l a g a c e t adel patriota 34Suscribite a la gaceta enviando un mail a

i n f o @ c a f e d e l o s p a t r i o t a s . c o m . a rDiseño e impresión. Coop. Gráfica del Pueblo 4 . 1 1 . 1 4

deudael imperio contraataca Mientras nuestro país continúa resistiendo los embates del imperialismo para quebrar la reestructuración de deuda y escarmentar a los países que buscan independizarse de su dominio, los buitres contraatacan. En este caso, otro tipo de fondos, los llamados DistressedFunds o Fondos DF, amenazan con acelerar el pago del bono PAR, y por lo tanto con quebrar la reestructuración de deuda. En paralelo, la presidenta Cristina Kirchner envió una carta de protesta a Obama por la designación como funcionaria pública de una reconocida lobista de los fondos buitres que viene atacando a nuestro país desde hace años.

El nuevo ataque de los buitres se centra en los tenedres de bonos PAR, amenazando a nuestro país con una aceleración.“Acelerar” el cobro significa que el país deu-dor debe pagar toda la deuda en un solo pago. Para pedir la aceleración al agente fiduciario, las cláusulas de los bonos es-tablecen que deben reunirse el 25% de los tenedores de cada bono en que haya existido un incumplimiento de pago.Si bien nuestro país depositó los 161 millones de dólares correspondientes a los últimos venci-mientos del bono PAR en una cuenta de Nación Fideicomisos para evitar los bloqueos del juez Griesa, los tenedores de bonos no accedieron a

cobrar en esa entidad. Al revés, esperaron que se cumplieran los 30 días de plazo desde que no reciben su pago para anunciar un posible pedido de aceleración del pago.

Es que en realidad, esos bonos cambiaron de ma-nos después del nefasto fallo de Griesa. Si para los fondos de mercados emergentes-que eran propietarios de los PAR hasta el fallo- los bonos estaban caros, y por eso los vendían, para los fondos de alto riesgo, el fallo y sus bloqueos les permiten solicitar una aceleración que obligaría al gobierno argentino a negociar.

Con esta estrategia, aparecen en escena fondos como el Owl Creel, que busca juntar no al 25% sino al 50% de los tene-dores. Con ese número podrían no solo pedir la aceleración, sino luego cancelarla. Esto les daría un poder de negociación enorme, ya que tendrían no solo la llave para tirar abajo la rees-tructuración de la deuda, sino también para salvarla, negocia-ción a su favor mediante.Pero para alcanzar este punto, los fondos deben reunir a una cantidad de tenedores inédita y convencerlos de que su estrategia es la correcta. Tarea compleja, si se tiene en cuenta que ni el proceso de aceleración es automático, ni está exento de un nuevo debate legal que llevaría años hasta una resolución definitiva.

A su vez, una aceleración jugaría en contra de los buitres beneficiados por el fallo de Griesa. En el mismo se sostiene que para determinar el monto que deben cobrar, debe multiplicarse la deuda por un porcentaje de pago que se calcula dividiendo lo que nuestro país estuviese dispuesto a pagar

34por lo que debe pagar. Si se acelera, lo que debe-ríamos pagar sería mayor, por lo que el monto a cobrar por los buitres beneficiados por Griesa sería menor.

Otro de los impedimentos para la aceleración que enfrentan estos fondos es que la ley de Pago Soberano cambió el agente fiduciario-el BONY por el Nación Fideicomisos-, por lo que los buitres deberían solicitar la aceleración a una entidad nacional que no la aceptará.

La posición argentina al respec-to es más que clara. Es Griesa quién debe responder por los impedimentos que su fallo es-tablece contra los pagos que nuestro país realiza y que no llegan a los bonistas. Por ello, los tenedores deberían reclamarle a la justicia estadounidense y no al Estado argentino, quién no ha realizado incumplimiento alguno. En ese claro posicionamiento de soberanía se inscribe la carta enviada por nuestra presidenta a su par estadounidense, donde se critica la de-signación como funcionaria pública de una lobista de los buitres. La persona en cuestión es Nancy Soderberg, copresidenta del grupo American TaskForce Argentina (ATFA) que desde que Néstor Kirchner iniciara la restructuración de deuda, se dedica a agredir a nuestro país y defender a los buitres.

