1

LA ESTRATEGIA EUROPEA DE INCLUSIÓN ACTIVA

Francesco Maria Chiodi1

Abstract La Estrategia europea de inclusión activa se asienta en tres pilares integrados: (a) un apoyo a la

renta adecuado; (b) unos mercados laborales que favorezcan la inserción en el empleo y (c) el

acceso a servicios de calidad. El artículo analiza las bases conceptuales de cada pilar y la

fundamentación de su integración en una estrategia global, de tipo holístico, para combatir la

pobreza y la exclusión social. El primer pilar reafirma el derecho de todas las personas a contar con

recursos suficientes para vivir de manera conforme a la dignidad humana. En casi todos los países

europeos existen esquemas no contributivos de ‘renta mínima’ asociados a este derecho. El segundo

pilar se apoya en la convicción de que el empleo es la vía maestra para superar la pobreza. A partir

de la década de 1009, el cuestionamiento de las derivas asistencialistas del welfare y las propuestas

de ajuste de los regímenes de bienestar causadas por el problema de su sostenibilidad financiera,

han motivado una reorientación de las medidas de renta mínima. Se pretende la ‘activación’ de los

beneficiarios, apoyados por los servicios públicos, para que se inserten en el mercado laboral y

puedan renunciar cuando antes de las ayudas económicas. El paradigma de la activación no ha sido

interpretado y aplicado de la misma forma en los diferentes países europeos. Algunos de ellos

abogan por un mayor equilibrio entre responsabilidad individual y responsabilidad colectiva. Sin

embargo, la combinación entre renta mínima y medidas de activación no han sido capaces de

facilitar una salida duradera de la pobreza. A menudo redunda en una participación marginal en el

mercado de trabajo, a través de empleos inestables y escasamente retribuidos. A raíz de estas

limitaciones, la incorporación del tercer pilar responde a la necesidad de un diseño más amplio que

atienda las diferentes facetas de la condición de pobreza. Este pilar se refiere a un conjunto estructurado de servicios de calidad universales, accesibles y garantizados, en ámbitos tales como

la vivienda, el cuidado infantil y de otras personas dependientes, la salud, la formación, etc. De este

modo, la Estrategia de Inclusión Activa rebasa con creces el enfoque del welfare to work,

circunscrito a la dimensión laboral. Su modelo es más bien acorde a la filosofía de la ‘inversión

social’, que constituye el principal paradigma de referencia en Europa sobre el rol de las políticas

sociales. El Paquete de Inversión Social, del cual la Estrategia es parte, enfatiza en la función

preventiva de las políticas sociales y la formación del capital humano, asumiendo como horizonte

de acción el curso de vida de las personas, en particular las fases cruciales de su existencia.

El artículo finaliza con las algunas reflexiones sobre las afinidades conceptuales entre la Estrategia

europea de inclusión activa y los Programas de Transferencias Condicionadas (con

corresponsabilidad) de segunda generación en América Latina. Ambos casos están convergiendo

hacia la voluntad de implementar y coordinar las intervenciones en los tres frentes del triángulo de

la inclusión activa: ayuda a la renta, inserción laboral e integración social.

1. Introducción

En este artículo se presenta la Estrategia europea de inclusión activa, lanzada formalmente

en 2008 mediante una Recomendación de la Comisión Europea2, aprobada por el Consejo

1 Instituto Italo Latinoamericano, coordinador del área protección social, empleo y educación del Programa

de la Unión Europea Eurosocial. El artículo es una reelaboración de la conferencia presentada en el Foro

“Perspectivas de la protección social en América Latina” (Santo Domingo, República Dominicana, 17-18

de junio de 2014), organizado por la Secretaría de la Integración Social Centroamericana y la Vicepresidencia

de República Dominicana. 2 C (2008) 5737 Recomendación de la Comisión Europea del 3 de octubre de 2008 sobre la inclusión activa

de las personas excluidas del mercado laboral.

2

de la Unión Europea y hecha propia, el año sucesivo, por el Parlamento Europeo a través

de una Resolución.3 La Estrategia define las líneas rectoras que deben guiar los Estados

europeos para combatir la pobreza y la exclusión social, especialmente de las personas

marginadas del mercado de trabajo, y se asienta en tres pilares o dimensiones de la

inclusión: (a) un apoyo a la renta adecuado; (b) unos mercados laborales que favorezcan la

inserción en el empleo y (c) el acceso a servicios de calidad.

En términos generales, la Estrategia representa el punto de llegada de un amplio debate y

camino político llevado a cabo por los países europeos. Por lo mismo, constituye también

una forma de compromiso entre distintas tradiciones políticas y corrientes de pensamiento.

Si por un lado se puede adscribir al enfoque de welfare to work4, por otro su aplicación lo

sobrepasa, tal como se verá más adelante. Igualmente, aunque la Estrategia está dirigida

especialmente a las “personas excluidas del mercado laboral”, en el texto de la

Recomendación de la Comisión Europea, y aún más en las referencias a la misma en el

debate político y académico, se apunta en general a las personas que no disponen de medios

de sustento adecuados, independientemente de su posición en el mercado laboral. En este

sentido, la Estrategia tiene que ser entendida no tanto como unas directrices de política de

empleo, sino como una plataforma programática para la inclusión social de las personas en

situación o riesgo de pobreza y exclusión social.

Un elemento relevante de la Estrategia es que a sus tres pilares no se les debe considerar

por separado, o paralelamente, sino, por el contrario, hay que implementarlos de forma

integrada. Hay tres razones fundamentales que dan cuenta de ello. La primera es de orden

lógico y se apoya en la evidencia empírica: el actuar simultáneamente en los tres frentes

genera un círculo virtuoso donde cada uno fortalece a los demás, logrando un efecto global

más eficaz. La segunda, igual de determinante, radica en que la inclusión social se define

solo y en tanto se manifieste la presencia simultánea de los tres factores (unos ingresos

adecuados, un trabajo digno y el acceso a unos servicios de calidad): ningún factor agota o

coincide, de forma aislada, con la condición de ‘inclusión’; sino que cada uno de ellos sirve

para desarrollarla y afianzarla. La tercera razón guarda relación con la insuficiencia del

3 2008/2355/INI Resolución del Parlamento Europeo del 6 de mayo de 2009 sobre la inclusión activa de las

personas excluidas del mercado laboral. 4 El modelo de welfare-to-work de cuño británico (programas de New Deal impulsados por el gobierno del

New Labour en 1998) pretende la eliminación de la dependencia de los subsidios económicos y la reducción

al mínimo de la permanencia en el estado de cesantía. Incluyendo elementos de la estrategia escandinava de

activation, el welfare-to-work combina prestaciones monetarias y programas de preparación para el

trabajo/retorno al empleo. Los beneficiarios son compelidos a participar porque estas ayudas están dirigidas

a mejorar su empleabilidad y convertirlos rápidamente en trabajadores cotizantes. A menudo las expresiones

welfare-to-work e workfare son utilizadas como sinónimos, sin embargo el primer enfoque representa en

cierta medida una versión moderada del otro, que surgió en los Estados Unidos en los mismos años y en el

cual aquél se inspira. El workfare, en efecto, hace mayor hincapié en la imposición de una contraprestación

laboral a cambio del subsidio económico, independientemente del tipo de empleo disponible (Kildal, 2001),

con lo cual de algún modo se introduce la idea de una deuda del ‘beneficiario’ en razón del subsidio concedido

(el empleo de esta manera se convierte en la protección misma). El welfare-to-work, en cambio, sobre todo

en los países nórdicos, asume como fundamento el principio de la mutual obligation, es decir un pacto entre

el Estado (a través de los servicios) y los perceptores de las ayudas a los ingresos que los vincula

recíprocamente a colaborar con el fin de lograr una rápida (re)inserción de estos últimos en el mercado

laboral. Por supuesto al hablar de modelos se está haciendo una abstracción de las experiencias concretas.

3

primer pilar en ausencia del segundo, y de los dos primeros en ausencia del tercero. El

propósito de este trabajo es explorar la lógica interna de la Estrategia a través de la

identificación de los fundamentos de cada pilar y de las relaciones entre ellos. En particular,

se profundizará en el postulado del entrelazamiento de las tres piezas de la Estrategia cómo

condición necesaria para lograr mayores niveles de eficacia en el proceso de inclusión

social promovido por la acción pública.

