La dinámica de la reconstruccion del Estado boliviano y el conflicto del TIPNIS

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  • 7/31/2019 La dinmica de la reconstruccion del Estado boliviano y el conflicto del TIPNIS

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    Los conictos de los ltimos me-

    ses apuntan al trasfondo an no

    resuelto de la crisis de Estado

    que sufri el pas en 2003. Elactual gobierno logr reconstituir

    la institucionalidad del Estado en gran me-

    dida, pero no resolvi ese trasfondo, por

    lo que este trabajo comienza tomando los

    elementos clave de dicha crisis, ms allde lo poltico institucional.

    DINMICA NACIONAL Y GLOBAL

    Las posibles derivaciones institucionales ypolticas a consecuencia del conicto pre -

    sentado por el proyecto de construccin de

    una carretera interdepartamental (e inter-

    nacional) que atraviesa e l Territorio Indge-

    na y Parque Nacional Isiboro Scure de-

    ben analizarse en relacin a una dinmica

    que podramos llamar una post-crisis del

    Estado Boliviano. Al decir una post-crisis

    me refero a que la crisis sigue subyacente,

    como trato de explicar a continuacin.

    El actual gobierno encabezado por un diri-gente campesino indgena, algo inveros-mil en la historia latinoamericana, no hu-

    biera podido acceder a la administracindel Estado y mantenerse all, sino es porla fuerza de los procesos desencadena-dos a partir de la profunda crisis de Estadoproducida en 2003.

    El Estado comenz a vivir una crisis de

    legitimidad a partir de la Guerra del Agua

    del 2000, que en el ao 2003 se acentu

    marcadamente. La crisis tuvo varios com-ponentes, siendo un factor clave el que la

    coalicin social que dominaba la adminis-

    tracin del Estado, por entonces constitui-

    da por las clases propietarias y los sectores

    dominantes de la economa, se fragmente

    y no logre defnir un programa comn quele permita reconstituirse y gobernar. Hay

    otros factores, incluso aquellos que f ueron

    desencadenantes, a algunos de los cuales

    nos referimos ms adelante.

    Recordemos que el pacto por la democra-cia, la democracia pactada, no se reducea un arreglo institucional sino que es unprograma extenso que propone un mode-lo de acumulacin distinto al predominan-te hasta entonces y que es ampliamenteconocido como el programa neoliberal asu vez parte del proceso de globalizacindel capitalismo 1.Los estallidos sociales de febrero y oc-tubre de 2003 reejan la incapacidad del

    La dinmica de la recons-

    truccin del Estado

    Elhombreenemigodelhombre(detalle),DiegoMorales,leo1997.

    boliviano y el conficto del TIPNIS

    bloque entonces dominante para seguirgobernando basndose en ese modeloy en ese programa que vena llevndosea cabo desde 1985. Lo que se evidenciaentre 2003 y 2004 no es simplemente lacrisis de un pacto institucional o un mode-lo de manejo de las instituciones polticasdel Estado, sino el vaco dejado por la fal-

    ta de un programa de gobierno basado enun modelo de acumulacin viable. Podradescribirse como la crisis de la coalicinsocial dominante, la incapacidad de esacoalicin social para seguir gobernandocon sus propios instrumentos o sea, consus propios partidos polticos y demsaparatos del estado-nacin democrtico.

    Esa viabilidad estara dada no slo, o nosimplemente, por la factibilidad tcnica deun proyecto de modernizacin, sino por

    la factibilidad poltica y social para impo-ner o desarrollar ese proyecto. En primerlugar, lo que haca inviable ese proyectode modernizacin era la falta de un con-senso para acordar un programa comnentre las mismas clases propietarias y do-minantes que hacen al ncleo de la coali-cin social de Estado. En segundo lugar el

    proyecto neoliberal con su andamiaje ins-titucional de pacto por la democracia dejde ser viable por la resistencia social tantourbana como rural que haba despertado.