Yendo al grano, la presidenta escribió a Obama: “Si la res-ponsable de dichas acusaciones fuese a su vez funcionaria de su gobierno esperamos tener una clarificación sobre la opinión de

Estados Unidos sobre este tema tan importante en la agenda bilateral”. Pero lo que más llama la atención es el cargo que ocupa por orden y gracia del presidente estadounidense. Soderberg es titular de la Oficina de Desclasificación de Interés Público-PIDB-, con acceso a información clasificada y con vínculos directos con el Congreso estadounidense. Si bien desde el Departamento de Estado buscaron despegar la designación de Soderberg del ataque de los buitres, argumentando que se la designó mucho antes del fallo de Griesa, en 2012 la funcio-naria ya era copresidenta de ATFA.

Peor aún, Obama conoce a Soderberg desde tiem-po atrás, ya que ésta fue una de las asesoras más importantes de Clinton en materia de se-guridad y política exterior, trabajando con rango de embajadora ante la ONU. “Me siento honrado de que estas personas talentosas hayan decidido unirse a esta administración y servir a nuestro país”, afirmo Obama el día de su designación.

Esto echa luz sobre los notables vínculos entre quienes, a plena luz del día, buscan tirar abajo las reestructuraciones de deuda y quienes, desde las sombras, buscan dar continuidad a la depen-dencia financiera que históricamente les permite sojuzgar naciones como la nuestra.

eco-nomía mun-dialla fed y los nuevos desafíos para latinoamerica y los emer-gentesLos cambios en las políticas de la Reserva Federal de los Estados Unidos-FED- permiten avizorar un futuro de complejidades y nuevos desafíos para las economías de nuestro continente. Los anun-cios de la entidad relacionados con una posible suba en las tasas de interés, pudiendo generar un repliegue de multinacionales que actualmente invierten en países emergentes, prevén un cambio de etapa en toda la economía mundial.

La FED es el sistema bancario central de Estados Unidos, una entidad privada que maneja las reservas de los poderosos bancos estadounidenses. Si bien formalmente se declara inde-pendiente de las decisiones del gobierno central y el congreso,

en los hechos funciona como uno de los centros de decisiones más importante del mundo en materia económica, por lo que los partidos políticos estadouni-denses no son ajenos a su fun-cionamiento. Entre sus funciones se encuentra la de fijar la tasa de interés con la que se le presta a los ban-cos, lo que reduce o amplía la oferta monetaria y la liquidez de dólares no solo en Estados Unidos sino en todo el mundo.

Desde diciembre de 2008, y respondiendo a la crisis global, la FED mantenía, entre otras políticas apuntadas a incentivar la inversión por sobre el ahorro, una tasa de interés cercana al 0% que permitía una mayor liquidez global. Además, tenía una política activa de compra de títulos de deuda para sostener su precio y evitar el impacto en los balances de los bancos. Sin em-bargo, en los últimos tiempos, argumentando que lo peor de la crisis ya paso, la entidad comenzó a recortar estímulos a la liquidez como la compra de activos, lo que prefigura una posible elevación de tasas.

Para Latinoamérica y el resto de los emergentes, el efecto nocivo de una elevación de ta-sas sería el movimiento de los capitales multinacionales desde la periferia hacia el centro financiero del mundo, atraídos por el mayor rendimiento que

34ley de hidro-carbu-rosmás inversiones para el autoa-bastecimiento energeticoDesde comienzos de este año, el Poder Ejecutivo, los directivos de YPF y las diez provincias petro-leras vienen discutiendo una reforma a la Ley de Hidrocarburos con el objetivo de atraer más inversiones y alcanzar el ansiado autoabasteci-miento energético. Después de meses de intenso debate, la ley fue aprobada en el Congreso Nacional.

Desde el descubrimiento del yacimiento Vaca Mue-ra en 2010, nuestro país está considerado como la segunda reserva mundial más importante de hidrocarburos no convencionales. Según estudios realizados por YPF, con solo poner en valor el 5% del potencial de Vaca Muerta, Argentina podría lograr el autoabastecimiento energético, lo que le evitaría una sangría de miles de millones de dólares por año para importar hidrocarburos. Al mismo tiempo, en el mediano plazo, la explotación del yacimiento podría aportar a nuestra econo-mía ingresos de hasta 65 mil millones de dólares

otorguen los bancos en Wall Street. Esto podría generar una caída de la inversión y elevar la salida de dólares de los países emergentes.

