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La impunidad crónica de México: una aproximación desde los derechos humanos / Mariclaire Acosta, coordinadora
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Mariclaire Acosta Urquidi,Investigadora Afiliada CIDEc o o r d i n a d o r a
El contenido de este resumen de investigación no refleja la opinión del CIDE y es responsabilidad exclusiva de la coordinadora del proyecto:
Mariclaire Acosta Urquidi ([email protected])
La presente investigación contó con el apoyo financiero de la Fundación Ford
Equipo de investigación:Guadalupe Barrena (CIDE) § Ximena Andión (Equis) § Edoardo Bazzaco, Carlos Nobara, Arelí Palomo, Fabián Sánchez, Mario Santiago (idheas) §
Silvano Cantú (CMDPDH) § Ana María Sánchez, Daniel Joloy, Addy Paola Velázquez, Daniela Hernández (Ford/CIDE) § Marla Cortés (InfoDF) §
César Verduga (independiente)
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L A I M P U N I D A D CRÓNICA DE MÉXICO
una aproximación desde los Derechos Humanos (resumen)
El contenido de este resumen de investigación no refleja la opinión del CIDE y es responsabilidad exclusiva de la coordinadora del proyecto:
Mariclaire Acosta Urquidi ([email protected])
La presente investigación contó con el apoyo financiero de la Fundación Ford
Equipo de investigación:
Guadalupe Barrena (CIDE) § Ximena Andión (Equis) § Edoardo Bazzaco, Carlos Nobara, Arelí Palomo, Fabián Sánchez, Mario Santiago (idheas) §
Silvano Cantú (CMDPDH) § Ana María Sánchez, Daniel Joloy, Addy Paola Velázquez, Daniela Hernández (Ford/CIDE) § Marla Cortés (InfoDF) §
César Verduga (independiente)
Mariclaire Acosta Urquidi,Investigadora Afiliada CIDEc o o r d i n a d o r a
facebook: Superando la impunidadtwitter: @superaimpunidad
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L A I M P U N I D A D CRÓNICA DE MÉXICO
una aproximación desde los Derechos Humanos (resumen)
iolencia, inseguridad, crimen e impunidad son palabras que a últimas fechas escuchamos con demasiada frecuencia. En este atribulado Mé-xico nos topamos con ellas de manera constante. Desde luego, en las noticias cotidianas, pero también en nuestras conversaciones, en las
reuniones sociales, en el trabajo, cuando decidimos viajar o cuando espera-mos visitas. Se han convertido en los elementos centrales de nuestro paisaje anímico y nuestro imaginario social. Forman parte de esa sensación de vulne-rabilidad que nos acompaña de manera permanente y que constituye lo que los medios denominan una “crisis de seguridad”.
Entender cómo se entrelazan los hilos de esa “madeja” (tanto en los conceptos que la definen como en los problemas y las realidades actuales del país), puede ser una labor que dure años y sea objeto de diversos estudios y perspectivas. La intención de esta investigación no es agotar el análisis de los temas ni proponer soluciones para cada uno de ellos. Más bien, busca generar una reflexión sobre la relación entre impunidad, justicia y seguridad en México, desde la perspectiva de los derechos humanos. En otras palabras, nos proponemos contribuir en la construcción de una agenda necesaria, con el propósito último de elevar la percepción de la gravedad del problema y de su efecto corrosivo en las posibilidades de construir una gobernabilidad democrática.
I. EL LEGADO AUTORITARIO
En 2000, México dio un paso fundamental en su largo proceso de demo-cratización que culminó con la alternancia política y la llegada del Partido Acción Nacional (PAN) al poder, lo que puso fin a un régimen de partido he-gemónico de más de 70 años. Lo anterior produjo también algunos cambios favorables en materia de derechos humanos y democracia que, no obstante su importancia, a la fecha resultan claramente insuficientes para garantizar el pleno ejercicio de los derechos. México tiene pendiente un largo camino por recorrer para consolidar una democracia ciudadana sustentada en el imperio de la ley.
