La implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en Reparaciones y Memoria desde el enfoque de coaliciones promotoras en Perú.

María Rosa Alayza

Miembro del Grupo de investigación: Instituciones Políticas y Ciudadanía de la PUCP- Perú

"Ponencia preparada para presentar en el 9no Congreso de Alacip ¿Democracias en recesión? Montevideo 26 al 28 de julio del 2017"

Introducción

Desde el inicio de la transición democrática (2000) a la fecha el Estado peruano ha promovido políticas públicas que se orientan a poblaciones vulnerables buscando su inclusión social (programas sociales, educación, salud etc.) mejorando sus condiciones de vida (infraestructura, agua potable, educación y salud, etc.). Dichas políticas se han desarrollado en medio de un esquema de crecimiento económico basado en la apertura a la inversión extranjera especialmente en recursos naturales (gas, petróleo y minería) o en grandes proyectos de infra estructura. Después de la década de Fujimori (1990-2000) había no solamente que recuperar las instituciones de la democracia y luchar contra la corrupción, sino responder a las demandas sociales de la población (De la Puente 2004), que supuso el impulso de una activa y propositiva participación ciudadana en los espacios abiertos por el Estado peruano y por los propios ciudadanos en las localidades. Como parte de la recuperación democrática se propuso en el gobierno de Transición de Paniagua (2001) la formación de la Comisión de la Verdad que el siguiente gobierno del Presidente Toledo asumiría, ampliando el nombre a Comisión de la Verdad y Reconciliación (2001-2003). A la par de la política social que ha sido central en este siglo han crecido otro tipo de políticas orientadas también a sectores vulnerables, pero que se basan en el resarcimiento de derechos y dignidad, que implican un reconocimiento de estos sectores, así como la aceptación de la deuda pendiente del Estado para con ellos. En este caso nos enfocamos a las políticas de Reparaciones y Memoria (RyM) que habiendo sido marginales, paradójicamente ha tenido un avance significativo, enfrentando negativas, cambios de autoridades y orientación, según los tres gobiernos transcurridos durante 14 años (2002-2016) correspondientes a los presidentes Toledo, García Pérez y Humala. Centralmente estas políticas han descansado en alianzas cambiantes sostenidas entre actores estatales y no estatales, en base a ideas y valores compartidos, convirtiendo al Estado en un terreno de lucha entre facciones y de alianzas con actores diversos de la sociedad civil, nacional e internacional, implicando ciertos grados de reparación, más que de reconocimiento, a sectores mayormente campesinas, quechua hablantes y pobres1 que sufrieron directamente el conflicto armado interno (1980-2000).

Ciertamente el Estado peruano y sus representantes tienen serios problemas para asumir la deuda con las víctimas del conflicto armado interno y en muy pocas oportunidades la han reconocido de manera explícita. Pese a ello ha habido un desarrollo de estas políticas de reparación, y en menor medida de memoria, las que resultan ingredientes indispensables para poder avanzar en cerrar las brechas de la

1 Informe final de la CVR. Conclusiones consigna que el 75% de la población afectada por el conflicto armado interno fue quechua hablante, campesina. Según el mapa de víctimas del Consejo de Reparaciones, señalamos las regiones que concentran más víctimas: Ayacucho (49,107) Apurímac (14,931) Huánuco (14,067), Huancavelica (13,532), Junín (12,389) etc. www.ruv.gob.pe

ciudadanía que mantienen débil a la democracia peruana, entendida tanto como tanto como sistema político y convivencia social. Justamente la baja intensidad ciudadana representa uno de los factores de debilidad estatal (O Donnell 2007, p.25) que todavía persiste en sectores de la población como son los pueblos indígenas y los ciudadanos afectados por el conflicto armado interno (1980-2000) entre otros.

Es políticas ocurren en un contexto donde hasta el día de hoy, no existe consenso acerca del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y sus recomendaciones, entregado en agosto del 2003 por su Salomón Lerner al entonces presidente Toledo. De acuerdo a las encuestas de ese momento el país estaba polarizado a favor y en contra,2 según Imasen el 48,3% estaba a favor, el 34,6% en contra y 16% no tenía una opinión formada. Este clima de opinión que por momentos se exacerba en forma extrema ha jugado como un factor que ha condicionado el desenvolvimiento de las políticas de reparaciones o memoria, poniéndolas en la discusión política. El informe final de la CVR estuvo basado en los testimonios recogidos de las víctimas de varias regiones así como en el análisis de casos emblemáticos de violaciones de derechos humanos tanto por los grupos alzados en armas como Sendero Luminoso y el MRTA como por las fuerzas armadas. Pero también puso el foco en analizar las causas de la violencia, ubicando la discriminación y marginación de grandes sectores de la población especialmente campesina, como un terreno propicio al surgimiento de la violencia3. El conflicto armado interno ocurrió dentro de tres gobiernos elegidos en las urnas4; y según el análisis presentado por la CVR ni el Estado peruano, ni las autoridades elegidas supieron proteger a la población civil de los grupos alzados en armas. Las pérdidas humanas y materiales fruto de esta falta cometida por década por el Estado peruano se basaron en el incumplimiento de su función primordial de garantizar la vida y seguridad de las personas. No ha sido fácil consolidar alianzas entre actores estatales y no estatales en medio de esta falta de consenso de la opinión pública dado que se generaban discusiones constantes, además ha influido el fraccionamiento y desconfianza de los miembros de la sociedad civil, especialmente afectados por la violencia frente al Estado que en un inicio no estaban organizados, sino dispersos y que además personifican historias discriminación y marginación por su condición cultural y social. También, como dijimos antes las condiciones de ejecución y alianzas se dificultan debido a la variabilidad de las condiciones políticas en cada cambio de gobierno, dado el peso del Ejecutivo en la orientación de todas las políticas públicas y en éstas en particular porque supusieron una voluntad expresa para ser llevadas adelante. Coincidentemente la débil institucionalidad y burocracia con alta rotación, así como el desconocimiento de la problemática de los sectores afectados por la violencia política, otorgaron un peso

2 En el setiembre del 2003, a un mes de entregar la CVR su informe final había en una fuerte corriente de opinión en su contra, según Ipsos Apoyo el 56% lo aprobaba y el 28% lo desaprobaba. 3 Ver conclusiones CVR 4 El gobierno de Fernando Belúnde del partido Acción Popular (1980-1985); Alan García Perez del Apra (1985-1990) y Fujimori (1990-2000)

considerable a actores individuales interesados en sacar estas políticas adelante y que se encuentran en los tres niveles de gobierno del Estado y que han establecido alianzas de distinto grado con sectores de la sociedad civil que a la vez se han ido empoderando en el proceso. Entre los actores no estatales están los que pertenecen a grupos afectados por la violencia política que siguen activando por políticas o programas (RyM), que se legitimaron frente a las autoridades y expertos, adquirieron saberes y mantuvieron vínculos con los grupos vulnerables, a los que no llega el Estado, lo cual les ha dado ventajas frente a la autoridad.

La literatura revisada muestra que las políticas de RyM han sido sobretodo estudiadas desde una perspectiva político-normativa o describiendo un conjunto de medidas o condiciones que cambian fruto de los cambios ocurridos en el contexto político y social post transicional, que enfoca en sus avances y brechas. Hace falta un análisis político de ellas que incluya las dinámicas de acción de actores estatales y no estatales aglutinados en coaliciones promotoras de estas políticas que cruzan la sociedad y el Estado. Hay que anotar aquí que el enfoque del análisis político incluye el manejo de la agencia de actores en el Estado y sociedad, como también los temas delicados propios de las políticas de dignificación. Se busca también superar miradas parciales que asumen al Estado como un ente homogéneo que actúa con una racionalidad claramente delimitada, lo mismo que otros estudios ven a la sociedad civil como un conjunto armónico de organizaciones que defienden determinados issues bajo un propósito común. Tampoco se trata de enfocar a los actores del Estado, ni de la sociedad civil como bloques completamente separados. Con el enfoque de las Coaliciones Promotoras (Sabatier 1998, 1999) se busca superar esos enfoques proponiendo analizar empíricamente las características de las alianzas entre actores diversos de la sociedad civil y el Estado, basadas en ideas, creencias y valores compartidos, y comprender su papel en el desarrollo y características de las políticas de RyM entre los años 2003 y 2016 que tuvieron al Estado peruano como una arena de alianza y lucha y que a la larga implicaría también incluir las transformaciones que se produjeron en otros espacios del Estado como fruto de la aplicación de estas políticas, por ejemplo, lo que hizo el Ministerio de Educación para mantener viva la memoria de los estudiantes. Pero esta vez el asunto de la política de la memoria lo enfocaremos básicamente en la formación del Lugar de la Memoria y en el caso de las reparaciones analizaremos las políticas expresamente orientadas en ese sentido. 1. Las coaliciones promotoras