Por otra parte, el recorte de estímulos a la liquidez provoca que el dólar se aprecie- que se haga más caro en comparación con otras monedas y otros bienes-, y que por lo tanto el precio de los commodities-como la soja y el petróleo- descienda todavía más de lo que lo viene haciéndolo en los últimos años, lo que tampoco ayuda a las eco-nomías emergentes.El efecto que genera una apreciación del dólar se traslada al precio que tienen los bienes en esa moneda. Al hacerse más fuerte, cada dólar tiene un poder de compra mayor. Visto esto mismo del lado inverso, el precio de los bienes expresados en dólares se reduce. Esta es una de las causas por detrás de la baja de los precios de la soja y el petróleo.

A pesar de estos signos negativos, la etapa del dólar abundante está lejos de cerrarse. Mientras la FED deja de comprar títulos de deuda, el Banco Central Japonés se dedica de lleno a la compra de bonos estadounidenses y el Banco Central Euro-peo se prepara para seguir el mismo camino.

En lo que respecta a nuestro país, esta situación no le reper-cute en el corto plazo ya que la apreciación del dólar no se trasladamecánicamente al tipo

de cambio. Sin embargo, su principal socio comercial de la región-Brasil-, con una política monetaria mucho más sensible a las variaciones de la divisa, podría realizar modificaciones en el tipo de cambio que en última instancia podrían trasladarse-tampoco mecánicamente- a Argentina.

anuales, como así también la creación de 500 mil puestos de trabajo.

Este inmenso potencial puede ser un estímulo para el desa-rrollo soberano de nuestro país, pero también para la llegada de capitales extranjeros especia-lizados en saquear las riquezas naturales de países emergen-tes. En ese sentido, surge la necesidad imperiosa de contar con un marco legal que disponga límites concretos a estas prác-ticas ampliamente reconocidas en la industria petrolera a lo largo de toda su historia. Justamente la reforma prevé un nuevo marco legal que completa y modifica la ley preexistente incorporando regulaciones sobre los hidrocarbu-ros no convencionales, hasta ahora sin regulación alguna.

El punto nodal de la reforma es la limitación en la libre disponi-bilidad para exportar que ten-drán las empresas. En el caso de los yacimientos en tierra, recién después de tres años de cumplir con las inversiones previstas, podrán exportar el 20% del total explotado. En las platafor-mas off shore, que requieren inversiones más complejas y con mayores riesgos, será del 60%.

La importancia de este punto reside en que desde la última

dictadura militar en adelante, el modelo petrolero argentino ha dado prioridad a la exportación por sobre el autoabastecimien-to y el desarrollo industrial. Esta fue la política de las grandes empresas petroleras, que con la conveniencia de los distin-tos gobiernos, provocaron la depredación de gran parte de nuestras reservas y la dependencia de los dictados del capital extranjero.

El punto máximo de entrega llegó en 1989 con la política de desregulación que fijó un régimen de libre disponibilidad para las empresas privadas, que desde entonces se volvían pro-pietarias de lo que extraían y de lo que quedaba como reserva. Sin necesidad de invertir, ya que el incumplimiento de planes de inversión no les generaba perjuicios, las empresas hacían lo que querían.

Un buen ejemplo de esta práctica de saqueo es el de la gestión del ex secretario de energía, Daniel Montamat, ahora adalid de la oposición y los grandes multimedios, durante el último gobierno radical. Mientras las reservas de gas y petróleo cayeron abruptamente, la exportación de energía eléctrica –generada en un 80% en centrales térmicas que utilizan distintos combustibles- creció en un 457,6%. En paralelo, el 36,7% del crudo extraído y el 37,3% del gas natural fueron a parar a otros países.

En ese momento, año 2000, las reservas de gas alcanzaban para 17 años de autoabasteci-miento, pero no sobre la base

de un modelo exportador que saqueaba un recurso estratégi-co y no renovable. Al contrario, el esquema energético que orienta la reforma no apunta a la generación de exce-dentes para la exportación sino a alcanzar el autoabastecimiento para potenciar el desarrollo industrial y garantizar los servicios domiciliarios y comerciales. Esto comenzó a hacerse realidad con la recuperación de YPF y la ley de expropiación que fijó una nueva política de hidrocarburos, aboliendo el régimen de libre disponibilidad.