La aproximación a la Estrategia europea de inclusión activa puede aportar una mirada de

cierto interés en América Latina sobre las políticas de lucha contra la pobreza. Hay

elementos de similitud con la evolución más reciente de los programas de transferencias

monetarias (PTC) de esta región, es decir con la tendencia a extender su radio de acción a

la dimensión de la inclusión laboral y productiva, así como a convertirlos en componentes

de sistemas más amplios de servicios y prestaciones sociales. Por esta razón, en la parte

final del artículo, aun sin examinar en detalle las experiencias de los PTC de América

Latina, se intentará esbozar algunas pistas de comparación. Se pondrán de relieve

diferencias y aspectos en común que pueden constituir un terreno de diálogo entre las dos

regiones en materia de combate a la pobreza y la exclusión social.

2. El primer pilar: el apoyo adecuado a la renta

El primer pilar se refiere a los apoyos monetarios. La Recomendación indica que estos

tienen que ser “adecuados”. El adjetivo se inscribe en la base jurídica del pilar, expresada

por el texto de la Recomendación en los siguientes términos: “[reconocer] el derecho

fundamental del individuo a los recursos y la ayuda social suficientes para llevar una vida

compatible con la dignidad humana como parte de un dispositivo global y coherente para

combatir la exclusión social”. Por consiguiente, el sujeto del derecho es la persona como

tal, no el trabajador en paro. En otras palabras, no es la protección en caso de desempleo el

criterio rector, sino la ciudadanía social o, mejor dicho, el ius existentiae conferido a las

personas en tanto residentes en los países europeos (también por esto el derecho se extiende

a los inmigrantes con residencia legal)5. Conforme al principio de subsidiariedad, la

Recomendación no establece el importe necesario para cerrar la brecha entre renta

disponible y renta suficiente para vivir dignamente, aclarando que cada Estado deberá

fijarlo autónomamente6.

5 Desde hace muchos años en Europa se han confrontado distintas propuestas en el ámbito de un encendido

debate acerca del derecho a una renta mínima (Vandenbroucke et al., 2012). En este contexto, es oportuno

deslindar de antemano la ayuda a los ingresos respaldada por la Estrategia de Inclusión Activa, de la renta

básica universal que promueve la Basic Income Earth Network- BIEN (www.basicincome.org) y varias

personalidades de la política y el mundo académico (Van Parijs y Vanderborght, 2005). Esta última es de

carácter universal e incondicional, en cambio la Estrategia acota el apoyo a las personas sin recursos para

vivir dignamente, pero sujetándolo a algunas obligaciones. En particular, reza la Recomendación, “la

disponibilidad activa para el trabajo o la formación profesional con objeto de obtener un trabajo en el caso

de las personas cuyas condiciones permitan una disponibilidad activa”. Para las demás personas, la

Recomendación indica la necesidad de promover medidas económicas y sociales de integración. 6 Sin embargo, en 2010 el Parlamento Europeo declaró que el valor de la renta mínima, para ser adecuado,

ha de ser por lo menos igual al 60 % de la renta equivalente media nacional de cada país. (2010/2039[INI]

Resolución del Parlamento europeo del 20 de octubre de 2010 sobre el rol de la renta mínima en la lucha

contra la pobreza y el fomento de una sociedad integradora en Europa)

4

En la actualidad 26 de los 28 países de la Unión Europea cuentan con algún esquema de

renta mínima, es decir un apoyo monetario a los ingresos de las personas por debajo de la

línea de la pobreza. Italia es uno de los dos países que carecen de ella, y está llevando a

cabo un plan piloto con el afán de probar una futura medida de carácter universal y

condicionado.

Si bien se observan muchas diferencias entre los países en cuanto a requisitos de

elegibilidad, cuantías de las prestaciones monetarias, cobertura y otros elementos, en todos

los casos estos esquemas buscan garantizar ingresos mínimos y están adscritos al pilar no

contributivo de la protección social, sin exigir antecedentes contributivos7. Por lo común,

el beneficio está sujeto a la prueba de medios e incluye algunas condicionalidades,

principalmente la adhesión a programas para la (re)inserción en el mundo de trabajo.

La fuerza jurídica, política y simbólica del primer pilar de la Estrategia es de gran

envergadura porque reafirma que el apoyo a la renta descansa en la existencia de un

derecho, no en las decisiones con más o menos visión de futuro de los gobiernos de turno.

De este modo, sustrae la garantía de la seguridad económica al campo de la asistencia

residual y la emplaza más bien como un derecho social. Este elemento hace a la esencia de

la Estrategia y puede considerarse un fundamento clave del modelo social europeo8. De

aquí que la Estrategia se sitúe en una línea de continuidad con un corpus de textos

fundamentales de la Unión Europea (UE). El principal es la Carta de los Derechos

Fundamentales de la Unión Europea9 (del año 2000, adaptada en 2007), integrada con igual

valor jurídico en los Tratados constitutivos de la Unión y que en su el artículo 34 establece:

“la Unión reconoce y respeta el derecho a una ayuda social y a una ayuda de vivienda para

garantizar una existencia digna a todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes,

según las modalidades establecidas por el Derecho comunitario y las legislaciones y

prácticas nacionales”. 10 Otro texto fundamental es la Recomendación del Consejo de las

Comunidades Europeas de 199211, que exhorta a los Estados europeos a revisar los

sistemas de protección social según los principios y directrices relativos al derecho

7 Por lo general en casi todos los países la ayuda a la renta ha englobado en un único marco también otros

fondos focalizados a diferentes categorías (desempleados de larga duración, madres solteras, ex presos, etc.). 8

“El concepto de Modelo social europeo (MSE) es uno de los más difíciles de definir y entre los más borrosos

en la literatura actual. Por MSE se entiende la síntesis entre progreso económico y social típica de las

sociedades europeas. […]. Esto se traduce en la puesta en práctica de políticas de asistencia social para los

más necesitados, de provisión de políticas educacionales y de asistencia sanitaria de tipo universal, de la

actuación de un complejo sistema de servicios y protección social, junto con un complejo sistema de

relaciones industriales.” (Natali, 2013, p.229). 9

Apartado. 3 “Con el fin de combatir la exclusión social y la pobreza, la Unión reconoce y respeta el derecho

a una ayuda social y a una ayuda de vivienda para garantizar una existencia digna a todos aquellos que no

dispongan de recursos suficientes, según las modalidades establecidas por el Derecho de la Unión y por las

legislaciones y prácticas nacionales.” 10 Aunque en este caso la formulación del derecho no es muy acertada, pues remite su aplicación a las

legislaciones nacionales, “no es difícil establecer el contenido esencial [del derecho], el límite más allá del

cual la discrecionalidad del legislador no puede adentrarse […]”. (Bronzini, 2011, p.64). 11

Recomendación 92/441/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1992, sobre los criterios comunes relativos a

los recursos y prestaciones suficientes en los sistemas de protección social.

5

fundamental de la persona a contar con recursos y prestaciones suficientes para vivir

conforme a la dignidad humana.

3. El segundo pilar: mercados laborales inclusivos

El fundamento conceptual de este pilar radica en la convicción de que el empleo es la forma

más eficaz de lucha contra la pobreza. De aquí la invitación de la Recomendación a adoptar

“medidas para garantizar que las personas cuya condición las hace aptas para el trabajo

reciban ayuda efectiva para conseguir (de nuevo) un empleo acorde a su capacidad de

trabajo, y permanecer en el mismo”12. Asimismo, “deben salvaguardarse los incentivos a

buscar empleo para las personas cuya condición las hace aptas para el trabajo”.

La Resolución del Parlamento UE de 2010 citada en nota a pie de página precisa el sentido

más profundo de la alianza entre renta mínima y medidas por el empleo: “el objetivo real

de los regímenes de renta mínima no [es] la mera asistencia, sino sobre todo acompañar a

los beneficiarios para que puedan pasar de una situación de exclusión social a la vida

activa”. De lo anterior se desprende que la renta mínima se concibe como una ayuda

transitoria. Aunque esté anclada en un derecho, su papel a cumplir es de tipo instrumental.