    Un elemento muy poco considerado res-pecto a la novedad de esa resistencia so-cial, es que la Guerra del Agua ha logradoconstituir un bloque social urbano-ruralexcepcional en la historia boliviana, quelogra superar las diferencias importantesque siempre han existido entre los secto-

    res populares del campo y de la ciudEse bloque tambin cont con un apimportante de sectores propietarios unos. La otra novedad histrica, es quebloque de resistencia ya no se da bajhegemona de los sectores obreros, de quienes se reclaman originarios cpesinos indgenas.

    Lo que estaba sealando esa insurgcia indgena campesina y su progrehegemona poltica sobre otros movimtos sociales, es que los de abajo ya nodejaban gobernar. Aspiraban a establsus propias formas de ejercicio de sobna y de all el hecho de que la demade Asamblea Constituyente fuera unacesidad sentida, quedando esa demapoltica a la altura de las necesidadessicas de las comunidades que se movi

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    ron en busca de ese objetivo. La discusinde la propuesta constitucional elevada porlos pueblos indgenas, originarios y cam-pesinos a la Asamblea Constituyente de2006 considero que no tiene anteceden-te en cuanto a que fue verdaderamentediscutida en comunidades de base, en unproceso de carcter democrtico extraor-dinario. Este hecho termina reejndoseen la propia Constitucin, en su artculo7: La soberana reside en el pueblo boli-viano. Se ejerce de forma directa y dele-gada. Este artculo revoluciona la institu-cionalidad poltica conocida hasta ahora.

    El marco general en el que se producenlos hechos de Bolivia estara marcadopor un proceso de largo alcance que lacorriente del sistema-mundo denominaun ciclo de declinacin civilizatoria global

    (IPSR 1998, Friedman 1998). Esa declina-cin civilizatoria se expresa en la declina-cin, prdida de legitimidad y de funciona-lidad del instrumento poltico fundamentala travs del cual tuvo lugar la expansinde la civilizacin burguesa que es el Es-tado-nacin.

    Hago notar aqu que el programa polticodel Estado nacin es el programa de lahomogenizacin y ciudadanizacin cultu-ral, lingstica y de clase, donde el nicosujeto poltico colectivo es el mismo esta-do en el que se deposita la soberana y setrata de elevar por encima de la sociedad,mientras la poblacin es reconocida jurdi-camente como compuesta por individuos.La forma jurdica de la sociedad burguesaest constituida por la ccin de los dere-chos individuales y supone la inexistencia

    de sujetos colectivos dotados de sobera-na. La emergencia de los pueblos indge-nas que se inicia en los aos 1970s poneesa forma jurdica en cuestin. De all losintentos liberales de contener esa emer-gencia acudiendo al multiculturalismo, laspolticas interculturales y otras novedadesque desembocan nalmente en la ley deParticipacin Popular y la Reforma Educa-tiva y que, sin embargo, no logran neutrali-zar esa situacin de emergencia.

    El actual gobierno surge de la crisis deestado de 2003 a la que hago menciny logra remontarla pacicando el pas yrelegitimando el estado en gran medidaentre 2006 y 2009. El gobierno de EvoMorales asume para ello el carcter derbitro entre los distintos sectores radi-calizados del espectro tnico-econmicosocial del pas. Logra desmovilizar a lasorganizaciones sociales que lo respaldan,utilizando el espectro de un desmembra-miento del pas.

    REINGENIERA CONSTITUCIONAL, DE-RECHO AL AUTOGOBIERNO Y BURO-CRATISMO DE ESTADO

    Bajo el gobierno de Evo Morales tiene lu-gar una reingeniera constitucional que,en el papel, revoluciona las institucionesde la Repblica y supone el nacimientode un Estado Plurinacional. Pero este go-bierno a la vez reeja una dinmica propiaque presenta una paradoja que es la queno permite avanzar en esas medidas re-volucionarias de reingeniera institucionalmientras, discursivamente, se proclama eldepositario de ese mandato para forjar unEstado P lurinacional.