Por otra parte, el principal escollo para acceder a la explotación de estos recursos son los 20 mil millones de dólares necesarios para inves-tigación, exploración, perforación, terminación y producción que pueden aportar los capitales extranjeros en una primera etapa. Este monto podría garantizar el autoabastecimiento de gas y petróleo para antes de 2020, pero la inversión real necesaria para lograr la explotación total de Vaca Muerta y el resto de los yacimientos ascien-de a los 200 mil millones de dólares.

En este sentido, la ley aprobada establece nuevos plazos para las concesiones, según el tipo de ex-plotación, y para los permisos en exploración, que se achican como incentivo para nuevas inversio-nes. 25 años para los yacimientos convencionales, 35 años para los no convencionales y 30 años para los desarrollos en la plataforma marítima argen-tina, con la salvedad de que las provincias podrán otorgar prórrogas de 10 años a las empresas que cumplan con las inversiones. Esto da un horizonte de proyección a mediano plazo para empresas que realicen inversiones no menores a los 250 millones de dólares.

Otro de los puntos nodales de la reforma, que generó rispideces con algunos gobernadores, es

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g-10 integración latinoamericana y petroleraMarcando un nuevo hito en la historia de la integración latinoamericana, las 10 empresas petroleras nacionales de toda Latinoamérica constituyeron el Grupo de Procura de Petroleras Latinoamericanas, más conocido como G-10. Con-cretando la propuesta realizada por el presidente de YPF, Miguel Galuccio, durante el último Congreso Internacional de Gas y Petróleo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, las empresas estatales confluyen en el objetivo de lograr el desarrollo regional de la cadena de abastecimien-

la cuestión de las inversiones de las empresas provinciales. Hasta ahora, el sistema de acarreo permitía que éstas se adjudicasen áreas petroleras sin inversiones de capital. Al mismo tiempo, los acuerdos con empre-sas privadas les reconocían una parte de la renta -entre un 5% y un 15%- sin que esas ganancias fueran necesariamente reinvertidas.

Con la reforma, se elimina el acarreo y se esta-blece que las empresas provinciales podrán par-ticipar en la etapa de desarrollo de los proyectos según los niveles de inversión que propongan, lo que las pone a la par de las privadas. A cambio de esta modificación, las provincias recibirán el 2,5% del monto inicial de inversión, como también un monto del Estado Nacional para financiar obras de infraestructura. Al mismo tiempo, al 12% de las regalías actuales se le sumará un 3% por cada prorroga, con un tope del 18%.

to en petróleo y gas.

A lo largo de nuestra historia, América Latina tuvo varios intentos por lograr esta integración ener-gética. En 1965, se creó la ARPEL-Asistencia Recí-proca Petrolera Estatal Latinoamericana-, cuyos objetivos originales eran defender y fomentar los intereses de la región, además de propiciar el desarrollo de la industria petrolera por medio de acciones estratégicas en común.

En la década de los 90, privatiza-ciones mediante, ARPEL se con-vertiría en “Asistencia Recíproca Petrolera Empresarial Latinoa-mericana”, desplazándose hacia el paradigma neoliberal que veía los recursos petrolíferos, ya no como recursos estratégicos para el desarrollo nacional, sino como un simple bien comerciali-zable a granel en todo el mundo.En mayo de este año, durante la cuarta edición del Congreso Internacional de Gas y Petróleo, y retomando el paradigma de integración latinoa-mericana para el desarrollo regional, el presiden-te de la YPF Argentina afirmó:

“Si tener el dominio de la ener-gía es poder político, agruparse y encontrar sinergias es todavía tener más poder. En los países de la región tenemos importan-tes empresas nacionales con experiencias y fortalezas que podemos compartir para el cre-cimiento energético de la región y llegar a conformar un G-10 de

la energía”.Unos meses después, en el marco del Foro de Abastecimiento realizado en México, directivos de nueve empresas- YPF-Argentina, Pemex de México, Petronet y Petrobras de Brasil, Ecopetrol de Colombia, YPFB de Bolivia, Enap-Sipetrol de Chile, Petroamazonas de Ecuador y ANCAP de Uruguay- firmaron una declaración de principios y valores como puntapié inicial del nuevo Grupo de Procura de Petroleras Latinoamericanas.