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La alternancia en los puestos de elección popular no produjo por sí misma cambios significativos en la estructura de poder ni en la forma en que se ejerce. El presidencialismo autoritario fue sustituido por un sistema multipartidista de elecciones con reglas claras, garantizadas por órganos au-tónomos, que se realizan con regularidad para validar los derechos políticos de la ciudadanía. No obstante, la esfera de derechos más allá de los políticos ha quedado rezagada.
La democracia en México –o lo que se percibe como tal– no necesaria-mente ha producido una mejora significativa en la calidad de vida de las perso-nas. No hay políticas públicas innovadoras para hacer frente a problemas estruc-turales como la pobreza y la desigualdad aguda que caracterizan a la sociedad mexicana. La exclusión y la marginación de los servicios públicos siguen siendo altas, y la buena gestión gubernamental deja mucho qué desear. El desencanto con la política y esta forma de gobierno aumenta cada día.
Así pues, los derechos humanos en México deben verse y entenderse a la luz de una transición incompleta. Sin duda, si comparamos la situación de los derechos políticos y las libertades fundamentales en el México de hoy con el de hace treinta años, el cambio ha sido inmenso y no debe subestimarse. Pero el abuso de los derechos humanos sigue siendo endémico e incluso ha empeorado. Además, la implantación de la agresiva y ambiciosa política de lucha contra la delincuencia organizada emprendida por el actual gobierno, ha tenido un efecto pernicioso sobre la cohesión social y las posibilidades de un mayor desarrollo democrático. Esta política ha incrementado los actos vio-lentos por todo el país y afectado la vida cotidiana de la sociedad mexicana.
Patrones estructurales de larga data como la impunidad, la corrupción y la discriminación sistémicas son responsables de la mayoría de las violacio-nes graves de derechos humanos en el país. La inseguridad pública y la de-lincuencia organizada coexisten con las formas tradicionales de abuso, como el uso excesivo de la fuerza policíaca, la represión y la criminalización de la protesta social. Las detenciones arbitrarias y la tortura, perpetradas por la policía y el Ejército, son frecuentes, como también son frecuentes las ejecu-ciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas.
La crisis causada por el aumento de la delincuencia y la penetración de las fuerzas de seguridad por el crimen organizado, ha llevado a que en la actualidad las Fuerzas Armadas jueguen un papel preponderante en la apli-cación de la ley. La estrategia del presidente Felipe Calderón para combatir a la delincuencia organizada, basada principalmente en el uso de la fuerza pública, es fuente de abusos graves de los derechos humanos, y tiene un es-caso control por parte de los sistemas de justicia civil y militar, así como por las comisiones oficiales de derechos humanos.
Se requiere mucho más para que México se convierta en un país mo-derno, respetuoso de la ley, que registre una mejora progresiva del estado de los derechos humanos. Lograr esto significa muchas cosas: aparte de una necesaria reforma de las instituciones que se ocupan de la seguridad pública y la administración de justicia, se requiere la incorporación efectiva de las nor-
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mas internacionales de derechos humanos en la legislación nacional y la for-mación de abogados, jueces y agentes vinculados con el sistema de justicia.
Nada de esto se puede lograr, tampco, si no existe un acuerdo entre todos los sectores de la sociedad, el gobierno y la iniciativa privada de que estas cuestiones son cruciales para el desarrollo democrático de México y la estabilidad del país. Esto significa que las escuelas, universidades, organiza-ciones profesionales y no gubernamentales, sindicatos, medios de comunica-ción y partidos políticos deben unirse en un esfuerzo nacional para construir consensos que produzcan las reformas y cambios que el país necesita. Sin este esfuerzo, los pequeños progresos en materia de derechos humanos y gobernabilidad democrática desaparecerán. La sociedad civil está llamada a ayudar a construir este consenso.
II. EL DESAFÍO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA Y LA IMPUNIDAD
Durante la última década, México ha experimentado avances institucionales y políticos nada despreciables en materia de derechos humanos, justicia y democracia. Ejemplo de ello son los distintos mecanismos creados para la protección de los derechos humanos a lo largo del país, así como las institu-ciones de transparencia y rendición de cuentas que han permitido un mayor escrutinio del ejercicio del poder por parte de la ciudadanía. La recién apro-bada reforma constitucional en materia de derechos humanos, así como la reforma en materia de amparo, constituyen los últimos avances al respecto que permitirán la armonización de nuestro ordenamiento con los estándares internacionales.