Las acciones y servicios que la acompañan deben lograr que en el más breve tiempo posible

sus perceptores puedan prescindir de ella, ayudándolos a encontrar (o reencontrar) un

empleo y, con ello, a ganar su independencia económica. Estas directrices se afianzan aún

más en el actual contexto de crisis económica, donde el alza de las tasas de desempleo ha

acarreado un fuerte aumento del riesgo de pobreza y exclusión en Europa (Frazer et al.,

2014, p.16)13.

En los principios consignados arriba se divisan los rasgos esenciales de la evolución de los

sistemas de welfare14 europeos de los veinte últimos años. Durante este período, se ha

intentado rediseñar en sentido restrictivo la asistencia social dirigida a la población pobre,

centrándola sobre todo en la promoción del empleo, también a efectos de contener el gasto

social y encauzar dentro de los confines de la seguridad social la protección del ciudadano-

trabajador. Esta evolución – que en todo caso se ha desplegado con objetivos y resultados

no uniformes dentro de la Unión Europea – tiene su origen por dos motivos principales: el

primero consiste en la denuncia de los efectos de distorsión producidos por los esquemas

de protección social de sesgo asistencialista, y el segundo en el problema de la

sostenibilidad financiera de los sistemas de welfare, que se ha intentado enfrentar mediante

la implementación de diferentes estrategias de reforma.

Entre la década de 1980 y la de 1990 se empezó a evaluar negativamente la amplitud y la

generosidad de distintas prestaciones sociales del welfare, sobre todo aquellas de tipo

monetario. A estos dos elementos se le atribuía la responsabilidad de inducir en los usuarios

12 La referencia es al fomento de “empleos de calidad, incluidos el sueldo y los beneficios, las condiciones

laborales, la salud y seguridad, el acceso a la formación continua y las perspectivas profesionales, en especial

con objeto de prevenir la pobreza de las personas que tienen un empleo.” 13 “Ello es subrayado por el hecho de que dos tercios de los desempleados entre 18-64 años en la UE-27 […]

están en situación de riesgo en 2012, 2.5 puntos más que en 2008, antes del inicio de la crisis” (Frazer et al.,

2014, p.16). 14 En adelante se seguirá utilizando la expresión welfare para indicar sistemas, estados o regímenes de

bienestar.

6

actitudes de dependencia e inercia. Se cuestionaba que las asignaciones por desempleo y

las distintas formas de ayuda a la renta de los sujetos indigentes se limitaran a erogar

subsidios monetarios, sin implicar (y exigir) contrapartidas para moverlos hacia el trabajo.

Se alegaba que un elevado índice de reemplazo del salario y el pago de las transferencias

por períodos prolongados serían la causa principal de la denominada “trampa del

desempleo” (y de la pobreza). Es decir, provocaban conductas oportunistas para continuar

a recibir asistencia, desalentando la búsqueda de empleo.

Estas críticas empezaron a abrirse camino primero en Estados Unidos y Reino Unido para

luego propagarse también en Europa. A partir de la década de 1990, la mayoría de los países

europeos comenzó a articular las políticas pasivas (transferencias monetarias) con las

activas (capacitación, orientación laboral, etc.), haciendo mayor hincapié en estas últimas

(Weishaupt, 2011). Este enfoque inicialmente se aplicó en el campo de las políticas de

empleo, pero en seguida traspasó a los dispositivos de renta mínima. Paulatinamente, la

adhesión a las medidas activas se fue transformando en una condicionalidad obligatoria

para los perceptores de la renta mínima.

Hoy en día puede variar el grado de severidad de su aplicación, pero el principio básico del

nexo funcional entre políticas pasivas y activas está aceptado por todos los países. Lo que

aún es objeto de controversias es la tensión entre responsabilidad individual y

responsabilidad colectiva o, dicho de otra forma, entre condicionalidad y derecho a la

seguridad económica. Este debate se relaciona directamente también con diferentes

posturas acerca de la cuantía adecuada de la renta mínima y el menor o mayor grado de

presión sobre los usuarios para que participen en los programas de inserción laboral.

El segundo motivo que ha desencadenado la transformación de los sistemas de welfare es

la dificultad de asegurar su sostenibilidad financiera a largo plazo, una preocupación que

sigue siendo muy apremiante. Los regímenes del bienestar europeos edificados en los

llamados 30 años gloriosos se basaron en el supuesto de que el crecimiento económico y

el ocupacional irían aparejados. De esta manera, el desarrollo económico habría asegurado

recursos crecientes para la redistribución a través de los mecanismos del welfare. El

corazón de esta arquitectura era un modelo de trabajo a tiempo completo y de tutela integral

de los trabajadores. La protección social, en su modalidad contributiva, debía ofrecer las

garantías necesarias para los trabajadores y sus familias, dejando a la asistencia social sólo

tareas residuales, de última instancia.

Sin embargo, los hechos no confirmaron estas previsiones. Los cambios de los sistemas

productivos en un escenario de creciente competición a nivel global arrastraron una

persistente exclusión estructural en el mercado laboral de amplios sectores poblacionales.

Esto se ha manifestado en particular con el desempleo de larga duración15 y de los jóvenes,

dos problemas que se han recrudecido en los últimos años como consecuencia de la crisis

15 “[..] después de la revolución post-fordista, el trabajo aparece no sólo como un bien escaso, fragmentado

e inestable, sino también con rasgos cada vez menos unívocos. Y su naturaleza subordinada (en sentido

técnico-jurídico y sociológico) aparece cada vez menos un destino del que es impensable rehuir. […] el mal

radical del desempleo masivo y de larga duración desde hace tiempo ha penetrado en las sociedades

occidentales como elemento estructural y son cada vez menos los que creen en la posibilidad real de volver

a una sociedad de pleno empleo”. (Bronzini, 2011, p.43)

7

(financiera primero y económica después) que ha azotado especialmente los países del sur

de Europa. En resumen, la cadena causal ‘crecimiento económico-creación de nuevos

puestos de trabajo-eliminación de la pobreza’ no ha funcionado.

Sumado a lo anterior, otros procesos han puesto en aprietos a los sistemas de welfare. Los

más sobresalientes son el envejecimiento de la población (modificándose negativamente el

índice de dependencia estructural de los ancianos), la transformación de la familia, la

entrada masiva de las mujeres en el mercado laboral y las nuevas demandas sociales de

bienestar asociadas con la prestación de servicios personalizados y de calidad. En este

contexto, se introdujeron en la agenda pública nuevas exigencias para las cuales los

sistemas tradicionales de welfare centrados en el “paradigma asegurador” (Rosanvallon,

1995) no estaban preparados. Por un lado, surgieron mayores necesidades de gasto, por

otro, dificultades de financiación en el medio y largo período, debido también a la

contracción de la masa contributiva que el mercado laboral era capaz de generar. Ante este

panorama, el welfare ha sido objeto de diferentes propuestas de reforma, algunas a favor

de su redimensionamiento16, otras encaminadas a redefinir sus prioridades (Ferrera,

Hemerijck y Rhodes, 2000; Ferrera y Hemerijck, 2003). Pese a todo ello, entre los años

noventa y los siguientes, las numerosas transformaciones acometidas por los países

europeos no afectaron el sistema de las garantías sociales (Ferrera, 2013) ni el nivel de

gasto; es más, este último creció hasta alcanzar aproximadamente en promedio el 29% del

PIB de los 28 miembros europeos, entre los cuales, sin embargo, existen notables

diferencias.

Las dos tendencias aquí anotadas– los ataques a la deriva asistencialista del welfare y las

propuestas de ajuste – han atravesado de forma muy diversa los distintos regímenes de

bienestar. Pero ambas convergen en punto: la voluntad de reorientar la trayectoria del

welfare. Se ha intentado pasar de un welfare pasivo a uno ‘activo’, es decir de un modelo

que destacaba la protección y la asistencia a una nueva lógica que impulsa una menor

dependencia de la ayuda pública, esencialmente a través de la plena participación en el

mercado de trabajo.

La relevancia que se le ha asignado a los objetivos ocupacionales en las políticas socio

asistenciales es coherente también con la atención cada vez mayor a los problemas de

competitividad y crecimiento económico. A partir de la década de 1990, la dimensión

económico-financiera ha llegado a tener una primacía absoluta en el proyecto de

construcción europea y, desde luego, en el sistema de gobernanza instituido a raíz de la

creación de la moneda única (el euro). Todo esto ha ocurrido a expensas de la dimensión

social, que ha quedado en parte oscurecida por aquélla: “[…] en los últimos años la

integración económica a través de la moneda única y la coordinación de las políticas

presupuestarias macro y micro-económicas han avanzado a marchas forzadas, mientras que

la dimensión social de la UE ha quedado estancada en un estadio germinal.” (Natali, 2013,

p. 232).