a. Razones a favor

Primero, a diferencia de otras políticas públicas basadas en un enfoque de igualdad de oportunidades desde una lógica modernizadora cuya implementación proporciona réditos electorales a los políticos, las políticas de reparaciones o memoria parten de un reconocimiento de una deuda por parte del Estado peruano respecto al sector afectado

sobre todo en el caso de las reparaciones y del conjunto del ciudadanos en el caso de memoria. Por eso al estudiar estas políticas se justifica la necesidad identificar los factores que las impulsan y/o limitan. Se produce un mandato de reconocimiento del Estado a poblaciones vulnerables que contempla el involucramiento de los actores “beneficiarios” en el desarrollo de las políticas como parte de la reparación propuesta. Esto frecuentemente es interpretado tanto por funcionarios del Estado o por otros sectores de la población, como una competencia a nivel de presupuesto o de recursos respecto de otras políticas sociales. Justamente plantear la competencia entre las políticas de dignificación y las sociales, representa un error porque cada una tiene una naturaleza distinta y ambas son necesarias y a la inversa no hacerlo implica comprender la necesidad de cada una. Segundo, se trata de políticas que se vinculan con la memoria, la identidad, el reconocimiento, por tanto movilizan creencias profundas y subjetividades sobre la relación entre el Estado y la sociedad. Como dijimos antes el hecho de no haber consensuado el informe final de la CVR implica que no existe una postura homogénea como tampoco una disposición a tomar las recomendaciones de la CVR, sino al contrario competencia y hasta cierto punto distancia. Este estudio contribuye al análisis empírico del papel de dichas creencias y subjetividades empleando los conceptos de “núcleos de creencias profundas”, “núcleos de creencias sobre políticas” y “núcleos de preferencias sobre políticas” sugeridos por el enfoque de las coaliciones promotoras o Advocacy Coalition Frame (ACF), por lo cual también abarca una temporalidad un tanto larga (2003-2016). Al tratarse de políticas que involucran subjetividades y reconocimiento de una situación de agravio, su desarrollo convierte al Estado en un terreno de lucha entre facciones basadas en ideales y valores, pero también de alianzas con actores diversos de la sociedad civil. Tercero esta investigación permitirá comprender cómo algunas características del Estado peruano (como el tener una institucionalidad débil, el peso del Presidente en la política, una burocracia poco desarrollada y con alta rotación) influyen en el desarrollo de las políticas públicas; otorgando un peso fundamental a actores individuales que operan al interior del Estado (en sus tres niveles) y que establecen coaliciones promotoras con sectores de la sociedad civil y/o de la cooperación internacional (de las cuales en algunos casos incluso ellos mismos provienen). Cuarto se trata de dos políticas públicas que se han desarrollado también bajo presiones externas de organismos internacionales (aunque no son las únicas) en un contexto de globalización donde se reclama que los Estados garanticen justicia transicional y reconocimiento. Pero también por presiones internas de los propios beneficiarios y de actores de la sociedad civil organizados en redes. Son políticas que sitúan al Estado en medio de presiones que vienen de dentro y de fuera por tanto es necesario estudiar cómo el Estado peruano, desde sus características particulares ha respondido a dichas presiones en diferentes etapas. De esta forma planteamos la siguiente pregunta general: ¿Cómo la intervención de coaliciones promotoras influye en el desarrollo y características de las políticas de

reparación y memoria (RyM) en el Perú entre el 2003 y 2016? Que nos llevaría a explicar la influencia de la intervención de coaliciones promotoras sobre el desarrollo y las características de las políticas públicas en los casos y de reparación y memoria (RyM) en Perú entre el 2003 y 2016.

b. El enfoque de las Coaliciones Promotoras Este enfoque de las coaliciones promotoras o ACF (Sabatier, 1988; Sabatier & Weible, 2007) incorpora las ideas, creencias y valores como un elemento central que motiva y da horizonte a los actores involucrados tanto dentro como fuera del Estado en el desarrollo de las políticas, teniendo en cuenta los elementos sustantivos (contenidos) y territoriales de las mismas. Es un enfoque que se propone superar las visiones de tipo “top-down” (de arriba hacia abajo) (Sabatier & Mazmanian, 1996; Van Meter & Van Horn, 2000) y “Bottom-up” (de abajo hacia arriba) (Elmore, 1979; Presman & Wildavsky, 1998) en el estudio de las políticas públicas, para comprender las alianzas o coincidencias entre diversos actores públicos y sociales que, en los diferentes niveles del Estado, intentan trasladar sus valores y creencias profundas al campo de las políticas públicas propiciando en el camino innovaciones y aprendizajes, pero subrayando otras veces el conflicto y el estancamiento. El enfoque de la ACF además permite superar el estudio de las políticas públicas segmentado en etapas o fases (predominante en Perú) para ofrecer una mirada sistémica al ciclo de la política pública (que por ejemplo ponga en relación su diseño con su implementación), por lo que resulta útil para el estudio de políticas públicas como reparaciones y memoria (RyM) que tienen más de diez años de desarrollo. Un concepto clave en el ACF es el de subsistemas de políticas que están compuestos por participantes estatales y no estatales que buscan influir sobre una política determinada para poder trasladar sus creencias y valores compartidos al plano de las políticas públicas. Estos subsistemas se definen tanto en el nivel sustantivo de la política (vinculado a sus contenidos) como en el nivel territorial (gobernanza multinivel). Se asume que los participantes en los subsistemas de políticas tienen creencias y valores profundos provenientes de la socialización y que por tanto se encuentran motivados para trasladar esas creencias a las políticas públicas. A diferencia del enfoque de la elección racional los individuos o los actores estatales y sociales no actúan sólo como maximizadores de intereses individuales, sino que se asume la posibilidad de que se movilicen en función de creencias y valores normativos compartidos que pueden ser identificados empíricamente. Por lo tanto para este enfoque no se puede negar a priori la posibilidad de que los participantes actúen por fines altruistas u otros ligados a su identidad. Siguiendo a Olsen (1996) los autores reconocen dos sistemas de razonamiento normativo: la lógica de la apropiación, en la cual los individuos siguen las reglas y lógica de las consecuencias en la que el comportamiento adecuado implica alcanzar unas consecuencias consideradas como buenas. Es en el segundo caso cuando puede identificarse con un compromiso entre los actores. A partir de la literatura sobre sistemas de creencias (March & Simon: 1958, Putnam: 1976, Peffley y Hurwiz: 1985) el

enfoque de las coaliciones promotoras identifica tres estructuras jerárquicas entrelazadas de creencias (Sabatier & Weible, 2007 pp.194-199):

1) Los núcleos de creencias profundas (“deep core beliefs”): conformados por creencias y valores que provienen de la socialización. Involucran creencias ontológicas profundas sobre la naturaleza humana, la priorización de ciertos valores fundamentales como la libertad y la igualdad y la relativa prioridad de procurar el bienestar para determinados grupos.

2) Los núcleos de creencias sobre políticas: (“policy core beliefs”): son las

aplicaciones de las creencias profundas al campo de las políticas públicas. La idea central del enfoque es que los participantes de un subsistema desean invertir esfuerzos en aplicar algunas de sus creencias profundas a las políticas públicas desarrollando núcleos de creencias de políticas. En ese sentido el seguimiento de las recomendaciones de la CVR, en los casos de reparaciones y memoria buscarían influir sobre las políticas trasladando sus sistemas de valores y creencias profundas al plano de la acción pública.

3) Un tercer nivel está compuesto por los núcleos de preferencias sobre las políticas (“policy core policy preferences”): que se expresan en decisiones más puntuales acerca de los instrumentos a utilizar y las estrategias para poner en marcha las políticas, en este nivel generalmente se abarca un único componente sustantivo o territorial del subsistema. Este tercer nivel sería más susceptible al cambio de políticas en tanto puede verse influido por la aparición de nueva evidencia científica o técnica sobre un determinado campo de aplicación de la política pública. En este plano por ejemplo se ubican las decisiones sobre gestión pública y sobre los instrumentos más adecuados para poner en marcha las políticas.