    A partir de 2010 se puede evidenciar que,poco a poco, van reemergiendo las con-diciones de la crisis de Estado, debido aque esa reingeniera entra en contradic-cin con el carcter del propio gobierno,de su aparato burocrtico-partidario y sucreciente alianza con los sectores domi-nantes de la economa. A la vez que surol de rbitro aparece cuestionado y ame-nazado, la cabeza de gobierno intenta in-clinarse tanto a nivel discursivo como enalgunas polticas nacionales, hacia unadoctrina y un programa que intentan re-ciclar la revolucin de abril de 1952, conpocas posibilidades de concrecin, a mijuicio.

    El programa neo-nacionalista tiene unabase de sustentacin real en el hecho deque, por un lado, el poder indiscutible delos Estados Unidos est en cuestin y lodesafan poderes regionales como el deBrasil. Por el otro lado, la elevacin de

    Las manos del apartheid, Diego Morales, leo 1985.

    precios de materias primas le permite unaposicin relativamente holgada en suscuentas scales.

    Por el lado inverso, las decisiones polti-cas que va adoptando el gobierno lo lle-van a crecientes contradicciones con res-pecto a los varios factores que inuyen enla actual situacin. En primer lugar, la doc-trina de fortalecimiento del Estado-nacincontradice los trminos de la reingenieraestablecida en la nueva Constitucin Pol-tica del Estado. En segundo lugar, la par-lisis del sistema econmico mundial haceque ese desafo a la potencia mundial selleve a cabo en tales trminos de subor-dinacin a la potencia regional del Brasil,que le dejan un margen muy estrecho deautonoma.

    El gobierno nacional entr en varios con-ictos con las jurisdicciones indgenas altratar de imponer polticas extractivistascon vistas a mantener una balanza depagos favorable. El autogobierno ind-gena es una forma de control territorialejercido por las comunidades tanto andi-nas como de tierras bajas que ha sufridomuchsimos altibajos a lo largo de la do-minacin colonial y posteriormente en elperodo republicano, en cuyos detalles nopodemos entrar por la extensin del pre-sente documento. Sin embargo, vale lapena explicar que ese autogobierno, quetuvo ms o menos vigencia dependien-do de las relaciones de fuerza existentesen cada perodo histrico, cobr enormefuerza y actualidad desde la emergenciaindgena de los aos 70s. Fui testigo decmo la autoridad indgena desplaz a losjueces agrarios primero en los aos 80s,luego desplaz paulatinamente a las au-toridades delegadas del poder ejecutivo anivel local. Recin comienza a producirseun receso en ese proceso de dislocamien-to de la autoridad estatal por parte de laautoridad indgena cuando entra en vigorla ley de participacin popular (LPP) en1994. El Estado descentraliz parte desus poderes (y presupuesto) en autorida-des locales y se inicia entonces una pug-na que afecta lo que hasta entonces erauna jurisdiccin indgena en los hechos,aunque no reconocida legalmente hastaall. Paradjicamente la LPP reconoce lapersonera jurdica de las comunidades,pero no reconoce las competencias quede hecho el gobierno comunal ha ejercidohasta entonces. La ley establece las con-diciones para neutralizar a los gobiernoscomunales indgenas originarios de ma-nera que sus competencias territorialessean asumidas por los gobiernos munici-pales y el Estado pueda recuperar partedel control territorial que antes de la Re-

    forma Agraria haba sido ejercido a travsde los hacendados y luego por medio delPacto Militar Campesino.

    En reaccin a la incidencia obvia que laLPP iba a tener sobre la jurisdiccin terri-torial indgena, una parte del movimientocampesino (y no fueron los cocaleros dela FETCTC los que tomaron la iniciativa)encabezada por la Federacin nica deTrabajadores Campesinos de Cocha-bamba (FSUTCC), tom la iniciativa deorganizar el Instrumento Poltico (IPSP,inicialmente denominado ASP para nes