La orientación a la activación constituye una de las principales claves interpretativas del

16 Algunas corrientes políticas y académicas anuncian que estamos en presencia de una forma de declive del

welfare aparentemente irreversible (Moreno, 2012).

8

cambio de concepción de las funciones del welfare socio asistencial (Vandenbroucke, 1999;

Valkenburg, 2007; Barbier, 2001 y 2005; Weishaupt, 2011; Arriba, 2013). Con este

término, que en todo caso carece de una definición precisa y unívoca dentro de la Unión

Europea, se alude básicamente a una nueva modalidad de relación entre el Estado y el

ciudadano centrada en el equilibro entre derechos y deberes. Según esto, desempleados y

pobres que reciben transferencias monetarias al amparo de las finanzas públicas tienen que

emanciparse de su condición de asistidos activándose en la búsqueda de trabajo y

participando de forma responsable y solícita en programas públicos pensados para su

(re)incorporación en el mercado laboral. Estimuladas por las políticas activas del trabajo

(de welfare to work), como ya se apuntó, las políticas de asistencia social dirigidas a las

personas de muy bajos ingresos también han llegado a insistir con mucha fuerza en la

perspectiva ocupacional17.

El núcleo del concepto político de activación queda resumido en la fórmula make work pay

(hacer que el trabajo sea rentable y más atractivo que la asistencia), en una clara alusión al

nuevo rumbo de las estrategias de apoyo a los ingresos: reducir al mismo tiempo la

duración de la prestación monetaria y el diferencial económico entre su importe y el del

sueldo derivado de un empleo. De acuerdo con Weishaupt “con el foco en la activación al

mismo tiempo de los individuos y de los sistemas de welfare, ha sido introducida una lógica

socioeconómica particular, es decir que la actividad económica es una condición necesaria

para la realización personal, la sostenibilidad de los regímenes de bienestar y la

competitividad económica en general, con el deseable objetivo de incluir en el mercado

laboral a todas las personas que pueden trabajar (puesto que sólo una persona con empleo

puede considerarse como un ‘ciudadano pleno’).” (Weishaupt, 2012, p.192)

No obstante, los caminos efectivamente seguidos por los sistemas de protección social

europeos no se avienen rígidamente a este patrón. Atendiendo a la línea interpretativa de

Ronchi (2013), se pueden diferenciar dos grandes trayectorias. Por un lado, un “polo

positivo”, basado en una visión de la política social como inversión y factor productivo.

En este caso, las medidas de activación cobran sentido como elementos cruciales para

superar las inconsistencias de los regímenes de protección social y otorgar a la vez más

autonomía y responsabilidad a los ciudadanos, reconociéndoles una libertad de elección

efectiva. Por otro lado, un “polo negativo”, representado por lo que Clasen y Clegg (2006,

17 El entonces ministro belga Frank Vandenbroucke fue el primero en hablar de “Estado social activo”

(Vandenbroucke, 1999). Este enfoque ha sido asumido por la Estrategia decenal de la Unión Europea 2000-

2010, denominada Estrategia de Lisboa por el nombre de la ciudad donde fue aprobada por el Consejo

Europeo, entre cuyas conclusiones se pueden mencionar las dos siguientes: (a) Modernizar el modelo social

europeo mediante la inversión en las personas y la constitución de un Estado activo de bienestar. Las personas

constituyen en Europa el principal activo, por lo que deberían convertirse en el centro de las políticas de la

Unión. La inversión en capital humano y el fomento de un Estado de bienestar activo y dinámico serán

esenciales tanto para que Europa ocupe un lugar en la economía basada en el conocimiento como para

garantizar que el surgimiento de esta nueva economía no incremente los problemas sociales existentes de

desempleo, exclusión social y pobreza; (b) Modernización de la protección social. El modelo social europeo,

con sus sistemas desarrollados de protección social, debe sostener el paso a la economía basada en el

conocimiento. Sin embargo, estos sistemas deben adaptarse como parte de un Estado activo de bienestar para

asegurarse de que el trabajo se vea recompensado, garantizar su viabilidad a largo plazo frente a un

envejecimiento de la población, promover la integración social y la igualdad de sexos y proporcionar

servicios sanitarios de calidad.

9

p. 532) llaman la variante “low road” de la activación, según las cuales las condiciones

para seguir recibiendo la ayuda a la renta pueden restringirse mucho con el fin de forzar a

aceptar las oportunidades laborales y salariales disponibles, no importa si mal pagadas o

de bajo perfil18. El primer polo corresponde a la tradición socialdemócrata de los países del

norte de Europa, mientras que el segundo se encuentra más cercano al neoliberalismo de

matriz anglosajona.19

La Estrategia de Inclusión Activa parece situarse en una posición intermedia, pero sus

líneas rectoras la alejan ciertamente de la acepción más drástica del principio de activación.

En efecto, tal como explicita la Recomendación, la inclusión laboral debe apuntar a

“empleos de calidad, incluidos el sueldo y los beneficios, las condiciones laborales, la salud

y seguridad, el acceso a la formación continua y las perspectivas profesionales, en especial

con objeto de prevenir la pobreza de las personas que tienen un empleo”. Análogamente,

la Resolución del Parlamento Europeo que la respalda y mencionada antes afirma que “la

inclusión activa no debe sustituir a la inclusión social”. En cualquier caso la Estrategia

sanciona la orientación común a prácticamente todos los países europeos de supeditar la

entrega de la renta mínima a la participación en programas de política activa. De aquí que

el esquema general (o ideal) de funcionamiento prevé que los beneficiarios de la renta

mínima sean atendidos por los servicios de empleo mediante acciones de capacitación,

intermediación y acompañamiento a la inserción laboral, entre otras. Los países más afines

a la tradición anglosajona han dado más peso al componente sancionador de este esquema,

endureciendo los criterios de elegibilidad y el control sobre la efectiva disponibilidad al

trabajo, así como disminuyendo el monto de las prestaciones monetarias. En cambio, los

países escandinavos, si bien no han quedado ajenos a la lógica de las condicionalidades,

asignan más importancia al derecho a la renta, a la integración social y cautelan

mayormente el tipo y calidad del empleo, para que la inserción no sea desventajosa para el

trabajador.

4. El tercer pilar: el acceso a servicios de calidad

El vínculo entre la ayuda a la renta y el apoyo a la inserción laboral se enriquece y enmarca

en un horizonte más amplio por medio del tercer pilar, que insta a tomar “todas las medidas

18 El objetivo es que lleguen a ser económicamente autónomos en el menor tiempo posible. En la acepción

más dura de las políticas de activación, la responsabilidad del resultado positivo o negativo de las medidas

puestas en juego, más que en los servicios que deben apoyarlos, termina recayendo en las personas

(Valkenburg, 2005). 19 Otros autores proponen una clasificación similar. Por ejemplo, a principios de la década del 2000 Barbier

(2001 y 2005) definía dos modelos principales de activación – respectivamente liberal y universalista–

pertenecientes a las tradiciones de la protección social antes descritas. De acuerdo con este autor, “El modelo

liberal incrementa en primer lugar las relaciones entre individuos y mercado de trabajo, suponiendo que estas

relaciones, en términos agregados, produzcan equidad social y eficiencia. Las políticas de activación el

mercado trabajo, así como las sociales, si son consideradas desde una perspectiva limitada, se limitan a

incentivar las personas a buscar empleo, procurando una información rápida, servicios esenciales de

encuentro entre demanda y oferta, al igual que una inversión en trayectos formativos de corta duración. [...]

Por otro lado, el modelo universalista no sólo se preocupa de asegurar servicios amplios y complejos a todos

los ciudadanos sino que, al mismo tiempo, garantiza estándares de vida relativamente altos a los asistidos y,

para las franjas de fuerza de trabajo con retribuciones más bajas, niveles de prestaciones que alcanzan una

proporción significativa de los salarios mínimos. […] La políticas social, al no estar sometida

sistemáticamente a las exigencias del trabajo, conserva su esencia tradicional de contribución al bienestar”.