Según el enfoque de la ACF, que originalmente ha sido desarrollado a partir de la experiencia norteamericana, la operacionalización de dos o tres núcleos de creencias sobre políticas permitiría identificar por lo menos dos coaliciones promotoras en un mismo campo de políticas públicas, siendo probable que exista una multiplicidad de las mismos. Sin embargo para el caso latinoamericano se señala la posibilidad de encontrar números más reducidos de coaliciones en función del nivel de fortaleza de la sociedad civil y/o la fragilidad del Estado. La revisión del enfoque hecha por los propios autores (Sabatier & Weible, 2007) anima a realizar estudios empíricos en otras regiones como África y América Latina para validar o matizar esta premisa teórica. Al respecto encontramos que la aplicación de la ACF a Perú, nos exige recoger las condiciones particulares de funcionamiento del Estado peruano que condicionarán tanto la formación de las coaliciones promotoras como la construcción de políticas públicas. En ese sentido es posible que las características de las coaliciones promotoras en el caso que se propone este estudio sean menos densas que las propuestas en el modelo teórico, debido a la desconfianza de la sociedad civil frente al Estado y al temor de algunos de sus actores a perder su autonomía. Sin embargo,

también es cierto que las coaliciones de estas políticas han sido posibles también porque el Estado peruano carece de un cuerpo burocrático fuerte y tienen una débil institucionalidad, por lo que el desarrollo e impulso de ambas políticas ha dependido sobre todo de individuos que se asocian y entran y salen del Estado y de la sociedad civil.

Además de los subsistemas de políticas y sus creencias hay dos conjuntos de factores exógenos que influyen y pueden generar cambios en las políticas y en los subsistemas dominantes dentro de una determinada política: los factores estables y los factores dinámicos. Los factores estables son los atributos básicos del problema, la distribución natural de los recursos, los valores y estructuras normativas fundamentales y el marco legal y/o constitucional. En cuanto a los factores dinámicos se incluye a los cambios en las condiciones socioeconómicas, los cambios en la coalición de gobierno y las decisiones tomadas en otros subsistemas de políticas que afectan a la política. Debido a la ya mencionada débil institucionalidad del Estado y a la relevancia de los individuos operando en su interior, es posible que en el caso peruano los factores exógenos dinámicos (cambios de gobierno, entradas o salidas de ministros y otros funcionarios sea clave.) sean más activos en la generación de cambios al interior de los subsistemas de políticas y en las políticas públicas. Un aporte interesante del enfoque de las coaliciones promotoras es que pone el acento en la dificultad para cambiar los valores normativos y en la tendencia de los actores a relacionarse con el mundo a través de filtros normativos o percepciones. Esto implica que los actores de las coaliciones promotoras diferentes perciban la información de una manera diferenciada y probablemente irreconciliable, generando desconfianza frente a otras coaliciones promotoras, pero también incentivos para la colaboración al interior de cada coalición de políticas. Ésta característica puede favorecer tanto el cambio, la innovación y el avance en determinado subsistema de políticas como la persistencia del conflicto y la dificultad para el desarrollo de determinadas políticas públicas. Esto último describe mejor lo ocurrido entre 2003 y 2016 con la política de memoria y reparaciones donde posiciones irreconciliables cobrarían mayor protagonismo, teniendo un efecto denominado como “The devil shift”, o la tendencia a imaginar a los oponentes como más diabólicos, poco fiables y poderosos de lo que son, lo que contribuye a fortalecer los lazos internos en una coalición promotora determinada, pero dificulta las negociaciones e intercambios con actores externos o pertenecientes a otras coaliciones en del proceso político.

2. ¿Qué han dicho los estudios sobre las políticas de reparaciones y memoria como parte seguimiento a las recomendaciones de la CVR?

a. Significado de las Comisiones de la Verdad

¿Qué clase de justicia puede esperarse después de un período de alta conflictividad? Una justicia para todos y todas. En este sentido, se ha adoptado el concepto de Justicia Transicional que hace referencia a “los procedimientos formales e informales

implementados por un grupo o institución de aceptada legitimidad alrededor del tiempo de transición que sale de un orden social violento y opresivo, en busca de justicia contra los perpetradores y sus colaboradores, así como para las víctimas” (Kaminski 2006: 295). De este modo, la justicia transicional contiene a las soluciones políticas y judiciales que se adoptan luego del término del régimen autoritario anterior y el inicio de la democracia, pues son estos últimos regímenes políticos los que tienen un fuerte compromiso con la verdad y la libertad de sus ciudadanos. Estos mecanismos persiguen la justicia tanto para las víctimas como para los victimarios del conflicto armado interno. Uno de los principales dispositivos de la justicia transicional son las Comisiones de la Verdad, las cuales tienen como objetivo el establecimiento de una nueva versión crítica de la historia. Es por esto que las Comisiones de la Verdad son propuestas de memoria, en tanto resaltan aspectos de la historia y, voluntaria o involuntariamente, omiten detalles (Todorov 2000). Se convierten en memorias en tanto estructuran y dotan de sentido las prácticas sociales de los individuos. Sin embargo, la pregunta es qué tan efectivas pueden llegar a ser estas Comisiones y como afirma Gibson (2009) su efectividad depende de dos factores cruciales. En primer lugar, los propósitos que la comisión tenga o, por lo menos, los que la sociedad civil perciba como los que están en la agenda: comisiones de la verdad cuya preocupación inicial sea castigar a los perpetradores, suelen tener poco alcance social y de otro lado, la legitimidad que posea la misma comisión en la esfera pública, de modo que sus procedimientos de recaudación de información y acción sean percibidos como válidos y justos. Es así que comisiones legítimas socialmente son proclives a tener efectos persuasivos y efectivos en la creación de una nueva narrativa sobre el proceso traumático vivido. Por su parte Stern (2015) propone dos formas de entender a las comisiones de la verdad; por un lado, pueden ser vistas como un “momento”, una oportunidad única (al iniciar una transición pos dictadura o guerra civil) para establecer la verdad sobre los hechos antes negados o minimizados, al mismo tiempo que se establece un programa de reparaciones sociales. Por otro lado, se les puede entender como un paso dentro de un “proceso” histórico de lucha y debate político y cultural, que continúa antes y después del “momento de la CVR”. Sin embargo, hay que subrayar que ambas perspectivas no son excluyentes: una oportunidad única e imprescindible, y a la vez, un proceso inacabado hacia una conclusión no definida; ambas dimensiones pueden ser analizadas en el caso peruano.

b. CVR peruana: tensión entre el impacto y éxito

Tomando el caso peruano, Rebecca Root en su libro “Transitional justice in Peru” (2012) se pregunta cuáles fueron las condiciones que permitieron el éxito en la adopción de una agenda de Justicia Transicional entre el 2001 y el 2003, mientras que la implementación de la agenda se tornó problemática en los años subsiguientes. Según la autora, la ventana de oportunidad que se abrió en el Perú durante el período de la transición democrática se debió fundamentalmente a dos factores: la buena organización de la comunidad a favor de los derechos humanos y el colapso del

gobierno fujimorista, que significó la apertura del proceso de transición democrática donde sea alinearon los dos gobiernos siguientes5. Ahora bien, la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú (2001-2003) es, en palabras de Priscilla Hayner, cofundadora del Centro Internacional por la Justicia Transicional, y probablemente una de las personas que más conoce sobre el tema, una comisión fuerte y la posiciona entre las cinco mejores del mundo. Sin embargo, en este punto es importante “distinguir entre el éxito, el grado en el cual una comisión cumplió su mandato, del impacto, las consecuencias sociales y políticas de un examen de los abusos pasados a los derechos humanos por medio de la comisión de la verdad” (Wiebelhaus-Brahm, citado por Root ,2012). Por lo tanto, no se puede juzgar el éxito de una comisión por el impacto posterior que ha tenido en la sociedad. Si bien esto es lo deseable, es labor del Estado, no de la Comisión por sí misma. Así como en el caso peruano una Comisión es fuerte respecto al grado de rigurosidad en el análisis del conflicto: de las causas, actores, procesos y no tanto de su aplicación, algo que puede ser mucho más complejo de analizar y que está sometido a varios factores que la dificultan. Por su lado Ilizarbe (2015) encuentra que la CVR produjo dos dimensiones de verdad; una descriptiva que comprende a los hechos y circunstancias de cada uno de los crímenes cometidos durante la guerra y sus consecuencias en términos de daños individuales y colectivos (aquí tiene lugar la justicia retributiva y restaurativa). Otra dimensión explicativa que se refiere al análisis del proceso de la violencia como un hecho sociopolítico con causas y consecuencias en la sociedad peruana (lo que podría permitir elaborar una memoria colectiva, una narrativa que dé sentido y explique el proceso de la guerra). Anota que en el proceso de recepción del Informe final de la CVR (2003 en adelante), la verdad explicativa ha tenido menos visibilidad que la verdad descriptiva (bastante cuestionada).Así es como la lucha por la impunidad y la lucha por el olvido representan dos caras de la misma moneda, dado que ambas niegan responsabilidad política y penal por los crímenes cometidos, niegan el derecho a la verdad y la justicia de las víctimas. En medio de la polaridad que existió pos CVR y la falta de políticas educativas desde el Estado que enseñaran a los jóvenes y niños lo que sucedió, hizo posteriormente más difícil que se abriera paso la coalición en favor de construir una memoria, de quienes buscaban que no se repitiera la historia, y más bien tendió a prevalecer en muchos sectores el olvido y desconocimiento como amnesia colectiva6 que sepulta los crímenes ocurridos. Y en proyección al futuro de la CVR dentro del contexto político, Degregori (2015) afirma que si bien el Estado peruano ganó el conflicto armado interno, pero en los años noventa durante el gobierno del presidente Fujimori no quiso, ni en la presente década supo, cómo ganar la posguerra. Advierte que si el gobierno, los partidos políticos más