    electorales) en un Congreso nacional rea-lizado en Santa Cruz. El objetivo expresode ese instrumento, denominado brazopoltico de las organizaciones campesinase indgenas, era la defensa de la Tierra y elTerritorio. Es decir, no se trata del objetivonacionalista y de defensa del Estado na-cional que posteriormente introduce EvoMorales y su grupo cuando tiene lugar lareorganizacin del IPSP y toma la deno-minacin electoral de MAS. Las tensionesal interior del I PSP, entre la burocracia quecomienza a formarse en torno a las alcal-das ganadas por medio de las eleccionesmunicipales por un lado, y por el otro, lascomunidades como tales que tratan demantener el IPSP como instrumento desus organizaciones se empiezan a resol-ver a partir de las elecciones nacionalesde 1997 a favor del sector burocratizado,conformado por funcionarios electos y pordirigentes campesinos designados en di-ferentes puestos del Estado.

    Esta explicacin nos interesa para la dis-cusin presente porque muestra cmo latensin que emerge con el conicto por el

    TIPNIS no es un resultado de una funcingubernativa reciente sino que empez adesarrollarse desde los primeros aos dela intervencin electoral del IPSP. La rela-cin de fuerzas interna de los movimien-tos campesinos indudablemente se volca favor de los sectores burocratizados ydirigentes que fueron cooptados por elaparato estatal, con mucha fuerza desdeel ao 2002. A la vez conviene recordarque en ese mismo ao de 2002 se lleva cabo la IV Marcha de Tierras Bajas (Ro-mero, 2005) para reclamar la convocatoriade una Asamblea Constituyente Sobera-na y Fundacional. Esa marcha indgena,apoyada por sectores campesinos entreellos tambin la FSUTCC (la federacinde campesinos andinos de Cochabamba)y el MST (Movimiento Sin Tierra) tuvo queenfrentar el antagonismo de los cocaleros(FETCTC) cuando atravesaron el Chapa-re y al propio Evo Morales que sostenaque era una marcha sostenida por la em-bajada. No hay mucho nuevo bajo el sol.

    Las relaciones de fuerza favorablesaparato del MAS sin embargo sufrieun revs muy fuerte durante la AsamConstituyente, pese al hecho de que lade convocatoria fue elaborada con ede que sea intermediada exclusivamepor los aparatos partidarios existentesproyecto constitucional aprobado enciembre de 2007 en la ciudad de Orcontiene una porcin sustancial de aqlla propuesta que fuera elaborada poPacto de Unidad de las organizacioindgenas, originarias y campesinas y vada a la Asamblea en agosto de 200

    En qu consiste bsicamente la ingeniera institucional establecidala nueva Constitucin, pese a los aglos introducidos ilegalmente porParlamento en octubre de 2008?

    Si bien se trata de un texto que conticontradicciones entre su parte fundamtal y aquellas partes que de hecho inducen una reglamentacin obstructivaartculos 1, 2 del Captulo I, ModeloEstado, el artculo 7 del Captulo solos principios, valores y nes del Estad

    los artculos correspondientes al capCuarto De la Jurisdiccin Indgena Onaria Campesina con base en el previotculo 178 inciso II y, en el mismo capCuarto, los referentes a los Derechoslas Naciones y Pueblos indgena origrio campesinos, estas disposiciones inducen una revolucin institucional.

    El modelo de Estado Unitario de DerePlurinacional se funda en el pluralispoltico, econmico, jurdico, culturalingstico, dentro del proceso integradel pas (art 1). Es posible que algulegisladores presentes en el Parlame

    Dicho pluralismo puede ser

    de carcter subordinado o carcter radical, segn est

    subordinado o, por el contra

    rio, est contrapuesto a las

    normas del derecho positivodel Estado. Esto tiene suma

    importancia para nuestro

    caso del TIPNIS y otros te-rritorios indgenas, pues en

    ellos prevalecen normas de

    derecho propio indgena qu

    rechazan aquellas normas Cdigo Civil que rigen el de

    cho absoluto al ejercicio de

    propiedad privada.

