Embed Size (px)
DESCRIPTION
Citation preview
La Insuficiencia de la Democracia Electoral y la Transparencia;
Un Modelo Formal de Economía Política sobre la
Ineficiencia Gubernamental
Blanca Noelia Caro Chaparro
Universidad Autónoma de Sinaloa
Leonardo Adalberto Gatica Arreola
Universidad de Guadalajara
Resumen
Este artículo presenta un modelo formal de competencia político-electoral para analizar el
efecto de los procesos democráticos electorales y la transparencia sobre la eficiencia
gubernamental. En contraste con otros argumentos que sostienen que la ineficiencia de los
gobiernos prevalece aún bajo sistemas democráticos con rendición de cuentas, debido a
problemas de información imperfecta, el principal resultado de este ensayo muestra que ni
la rendición de cuentas ni los procesos de transparencia, garantizan que los gobiernos se
comporten de manera eficiente en la provisión de bienes públicos. Esto se debe a que aún
bajo estas circunstancias existen incentivos para usar el empleo burocrático como
patronazgo político.
Abstract
This paper presents a formal model of electoral political competition to explore the effect of
the democratic electoral process and transparency on government performance. In contrast
with other arguments that sustain that the inefficiency of government prevail even under
democratic systems with accountability mechanisms due to problems of imperfect
information, the main result of this essay shows that neither accountability nor transparency
processes guarantee that governments behave efficiently in the provision of public goods.
This occurs, because even under these circumstances, there are incentives to use
bureaucratic employment as political patronage.
Introducción
A partir de los años ochenta la tercera ola de democratización llevó a cambios
institucionales en diversos países que reforzaron, o por primera vez en mucho tiempo
pusieron en marcha, procesos de democracia electoral (Huntington, 1991). Varios países,
incluyendo un buen número de naciones latinoamericanas, han vivido esta transformación,
que sin embargo en muchas ocasiones parece no haber dado los resultados esperados en lo
que se refiere a mejores prácticas gubernamentales y políticas públicas más eficientes.
De igual forma, durante esa década, la teoría económica vivió un repunte en los
análisis que se enfocan a la explicación política de la política económica y de las políticas
públicas en general. A partir de entonces el número de trabajos suscritos dentro de la
llamada “nueva economía política” o “economía política neoclásica” ha ido en constante
aumento y se ha convertido en un área de suma importancia. Es en esta área de la teoría
económica donde la esperanza de mejores y más eficientes prácticas gubernamentales como
resultado de la competencia democrática electoral, encontró sustento entre los estudiosos
del tema. A partir del desarrollo de la economía política de la escuela de Chicago, el
análisis económico del proceso de competencia político-electoral derivó en la idea de que la
democracia electoral provee los incentivos para que quienes desean obtener el poder o
mantenerse en él mediante mecanismos democráticos, busquen hacerlo mediante prácticas
eficientes de buen gobierno. Si bien algunos de los exponentes más importantes de esta
escuela, como Stigler (1971) y Becker (1983), nos han provisto de una estructura analítica
cuyos resultados hablan, entre otras cosas, de las posibles ineficiencias que se generan a
partir de los procesos políticos, principalmente aquellos relacionados con las acciones de
los grupos de interés, no contradicen uno de los principales argumentos de la economía
política de la escuela de Chicago desarrollado por Wittman (1989).
En su trabajo seminal, Wittman desarrolla un estupendo argumento que logra
establecer una relación causal entre los mecanismos de la competencia electoral
democrática y una tendencia hacia la eficiencia en el diseño y aplicación de las políticas
públicas. El argumento sostiene que aún bajo un contexto con información asimétrica y
problemas de agente principal, donde los ciudadanos no pueden monitorear completamente
las acciones de los gobernantes ni pueden observar varias características de estos mismos
que son relevantes para garantizar su buen desempeño, la competencia electoral bajo
condiciones democráticas provee los incentivos suficientes para que quienes gobiernan o
quieren gobernar, ya sea partidos o individuos, busquen construir su credibilidad y una
buena reputación como gobernantes que les permitan mantenerse en el poder o llegar a él.
Esta búsqueda se realiza, de acuerdo con el argumento, mediante prácticas de buen
gobierno y de eficiencia en la provisión de bienes públicos.