5 Gobierno de transición de Paniagua (2001) donde se crea la CVR en junio del 2001. Y el gobierno de Toledo (2002-2006) en el cual se produjo el trabajo de la CVR y la publicación del informe final (28 de agosto 2003) 6 El Comercio 18 de noviembre del 2013, señala que solo el 34% de entrevistados conocen la CVR y un 62% no la conoce. De los que la conocen aprueban su trabajo un 56% y un 37% no lo aprueba. Encuesta urbana nacional.

importantes y la élite económica7, no hacen nada o actúan en contra de las recomendaciones de la CVR, la situación se pudrirá y la violencia no desaparecerá, tan solo mutará en violencia social, crimen organizado o inseguridad ciudadana. Ciertamente estas afirmaciones cobran sentido cuando vienen de alguien que es al mismo tiempo académico, estudioso de la violencia política y ex comisionado de la CVR y que tuvo a su cargo el informe, que produjo un análisis riguroso de las causas mediatas del conflicto, haciendo ver que ellas tenían que ver la discriminación y marginación de grandes sectores de la población así como la débil y/o contradictoria presencia del Estado en la mayoría del territorio nacional.

c. Estudios sobre las Reparaciones.

Consisten en esfuerzos sostenidos, políticas de reparaciones que se impulsa el Estado para resarcir los daños ocasionados, por acción u omisión, a víctimas físicas y psicológicas de la violencia, de violación, desaparecidos, muertos, familiares de estos, hijos producto de la violación. Asimismo es gravitante el rol que cumple la sociedad, en tanto legitima estas acciones estatales y las dota de sentido y mayor vitalidad. Del mismo modo, para el caso peruano, Laplante y Theidon (2007), afirman que las reparaciones propuestas por la CVR y ejecutadas por el Estado han sido importantes para plasmar la justicia transicional en tanto que proveen formas de reconocer y retractarse por el daño hecho u omitido a las víctimas/sobrevivientes. En base a un estudio etnográfico en Ayacucho, Laplante y Theidon (2007 p. 250) encuentran que el proceso al que las víctimas se ven expuestas al dar sus testimonios, genera expectativas de cambio en su situación de atraso y olvido del Estado. Específicamente, las reparaciones propuestas por la CVR incluyen el campo de lo simbólico, la salud, la educación, la restitución de derechos ciudadanos, lo económico y lo colectivo/comunitario. Es así que para ellas cobra importancia gravitante entre los medios para conseguir la reconciliación como nación. Contrariamente a lo que hizo el reglamento de reparaciones, las autoras introducen el debate sobre el papel de los familiares civiles de los grupos alzados en armas, ¿pueden o no recibir reparaciones? Preguntan: ¿estas reparaciones están destinadas a todos los afectados o solo a los “buenos”? ¿Existe alguien que sea “bueno” en tal grado de pureza? ¿Quiénes cometieron crímenes y sufrieron violaciones a sus derechos fundamentales, merecen ser reparados? ¿Todos son víctimas o todos son victimarios? ¿Se puede ser víctima y victimario a la vez? Nadie es merecedor de un castigo abusivo o un trato indigno por parte del Estado o cualquier otra persona. Todos tienen derechos humanos sin importar los delitos que hayan cometido. En relación al Plan de Reparaciones de la CVR Guillerot y Magarrell (2006) realizan una descripción de las respuestas estatales (tanto a nivel nacional como regional) de estos mecanismos de reconciliación, y el papel de la sociedad civil; este recuento se hace el mismo año que inicia la política de Reparaciones. Ellas en primer lugar, identifican los principales actores involucrados, para luego plantear los problemas que se presentan o podrían presentarse en materia financiera y de implementación. 7 Que mayormente no se mostraron favorables al Informe Final, salvo excepciones.

En Recomendaciones vs realidades Macher (2007) abarca el amplio terreno de las Reformas Institucionales y el Plan Integral de Reparaciones, pero no trata sobre la Memoria ni la Judicialización. Describe las 85 recomendaciones planteadas por la CVR a lo largo de sus 4 ejes: Reformas institucionales, Plan Integral de Reparaciones, Plan Nacional de Investigaciones Antropológico-Forenses, Judicialización y Memoria. Al mismo tiempo el estudio aclara que el balance no cubre el impacto que el proceso llevado a cabo por la CVR ha tenido sobre sus víctimas y en la sociedad. A pesar de la gran valía documental del aporte, la autora no plantea ninguna explicación sobre los mecanismos que podrían estar generando que las normas y políticas públicas sean aceptadas o rechazadas por la sociedad. Encontramos un segundo texto de tipo evaluativo emprendido por Sofía Macher8 (2014) cuya metodología analiza las políticas, dividiendo en tres grupos de acuerdo al grado de aproximación al objetivo propuesto por la CVR: A-satisfactorio, B-insatisfactorio, C-nulo. En un giro interesante asume que de hecho existen políticas que pueden abordar, incluso cabalmente, la recomendación propuesta por la CVR y al mismo tiempo no tenerla como objetivo explícito, pero no por eso, dejan de seguir la recomendación (Macher, 2014 p. 17). Desde un enfoque crítico, Ulfe y Málaga (2015; Ulfe 2013) consideran que el Estado se ha vinculado con las víctimas de una forma poco adecuada al multiculturalismo y la inclusión de estas poblaciones, no solo afectadas por la violencia, sino también por la ausencia de un Estado mínimo que provea servicios básicos. Los derechos siguen siendo vistos por estas poblaciones en término de privilegios de allí interpretan que acceder a la condición de víctima, mediante la certificación para recibir las reparaciones del PIR, se convierte en un logro. Confirman su interpretación en base al camino burocrático que exige el Estado a las víctimas para acceder a los funcionarios públicos que se encargan del registro, los que siempre tienen la amabilidad ni la intención de brindar un servicio de calidad. Añaden que en muchas ocasiones los accesos individuales son restringidos y funcionan más modelos de “ciudadanías corporativas” expresadas o materializadas, en el caso de las reparaciones, en términos de asociaciones de víctimas que ejercen presión y comparten información. Desde otro punto de vista esto significa el camino por el cual los familiares de víctimas ganaron actoría e incidencia en el Estado peruano; la aplicación de las políticas de reparaciones implicaron como muchas otras niveles importantes de lucha política dentro y fuera del Estado.

d. Estudios sobre Memoria Bajo una inspiración arendtiana, Jelin (2002) se refiere a la construcción de la memoria como un proceso creativo. El humano es agente de la acción de la memoria y, recién en ese punto, es capaz de darle distintas interpretaciones. Se revalora el papel intencional que podría difuminarse en las nociones de memoria colectiva de Halbwachs, en tanto es algo que no depende de la voluntad de los individuos, sino de las condiciones en las que viven. La memoria es construida socialmente. Ahora bien, ¿quién construye la memoria? Evidentemente todos y todas. Sin embargo, reconoce 8 Ex comisionada de la CVR, ex secretaria ejecutiva de la Coordinadora nacional de derechos humanos.