En los últimos años, América Latina ha reapareci-do en el plano mundial como fuente de reservas de hidrocarburos tanto convencionales como no-convencionales. Mientras el aumento de las reservas a nivel mundial ha sido del 20%, entre 2009 y 2011, en Latinoamérica fue del 40%. Por otra parte, nuestro continente produce más de 8.192.950 millones de barriles de petróleos diarios, cifra cercana a la del primer productor mundial, Arabia Saudi que produce 10.520.000.

ley de teleco-muni-cacio-nesdesmonopolizando las redesEl gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de Ley de Telecomunicaciones, denominado Argen-tina Digital, con el objetivo de desmonopolizar y garantizar la calidad y el acceso de los servicios deInternet, televisión por cable, telefonía fija y móvil.

La nueva ley viene a reemplazar a la actual, promulgada por la dictadura de Lanusse en 1972 y modificada posteriormente por el menemismo y la alianza, con reformas que, por ejemplo, desre-gularon al sector telefónico. A su vez, la actualiza en cuestiones básicas como servicio de internet o telefonía celular, inexistentes para aquella época.

La norma declara como servicio público el uso y acceso a las re-des por parte de los licenciata-

rios, lo que permite al gobierno establecer tarifas en el seg-mento mayorista para bene-ficiar a pymes y cooperativas.En el mismo sentido, las redes podrán ser utilizadas por todos los prestadores, por lo que se sumarán nuevos actores al mercado en mejores condiciones que antes. Esto permitirá que puedan expandirse experiencias como las de la Cooperativa Po-pular de La Pampa que superó en abonados a Cablevisión, con una tarifa más baja y un servi-cio de calidad. El proyecto también confiere al Estado la potes-tad para coordinar la expansión de las redes, y por lo tanto garantizar el acceso en todo el país, y para fijar una velocidad mínima de transmisión que deberán cumplir los distintos operadores. Al establecer el territorio nacional como única área de prestación, se elimina el concepto de larga distancia y todas las llamadas pasan a ser locales.

Por otra parte, y en uno de los puntos más discutidos del proyecto, se permitirá que las telefónicas puedan brindar servicios de televisión por cable, lo que pone en jaque la posición dominante del Grupo Clarín en ese sector. Para zanjar las contradicciones legales con algu-nos artículos de la Ley de Medios, la nueva norma exceptúa solo parcialmente de su cumplimiento a las telefónicas, obligándolas a gestionar una

licencia ante el AFSCA conformando unidades de negocios separadas. A su vez, aquellas que logren obtener el permiso, tendrán los mismos límites que establece la Ley de Medios en cuanto a cantidad de licencias-hasta 24- y porcentaje de mercado-35%.

En otros puntos, y con el objetivo de garantizar el acceso universal a un servicio de calidad, el pro-yecto otorga al Estado Nacional la potestad para manejar el Fondo para el Servicio Universal, en el que las empresas aportan el 1% de sus ingresos. Desde 2010, a través de este fondo se logró dar servicio a bibliotecas populares y establecimien-tos educativos en todo el país. Actualmente, el total del fondo asciende a 2400 millones de pesos que, una vez aprobada la ley, quedarán a cargo del Estado Nacional.

34ciudadel macrismo recorta el presu-puesto para educación

El ministro de educación de la ciudad, Esteban Bullrich, presentó en la legislatura el presupuesto educativo para el año 2015 que marca la menor participación de educación en el presupuesto general -20%-, y que incluye recortes que al-canzan el 16% en infraestructura escolar, 2000 becas estudiantiles menos y la creación de solo 900 vacantes frente a las 8 mil necesarias en el nivel inicial.

Como se viene repitiendo desde que el macrismo asumió el go-bierno, las partidas para edu-cación pública se reducen año a año. En 2007, el Estado de la ciudad invertía el 28% del total de su presupuesto en educación, mientras que para 2015 sólo alcanzará el 20%. Al recorte se suma la subejecución: solo entre 2008 y 2012 se subejecutaron 1800 millones de los distintos presupuestos educativos. Esto se da en un contexto donde por lo menos 8 mil familias no consiguen vacantes para sus hijos, y donde la zona sur de la ciudad necesita construir 33 nuevas escuelas para terminar con el hacinamiento en el que cursan miles de chicos. Para revertir esta situación, los gremios docen-tes y la comunidad educativa reclaman un 30% de inversión en educación.

