una conducta anterior relevante y eficaz; b) el
ejercicio de una facultad o de un derecho subjetivo por la misma persona, quien, al
actuar, crea una situación litigiosa por aparecer una contradicción entre ambas
conductas; c) una pretensión nacida de la segunda conducta que, de admitirse,
repercutiría en derechos adquiridos por terceros o bien causaría daño; d) identidad de
sujetos que actúan”.10
Los actos propios protegen fundamentalmente la buena fe, la confianza y estabilidad en
las relaciones jurídicas. Para que el autor quede vinculado a ella, la conducta debe ser
relevante, eficaz (no debe estar viciada) y debe darse en el marco de una relación
jurídica.
La doctrina de los actos propios es fundamentalmente una regla de conducta, tiene un
carácter secundario (se aplica cuando no hay solución legal expresa) y esencialmente
constituye un medio de defensa procesal (generalmente como excepción de fondo).
Ausencia de voluntad laboral:
El debate más álgido que ha generado la aplicación de la doctrina de los actos propios en
materia laboral, se ha presentado al momento de resolver conflictos donde se discute la
existencia de la subordinación y dependencia. La voluntad de los contratantes no es la de
obligarse laboralmente.
Nos referimos no a una situación que encubre una relación laboral, sino a “una opción
jurídicamente lícita y ajena todo propósito fraudulento”.11
La hipótesis es clásica:
prestación de servicios personales (“honorarios”) en los que el prestador del servicio,
una vez extinguido el vínculo contractual que lo unía con quien lo retribuía, busca
justamente la protección laboral, en circunstancias que nunca entendió estar regulado
10
Fueyo, Fernando. La Doctrina de los Actos Propios en: Instituciones de Derecho Civil Moderno. Editorial Jurídica. 1990 11
Irureta, Pedro, “Empresa y Subordinación o Dependencia en el Contrato de Trabajo”, Revista Persona y Sociedad, Vol. XVIII N°
2. 2004
por un contrato de trabajo, es decir nunca se sintió ni actuó como trabajador
dependiente. Sólo pretende esta calidad (o su existencia) cuando deja de prestar
servicios.
Voluntaria y lealmente las partes contratantes, sea como consecuencia de nuevas formas
organizativas donde desaparecen algunas de las manifestaciones clásicas de la
subordinación y dependencia sea como consecuencia directa de la autonomía de los
contratantes, estos “no quieren ni entienden” que exista un contrato de trabajo o una
relación laboral entre ellos.
Este es el escenario en que se prestan y retribuyen los servicios, con el agregado (y he
aquí un nuevo ingrediente) que esta forma de vinculación se desarrolla de manera leal y
correcta (a veces por años).
El conflicto detona cuando cesa el vínculo contractual: el prestador del servicio
“romperá la buena fe” para acudir a la figura del contrato de trabajo. Su pretensión,
entonces, hurga el amparo laboral, aún por sobre su propia conducta anterior.
Se recurre a la figura del contrato de trabajo para reclamar, principalmente,
indemnizaciones, feriados y cotizaciones previsionales. Incluso, el prestador cesado
invoca la irrenunciabilidad laboral, la presunción de laborabilidad o la primacía de la
realidad para amparar y justificar su pretensión.
De esta forma, el problema se “laboraliza” y se traspasa directamente a las instancias
laborales correspondientes, a los que se les reconoce plena competencia en casos como
estos.
Los tribunales han recurrido a la doctrina de los actos propios para rechazar pretensiones
contradictorias con la conducta del prestador del servicio, cuando ello contraria la
buena fe y la confianza depositada en dicha conducta previa.
Así se aprecia, entre otros, en la siguiente jurisprudencia:
1. “La pretensión de que una relación contractual de veinte años, basada en pactos
sucesivos y de idéntica naturaleza, con solución de continuidad y finiquitos
correspondientes, constituye una relación laboral, impetrada 10 meses después
del cese del último vínculo y por la que se requiere el entero de las cotizaciones
previsionales de todo el período, se contradice con los principios que informan la
doctrina de los actos propios y la buena fe”.
2. “Tal como lo ha hecho esta Corte en casos similares, los principios de la doctrina
llamada “de los actos propios”, que asigna efectos ineludibles a determinadas
conductas previas y cuyo origen y objetivo se explica precisamente en la
primacía del principio de la buena fe, del cual se encuentra inculcado no sólo la
legislación laboral, sino que todo el ordenamiento jurídico”
2.7.1. DISIDENCIA:
La aplicación de los actos propios por la jurisprudencia laboral encuentra reparos en
algunos autores nacionales (“Comentarios a una Jurisprudencia: La Doctrina de los
Actos Propios y el Derecho Laboral”),12
“La Subordinación Jurídica y Jurisprudencia
Judicial: La Flexibilidad de los Jueces”.13
Se sostiene que es una doctrina de estirpe civilista, que es incompatible con relaciones
jurídicas sui generis como las laborales.
Existe jurisprudencia de primera instancia que así lo señala: “Que asimismo se niega
lugar a la defensa, en cuanto alega la doctrina de los actos propios y la buena fe
12
Gumucio Juan Sebastián y Corvera Diego. Revista Laboral Chilena, 2006, Pág.72-79; 13
Ugarte, José Luis. Estudios Laborales N° 1, Editorial Lexis Nexis.2007, Pág. 90-94,
contractual. Instituciones por definición ajenas al derecho laboral y propias del derecho
civil, en actos de parte con capacidad de negociación equivalente”.
Además, se afirma que, por definición, en materia laboral los contratantes no están en
igualdad de trato para una negociación contractual.
Las partes no están llamadas a calificar los vínculos, sino que el marco normativo
supone aplicación de normas de orden público e irrenunciable. Se sostiene que la parte
empresarial estaría, bajo esta doctrina, ocultando abusos y fraudes.
2.7.2. CONFLICTOS LABORALES:
Pero el “venire contra factum propium non valet”, también ha servido para solucionar
conflictos netamente laborales, es decir, considerando la existencia de un contrato de
trabajo, incluso, desde hace bastante tiempo.
Una buena argumentación de su procedencia en materia laboral es: “Ha de tenerse
presente que el Principio de la Buena Fe, que ilustra la doctrina del Derecho Laboral, ha
de conjugarse con el Principio de la Realidad y este indica que las pretensiones actuales
de un demandante laboral no pueden contradecir flagrantemente su actuar y conducta
anterior, ya que debe prevalecer el deber jurídico de respeto a la situación jurídica creada
anteriormente por la conducta de la misma persona, a fin de consolidar la necesaria
certeza jurídica y evitar la producción de daños a un tercero”.14
A modo ilustrativo, se puede referir jurisprudencia que recepciona la regla de “venire”
para resolver diferencias suscitadas en contratos individuales de trabajo, aunque también
la hay en casos de contratos colectivos.
14
Ugarte, José Luis. Estudios Laborales N° 1, Editorial Lexis Nexis.2007, Pág. 99
Desahucio en materia laboral: Un empresario, con diferencias de días, da
primero un desahucio por voluntad unilateral y luego un despido por causa
legal. Prevalece lo primero.15
Finiquito no ratificado ante Ministro de Fe: El trabajador reconoció en un
finiquito un determinado período de prestación de servicios. El finiquito sólo
fue autorizado por ministro de fe, pero no ratificado ante este funcionario. El
trabajador demanda la ineficacia del finiquito y pretende se le pague
indemnización por años de servicio respecto de un período anterior en que
prestó servicios, conteniendo el finiquito una cláusula de renuncia de acciones.
Finiquito ratificado ante Ministro de Fe: El trabajador pretendió la ineficacia
del finiquito, solicitando se incorporara como período de trabajo – para efectos
de pago de indemnización por años de servicio – un tiempo anterior en el que
estuvo con contrato a honorarios. Se rechazó la demanda pues no puede
contrariar el trabajador (ir contra) una conducta anterior suya que generó
confianza en terceros, como lo es el hecho de haber suscrito un finiquito
cumpliendo todos los requisitos legales, reconociendo el período en que prestó
servicios.16
Nulidad de despido: Un trabajador impetró la nulidad del despido basado en
que si bien su empleador retuvo e completó la remuneración imponible, no
incluyó la asignación de computación que debía formar parte de ésta.
Reclamación de despido: Una trabajadora reclamó su despido por inasistencias
injustificadas. Invocó fuerza mayor para no asistir a oportunamente a trabajar.
15
Fueyo Fernando. Corte de Apelaciones de San Miguel, 22/7/1999. 16
Ídem. Pág. 65
2.7.3. CRÍTICA “CIVILISTA”:
Frente a la crítica “civilista” que se hace, es posible decir que la doctrina de los actos
propios ha encontrado aplicación en los tribunales en materia civil, mercantil, procesal,
administrativa, de familia y también en casos netamente laborales, como los citados.
El derecho laboral no tendría porque no recepcionar esta doctrina.
Otras figuras jurídicas de origen doctrinario y jurisprudencial comparado, que nacieron
de corte “civilista” -la verwirkung o retraso desleal – han sido recogidas por la doctrina
y jurisprudencia nacional en materia laboral sin reparos, siendo especialmente el
trabajador quien la invoca, por ejemplo, para reclamar de sanciones o despidos tardíos
como ocurre con el perdón de la causal.
En doctrina comparada, con respaldo jurisprudencial, la regla del “venire” es invocada,
ante el comportamiento contradictorio en el ejercicio de los poderes directivo y
disciplinario, por ejemplo, si se niega un ascenso que en otros casos se acepta o cuando
el empleador sanciona al trabajador en forma distinta ante la misma falta.17
Debe darse especial realce al profundo valor, sentido y significado que tiene el acuerdo
de voluntades y a las conductas propias válidas, vinculantes y eficaces que derivan de
una “relación personal”.
Corresponde que la buena fe adquiera cada día mayor importancia en materia laboral,
pues supone un modo correcto, sincero e íntimo de cumplir la palabra empeñada y de
honrarla.
17
Gil y Gil, José Luis, Principio de la Buena Fe y Poderes del Empresario, Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, 2003. Pág.
260-264
La buena fe debe estar apoyada especialmente en la confianza y corrección en el obrar,
ha de ser recíproca, mutua, franca y sincera entre empleador y trabajador. La conducta
coherente como manifestación de la buena fe, encuentra en los actos propios una
herramienta legítima y válida de defensa frente a conductas propias contradictorias
pasadas.
2.8. NOCIONES SOBRE EL DERECHO DEL TRABAJO
2.8.1. ORIGEN ETIMOLÓGICO DE LAS PALABRAS LABORAL Y
TRABAJO
El origen etimológico de una palabra, no da una noción precisa del significado de la
misma, sin embargo por motivos de estudio es necesario ilustrar el origen etimológico,
para entender el proceso de desarrollo de esa palabra, entendiendo así su trascendencia
actual.
Se entiende como trabajo la labor o actividad, ocupación, faena, tarea, empleo, cargo,
destino, oficio o profesión.
El vocablo TRABAJO, según algunos autores proviene del verbo latino:
1. LABORARE, que significa labrar, laborar (laboreo de la tierra labranza, labor
productiva).18
Según el Dr. Gonzalo Trigoso Agudo, eminente docente de la materia de Derecho
Laboral en la Universidad Mayor de San Andrés, señala que el termino latín
laborare, proviene de labrar, por que las primeras formas de trabajo en la antigüedad
18
JIMÉNEZ SANJINES, Raúl,. “Lecciones de Derecho Laboral. Tomo I. 2001. Pág. 10.
fueron la agricultura, labrar la tierra; entonces se está haciendo referencia a ese
esfuerzo sistemático y planificado del hombre para obtener frutos de la naturaleza.19
3. TRABS-TRABIS, que significa obstáculo (valla en el camino que debe vencerse para
cumplir un objetivo), del cual provendría la palabra italiana TRAVAGLIARE, la
francesa TRAVAILLER y la española TRABAJAR.20
Porque el trabajo se considera también desde distintos puntos de vista, en algunos
casos entendemos al trabajo como la mayor virtud, como aquello que honra a las
personas, decimos “el trabajo dignifica”, pero en otros casos también el trabajo es lo
duro del esfuerzo humano, el sacrificio, si pudiéramos evitar trabajar y tener todas la
ventajas de un estándar superior, no lo haríamos ya. Los griegos dividían su tiempo,
en el tiempo para el descanso y el tiempo para el trabajo y el tiempo para el ocio (el
ocio significa en filosofía el tiempo para meditar). Entonces tiene esa situación de
ambigüedad, en cuanto a su concepción, como algo duro, un castigo como refiere la
Biblia “trabajarás y subsistirás con el sudor de tu frente” y como la mayor virtud del
ser humano.21
4. TREPALIARE, que nace del sustantivo “trepalium”, que constituía un instrumento
de tortura usado para castigar a los gladiadores y a los esclavos insumisos.
5. LABARE, vacilar bajo una carga pesada.
Por lo tanto TRABAJO, significa por una parte acción, despliegue de energía humana y
esfuerzo penoso, fatiga, sacrificio por otro.22
19
TRIGOSO AGUDO, Gonzalo, “Apuntes de la cátedra de Derecho Laboral. 20
JIMÉNEZ SANJINES, Raúl,. “Lecciones de Derecho Laboral. Tomo I. 2001. Pág. 10 Y 11. 21
TRIGOSO AGUDO, Gonzalo, “Apuntes de la cátedra de Derecho Laboral. 22
JIMÉNEZ SANJINES, Raúl,. “Lecciones de Derecho Laboral. Tomo I. 2001. Pág. 11.
2.8.2. EL DERECHO DEL TRABAJO
El fenómeno del trabajo es considerado como un factor de producción, el cual supone el
intercambio de bienes y servicios, para la satisfacción de las necesidades humanas.
El trabajo considerado como un hecho social trascendental, origina la necesidad de
regulación normativa y es por esta razón que surge dentro del Derecho la rama del
Derecho del Trabajo.
Existen muchas definiciones sobre el Derecho del Trabajo, rescataré solo algunas
emitidas por conocidos estudiosos del derecho de nuestro ámbito nacional.
El Dr. Gonzalo Trigoso, ya citado, manifiesta que el Derecho del trabajo es el
conjunto de principios, normas e instituciones que regulan las relaciones del trabajo
subordinado y dependiente e indispensable al sistema Capitalista de producción.23
El Dr. Hernán Clavel, eminente docente de la materia de Derecho Laboral de la
Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés, manifiesta que en
sentido amplio (latu sensu), el Derecho Laboral es el conjunto de normas regulares
de las relaciones nacidas de la prestación de servicios, personal, libre, por cuenta
ajena, remunerado y en situación de subordinación o dependencia, cita de Manuel
Alonzo García24
y en sentido restringido (strictu sensu), el Derecho Laboral es el
contrato individual de trabajo que es el conjunto de actos y hechos jurídicos que
tiene por objeto establecer un vínculo jurídico entre el sujeto denominado
empleador y el sujeto denominado trabajador, para que este último preste el
beneficio del primero una acción humana denominada trabajo, que tiene efecto
jurídico por su sola práctica y las consecuencia jurídicas son asumidas por el sujeto
empleador.25
23
TRIGOSO AGUDO, Gonzalo, “Apuntes de la cátedra de Derecho Laboral. 24
ALONZO GARCÍA, Manuel. “Curso de Derecho del Trabajo” .Edit., Barcelona, 1985, pag. 123. Citado por CLAVEL, Hernán
“Apuntes de la cátedra de Derecho Laboral. Pag. 3 25
CLAVEL, Hernán “Apuntes de la cátedra de Derecho Laboral. Pag. 3
Guillermo Cabanellas de Torres, define al Derecho Laboral como aquel que tiene
por finalidad principal la regulación de las relaciones jurídicas entre empresarios y
trabajadores, y de unos y otros con el Estado, en lo referente al trabajo
subordinado, y en cuanto atañe a las profesiones y a la forma de prestación de los
servicios, y también en lo relativo a las consecuencias jurídicas mediatas e
inmediatas de la actividad laboral.26
2.8.3. DENOMINACIONES DEL DERECHO DEL TRABAJO
Esta disciplina jurídica en su evolución y desarrollo en el tiempo ha recibido diversas
denominaciones, las cuales menciono mediante etapas:
Primera Etapa:
LEGISLACIÓN OBRERA, LEGISLACIÓN SOCIAL, LEGISLACIÓN DE
TRABAJO Y LEGISLACIÓN INDUSTRIAL.
Las primeras tres son aceptadas, mientras que el denominativo Legislación Industrial
es impropio, ya que el término no siempre implica la legislación obrera, por lo que
las faenas agrícolas, las ocupaciones de comercio, los transportes, el trabajo
intelectual, quedaban de hecho fuera de su radio de acción. Además que la
legislación industrial constituye “el conjunto de leyes que regulan el fenómeno
económico de la producción, y que el sujeto de esa rama es la hacienda industrial,
que es la entidad de producción”, según Rouast y Jaussaud, la legislación industrial
dicta normas para el capital, propiedad industrial y considera el hecho del trabajo
como una consecuencia definitiva ya realizada, no personificada en la persona del
trabajador, sino unida al desarrollo industrial. Por lo que fue rechazada.
26
CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. “Diccionario Jurídico Elemental” .Editorial Heliasta., Argentina, pag. 123.
Etapa Intermedia:
NUEVO DERECHO.
Esta denominación ha sido aplicada por varios tratadistas, en unos casos como
presencia de un contenido jurídico distinto y en otros, como denominación de una
rama nueva del derecho. El decir nuevo Derecho indica realmente, más que otra
cosa, una concepción desconocida hasta entonces, diversas formas de sentir de los
problemas, un palpitar diferente en las soluciones de los hechos planteados y de la
realidad social en que se vive.