que el Estado ha cumplido históricamente un rol central en este trabajo, desde los inicios en la formación de los Estados-nación, y las representaciones de los héroes y los mártires. Es así que: “la referencia al pasado sirve para mantener la cohesión de los grupos e instituciones que componen una sociedad, para definir su lugar respectivo, su complementariedad, pero también las oposiciones irreductibles” (Pollak, 2006 p. 25). Muestra de las polarizaciones en torno a la violencia y en el contexto inicial de entrega de las reparaciones Paul Drinot (2007) se pregunta por las ontologías de la violencia, partiendo de los incidentes violentos alrededor del memorial el Ojo que llora9 y la cancelación de un proyecto más grande, La Alameda de la Memoria, que habían sido impulsados por organizaciones de la sociedad civil. Justamente encuentra que en estos incidentes se manifiestan dos interpretaciones de la causa de la violencia, que alimentan las memorias: por un lado, quienes únicamente responsabilizan a Sendero Luminoso de iniciar la lucha armada, dado su carácter inherentemente violento, sin negar posibles delitos de parte de las Fuerzas Armadas, pero justifican los “excesos” porque fueron cometidos para detener el terror. Del otro lado, una segunda interpretación sostiene que la violencia fue producto de brechas sociales: desigualdad económica, discriminación racial o de género, debilidad estatal, predisposición al autoritarismo. Extremando esta versión, sin o con Sendero Luminoso se hubiera generado una organización que despliegue la misma violencia: de este modo, la sociedad peruana tendría la culpa última de la violencia, sin por ello minimizar la censura a la violencia senderista, al contrario, se asume que todos los actores violentos deben ser castigados. Dicho lo cual, esta versión enfatiza en el telón de fondo que sería el detonante de la violencia en la sociedad peruana. Recientemente Olga González (2015) reconoce que el valor de los espacios público-artísticos de memoria no radica en su importancia como objetos públicos per se, sino en su capacidad de generar interacciones y la participación de diferentes grupos sociales: la multiplicidad de públicos o contrapúblicos subalternos que facilitan la expresión de voces subordinadas pero contestatarias. Es así que para la autora las expresiones itinerantes de memoria como el “Museo Itinerante Arte por la Memoria” y “La chalina de la esperanza” forman un contrapúblico10 subalterno desde el cual difunden como la lucha contrasubversiva hizo uso sistemático de la desaparición forzada y demandan la creación de una política de búsqueda integral de desaparecidos y reparaciones para víctimas y familiares. Su valor radica en mantener su independencia y una voz crítica, y en ofrecer nuevos registros y lenguajes que estimulen la reflexión y las muchas historias que quedan por contar. Mayormente los estudios encontrados apelan a la necesidad o valor de la memoria y dan cuenta de qué pasó con la memoria, dentro ciertos momentos álgidos de la política

9 Esta escultura fue producida por la artista Lika Mutal y se instaló en el entonces proyecto Alameda de la memoria, dentro del Campo de Marte en el distrito de Jesús María, el año 2006 cuando era alcalde Bringas que donó una parte del Campo de Marte para el proyecto de memorial que posteriormente es cancelado por su sucesor el alcalde Ocrospoma que inicia el 2007. El memorial del Ojo que llora continúa en el lugar y está cuidado por un grupo de sociedad civil. 10 Contrapúblico es una noción de Nancy Fraser que se refiere como públicos marginales alcanzan voz pública en el espacio público.

peruana o incluso en nombre de la memoria critican el funcionamiento de ciertas políticas. Sin embargo, echamos en falta estudios que den cuenta que en medio de un contexto de memorias en pugna, intervienen los actores de la sociedad y estado para dar forma en medio de las condicionalidades del Estado a expresiones públicas de la memoria como la fundación del Lugar de la memoria. 3. Avances y pendientes en la política de las reparaciones.

a. Pasos en la política de reparaciones La CVR había dejado escrito en su Informe Final la propuesta del Plan Integral de Reparaciones (PIR) como una propuesta de reparaciones individuales y colectivas para atender las afectaciones y secuelas producidas por el conflicto armado interno en las poblaciones afectadas. Entre las reparaciones se consideraron las económicas individuales, salud, educación, vivienda, simbólicas que se enfocaban en las víctimas identificadas por la CVR así como por las organizaciones de derechos humanos. Se crea el Plan Integral de Reparaciones (PIR) por la Ley 28592 (2005) y su reglamento (DS Nº 015-2006-JUS). La institución responsable de su implementación es la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) creada en el 2004, encargada del seguimiento de políticas de paz, reparaciones colectivas y reconciliación nacional. La política de reparaciones (Ley 28592) con carácter nacional y permanente, asume todo el marco conceptual de la CVR, señalando que la reparación implica “la restitución de derechos de las personas consideradas afectadas”, que son familiares de muertos o desaparecidos en el conflicto armado interno. Asimismo define quienes son y no son víctimas, el papel de la CMAN y la política de implementación del PIR crea el Registro Unico de Victimas (RUV) y da autoridad al Consejo de Reparaciones (CR) y CMAN para definir sus propios reglamentos. El requisito previo para acceder a las reparaciones es que las víctimas y afectados individuales y colectivos se encuentren registrados en el RUV y acreditados por el CR que procesa los expedientes y tiene a su cargo como responsabilidad principal el RUV. El CR un órgano colegiado que estuvo adscrito a la PCM (2006-2011) pasó al Ministerio de Justicia y cuenta con una composición plural: representantes de las fuerzas armadas, policía, empresarios11, dirigente ashaninka y miembros de sociedad civil. El RUV básicamente considera víctimas individuales: fallecidos, desaparecidos, víctimas de violación sexual, victimas con discapacidad, entre otras (Libro 1) y beneficiarios colectivos (Libro 2). Establece la exclusión de miembros o familiares de grupos subversivos (artículo 4° de la Ley 28592). Dicha disposición se puso como parte de la negociación para que saliera el conjunto de la ley y se mantiene hasta la fecha. Justamente algunos textos (Theidon 2007) hacen mención a la discrecionalidad de las autoridades al colocar esta excepción.

11 Actualmente no participa ningún empresario como al inicio del CR.

El Decreto Supremo N°051-2011-PCM establece la conclusión del proceso de determinación e identificación de los beneficiarios del programa de reparaciones económicas, lo cual implicó el cierre del RUV el 31 de diciembre del 2011, durante el gobierno de García. A 10 años de la CVR, un pronunciamiento de grupos de derechos humanos señala que dicha disposición viola la Ley del Plan Integral de Reparaciones, que señala que el RUV tiene carácter permanente y resulta discriminatorio con las víctimas que no pudieran haberse registrado hasta esa fecha. También señalan que el monto determinado para reparar a las víctimas es discriminatorio pues asciende a 10 mil nuevos soles, cifra inferior a la establecida para reparar a otras víctimas, según los grupos de derechos humanos. Y evalúan que la entrega de la reparación por la ventanilla bancaria resta carácter reparador a la medida y señalan que los funcionarios del CR y RUV deberían ser sensibilizados sobre la problemática de los afectados para que puedan otorgar un buen trato. (Paz y Esperanza, Para que no se repita y Coordinadora Nacional de derechos humanos 2013)

Sobre reparaciones en salud, se aprueba el documento técnico “Lineamientos para acompañamiento psicosocial a familiares de personas desaparecidas” (2005), así desde el 2006 se inicia la afiliación de las víctimas de la violencia en el Sistema Integral de Salud –SIS y el 2012 el SIS exonera del Sistema de Focalización de Hogares –(SISFOH) a los beneficiarios del PIR con lo cual automáticamente pasan a estar inscritos en el SIS. Sin embargo, los servicios de salud mental proporcionados por el MINSA a beneficiarios del PIR tienen una limitada cobertura considerando el gran universo que corresponde atender, a los escasos recursos asignados en su presupuesto, equipos y personal. Estas limitaciones afectan la calidad de atención en general y de las víctimas y afectados en particular. Por DS 047 –PCM-2011 el Programa de Reparaciones en Educación extiende la condición de beneficiarios a los hijos producto de violación sexual de la víctima de violación sexual e incorpora como modalidades de reparación, la reserva de vacantes y la exoneración de pagos por grados y títulos académicos. Pero está pendiente aprobar el Plan multianual de reparaciones en educación 2016- 2021 –REPARED y garantizar el acceso a información oportuna por parte de los y las usuarios, así como la posibilidad de ceder estas reparaciones a sus familiares. Los avances en la implementación de la Ley 28592 por parte del Estado especialmente durante el gobierno de Toledo (2001-2006), contó con la activa intervención de representantes de la sociedad civil y funcionarios que sensibles a la problemática especialmente en la CMAN, CR y RUV que junto con la Defensoría del Pueblo que tuco a cargo el acervo documental de la CVR facilitaron la aplicación de la política. Al inicio participaban en la CMAN representantes de los sectores del Estado y de la sociedad civil, pero la presencia de los representantes de los afectados era débil, progresivamente fue creciendo y sumándose tanto en Lima como en algunos departamentos (Junín, Huánuco, Ayacucho, Apurímac) donde se crearon filiales de la CMAN para agilizar el proceso de las reparaciones individuales y colectivas.