ciudaddenuncian vaciamiento y cierre de jardines infantiles

En el desagregado del presu-puesto educativo, el PRO reduce la inversión para infraestruc-tura escolar en un 16% con respecto a 2014 y en un 83% con respecto a 2011. En paralelo, aumenta en un 40% los subsi-dios a escuelas privadas, lo que alcanza a unos 2.837 millones de pesos para 2015. Estos miles de millones se suman a los 400 que el PRO otorgó a las privadas como “gastos extra” durante este año. Con esos miserables montos para construir es-cuelas, y demostrando una vez más el cinismo del macrismo, Bullrich afirmó que construirá nueve escuelas, cuando en los objetivos del presupuesto figuran once. A su vez, reconoció que el sistema online que dejo a 11 mil chicos sin vacantes en 2014 no funcionó bien, y que en la zona sur faltan escuelas para mejorar la calidad educativa y terminar con las pésimas condiciones. Lo que no pudo explicar es porque invirtieron 26 millones de pesos para comprar 41 aulas “containers”, cuando con ese dinero se podrían haber construido 4 escuelas de 14 aulas cada una.

En el caso de las cooperadoras y las becas es-tudiantiles el presupuesto caerá un 17%, lo que significarán 2000 becas menos.

los jardines y las salas necesarias para cubrir estas vacantes, el programa recibe 8.000 niños de entre 45 días y 4 años que viven en situación de vulnerabilidad y les brinda jornada completa, desayuno, almuerzo y merienda como también controles obligatorios de salud y vacunación.

Para el PRO, este programa sirve para bajar la demanda de vacantes, ya que las fami-lias que se deciden por los CPI (Centros de Primera Infancia), son excluidas de la “lista de es-pera”. Al mismo tiempo, otorga su gestión a ONGs ligadas a la Iglesia Católica, quienes reciben-hasta ahora- subsidios por cada alumno, privatizando un derecho que debe ser garantizado por el Estado. Esto redunda en la precarización del personal educativo, que en vez de estar regido por el Esta-tuto Docente, lo hace bajo el convenio de UTEDYC-el gremio de entidades deportivas-, cobrando mucho menos- 8.500$ en vez de 12.000$- que un docente de jornada completa y sin antigüedad para su carrera.

Como dijimos anteriormente, esto no quita que miles de familias consigan un espacio que si bien no es el mejor en términos educativos y de gestión, permite la contención y el cuidado de sus hijos. Hacia allí apuntan los reclamos de las familias y los trabajadores del programa, que exigen mayor presupuesto y mayor presencia del Estado para mejorar los aspectos positivos del programa.

El Gobierno de la Ciudad avanza con la privati-zación y el vaciamiento de 30 salas y jardines del programa Primera Infancia, ubicados en los barrios más pobres de la ciudad como Soldati, Lu-gano, Bajo Flores, Mataderos, La Boca y Barracas. Para ello, el Ministerio de Desarrollo Social pro-pone un nuevo convenio con las salas de gestión asociada, donde el gobierno se desliga de lo que hasta ahora garantizaba: la comida, el material didáctico, el mobiliario y los seguros para niños y docentes. A su vez, y como viene realizando con otras áreas, recorta y subejecuta presupuesto todos los años.

En una ciudad donde faltan por lo menos otras 6000 vacantes para el nivel inicial, el PRO no solo ahoga y destruye los pocos pro-gramas que pueden contener a los niños, sino que busca privati-zarlos todavía más de lo que ya están. Justamente en la zona sur, donde según datos de la De-fensoría del Pueblo 7 de cada 10 chicos no consiguen vacantes y son mantenidos en las famosas “listas de espera”.En lugar de construir los jardines y las salitas que faltan, el Gobierno de la Ciudad se dedica a la privatización total de la educación inicial, des-ligándose de las responsabilidades y obligaciones que establece la propia Constitución de la Ciudad. Al mismo tiempo, otorga facultades al Ministerio de Desarrollo Social, que deberían ser exclusivas del de Educación.

El programa Primera Infancia fue creado por el macrismo en 2009 para responder a la demanda de vacantes en el nivel inicial con una política privatista. Sin embargo, si bien no reemplaza

d e a c t i v i d a d e s d e l c a f é d e l o s p a t r i o t a s

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