(Barbier, 2005, pp. 266-267)

10

necesarias para permitir que las personas afectadas, de conformidad con las disposiciones

nacionales pertinentes, reciban un apoyo social adecuado mediante el acceso a servicios de

calidad”. En particular, deberán instrumentarse “los servicios esenciales […],

comprendidos servicios de ayuda social, empleo y servicios de formación, apoyo a la

vivienda y viviendas sociales, servicios de cuidados infantiles, servicios de cuidados a largo

plazo y servicios sanitarios, […]”.

La incorporación del tercer pilar responde sin duda a un entendimiento de la inclusión

social que no la comprime en la esfera laboral, pero, verosímilmente, se sustenta además

en la constatación de que las intervenciones que han articulado la renta mínima con las

medidas para la inserción laboral (los dos primeros pilares) arrojan a menudo resultados

dudosos. Sin embargo, este pilar refleja también el nuevo paradigma de welfare – la

inversión social – elaborado por la Comisión Europea mediante una Comunicación de

201320, sobre la cual se hablará más adelante.

Para entender la importancia del tercer pilar y de su integración con los dos primeros, es

preciso tener en cuenta los vacíos que dejan las políticas de inclusión social de los

perceptores de la renta mínima cuando son confiadas tan solo a las medidas para la

inserción laboral. Esta insolvencia queda demostrada por dos circunstancias. En primer

lugar los dispositivos actuales de renta mínima cubren sólo parcialmente la carencia de

ingresos de las familias destinatarias, como se puede apreciar en el siguiente cuadro (Peña-

Casas et al. 2013, 21).

Como se puede apreciar, todos los países, con la salvedad de Dinamarca, cuentan con

ayudas a los ingresos que se sitúan por debajo de la línea del 60% de la mediana de la renta

disponible equivalente, establecida convencionalmente a nivel europeo como umbral del

riesgo de pobreza. En otras palabras, las transferencias monetarias para la integración de

20 COM(2013) 83 final. Se trata en todo caso de una hipótesis, ya que la Recomendación no desarrolla una

argumentación al respecto.

11

los ingresos no brindan recursos suficientes para cerrar la brecha entre renta disponible y

nivel necesario para evitar la pobreza.

En segundo lugar, la consecución de un empleo tampoco asegura que se deje atrás el riesgo

de pobreza, aun cuando ese empleo se haya obtenido gracias al apoyo de los servicios u

otras medidas de incentivación. La inserción laboral puede darse mediante el acceso a

empleos mal pagados, precarios y no idóneos. Si bien la literatura consultada pone de

manifiesto la ausencia de datos sobre el impacto ocupacional de la combinación entre

transferencias monetarias y servicios para la inserción laboral (Frazer y Marlier, 2009, p.

43; Immervoll, 2009, p. 40), sí se encuentran de manera extendida llamados de atención en

torno a este tipo de riesgo (Samek Lodovici, 2009; Bronzini, 2011; Villa, 2007; Bradshaw

y Mayhew, 2010)21.

Además, la participación en el mercado laboral en condiciones de desventaja se convierte

en una realidad altamente probable allí donde se estrechan los márgenes de libre elección

por parte de los perceptores de la renta mínima, o sea cuando el recrudecimiento de las

condicionalidades impone la aceptación de cualquier empleo. Por otra parte, quienes

suelen acceder con más facilidad a puestos de trabajo cualificados y mejor pagados a través

de programas públicos no son los grupos más vulnerables, que a la vez tienen menor capital

humano y social, sino aquellos cuyos itinerarios educacionales, formativos, culturales y

profesionales los ubican en una posición indudablemente más ventajosa en comparación

con los otros (Immervoll, 2009, p. 39). Por lo general, los perceptores de la renta mínima

pertenecen a los sectores más distantes del mercado de trabajo y, por lo mismo, presentan

los peores pronósticos de inserción (Marbán Gallego y Rodríguez Cabrero, 2011, p.71).

Por ejemplo, una evaluación realizada en 2012 al Programa Nacional “Prepara” de España,

destinado a personas que ya no tienen derecho a cobrar el paro, revela que “el 70% de los

beneficiarios que han concluido el programa no han logrado un empleo. Por el contrario

sólo el 1% ha logrado un contrato indefinido y el resto han sido contratos temporales, en

su gran mayoría con una duración inferior a dos meses. Ahora bien, la amplia destrucción

de empleo a lo largo de los cuatro últimos años ha hecho muy difícil, si no imposible, lograr

una efectividad en cuanto a inserción en el empleo” (EU Network of Independent Experts

on Social Inclusion 2013, p.23). El informe subraya también que “en la medida en que los

colectivos están más alejados del mercado de trabajo, el éxito en acceder al mismo no está

asegurado pero sí la mejora de capacidades e incluso el acceso al mercado protegido de

trabajo.” (ídem).

Del mismo modo, los incentivos concedidos a las empresas para favorecer la contratación

laboral de los colectivos más desfavorecidos pueden conducir a la circunstancia paradójica

de marginar aún más a las personas que requieren de mayor protección, reproduciendo las

21 “El acento puesto en la necesidad de aceptar cualquier tipo de trabajo (work first) conlleva el riesgo de

aumentar la platea de los working poor y de penalizar a aquellos que no encuentran trabajo por ser

difícilmente empleables o porque, como en el caso de las madres solteras, las condiciones familiares hacen

que sea difícil compaginar el trabajo para el mercado con el trabajo de cuidado. La creciente flexibilización

del mercado de trabajo, además, si no es acompañada de redes de servicios para los trabajadores más débiles

y de formas de apoyo a la renta durante las transiciones, corre el riesgo de crear desigualdades más profundas

y peores condiciones de vida y de trabajo para grupos crecientes de población (OECD, 2004).” (Samek

Lodovici, 2009, p. 12).

12

desigualdades iniciales entre los beneficiarios. Esto puede significar una proliferación de

puestos de trabajo de baja remuneración, llevando a un aumento de la pobreza y de las

dificultades socioeconómicas de los working-poor. Por ejemplo, un estudio de monitoreo

realizado en la Región Véneto (Italia) sobre los efectos de una iniciativa gubernamental de

incentivos para el aumento del empleo juvenil y femenino, pone al descubierto la ausencia

de resultados significativos en el plano de las nuevas contrataciones22. La dificultad para

promover la inserción de los grupos más excluidos del mercado de trabajo puede incluso

empujar a los servicios de empleo a postergar su atención. Un sondeo independiente sobre

los esquemas de renta mínima en Europa evidencia que “en muchos países, los servicios

públicos de empleo tienden a concentrar sus programas en los desempleados asegurados,

con el fin de maximizar un retorno (visible) en términos de reducción de las listas de

colocación. En estas circunstancias, los desempleados sin seguro (entre ellos los

beneficiarios de la renta mínima) son de facto excluidos de los servicios y padecen un

efecto de desplazamiento, en lugar de gozar de apoyos adicionales” (Frazer y Marlier,

2009, p.19). El informe señala también que “pese al bajo nivel de los subsidios, en muchos

casos resulta más conveniente vivir con los subsidios que trabajar por un sueldo mínimo o

poco más, sobre todo si se consideran los gastos adicionales que supone un empleo, como

el transporte, la alimentación, el cuidado de los hijos, etc.” (ídem).

Estas últimas observaciones nos remiten a una cuestión de fondo del rumbo ‘laboralista’

que prima actualmente en los esquemas de renta mínima. Cuando se está frente a personas

pobres que no trabajan, su inactividad no debería ser interpretada sic et simpliciter como

una manifestación de pasividad o falta de voluntad. La exacerbación del vínculo entre renta

mínima y activación en el mundo del trabajo, asumida como férrea condicionalidad, puede

conducir a culpabilizar a las principales víctimas de situaciones de desempleo ocasionadas

por razones diversas y concomitantes, entre ellas la escasez de demanda. Por esta vía, se

llega a hacer caso omiso del hecho de que “muchos quisieran trabajar, pero no encuentran

empleo, o lo han perdido, o no logran conseguirlo por un número suficiente de horas, o con

un nivel de ingresos adecuado (los llamados working poor)” (Saraceno, 2014). Este punto

de vista es adoptado también por la citada Resolución del Parlamento Europeo de 2009:

“la exclusión aparente del mercado de trabajo puede derivarse de una insuficiente

disponibilidad de posibilidades de empleo digno, y no tanto de una falta de esfuerzo

individual”.