El derecho en constante evolución no puede permanecer impasible ante los nuevos
problemas y situaciones que se reproducen, brotando así otras ramas del Derecho
que en principio es nuevo pero cuando adquiere bastante densidad doctrinaria tiende
a estratificarse y deja de ser nuevo.
DERECHO SOCIAL.
García Oviedo califica el vocablo social de amplio, justificando empero la
denominación, sostiene que, “histórico y racionalmente, este derecho ha brotado de
la necesidad de resolver el llamado problema social, surgido por la ruptura de los
llamados cuadros corporativos el nacimiento de la gran industria; y con él del
proletariado. Semejante acontecimiento ha engendrado la lucha de clases; esto es, la
lucha social. Social por lo tanto es, el contenido del problema y debe ser el derecho
creado para su resolución. Es también social por referirse preferentemente a una
clase de las que integra la sociedad actual: la clase proletaria”. Según Bonnecase
nadie sabe en qué consiste, no siendo más que un nombre, ya que al regular las
relaciones de los hombres en sociedad resultaría claramente que todos los derechos
serían sociales. Por lo que se concluye que el denominativo es amplio e impreciso,
ya que todo derecho es social razón por lo que es desechado.
Tercera Etapa:
DERECHO OBRERO
Es arbitrario, porque no solo restringe el campo de aplicación de sus normas a un
sector de los trabajadores, aquellos que trabajan en una oficina u obra manual, sino
también por cuanto omite considerar como sujetos a los empleados y profesionales.
Si bien el derecho Laboral en sus comienzos protegió a la clase obrera, se han
incorporado al proceso de producción empleados, trabajadores intelectuales,
agricultores, técnicos y los mismos empresarios, por lo que es rechazada esta
denominación.
DERECHO DE CLASE
Tiene connotación fuertemente clasista y alude fundamentalmente a la clase obrera.
DERECHO SINDICAL Y CORPORATIVO
Es impropia, porque el Derecho Sindical es parte del Derecho del Trabajo. En cuanto
al Derecho Corporativo es parte integrante del Derecho Público en el cual
desaparece la lucha de clases.
DERECHO DEL TRABAJO
Define el objeto propio de la disciplina, la prestación del trabajo subordinado y
dependiente.
DERECHO LABORAL
Se la considera sinónimo de Derecho del Trabajo y es aceptado por la mayoría de las
legislaciones.27
2.9. NATURALEZA JURÍDICA DEL DERECHO DEL
TRABAJO
Como bien sabemos fue Ulpiano en Roma, en su conocida formula bipartita quien
dividió al Derecho en Público y Privado: “Jus publicumm est quod ad statum rei
romanae spectat, privatum, quod ad singulorum utilitatem pertinet.
Por lo tanto se divide al Derecho en dos ramas: el Derecho Público, como un derecho de
subordinación de los individuos al Estado y el Derecho Privado como un derecho
coordinador de las relaciones de los individuos entre sí.28
La interrogante es: ¿el Derecho del Trabajo a que rama pertenece?
Hasta ahora los tratadistas discuten la naturaleza jurídica del Derecho del Trabajo, si es
de orden público o es de orden privado.
Unos opinan, que para saber si la norma es de Derecho Público, hay que analizar la
relación jurídica existente, será pública si la norma que lo rige es de carácter público.
Cuando surgió el Derecho del Trabajo, se entendió que pertenecía al Derecho Privado,
toda vez que era parte del Código Civil. El Código Napoleón en 1804, incorpora figuras
jurídicas laborales al capítulo de arrendamiento de obras. El Código Santa Cruz de abril
de 1831 incorpora igual estas figuras en parte correspondiente al arrendamiento de obras
y servicios, entonces se lo entendía como parte del Derecho Privado.
27
ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Driskill SA Tomo VII. 1991. pág. 647, 649 y 650. 28
JIMÉNEZ SANJINES, Raúl,. “Lecciones de Derecho Laboral. Tomo I. 2001. Pág. 103.
Posteriormente con el transcurso del tiempo el Derecho del Trabajo, se convierte en
parte del Derecho Público, por la intervención del Estado y ya para comienzos de este
siglo surge la discusión entre los tratadistas si el Derecho del Trabajo pertenece al
Derecho Público o Privado.
Surge la teoría de un Derecho Mixto, cuyos propugnadores son entre muchos otros
Gómez de Mercado 1963, Radbruch 1963, Pérez Botija 1963; quienes sostienen que el
Derecho del Trabajo pertenece a una tercera subdivisión; el Derecho Mixto, porque el
Derecho del Trabajo pertenece al Derecho Público, en cuanto organiza una especie de
tutela administrativa sobre los trabajadores y pertenece al Derecho Privado cuando
estatuye sobre los contratos industriales, sobre el arrendamiento de servicios.
Rescatando estas concepciones surge otra tendencia que hasta la actualidad está vigente,
teniendo muchos adherentes, y es que el Derecho del Trabajo ha creado una tercera rama
del Derecho, que se denomina Derecho Social. Forma parte de esta nueva rama el
Derecho de Familia, el Derecho del Menor, de la Seguridad Social y lógicamente el
Derecho del Trabajo.
Esta nueva rama descansa en el fundamento de la estructura social, la necesidad de
mantener coherentes entre sí los diferentes elementos sociales por el cumplimiento de la
función que incumbe a cada individuo, a cada grupo.
2.10. FUENTES DEL DERECHO LABORAL
Se entiende por la palabra fuente, el origen, el inicio, el principio de algo; deriva del
latín fons, font, que alude al manantial de agua que brota de la tierra.
En el ámbito jurídico se entiende por fuentes del derecho, a aquellos manantiales de
donde brotan válidamente las normas jurídicas.
Las Fuentes del Derecho Laboral son:
a) La Legislación
La cual está contenida en las leyes, como la Ley General del Trabajo, la Constitución,
Leyes Especiales, Reglamentos, Decretos Supremos, Resoluciones Supremas,
Resoluciones Ministeriales y Circulares.
b) La Jurisprudencia
Que se constituye en fuente formal de normas jurídicas individuales, por cuanto
establece, en la forma lógica de la norma jurídica, imperativos de la conducta que bien
pueden ser formas obligatorias de comportamiento o composición de sanciones, dada
una conducta indebida.
La jurisprudencia puede ser vinculante, es decir, de carácter obligatorio.
c) Sentencias
De procesos sustentados ante la judicatura del trabajo que constituye fuente para las
partes.
d) Sentencias arbitrales en conflictos colectivos laborales
Que ponen fin a los conflictos que contiene una suma de cláusulas de carácter
normativo, adquiriendo el carácter de un Convenio Colectivo.
e) La Equidad
Es fuente de aplicación supletoria, únicamente en los casos previstos por Ley.
f) Convenio Colectivo de condiciones de trabajo
Acuerdo normativo e impersonal sobre condiciones generales de trabajo, pactado entre
uno o más patronos. Tienen carácter de Ley interna.
g) Contrato Individual de Trabajo
Regula las relaciones interindividuales entre patrono y trabajador, y constituye ley de las
partes, siempre que en su celebración se haya observado los preceptos legales. (Art. 6 de
la LGT y Art. 6 de su Reglamento).
h) Reglamento Interno de Trabajo
Para el ordenado funcionamiento de una empresa o explotación se requiere ley interna,
que se elabora por iniciativa patronal, y sometido a conocimiento de los trabajadores,
siempre que guarde conformidad con las leyes.
i) La Costumbre
Es la repetición constante y reiterada de un comportamiento, con la convicción de que
responde a una necesidad jurídica.
j) Usos Industriales
Tanto costumbre como uso, constituye en nuestro país fuente de derecho cuando la ley
misma nos remite expresamente a ellos, de lo contrario no constituyen fuentes de
derecho.
El uso profesional practicado sin obstáculos implícitamente supone también aceptación
general.
k) La Doctrina
Es el estudio de uno o varios juristas, no es vinculante puesto que se basa en reflexiones
que tienen una base de sustentación bastante subjetiva, debe ser conformada con el
“usus fori”, es decir debe contar con la general aceptación en el ambiente del foro.
2.11. CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO DEL
TRABAJO
El Derecho del Trabajo se caracteriza por los siguientes elementos:
a. Autonomía
Porque a pesar de que forma parte del Derecho Positivo tiene sus propias normas, es
independiente.
Esta disciplina posee un verdadero sistema normativo, con principios peculiares e
instituciones especialmente adaptadas al objeto normado, resultantes de un complejo
proceso histórico de progresiva maduración.29
b. Dinámico
Porque regula las relaciones jurídicas laborales, establecidas entre los dos polos de la
sociedad capitalista y cambia a menudo sus instintos y los acomoda a la realidad social.
29
MONTOYA MELGAR, Alfredo. “Derecho del Trabajo”. Ed. Madrid España, 1993. Pág. 39,40.
c. Gran fuerza expansiva y constante diferenciación
Porque nació protegiendo a los obreros y luego a los empleados. Es eminentemente
clasista.
Es de constante diferenciación por qué no todas las modalidades de trabajo subordinado
y dependiente tienen las mismas características, siendo necesario dictar fundamentos
más o menos aplicables a todos.
d. Imperativo
Como normas del Derecho Público es imperativo, por que impone deberes y otorga
derechos, por lo tanto no puede renunciarse ni relajarse por convenios particulares.
e. Concreto y actual
Si bien es cierto que en la Ley del Trabajo existen normas de carácter abstracto, la
normativa está adaptada a las necesidades del país, teniendo en cuenta la diversidad de
sexos, los regímenes especiales del trabajo como por ejemplo del trabajo de menores,
aprendices, mujeres, trabajadores domésticos, conserjes, trabajadores a domicilio,
deportistas y trabajadores rurales.
f. Económico y Reivindicador
Por que otorga mejoras y reivindicaciones económicas y sociales a los trabajadores.
g. Socializador
Tiende a la protección de sectores de la sociedad empobrecidos, característica que
impulsa la realización del presente trabajo de investigación.
2.12. PRINCIPIOS DEL DERECHO LABORAL
2.8.6. PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO
La Ley escrita no puede abarcar todas las posibilidades o eventos que en la vida se
presentan. De ahí que, en la aplicación de las normas jurídicas a casos concretos, se
adviertan lagunas legales, que dejan al juzgador en la necesidad de acudir a otras fuentes
para resolver el litigio sometido a su jurisdicción, ya que no cabe abstenerse de
pronunciar un fallo a pretexto del silencio de la ley.
A falta de un precepto expresamente aplicable, habrá que valerse de la analogía jurídica,
y a falta de esta, serán de aplicación los Principios Generales del Derecho.
La dificultad está en determinar cuáles son esos principios, para algunos autores son los
del Derecho Natural, o sea los que se derivan de la naturaleza misma de las cosas. La
idea es tan ambigua que no faltan doctrinas que niegan la existencia de un Derecho
Natural.
Lo que queda expuesto se refiere a todas las ramas del Derecho (Civil, Comercial,
Administrativo, Laboral), pero no al Derecho Penal, donde no cabe ni la aplicación
analógica ni la de los principios generales, porque no hay delito ni pena sin previa ley
que los determine y porque cualquier omisión legal al respecto se tiene que resolver a
favor del imputado.30
2.8.7. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE LOS PRINCIPIOS DEL
DERECHO DEL TRABAJO
30
OSSORIO, Manuel. “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”, 26ª. Edición Actualizada, corregida y Aumentada
por Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Editorial Heliasta . 2003.
El estudio de los principios del Derecho del Trabajo, es importante desde el punto de
vista de la función primordial que juegan los principios en todas las disciplinas del
Derecho, realzando el aspecto de que el Derecho del Trabajo al ser una rama
relativamente de reciente creación, necesita apoyarse en principios que suplan la
estructura conceptual asentada en siglos de vigencia y experiencia que tienen otras ramas
jurídicas.
Los principios del Derecho del Trabajo, pueden ser enunciados tanto en la legislación
positiva como en la jurisprudencia y obedecen a la inspiración de la justicia social, de la
que se nutría desde sus inicios la legislación del trabajo, de ahí que la idea central de
ellos es en favor del trabajador.
Estos principios son de orden público e irrenunciable para el trabajador, se otorgan
como garantías.
Se puede definir los principios generales del Derecho del Trabajo como:
"Aquellas líneas directrices o postulados que inspiran el sentido de las normas
laborales y configuran la regulación de las relaciones de trabajo con arreglo a
criterios distintos de los que pueden darse en otras ramas del Derecho"31
.
"Líneas directrices que informan algunas normas e inspiran directa o
indirectamente una serie de soluciones por lo que pueden servir para promover
y encauzar la aprobación de nuevas normas, orientar la interpretación de las
existentes y resolver los casos no previstos."32
31
ALONSO GARCÍA, Manuel. “Derecho del Trabajo”, Barcelona, 1960, t.I, Pág. 247 32
PLÁ RODRÍGUEZ, Américo “Los Principios del Derecho del Trabajo”, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1978, Pág. 9.
2.8.8. CARACTERISTICAS DE LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO
DEL TRABAJO
Conforme a las definiciones expuestas, podemos establecer las características
principales de los Principios Generales del Derecho, entre las que se citan las siguientes:
a) Generales:
Es decir, pretenden abarcar una serie indefinida de situaciones y no una particular, de
forma que puedan ser utilizados en una diversidad de situaciones, lugares, tiempo, etc.
b) Especiales:
Estos principios son propios del Derecho del Trabajo y por lo tanto, diversos de los que
existen en otras ramas del Derecho: sirven para justificar la autonomía del Derecho del
Trabajo y su peculiaridad, son especiales. Aunque pudiera suceder que algunos de ellos
existan en forma similar o ligeramente variables en más de una rama del Derecho.
c) Sentido lógico:
Los principios tienen un sentido lógico, conexo, poseen una armonía entre sí.
2.8.9. FUNCIONES DE LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL
DERECHO DEL TRABAJO
Los principios generales del Derecho del Trabajo, cumplen las siguientes tareas:
a) Informadora:
En consideración a que inspiran al legislador sirviendo como fundamento del
ordenamiento jurídico.
b) Normativa:
Por que actúan como fuentes supletorias en caso de ausencia de la ley, es decir, Integran
el Derecho.
c) Interpretadora:
Ya que operan como criterios orientadores del juez.
2.8.10. ENUMERACIÓN DE LOS PRINCIPIOS
A. Principio de proteccionismo del Estado a favor del trabajador
Este principio traduce el sentido primordial del Derecho del Trabajo, “la protección al
trabajador”, ya que mientras otras ramas del Derecho se preocupan por establecer una
paridad entre las partes involucradas, éste principio desde sus inicios históricos ha
tendido a proteger a la parte más débil de la relación bilateral: el trabajador.
Justamente así nació el Derecho del Trabajo, razón por la cual históricamente las
legislaciones han establecido este principio en sus leyes positivas.
La explotación del trabajador que carecía de los medios necesarios para equipararse al
poder económico y social que poseía el empleador hizo tomar conciencia de esa
desigualdad. Por ello el legislador impotente de encontrar soluciones que eliminaran
esta disparidad en la relación contractual creó principios que la compensaran.
La necesidad de protección histórica de los empleados fabriles y, luego de todos los
demás, muestra que el Derecho del Trabajo se origina por una especial necesidad de
protección.
La dependencia del trabajador al patrono es doble, por lo tanto, tiene una especial
incidencia en el surgimiento de este principio protector:
El trabajador se encuentra sometido a las órdenes del empleador en virtud del
principio de subordinación jurídica (poder disciplinario – deber de obediencia).
El trabajador se encuentra sometido a una dependencia económica al poner su
fuerza de trabajo, de cualquier índole que esta sea, al servicio de otro a cambio
de una remuneración económica.
La justificación de este principio se centra precisamente en la necesidad de dotar al
trabajador, de los elementos necesarios que compense la situación de debilidad jurídica
del trabajador frente a los poderes del empleador.
Al respecto la SC No. 0059/2006, de fecha 5 de julio de 2006, ha establecido: (…) el
art. 48 de la CPE, consagra el principio protectorio llamado también de
proteccionismo- al disponer que "II. Las normas laborales se interpretaran y
aplicaran bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores
como principal fuerza productiva de la sociedad; de la primacía de la relación
laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de
la prueba a favor de los trabajador y de la trabajadora.
Estableciendo de esa forma normas sobre contratos individuales y colectivos, salario
mínimo, jornada máxima, trabajo de mujeres y menores, descansos semanales y anuales
remunerados, feriados, aguinaldos, primas u otros sistemas de participación en las
utilidades de las empresas, indemnización por tiempo de servicios, desahucios,
formación profesional y otros beneficios sociales y de protección a los trabajadores.
El artículo 54 de esta misma ley establece la obligación del Estado establecer políticas
de empleo que eviten la desocupación y la subocupación, con la finalidad de crear
mantener y generar condiciones que garanticen a las trabajadoras y trabajadores
posibilidades de ocupación laboral digna y de remuneración justa, así como de otros
beneficios sociales y de protección a los trabajadores”.
El principio protectorio, llamado también, de protección tutelar, a favor del trabajador,
pro operario, -entre otros-, responde a la necesidad de mantener la igualdad entre las
partes que intervienen en el contrato de trabajo, compensando la desigualdad
económica y la debilidad del trabajador frente al empleador. Se entiende que la norma
de trabajo quebranta el tradicional principio de la igualdad jurídica de las partes
creando una desigualdad protectora del trabajo humano y de la persona del
trabajador; sin embargo, esta desigualdad protectora persigue en definitiva una
igualdad de hecho, para paliar la menor capacidad de negociación del trabajador a la
hora de pactar las condiciones de su contrato.
