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Josu Gonzlez Ortiz1 BA, JD, M.Pl

LA POLICA QUE RECLAMAMOS

Ante los eventos de criminalidad y violencia que por dcadas ha sufrido nuestro pas, con demasiada frecuencia se escucha decir que la reforma de la polica del 2013 se ha tornado en un impedimento para combatir el crimen. Se insina que es una carga que obstaculiza el comportamiento de los agentes del orden pblico al tratar de prevenir o investigar la conducta criminal. Tendemos a olvidarnos que mucho antes de la Reforma la criminalidad ya era una tragedia nacional, y que las campaas rimbombantes tales como mano dura, golpe al punto y golpe al usuario que los gobernantes de tiempo en tiempo acuan en sus estrategias anticrimen para manipular la opinin pblica de nada han servido, porque al fin y al cabo se ha ignorado el verdadero origen de la criminalidad generalizada y su relacin con la inequidad, la marginacin y la exclusin.

Esta hostilidad hacia la necesidad de una reforma revela en primer lugar que la

criminalidad y la seguridad ocupan un rango importantsimo entre las preocupaciones de los puertorriqueos y las puertorriqueas. Y con razn, al considerar la tasa alarmante de delitos que ocurren en Puerto Rico y la tradicional ineptitud para atender las verdaderas causas del problema. Pero tambin revela que con urgencia nos hace falta entender que para ejercer el fin pblico de garantizar la seguridad, el cuerpo policaco debe profesionalizarse, revestirse de recursos y de las destrezas necesarias que requiere el ejercicio de su importantsima funcin ministerial.

No debemos olvidar que la reforma no surgi de la nada. En apretadsima sntesis, por

muchsimos aos dentro de la polica de Puerto Rico se desarroll una cultura de violencia institucionalizada provocada entre otras cosas por la ausencia de supervisin, entrenamiento, protocolos e instrumentos de rendicin de cuentas que impusiera controles a los funcionarios que, en nombre del estado, estn autorizados a intervenir con personas y, en ciertas circunstancias, a utilizar fuerza. La ausencia de mecanismos de supervisin entrenamiento y rendicin de cuentas haca inefectiva la prevencin del crimen. De forma intolerable se incurre en abusos con absoluta impunidad a base de criterios discriminatorios, especialmente en contra de grupos desventajados, por razones polticas o para reprimir el ejercicio de derechos protegidos por la Constitucin. Se encontr que cerca de un 10% de los oficiales de la polica de alguna manera haban estado ellos mismos involucrados en actividad criminal. En otras palabras, no solo la Polica de Puerto Rico ha sido inefectiva para 1 Staff Attorney, American Civil Liberties Union (ACLU) of Puerto RIco

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combatir la criminalidad, sino que ha sido parte del problema de criminalidad. A pesar de lo evidente, los jefes de la polica negaban, y an siguen negando, la naturaleza estructural e institucional del problema. Y no fue sino hasta que la situacin alcanz el rango de escndalo internacional que se torn imposible ignorarlo.

El acuerdo de reforma, firmado en el verano del 2013, se enfoca en once reas

operacionales que ameritan atencin inmediata. Incluye el diseo de polticas relacionadas al reclutamiento, uso de fuerza, igual proteccin y no discrimen, supervisin, disciplina, entrenamiento y rendicin de cuentas, entre otras. Para su xito, el acuerdo adopta un importantsimo principio de robusta participacin comunitaria y transparencia. Estas disposiciones establecen relaciones comunitarias slidas y el compromiso de la agencia de colaborar de forma constructiva con la comunidad para identificar soluciones. Las medidas incluyen el establecimiento del concepto de la polica de la comunidad. Se abre la puerta al involucramiento efectivo de los diversos sectores dentro de la Reforma para que ofrezcan sus perspectivas y conocimiento en la elaboracin de polticas acertadas de acuerdo a la realidad de la calle. Esto requiere un enorme esfuerzo de parte de las comunidades para interesarse, exigir su participacin y rendicin de cuentas.

Para el xito de la reforma se requiere por parte de los funcionarios a cargo de la

implementacin apertura para reconocer y facilitar la participacin y el intercambio de informacin. De la misma forma que fue vital el que las comunidades se organizaran para exigir ser escuchadas en la denuncia y documentacin de los incidentes, es esencial esa misma organizacin para la implementacin de la Reforma. En esta etapa las comunidades y los diversos sectores son fuente inigualable de conocimiento. Al escuchar miembros de los sectores particularmente afectados por prcticas policacas abusivas, los funcionarios de la reforma fcilmente podrn entender las fallas a nivel operativo cuando policas ejecutan arrestos y allanamientos para as tomarlas en consideracin al elaborar los protocolos pertinentes. Adems, por ejemplo, la comunidad LGBTTQI puede describir con precisin la conducta discriminatoria que tanto les afecta cuando solicitan proteccin y asistencia. Las organizaciones que ofrecen servicios a las vctimas de violencia de gnero cuentan con el peritaje para la elaboracin de las mejores prcticas en relacin con las rdenes de proteccin. Trabajadores y trabajadoras han vivido en carne propia los abusos de las fuerzas especializadas en ocasin de las manifestaciones.