Sin embargo el desafío de darle un espacio dentro del Estado a esta política de reparaciones que implica niveles de reconocimiento de las víctimas fue costoso porque no siempre se entendía su necesidad y significado reparador, que lo diferencia de otras políticas, a lo que se sumaban las resistencias de funcionarios y representantes que no veían la necesidad de desarrollar una política específica, que bastaba con políticas de atención a poblaciones vulnerables para incluir a los sectores atendidos en esta política. Y de hecho este criterio se aplicó en muchos casos12 Esto ocurrió especialmente durante el gobierno de García Pérez que cerró el RUV y cambió el reglamento sobre las reparaciones. Igualmente se cambió a la CMAN, órgano encargado del proceso de reparación en el Estado, de la PCM al MINJUS (DS Nº 102-2 011-PCM) afectando su coordinación intersectorial y peso político. Y con el correr de los años se debilita la energía inyectada a la aplicación inicial de esta política, hay quienes consideran que ya no tiene prioridad. En estos contextos de dificultad no hay que dejar de aquilatar las iniciativas regionales y locales impulsadas por actores ligados a las sociedades civiles y pertenecientes a organizaciones de víctimas que presionaron y dialogaron para hacer cumplir con el plan de reparaciones. Así es como en el año 2013 se habían establecido 11 Programas Integrales Reparación y 11 Consejos Regionales que estaban más cercanos a la población afectada y donde participan representantes de organizaciones de víctimas facilitando el vínculo con la población afectada. Ciertamente la coalición promotora de reparaciones ha levantado su voz, se ha movilizado e igualmente ha dialogado con representantes del ejecutivo y del Congreso en varios momentos. Los resultados en reparaciones tienen directamente que ver con esta activa y plural red. Pero una de las grandes dificultades de este tipo de política de reconocimiento ocurre porque al Estado peruano, sus funcionarios y formas de proceder, les cuesta comprender e incorporar que el reconocimiento implica acercar el Estado a personas que afectadas que por su marginación y además por su condición de género lo perciben y sienten como “ese otro” (Crisóstomo 2016). Si bien desde la CVR se ha reconocido la falta cometida por el Estado peruano durante los gobiernos democráticos (1980-2000), el reconocimiento que involucra esta política se da pocas veces en forma explícita, dado que funcionarios y autoridades simplemente asumen esta política como una más.

b. Actores Hay que mencionar a los funcionarios estatales encargados de las políticas de reparaciones y memoria en los 3 niveles, que se comprometieron en sacar estas políticas en condiciones complejas, es decir, donde había que abrir un camino nuevo o donde enfrentar condiciones adversas o de rutinización contraproducente. En la sociedad destaca como a lo largo de estos años las organizaciones de víctimas han surgido, crecido y centralizado en varios casos13, sus miembros han ido

12 Ver al respecto el estudio de Macher (2014) 13 Se forman la CORAVIP y la CONAVIP que se suman a organizaciones existentes: Anfasep, Jóvenes Anfasep, ARIL (inocentes liberados), Grupo de familiares de La Cantuta, y muchos otros.

adquiriendo conocimiento y manejo legal de las reparaciones en varios campos, tienen trato con algunas autoridades, y desarrollan acciones de movilización e incidencia, cumpliendo también en algunos casos regionales el papel de facilitar los procesos de reparación desde la sociedad o adoptando cargos públicos en los gobiernos regionales o locales. Por ejemplo, cuando se hace el seguimiento al Repared, programa de becas universitarias para víctimas e hijos de víctimas del conflicto armado interno, se conoce el caso de Luyeva Yangali que fue nombrada veedora del proceso y vela por los intereses de los posibles beneficiarios (Jave 2014). Originalmente las voces de las organizaciones de víctimas estaban más enfocadas en el trauma y sufrimiento vividos, en dar su testimonio, en que otros sepan lo que ocurrió. Con el correr del tiempo emerge especialmente una generación joven con una postura más bien emprendedora en la política que no deja de lado la condición de víctima, pero enfatiza la agencia, también invertida en esta causa. Así la condición ciudadana crece como el terreno común que los acerca a otros grupos de la sociedad con los que se ha compartido luchas en diferentes momentos. Asimismo ha habido experiencias recientes de encuentro y trabajo común entre víctimas civiles y militares o policías14, no sin tensiones claro está, pero ello no ocurría en los primeros años donde los grupos de víctimas eran sobre todo civiles. Para todos estos líderes el proceso de aprendizaje ha implicado superar la falta de recursos, crecer en su capacidad de emprendimiento, acceder a diferentes capacitaciones, contactos y estrategias comunicacionales. Sin embargo uno de los asuntos más delicados ha sido mantener la legitimidad en sus organizaciones que por momentos ha sido puesta en tensión, cuando los líderes postulan con diferentes grupos políticos para acceder a cargos públicos. Siendo esta una aspiración legítima, desarrollarla mientras se estaba en el cargo gremial genera distancias y desconfianzas que debilitan a la organización. Entre las organizaciones de la sociedad civil destaca la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos15 fundada en 1985, tuvo un papel significativo durante el conflicto armado interno y agrupa a comités regionales y ongs, cuenta con una resonancia internacional, como de la OEA y participa en el consultivo de la Sistema económico social de América Latina. Asimismo hay que mencionar la formación del movimiento ciudadano Para que no se repita el año 200316, como una respuesta nacional que involucra a diferentes ongs, grupos de las iglesias, colegios, organizaciones de afectados y a todas las personas interesadas en apoyar el proceso abierto por la CVR. Este gran frente tuvo a su cargo la organización de las conmemoraciones de la entrega del Informe final de la CVR en el espacio del Ojo que llora que congregó no solo a grupos de la sociedad civil sino también a ciudadanos. Dentro de esta red, basada en el voluntariado, tuvo lugar el diálogo y trabajo conjunto las organizaciones de víctimas tanto de familiares civiles o militares que tuvieron en el PQNSR un espacio de 14 El Para que no se repita fue un espacio precursor de convocatoria de representas de víctimas de la policía y militares. 15 Ver su página web www. Coordinadora Nacional de Derechos Humanos 16 Ver su página web: www.Paraquenoserepita.org.pe

formación, debate y encuentro con otras organizaciones similares en el país. El PQNSR tuvo a las reparaciones como su bandera principal alrededor de 10 años, para luego plantear el tema de derechos humanos educación y juventud así como el de memoria recientemente. Junto a los actores anteriores hay que mencionar al Instituto de defensa de derechos humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (Idehpucp)17, cuya cabeza Salomón Lerner fue también Presidente de la CVR. Esta institución ha jugado un papel importante como espacio de análisis que convoca actores nacionales e internacionales, grupos de investigación y promueve iniciativas de capacitación en derechos humanos de distintos grupos.

4. Hacia una política de memoria

El desarrollo de la política de la memoria ha tenido muchas iniciativas en distintas regiones y momentos, una parte de ese proceso multiforme ha sido registrado en el www.espaciosdememoria.org18 por iniciativa del Para que no se repita, allí cada pieza registrada simboliza un episodio concreto impulsado solo por un grupo ciudadano y otros en alianza con las autoridades en algún lugar del Perú. Otro hito importante a tener en cuenta ha sido la lucha por la ley de desaparecidos durante el conflicto armado interno19 que reconoce el gran problema de los desaparecidos originado en esa etapa, así como la responsabilidad del Estado por otorgar facilidades para llevar adelante las aperturas de fosas y reconocimiento de los restos para ser entregados a sus familiares. El centralismo de la política nacional así como el anhelo de tener en Lima un espacio dedicado a la memoria, hace del proceso vivido alrededor de la construcción del Lugar de la Memoria (LUM), algo muy significativo. El LUM se inaugura en el 2015 al final del gobierno de Humala y estuvo a cargo de una Comisión de alto nivel, nombrada por el mismo Presidente, presidida por Diego García-Sayán, abogado, ex ministro de Paniagua y Toledo, ex presidente de la corte interamericana de derechos humanos20. El proceso liderado por García Sayan mostró una considerable apertura a diversos sectores de la sociedad, (la academia, el movimiento de derechos humanos, representantes de las fuerzas armadas y política nacional, una cierta pluralidad de víctimas: civiles, militares, policiales y subversivas, autoridades, periodistas, empresarios, escolares, jóvenes y artistas). Al final del proceso el Lugar de la memoria se auto propone no como un relato cerrado de la memoria, sino como un espacio convocante y de encuentro donde pueden participar y elaborar diferentes memorias, 17 Su web www.idehpucp 18 Al momento se cuentan alrededor de 120 lugares de memoria y hace parte de la colección del LUM. 19 La ley 30470, Búsqueda de personas desaparecidas durante el periodo de violencia 1980-2000 se publicó el 22 de junio del 2016, publicada en el diario oficial El Peruano. 20 Entre el 2010-2014. Los otros miembros fueron: la congresista nacionalista indígena Hilaria Supa, el gestor cultural Pedro Pablo Alayza, Monseñor Bambarén ex comisionado de la CVR, el ex presidente de la Confiep Leopoldo Scheelje y el ex ministro de educación del gobierno de Toledo, el ingeniero Javier Sota Nadal.