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    y en las negociaciones entre el Ejecutivoy los Prefectos en octubre 2008 hayancomprendido el alcance de la denicinPlurinacional y por ello lograron antece-der con el trmino de Derecho al trminoPlurinacional, lo cual aade un elementode confusin. Sin embargo, lo que esteartculo 1 establece sin lugar a dudas esque existe un pluralismo jurdico, lo que seratica en varios artculos arriba mencio-nados referentes a la jurisdiccin indgenaoriginaria. Pluralismo jurdico signica quecada nacin y pueblo indgena, en el mar-co de sus territorios autnomos, ejerce

    la autoridad en aplicacin de sus propiasnormas de derecho oral o no escrito.

    Dicho pluralismo puede ser de carctersubordinado o de carcter radical, segnest subordinado o, por el contrario, estcontrapuesto a las normas del derechopositivo del Estado. Esto tiene suma im-portancia para nuestro caso del TIPNIS yotros territorios indgenas, pues en ellosprevalecen normas de derecho propio in-dgena que rechazan aquellas normas delCdigo Civil que rigen el derecho absolutoal ejercicio de la propiedad privada.

    El artculo 2 garantiza la libre determina-cin de las Naciones y Pueblos indgenasoriginarios y su derecho a la autonoma yautogobierno. Ese mismo artculo 2 que

    establece la preexistencia de las nacionesy pueblos originarios indgenas est dandola pauta de que esas mismas naciones ypueblos deben ser reconocidos con todossus derechos territoriales. Lo que estaraimplicando este artculo es que el nuevoEstado de Derecho Plurinacional es re-sultado de un Pacto de Consociacin, unpacto entre naciones que incluyen tanto alos indgenas y a los no indgenas, y noes la continuidad del anterior estado re-publicano fundado por las castas criollasen 1825. Ms an cuando el artculo 7revierte aquella tradicin constitucionalanteriormente vigente que remita todala soberana al Estado y que considera-

    ba que la deliberacin y el autogobiernoconstituyen delito de sedicin. El artculo7 actualmente vigente, por el contrario,establece que el pueblo boliviano ejerce

    su soberana en forma directa (y tambinen forma delegada).

    Cmo debe entenderse entonces laconfrontacin por el derecho de variospueblos indgenas a decidir si la carre-tera cruza o no cruza por su territorio?

    Los pueblos dueos del territorio del TIP-NIS, al rechazar el proyecto caminero delgobierno (puesto en ejecucin sin consul-ta previa) lo que hacen ni ms ni menoses ejercer sus derechos de libre determi-nacin, autogobierno y ejercicio directo desoberana garantizados por la CPE, con-tra la voluntad de un gobierno que enton-

    Hay por tanto una modicacin de las relaciones de fuerza en

    un sentido desfavorable a los movimientos indgenas en ese aode 2008, modicacin que fue consolidada con la aprobacin del

    texto constitucional por referndum en enero de 2009. Esa mo-

    dicacin desfavorable de las relaciones de fuerza fue posible

    gracias a la intervencin del gobierno de Brasil.

    Los mamones, Diego Morales, leo/collage/tmpera 1992.

    ces queda debilitado en su rol de rbitro.Las relaciones de fuerza que haba, quehasta la aprobacin de la Constitucin porla Asamblea en Oruro eran favorables alos movimientos indgenas, a partir de allhaban quedado revertidas por accin delpropio gobierno que negocia con los pre-fectos y con el apoyo del gobierno brasile-ro (el UNASUR) la desguracin del textoconstitucional.

    Qu factores y fuerzas contribuyerona la transformacin de esas relacionesde fuerza?

    Se ha descrito la intervencin del UNA-SUR para iniciar las negociaciones en-tre la media luna y el gobierno como unaintervencin que fortalece al gobiernoy permitira una derrota poltico-militarde la derecha (Garca Linera, 2011). Porel contrario, la intervencin de UNASURfue consistente con las declaraciones delMinistro de Petrleo de Brasil en el mesde septiembre de 2008, amenazando algobierno que, en caso que no se sentaraa negociar con la media luna, el gobiernobrasilero iba a reconocer a los prefectosde la media luna como interlocutores enlas negociaciones sobre la exportacin degas al Brasil. Queda claro el asunto?