En conclusión, las medidas de activación laboral articuladas con la renta mínima pueden

resultar incapaces de facilitar una salida duradera de la pobreza y la exclusión social.

Inclusive en los ciclos de recuperación del empleo, cuando el contexto es más favorable,

se corre el riesgo de que los pobres no logren grandes beneficios (Marx 2013, p. 6) o que

la inserción laboral de los beneficiarios de la renta mínima acabe originando una

participación marginal en el mercado de trabajo, a través de empleos inestables y

escasamente retribuidos (Immervoll, 2009, p. 39).

22 De acuerdo con el informe final del estudio, “un 90% de los casos aproximadamente se ha tratado de

transformaciones o estabilizaciones, que han comprometido más del 95% de los recursos disponibles. [La

iniciativa] ha facilitado también una cuota de transformaciones/estabilizaciones que se habrían producido en

cualquier caso: éstas representan alrededor de los dos tercios de los eventos facilitados” (Veneto Lavoro,

2013, p. 6).

13

En este sentido, para mejorar las probabilidades de éxito de estas medidas es preciso

diseñarlas dotándolas de una fuerte flexibilidad. Esto significa organizar respuestas

personalizadas, según el método del case management, o sea respuestas ad hoc, que

atiendan los diferentes aspectos que determinan en cada caso una peculiar condición de

pobreza o exclusión, asumiendo que la falta de trabajo o los ingresos laborales muy bajos,

por lo general, son causa y efecto de situaciones más amplias y complejas.

Es justamente en esta perspectiva que el tercer pilar de la Estrategia de Inclusión Activa

adquiere su máxima relevancia como conjunto estructurado de servicios de calidad

universales, accesibles y garantizados, en ámbitos tales como la vivienda, el cuidado

infantil y de otras personas dependientes, la salud, la formación, etc. La intención que

subyace es mover el eje de las actuaciones hacia una estrategia más global, de tipo holístico,

donde se pongan en juego competencias multidisciplinarias y una gama de

profesionalidades y servicios diferentes, cada uno con cometidos y responsabilidades

distintas, para dar respuesta a demandas esencialmente heterogéneas.

De este modo, la Estrategia de Inclusión Activa no sólo extiende la activación a la

responsabilidad del Estado, sino también rebasa con creces el enfoque de welfare to work,

circunscrito a la dimensión laboral y a los servicios para la integración en el empleo. Su

modelo es más bien acorde a la filosofía de la ‘inversión social’ (Giddens, 1998;

Vandenbroucke et al., 2011), la cual se ha convertido en el principal paradigma de

referencia en Europa sobre el rol de las políticas sociales en la década actual, por lo menos

a nivel de discurso oficial.

5. La Estrategia de Inclusión Activa como parte del Paquete de Inversión Social

Al igual que la noción de inclusión activa, el paradigma de la inversión social representa

la cristalización de un largo recorrido de los sistemas de welfare del continente. La

Comisión Europea lo ha sistematizado y elevado a política comunitaria para la década

2010-2020 mediante la Comunicación de 2013 “Hacia la inversión social para el

crecimiento y la cohesión”23. Junto con otros documentos, esta Comunicación conforma el

llamado ‘Paquete de Inversión Social’ (Social Investment Package - SIP), donde se expone

el marco estratégico, los sectores prioritarios de intervención y las acciones concretas que

han de adoptar los Estados Miembros y la Comisión.

En la introducción de esta Comunicación se reconoce que las políticas sociales “cumplen

tres funciones: inversión social, protección social y estabilización de la economía”. La idea

fundante es que los recursos invertidos en el sector social, lejos de poder ser mirados como

un gasto improductivo, generan claros retornos futuros para la colectividad, también en el

plano económico, pues contribuyen a que las sociedades crezcan más saludables y fuertes.

Para que ello ocurra, el gasto social tiene que ser encauzado hacia la inversión en la

formación, la conservación y el mejoramiento del capital humano.

23 COM(2013) 83 final. Ya en la década anterior, con la Estrategia de Lisboa (2000-2010), la Unión Europea

había adoptado la perspectiva del social investment state, pero enfatizando las políticas del mercado de

trabajo.

14

Aun sin abandonar su función protectora, las políticas sociales que promueven el desarrollo

del capital humano dejan como saldo sociedades en mejores condiciones para prevenir la

incidencia de situaciones que amenazan la cohesión social. Las familias e individuos con

un fuerte capital humano y social serán menos propensos a vivir en condiciones de pobreza

y en cualquier caso tendrán una mayor resiliencia ante las dificultades, o sea que estarán

mejor equipadas para enfrentarlas cuando sobrevengan eventos críticos: “la inversión

social ayuda a ‘preparar’ a las personas para enfrentar los riesgos de la vida, más que

simplemente a ‘reparar’ las consecuencias” (COM [2013] 83 final, 3). Dicho de otra

manera, prevenir significa invertir en el fortalecimiento de las capacidades actuales y

futuras, en lugar de ‘curar’ o compensar a posteriori mediante actuaciones asistenciales.

Es evidente que este círculo virtuoso tiene efectos beneficiosos en las finanzas públicas,

sobre todo porque permite ahorros en el gasto social en virtud de la disminución de la

demanda de asistencia.

Coherentemente con este cambio de paradigma, una política social entendida como

inversión social asume como horizonte de acción el curso de vida de las personas, en

particular las fases cruciales de su existencia: “El apoyo debe dirigirse a cubrir necesidades

concretas que surgen a lo largo de la vida: en la infancia, en la juventud, en la transición

del mundo escolar al mundo laboral, en la paternidad, desde el principio hasta el final de

la carrera profesional y en la vejez. Esto significa que los servicios integrados, las

prestaciones en efectivo y la asistencia deben adaptarse a los momentos críticos de la vida

de una persona y evitar que esta pase apuros en fases posteriores.” (COM [2013] 83 final,

15-16).

En este marco, la provisión de servicios públicos a las personas llega a ser la piedra angular

de un nuevo sistema que va más allá de la mera atención o, para decirlo mejor, que atiende

con el fin de desarrollar capacidades. Si en el pasado ciertos sistemas de welfare habían

privilegiado las prestaciones monetarias para fines asistenciales, bajo el paradigma de la

inversión social se desplaza su centro gravitacional hacia los servicios. Sin dejar de lado

sus funciones protectoras tradicionales, donde cabe ejecutarlas, el ‘nuevo’ welfare de los

servicios debe acompañarlas con acciones que generen capital humano o lo restauren o

fortalezcan. En este punto la Estrategia de Inclusión Activa se ensambla con el Paquete de

Inversión Social (SIP, por su siglas en inglés), ya que enaltece el papel de los servicios y

aboca por su integración con los otros dos pilares “a fin de abordar de forma efectiva las

múltiples causas de la pobreza y la exclusión social” (C (2008) 5737).

Es por ello que la Estrategia ha sido incorporada en el SIP como uno de sus textos. Sin

embargo, el SIP tiene un horizonte más amplio ya que conecta dos perspectivas: la primera

es de tipo reactivo, en la línea trazada por la Estrategia de Inclusión Activa para enfrentar

la pobreza y la exclusión social; la segunda se dirige al futuro, tiene carácter preventivo

(también de la pobreza y la exclusión) e indica la ruta a seguir para asegurar el bienestar y

una mayor resiliencia de las sociedades. Como se ha dicho, el SIP pretende invertir la visión

del gasto social como carga para el crecimiento económico y productivo, situándose sin

embargo en la misma lógica argumental, es decir mostrando las externalidades positivas

de tipo económico de la inversión en el área social. Con este fin, identifica los sectores

prioritarios de intervención e inversión pública, los más estratégicos para potenciar el

15

capital humano: la infancia (incluyendo la educación pre-escolar, el cuidado y la salud de

los niños); la lucha contra el abandono escolar; el empleo juvenil; la conciliación entre la

vida laboral y la vida familiar; la formación continua y el envejecimiento activo; la

eliminación de las discriminaciones en el mercado de trabajo y de las barreras a la

participación de la mujer; los cuidados de larga duración de los ancianos dependientes. De

esta manera, el SIP configura un espectro de directrices de acción con las que debe

comprometerse el welfare del futuro y marca las áreas en las cuales habrá de focalizarse el

gasto público. Como se puede observar, se trata de áreas con una fuerte incidencia en la

pobreza y la exclusión social. Ellas convergen para dar un soporte fundamental, en

diferentes aspectos de su existencia, a las familias que reciben transferencias monetarias y

ayudas para que puedan hacerse económicamente independientes a través de la inclusión

en el mercado de trabajo. Los servicios de cuidado o las medidas de conciliación, por poner

los dos ejemplos más acostumbrados, actúan como grandes factores facilitadores de la

inserción laboral de las mujeres de escasos ingresos.