De acuerdo con este argumento, los procesos de democratización, esencialmente
electoral, que han vivido varios países en los últimos 30 años, tendrían que haber
desencadenado mejores prácticas y una mayor eficiencia gubernamental.
Desafortunadamente en muchos, los resultados no han sido los que los ciudadanos
esperaban. Diversos autores como por ejemplo Moreno (2005), Estevez et al (2002) y
Brusco et al (2002) han encontrado evidencia empírica que cuestiona la relación positiva
entre competencia política y eficiencia en el desempeño del gobierno.
En el argumento que relaciona eficiencia con democracia electoral, las elecciones
son el mecanismo mediante el cual los ciudadanos califican el desempeño del gobierno, y le
ofrecen o no la oportunidad de continuar en el poder a quienes se encuentran gobernando.
A partir de este proceso se incentiva el buen desempeño, dado el deseo de quienes
gobiernan por mantenerse en el poder. Si el buen desempeño del gobierno afecta
positivamente el bienestar de los ciudadanos, el grupo gobernante aumenta su aceptación
entre los ciudadanos y con ello la probabilidad de mantenerse en el poder mediante la
implementación de buenas prácticas gubernamentales y la provisión eficiente de bienes
públicos.
Sabemos que en la mayoría de los casos, los ciudadanos no sólo observan el
desempeño de los gobiernos en sus acciones, o como proveedores de servicios y de
políticas y programas públicos. Es verdad también que existen preferencias vinculadas con
otro tipo de temas que en una parte de la literatura económica y politológica, se les
catalogan como ideológicos (Hinich y Munger, 1994). Así, cada ciudadano tiene su propio
sesgo ideológico que determina sus preferencias entre los diferentes partidos, incluyendo al
partido gobernante. Pero aun cuando un ciudadano no coincida ideológicamente con el
partido gobernante, cuando éste último aumenta su eficiencia en la provisión de bienes
públicos que afectan positivamente el bienestar del ciudadano, la opinión y la percepción
del ciudadano sobre el gobierno mejora, y eso se refleja en la manera en cómo califica el
desempeño gubernamental. Por supuesto esto no necesariamente revierte las preferencias
de todos los individuos, pero sabemos que aquellos ciudadanos que se encuentran más
alejados ideológicamente de todos los partidos, pueden, frente a una mejoría en la
percepción del desempeño gubernamental, decidir apoyar al partido en el gobierno.
En cualquier caso, el proceso electoral incentiva a los gobernantes a mejorar su
desempeño y con ello a aumentar el bienestar de los ciudadanos, ya que es la forma como el
grupo en el gobierno puede maximizar la probabilidad de mantenerse en el poder.
La aceptación de los ciudadanos se construye a partir de la información y la
percepción que tienen sobre el desempeño de sus gobernantes. Cuando la arena electoral
cumple con las características democráticas suficientes para que existan varios grupos y que
tengan la posibilidad de ganar la contienda, el principal problema para incentivar la
eficiencia en el gobierno es el de información asimétrica. El problema de agencia que se
presenta debido a la asimetría en la información implica una limitante de los ciudadanos
por poder calificar acertadamente a los gobernantes, por ello se ha insistido en la
implementación de mecanismos que transparenten las acciones de los gobernantes y
faciliten el proceso de rendición de cuentas. Una vez que el problema de información
asimétrica quedara resuelto, se esperaría que el proceso electoral fuera asertivo y lograra
incentivar un comportamiento eficiente por parte del gobierno. Esto último, ha sido el
principal resultado de la mayoría de los trabajos que abordan el tema de la transparencia y
la rendición de cuentas. Autores como como Barro (1973), Ferejohn (1986) y Persson y
Tabellini (2000), Maskin y Tirole (2004), consideran que la rendición de cuentas exigida a
los gobiernos por parte de los ciudadanos es un mecanismo que incentiva a los políticos a
actuar en interés de los electores; sin embargo, la ineficiencia gubernamental es un
resultado que prevalece, ya que el efecto de la rendición de cuentas en sistemas
democráticos no es suficiente para mejorar la eficiencia en el gobierno, debido a los
problemas de agente principal o problemas de información imperfecta.