Sin embargo, nada de ello ha sido suficiente para abatir la inseguridad ni para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas, tanto las de la de-lincuencia común como de violaciones a los derechos humanos. En México, la protección jurídica de los derechos humanos y el acceso a la justicia ha sido impedida, entre otras cosas, por la falta de recursos legales adecuados y efectivos que garanticen la rendición de cuentas respecto de los crímenes y abusos cometidos, tanto por agentes del Estado como por agentes no estata-les. Son muchos y diversos los factores que obstaculizan la justicia como, por ejemplo, la poca eficiencia del sistema de procuración de justicia, la falta de independencia del poder judicial, la ausencia de recursos para reparar a las víctimas, el desprecio y la ignorancia de las normas internacionales de dere-chos humanos, la ausencia de jurisprudencia internacional en el oden jurídico doméstico, así como un amplio poder discrecional conferido a las autorida-des, sobretodo en la investigación y persecución de los delitos y, finalmente, la militarización de la seguridad pública.
Durante los últimos años hemos visto cómo la crisis de inseguridad en el país se ha profundizado y los reclamos de la ciudadanía por justicia, troca-dos en mano dura contra la delincuencia, se han agudizado. Estamos conven-cidos de que la política actual de combate a la delincuencia es errónea, pues
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no sólo no ha contribuido a disminuir los índices delictivos, sino que, por el contrario, se han elevado.
Es particularmente preocupante el incremento de ciertos delitos en los últimos años, especialmente los homicidios, secuestros, extorsiones, ro-bos y violaciones sexuales, así como el aumento de violaciones graves a los derechos humanos. Informes recientes sobre la situación de los derechos humanos en México coinciden en que, como efecto de la actual política de seguridad, se han multiplicado los casos de tortura, detenciones ilegales, eje-cuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de personas por parte del Ejército, policías y grupos paramilitares.
La política de combate al narcotráfico, emprendida a tan sólo unos días de que el presidente Calderón rindiera protesta, ha tenido como eje prin-cipal la confrontación directa a los cárteles mediante operaciones policiacas y militares en los estados más afectados por el narcotráfico. Así pues, se han desplegado más de 60,000 efectivos de las Fuerzas Armadas en las calles de nuestro país. No obstante, se ha observado en los estados donde se han de-sarrollado tales operativos que los índices de delincuencia común se han dis-parado por encima de los índices registrados en los demás estados del país.
Irónicamente, en el empeño por imponer un “Estado de Derecho” se ha roto el viejo sistema de regulación del antiguo régimen, basado en una serie de acuerdos políticos y el uso selectivo de la ley. Lo anterior ha desen-cadenando una ola de violencia por el reajuste de esas relaciones de poder. Desgraciadamente, la imposición del orden mediante el uso privilegiado de la fuerza no se ha visto acompañado de un esfuerzo igualmente consistente por crear una nueva institucionalidad basada en normas democráticas, ni en atacar las causas estructurales que alimentan la inseguridad imperante.
El contexto actual de violencia e inseguridad en el que se encuentra inmerso nuestro país ha evidenciado las debilidades y carencias del sistema de justicia en su conjunto, incluyendo al sistema de seguridad y el de pro-curación y administración de justicia, los cuales se han visto desbordados y rebasados por la realidad.
El fenómeno delictivo en nuestro país, aunado a la incapacidad de las instituciones de seguridad y de justicia para contenerlo, han generado un in-cremento de la violencia, la criminalidad y las violaciones graves a los derechos humanos. Estas circunstancias, a su vez, refuerzan la creciente percepción de inseguridad y desamparo en la población, que reclama con justificada razón poner fin a esta situación. A pesar de las reformas institucionales prometidas para abatir el problema, las autoridades han respondido a las demandas con las mismas soluciones de fuerza de siempre, aduciendo su carácter temporal en tanto fructifican las reformas al sistema de seguridad y justicia impulsadas por este gobierno.
En consecuencia, es necesario conducir la mirada hacia otras formas de combate a la inseguridad y la delincuencia que sean capaces de comprender el carácter integral del problema y se orienten a fortalecer soluciones demo-cráticas y respetuosas de los derechos de las personas.