    De esa negociacin surge que las auto-nomas indgenas no pueden rebasar lasactuales delimitaciones departamentalesy que los lmites departamentales tienennivel constitucional y no pueden ser mo-dicados por ley. Las autonomas indge-nas, pese al texto claramente denido encuanto a la jerarqua constitucional de lasmismas, quedan as subordinadas a lasautonomas departamentales que asumenla jerarqua superior.

    Hay por tanto una modicacin de las re -laciones de fuerza en un sentido desfa-vorable a los movimientos indgenas enese ao de 2008, modicacin que fueconsolidada con la aprobacin del textoconstitucional por referndum en enerode 2009. Esa modicacin desfavorablede las relaciones de fuerza fue posiblegracias a la intervencin del gobierno deBrasil.

    De la misma manera los movimientos in-dgena originarios quedaron seriamentedebilitados cuando el gobierno bolivianocede a la presin brasilea y da el avalpara la construccin de las represas so-bre el ro Madeira, en territorio brasileoy afectando notablemente el territorio boli-viano bajo control indgena.

    El balance de las relaciones de fuerzaentre gobierno y movimientos indgenasse inclina en sentido opuesto es decir, enfavor de los movimientos indgenas origi-narios, con la derrota del decreto que au-menta los niveles de precio de l os combus-tibles en diciembre de 2010. Examinandoesa medida se puede observar que va di-rigida a garantizar una mayor retribucina las empresas petroleras operando enel pas, entre las cuales como es sabidotiene una posicin dominante Petrobras.Brasil y el gobierno boliviano retoman lainiciativa iniciando la ejecucin (inconsul-

    ta) de la carretera por el TIPNIS. Comoes sabido, este es un proyecto importantedel Brasil que da salida a su regin ama-znica hacia el Pacco, nanciado por elBanco brasilero de desarrollo y construidopor una empresa brasilera.

    rbitro entre qu, entre quienes?

    Analizando hasta aqu, parecera quedarclaro que el rol de rbitro que intenta ju-gar el gobierno no es simplemente entreaquellos sectores latifundistas y empre-sariales que estaban abanderados en losprefectos y comits cvicos de la medialuna por un lado, y los movimientos so-ciales e indgena originarios por el otro. Aesta altura parece desprenderse que eserol mediador lo desempeaba hasta cier-to punto entre los movimientos sociales yel capital transnacional que estaba escu-dado detrs del Comit Cvico de SantaCruz, siendo el gobierno brasilero quienpersonica al capital transnacional en for-ma directa. Las presiones del Brasil hanforzado un cambio en ese rol de rbitrode manera que se produce una subordi-nacin cada vez mayor a sus intereses yestrategia geopoltica expansionista.

    Cules son las implicancias institu-cionales directas del resultado del con-icto y de un posible cambio favorablea los movimientos indgenas origina-rios en las relaciones de fuerza?

    Es prematuro denir si el cambio en lasrelaciones de fuerza tiene una dinmicasuciente como para impactar en los arre-glos institucionales que han sido puestosen vigencia en la prctica y luego homolo-gados por las leyes que viene aprobandola Asamblea Legislativa en contradiccincon la ingeniera constitucional vigente.Es muy difcil que las organizaciones in-dgenas originarias, muy debilitadas porla desestructuracin, la cooptacin y tam-bin por otros factores adicionales comola extensin del narcotrco hacia muchas

    comunidades estn en condiciones de to-mar la iniciativa para lograr implementar

    un mayor grado de autonomizacin degobiernos comunales en territorios indnas.