Durante el proceso de democratización que se ha llevado a cabo en las últimas
décadas, los cambios institucionales que se han procurado llevar a cabo han considerado la
importancia de la transparencia. Sin embargo, aun cuando teóricamente la solución del
problema de información asimétrica debería permitir que el proceso electoral pudiera
inducir mejores prácticas gubernamentales, lo ocurrido en varios países no ha cumplido con
las expectativas que se tenían al respecto. Estos resultados contradictorios, aun con los
cambios institucionales que buscan disminuir los problemas de información y transparentar
las acciones de los gobiernos, en la mayoría de los casos, están relacionados con la
rentabilidad política del uso clientelar del empleo burocrático y patronazgo político
(Alesina, Danninger y Rostagno, 1999; Alesina, Baqir e Easterly 2000; Annett, 2001;
Robinson y Verdier, 2003).
En este ensayo, desarrollamos un modelo formal de competencia político electoral,
donde los ciudadanos califican al partido en el gobierno y le ofrecen su preferencia de
acuerdo a su desempeño en la provisión de un bien público. Como en cualquier lugar del
mundo el gobierno utiliza recursos públicos para adquirir los insumos necesarios para la
provisión de bienes públicos, en este caso capital y trabajo. Los partidos buscan obtener el
máximo apoyo posible entre los ciudadanos, ya que esto les permite aumentar su capital
político y con ello mejorar sus posibilidades en los procesos electorales. Debido a que
existen ciudadanos que valoran el empleo que ofrece el gobierno de tal forma que puede
afectar sus preferencias y su afinidad partidistas, el partido gobernante utiliza estrategias
clientelares como el empleo burocrático para ganarse la preferencia de un grupo de
ciudadanos que de otra forma no le darían su apoyo. En este contexto el tamaño de la
burocracia, como el nivel de empleo gubernamental siempre resulta excesivo respecto al
óptimo social. Este resultado es consistente con argumentos del tipo de Metzler y Richards
(1981), sin embargo, no está determinado por la distribución del ingreso ni las presiones
redistributivas. Por otro lado, con la existencia de una cultura ciudadana responsable y el
acceso a información, acerca de las acciones del gobierno, se genera un rechazo por parte
de los ciudadanos a prácticas clientelares, incentivando una mejora en la eficiencia del
empleo gubernamental, por el temor del partido en el gobierno a perder simpatizantes. El
modelo no obstante, muestra que aún bajo condiciones de procesos de transparencia la
provisión de bienes públicos siempre resulta subóptima. Este resultado contrasta con los de
diversos trabajos que argumentan que la ineficiencia gubernamental prevalece bajo
sistemas democráticos electorales con rendición de cuenta debido a problemas de
información (Barro, 1973; Ferejohn, 1986; Persson y Tabellini 2000; Maskin y Tirole,
2004).
En la siguiente parte de este ensayo presentamos el modelo formal cuyo argumento
muestra que aun cuando los ciudadanos sancionan la ineficiencia gubernamental, el
gobierno tiene incentivos político-electorales para desviarse de la política pública
socialmente óptima. Una vez que discutimos los resultados del modelo, finalizamos este
ensayo con las conclusiones del análisis.
Un Modelo de Competencia Política y Provisión de Bienes Públicos
Supondremos que la economía está conformada por dos tipos de agentes:
ciudadanos y partidos políticos. Uno de los partidos gobierna la economía y provee un bien
público puro para el consumo de los ciudadanos. El partido gobernante busca maximizar el
apoyo entre la ciudadanía con el fin de garantizar su permanencia en el poder a través de un
mecanismo de competencia electoral. El gobierno rivaliza con el resto de los partidos y
compite mediante la provisión del bien público. El gobierno puede aumentar su eficiencia
como proveedor del bien público, con lo cual el bienestar de cada uno de los ciudadanos
mejora y por lo tanto los ciudadanos responden aumentando su apoyo electoral al partido
gobernante. En este proceso, suponemos que no hay problemas de información y los
ciudadanos observan perfectamente las acciones del gobierno. El resultado que se esperaría
es que el gobierno ofrezca el nivel socialmente óptimo de bien público, es decir aquel que
maximiza el bienestar de los ciudadanos. Sin embargo, como ya hemos comentado, la
ideología tiene un papel importante en el proceso electoral y por lo tanto afecta el
mecanismo de incentivos electorales. Cuando se introduce este elemento, la competencia
electoral provee incentivos distintos y el resultado se desvía del óptimo social.