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III. LA PROMESA DE UNA NUEVA JUSTICIA PENAL
La impunidad en el sistema de justicia penal es uno de los grandes pendien-tes de rendición de cuentas. La justicia penal es el último recurso de control social para el Estado. Por ello, la impunidad en la justicia penal es lo que más ofende a las instituciones en un Estado de derecho. En México, dicha impuni-dad se manifiesta en una baja tasa de condenas para los delitos cometidos. Esto se evidencia con mayor claridad en la cantidad de homicidios penados. La ausencia de castigo en uno de los delitos más graves habidos, como es el homicidio, representa un indicio sobre la calidad del sistema. En México, se estima que, en promedio, por cada 100 homicidios reportados, diecisiete reciben condena.
El marco jurídico de la justicia penal en México se encuentra en transi-ción. Existe un amplio consenso sobre la ineficacia de nuestras instituciones para proteger a las víctimas del delito, a los imputados y para encontrar la verdad. Las instituciones penales se han especializado en la persecución de la pobreza. La atrofia del Ministerio Público, la consecuente reducción de los poderes de la judicatura y una defensoría pública endeble, han llevado al sistema de justicia penal a ser la suma de actuaciones en el expediente de averiguación previa, que es luego sancionado por un juez. La reforma actual promete un nuevo sistema de justicia penal que equilibrará sustancialmente el papel de las partes en el proceso, reduciendo las desproporcionadas atri-buciones del Ministerio Público e insertando numerosos puntos de control administrativo y judicial sobre la actuación de la autoridad. El marco jurídico que se plantea, promueve la construcción de casos fuertes, con evidencia viva que pueda ser valorada por un juez. Este sistema de justicia penal todavía se encuentra vigente en muy pocos lugares del territorio mexicano, pero el mandato constitucional de su implementación expira en 2016.
La implementación del nuevo marco jurídico presenta enormes retos. Primero, la ausencia de una política criminal eficaz, con metas claras, de cum-plimiento verificable, que ha generado la posibilidad de que los incentivos de la persecución penal se centren en los casos más sencillos (delitos patrimonia-les de poco valor, asuntos donde se detiene a un sospechoso en flagrancia, etc.). Esta ausencia de mayores incentivos ha colapsado al sistema con causas que no tocan los delitos más sensibles o más difíciles de probar en el foro judicial. El nuevo sistema de justicia penal sólo tendrá sentido en el grado en que sus instituciones se empleen para impulsar una política criminal con sensibilidad a la gravedad de los casos, la vulnerabilidad de la víctima y la profusión del delito.
La complejidad de este panorama se incrementa por la obvia necesi-dad de hacer acompañar la reforma institucional con el fortalecimiento de destrezas y capacidades en el elemento humano.
En cualquier caso, el reto para la reforma de la justicia penal radica en hacerla relevante para la solución de los problemas sociales, sin tener expec-tativas maximalistas. Si esta reforma no puede vincularse al abatimiento de
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la impunidad, entonces corremos el riesgo de promover una reforma técnica sin alcance social.
IV. LA IMPUNIDAD SISTÉMICA DE LA VIOLENCIACONTRA LAS MUJERES
La violencia contra las mujeres en México ha ganado una creciente atención in-ternacional y nacional. Ello ha dado como resultado el desarrollo de una serie de normas y estándares en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, así como la proliferación de estudios sobre las causas y consecuencias de la violencia desde diversas disciplinas.
Pese al establecimiento de un complejo andamiaje legal, institucional y de políticas públicas, no se ha observado una disminución significativa de la violencia ni tampoco una reducción de la impunidad en la que permanecen la mayor parte de los crímenes contra las mujeres. De hecho, podría decirse que esta violencia se ha agudizado en el contexto actual de violencia generaliza-da e inseguridad alentado por la política actual de combate al narcotráfico.
La violencia contra las mujeres se genera en un contexto de impunidad basado en un sistema patriarcal, de desigualdad y exclusión social de este grupo. En este sistema, además, se ha normalizado la violencia como método de resolución de conflictos, se ha militarizado la seguridad pública y el Estado de derecho es sumamente débil. En este contexto se inserta la respuesta ins-titucional del Estado que, en muchas ocasiones, lejos de contribuir a romper con estos problemas estructurales los fomenta y perpetua.