6. Una mirada comparativa: la Estrategia europea de inclusión activa y los programas

de transferencias con responsabilidad en América Latina

En el plano conceptual, la Estrategia de Inclusión Activa (SIA) comparte algunos aspectos

con los Programas de Transferencias Condicionadas o con responsabilidad (PTC) de

América Latina. Puesto que este artículo está dirigido a un público latinoamericano

conocedor de la experiencia de los PTC, no se analizarán sus orígenes y características,

limitándose a algunas reflexiones sintéticas sobre similitudes y diferencias entre la

Estrategia europea y los PTC.

Ambos están concebidos para combatir la pobreza y su financiamiento corre a cargo

del pilar no contributivo de la protección social. Símilmente, los dos casos están alejados

de la concepción del ingreso básico universal. También desde el punto de vista de los

resultados de las ayudas monetarias a los ingresos hay un parecido, dado que éstas

resultan más efectiva para reducir la intensidad de la pobreza, sin incidir mayormente en

las condiciones de vulnerabilidad.

En América Latina, los PTC han comenzado a desarrollarse a finales de los años

noventa y se difundieron rápidamente en la región como programas gubernamentales

focalizados de lucha contra la pobreza y la miseria de las familias con hijos menores de

edad. Su diseño original tenía por objetivo principal contribuir a cerrar el círculo vicioso

de la transmisión intergeneracional de la pobreza. La función de las ayudas monetarias

era incentivar el acceso y la permanencia en los sistemas de educación y salud con el fin

de permitir una acumulación progresiva de capital humano entre las nuevas generaciones.

Con el transcurso de los años, los PTC han incorporado otras dimensiones, entre las cuales

el apoyo al consumo y la mejora de los ingresos, intentando convertirse en herramientas

de procesos de inclusión social de mayor aliento. Empero, salvo algunos casos, como en

Brasil o en Chile, aún no están insertos cabalmente en los sistemas de protección social.

En otras palabras, siguen siendo programas, sin haberse convertido todavía en medidas y

servicios. Pese a ello, la continuidad de los PTC a lo largo de los años permite deducir

que su anclaje es profundo y no parece cuestionarse su validez para los fines que los

animan.

16

En Europa, en cambio, los dispositivos de renta mínima representan una medida de

carácter universalista integrada en sistemas de welfare con una trayectoria más extensa y

afianzada. Además, la Estrategia asume explícitamente el reto de enfrentar también la

exclusión social en un sentido amplio como fenómeno que se refiere a la coincidencia de

una posición económica marginal y aislamiento social. El punto de arranque ha sido la

creación de un último eslabón de la red protección social para asegurar una renta mínima

y apoyar a las personas en condición de pobreza sin derecho a recibir las prestaciones por

desempleo de tipo contributivo. La renta mínima, como se vio, está vinculada al

reconocimiento del derecho a estándares de vida acordes a la dignidad humana.

Mientras que en América Latina el componente monetario (eje vertebrador de la

experiencia europea) ha ganado recientemente una mayor valoración per se, al margen de

su función instrumental como puente hacia otras prestaciones, en Europa se registra un

movimiento análogo de reequilibrio entre dimensiones, habiéndose añadido más tarde,

pero firmemente, la perspectiva del desarrollo del capital humano, la misma que

constituyó el núcleo original de los PTC. Hoy día el dispositivo monetario de algunos

PTC (como los de Brasil, Ecuador, en parte de Chile, etc.) es asimilable a un esquema de

garantía de ingresos mínimos, a partir de un enfoque de derechos como fundamento de

las ayudas económicas. Por otra parte, el derecho reconocido en Europa a una existencia

conforme con la dignidad humana (y, por tanto, a un apoyo a la renta adecuado) se

encuentra cada vez más relacionado con intervenciones sociales, mediante las cuales se

pretende alcanzar condiciones de emancipación de la asistencia económica, colocando a

la infancia en el corazón de estas intervenciones.

En ambas regiones hay un componente monetario y otro de servicios. De igual

manera, las dos fórmulas pautan las condiciones de ingreso y permanencia en el beneficio,

asociándolas a condicionalidades (o corresponsabilidades). En América Latina los PTC

han estado estructurados alrededor de las condicionalidades en salud y educación. En

Europa, a partir de la década de 1990, la condicionalidad de mayor magnitud ha sido la

activación de los beneficiarios hacia el mundo del empleo. Más recientemente, con la

Estrategia de Inclusión Activa y el Paquete de Inversión Social, la salud y la educación

han llegado tener una posición clave. Asimismo, en América Latina “la preocupación

común a todos los programas de la región es combinar las transferencias monetarias

destinadas a asegurar determinados niveles de vida y las condicionalidades orientadas a

favorecer el aumento de las capacidades humanas, con servicios tendientes a mejorar las

condiciones de inclusión laboral y generación de ingresos actuales y futuras de sus

destinatarios.” (CEPAL/OIT, 2014, p.14). En este sentido, las experiencias de las dos

regiones se van pareciendo más que en otras etapas de su desarrollo.

En ambas regiones, destaca la tendencia a integrar las transferencias monetarias en

una trama más amplia de servicios sociales y asistenciales diversificados y,

consiguientemente, orientados no sólo al empleo o a la educación y salud de los hijos.

Sin embargo, en Europa los primeros diagnósticos de la aplicación de la SIA arrojan que

se sigue haciendo hincapié en la dimensión ocupacional, a expensas de las otras. La mayor

parte de los servicios a favor de los perceptores de la renta mínima atañe al ámbito laboral,

en tanto que la integración del tercer pilar es aún bastante carente (Eurofound/EESC,

2014; Peña-Casas y Ghailani, 2013; Frazer y Marlier, 2009). A pesar de ello, tanto en

17

Europa como en América Latina va difundiéndose, por lo menos en el plano de los

diseños generales, un abordaje de tipo sistémico, más apto para dar cuenta de la naturaleza

multidimensional de la pobreza.

En conclusión, desde el punto de vista de las arquitecturas conceptuales, las dos

regiones están acercándose. Ambas prevén, de manera más o menos explícita según los

países, la necesidad de coordinar las intervenciones en los tres frentes del triángulo de la

inclusión activa: ayuda a la renta, inserción laboral e integración social. Por mencionar

un ejemplo, Brasil Sem Miséria y la Estrategia de Inclusión Activa están articulados

alrededor de los mismos tres ejes: garantía de ingreso, acceso a servicios e inclusión

productiva. Lo anterior pone de manifiesto una concepción de las políticas sociales en los

dos continentes que, cuando menos en el plano discursivo, reafirma la conciencia de que

la lucha contra la pobreza en el largo plazo se resuelve en el terreno de la generación de

oportunidades, realzando consiguientemente el rol de la acción pública.