La base de la relación laboral es la situación de hipo suficiencia del trabajador,
situación socio real que lo lleva a incorporarse como trabajador subordinado a las
empresas. Esta hipo-suficiencia que en época de crisis se agudiza y aumenta, torna
imperiosa la necesidad de afirmar con más fuerza el principio protectorio. Sólo basta
observar la caracterización que se ha dado a la relación de dependencia personal,
propia del contrato de trabajo, como la posibilidad que tiene el empleador de dar
órdenes y de sustituir en todo momento la voluntad del trabajador por la suya
(dependencia jurídica), para comprender aún más la necesidad de un estado protector
y garantista.
En la doctrina, se ha entendido que en los países de América donde la legislación
laboral no representa el resultado de una lucha de clases, sino que ha sido otorgada en
aplicación de los principios de justicia social, que desde hace tiempo han sido
incorporados a la cultura contemporánea como integración de los principios
igualitarios afirmados por la revolución francesa, el derecho al trabajo no es un
derecho de excepción que sanciona privilegios conquistados con la fuerza, sino que
constituye un derecho.
En este contexto, corresponde señalar que el principio protectorio jerarquiza a la
persona humana y a su obra que es el trabajo, dignificándolo y revalorizando su
condición de hombre; máxime, si la filosofía del derecho, en su vertiente más moderna,
contiene una " filosofía del hombre", que es sujeto único de derechos y deberes
jurídicos. El punto central es la dignidad del hombre, es decir, de lo que se llama su
"personalidad"; el derecho tiene como misión esencial la de garantizar su respeto en la
relación recíproca de hombre a hombre según el postulado de alteridad (condición de
ser otro). En la personalidad, -según esta línea de pensamiento - se encuentra el
derecho superior y fundamento del hombre en sí mismo, sobre su dignidad, sobre su
libertad, y sobre su propia identidad. Este derecho fundamental impide que el hombre
sea insertado en una "relación de medio" respecto de fines perseguidos por otros, con
desmedro de su propia integridad. Este derecho, supone de modo necesario una amplia
esfera de garantías que le proporcione protección jurídica suficiente e idónea.
Así, las Leyes adjetivas laborales constituyen una de las fuentes normativas operativas
del Régimen Social establecido en la Constitución Política del Estado, y en realidad,
las normas de trabajo, tienden a conseguir el equilibrio y la justicia social en las
relaciones entre trabajadores y empleadores; conforme se evidencia de los derechos
sociales y protectorios a favor del trabajador en la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la
Convención Americana sobre Derechos Humanos ( Pacto de San José de Costa Rica);
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la
Convención Internacional sobre Eliminación de toda forma de Discriminación Racial;
la Convención sobre la eliminación de Discriminación de la Mujer y la Convención
sobre los Derechos del Niño. Estas Convenciones y Declaraciones Universales han
ampliado y reforzado las garantías ya establecidas y se presentan destinadas a
brindarle una eficacia concreta mediante el establecimiento de mecanismos de control.
En realidad la universalidad de los derechos del hombre, la protección de su trabajo y
de percibir por ello una retribución justa ha sido reafirmada con la incorporación de
estos Pactos y Tratados Internacionales; siendo necesario proteger al trabajador de
comportamientos desleales del empleador. Principios de buena fe lo exigen. El contrato
de trabajo tiene características que obligan a considerarlo en base a elementales
principios de cooperación, solidaridad y justicia.
Consecuentemente, no se puede cargar sobre las espaldas del trabajador los riesgos
empresariales, y las desventuras patronales, es la propia economía la que debe
solucionarlo. Si el trabajador no aprovecha las ganancias de la empresa, tampoco,
debe cargar sus pérdidas.
En definitiva, de lo que se trata es de concluir que los derechos del trabajador y que
merecen ser protegidos, no sólo tienen en cuenta el interés individual sino el de la
comunidad toda, por lo que fueron calificados de orden público; se debe rescatar y
destacar la dignidad del hombre y los valores humanos, en este momento donde
aparentemente está triunfando la economía de mercado y en el que la economía se
mundializa, tal como expresara en el mensaje de 1994 el director de la Organización
Internacional del Trabajo. Recordando, para finalizar, que "La Paz universal no puede
fundarse sino sobre la base de justicia social, y que la no adopción, por una nación
cualquiera de un régimen de trabajo realmente humano pone obstáculos a los esfuerzos
de las demás naciones deseosas de mejorar la suerte de los obreros de sus propios
países", (Preámbulo del Tratado de Versalles de 1919), a lo que se agrega el régimen
de trabajo humano y protectorio.
En este contexto, es necesario dejar establecido que conforme reconoce la Constitución
Política del Estado, existe un régimen constitucional social y económico, que se
encuentra comprendido en la sección III (Derecho al Trabajo y al Empleo), Art. 46 al
Art. 55 donde se da referencia al Régimen de los Trabajadores y el Empleador,
determinando de manera categórica que el trabajo es un deber y un derecho, y
constituye la base del orden social y económico; asimismo que el trabajo y el capital
gozan de la protección del Estado y; la ley regulará sus relaciones estableciendo
normas sobre contratos individuales y colectivos, salario mínimo, jornada máxima,
trabajo de mujeres y menores, descansos semanales y anuales remunerados, feriados,
aguinaldos, primas u otros sistemas de participación en las utilidades de las empresas,
indemnización por tiempo de servicios, desahucios, formación profesional y otros
beneficios sociales y de protección a los trabajadores. Correspondiendo al Estado
crear condiciones que garanticen para todas las posibilidades de ocupación laboral,
estabilidad en el trabajo y remuneración justa. Asimismo, se reconoce que el Estado
tiene la obligación de defender el capital humano protegiendo la salud de la población;
asegurando la continuidad de sus medios de subsistencia y rehabilitación de las
personas inutilizadas y; propendiendo asimismo al mejoramiento de las condiciones de
vida del grupo familiar. Los regímenes de seguridad social deberán estar inspirados en
los principios de universalidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad
y eficacia, cubriendo las contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos
profesionales, invalidez, vejez, muerte, paro forzoso, asignaciones familiares y vivienda
de interés social, entre otros. (…)
B. Principio “Indubio pro operario”
Para algunos autores este y los próximos principios expuestos, son considerados como
reglas del principio proteccionista, ampliamente desarrollados.
Este principio consiste en que el juez o el intérprete para elegir entre los varios sentidos
posibles de una norma, debe optar por el que sea más favorable al trabajador.
Este principio solo debe ser aplicado en caso de duda, para determinar el sentido
correcto cuando una norma o situación engendra en sí misma varios sentidos. No es
posible utilizar el principio para corregir ni para integrar una norma.
Es decir, no es posible recurrir a él para sustituir la voluntad del legislador, cuando no
exista norma, ni tampoco para apartarse del significado claro de la norma, el principio
debe ser aplicado en casos de auténtica duda para valorar el verdadero alcance de la
norma o de los hechos, escogiendo entre ellos el sentido que más le favorezca al
trabajador; esto no significa que pueda ser utilizado para suplir omisiones ni mucho
menos valga la reiteración para suplir la voluntad del legislador; o el sentido claro y
preciso de la norma; o cuando de los hechos no pueda válidamente aducirse la duda.
Este principio puede servir para apreciar adecuadamente el conjunto de los elementos
probatorios en razón de que la parte más débil y la que tiene difícil acceso a las pruebas
es el trabajador.
De aquí deriva el problema del "onus probandi" ¿a quién corresponde la carga de la
prueba? La posición tradicional sostiene que es a quién efectúa la afirmación del hecho
y que sólo cabe apartarse de ello si el legislador estableció presunciones, las cuales
suponen una inversión de la carga de la prueba.
C. Principio de la norma más favorable
El Principio de la Norma Más Favorable, determina que en caso de que haya más de una
norma aplicable, debe optarse por aquella que sea más favorable, aunque no sea la que
corresponda de acuerdo a la jerarquía tradicional de las normas.
Esta regla le otorga un especial matiz al Derecho del Trabajo, pues rompe con los
esquemas más rígidos y tradicionales de la jerarquía de las normas; de esta manera, es
aceptado que una norma de inferior categoría sea aplicada en un caso concreto por
encima de una contraria de superior categoría; aún más, sin necesidad de normas, si un
elemento del contrato privado entre trabajador y empleador es más beneficioso que
cualquier norma de rango superior se aplicará la primera.
Este principio encuentra, sin embargo, un límite que es importante señalar y son las
EXIGENCIAS DE ORDEN PÚBLICO.
Así, se aplicará la norma más favorable siempre que no exista ley prohibitiva del
Estado. Esto existe cuando el bien común exige sacrificios de ventajas aparentes de los
trabajadores en general.
D. Regla de la condición más beneficiosa
Constituye el criterio por el cual la aplicación de una nueva norma laboral nunca debe
servir para disminuir las condiciones más favorables en que pudiera hallarse un
trabajador.
Esta regla supone la existencia de una situación más beneficiosa anterior, concreta y
determinada, que debe ser respetada en la medida que sea más favorable. Así, si una
condición más beneficiosa ha sido otorgada provisionalmente, con vida limitada en
el tiempo, no puede ser invocada.
Debemos diferenciar 2 situaciones:
1) Aquellas que surten efectos legales y que por lo tanto son jurídicamente
exigibles en cuanto a su cumplimiento, ya que se convierten en fuente de
derechos subjetivos.
2) Las que se otorgan por la mera liberalidad del patrono sin crear derecho
subjetivo alguno, por no ser la voluntad del mismo, suelen estar sujetas al previo
cumplimiento de requisitos necesarios para el otorgamiento.
Esto está íntimamente ligado con lo que denominamos "derechos adquiridos" de los
trabajadores, según los cuales, si una determinada situación ha sido dada
conscientemente por el empleador por el transcurso de un tiempo razonable y ésta ha
ingresado a su patrimonio, se reputarán como parte integral del contrato individual de
trabajo y no podrán ser disminuidas por norma alguna aunque la misma sea de superior
rango.
E. Principio de la irrenunciabilidad de derechos
Este principio establece la imposibilidad de privarse, aún por voluntad de parte, de los
derechos concedidos por la legislación laboral.
Este principio constituye otro elemento que diferencia esta rama del Derecho de otras,
en las que la renunciabilidad de derechos es más bien un principio, es decir, las personas
pueden obligarse a todo aquello que no les esté prohibido expresamente por la ley; o
que no siéndolo constituye un acto ilícito, o que no siéndolo afecte derechos de terceros
de buena fe. En el Derecho del Trabajo es todo lo contrario, pues la renuncia a un
derecho que la ley otorga, aún a voluntad de parte expresada libremente, es NULA
ABSOLUTAMENTE, en razón de ser de orden público, porque se entiende que no es
permitido privarse, aún por voluntad, de las posibilidades o ventajas establecidas en su
provecho por la ley laboral.
La irrenunciabilidad de derechos se ha convertido en un principio ÚNICO, PROPIO Y
ESPECÍFICO del Derecho del Trabajo.
En general se han señalado ciertas consecuencias ligadas a este principio, entre ellas:
Implica una indisponibilidad de los derechos que la ley otorga. Esto significa
que atendiendo al carácter que los derechos establecidos en la ley tienen, no sólo
para el trabajador sino para su familia y sus compañeros de labores, se impide
que las renuncias y transacciones se den en detrimento de esos derechos; implica
una intangibilidad de derechos mínimos y ciertos.
También se vincula este principio con la imperatividad de las normas, en razón
del orden público que tienen las leyes de trabajo. Las leyes laborales son
imperativas en cuanto establecen condiciones mínimas de cumplimiento
obligatorio para las partes (trabajadores y patronos).
Esto quiere decir, que por supuesto pueden ser superadas por voluntad o
acuerdo de las partes.
Carácter de orden público: De ninguna forma debe pensarse que esta
derivación del principio de la irrenunciabilidad de derechos significa que el
Derecho del Trabajo es una rama del Derecho Público. El Derecho del Trabajo
es una rama del Derecho Privado. Con la enunciación de este carácter lo que se
quiere reafirmar, tal y como se ha indicando, es que el Estado ha considerado
que debe excluirse del ámbito de los particulares, la decisión de regular su
conducta en forma distinta o contraria de cómo lo ha establecido el legislador.
Orden Público implica que no puede ser derogado, renunciado, por simple voluntad de
los particulares. Es aquello que el Estado juzga imprescindible y esencial para la
supervivencia de la propia sociedad, el bien común, la utilidad general.
Así, la irrenunciabilidad de los derechos deriva del carácter de orden público que tienen
las normas del Derecho Laboral.
F. Principio de continuidad
Para entender este principio, se debe señalar que el contrato de trabajo no es un contrato
inmutable, sino todo lo contrario, una de sus características es su mutabilidad en el
tiempo.
Toda relación de trabajo es susceptible de ir variando en cuanto a las condiciones
originales que le dieron origen, precisamente porque se considera que es un contrato que
involucra el quehacer humano.
Por otra parte, la relación laboral no puede ser pasajera sino que se supone una
vinculación que se quiere, por mutuo acuerdo, prolongar en el tiempo.
Esto se entiende porque uno de los principales fundamentos de la relación de trabajo, es
que el trabajador se identifique con la Empresa, de ahí que también redunda en interés
del empresario de que este permanezca a su servicio el mayor tiempo posible en vista de
la especialización y conocimiento que de su negocio ha alcanzado a través del
tiempo. La antigüedad tiene especial connotación especialmente si la estudiamos desde
el punto de vista económico, es decir, si vemos que de ella se hace depender las
indemnizaciones y derechos de los trabajadores, se fomenta por parte de las
legislaciones laborales, la prolongación en el tiempo de la relación de trabajo.
G. Principio de la primacía de la realidad
Este principio significa que en caso de discordancia entre lo que surja de; documentos o
acuerdos escritos y lo que ocurre en la práctica, se prefiere lo último. Siendo el contrato
de trabajo una relación mutable, se encuentra sujeta a cambios o variaciones que
muchas veces no quedan por escrito; de ahí que lo que originalmente se pactó pueda
perfectamente variar con el transcurso del tiempo.
También se puede afirmar que el quehacer del hombre en la vida moderna se modifica
más rápido de lo que pueden ir variando las normas, contratos o reglas; no se puede -por
lo tanto- hacer depender ese quehacer de formas rígidas y estrictas como son los
contratos, y esto es aún más evidente en el campo laboral en el que se conjugan aspectos
tan variados como la necesidad de empresa, el desarrollo tecnológico, etc.
De este análisis deriva la expresión jurídica de que el contrato laboral es un
CONTRATO REALIDAD. El contrato laboral depende de más de una situación
objetiva (cumplimiento de la prestación de servicios) que de una situación subjetiva. El
contrato existe no por el mero acuerdo de voluntades, sino de la realidad de la
prestación por encima de las formas o acuerdos jurídicos a los que las partes hayan
llegado.
1. Principio de la razonabilidad
Por este principio entendemos la afirmación esencial de que el ser humano en sus
relaciones laborales, procede y debe proceder conforme a la razón.
En el campo del Derecho Laboral la aplicación de este principio actúa en dos sentidos:
- Sirve para medir la verosimilitud de una determinada explicación o solución.
En la inmensidad de situaciones en que una persona se coloca al servicio de otra,
mediante el pago de una retribución existe una infinidad de situaciones equívocas,
confusas: son las famosas zonas grises del Derecho Laboral y se refieren a aquellas en
las que se requieren un estudio para poder determinar si se trata o no de una relación de
trabajo. No en pocas ocasiones se trata de disimular al amparo de formas legales las
verdaderas relaciones laborales; el criterio de racionalidad puede servir como criterio
distintivo en situaciones límites o confusas en las cuales deba distinguirse la realidad de
la simulación.
Este principio parte del supuesto de que el hombre común actúa generalmente conforme a
la razón y encuadrado en ciertos patrones de conducta. Las excepciones deben justificarse
y probarse especialmente y para descubrir la realidad de las cosas se debe utilizar los
principios anteriormente enunciados.
También sirve como cauce, como límite, como freno de ciertas facultades cuya
amplitud puede prestarse para arbitrariedades.
La esencia misma de la relación de trabajo mediante la cual una persona se pone al
servicio de otra durante un lapso de tiempo para que ésta le indique las tareas y le
determine la forma en que debe actuar, obliga a ciertos límites elásticos y variados que
mantengan ese poder de dirección que posee el patrono dentro de los cauces adecuados
Este poder de dirección de la Empresa que tiene el empleador frente al trabajador
requiere de una discrecionalidad en el actuar de éste, pero en aras de esa
discrecionalidad no podría aceptarse la arbitrariedad.
El principio de racionalidad tiende a evitar las actuaciones arbitrarias del patrono en la
toma de decisiones que involucren el desempeño de las funciones o tareas contratadas
con el trabajador.
El Principio de Razonabilidad, tiene gran aplicación en casos de:
Jus Variandi, que es la posibilidad que tiene el empleador de variar las
condiciones de trabajo, dependiendo de las necesidades de la empresa, pero sin
que ello signifique una arbitrariedad, ya que debe justificar razonablemente ese
cambio.
Poder Disciplinario, nadie puede negar el poder disciplinario del empleador,
pero la medida correctiva debe ser aplicada en proporcionalidad a la falta
cometida, actuando razonablemente.
2. Principio de buena fe
Esta norma exige un determinado comportamiento a ambas partes de la relación de
trabajo: empleador y trabajador. La buena fe por lo tanto no es una norma sino un
principio jurídico fundamental, es algo que debemos admitir como supuesto de todo
ordenamiento jurídico, ya que fluye de múltiples normas aunque no sea mencionado
expresamente.
Se debe tener presente que la relación de trabajo, no se limita a unir a dos sujetos para
lograr fines meramente económicos, no crea derechos y obligaciones meramente
patrimoniales, sino también personales, por lo que se exige la confianza reciproca, para
el debido cumplimiento de esas obligaciones, se exige que las partes actúen de buena fe.
Se refiere a la conducta que debe mostrarse al cumplir realmente con su deber, supone
una actuación ejecutada en forma honesta y honrada.