cuyo eje es la relación ciudadanía y democracia. Como dijo su directora Denisse Ledagard21 interesa más abrir preguntas que entregar una versión de la memoria, el Estado debe facilitar una función de puente entre los ciudadanos distintos. Esta concepción abierta y convocante, fue interpretada como un tomar distancia de un sector como las víctimas del conflicto armado interno que fue central en la primera propuesta de la sociedad civil. Pese a la apertura mostrada por las conversaciones de consultas a diferentes sectores señalada antes, ello no implicó curiosamente un proceso de deliberación entre las partes aunque así lo identificó erróneamente el propio LUM (2014) en una publicación (Silva 2017). El equipo técnico del LUM22 aplicó un método de consulta donde el equipo seleccionaba a quiénes se iba consultar, los nombres, modalidades etc. Luego el mismo equipo analizaba qué ideas iban a ser recuperadas para producir el guion y cuáles ignoradas. Ciertamente se buscaba dotar de legitimidad y respaldo social al Lugar de la Memoria, al incluir y ampliar las versiones de memorias; sin embargo el proceso implicó un control sobre las partes mediante un filtro de las consultas. Hay que recordar que el Lum entonces contaba con muy poco apoyo del gobierno lo que hizo lento y difícil sacar adelante el proyecto; fue en el 2015 que frente al cambio del Lum de Cancillería al Ministerio de Cultura, su directora renuncia llamando la atención por la situación precaria que atravesaban y su equipo permanece. El momento anterior ocurrió durante el segundo gobierno de García Perez23 que junto con su ministro de Defensa, mostró sus dudas para aceptar una donación alemana para la construcción de lo que entonces llamaron Museo de la memoria. Dicha donación vino acompañada de otras para el Estado peruano. Fue en un proceso cerrado de presión donde participó Vargas Llosa que el Presidente Alan García fue convencido de aceptar la donación, a pesar de tener una postura más cercana a los militares. Fruto de ello, propuso la jefatura de la Comisión de alto nivel al nobel de literatura Vargas Llosa, también conocido por tener críticas a la CVR. Como vice presidente estuvo Salomon Lerner, el ex Presidente de la CVR, pero fue Vargas Llosa quien invitó a personas de su círculo cercano, como el pintor Fernando de Szyszlo y el arquitecto Frederick Cooper Llosa24. Las discusiones en la Comisión eran cerradas y giraban en torno a lo que debiera ser y contener el museo. Luego de obtener la donación del alcalde de Miraflores Masias tuvo lugar el concurso arquitectónico para

21 Entrevista a Denise Ledgard en La Mula 28 de junio 2015, días antes de su renuncia cuando el Lum pasó de la Cancillería al Ministerio de Cultura. 22 También participaron Ponciano del Pino (responsable del equipo de memoria del IEP), José Carlos Agüero (hijo de senderistas y autor de Los Rendidos, donde describe su condición de estigmatización). Se hicieron 21 focus a escolares y alrededor de 30 diálogos entre Lima, Ayacucho, Satipo que incluyó a militares víctimas. Este periodo abarca entre diciembre del 2011 y diciembre del 2015 cuando se inaugura. 23 Entre mayo del 2008 y octubre del 2011. 24 También participaron: antropólogo Juan Ossio, el periodista de El Comercio Bernardo Roca Rey, la educadora Mariella Pinto, y los ex comisionados de la CVR Enrique Bernales y Monseñor Bambarén.

construir el Museo que contempló incluir la muestra Yuyanapak25 junto con otros elementos.

En mayo del 2008 se produce un momento de quiebre, cuando Lerner renuncia a la Comisión, al confirmar que Yuyanapaq no sería incluida en el Museo; él como ex presidente de la CVR no estaba dispuesto a conceder este cambio en los planes que estuvieron en el origen de la donación del dinero por la canciller Merkel de Alemania. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con los otros dos ex comisionados que permanecieron en la Comisión. A partir de este momento disminuyen las discrepancias y se mantiene la forma cerrada de conversación26 y avanzan con el diseño del museo. Voces aliadas del proyecto fueron la defensora del pueblo Beatriz Merino, Monseñor Cabrejos de la iglesia Católica y el pastor Goto del Consejo de iglesias evangélicas del Perú.

El antecedente a estos proyectos estatales de la memoria había sido la Alameda de la Memoria27, cuyo grupo promotor pertenecía a la sociedad civil, encabezado por Lerner, el movimiento de derechos humanos (Francisco Soberón de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y Rosa Villarán del movimiento ciudadano Para Que No Se Repita) y la artista Lika Mutal, creadora del memorial Ojo que Llora. Este núcleo tenía lazos con grupos religiosos que se movilizaban con el Para que no se repita, sectores de la academia y con diversos grupos de víctimas que se venían organizando. Un aliado importante fue el alcalde de Jesús María, Bringas que donó el terreno para el proyecto, asimismo el Defensor interino Walter Alban, la Mesa de concertación y lucha contra la pobreza encabezada por el padre Gastón Garatea y sectores de la cooperación internacional estatal y privada.

Entre los personajes públicos que destacan como opositores y que se mantienen en los tres momentos mencionados son sectores del fujimorismo que como fuerza política que defiende la memoria salvadora del expresidente Fujimori, aunque en el 2016 antes de las elecciones presidenciales la candidata Fujimori reconoció el valor del trabajo de la CVR. El Cardenal Cipriani, criticado en el informe de la CVR y según sus declaraciones opuesto a cualquier propuesta de memoria que cuestionara los medios fujimoristas utilizados frente a la violencia terrorista. Altos altos mandos militares que no aceptarían que las Fuerzas armadas cometieron violaciones a los derechos humanos como lo decía la CVR. El alcalde del municipio de Jesús María Ocrospoma, quien a diferencia de su antecesor, negó el permiso para la construcción de la Alameda de la memoria y ha sido hostil frente al memorial del Ojo que Llora. Al mismo tiempo hay figuras polémicas, es el caso del Presidente García contrario a la CVR porque lo acusaron de violar derechos humanos durante su primer gobierno,

25 Significa “Para recordar” en quechua, dicha muestra fotográfica había sido montada por la CVR 26 Del movimiento de derechos humanos o representantes de víctimas o de las fuerzas armadas. 27 Abarca el periodo entre el 2005 y 2008

incluso el cambió de postura en su segundo gobierno pues primero su intención era construir un museo para rendir a homenaje a los miembros de las Fuerzas Armadas, sin embargo, la presión y la dificultad de negarse a una donación que ya estaba aprobada para el Estado peruano, lo llevó a la negociación y compromiso, aceptando que el estado peruano construya el Lugar de la memoria. De otro lado, en el ex presidente Ollanta Humala, un militar retirado, incluso acusado de violar derechos humanos en la base de Madre Mía28, que tampoco se sentía muy identificado con la idea del Lugar de la memoria, por lo que en su momento hizo que la comisión de alto nivel incluyera el rótulo de “la tolerancia y la inclusión social,” un lema de su gobierno. No sostenemos que estos sectores opositores estuvieran articulados entre sí, pero es claro que en un clima de falta de consenso sobre el informe de la CVR y el rumbo de las políticas sobre todo de memoria, las voces discordantes con dichos proyectos rápidamente recibían niveles de resonancia pública importantes, especialmente por medios de comunicación que poco simpatizan con la causa de los derechos humanos. Y es por eso que sus voces condicionaron en varias oportunidades a los miembros de la coalición promotora del momento. Asimismo los momentos mostrados anteriormente dan cuenta de que la realización del Lum no ha sido un camino lineal y su contenido tampoco predeterminado con anterioridad; al contrario ambos elementos han estado sujetos al contexto político y la opinión pública así como al despliegue de la agencia de los que intervinieron en el proceso. Bibliografía

ALAYZA, Ernesto 2013 La Democracia y las Organizaciones de Derechos Humanos en el Perú: La

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en el período 1997-2001. Tesis de Maestría en Ciencia Política. Lima: PUCP.

Alayza, Rosa 2017 ¿El Estado en falta? Actores y creencias en las políticas de reconocimiento y justicia en Perú.

Ponencia preparada para presentar en el Congreso 2017 de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, Lima, Perú del 29 de abril al 1 de mayo de 2017.

CRISOSTOMO Mercedes 2016 “Violencia contra las mujeres rurales: una etnografía del Estado peruano”.

Cuaderno de trabajo N 34. Departamento de CCSS, PUCP. Mayo Lima CVR Informe Final de la CVR-Perú, Conclusiones generales.

www. derechos.org, www.cverdad.org.pe DEFENSORÍA DEL PUEBLO 2004 A un año de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Lima: Defensoría del

Pueblo.