Referencias bibliográficas

Arriba González de Durana, A., 2014, “Contenidos e instrumentos de las políticas de

inclusión social e inclusión activa”, en Lan Harremanak. Revista de Relaciones

Laborales, Bilbao, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, n.29,

2014

Barbier, J-C., 2001, Welfare to work Policies in Europe. The Current Challenges of

Activation Policies, Centre d’études de l’emploi, “The European Employment Strategy,

a channel for activating social protection?” en Magnusson, L., Pochet, P. y Zeitlin,

(eds.), 2005, Opening the method of coordination; the case of the EES, Bruxelles, Pie-

Peter Lang,

Barbier, J-C., 2005, “Attivazione”, en Attivazione e individualizzazione. Sviluppi e

paradossi delle politiche di welfare, La Rivista delle Politiche sociali, Roma, Ediesse,

n.1, 2005

Bradshaw, J. y Mayhew, E., 2011, The Measurement of extreme poverty in the European

Union, European Commission

Bronzini, G., 2011, Il reddito di cittadinanza. Una proposta per l’Italia e per l’Europa,

Torino, Gruppo Abele

Busilacchi, G., 2008, Le basi dell’Europa sociale: modelli di reddito minimo nella UE 27,

ponencia presentada en la Primera Conferencia anual ESPANET Italia, Ancona, 6-8

noviembre 2008

Busilacchi, G., 2009, “Dai rifiuti può nascere un fiore: un reddito di base per salvare il

pianeta”, en BIN-Italia, Reddito per tutti. Un’utopia concreta per l’era globale, Roma,

Manifestolibri, pp. 167-176

18

C (2008) 5737 Recomendación de la Comisión de 3 de octubre de 2008 sobre la inclusión

activa de las personas excluidas del mercado laboral

COM(2013) 83 final, Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al

Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones Hacia la inversión

social para el crecimiento y la cohesión, incluida la ejecución del Fondo Social

Europeo 2014-2020,

Casassas, D., 2007, “Basic Income and the Republican Ideal: Rethinking Material

Independence in Contemporary Societies”, en Basic Income Studies, 2, n. 2, Article 9

CEPAL/OIT, 2014, “Los programas de transferencias condicionadas y el mercado laboral”,

Coyuntura laboral en América Latina y el Caribe, n.10

Clasen, J. y Clegg, D., 2006, “Beyond Activation: Reforming European Unemployment

Protection Systems in Post-industrial Labour Markets”, en European Societies, 8, n. 4

Commission Staff Working Document, 2013, Follow-up on the implementation by the

Member States of the 2008 European Commission recommendation on active inclusion

of people excluded from the labour market - Towards a social investment approach,

Bruxelles

EU Network of Independent Experts on Social Inclusion, 2013, Valoración de la

implementación de la Recomendación de Inclusión Activa de la Comisión Europea.

Un informe de políticas nacionales. España, Bruxelles

Eurofound/ European Economic and Social Committee, 2014, Eurofound/EESC joint

conference "From Active Inclusion to Social Investment". Joint Conclusions, Brussels,

Belgium, 16 june 2014

Ferrera, M., 2013, “Neowelfarismo liberale: nuove prospettive per lo stato sociale in

Europa”, en Stato e Mercato, n. 97, Bologna, Il Mulino

Fransen, L., 2013, Social Investment Package, http://www.ose.be/files/midi_OSE/Fransen_2013_slides_ose-vleva_110313.pdf

Frazer, H. y Marlier, E., 2009, Minimum Income Schemes Across EU Member States.

Synthesis Report, EU Network of National Independent Experts on Social Inclusion, http://www.peer-review-socialinclusion.eu

Frazer, H., Guio, A-C., Marlier, E., Vanhercke, B., Ward, T., 2014, Putting the fight against

poverty and social exclusion at the heart of the EU agenda: A contribution to the

Mid-Term Review of the Europe 2020 Strategy, Observatoire Social Européen,

Research Paper No. 15

19

Giddens, A., 1998, The Third Way: The Renewal of Social Democracy, Cambridge, Polity

Press

Hemerjick, A., Ferrera, M. y Rhodes, M., 2000, The Future of Social Europe. Racasting

Work and Welfare in the New Economy, Oeiras, Celta Editora

Hemerjick, A., 2008, “L’imperativo del developmental welfare per l’Europa”, en Le

riforme del welfare in Europa, La Rivista delle Politiche sociali, Roma, Ediesse, n.1,

2008, pp 57-91

Immervoll, H., 2009, Minimum-Income Benefi ts in OECD Countries: Policy Design,

Effectiveness and Challenges, Discussion Paper No. 4627, Bonn, IZA

Istitituto per la Ricerca Sociale, 2011, The role of minimum income for social inclusion in

the European Union 2007-2010, European Parliament, Directorate General for

Internal Policies

Kildal, N., 2001, Workfare Tendencies in Scandinavian Welfare Policies, Geneve,

International Labour Office

Marbán Gallego, V. y Rodríguez Cabrero, G., 2011, Estudio comparado sobre Estrategias

de inclusión activa en los países de la Unión Europea, Madrid, Ministerio de Sanidad,

Política Social e Igualdad

Marx, I., 2013, Minimum income schemes in the EU: adequacy and challenges, European

Employment Observatory Thematic Occasional Seminar Brussels, 16 January 2013

Moreno, L., 2012, La Europa asocial. ¿Caminamos hacia un individualismo posesivo?

Barcelona, Península

Natali, D., 2013, “Il modello sociale europeo è morto? Politiche sociali e relazioni

industriali tra austerità e integrazione europea”, en Rassegna Italiana di Sociologia,

2/2013, Bologna, Il Mulino

OECD, 2004, Employment Outlook, Paris

Peña-Casas, R., Ghailani, D., Sabato S. y Nicaise, I., 2013, Towards a European minimum

income, Contribution Workers' Group. Final Report, Observatoire Social Européen

Pochet, P. y Degryse, C., 2011, “The Programmed Dismantling of the «European Social

Model»”, en Intereconomics, 4, pp. 210-217.

Recomendación 92/441/CEE del Consejo, del 24 de junio de 1992, por la que se definen

los criterios comunes en materia de recursos y prestaciones suficientes en los sistemas

de protección social

20

Resolución del Parlamento europeo del 20 de octubre de 201sobre el rol de la renta mínima

en la lucha contra la pobreza y la promoción de una sociedad inclusiva en Europa

(2010/2039(INI)

Ronchi, S., 2013, Social minimum in the new welfare state: minimum income protection in

Slovenia, Working Paper 2WEL 4/2013, Torino, Centro Einaudi

Rosanvallon, P., 1995, La nouvelle question sociale. Repensier l’Etat Providence, Paris,

Seuil

Saraceno, C., 2014, “SIA, l'ennesima occasione mancata”, en Percorsi di secondo welfare,

Newsletter 2/2014, Torino, Centro Einaudi

Valkenburg, B., 2005, “Verso l’individualizzazione delle politiche di attivazione?

Un’introduzione”, en La Rivista delle Politiche Sociali, n.12, Roma, Ediesse

Valkenburg, B., 2007, “Individualising activation services: thrashing out an ambiguous

concept”, en Van Berkel, R. y Valkenburg, B. (compiladores), Making it personal.

Individualising activation services in the EU, Bristol, Policy Press

Vandenbroucke, F., 1999, The Active Welfare State: A European Ambition, Den Uyl

Lecture, Amsterdam, 13 December

Vandenbroucke, F., Hemerijck, A. y Palier, B., 2011, The EU Needs a Social Investment

Pact, European Social Observatory, WP series, Opinion paper no. 5, http://www.ose.be/files/OpinionPaper5_Vandenbroucke-Hemerijk-Palier_2011.pdf

Vandenbroucke, F., Cantillon, B., Van Mechelen, N., Goedeme, T. y Van Lancker, A.,

2012, “The EU and Minimum Income Protection. Clarifying the Policy

Conundrum”, en Marx, I. y Nelson, K. (eds), Minimum Income Protection in Flux,

Basingstoke, Palgrave Macmillan, pp. 271-317

Van Mechelen, N. y Marchal, S., 2013, Trends and convergence of Europe’s minimum

income schemes, Discussion paper no. 13/11, ImPRovE Project

Van Parijs, P., 2005, “Basic Income: A Simple and Powerful Idea for the Twenty-first

Century”, en Ackerman, B. y Wright, E.O. (eds), Redesigning Distribution. Basic

Income and Stakeholder Grants as Cornerstones for an Egalitarian Capitalism,

London, Verso, pp. 7-36

Van Parijs, P. y Vanderborght, Y., 2005, L’allocation universelle, Paris, Éditions La

Découverte

VENETO LAVORO Osservatorio & Ricerca, 2013, Monitoraggio del decreto

interministeriale 5 ottobre 2012. L’impatto degli incentivi all’incremento quantitativo

e qualitativo dell’occupazione giovanile e femminile, MISURE 47, http://www.venetolavoro.it/misure

21

Weishaupt, J.T.,” Origin and genesis of activation policies in ‘old’ Europe: towards a

balanced approach?”, en Marx, I. y Nelson, K., (eds), 2012, Minimum income protection

in flux, Palgrave Macmillan

Weishaupt, J.T., 2011, From the Manpower Revolution to the Activation Paradigm,

Amsterdam, Amsterdam University Press