No basta el dicho de la persona pues, si ello fuera así, estaríamos dejando al arbitrio de
la mera subjetividad la determinación de la buena fe, sino que deberá analizarse la
actuación externa de ese dicho y ver si coincide con las valoraciones vigentes de la
comunidad.
El principio de buena fe es una forma de vida, un estilo de conducta que deriva de las
dos obligaciones fundamentales de las partes.
El contenido del presente capítulo, permite comprender, que el sentido primordial del
Derecho del Trabajo, que es “la protección al trabajador”, principio que desde sus
inicios históricos ha tendido a proteger a la parte más débil de la relación bilateral -el
trabajador-, en ese contexto la necesidad de incorporar la Defensa Publica de Derechos
Laborales de trabajadores que perciben bajos ingresos económicos, es una propuesta
coincidente con la esencia del Derecho del Trabajo.
CAPITULO III
MARCO JURÍDICO
4. DERECHOS LABORALES RECONOCIDOS
POR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO
BOLIVIANO
4.1. LAS LEYES SOCIALES DE BOLIVIA
La aparición del maquinismo dio lugar a la era industrial, que determina la invasión
irresistible de las masas en diversas actividades directamente vinculadas en el quehacer
progresivo de las labores en la fábricas, minas y otros centros de trabajo, exigiendo la
participación del Estado para proteger a los obreros o empleados frente al poder
económico abusivo de los empleadores, patronos o “amos”, que amparados en las reglas
de la “LOCATIO OPERANDIS” del Derecho Romano, fundándose en una supuesta
igualdad de los contratantes y al amparo de la libertad de la oferta y demanda de trabajo
explotaron sin misericordia a los proletarios que surgían, debido al gigantesco
crecimiento del industrialismo.
En todos los países fueron dictándose leyes destinadas a proteger a los trabajadores, a
regular las condiciones que debían desarrollar sus actividades y se ocupaban también de
su seguridad.
Así nacieron las llamadas “LEYES SOCIALES”, consagrando soluciones para
conseguir la justicia social, especie de imagen de equilibrio de clases, inspirada en
principios anti-individuales.
En nuestro país, al influjo de la acción obrera y a la participación del Derecho sindical, a
partir de 1924 se promulgó Leyes, Decretos Leyes y Decretos Supremos creando la
nueva legislación social del Trabajo, destacándose la ley General del Trabajo de 24 de
mayo de 1939, elevado al rango de Ley en fecha 8 de Diciembre de 1942 y luego otras
disposiciones complementarias.
Se estableció la Judicatura Laboral, así como un procedimiento Especial, llamado
Código Procesal del Trabajo y Decreto Supremo 21060.33
Entre las Leyes Sociales de Bolivia, que protegen los derechos de los trabajadores
podemos mencionar las siguientes:
a) Código Procesal del Trabajo
b) Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar
c) Ley General del Trabajo
d) Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo
e) Disposiciones complementarias de las Ley General del Trabajo
f) Resoluciones Ministeriales de 1971 al 1980
g) Resoluciones Supremas desde 1971 a 1980
h) Obligatoriedad del cumplimiento de laudos arbitrales sobre aspectos salariales
i) Decreto Supremo 21060
j) Decreto Supremo No. 22407. Políticas de acción para consolidar la estabilidad y
promover el crecimiento económico, el empleo, el desarrollo social y la
modernización del Estado.
k) Decreto Supremo No. 1213 de fecha 01/05/2012 (Incremento salarial) .
33
JIMENEZ SANJINEZ, Raúl “Compilación de Leyes sociales de Bolivia”, Librería Editorial AMÉRICA SRL., La Paz, Bolivia,
2002.
Todo este conjunto de normas jurídicas regulan la relación que se origina en el vínculo
laboral entre el trabajador y el empleador, protegiendo los derechos de los trabajadores
frente al capital del empleador.
4.2. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
La Constitución Política del Estado es la expresión jurídica de los factores de poder
imperantes en una sociedad y los equilibrios que estos llegan a alcanzar para garantizar
el establecimiento y la estabilidad de un determinado orden social. Por lo tanto, la
Constitución Política del Estado establece la forma de Estado, forma de Gobierno, los
derechos y deberes fundamentales, en consecuencia, determina las líneas maestras, las
directrices del tipo de sociedad que se adoptará.34
Asimismo, la Constitución Política del Estado contiene normas orgánicas, es decir,
normas que establecen y regulan la estructura jurídico-política del Estado, determinando
su forma, la forma de Gobierno, los Órganos de Poder, así como la organización,
conformación y atributos de dichos Órganos de Poder. Contiene también normas
dogmáticas, las que establecen las declaraciones de principios, derechos y garantías
constitucionales.
Por consiguiente, todo estudio que se realice sobre las normas legales nacionales
siempre deben partir de la Constitución Política del Estado, por ser la Ley de Leyes y la
primera norma en el país, tomando en cuenta que ninguna norma podría contradecir o
ser contraria en sus argumentos o contenido a la Constitución Política del Estado, bajo el
Principio de la Supremacía Constitucional.
El artículo 14 de la Ley de Leyes, determina que: “Todo ser humano tiene personalidad
y capacidad jurídica, con arreglo a las leyes, goza de derechos, libertades y garantías
34
VIAÑA, Guillermo, “Apuntes de Constitucional I”, gestión 2003.
reconocidas por esta Constitución, sin distinción alguna”; de raza, sexo, idioma,
religión, opinión política o de otra índole, origen condición económica o social, u otra
cualquiera. La dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y
protegerlas es deber primordial del Estado.
El Artículo 21° del mismo precepto legal dispone que todas las personas tengan
derechos fundamentales, conforme a las leyes que reglamenta su ejercicio, así en el
artículo 46 reza que “toda persona tiene derecho al trabajo digno, con seguridad
industrial, higiene y salud ocupacional sin discriminación y con remuneración justa”.
El Derecho al Trabajo que tiene toda persona, es un aspecto fundamental y básico para
la convivencia humana, ligada a una justa retribución que se debe reconocer a todo ser
humano.
La Constitución no solo establece al trabajo como un derecho sino también como un
deber, ya que en el Artículo 108 determina que todas las personas tienen el deber
fundamental de trabajar, según su capacidad física e intelectual, en actividades licitas y
socialmente útiles.
De lo mencionado se puede puntualizar que el Derecho al Trabajo, se presenta no solo
como un derecho sino también como un deber, que no puede ser privado ni
obstaculizado y menos por falta de acceso a la justicia, debido a que no se puede acceder
a un abogado que patrocine una causa.
Congruentemente el Artículo 46 num. 1.- de la CPE, dispone que toda persona tiene
derecho: “Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin
discriminación, y con remuneración y salario justo, equitativo y satisfactorio, que le
asegure para sí y para su familia una existencia digna”
El Artículo 47 determina que: “Toda persona tiene derecho a dedicarse al comercio, la
industria o a cualquier actividad económica licita, en condiciones que no perjudiquen al
bien colectivo. Las trabajadores y trabajadores de pequeñas unidades productivas
urbanas o rurales, por cuenta propia, y gremialistas en general, gozaran por parte del
Estado de un régimen de protección especial…”.
En el artículo 49 se reconoce el derecho a la negociación colectiva argumentando que:
“la ley regulara las relaciones laborales relativas a contratos y convenios colectivos;
salarios mínimos generales, sectoriales e incrementos salariales, reincorporación;
descansos remunerados y feriados; computo de antigüedad, jornada laboral, horas
extra, recargo nocturno, dominicales; aguinaldos, bonos, primas u otros sistemas de
participación en las utilidades de la empresa; indemnizaciones y desahucios;
maternidad laboral; capacitación y formación profesional y otros derechos sociales”.
Asimismo estipula que: “El estado protegerá la estabilidad laboral. Se prohíbe el
despido injustificado y toda forma de acoso laboral. La ley determinara las sanciones
correspondientes”.
Consecuentemente el Estado es el máximo ente, que tiene como misión proteger el
trabajo y el capital. En este contexto, los derechos que emergen del trabajo deben ser
protegidos por el Estado, y que mejor manera de protegerlos sino es proporcionando una
Defensa Pública a los trabajadores de bajos ingresos económicos, que no pueden
contratar los servicios de un abogado.
4.3. LA LEY GENERAL DEL TRABAJO
La Ley General del Trabajo de 24 de mayo de 1939, elevado al rango de ley en fecha 8
de Diciembre de 1942, determina con carácter general los derechos y obligaciones
emergentes del trabajo, con excepción del agrícola, que es objeto de disposición
especial.
La Ley General del Trabajo se aplica también a las explotaciones del Estado y cualquier
asociación pública o privada, aunque no persiga fines de lucro, salvo excepciones que la
misma Ley determina.
Consta de XII Títulos y 122 artículos, este conjunto sistemático de normas regula lo
concerniente al Contrato de Trabajo, las clases de trabajo, las condiciones de trabajo, la
seguridad e higiene en el trabajo, los riesgos profesionales, el seguro social obligatorio,
las organizaciones de trabajadores y patronos, y los conflictos laborales, principalmente.
La Ley General del Trabajo, es la norma que regula con carácter general los derechos y
obligaciones que de alguna manera emergen del trabajo, pero ¿Cómo hacer respetar esos
derechos sino se tiene acceso a la justicia?
3.4. DECRETO REGLAMENTARIO A LA LEY
GENERAL DEL TRABAJO
El Decreto Supremo de 23 de agosto de 1943, reglamenta la Ley General del Trabajo
para interpreta con carácter general los derechos y obligaciones de los trabajadores,
excepto de los trabajadores agrícolas, los funcionarios y empleados públicos y del
Ejército.
Consta de XI Títulos y 165 artículos, regula sobre el Contrato de Trabajo, las clases de
trabajo, las condiciones de trabajo, la higiene y seguridad en el trabajo, la higiene y
seguridad en el trabajo, la asistencia médica y otras medidas de previsión social, los
riesgos profesionales, el seguro obligatorio de riesgos profesionales, las organizaciones
de trabajadores y patronos, y los conflictos laborales, esencialmente.
3.9. CÓDIGO PROCESAL DEL TRABAJO
Mediante Decreto Ley No. 16896 de 25 de julio de 1979, se aprueba como Ley de la
República el Código Procesal de Trabajo, que consta de II Libros, VII Títulos y 253
artículos.
Este Código regula los modos y las formas de tramitación y resolución de todos los
asuntos relativos a las cuestiones laborales, cuyo conocimiento corresponde a la
Judicatura de Trabajo y de Seguridad Social, es decir, juzgados en materia de Trabajo y
Seguridad Social, Corte Superior de Distrito y Corte Suprema de Justicia.
Está basado en los principios de gratuidad, inmediación, publicidad, impulsión,
preclusión, lealtad procesal, proteccionismo, inversión de la prueba, concentración y
libre apreciación de la prueba.
Respecto al principio de gratuidad de relevante importancia al tema de estudio, establece
conforme el Art. 3 del Código Procesal del Trabajo, que todas las actuaciones en los
juicios y trámites del trabajo serán absolutamente gratuitos, sin embargo, los hechos
muestra otra realidad, ya que para acceder a instancias judiciales que permitan la
aplicación de este código, se requiere del patrocinio de un abogado, a lo cual muchos
trabajadores y ex trabajadores, no tienen acceso, debido al costo que implica.
Entonces este principio resulta paradójico al igual que lo dispuesto en el Art. 5 de la
norma citada: la administración de justicia en materia de trabajo, seguridad social y
vivienda de proyección e interés social, es un servicio público que se presta
gratuitamente en todo el territorio de la República y se instituye para decidir las
controversias en la rama social del Derecho.
3.9.1. OTRAS NORMAS LABORALES
Existen otras muchas normas que regulan la relación obrero patronal que debido a su
diversidad, impide un fácil manejo de todo el ordenamiento jurídico laboral, como
Leyes que constituyen disposiciones complementarias a la Ley General del Trabajo,
Decretos Supremos, Decretos Reglamentarios, Resoluciones Ministeriales, inclusive
circulares, etc.
3.10. DERECHOS LABORALES RECONOCIDOS POR
NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO
a) DERECHO A LA LIBRE ELECCIÓN DEL TRABAJO
Nuestro ordenamiento legal establece que toda persona tiene como derecho
fundamental, el trabajo y dedicarse al comercio, la industria o a cualquier otra actividad
lícita, en condiciones que no perjudiquen al bien colectivo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones
equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
De este derecho, “derecho al trabajo”, emergen los otros derechos, ya que el ejercicio de
este derecho implica condiciones adecuadas de salud, higiene, seguridad y bienestar en
el trabajo, un ambiente de trabajo desprovisto de riesgos para la salud psicofísica de los
trabajadores, remuneración justa, etc.
b) Derecho a la estabilidad en el trabajo
El Derecho a la Estabilidad Laboral, significa protección contra el despido arbitrario,
supone que el trabajador, goza de trabajo seguro, no sujeto a la ilegal rescisión laboral
unilateral.
Toda persona tiene derecho la protección contra el desempleo, la vulneración a este
derecho implica la intervención del Estado, mediante sus órganos correspondientes.
Por otra parte la violación de este derecho da lugar a la consolidación de otros derechos
que veremos sucintamente.
c) Derecho a condiciones dignas y equitativas de trabajo
Toda persona tiene el derecho y la libertad, sin distinción alguna de raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, a trabajar sin discriminación
alguna, a igual salario por trabajo igual.
Esto tiene relación con el principio de la igualdad ante la Ley, “todas las personas son
iguales ante la Ley”, en consecuencia tienen derecho, sin discriminación, a igual
protección de la Ley.
d) Derecho a una remuneración justa
Remuneración o salario es lo que percibe el empleado u obrero en pago de su trabajo.
Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria,
que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y
que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección
social
Esta remuneración no puede ser inferior al mínimo, cuya fijación se determina según los
ramos del trabajo y las zonas del país.
No puede haber diferencias en el salario percibido por sexo o nacionalidad.
e) Derecho a no trabajar más tiempo del establecido por Ley
La jornada efectiva de trabajo, es el tiempo durante el cual el trabajador está a
disposición del patrono.
El trabajador tiene derecho a que su jornada efectiva de trabajo, no exceda de 8 horas
por día y de 48 horas por semana.
La jornada de mujeres y menores de 18 años no excederá de 40 horas semanales
diurnas.
Los empleados u obreros que ocupen cargos de dirección, vigilancia o confianza, o que
trabajen discontinuadamente, o que realicen labores que por su naturaleza no puede
someterse a jornadas de trabajo, se exceptúan de la jornada de efectiva mencionada,
teniendo derechos a una hora de descanso dentro del día y su jornada de trabajo no
puede exceder de 12 horas diarias.
La jornada de trabajo nocturno, es aquella que se desarrolla entre horas 20:00 y 06:00 de
la mañana, la cual no puede exceder de 7 horas, exceptuando los trabajadores de las
empresas periodísticas.
f) Derecho a descansos semanales y anuales remunerados
Todo trabajador tiene derecho a descansos semanales, que le permitan reponer energía,
compartir con la familia y dedicar tiempo a su credo o religión.
Estos descansos semanales deben ser remunerados, constituyéndose un derecho para el
trabajador.
g) Derecho a remuneración por días declarados feriados
Conforme el Art. 41 de la Ley General del Trabajo los días considerados feriados
declarados por Ley, son:
b. Domingo
c. 1 de enero
d. 22 de enero fundación del Estado plurinacional
e. Lunes y martes de carnaval
f. Jueves y viernes santo
g. 1 de mayo
h. Día de corpus Cristo
i. 6 de agosto
j. 1º y 2 de noviembre
k. 25 de diciembre
Estos días no se desarrolla actividad laboral, sin embargo son remunerados.
h) Derecho a la seguridad social
Todo trabajador tiene derecho a seguro social a corto plazo que implica seguro de salud
para él y su familia, es decir, asistencia médica y farmacéutica.
Asimismo tiene derecho a seguro social a largo plazo que consiste en ahorro en una
cuenta individual para cuando le corresponda jubilarse.
i) Derecho a asociación
Se reconoce el derecho de asociación en sindicatos a los trabajadores, de una misma
empresa, profesión u oficio, o de empresas, profesiones u oficios similares como lo
establece el artículo 51 de la nueva CPE.
j) Derecho a indemnizaciones
Independientemente de la asistencia médica farmacéutica y hospitalaria que ya
mencionamos, el patrón está obligado a pagar a la víctima y, en caso de muerte de ésta,
por accidente de trabajo o enfermedad profesional, a quienes tengan derecho,
indemnizaciones en dinero.
k) Aguinaldo
El trabajador tiene derecho a una bonificación de fin de año, que implica una suma de
dinero equivalente a un sueldo mensual.
l) Derecho a la huelga
Ante un conflicto laboral, después de agotar la instancia de conciliación y arbitraje, los
trabajadores y trabajadoras podrán asumir como ejercicio la facultad legal de suspender
labores por la defensa de sus derechos de acuerdo a Ley, así como lo establece el
artículo 53 de la Constitución Política del Estado Plurinacional.
m) Indemnización por tiempo de servicios y desahucio
Cuando el trabajador es despedido de su fuente de trabajo por causal ajeno a su
voluntad, tendrá derecho independientemente del desahucio a recibir indemnización por
tiempo de servicios como lo establece Decreto Supremo N° 0110 de 1 de mayo de 2009,
el mismo que garantiza el pago de indemnización por tiempo de servicios de las
trabajadoras y trabajadores, luego de haber cumplido más de noventa (90) días de
trabajo continuo, producido el retiro intempestivo de que fueran objeto o presentaran su
renuncia voluntaria, toda vez que el pago de la indemnización por tiempo de servicios
constituye un derecho adquirido.
Desahucio = suma equivalente a tres meses de sueldo o salario.
a) Formación profesional y otros beneficios sociales y de protección a los
trabajadores.