Es innegable que el Estado Mexicano, tanto a nivel federal como en los estados de Chiapas y Chihuahua (por ser los más afectados), ha realizado ac-ciones que representan avances en materia de prevención, atención, sanción erradicación de la violencia contra las mujeres. Son particularmente notables los avances que se han dado en materia de fortalecimiento del marco norma-tivo, especialmente la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y sus correspondientes leyes estatales, así como la Ley General de Igualdad y la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. Puede afirmarse que hoy existe un marco normativo integral en materia de violencia contra las mujeres con el que podría responderse de forma más contundente a este problema. Ello no obsta para dejar de lado la necesidad de continuar armonizando el marco normativo a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, incluyendo la revisión de las normas procesales y la eliminación de las discrepancias entre las distintas entidades federativas.
Una de las principales razones de la ineficiente respuesta institucional –más allá del marco normativo– es justamente su mala aplicación e imple-mentación. La inadecuada aplicación de dicho marco normativo incluye la falta o inadecuada reglamentación de las leyes, la falta de mecanismos de aplicación y problemas de acceso a la justicia.
La inaccesibilidad a la justicia resulta central en el análisis de la im-punidad de la violencia en contra de las mujeres. Aunado a los obstáculos
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estructurales que enfrentan todas las personas en México para acceder a la justicia, las mujeres enfrentan barreras adicionales en todas las etapas del proceso penal. Estas barreras se relacionan con la discriminación y los estereo-tipos de género, que tienden a minimizar la violencia, verla como un asunto privado e incluso justificarla como una consecuencia natural de la conducta de la víctima.
El caso de Rubí Freyere Escobedo, en Chihuahua, y las dos recientes sen-tencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de Inés Fernández vs. México y González y otras vs. México, ilustran claramente la situa-ción y los obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder a la justicia.
En materia institucional es también importante reconocer los esfuer-zos realizados por el Estado en la creación de instituciones y políticas dedi-cadas exclusivamente a la atención del fenómeno de la violencia contra las mujeres. En este ámbito, es importante mencionar el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Muje-res. Asimismo, merecen especial mención la Comisión Especial para Prevenir y Erradicar la Violencia en Ciudad Juárez –que posteriormente se convirtió en la hoy Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mu-jeres–, el Inmujeres y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacio-nados con la Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (antes Fevim y hoy Fevimtra). A nivel estatal, destacan los centros de atención a las mujeres víctimas de violencia y los recientemente creados Centros de Justicia para las Mujeres, que se espera que tengan un impacto positivo en la atención de las mujeres víctimas de violencia.
Las instituciones mencionadas han realizado una labor muy importan-te, sobre todo en materia de información, atención a víctimas y prevención de la violencia. Sin embargo, su actuar tampoco ha logrado cambios significa-tivos en cuanto al fenómeno de la violencia contra las mujeres y la impunidad que la rodea. Ello se debe a varios factores dentro de los cuales destacan la todavía incipiente o superficial coordinación entre los tres niveles de gobier-no, la fragmentación de las políticas en la materia, la falta de indicadores que permitan medir el impacto de las políticas, la dificultad para establecer po-líticas claras, específicas y con responsables que además atiendan las causas estructurales de la violencia, la falta de mecanismos de control y rendición de cuentas, entre otras cuestiones.
Otro de los grandes obstáculos que contribuye a la impunidad de la violencia contra las mujeres es la falta de datos estadísticos e información que permitan dimensionar de manera precisa y clara este fenómeno y que también permitan a la ciudadanía promover la rendición de cuentas de las autoridades a todos los niveles.
Es importante reconocer que la violencia contra las mujeres es sin duda un fenómeno mundial muy complejo que requiere de una respuesta multi-sectorial. México cuenta con un rico cuerpo de recomendaciones de mecanismos naciona-les e internacionales en materia de violencia contra las mujeres. Estas recomen-
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daciones deben servir como guía al Estado mexicano para el desarrollo de todas las políticas y programas en materia de violencia contra las mujeres.
En el contexto actual de inseguridad y violencia, resulta muy importan-te no volver a invisibilizar el fenómeno de la violencia contra las mujeres en el país e incluirlo como un tema fundamental de una agenda democrática de seguridad ciudadana y derechos humanos.