Afinidad Ideológica Ciudadana
El modelo supone que los agentes tienen preferencias heterogéneas de carácter
ideológico, como es usual en los modelos de votación espacial. Siguiendo a Hinich y
Munger (1994), estos agentes pueden reducir la complejidad de sus preferencias
ideológicas en un espacio de dimensiones reducidas. Así, en este modelo suponemos que
existe un espacio ideológico unidimensional, convexo y compacto, sobre el cual cada uno
de estos agentes tiene definidas sus preferencias y que está dado por el intervalo ,a b R .
En nuestro modelo cada ciudadano tiene una posición ideológica que puede
localizar dentro del espacio ,a b . En este caso cada ciudadano está indizado de acuerdo al
punto donde se localiza su posición ideológica dentro del espacio ,a b . Así, decimos que
el ciudadano i tiene su posición ideológica ideal en el punto ,i a b .
Como es común en este tipo de análisis, la distribución de los puntos ideales de los
ciudadanos sobre el espacio afecta el comportamiento de los partidos políticos cuando estos
compiten por obtener el apoyo de la ciudadanía, o por buscar maximizar la probabilidad de
ganar una elección. En este caso, para simplificar el modelo y para aislar inicialmente los
resultados del efecto que la distribución de los ciudadanos pueda tener en los resultados,
suponemos que hay un continum de ciudadanos cuyas posiciones ideológicas se distribuyen
de forma uniforme y continua sobre el intervalo ,a b .
La afinidad ideológica juega un papel fundamental en nuestro modelo. La afinidad
entre dos agentes, depende de que tan distintas o parecidas sean sus posiciones ideológicas,
lo cual supondremos que se refleja en la localización de estas posiciones dentro del espacio
,a b . La preferencia que cada ciudadano tiene entre los diferentes partidos políticos,
depende en buena parte de la afinidad que se presenta entre cada partido y el ciudadano, y
por lo tanto la dirección de su voto.
En el modelo, la afinidad entre dos agentes depende de la distancia euclidiana que
hay entre los puntos donde se localizan sus posiciones ideológicas. De esta forma la
afinidad del ciudadano i con el partido en el gobierno es función de la distancia a i para
,i a b , mientras que la afinidad con el partido de oposición depende de b i . Si la
distancia ideológica entre dos es mayor, menor será la afinidad ideológica. Suponemos
entonces que la afinidad ideológica entre dos agentes decrece de manera monótona en
función de la distancia entre sus localizaciones en el espacio ideológico ,a b . Así, la
afinidad ideológica es una función :V I R , continua, simétrica y diferenciable, donde
2, ,I a b a b R , convexo, continuo y compacto. Suponemos también que V i j
tiene las siguientes propiedades:
0 , , ,
, 0 , ,
0 0.
V i j i j I i j
V i j i j I
V
(1.1)
De esta forma el ciudadano i tiene mayor afinidad ideológica con el partido en el
gobierno que con el partido de oposición si a i b i y la diferencia en la afinidad es
V a i V b i . Dado que a i b , i , podemos expresar esta diferencia de afinidad
como V i a V b i . Así, si 0V i a V b i , el ciudadano i tiene más afinidad
con el partido en el gobierno, y en el caso de haber una contienda electoral, el ciudadano i
votará por el partido en el gobierno si únicamente considerara la afinidad ideológica. En el
caso en que 0V i a V b i , el ciudadano le daría su apoyo al partido opositor, y
finalmente si 0V i a V b i , el ciudadano apoyaría al partido en el gobierno con
igual probabilidad que al partido de oposición.
Estrategia Gubernamental y Competencia Política
Para simplificar el análisis en este modelo consideramos un sistema de dos partidos,
un partido en el gobierno y un partido opositor. Ambos partidos tienen también posiciones
ideológicas que son observadas por los ciudadanos y que se localizan en los extremos del
espacio ideológico ,a b . Diremos que el partido en el gobierno localiza su posición
ideológica en el punto a, y el partido opositor tiene su preferencia ideológica en el punto b
del intervalo.