La mención efectuada sobre los derechos reconocidos por la Constitución Política del
Estado, es solamente enunciativo, no limitativo, ya que existen muchos otros derechos
laborales que emergen, por ejemplo, de las labores desempeñadas por mujeres y niños
(mayores de 14 años), días de descanso semanal, vacaciones pagadas, protección a la
maternidad, formas de extinguir la relación de trabajo, responsabilidades en caso de
muerte, accidentes o enfermedades profesionales, seguridad e higiene en el trabajo, etc.,
etc., los cuales también son reconocidos por nuestro ordenamiento laboral, sin embargo
por motivos de estudio, solo se detallan algunos.
El conocimiento de estos derechos por parte del trabajador es de fundamental
importancia, para hacerlos valer ante el empleador, sin embargo su conocimiento de
nada sirve si el trabajador no tiene los medios para hacerlos valer, una contribución
importante para el reconocimiento de estos y otros muchos derechos laborales es la
incorporación de la Defensa Pública en materia laboral, ya que de este modo muchos
trabajadores, podrán enfrentarse a los empleadores con el patrocinio de un abogado
proporcionado por el Estado, lo cual permitirá una mayor igualdad en la relación obrero
patronal.
3.11.VULNERACIÓN A LOS DERECHOS
LABORALES
3.11.1. IGUALDAD JURÍDICA Y JUSTICIA SOCIAL EN EL
ÁMBITO DEL DERECHO LABORAL
3.11.1.1. IGUALDAD JURÍDICA
La igualdad jurídica, quiere decir que la Ley no establece distinciones individuales
respecto a aquellas personas de similares características, ya que a todas ellas se les
reconocen los mismos derechos y las mismas posibilidades.
Todas las personas son iguales ante la Ley, sin distinción de credos, razas, ideas
políticas, posición económica.35
Por tanto todas las personas son exactamente iguales, merecen el mismo respeto de sus
derechos. Cualquier tipo de discriminación en contra de la igualdad, es intolerable.
Cuando se habla de igualdad nos referimos que aunque las personas sean muy diferentes
en cuanto a la naturaleza como ser altos y bajos, listos y torpes, negros y blancos, rubios
y morenos, ricos o pobre, por ningún motivo estas diferencias pueden ser causales para
justificar un diferencia de derechos.
Toda organización política u ordenamiento jurídico, que no respete el valor de la
igualdad de las personas, es considerado un abuso de autoridad.
La igualdad jurídica es un principio jurídico, que determina que todas las personas sin
discriminación alguna tenemos los mismo derechos y la facultad de activar los aparatos
estatales para el reconocimiento de los mismos en igualdad de condiciones.
35
Ossorio Manuel, “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”, Editorial Heliasta, Edición 2004.
Es decir, que para la efectivización de este principio jurídico, no es suficiente que todo el
ordenamiento jurídico reconozca iguales derechos a todas las personas, sin
discriminación alguna, sino además se requiere que el Estado provea de mecanismos
para que todas las personas puedan hacer valer esos derechos en igualdad de
condiciones.
En el presente trabajo de investigación, se propone la Defensa Pública Laboral para
trabajadores de bajos recursos y alcanzar así la ansiada igualdad jurídica.
3.11.1.2. JUSTICIA SOCIAL
La Justicia Social es una expresión usada en Derecho del Trabajo, implica práctica
encaminada a proteger a las personas económicamente débiles, elevando su nivel de vida
y de cultura y prescribiendo aquellos privilegios de las clases económicamente fuertes
que originan inadmisibles desigualdades sociales.36
La justicia social comprende el conjunto de decisiones, normas y principios
considerados razonables de acuerdo al tipo de organización de la sociedad en general, o
en su caso, de acuerdo a un colectivo social determinado.
Comprende por tanto, el tipo de objetivos colectivos que deben ser perseguidos,
defendidos y sostenidos y el tipo de relaciones sociales consideradas admisibles o
deseables, de tal manera que describan un estándar de justicia legítimo.
Un estándar de justicia sería aquello que se considera más razonable para una situación
dada. Razonable significa que determinada acción es defendible ante los demás con
independencia de sus intereses u opiniones personales, esto es, desde una perspectiva
36
Ossorio Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, Edición 2004.
imparcial; así, para justificar algo hay que dar razones convincentes que los demás
puedan compartir.
Los temas que interesan a la justicia social son: la igualdad social, la igualdad de
oportunidades, el estado del bienestar, la cuestión de la pobreza, la distribución de la
renta, los derechos laborales, etc.
La historia del concepto de justicia social, aparece como una respuesta directa a lo que
en el siglo XIX se llamó la "cuestión social", es decir, el creciente malestar y reclamo de
los trabajadores.
El término justicia social, aparece en Inglaterra a fines del siglo XIX, entre los
socialistas fabianos ingleses, a partir de un fuerte componente ético que implicaba una
convicción racional e inspirada por el impulso ético para realizar la justicia social
(1890).
El concepto pasó al Partido Laborista inglés, y fue aceptado y retomado por el gobierno
liberal a través de su emergente, el Ministro de Comercio David Lloyd George, cuyo
objetivo manifiesto era "lograr la justicia social" (1903). En la misma época, en Francia,
el Partido Socialista a través de Jean Jaurés, adopta el concepto de justicia social como
parte de su socialismo ético.
En 1919 se crea la OIT y se redacta su Constitución que comienza diciendo:
"Considerando que la paz universal y permanente sólo puede basarse en la justicia
social...".
El estado de bienestar y el derecho laboral, son cuestiones que rápidamente se
vincularon con las ideas de justicia social. Así se ha dicho que la llamada justicia
"conmutativa", es la que corresponde entre iguales, en tanto que la justicia "social" es la
que corresponde entre desiguales.
La lucha contra la distribución desigual de bienes que son de todos, la solicitud o
preocupación por el bien común, la idea de que justicia equivale a paz y la conciencia de
ello en los individuos son todos componentes de un sistema social justo.
La humanidad ha logrado una nueva situación procurando el balance de las
desigualdades sociales, en beneficio de los menos favorecidos, dando a la justicia la
categoría de equidad, como preocupación social para el desarrollo humano y de la
sociedad.
Este tipo de problemas favoreció la tentación del uso de la violencia para combatir
situaciones consideradas socialmente injustas; los problemas principales que motivaron
estos impulsos, por ejemplo, fueron los concernientes a vivienda y desempleo,
desarrollando una doctrina social basada en los puntos de desarrollo, solidaridad,
dignidad humana e identidad de cada comunidad.
Si bien, actualmente han disminuido los impulsos de actuar con violencia para alcanzar
la justicia social, los deseos de alcanzarla no han disminuido, por lo que debemos
encontrar mecanismos que permitan pacíficamente una verdadera justicia social para los
trabajadores.
3.11.2. EL ESTADO COMO ENTE TUTELADOR DE DERECHOS
LABORALES
Como ya se estableció anteriormente, se puede resumir que el trabajo es un deber y un
derecho, y constituye la base del orden social y económico, así como el de que el trabajo
y el capital gozan de un régimen de protección por parte del Estado.
Los trabajadores, pese a todas las instancias que buscan la protección de los derechos
laborales, aún se encuentran en situación de desventaja frente al capital de los
empleadores, prueba de ello es que incluso en la Jefatura Departamental del Trabajo, los
trabajadores no encuentran solución a la problemática inmediata de la falta de recursos,
producto de la pérdida del empleo para el sostenimiento familiar.
El Estado actúa como ente tutelador de los derechos laborales, de este modo ha creado
mecanismos que permitan el reconocimiento de derechos laborales, un mecanismo es la
Conciliación que se desarrolla en el Ministerio de Trabajo. La Conciliación es un
mecanismo para la resolución de conflictos, en forma amistosa y equitativa, con la ayuda
de un tercero neutral y calificado, denominado Conciliador, quien es un funcionario del
Ministerio de Trabajo.
Entonces si bien el Ministerio de Trabajo, siguiendo la línea constitucional de proteger
los derechos laborales, pretende actuar asesorando o interviniendo como ente
conciliador, esto no es suficiente para el reconocimiento de los derechos laborales, se
requiere de una defensa pública, que permita que los trabajadores, pueden demandar sus
derechos ante instancia jurisdiccional que tiene facultades coercitivas.
Con la Conciliación ante el Ministerio de Trabajo, se pretende evitar llevar a la justicia
ordinaria litigios de larga duración y mejorar las relaciones entre las partes, dado que en
esta actuación no resultan perdedores, ni triunfadores.
Para acudir a esta instancia, ninguna de las partes requiere del patrocinio de un abogado.
Los trabajadores en la realidad, tienen que ser sometidos a un proceso de mediación, en
esa instancia las denuncias son sometidas a un método de persuasión parcial y a favor
del patrono, quien decide si “acepta los aspectos de la conciliación o decide ir a
tribunales cuatro años”. Este último es nefasto para un trabajador de bajos recursos
económicos.
Lo que ocurre, en la realidad, es que el empleador en la mayoría de los casos acude con
uno o más abogados, ya que la mayoría de las empresas ya cuentan con asistencia legal y
el trabajador, desprovisto de esta asistencia, se encuentra en desventaja frente al capital
del empleador.
El Conciliador dependiente del Ministerio de Trabajo, puede tratar de equilibrar la
balanza, pero si la conciliación no es beneficiosa para el empleador, este pedirá la
declinatoria de jurisdicción, ya que esta instancia del Ministerio de Trabajo, no tiene
facultades coercitivas.
La declinatoria de jurisdicción implica que el litigio deba ir a instancia de jurisdicción
ordinaria, en la cual es imprescindible el patrocinio de un abogado.
Es decir, que el trabajador que acudió a la instancia conciliatoria del Ministerio de
Trabajo, en búsqueda del reconocimiento de sus derechos laborales y lamentablemente
no logró ningún acuerdo, necesariamente debe acudir a jurisdicción ordinaria, y para
ello, necesariamente debe contar con el patrocinio de un abogado y esto implica un costo
económico.
Este hecho imposibilita a muchos trabajadores o ex – trabajadores de bajos recursos
económicos que puedan hacer valer sus derechos, debido a la imposibilidad de contratar
los servicios de un profesional abogado.
Si bien es cierto que el Ministerio de Trabajo, puede remitir de oficio el caso a la Corte
Superior de Justicia, para que la causa sea sorteada y pase a conocimiento de un Juez de
Trabajo y Seguridad Social, el trabajador, necesariamente debe apersonarse y formalizar
la demanda, para que se active el aparato jurisdiccional ordinario de no hacerlo el
expediente se archivará.
Esta es la gran debilidad del sistema de justicia e institucionalidad a cargo de la
protección de los derechos laborales, ya que existe un sistemático debilitamiento de estas
instancias y en la administración de justicia.
El sistema de justicia no brinda solución pronta y cumplida, para los problemas de los
trabajadores sin patrocinio legal. Pese a los esfuerzos que realice el Estado en promover
los derechos laborales, a la fecha no se ven cambios sustantivos, constituyendo en una
grave violación a los Derechos Económicos Sociales de la población trabajadora.
Dentro de las Jefaturas Departamentales de Trabajo, dependientes del Ministerio de
Trabajo, se brinda asesoría gratuita y seguimiento, pero no se proporciona seguimiento a
demandas ante los Juzgados del ramo luego de haber agotado el proceso administrativo
interno.
Este servicio debería ser incorporado para trabajadores de escasos recursos a través de
la Defensa Pública.
Dada la importancia de tener como referencia una dependencia que preste este tipo de
asesoría, se debe estudiar e impulsar la propuesta de creación de una Defensoría Pública
Laboral que brinde acompañamiento y asesoría incluso en los procesos de mediación o
conciliación, por el cual, la población trabajadora violentada en sus derecho, acude a
ella en reclamación del pago de las prestaciones que le corresponden o en demanda del
reconocimiento de otros derechos.
3.11.3. MIGRACIÓN POR FALTA DE FUENTES DE TRABAJO
Una de las características peculiares de la población de Bolivia, es el hecho de presentar
un saldo migratorio externo negativo, es decir, que el número de emigrantes es
considerablemente superior al de inmigrantes.
Aproximadamente el 72% de la población de Bolivia ha emigrado al exterior,
principalmente a las Repúblicas de Chile, Argentina y España.37
Este éxodo de bolivianos perjudica al crecimiento de la población en Bolivia,
principalmente en lo que se llama la migración selectiva; es decir, muchos valiosos
profesionales (médicos, ingenieros, etc.,) en este momento contribuyen al
engrandecimiento de otros países.
La causa principal de este éxodo es la falta de fuentes de trabajo, o la perdida de ellos.
Una causal importante es que los trabajadores se encuentran desprotegidos en el
ejercicio de sus derechos laborales.
De acuerdo a estudios realizados, el contingente de bolivianos en el exterior, para el año
1967 ascendía a 304.019 bolivianos, de acuerdo al siguiente cuadro:
EMIGRACION BOLIVIANA POR PAISES
Fuente: Saavedra Llano, Luis, Aspectos Demográficos de Bolivia.
37
Saavedra Llano, Luis, Aspectos Demográficos de Bolivia, Diciembre 1972.
PAÍSES POBLACIÓN PORCENTAJE
Argentina
Chile
Perú
Brasil
EE.UU.
Respecto de América Latina
Europa
212.833
53.992
12.303
11.820
6.220
2.933
3.918
70.0
17.8
4.0
3.9
2.0
1.0
1.3
TOTALES 304.019 100.0
El cuadro anterior, nos indica que en 1967 la población boliviana residente en el exterior
alcanzaba a 304.019 personas, de las cuales el 70% radicaba en la Argentina, siendo
Chile el segundo en importancia (17.8%).38
La población total de Bolivia para 1967, se estimo en 4.451.300 habitantes; siendo el
porcentaje de emigrantes del 6.9%. Para ver en forma objetiva, la composición de
edades de esta población mígrate, se aplico al total, la estructura por edades de los
emigrantes bolivianos a la Argentina por grandes grupos de edad:
EMIGRACION BOLIVIANA POR GRUPOS
GRUPOS DE EDAD POBLACIÓN PORCENTAJE
0 – 14
15 – 49
50 - +
35.570
212.205
56.244
11.7
69.8
18.5
TOTALES 304.019 100.0
El cuadro anterior indica que aproximadamente el 70% de los emigrantes bolivianos, o
sea, más de 210.000 personas, corresponden al grupo de edad de 15 a 49 años, es decir,
personas que están comprendidas en la población económicamente activa y que
constituyen en sí la fuerza de trabajo.39
De todo lo expuesto en el presente capítulo, se puede concluir que nuestro país necesita
de nuevas políticas de protección de los trabajadores, pues al carecer de estas normativas
jurídicas de protección acuden al extranjero, pues el índice es realmente alarmante y
sigue un ritmo de crecimiento, sin duda perjudicial para la nación. Una de estas políticas
bajo la perspectiva del presente trabajo de investigación es la incorporación de la
Defensa Pública de derechos laborales, como mecanismo de apertura al acceso a la
justicia para trabajadores con bajos ingresos económicos.
38
Saavedra Llano, Luis, Aspectos Demográficos de Bolivia, Diciembre 1972. 39
Saavedra Llano, Luis, Aspectos Demográficos de Bolivia, Diciembre 1972.
3.12. LEGISLACIÓN COMPARADA EN
RELACIÓN A LA DEFENSA PÚBLICA EN
MATERIA LABORAL
3.12.1. LEGISLACIÓN CHILENA
La Presidenta de la República de Chile, Michelle Bachelet, ha anunciado el 30 de abril
(2007) la creación de una novedosa figura jurídica, la Defensoría Pública Laboral.
La Defensoría Pública Laboral, trata de una figura que patrocinará y representará
judicialmente y de manera gratuita a los trabajadores que no cuenten con la asesoría
letrada de un abogado laboralista en todos los juicios en que litiguen en contra de su
respectivo empleador.
Cabe señalar que esta institución, en caso de aprobarse su existencia por el Parlamento,
tendrá lugar en el marco de la Reforma Procesal Laboral.
En la actualidad, la defensa jurídica gratuita de los trabajadores, está en manos de la
Corporación de Asistencia Judicial de la respectiva región en que litigue el trabajador.
La gran crítica de las organizaciones sindicales en contra de esta forma de proceder, es
que la gran mayoría de los casos son asumidos por los egresados de Derecho que
realizan su práctica profesional en estos organismos dependientes del Ministerio de
Justicia que, según ellos, no cuentan con la debida experiencia para enfrentar a los
abogados asesores de los empleadores, lo cual vulneraría el derecho a la defensa técnica
que la Constitución Política consagra.
Esta crítica es rechazada por los abogados de la Corporación de Asistencia Judicial de
Valparaíso, quienes afirman que en la mayoría de los casos laborales, quienes asumen
los litigios son los abogados y no los practicantes.
No obstante de estas discrepancias, todos concuerdan en que se apruebe la creación de la
Defensoría Laboral.
La Defensoría Laboral, se trata de una figura similar a la que existe en el actual Proceso
Penal; la Defensoría Penal Pública, es decir, que otorgará a cada trabajador un abogado
defensor quien litigará en contra del abogado del empleador, en iguales términos y
experiencia.
Este proyecto surgió de la preocupación constante de la Senadora Soledad Alvear, quien
ya el año pasado (2007), presentó una moción para la creación de esta institución y que
ahora el Gobierno respalda mediante el envío del correspondiente Proyecto de Ley. Así,
por fin los derechos constitucionales y laborales de los trabajadores de derecho podrán
hacerse valer en juicio en igualdad de condiciones respecto a su contraparte-empleador,
cumpliendo de tal manera con el mandato constitucional de la debida existencia de la
defensa técnica y del principio de igualdad ante la ley.40
3.12.2. LEGISLACIÓN VENEZOLANA
La Legislación venezolana contempla la LEY ORGÁNICA DE LA DEFENSA
PÚBLICA, que tiene por objeto regular la naturaleza e idoneidad de la Defensa Pública,
con el fin de asegurar la eficacia del servicio y garantizar los beneficios de la carrera del
Defensor Público o Defensora Pública y demás funcionarios y funcionarías que
establezca esta Ley y sus estatutos.