V. LAS PERSONAS MIGRANTES, VÍCTIMAS DE IMPUNIDAD ESTRUCTURAL
La falta de castigo a aquellas personas que comenten delitos es un problema crónico en nuestro país. El fenómeno es tan antiguo como nuestra propia historia. Sin embargo, es posible que hoy estemos viviendo el momento más álgido de la impunidad dado que atravesamos por una crisis de violencia, la más cruenta desde la Revolución Mexicana.
La impunidad alcanza cifras alarmantes en nuestro país. Además, to-dos somos víctimas potenciales de ésta. Sin embargo, queda claro que ciertos grupos de personas sufren especialmente las consecuencias del fallido siste-ma de justicia penal mexicano: la ineficiencia y la corrupción tienen víctimas bien identificadas. A manera de ejemplo, podemos citar a las mujeres vícti-mas de la violencia en Ciudad Juárez, que son primero víctimas de la violencia homicida de la delincuencia, pero también de un sistema de justicia incapaz de investigar los casos de forma eficiente, así como de castigar a los culpa-bles. La falta de esclarecimiento y las irregularidades en las investigaciones respectivas generó un clima de impunidad en Ciudad Juárez.
La pobreza es un factor que afecta a las personas que han sido víc-timas de algún delito, pues es más difícil ejercer el derecho de acceso a la justicia sin abogados que coadyuven en el trabajo de investigación del Minis-terio Público. Así pues, la justicia, para aquellas personas que pertenecen a un grupo en situación de vulnerabilidad, siempre es más difícil de alcanzar.
Las personas migrantes que cruzan por nuestro país sufren con fre-cuencia delitos y de violaciones de derechos humanos. Son, además, vícti-mas del sistema de justicia: de un Ministerio Público incapaz de investigar de forma eficiente un caso para, posteriormente, presentar pruebas ante el juez, acreditando el cuerpo del delito y la probable responsabilidad. Por otra parte, es evidente que los delitos cometidos contra personas migrantes son mayormente desatendidos y desestimados, sobre todo porque, tras la denun-cia, las personas migrantes prosiguen hacia su destino final, generalmente los Estados Unidos.
La impunidad se agrava por el hecho de que, en muchas ocasiones, son los propios servidores públicos quienes comenten los delitos (generalmente extorsión, detenciones arbitrarias o abuso de autoridad), o bien, se encuen-tran vinculados al crimen organizado.
En tema de la migración, México tiene un aspecto peculiar que hace que los hechos delictivos queden impunes. Nos referimos a las propias prác-
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ticas jurídicas que rigen la materia. No obstante que el derecho de acceso a la justicia está reconocido por el segundo párrafo del artículo 17 constitu-cional, muchas personas migrantes no pueden ejercer este derecho debido a que pueden ser detenidos por la autoridad en virtud de no contar con los documentos que acrediten su estancia legal en el país. También puede que se encuentren materialmente imposibilitados para ello por estar detenidos en alguna de las estaciones migratorias del país.
Al respecto, es importante señalar que, según el artículo 133 de la Ley de Migración, la persona migrante identificada como víctima o testigo de algún delito grave cometido en territorio nacional, tendrá derecho a la re-gularización de su situación migratoria. En el mismo sentido, el artículo 136 señala que las personas migrantes que se encuentran detenidas en las esta-ciones migratorias, víctimas o testigos de algún delito grave, tienen derecho a que se les otorgue un oficio de salida para que, de esta forma, puedan acudir a las oficinas del INM a solicitar la regularización de su situación migratoria.
Este derecho, reconocido ahora en la Ley de Migración, se encontraba anteriormente recogido en el Manual de Criterios y Trámites Migratorios del Instituto Nacional de Migración. Sin embargo, muchas veces este derecho no es ejercido, pues los criterios para que a una persona se le reconozca como víctima son impuestos por la autoridad migratoria. Por ello, en muchas oca-siones las denuncias hechas por las personas migrantes que se encuentran detenidas en estaciones migratorias no prosperan, pues no pueden acudir al Ministerio Público a dar seguimiento a sus denuncias.
México, agosto 2011.