Los partidos buscan obtener el máximo apoyo posible entre los ciudadanos, ya que
esto les permite aumentar su capital político y con ello mejorar sus posibilidades en los
procesos electorales, pero también les permite gobernar con menores costos y aumentar sus
beneficios (North, 1981; Levi, 1988).
Con el fin de simplificar el análisis, y siguiendo a Dixit y Londregan (1996),
suponemos que el costo para los partidos por mover sus plataformas de política pública
para modificar su posición sobre el espectro ideológico es muy alto en el corto plazo, y por
lo tanto se considera que las posiciones ideológicas de los partidos son fijas. La idea es que
los partidos no pueden cambiar su imagen ideológica frente a los ciudadanos, tan
fácilmente.
Así, en el modelo, dadas las posiciones ideológicas de los partidos y de los agentes,
la forma en que el partido gobernante puede modificar las preferencias electorales de los
ciudadanos es mediante el buen gobierno y la provisión eficiente del bien público. Sin
embargo, esto también le permite distribuir beneficios privados entre la ciudadanía que
pueden también modificar el número de ciudadanos que le ofrezcan su apoyo.
El partido en el gobierno tiene entonces la ventaja de tener recursos públicos que
emplea en la provisión de bienes púbicos y con ello mejorar la opinión que los ciudadanos
tienen sobre él. En este caso, consideramos que el partido en el gobierno tiene un monto de
recursos exógenos que emplea de manera íntegra en la producción y suministro de bienes
públicos. Hemos simplificado el modelo y evitamos introducir el problema de recaudación.
Aún si la recaudación fuese endógena en el modelo, las características de los resultados que
se obtienen no cambian ya que suponemos que los ciudadanos tienen preferencias
homogéneas en lo que se refiere a la política pública como provisión del bien público. Este
supuesto, además, refleja el caso de gobiernos locales en muchas economías, donde las
transferencias de los gobiernos federales hacia las administraciones locales son la principal
fuente de ingresos de estas últimas, y en muchas ocasiones, no está condicionada a la
capacidad recaudatoria de las localidades.
Así, suponemos que el partido en el gobierno dispone de un monto T de recursos
públicos para comprar insumos que le permitan producir y proveer un cierto monto de
bienes públicos, P. Dado que la provisión de bienes públicos mejora la percepción que los
ciudadanos tienen del gobierno y aumenta su aceptación y el apoyo político entre la
ciudadanía, y que el monto de recursos públicos es exógeno, el partido gobernante invierte
los recursos públicos en la producción de bienes públicos de tal manera que maximiza la
rentabilidad política de la inversión.
El gobierno dispone de una tecnología para producir y proveer un bien público, que
requiere de capital, K, y de trabajo, L. Representamos la tecnología para la producción de
bienes públicos por una función de producción ,P F K L , continua y diferenciable con
las siguientes características:
0
0
0, 0, 0,
0, 0, 0,
lim , , 0,
lim , , 0.
K KL KK
L LK LL
LL
KK
F F F
F F F
F K L K
F K L L
(1.2)
donde P es la cantidad producida de bien público.
El gobierno es tomador de precios y suponemos, por simplicidad, que tanto la tasa
de retorno del capital como el salario son iguales a 1. Así, la restricción presupuestal del
gobierno es:
K L T (1.3)
El modelo también supone que cada ciudadano ofrece inelásticamente tiempo de
trabajo. Así, el partido en el gobierno ofrece empleo para la producir y proveer bienes
públicos y puede decidir a qué ciudadanos contratar y por cuánta cantidad de trabajo.
Sea 0il la cantidad de empleo que el gobierno compra al ciudadano i, entonces la
cantidad total de trabajo empleado en la producción de bienes públicos está dado por la
siguiente sumatoria: 0
d
iL l di (1.4).
Dado que los ciudadanos elegidos para trabajar en la provisión de bienes públicos,
se ven beneficiados de manera privada por el empleo burocrático, el gobierno puede alterar
la afinidad de un grupo de ciudadanos y obtener su apoyo mediante la provisión de empleo.
Así, si bien el empleo es indispensable para la provisión de bienes públicos, también puede
utilizarse como patronazgo político y proveer de beneficios privados a ciertos ciudadanos
con base en una lógica de rentabilidad política.