40
SANTIAGO, 30 (De la corresponsal de EUROPA PRESS Claudia Riquelme)
Asimismo, el precepto legal citado, establece los principios, normas y procedimientos
para el desarrollo y garantía del derecho constitucional de toda persona de acceder a los
órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses legítimos
y garantizar el derecho a la defensa en cualquier procedimiento judicial o administrativo.
La Defensoría Pública, órgano del sistema de justicia, se encuentra adscrito a la
Defensoría del Pueblo; la cual goza de autonomía funcional, administrativa y
organizativa, correspondiéndole al Tribunal Supremo de Justicia su inspección y
vigilancia.
La Defensoría Pública está integrada por la Dirección Ejecutiva, la Coordinación
General, las Unidades Regionales de la Defensoría Pública y cualquier otra dependencia
creada para el efectivo y eficaz cumplimiento de los objetivos del órgano con las
atribuciones y facultades contempladas en esta Ley y las normas internas de
organización y funcionamiento.
En lo que respecta a la Defensa Pública en materia laboral la Sección Cuarta
De los Defensores Públicos o Defensoras Públicas con Competencia en Materia Laboral
de dicha Ley, establece lo siguiente:
Artículo 57. De los Defensores Públicos o Defensoras Públicas en materia Laboral. La
Defensa Pública de los Trabajadores está establecida en esta Ley, en cuanto a su
organización, funcionamiento y atribuciones.
“Artículo 58. Atribuciones comunes de los Defensores Públicos o Defensoras Públicas
en materia Laboral. Son atribuciones comunes de estos funcionarios o funcionarias las
siguientes:
1.- Orientar y asesorar en la materia de su competencia.
2.- Asistir, asesorar o representar a los trabajadores o trabajadoras, previo
requerimiento expreso.
3.- Asistir o asesorar en las consultas que le propongan los trabajadores o
trabajadoras, así como las organizaciones sindicales.
4.- Asesorar en relación a la legislación del trabajo en los Reglamentos, decretos y
demás disposiciones que se dicten sobre esa materia, y en la interpretación de los
Reglamentos internos de las empresas y de los contratos individuales y colectivos.
5.- Promover la defensa y vigilancia de los derechos e intereses legítimos, en materia de
derecho del trabajo, seguridad social y los tratados internacionales sobre derechos
humanos.
6.- No podrán convenir en la demanda, desistir, transigir, comprometer en árbitros,
solicitar la decisión según la equidad, hacer posturas en remates, recibir cantidades
de dinero y disponer del derecho en litigio. En estos casos, sólo podrán actuar
mediante asistencia de las partes.
7.- Las demás que le atribuya esta Ley y su Reglamento.
Articulo 59. De los Defensores Públicos o Defensoras Públicas con competencia en
materia Laboral para actuar ante las Inspectorías del Trabajo. Estos funcionarios o
funcionarias ocupan el grado I en el escalafón y ejercerán la defensa en los procesos
administrativos, de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica del Trabajo y su Reglamento, la Ley
Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo y las demás leyes,
pactos, tratados y convenciones internacionales suscritos y ratificados por la República,
afines a la materia.
Artículo 60. Atribuciones de los Defensores Públicos o Defensoras Públicas con
competencia en materia Laboral para actuar ante las Inspectorías del Trabajo. Son
atribuciones de estos funcionarios o funcionarias las siguientes:
1.- Orientar y asesorar en la materia de su competencia.
2.- Asistir a los trabajadores que así lo requieran en los procesos administrativos.
Cuando la causa amerite pasar a la etapa judicial, el Defensor Público o Defensora
Pública que haya conocido, comunicará y remitirá la información que tenga sobre
el caso a la Unidad Regional de la Defensoría Pública, para que sea asignado a un
Defensor Público o Defensora Pública con competencia ante la fase inicial del
proceso judicial.
3.- Las demás que le atribuya esta Ley y su Reglamento.
Artículo 61. De los Defensores Públicos o Defensoras Públicas con competencia en
materia Laboral para actuar ante los Tribunales de Sustanciación, Mediación, Juicio
y Ejecución del Trabajo. Estos funcionarios o funcionarias ocupan el grado II en el
escalafón y ejercerán la defensa en los procesos judiciales de acuerdo con lo
establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley
Orgánica del Trabajo, su Reglamento, y demás leyes, pactos, tratados y convenciones,
suscritos y ratificados por la República, afines a la materia.
Artículo 62. Atribuciones de los Defensores Públicos o Defensoras Públicas con
competencia en materia Laboral para actuar ante los Tribunales de Primera Instancia
en Sustanciación, Mediación, Juicio y Ejecución del Trabajo. Son atribuciones de
estos funcionarios o funcionarias las siguientes:
1.- Orientar y asesorar en la materia de su competencia.
2.- Presentar demandas a solicitud del trabajador.
3.- Asistir a la audiencia preliminar con carácter obligatorio, salvo causa plenamente
justificada, en cuyo caso deberá informar a la dependencia competente a los fines de
ser sustituido.
4.- Tendrán carácter de parte, por lo que representan ante el tribunal al trabajador,
aunque éste no se encuentre presente.
5.- Ejercer las acciones y recursos que estimen necesarios en su carácter de
representante del trabajador.
6.- No podrá en nombre del trabajador convenir en la demanda, desistir, transigir,
comprometer en arbitros, solicitar la decisión según la equidad, hacer posturas en
remates, recibir cantidades de dinero y disponer del derecho en litigio. En estos
casos, sólo podrán actuar mediante asistencia de las partes.
7.- Informar al Defensor Público o Defensora Pública en materia Laboral que actúa
ante el Tribunal Superior, de los recursos que haya ejercido.
8.- Proponer que sean subsanados los vicios procesales a través del despacho saneador.
9.- Asistir a la audiencia de juicio con carácter obligatorio, salvo causa plenamente
justificada, en cuyo caso deberá informar a la dependencia competente a los fines de
ser sustituido.
10.- Apelar cuando el Tribunal declare el desistimiento por causas del Defensor Público
o Defensora Pública, notificando de inmediato al Defensor Público o Defensora
Pública en materia Laboral que actúe ante el Tribunal Superior del Trabajo.
11.- Interponer el recurso de apelación contra las decisiones dictadas por el Tribunal
de Juicio.
12.- Interponer el recurso de hecho ante el Tribunal Superior en caso de que se niegue
la apelación o sea oída en un solo efecto.
13.- Las demás que le atribuya esta Ley y su Reglamento.
Articulo 63. De los Defensores Públicos o Defensoras Públicas con competencia
Laboral para actuar ante los Tribunales Superiores del Trabajo. Estos funcionarios o
funcionarias ocupan el grado III en el escalafón y ejercen sus funciones de conformidad
con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica del
Trabajo y su Reglamento, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y demás leyes, pactos,
tratados y convenciones suscritos y ratificados por la República afines a la materia.
Artículo 64. Atribuciones de los Defensores Públicos o Defensoras Públicas con
competencia en materia Laboral ante los Tribunales Superiores. Son atribuciones de
estos funcionarios o funcionarias las siguientes:
1.- Orientar y asesorar en la materia de su competencia.
2.- Ejercer la defensa en los recursos interpuestos ante los Tribunales de Primera
Instancia.
3.- Asistir con carácter obligatorio a la audiencia oral y pública convocada para
conocer del recurso de apelación, comunicando de inmediato las resultas de la
audiencia al Defensor Público o Defensora Pública con competencia para actuar
ante los Tribunales de Primera Instancia.
4.- Ejercer el recurso de control de la legalidad.
5.- Anunciar cuando sea procedente el recurso de casación ante el Tribunal Superior
del Trabajo.
6.- Ejercer el recurso de hecho ante la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo
de Justicia, en caso de negativa de la admisión del recurso de casación.
7.- Informar al Defensor Público o Defensora Pública con competencia ante la Sala de
Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, cuando hubiese ejercido un
recurso.
8.- Ejercer la acción de amparo contra las decisiones de los Tribunales Superiores con
competencia en materia Laboral que violen derechos y garantías constitucionales, e
informar al Defensor Público o Defensora Pública con competencia ante la Sala
Constitucional del recurso ejercido.
9.- Las demás que le atribuya esta Ley y su Reglamento.
Además de la Defensa Pública en materia laboral la Ley contempla la Defensa Pública
en materia penal, asimismo en materia de Protección del Niño, Niña y Adolescente;
materia de Responsabilidad Penal del Adolescente; Defensores Públicos o Defensoras
Públicas de Indígenas; materia Civil, Mercantil y Tránsito; materia Contencioso
Administrativa; Defensoras y Defensores Públicos con competencia ante los Órganos y
Entes Administrativos Nacionales y Estadales; Defensoras y Defensores Públicos con
competencia ante los Órganos y Entes Administrativos Municipales, Defensores
Públicos o Defensoras Públicas Integrales (en todas las materias y especialmente las
relacionadas con creación, registro, funcionamiento de cooperativas, asociaciones sin
fines de lucro, fundaciones y cualquier otra forma de organización civil que prevea la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela) y Defensoras y Defensores
Públicos con Competencia ante el Tribunal Supremo de Justicia.
3.12.3. LEGISLACIÓN PARAGUAYA
La Defensa Pública paraguaya, está a cargo del Ministerio de la Defensa Pública.
Los defensores públicos deben prestar asistencia jurídica y representar judicialmente a
las personas de escasos recursos que deban litigar en procesos judiciales de los fueros
Penal, Civil, Laboral y Niñez y Adolescencia.
Debido a que representan a personas de escasos recursos, la atención que prestan es
gratuita, pues el Estado asume esta responsabilidad mediante la asignación de sueldos en
el Presupuesto General de la Nación.
Para acceder a los servicios profesionales de un Defensor Público, el interesado deberá
demostrar fehacientemente que se trata de una persona de escasos recursos económicos.
3.12.4. LEGISLACION GUATEMALTECA
Dentro de la legislación guatemalteca, existe la “Procuraduría de Defensa del
Trabajador” instancia creada en el año 2000, para la atención de casos de cuantías
menores a los Q14, 500, correspondiente al pago de prestaciones laborales que no se
hubieran recibido al finalizar una relación laboral.
Siendo el monto de la cuantía tan bajo, y que este a su vez limita el acceso al servicio
aunado a la demanda de usuarios, brindan un panorama general de la precariedad del
sistema y procedimientos de la Inspectoría General del Trabajo y las limitaciones de los
trabajadores ante el reclamo de sus prestaciones.
Dada la importancia de tener como referencia una dependencia que preste este tipo de
asesoría además de los bufetes populares, existen corrientes en este país de estudiar e
impulsar la propuesta de creación de una “Defensoría Pública Laboral”, que brinde
acompañamiento y asesoría incluso en los procesos de mediación, por el cual ha sido
vulnerada la población trabajadora que acude a ella en reclamación del pago de las
prestaciones que le corresponden.
Por otra parte se inauguró el procedimiento para la presentación de comunicaciones a
través de la primera reclamación presentada en el marco del DR-CAFTA al denominado
punto de contacto en el MITRAB. La AFL-CIO presentó una denuncia por el asesinato
de varios trabajadores sindicalistas.
Esta acción abre un hito en ese país, relacionado a los mecanismos implementados para
la vigilancia y la justicia laboral. El surgimiento de espacios de acción para exigir el
cumplimiento de la legislación nacional, aunado a los compromisos asumidos por el
Estado guatemalteco en el denominado Libro Blanco representan un reto, especialmente
en aspectos relacionados a:
a) La función sancionadora,
b) La Inspección en cuanto a capacidad del personal e investigación de las denuncias por
corrupción y el incumplimiento de funciones que les corresponden.
Las sanciones disciplinarias para jueces negligentes, y la efectiva ejecución de órdenes
de reinstalación.41
(28)
41
Centro Internacional para Investigaciones, en Derechos Humanos (CIIDH), [email protected], http://www.ciidh.org,
Guatemala 30 de abril 2008.
Por lo expuesto existe una tendencia generalizada de incorporar dentro de la Defensa
Publica, la materia laboral, bajo ese contexto nuestro país, no puede estar ajeno y se
debe considerar la incorporación de la Defensa Publica de Derechos Laborales de
trabajadores que perciban bajos ingresos económicos, lo cual permitirá un mayor acceso
a la justicia, mayor igualdad jurídica y mayor credibilidad en la justicia.
CAPITULO IV
MARCO PRÁCTICO
5. DEFENSA PÚBLICA
5.1. REALIDAD NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA
5.1.1. PROBLEMAS ECONÓMICOS DE LA DEFENSA PÚBLICA
Entrevistando a miembros de la Defensa Pública, se tomó conocimiento que la
institución se encuentra muy desprotegida económicamente, encontrándose
permanentemente en la disyuntiva de reducir personal o disminuirles sueldos.
Analizando las dos situaciones, ambas son desventajosas para la administración de
justicia boliviana, tanto despedir a miembros de la Defensa Pública, como la de
disminuir sus salarios, afectarían a más de la mitad de la población penitenciaria que
quedaría en indefensión por falta de sus abogados defensores.
La reducción del número de abogados defensores, significaría una atención "menos que
regular" a los defendidos, lo cual ocasionaría bastante perjuicio a los mismos.
Por otra parte, la alternativa de la reducción salarial tampoco se constituye en una buena
solución, ya que los abogados tienen actualmente un sueldo promedio de 2.800
bolivianos y sus asistentes perciben 1.300 bolivianos.
5.1.2. DEMASIADA CARGA PROCESAL
Actualmente, cada defensor público atiende entre 80 y 120 casos, eso implica que se
encargue de todo el proceso de investigación contra el acusado y el juicio oral o las
salidas alternativas hasta la dictación de la condena.
Los defensores están encargados de asistir a los acusados en casos que van desde el
Tribunal Permanente de Justicia Militar -donde generalmente se atiende a conscriptos-
hasta la simple verificación de derechos y garantías en la comisaría de conciliación de la
calle Pando.
Esa carga procesal y laboral explica de alguna manera las quejas de los ciudadanos sobre
el abandono en que los tienen sus abogados.
Con todas sus dificultades y carga laboral, los abogados de Defensa Pública, defienden a
más del 50 por ciento de la población penitenciaria en todo el país.
En distritos como del departamento de Pando, son los defensores del 80 por ciento de los
presos. En La Paz, los defensores públicos visitan obligatoriamente a sus defendidos en
las cárceles dos veces por semana (los miércoles y sábados).
5.1.3. POCOS INCENTIVOS
Los abogados defensores argumentan que, con la reforma de justicia, se mejoró el trato
económico a los jueces y fiscales porque estaban en frente de un nuevo procedimiento
penal. Sin embargo, tanto los policías (investigadores) como los abogados defensores
quedaron rezagados de esa mejora salarial.
Los fiscales del área penal perciben un sueldo que oscila en los 8.000 bolivianos.
"Aquí trabajamos por vocación de servicio, por adquirir experiencia en materia penal y
por el trato personal con los defendidos", manifestó una defensora. Y es que el material
de trabajo es reducido, el equipo escaso y no existe una adecuada capacitación para los
abogados.
5.2. REALIDAD LATINOAMERICANA
La realidad de la Defensa Pública en Latinoamérica, no es distinta a la realidad de la
Defensa Pública en Bolivia.
Debido a que los abogados de la Defensa Pública, representan a personas de escasos
recursos, la atención que prestan es gratuita, por lo tanto, el Estado asume esta
responsabilidad mediante la asignación de sueldos en el Presupuesto General de la
Nación.
Para acceder a los servicios profesionales de un Defensor Público, el interesado deberá
demostrar fehacientemente que se trata de una persona de escasos recursos económicos.
La Defensa Pública en los países latinoamericanos también atraviesa problemas, no
obstante a ellos, están estudiando mecanismos de fortalecimiento e inclusive
incorporación de nuevos campos de acción como materia laboral, en los países en los
que no se ha contemplado dentro de la Defensa Pública.
5.3. NUEVOS ENFOQUES DE LA DEFENSA PÚBLICA
Con referencia el desarrollo de la Defensa Publica se considera fundamental la
experiencia en la Legislación Comparada, pues ha surgido un nuevo enfoque respecto a
la Defensa Pública, el mismo implica una mayor cobertura, añadiendo otras áreas
además de la penal.
Una materia que se está incorporando con gran fuerza es la laboral, es decir, los
conflictos laborales, ya sea por incumplimiento de contratos, incumplimiento de salarios,
acoso laboral; son aspectos que la Defensa Pública, debe considerar como relevante; así
mismo se resalta la incorporación de otras áreas del derecho como el Civil y, Niñez y
Adolescencia.
Por lo expuesto en el presente capítulo, se debe analizar la mejor fórmula para
incorporar la Defensa Pública en materia laboral, con recursos independientes, que no
incidan en la problemática de la Defensa Pública, que actualmente se está desarrollando
con bastantes dificultades, ya que el Estado tiene la obligación de otorgar la defensa a
todo imputado y a nuestro parecer a todo trabajador que se sienta atropellado en sus
derechos laborales, carente de recursos económicos, como en muchos países, se está
procurando actualmente.