    La dinmica en la situacin obedecla crisis global. Las dicultades que e

    atravesando el gobierno a raz de promas que estn surgiendo en el dcitcal y en la balanza de pagos, el aumeenorme en la importacin de bienes stuarios, la subvencin a sectores emsariales, etc. ponen presin para que

    autoridades intenten aumentar la consin de espacios para la extraccin derecursos naturales por parte de las mnacionales. Eso necesariamente va asultar en nuevos conictos por la defede los recursos naturales y de los espavitales de las comunidades como los se dieron en Challapata, lo que se planen la apertura de la minera del cobreCorocoro y las tensiones no resueltasSan Cristbal por el acceso a las fuende agua en disputa con empresas minetransnacionales. El tema del control soel acceso a los recursos naturales tambtender a agravarse si la economa glmarcha hacia una recesin, puesto qugobierno intentar compensar la bajaprecios con el aumento de los volmede exportacin, cosa de por s complicpor mercados bastante limitados.

    Para revalidar el proceso de relegitimadel Estado que tuvo lugar durante el mer perodo de gobierno de E vo Morasera necesario que este gobierno tomedidas que reviertan su modelo extravista. Modelo extractivista que es la saque alimenta el actual Estado neocoloPor ello y dado que es poco creble medida en el sentido de revertir las pticas extractivistas porque afectaran

    Por ello y dado que es pococreble una medida en el

    sentido de revertir las pol-

    ticas extractivistas porque

    afectaran la viabilidad delpropio gobierno, es sensat

    predecir que los conictos s

    irn exacerbando y con ello

    posibilidad de que los puebindgenas lleven a la prctic

    lo que establece la Consti-

    tucin a travs del ejerciciodirecto de su soberana comuna perspectiva cada vez

    ms prxima. La experienci

    as nos lo indica.

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    viabilidad del propio gobierno, es sensa--

    cerbando y con ello la posibilidad de quelos pueblos indgenas lleven a la prcticalo que establece la Constitucin a travsdel ejercicio directo de su soberana comouna perspectiva cada vez ms prxima.La experiencia as nos lo indica.

    Lo que s parece ser una consecuenciadirecta del triunfo popular en el caso delTIPNIS es la revitalizacin del bloqueurbano-rural. La conciencia solidaria quese haba formado en la guerra del agua

    del ao 2000 y que quedara astillada conlos sucesos de enero 2007 en Cochabam-ba renaci en La Paz cuando ingres laVIII Marcha indgena. El proceso de acu-

    gobierno con sus actuales polticas pro-

    extractivistas, bajo pretexto de mejorar lascondiciones de vida de la poblacin, seopone por el vrtice a esa conciencia soli-daria que se expres tambin como el r es-peto a la naturaleza contra el industrialis-mo y la modernizacin 2. As, apuntalandola revitalizacin de la conciencia solidariaes cmo y es cuando se puede viabilizarel modelo de transformacin civilizacionalque est en las mentes de quienes apoya-mos este proceso.

    Pablo Regalsky esPhD - antroplogo.

    BIBLIOGRAFA

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    Regalsky, Pablo. 2009. Las Paradojas del Proceso Cons-tituyente Boliviano. Cochabamba: CENDA

    Romero, Carlos. 2005. El Proceso Constituyente Bolivia-no. El hito de la Cuarta Marcha de Tierras Bajas . SantaCruz: CEJIS.

    1 David Harvey, el gegrafo que acu el trmino

    globalizacin, caracteriza ese modelo como de

    -

    ractersticas que tuvo el capitalismo en sus inicios,

    siendo la actual dinmica una forma de regresin ala acumulacin primitiva u originaria.

    2 Marx describe la acumulacin originaria como la

    destruccin de la solidaridad y las estructuras de

    poder de la sociedad tradicional a causa de las di-nmicas de explotacin puestas en marcha por el

    capitalismo. Tal y como subraya Immanuel Wallers-

    tein, no se trata de un hecho histrico propio de losorgenes del capitalismo, sino que persiste en la so-

    ciedad global de hoy, del mismo modo que ocurrie-

    ra en los albores de la modernidad. Esta condicin-

    cin y desarticulacin social, que implica al mismo

    complejos procesos de subjetivacin. Sin ttulo,Mario Conde, acuarela 35 x 50 cm. 2008.

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