Al igual que en un gran número de análisis, consideramos que todas las acciones de
gobierno se definen manteniendo compatibilidad con el objetivo de preservar el poder
(Bueno de Mesquita, et al., 2004). Los gobiernos, al intentar ganar apoyo entre sus
ciudadanos, distribuyen beneficios para asegurar lealtades ya sea a través de bienes
privados o públicos. Al buscar la lealtad de un conjunto de agentes que le permita
mantenerse en el poder, los gobiernos proveen bienes privados a los miembros de este
conjunto.
Como ocurre en muchos casos, la compra de insumos para proveer bienes públicos,
puede ser una estrategia para ganar el apoyo de agentes o grupos de interés. Es común que
agentes que proveen bienes y servicios a los gobiernos para la producción de bienes
públicos, ofrezcan su apoyo político hacia el gobierno a cambio de ser beneficiados por la
adquisición de sus productos o servicios. Esta práctica clientelar puede disminuir la calidad
o los montos de bienes públicos, con lo cual la provisión de bienes es socialmente
subóptima. Esta es la estrategia y el tipo de ineficiencia que el modelo captura.
Por simplicidad, el modelo asume que las posiciones y la afinidad ideológica de
todos los agentes son observables. De esta forma el partido en el gobierno puede observar
la afinidad que cada ciudadano tiene por cada uno de los dos partidos y esto le permite
focalizar la oferta de empleo clientelar entre los ciudadanos que les son más rentables
políticamente.
Como ya hemos explicado, la afinidad del ciudadano i con un partido está
determinada por la distancia ideológica con el partido. También consideramos que la
percepción que los ciudadanos tienen del gobierno mejora con una mayor provisión de
bienes públicos. Si bien en el modelo nos referimos a la cantidad de bien público, no
necesariamente es así y también podríamos interpretar P como la calidad del bien público.
Así, cuando se mejora la provisión de bien público, y dado que todos y cada uno de los
ciudadanos obtienen la misma utilidad por esta provisión, la percepción del gobierno
mejora en cada ciudadano y afecta positivamente la afinidad neta de la ciudadanía para con
el gobierno. Es suficiente suponer que el cambio marginal en la percepción sobre el
gobierno con respecto al monto de bien público es positivo. Finalmente aquellos
ciudadanos que son beneficiados de manera privada mediante el empleo gubernamental,
mejoran también su afinidad para con el partido en el gobierno. Supondremos que el efecto
marginal del empleo sobre la afinidad neta con el partido en el gobierno es constante y la
normalizamos a 1. Denotemos la función de afinidad neta del ciudadano i con el partido en
el gobierno como A , de acuerdo con lo anterior podemos expresarla de la siguiente
forma:
, , ,i i iA a b P l V i a V b i h P l (1.5)
donde il es el ingreso que recibe el ciudadano i por proveer trabajo al gobierno. Así,
0il si el ciudadano i trabaja en el gobierno y 0il de otra forma. La linealidad en il se
asume para simplificar el álgebra en el análisis, sin embargo los resultados del modelo se
sostienen con cualquier función creciente para il . La función h , mide el cambio de la
afinidad o aceptación hacia el partido en el gobierno debido a la provisión de bienes
públicos que realiza y suponemos que tiene las siguientes características:
0, 0 >0 y 0.h h h (1.6)
Así, el ciudadano i ofrece su apoyo al partido en el gobierno si , , , 0i iA a b P l . Si
, , , 0i iA a b P l , entonces el ciudadano i le da su apoyo a la oposición, y finalmente si
, , , 0i iA a b P l , apoya con igual probabilidad a ambos partidos.
Lema 1. Dadas las posiciones de los partidos, a y b, y cierto nivel de bien público
0 P , donde el valor está definido por la siguiente condición:
0 ,h V V b a (1.7)
existe un único valor ,x a b , tal que 0V x a V b x h P .
Prueba. Ver Anexo 1.
Dado un cierto nivel de bien público P, la posición ,x a b caracteriza al
ciudadano indiferente o pivote, y está definida como una función implícita , ,x a b P dada
por la condición 0V x a V b x h P (1.8). Es decir, x P define la posición
ideológica de los ciudadanos cuya afinidad con el partido en el gobierno es exactamente la
misma que con el partido de oposición.