5.4. REALIDAD NACIONAL CONCERNIENTE A LA
SITUACIÓN DE LOS TRABAJADORES
5.4.1. DEMANDAS LABORALES CONOCIDAS EN EL
MINISTERIO DE TRABAJO
Con la finalidad de obtener información, que constituya fuente que permita conocer la
realidad de los trabajadores que se sienten atropellados en sus derechos laborales y
deciden solicitar tutela jurídica, se acudió al Ministerio de Trabajo solicitando datos
precisos.42
Al respecto, a través de la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo, se
42
Informe ANEC – 003/2009 emanada por el analista económico Lic. Raúl Morales Mercado – Dir. Gral. De Trabajo
obtuvo los siguientes datos:
Gestión Caso Cantidad Observaciones
2006 Primera Citación 512 Ninguna
Segunda Citación 546 “
Conminatoria 74 “
Espera de Declinatoria “
Cuarto intermedio 95 “
Abandonadas 669 “
Conciliadas 960 “
Declinadas 108 “
Consultas 6471 Ninguna
2007 Primera Citación 936
Segunda Citación 800 “
Conminatoria 125 “
Espera de Declinatoria 293 “
Cuarto Intermedio 105 “
Abandonadas 832 “
Conciliadas 1341 “
Declinadas 107 “
Consultas 5731 “
2008 (Enero a
Noviembre
Conciliaciones Solucionadas 1486 ninguna
Conciliaciones Abandonadas 1361 “
Casos en Proceso 2830 “
Conciliaciones Laborales
Solicitadas por adolescentes
9 “
Declinadas al Juez Laboral
c/multa
183 “
Declinadas al Juez Laboral
s/multa
110 “
Consultas 18370 “
Fuente: Informe ANEC – 003/2009 emanada por el analista económico Lic. Raúl Morales Mercado – Dir. Gral. De Trabajo
Como se evidencia, en el cuadro, frente a la gran cantidad de trabajadores que existen en
la ciudad de La Paz, el número de personas que acuden al Ministerio de Trabajo es
ínfimo.
5.5. DEMANDAS LABORALES QUE LLEGAN A
JURISDICCIÓN LABORAL
La gente acude al Ministerio de Trabajo con la finalidad de procurar el reconocimiento
de sus derechos laborales. En su generalidad son trabajadores, sin embargo también
existen algunos empleadores, -en casos muy limitados- que acuden a esta instancia con
la finalidad de alcanzar a un acuerdo con uno o un grupo de sus trabajadores.
No es un requisito acudir al Ministerio de Trabajo en compañía de un abogado, ni
realizar peticiones a través del referido profesional.
Los empleadores convocados al Ministerio de Trabajo en su generalidad acuden en
compañía de uno o más abogados, y el trabajador, en muchos casos no tiene los recursos
económicos para contratar los servicios profesionales de ningún abogado, que le
coadyuve en la defensa de sus derechos.
Cuando no se arriba a una conciliación entre las partes, el Ministerio de Trabajo declina
jurisdicción a instancias del Juez en materia laboral.
A partir de la información recaba de la Dirección General del Trabajo dependiente del
Ministerio de Trabajo, se puede señalar que a partir de enero a noviembre de 2008 se
han declinado 183 casos a Jurisdicción de Juez en materia laboral, con imposición de
multa y 110 casos sin imposición de multa.
Al respecto, cabe mencionar que el Ministerio de Trabajo, no continúa con el patrocinio
de las causas, pues su gestión concluye con el Informe del Conciliador y la declinatoria
correspondiente, y se deja de continuar con la protección del trabajador.
Por lo tanto, el trabajador tiene que recurrir a contratar los servicios de un abogado
particular, a quien le designa la formalización particular de la demanda y continúe con el
patrocinio de la causa.
El trabajador no puede presentar ningún escrito ante el Juez en materia laboral, sin la
firma de un abogado, es decir, que cualquier petición en Jurisdicción laboral requiere
imprescindiblemente del patrocinio de un abogado.
Esto significa que un trabajador de pocos recursos económicos, no puede conseguir el
reconocimiento de sus derechos en instancias del Ministerio de Trabajo, pues ante la
falta de recursos económicos no puede acceder a contratar a un abogado defensor.
5.6. VISIÓN DE LOS TRABAJADORES DE BAJOS
RECURSOS SALARIALES
Con la finalidad de obtener una visión que se acerque a la realidad de los trabajadores
con bajos recursos, se realizo y aplico un cuestionario a trabajadores y ex trabajadores
que asisten al Ministerio de Trabajo, y cuyos resultados se presentan a continuación:43
43
Encuestas realizadas por el Univ. Freddy Mariscal Palle en instalaciones del Ministerio de Trabajo así como en diferentes arterias
de la ciudad de La Paz.
5.6.1. CUESTIONARIO:
DIRIGIDO A TRABAJADORES, EX TRABAJADORES Y/O
DESEMPLEADOS:
a. ¿Cómo trabajador o ex trabajador en algún momento se sintió dañado en sus
derechos laborales por parte de sus empleadores?
Grafico Nº 1
Fuente: Elaboración propia, 2012
Con respecto a la pregunta realizada sobre si en algún momento el trabajador o ex
trabajador se sintió mellado o dañado en sus derechos laborales, se puede mencionar que
un 62% afirma que SI se sintió afectado por la vulneración de sus derechos laborales,
este porcentaje refleja que los actuales trabajadores y los ahora trabajadores pasivos,
SI; 62%
NO; 38%
SI NO
vieron vulnerados sus derechos por la parte patronal; así mismo se considera que tan
solo un 38% afirmo que sus derechos laborales no fueron vulnerados por la parte
patronal.
b. ¿Realizo algún reclamo ante el Ministerio de Trabajo?
Grafico Nº 2
Fuente: Elaboración propia, 2012
Con referencia a la consulta realizada con respecto si el trabajador o extrabajador realizo
algún reclamo ante el Ministerio de Trabajo, un 46% señala que SI realizo el reclamo
correspondiente, pero contrariamente un porcentaje mayor, es decir, un 54% afirma que
NO hizo el reclamo a instancias pertinente.
Pero es importante resaltar que la mayoría de los mismos, si bien se vieron afectados en
sus derechos laborales optaron por presentar un reclamo ante el Ministerio de Trabajo, y
esto puede deberse a la imposibilidad económica que significa realizar una demanda
legal y el gasto que significa el contratar a un profesional jurídico que lo represente, por
lo tanto opta por declinar cualquier reclamo.
SI; 46%
NO; 54%
SI NO
c. ¿Realizo algún reclamo ante el Ministerio de Trabajo?
(Resultados de personas que respondieron afirmativamente a la pregunta:
Grafico Nº 3
Fuente: Elaboración propia, 2012
Con respecto a los motivos presentados ante el Ministerio de Trabajo, se resaltan en un
14% las denuncias por despidos injustificados, un 10% hace referencia al reclamo
realizado con respecto a los subsidios de lactancia y maternidad, un 7% señala el
reclamo realizado fue por beneficios sociales no cancelados por despidos injustificados,
un 4% con respecto al acoso o maltrato psicológico en el ámbito laboral, otro 4% hace
referencia otros aspectos, asi mismo un 3% hace referencia al reclamo por el Bono de
Antigüedad, también otro 3% fue realizado por trabajos realizados en feriados y
domingos no pagados, también otro 3% fue realizado por reclamos de horas extras de
trabajo no pagados y finalmente un 2% hace referenciados a varios aspectos presentados
por diferentes motivos.
Denuncia por despido injustificado; 14%
Beneficios sociales por despido injustificado ;
7%
Reclamo de horas extras de trabajo no
pagados; 3%
Reclamar vacaciones; 0%
Reclamo por dias feriados y
domingos no pagados; 3%
Acoso y/o maltrato psicologico laboral; 4%
Reclamar Bono de Antigüedad; 3%
Reclamar subsidios de lactancia y maternidad
; 10%
Otros ; 4% Varios de los
mencionados; 2%
d. ¿Cuenta actualmente como trabajador o ex trabajador con un abogado para
su defensa ante cualquier conflicto laboral que se presente?
Grafico Nº 4
Fuente: Elaboración propia, 2012
Con referencia así cuenta en la actualidad con algún abogado que lleve adelante alguna
demanda laboral, los trabajadores y ex trabajadores consultados señalaron en un 63%
que NO cuentan con ningún profesional del área jurídica, así mismo, tan solo un 37%
afirma que SI cuenta con un profesional que realiza las demandas laborales
correspondientes.
SI; 37%
NO; 63%
SI NO
e. ¿Si tendría algún problema laboral y no llegaría a solucionarlo mediante
instancia conciliadora del Ministerio de Trabajo, tendría los recursos
económicos para contratar a un abogado que lo patrocine en un proceso
judicial?
Grafico Nº 5
Fuente: Elaboración propia, 2012
Un porcentaje considerable o un 69% de los trabajadores señala que no cuenta con los
recursos económicos necesarios para poder contratar los servicios de un profesional
entendido en la materia laboral y realizar la representación legal correspondiente, sin
embargo un 31% señala que si cuenta con los recursos necesarios y poder acceder a este
tipo de servicios legales.
SI; 31%
NO; 69%
SI NO
f. ¿Considera que la falta de dinero es un obstáculo para que Ud. Haga valer
sus derechos laborales?
Grafico Nº 6
Fuente: Elaboración propia, 2012
El 100% de los trabajadores y ex trabajadores consultados afirman que la falta de
recursos económicos no permiten acceder a la validación de sus derechos laborales, asi
mismo, es importante hacer resaltar que él no acceder a un profesional entendido en el
ámbito laboral no permite hacer cumplir las leyes correspondientes, quedando el
trabajador o ex trabajador indefenso con respecto a sus derechos laborales.
SI; 100%
NO; 0%
SI NO
g. ¿Estaría de acuerdo con la posibilidad de que el Estado proporcione
gratuitamente un abogado, a los trabajadores con bajos recursos económicos,
para que defienda sus derechos laborales?
Grafico Nº 7
Fuente: Elaboración propia, 2012
El 100% de los trabajadores y ex trabajadores consultados están de acuerdo con que sea
el Estado boliviano sea quien proporcione gratuitamente un abogado a los trabajadores a
fin de hacer prevalecer sus derechos laborales.
SI; 100%
NO; 0%
SI NO
h. ¿Ud. Cree que la incorporación de la Defensa Publica de Derechos Laborales
para trabajadores que perciban bajos ingresos económicos, permitirá un
mayor acceso a la justicia, mayor igualdad jurídica y mayor credibilidad en la
justicia?
Grafico Nº 8
Fuente: Elaboración propia, 2012
El 100% de los trabajadores y ex trabajadores consideran que la incorporación de la
Defensa Publica de Derechos Laborales permitirá un mayor acceso a la justicia y a
mayor igualdad jurídica, a quienes no pueden contratar los servicios de un profesional en
el ámbito laboral, todo por no contar con los recursos económicos necesarios.
SI; 100%
NO; 0%
SI NO
i. ¿Cómo califica esta medida?
Grafico Nº 9
Fuente: Elaboración propia, 2012
El 58% de los trabajadores y ex trabajadores consideran de excelente el poder incorporar
una Defensa Publica de Derechos Laborales, pues los mismos permitirá precautelar los
derechos de todos los trabajadores, así mismo un 26% califica de muy bueno la
propuesta presentada a fin de defender sus derechos laborales. Y finalmente un 16% la
califica de buena la propuesta.
A manera de conclusiones con respecto al ámbito practico, se puede señalar lo siguiente:
Como se evidencia en los resultados, la mayoría de trabajadores y ex-trabajadores se
sienten dañados en sus derechos laborales por parte de sus empleadores, sin embargo, no
realizó reclamo alguno ante el Ministerio de Trabajo, porque la mayoría no cuenta con
los servicios de un abogado.
A la pregunta de que si no podría arribar a un acuerdo con el empleador, tendría recursos
Excelente; 58%
Muy bueno; 26%
Bueno; 16%
Excelente Muy bueno Bueno
para contratar a un abogado que le patrocine un proceso judicial, la mayoría de los
encuestados afirmó que no.
Respecto a la pregunta de que si la falta de dinero es un obstáculo para hacer valer sus
derechos el 100% de los encuestados alarmantemente afirmo que sí.
Lo que conlleva a que el 100% de los cuestionados están de acuerdo con que el Estado
proporcione gratuitamente el patrocinio de abogados, a los trabajadores de bajos
recursos económicos, incorporándose la defensa pública de derechos laborales para
dichos trabajadores.
Esta medida es considerada por todos los encuestados, como un mecanismo que
permitirá una mayor credibilidad en la justicia.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
3. CONCLUSIONES
1. En el desarrollo de la historia desde el surgimiento de la relación obrero -
patronal el hombre ha buscado mecanismos de defensa de sus derechos como
trabajador.
2. El sentido primordial del Derecho del Trabajo, es “la protección al trabajador”,
principio que desde sus inicios históricos ha tendido a proteger a la parte más
débil de la relación bilateral, el trabajador, en ese contexto la necesidad de
incorporar la Defensa Publica de Derechos Laborales para trabajadores que
perciban bajos ingresos económicos, es una propuesta coincidente con la esencia
del Derecho del Trabajo.
3. El conocimiento de sus derechos por parte del trabajador es de fundamental
importancia, para hacerlos valer ante el empleador, sin embargo su conocimiento
de nada sirve si el trabajador no tiene los medios para hacerlos valer.
4. Una contribución importante para el reconocimiento de los derechos de los
trabajadores, es la incorporación de la defensa pública en materia laboral, ya que
de este modo los trabajadores, podrán enfrentarse a los empleadores con el
patrocinio de un abogado proporcionado por el Estado, permitiendo igualdad en
la relación obrero patronal.
5. Muchos bolivianos al carecer de trabajo emigran fuera del país, cuyo índice es
realmente alarmante y sigue un ritmo de crecimiento sin duda perjudicial para la
nación, aspecto que debe ser considerado, incorporando políticas de protección
de los trabajadores, que permita mejores condiciones de vida laboral.
6. Una de las políticas de protección del trabajador, bajo la perspectiva del presente
trabajo de investigación, es la incorporación de la Defensa Pública de derechos
laborales.
7. El Estado Plurinacional de Bolivia, tiene la obligación de otorgar la defensa a
todo imputado y a nuestro parecer a todo trabajador que sea atropellado en sus
derechos laborales, carente de recursos económicos, como en todos los países, se
está procurando.
8. La defensa pública en Bolivia, está atravesando graves problemas económicos y
de excesiva carga, por lo que para incorporar la defensa pública en materia
laboral, se deben encontrar mecanismos que permitan recursos independientes,
que no coincidan con la problemática actual de la defensa pública en materia
penal.
9. La mayoría de los trabajadores y ex-trabajadores se sienten dañados en sus
derechos laborales por parte de sus empleadores, sin embargo, la mayoría no
realiza reclamo alguno ante el Ministerio de Trabajo, y mucho menos ante Juez
en materia laboral las mismas llegan a ser victimas silenciosas.
10. La mayoría de los trabajadores y ex trabajadores, que no pueden arribar a un
acuerdo con el empleador, no cuentan con los recursos económicos para
contratar a un abogado que le patrocine un proceso judicial, a su favor.
11. Todos los trabajadores y ex trabajadores encuestados, en el trabajo de campo de
la presente investigación, considera que la falta de dinero es un obstáculo para
hacer valer sus derechos.
12. En Latinoamérica, existe una tendencia generalizada de incorporar dentro de la
Defensa Publica, la materia laboral.
13. El Estado Plurinacional de Bolivia, conforme su nueva concepción
constitucional, no puede estar ajeno a las necesidades de los trabajadores.
14. La incorporación de la Defensa Pública de Derechos Laborales a favor de
trabajadores que perciban bajos ingresos económicos, permitirá un mayor acceso
a la justicia, mayor igualdad jurídica y mayor credibilidad en la justicia.
4. RECOMENDACIONES
Consecuentes con las conclusiones arribadas en el presente trabajo que son fruto de la
investigación doctrinal y jurídica, del tema de análisis, la misma que fue coadyuvada por
un importante trabajo de campo, recomendamos la incorporación de la Defensa Pública
en materia laboral, a favor de trabajadores que perciban bajos ingresos económicos y/o
que perciban como salario hasta el doble del mínimo nacional.
MARCO PROPOSITIVO
Anteproyecto de Ley
JUAN EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL:
Exposición de Motivos:
Por cuanto existen amplios grupos sociales como el de los trabajadores de bajos
ingresos salariales, que no pueden acceder de manera directa a una defensa de sus
derechos laborales por la falta de dinero.
Este tipo de demandas laborales se dan principalmente por efecto de despidos
injustificados, falta de pago de sueldos, no cancelación de lactancia, etc., y se emplaza
al Ministerio de Trabajo poder dar solución a este tipo de problemas laborales, por otro
lado se conmina al empleador, quien en su gran mayoría rehúsa cancelar lo que
legítimamente corresponde e inclusive rehúsa asistir a reuniones de conciliación laboral,
pues tan solo reconoce que el ministerio es una instancia mediadora y que el trabajador
por falta de dinero no podrá acceder a un abogado laboralista que atienda sus demandas,
El Estado boliviano ve por pertinente restablecer los derechos laborales de cada
trabajador y ex trabajador mediante la creación de una Defensa Publica de Derechos
Laborales, esto como un mecanismo de acceso a la aplicación de la justicia para
trabajadores con bajos recursos económicos.
Pues los trabajadores aportantes y ex trabajadores de las diferentes empresas,
instituciones y otras instancias laborales, deben acceder a un servicio de asistencia
pública con respecto al respecto y aplicación de la justicia, en vista de que la
Constitución Política del Estado como máxima instancia y Ley de Leyes, establece que
los derechos y beneficios, reconocidos a favor de los trabajadores no pueden
renunciarse.
En vista de que la justicia debe ser el principal garante de los derechos humanos, y al
mismo tiempo debe ser gratuito y eficiente, con cobertura nacional, se debe considera la
importancia de un Servicio Público de Defensa Legal, esto con la finalidad de que se
preste un servicio legal en materia laboral a toda la población que no puede contratar a
un abogado defensor privado y no quede en indefensión.