Tampoco las polticas y protocolos elaborados en la Oficina de la Reforma deben aspirar a ser una reproduccin literal del acuerdo de la Reforma. El Acuerdo es la fuente de autoridad que habilita el proceso de implementacin, y constituye el mapa que le imparte direccin y visin. Su contenido no constituye en s mismo las polticas y protocolos a elaborarse. Para que stas se ajusten al espritu de la reforma, se requiere un alto grado de creatividad y flexibilidad que supere el lenguaje general del acuerdo, y de esta manera lo haga pertinente a la realidad del trabajo diario de los oficiales. Para alcanzar la debida transformacin en la cultura policiaca se necesitar con frecuencia sobrepasar las mrgenes de su aplicabilidad para atender aspectos no previstos. Es por tanto necesaria la colaboracin de los altos funcionarios del Gobierno de todas las ramas para ajustar la implementacin a aspectos no explcitamente incluidos con el fin de adelantar su cumplimiento cabal y permanente.

Por ejemplo, la rama judicial, especialmente al nivel de las salas de investigaciones,

debe apartarse de ser un sello de goma en el proceso de presentacin de casos criminales por parte de agentes de la Polica, y detectar elementos que parezcan sospechosos en el testimonio de los oficiales. Desde las etapas tempranas del proceso criminal los jueces y

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juezas deben ser rigurosos al evaluar la prueba ante s y asegurarse que el foro judicial no se torne en el instrumento de violacin de derechos humanos al permitir el procesamiento de casos fabricados o sin base que no tienen otra funcin que hostigar y chantajear para prevenir que las personas denuncien abusos y corrupcin de miembros de la uniformada. Lo mismo aplica a fiscales. Antes de presentar o recomendar la presentacin de casos criminales deben asegurarse que fue obtenida de acuerdo a la ley.

El monumental trabajo creativo que tiene ante s la Oficina de la Reforma, dirigido por

la Tenienta Coronela Clementina Vega, merece un slido apoyo institucional para garantizar su estabilidad. El criterio adoptado por los funcionarios de esa oficina amerita ser respetado por los altos funcionarios del estado y de las ramas del gobierno. La alta gerencia del gobierno no debe fijar obstculos innecesarios en las decisiones que se originan desde la Oficina de la Reforma. No hay margen para intervenir a base de consideraciones poltico partidista. La Reforma es a largo plazo, y requiere un cambio de cultura institucional que durar aos, y es por eso que los funcionarios a cargo de su implementacin requieren estar completamente inmunes a la incertidumbre que representa la influencia y el vaivn poltico partidista, que tanto dao ha provocado a las estructuras gubernamentales.

Aunque el acuerdo se supervisa desde el foro federal, hay un mandato explcito para respetar las leyes de Puerto Rico. Nuestra Constitucin, la cual est inspirada en principios de derechos humanos, y la interpretacin que sobre ella han realizado nuestros juristas, provee de instrumentos normativo suficientes para atender el inters de seguridad y orden pblico conjuntamente con el respeto a derechos humanos bsicos.

Finalmente, para promover cambios permanentes es necesaria la adopcin de un

mecanismo civil independiente de rendicin de cuentas que responda al pas. El monitor de la Reforma (TCA) tiene la funcin ministerial de informar al tribunal federal los avances en la implementacin de la Reforma de acuerdo a sus trminos, mientras sta dure. La naturaleza del mecanismo civil de rendicin de cuentas es distinta. Tiene la funcin de servir como entidad permanente, completamente independiente al gobierno, encargada de asegurar an luego de la reforma que la agencia procure operar de acuerdo a los derechos humanos, y que sirva de instrumento para que las personas puedan presentar sus denuncias y stas ser investigadas por un cuerpo independiente comprometido en asegurar las rendicin de cuentas. En la ACLU aspiramos a que este mecanismo se extienda no solo a los miembros de la Polica de Puerto Rico, sino a las policas municipales, y los oficiales de la Administracin de Correccin. Sostenemos que las agencias federales de orden como el FBI y NSA, quienes cuentan con un amplio y bochornoso historial de abuso y represin, tambin pueden estar sujetas a un mecanismo independiente de rendicin de cuentas.

La implementacin de la reforma representa una buena oportunidad para que las

personas reclamen verdaderos espacios de participacin en el diseo de polticas pblicas. Podra tornarse en un modelo que sirva de ejemplo para la participacin en otras reas de la administracin pblica de forma efectiva y honesta para el pas. De esa manera podramos fomentar profundas transformaciones en las malgastadas estructuras gubernamentales en medio del momento coyuntural en que vivimos.