A partir del Lema 1 es claro que , , , 0i iA a b P l ,i a x y 0il y
, , , 0i iA a b P l ,i x b y 0il . Es decir que los ciudadanos cuya posición ideológica
se encuentra en el intervalo ,a x son afines al partido en el gobierno, y aquellos cuya
posición ideológica está en el intervalo ,x b tienen mayor afinidad por el partido opositor.
De esta forma x
b a es la proporción de ciudadanos afines al partido en el gobierno, y
b x
b a
es la proporción de ciudadanos que apoya al partido opositor. Además, diferenciando
(1.8), tenemos que
, ,0
x a b P h P
P V x a V b x
. Este resultado es más que
intuitivo y caracteriza la respuesta de la proporción de ciudadanos que favorecen al partido
gobernante cuando éste incrementa la provisión del bien público; frente a un incremento en
la oferta del bien público, la cantidad de ciudadanos afines al partido en el gobierno
también aumenta.
De esta forma, el partido gobernante emplea la provisión de bienes públicos como
una estrategia para ganar afinidad entre la ciudadanía.
Óptimo Social
Si el empleo que ofrece el gobierno para poder producir bienes públicos no tuviera
ningún efecto en la afinidad de los ciudadanos, no existiría incentivo para utilizar el empleo
gubernamental de manera política. En ese caso, la forma en que el gobierno maximizaría el
número de ciudadanos que lo apoyan, es ofreciendo el máximo nivel de bien público que le
fuera posible, dada la tecnología y el monto de recursos públicos T. En ese caso, el
gobierno se comportaría como un gobierno benévolo y el monto de bien público que
ofrecería sería el socialmente óptimo, es decir aquel que maximiza el bienestar social.
Si se considera una función de utilidad social Samuel-Bergson de tipo utilitarista,
,i i
i
u c P di , donde ,
0i iu c P
P
i , entonces el nivel socialmente óptimo de bien
público es el máximo posible, dada la cantidad de recurso público disponible.
Este nivel está dado entonces por la condición de primer orden que resuelve el
siguiente problema:
0, 0max ,
. .
K LF K L
s a K L T
(1.9)
Así, el nivel socialmente óptimo de empleo gubernamental, sL , está dado
implícitamente por la condición de primer orden , ,s s s s
K LF T L L F T L L (1.10).
Si comparamos esto último con el caso en el que el empleo gubernamental no afecta
el nivel de afinidad de los ciudadanos con el gobierno, el resultado es el mismo. Cuando el
empleo gubernamental no afecta los niveles de afinidad, el partido en el gobierno utiliza
únicamente la provisión de bienes públicos para maximizar la proporción de ciudadanos
que lo apoyan frente al partido opositor. Así, el problema del gobierno es simplemente
,
max , , ,K L
x a b F K L , sujeto a la restricción presupuestaria del gobierno. Es claro que este
problema es el mismo que (1.9). Esto implica, que cuando el empleo gubernamental no
tiene ningún efecto en la afinidad de los ciudadanos, el gobierno provee el nivel de bien
público socialmente óptimo.
Provisión de Beneficios Privados
Sin embargo, cuando el empleo gubernamental tiene un efecto positivo en la
afinidad de los ciudadanos, tal y como lo hemos supuesto en el modelo, el partido en el
gobierno tiene, además de la ventaja que le da la provisión de bienes públicos, otra más:
para ofrecer bienes públicos se necesita contratar trabajo, y con ello el partido en el
gobierno puede ganar aún más ciudadanos afines. Dado que en el modelo suponemos que la
afinidad de cada ciudadano es observable, el gobierno buscará contratar ciudadanos cuya
posición ideológica se localice en el intervalo ,x b ya que de otra forma, estaría
contratando ciudadanos cuya posición ideológica es tal que ya son afines a él. Al contratar
ciudadanos en el intervalo ,x b , puede aumentar el número ciudadanos que lo apoyen más
allá de la proporción x
b a. Para obtener el máximo rendimiento político de su inversión en
empleo, a cada uno de estos ciudadanos que contrate le ofrecerá la cantidad de empleo
mínima necesaria para revertir su afinidad política. Es decir, la cantidad de empleoil que el
gobierno ofrece al ciudadano i , ,i x b es tal que il V b i V i a h P .