A partir de estas consideraciones, se presenta ante la cámara de la Asamblea Legislativa
el presente Anteproyecto de ley, que pretende no solo cuidar y preservar el derecho que
todo trabajador y ex trabajador tiene con respecto a sus beneficios sociales y económicos
sino también el cumplimiento de la Ley y la aplicación de justicia en todas sus
instancias.
Conforme lo establecido en la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
PLURINACIONAL DE BOLIVIA; Capitulo Quinto (Derechos Sociales y
Económicos): Articulo 48 numerales: I, II, III y IV del la Sección III (Derecho al
Trabajo y al Empleo).
. La Ley General del Trabajo. En sus: Art. 4 y 13. El Código Procesal del Trabajo.
En sus: Art. 1, 2, 3 y 4. El Reglamento de la Ley General del Trabajo, en su: Art. 8. y
otras normas legales, que refieren a los derechos de los trabajadores.
C O N S I D E R A N D O:
Que el artículo 4. Del TITULO I.- (DISPOSICIONES GENERALES) DE
LA LEY GENERAL DEL TRABAJO señala: Los derechos que ésta Ley reconoce a los
trabajadores son irrenunciables, y será nula cualquier convención en contrario.
Que el artículo 13 del mismo título señala: Cuando fuere retirado el
empleado u obrero por causal ajena a su voluntad el patrono estará obligado,
independientemente del desahucio, a indemnización por tiempo de servicios, con la
suma equivalente a un mes de sueldo o salario por cada año de trabajo continuo y si los
servicios no alcanzan a un año, en forma proporcional a los meses trabajados,
descontando los tres primeros que se reputan de prueba. Si el trabajador tuviese más de
ocho años de servicio, se percibirá la indicada indemnización, aunque se retirare
voluntariamente.
Con referencia al Código Procesal de Trabajo:
Que el artículo 1.- señala: El Código Procesal del Trabajo regulará los
modos y las formas de tramitación y resolución de todos los asuntos relativos a las
cuestiones laborales, cuyo conocimiento corresponde a la Judicatura del Trabajo y de
Seguridad Social
Que el artículo 2.- Señala: Este Código dará autonomía a los
procedimientos del trabajo y eliminará todo uso y remisión a las normas adjetivas de
otros campos jurídicos. Tiene como finalidad esencial reforzar los poderes del juzgador
y de las autoridades del trabajo, respecto a la dirección del proceso y todos los trámites
en materia laboral y de seguridad social.
Que el Artículo 3.- Señala que Todos los procedimientos y trámites se
basarán en los siguientes principios.
a) Gratuidad, por el que todas las actuaciones en los juicios y trámites del trabajo
serán absolutamente gratuitas.
b) Inmediación, por el que es obligatoria la presencia del juzgador en la celebración
de las audiencias, la práctica de las pruebas y otros trámites.
c) Publicidad, por el que las actuaciones y trámites del trabajo serán eminentemente
públicos, es decir, que a ellos pueden asistir todos los que libremente así lo
deseen.
d) Impulsor de oficio, por el que los juzgadores tienen la obligación de instar a las
partes a realizar los actos procesales bajo conminación de seguir adelante en caso
de omisión.
e) Preclusión, por el que el juez, no cumplido por la parte un acto procesal, dentro
del tiempo conferido por la Ley, determina la clausura de la etapa procesal
respectiva.
f) La lealtad procesal, por la que las partes ejerciten en el proceso una actividad
exenta de dolo o mala fe.
g) Proteccionismo, por el que los procedimientos laborales busquen la protección y la
tutela de los derechos de los trabajadores.
h) Inversión de la prueba, por el que la carga de la prueba corresponde al empleador.
i) Concentración, por la que se evita la diseminación del procedimiento en
actuaciones separadas.
j) Libre apreciación de la prueba, por la que el juez valora las pruebas con amplio
margen de libertad conforme a la sana lógica, los dictados de su conciencia y los
principios enunciados.
Que el artículo 4.- Señala En materia de trabajo y seguridad social, la
autoridad judicial tiene una función activa de acuerdo con el principio inquisitivo y de
dirección procesal, de tal suerte, que de oficio puede analizar su propia competencia, la
capacidad de las partes, llamar nuevos testigos, provocar peritajes, conminar la
presentación de pruebas a las partes, y adoptar las diligencias para mejor proveer lo que
juzgare conveniente.
Con respecto al Reglamento de la Ley General del Trabajo:
Que en su artículo 8.- Se señala: Cuando fuere retirado el trabajador por
causa ajena a su voluntad, el patrono estará obligado, independientemente del desahucio,
a indemnizarlo por tiempo de servicios, con la suma equivalente a un mes de sueldo o
salario por cada año de trabajo continuo; y si los servicios no alcanzaron a un año, en
forma proporcional a los meses trabajados, descontando los tres primeros meses, que se
reputan de prueba; excepto en los contratos de trabajo por tiempo determinado, que no
sufrirán ningún descuento de tiempo. Se reputa como período de prueba sólo el que
corresponde al inicial de los primeros tres meses más no a los subsiguientes que resulten
en virtud de renovación o prórroga. Si el trabajador tuviera más de 15 años de servicios
y el obrero más de 8 años percibirá la indicada indemnización aunque se retirase
voluntariamente. Para los efectos de esta indemnización se computará el tiempo de
servicios desde la promulgación de la ley que se reglamenta.
Que es necesario dictar el presente Anteproyecto de Ley que tiene por
objeto la creación de la Defensa Publica de derechos Laborales a fin de brindar un
mecanismo de apertura al acceso a la justicia a trabajadores de escasos recursos
económicos.
EN CONSEJO DE GABINETE,
POR CUANTO DECRETA:
Que considerando los artículos correspondientes anteriormente mencionados de la
Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. La Ley General del Trabajo.
El Código Procesal del Trabajo y el Reglamento de la Ley General del Trabajo, se
decreta lo siguiente:
Art. I (Objeto).- El presente anteproyecto de Ley tiene como objeto Crear la
Defensa Publica de Derechos Laborales para todos los trabajadores y ex trabajadores de
escasos recursos económicos que no pueden acceder a la aplicación de justicia en el
ámbito laboral.
Art. 2 (Fundamentos y concordancia).- En concordancia con la Constitución Política del
Estado Plurinacional de Bolivia, la Ley General del Trabajo, el Código Procesal del
Trabajo y El Reglamento de la Ley General del Trabajo, el presente anteproyecto
considera lo siguiente:
CAPITULO I
CREACIÓN DE LA DEFENSA PÚBLICA DE DERECHOS LABORALES,
COMO UN MECANISMO QUE PERMITIRÁ EL ACCESO DE LOS
TRABAJADORES CON BAJOS INGRESOS ECONÓMICOS A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Art. Correspondiente.- Debe ser política de todo Estado, conceder una atención
privilegiada a los trabajadores y ex trabajadores con problemas de acceso a la justicia en
materia Laboral.
Art. Correspondiente.- Prestar asistencia jurídica a numerosos grupos de trabajadores
sin recursos económicos.
Art. Correspondiente.- Creación de nuevas Oficinas de Defensa Pública en Materia
Laboral mediante un instrumento legal, que permitirá cumplir con el objetivo de velar
los derechos fundamentales de cada persona y la oportuna defensa de los trabajadores
que no cuenten con recursos económicos.
El Presidente del Estado Plurinacional, en su despacho, queda encargado de la
ejecución y cumplimiento de la presente Ley.
DISPOSICIONES FINALES
Artículo Correspondiente.- (Vigencia). La presente ley, una vez aprobada, sancionada
y promulgada será de aplicación inmediata a partir de su correspondiente publicación en
la Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los 20 días del mes de
Enero de dos mil trece años.
FDO. EVO MORALES AYMA.
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA.
BIBLIOGRAFÍA
- ALONZO GARCÍA, Manuel. “Curso de Derecho del Trabajo” .Edit., Barcelona.
1985
- CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. “Diccionario Jurídico Elemental”
Editorial Heliasta., Argentina. 1993.
- CLAVEL, Hernán “Apuntes de la cátedra de Derecho Laboral. 2005.
- CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO PLURINACIONAL, Cap. 5to.
Derechos Sociales y Económicos, Sección III, Derecho al Trabajo y al empleo.
2009
- DECRETO REGLAMENTARIO DE LA LEY GENERAL DEL TRABAJO,
Decreto Supremo No. 224 de 23 de Agosto de 1943.
- DEL GRANADO COSSIO, Juan. “Manual de Legislación del Trabajo”. Citado
por JIMÉNEZ SANJINES, Raúl. “Lecciones de Derecho Laboral. Tomo I. 2001.
- ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Driskill SA Tomo VII. 1991.
- JIMÉNEZ SANJINES, Raúl. “Lecciones de Derecho Laboral. Tomo I. 2001.
- LEY GENERAL DEL TRABAJO, Decreto Ley de 24 de Mayo de 1939, elevado
al rango de ley el 8 de diciembre de 1942.
- MONTOYA MELGAR, Alfredo. “Derecho del Trabajo”. Ed. Madrid España,
1993.
- OSSORIO, Manuel. “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”,
26ª. Edición Actualizada, Editorial Heliasta. 2004.
- PLÁ RODRÍGUEZ, Américo “Los Principios del Derecho del Trabajo”,
Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1978.
- SAAVEDRA LLANO, Luis, Aspectos Demográficos de Bolivia, Diciembre
1972.
- TRIGOSO AGUDO, Gonzalo, “Apuntes de la cátedra de Derecho Laboral. 2005.
- VIAÑA, Guillermo, “Apuntes de Constitucional I”. Normas legales consultadas.
2003.
Páginas Web Consultada:
- Centro Internacional para Investigaciones, en Derechos Humanos (CIIDH),
[email protected], http://www.ciidh.org, Guatemala 30 de abril 2008.
ANEXOS
DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO
Ministerio de Trabajo La Paz- Bolivia
Unidades del Ministerio de Trabajo
Dirección de trabajo y previsión Social
MINISTRO DE TRABAJO EMPLEO Y PREVISION SOCIAL
Señor Calixto Chipana (2009)
El señor Ministro de trabajo en ocasión de hacer entrega de reconocimientos a los
funcionarios destacados de esa institución.
ENTREVISTA LOGRADA AL VICE MINISTRO DE
TRABAJO DR. MIGUEL ANGEL ALBARRACIN.
Dr. Miguel Ángel Albarracín Paredes ex Ministro de Trabajo y Previsión Social
SONDEOS EN LAS CALLES DE LA CIUDAD DE
LA PAZ.
Encuestas en las calles de la ciudad de La Paz al respecto de la creación de Defensorías
Publicas Laborales la aceptación fue rotunda.
SOLICITUD DE PERMISO AL JEFE DEPARTAMENTAL DE
TRABAJO PARA REALIZAR ENCUESTAS AL INTERIOR DE
ESTA REPARTICION.
CUESTIONARIO DIRIGIDO A PERSONAS
QUE ACUDEN A LA INSTANCIA CONCILIADORA DEL
MINISTERIO DE TRABAJO.
1.- ¿A que se debe su presencia en el Ministerio de Trabajo?
a) Consulta Laboral
b) Denuncia por Despido Injustificado
c) Reclamo de Horas Extras de trabajo no pagados
d) Reclamo de Horas Extras de trabajo No Pagados
e) Reclamar Vacaciones
f) Reclamo Por días Feriados y Domingos No
Pagados
g) Acoso Laboral
h) Reclamar Bono de Antigüedad
i) Reclamar Subsidios de Lactancia y Maternidad
j) Otros
2.- ¿Viene en compañía de su abogado?
3.- ¿Si no llega a solucionar su conflicto en esta instancia, tiene los recursos
económicos para contratar a un abogado que lo patrocine en un proceso
Judicial?
4.- ¿Considera que la falta de dinero es un obstáculo para que ud. haga valer sus
derechos laborales?
5.- ¿Estaría de acuerdo con la posibilidad de que el estado le proporcione
gratuitamente un abogado para que defienda sus derechos laborales?
6.- ¿Ud. Cree que la incorporación de la Defensa Publica de Derechos Laborales para
trabajadores que perciban bajos ingresos económicos, permitirá un mayor acceso a la
justicia, mayor igualdad jurídica y mayor credibilidad en la justicia?
7.- ¿Cómo considera esta medida?
ENTE MATRIZ DE LOS TRABAJADORES DE
BOLIVIA – LA COB.
El Presidente de la Republica Dn. Evo Morales Ayma junto al líder de los
trabajadores de Bolivia Dn. Pedro Montes.
TRABAJADORES; LOS MISMOS QUE EN SU MAYORIA
SERAN BENEFICIADOS POR LAS DEFENSORIAS PUBLICAS
LABORALES.
Trabajadores textileros en su cotidianidad.
TRABAJADORES DE EMPRESAS DE SERVICIO Y
VENTAS TAMBIEN SERAN BENEFICIADOS CON LAS
DEFENSORIAS PÚBLICAS LABORALES.
Empleados de servicio y de instituciones que ganen hasta el doble del mínimo
nacional serán los beneficiados con este proyecto.
CUESTIONARIO DIRIGIDA A CONCILIADORES DEL
MINISTERIO DE TRABAJO.
SOLICITUD DE INFORMACION AL JEFE DEPARTAMENTAL
DE TRABAJO.
INFORME DEL DR. POLANSKID CERRUDO FUNCIONARIO
DEL MINISTERIO DE TRABAJO.
INFORME DE LA LIC. MARIA QUISPE CHUQUIMIA
FUNCIONARIA DE VENTANILLA UNICA DEL MINISTERIO
DE TRABAJO.
INFORME DEL LIC. RAUL MORALES MERCADO
FUNCIONARIO DE LA DIRECION GENERAL DEL
MINISTERIO DE TRABAJO.
INFORME DE COMPLEMENTACION EN EL QUE SE INDICA
QUE EL MINISTERIO DE TRABAJO NO CUENTA CON
INFORMACION SOLICITADA DE LAS GESTIONES 2003 –
2005.
LEGISLACION COMPARADA; CHILE INCORPORA LA
DEFENSORIA PÚBLICA DEL TRABAJADOR
Se viene la Defensoría Pública del Trabajador.
Enviado por John Parada el 01/05/2007 a las 23:20
La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, ha anunciado el 30
de abril, la creación de una novedosa figura jurídica, la
Defensoría Pública Laboral. Ha manifestado, que antes del 21 de
mayo, enviará al Congreso el respectivo proyecto de ley que
modifique la legislación laboral, creando esta relevante institución.
¿Qué es la Defensoría Pública Laboral?. Se trata de una figura que
patrocinará y representará judicialmente y de manera gratuita a
los trabajadores que no cuenten con la asesoría letrada de un abogado
laboralista en todos los juicios en que litiguen en contra de su respectivo
empleador.
Cabe señalar que esta institución, en caso de aprobarse su existencia por
el Parlamento, tendrá lugar en el marco de la Reforma Procesal Laboral que comienza a regir en todo
Chile el 1º de marzo de 2008 (salvo que se postergue esta reforma, como ya algunos han solicitado). Por
ende, existe la posibilidad real de que durante el inicio de este nuevo procdemiento laboral, aún no exista
la Defensoría.
En la actualidad, la defensa jurídica gratuita de los trabajadores, está en manos de la Corporación de
Asistencia Judicial de la respectiva región en que litigue el trabajador. La gran crítica que la CUT y otras
organizaciones sindicales han elevado en contra de esta forma de proceder, es que la gran mayoría de los
casos son asumidos por los egresados de Derecho que realizan su práctica profesional en estos organismos
dependientes del Ministerio de Justicia que, según ellos, no cuentan con la debida experiencia para
enfrentar a los abogados asesores de los empleadores, lo cual vulneraría el derecho a la defensa técnica
que la Constitución Política consagra. Más allá de comprender este juicio, que no comparto, pues
actualmente me desempeño como abogado de la Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso en la
cual la mayoría de los casos laborales los asumimos los abogados y no los practicantes, creo igualmente
necesario que se apruebe la creación de la Defensoría Laboral.
Como el Proyecto de Ley aún no se envía al Congreso, no se conoce todavía públicamente su contenido;
sin embargo ya se ha manifestado por el Ministro Osvaldo Andrade, que se tratará de una figura similar a
la que existe en el actual Proceso Penal, como lo es la Defensoría Penal Pública, es decir, que otorgará a
cada trabajador un abogado defensor quien litigará en contra del abogado del empleador, en iguales
términos y experticia.
No tengo más que valorar esta decisión política, que nace de una preocupación constante de la Senadora
Soledad Alvear, quien ya el año pasado presentó una moción para la creación de esta institución y que
ahora el Gobierno respalda mediante el envío del correspondiente Proyecto de Ley. Así, por fin los
derechos constitucionales y laborales de los trabajadores de derecho podrán hacerse valer en juicio en
igualdad de condiciones respecto a su contraparte-empleador, cumpliendo de tal manera con el mandato
constitucional de la debida existencia de la defensa técnica y del principio de igualdad ante la ley.
¿Cómo ven ustedes este proyecto?, ¿qué puntos no debería omitir y que permitan una mejor defensa
judicial de los trabajadores?. John Parada, abogado, coordinador de Atina V.
SOLICITUD DE AUDIENCIA AL SEÑOR MINISTRO DE
TRABAJO ALEX GALVEZ MAMANI AL RESPECTO DE MI
PERFIL DE TESIS, EL MISMO QUE NO ACCEDIÓ.
SOLICITUD DE AUDIENCIA CON LA SEÑORA MINISTRA DE
JUSTICIA CASIMIRA RODRIGUEZ AL RESPECTO DE MI
TESIS, LA MISMA QUE NO ACCEDIO A ESTA ENTREVISTA.