28 Este caso data de 1992, cuando el ex presidente Humala era Jefe de la base militar Madre Mia, región San Martin. La investigación se ha reabierto hace pocos meses, por la muerte de una persona y tortura de otro.

2005 A dos años de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Lima: Defensoría de Pueblo.

2008 A cinco años de los procesos de reparación y justicia en el Perú: balance y desafíos de una tarea pendiente. Lima: Defensoría del Pueblo. 2011 Aportes para una Política Nacional de Educación Intercultural Bilingüe a favor de los pueblos indígenas del Perú”. En: Serie Informes Defensoriales, Nº 152.

DEGREGORI, Carlos Iván 2003 Jamás tan cerca arremetió lo lejos. Memoria y violencia política en el Perú. Lima:

IEP, SSRC. 2014 El surgimiento de Sendero Luminoso Ayacucho 1969-1979. Lima: IEP. 2015 “Sobre la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú”. En DEGREGORI

et al. No hay mañana sin ayer. Batallas por la memoria y consolidación democrática en el Perú. Lima: IEP.

De la PUENTE Juan, Sociedad civil y Buen gobierno. En: Los nudos críticos de la

2004 gobernabilidad. Propuestas para un buen gobierno. (pp.75-95)

DRINOT, Paulo 2007 ‘El ojo que llora’: las ontologías de la violencia y la opción por la memoria en el P

erú”. Hueso Húmero, n.º 50: 53-74. FRASER Nancy 2008 “La justicia social en la era de la política de identidad: redistribución,

reconocimiento y participación”, Revista de Trabajo año 4, número 6, agosto- diciembre.

GIBSON, James L. 2009 “On Legitimacy Theory And The Effectiveness Of Truth Commissions”. Law and

Contemporary Problems. Carolina del Norte: vol. 72, no 2, pp. 123-141. GONZÁLEZ, Olga 2015 “Visualización de una política de duelo excluyente: iniciativas artísticas por los

desaparecidos en el Perú”. En: HUBER, Ludwig y Ponciano DEL PINO. Políticas en justicia transicional. Miradas comparativas sobre el legado de la CVR. Lima: IEP.

GUILLEROT, Julie y Lisa MAGARRELL 2006 Memorias de un proceso inacabado: reparaciones en la transición peruana.

Lima: APRODEH, Centro Internacional para la Justicia Transicional.

HAYNER, Priscilla B. 2011 Unspeakable truths: transitional justice and the challenge of truth commissions.

New York: Routledge. HALBWACHS, Maurice 1968 La memoria colectiva. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza. ILIZARBE, Carmen 2015 “Memoria, olvido y negacionismo en el proceso de recomposición política en el

Perú de la posguerra del siglo XXI”. En: HUBER, Ludwig y Ponciano DEL PINO. Políticas en justicia transicional. Miradas comparativas sobre el legado de la CVR. Lima: IEP.

IPSOS 2013 Opinión Data. Resumen de Encuestas a la opinión pública. Año 13, núm. 168, 17 de

junio. Lima: IPSOS. JAVE, Iris 2014 Cómo se construyen los actores políticos: El caso de los líderes de

organizaciones de familiares de víctimas del conflicto armado interno de Ayacucho y Lima durante el período post conflicto en el Perú 2000-2013. Preparado para presentar en el Congreso 2014 de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, Chicago, IL, del 21 al 24 de mayo de 2014.

JELIN, Elizabeth 2002 Los trabajos de la memoria. Madrid: SRCC. KAMINSKI, Marek et al. 2006 “Normative and Strategic Aspects of Transitional Justice”. The Journal of Conflict

Resolution. Maryland: vol. 50, no 3, pp 295-302. LAPLANTE, LISA 2007 “The Peruvian Truth Commission’s Historical Memory Project: Empowering

Truth-Tellers to Confront Truth Deniers”. Journal of Human Rights, 6: pp. 433-452.

2008 “The law of remedies and the Clean Hands Doctrine: Exclusionary reparation policies in Peru’s political transition”. American University International Law Review. Washington: vol. 23, issue 1, pp. 51-90.

LAPLANTE, Lisa y Kelly PHENICIE 2010 “Media, Trials and Truth Commissions: ‘Mediating’ Reconciliation in Peru’s

Transitional Justice Process”. The International Journal of Transitional Justice, vol. 4, pp. 207-229.

LAPLANTE, Lisa y Kimberly THEIDON 2007 “Truth with Consequences: Justice and Reparations in Post-Truth Commission P

eru”. Human Rights Quarterly. Ohio: vol. 29, no 1, pp. 228-250. LUGAR DE LA MEMORIA, LA TOLERANCIA Y LA INCLUSIÓN SOCIAL (LUM) 2014 Cada uno, un lugar de memoria. Fundamentos conceptuales del Lugar de la Memoria, la

Tolerancia y la Inclusión Social. Lima: LUM. 2015 Memoria LUM 2009>2015. Lima: LUM. MACHER, Sofía 2007 Recomendaciones vs Realidades. Avances y desafíos en el post-CVR Perú. Lim

a: Instituto de Defensa Legal. 2014 ¿Hemos avanzado? A 10 años de las recomendaciones de la Comisión de la Ver

dad y la Reconciliación. Lima: IEP. MONTALBETTI, Mario 2014 “El lugar del arte y el lugar de la memoria”. En Cualquier hombre es una isla.

México: FCE. O DONNEL, GUILLERMO 2007 « Estado/Democracia/Ciudadanía. Hacia un Estado de y para la democracia en

América Latina » PNUD. POLLAK, Michael 2006 Memoria, olvido, silencio. Buenos Aires: Ediciones Al Margen. PUENTE-VALDIVIA, Javier 2013 “El museo como espacio de representación: de Benedict Anderson al Lugar de la

Memoria del Perú”. En BRESCIANO, Juan Andrés. La memoria histórica y sus configuraciones temáticas. Una aproximación interdisciplinaria. Montevideo: Ediciones Cruz del Sur.

SABATIER, Paul 1998 “The advocacy coalition framework: revisions and relevance for Europe”. Journal of

European Public Policy, vol.5, núm.1, pp.98-130. SABATIER, Paul y Hank JENKINS-SMITH 1999 “The Advocacy Coalition Framework: An Assessment”. En SABATIER, Paul (editor).

Theories of the policy process. Boulder: Westview Press, pp.117-168. SABATIER, Paul y Christopher WEIBLE 1999 “The Advocacy Coalition Framework: Innovations and Clarifications”. En SABATIER,

Paul (editor). Theories of the policy process. Boulder: Westview Press, pp.189-222. SILVA, Gianfranco 2017 Consulta sin deliberación. Análisis del proceso consultivo del Lugar de la Memoria

desde la perspectiva deliberativa y una reflexión en torno a los jóvenes universitarios. Manuscrito no publicado.

STERN, Steve 2015 “Las verdades peligrosas: comisiones de la verdad y transiciones políticas

latinoamericanas en perspectiva comparada”. En: HUBER, Ludwig y Ponciano DEL PINO. Políticas en justicia transicional. Miradas comparativas sobre el legado de la CVR. Lima: IEP.

THEIDON, Kimberly 2004 Entre prójimos. El conflicto armado interno y la política de la reconciliación en el

Perú. Lima: IEP. TODOROV, Tzvetan 2000 Los abusos de la memoria. Barcelona: Paidós. UCCELLI, Francesca et al. 2013 Secretos a voces. Memoria y educación en colegios públicos de Lima y

Ayacucho. Documento de Trabajo. Lima: IEP. Ulfe, María Eugenia 2013 ¿Y después de la violencia que queda? Víctimas, ciudadanos y reparaciones en

el contexto post-CVR en Perú. Buenos Aires: CLACSO. ULFE, María Eugenia y Ximena MÁLAGA 2015 “Los nuevos suplicantes del Estado peruano: las víctimas y el Programa Integral

de Reparaciones (PIR)”. En HUBER, Ludwig y Ponciano DEL PINO (comps.). Políticas en justicia transicional. Miradas comparativas sobre el legado de la CVR. Lima: IEP.

VARGAS LLOSA, Mario 2009 “El Perú no necesita museos”. El País. Madrid, 8 de marzo. Consulta: 01 de abril de

2017 http://elpais.com/diario/2009/03/08/opinion/1236466813_850215.html

VARIOS, Paz y Esperanza, Para que no se repita, Coordinadora Nacional de Derechos 2013 Humanos. 10 años Aprendiendo de lo vivido. CVR 10. Lima VELARDE, Gisela 2007 “La conciencia moral: núcleo en la relación entre educación y democracia”. REÁ-

TEGUI, Félix (coordinador). Educación para la democracia: un debate necesario. Lima: Idehpucp.