Así, el grupo de ciudadanos contratados por el gobierno serán los más cercanos al
ciudadano indiferente ya que son más fáciles de convencer y por lo tanto los costos por
revertir su afinidad son los más bajos.
El uso político del empleo gubernamental que en nuestro modelo es un resultado de
la competencia político-electoral, es una práctica común y ha sido abordada en un
importante número de análisis (ver por ejemplo Alesina, Danninger y Rostagno, 1999;
Alesina, Baqir e Easterly, 2000; Annett, 2001).
De acuerdo con lo anterior y una vez que se define la cantidad total de trabajo a
contratar, L, los ciudadanos que revierten su afinidad hacia el partido gobernante debido a
que son empleados por el gobierno, son todos aquellos cuyas posiciones ideológicas se
encuentran en un intervalo , ,x x b , donde está definida implícitamente por la
siguiente condición:
x
V b i V i a h P di L
(1.11)
Para simplificar el análisis, y de aquí en adelante consideremos que 2V z z . En
ese caso, tendríamos que L
xb a
(ver Anexo 2). Así, cuando el gobierno decide
contratar una cantidad de empleo total L, los ciudadanos que son empleados por el gobierno
son todos aquellos que tienen su preferencia ideológica en el intervalo ,L
xb a
. Todos
estos ciudadanos son contratados por el gobierno de tal forma que el beneficio privado que
reciben como trabajadores gubernamentales, es justo el mínimo necesario para revertir sus
preferencias partidistas. Es decir, dada una cantidad total de empleo gubernamental L,
tenemos que:
2 2
,
0 e. o. c.
i
Li a b i h P i x
l b a
Lo anterior refleja la estrategia que los gobiernos utilizan para focalizar sus recursos
en la búsqueda del apoyo de los votantes cercanos al indiferente. Esta estrategia ha sido
bastante discutida teóricamente (ver por ejemplo Cox y McCubbins, 1986; Lindbeck y
Weibull, 1987; Dixit y Londregan, 1995, 1996 y 1998) como empíricamente (ver por
ejemplo Dahlberg y Johansson, 2002; Johansson, 2003), y nuestro modelo es consistente
con la evidencia y los resultados de muchos de estos trabajos. Para el caso particular del
uso político del empleo
Óptimo Político
Dado que el gobierno requiere emplear ciudadanos para poder proveer bienes
públicos, y en el modelo suponemos que no existe diferencia en la calidad del trabajo que
estos ofrecen, es decir la productividad del trabajo que ofrece cualquier ciudadano es la
misma independientemente de su posición ideológica, la estrategia de contratar ciudadanos
en la vecindad de x, dentro del intervalo ,x b , no tiene, per se, un efecto negativo sobre la
eficiencia gubernamental en la provisión del bien público. En otras palabras, el problema
no es a quiénes se contrata, pero como veremos más adelante, es a cuántos se contrata.
Así, en el modelo, el partido en el gobierno buscará maximizar la cantidad de
ciudadanos que lo prefieren por sobre el partido opositor, y para ello provee bienes públicos
que mejoran su aceptación entre la ciudadanía, pero también ofrece empleo, que igualmente
explota políticamente para obtener más ciudadanos que lo apoyen. Así, formalmente, el
gobierno enfrenta el siguiente problema:
max , ,
.
,
Pa b P
s a
P F K L
K L T
Si se introducen las restricciones a la función objetivo, el problema puede reducirse
a lo siguiente:
max , ,L
L a b T .
La solución de este problema está caracterizada por la siguiente condición de primer
orden:
, , , , 1,
2 2 2
L Kh F T L L F T L L h F T L L F T L L
b a b a L b a
(1.12)
donde el nivel de empleo políticamente óptimo, es una función implícita , ,L a b T.
Reordenando la condición (1.12), tenemos:
1, , 0.
,K L
b aF T L L F T L L
Lh F T L L
(1.13)
Dada la condición (1.10) y bajo los supuestos (1.2) y (1.6), la condición (1.13)
implica que sL L , y que , ,s sF T L L F T L L . Así, tenemos entonces el
siguiente resultado.
Resultado 1. En un óptimo político, el nivel de empleo es mayor al nivel de empleo
socialmente óptimo, y por lo tanto la provisión de bienes públicos resulta menor que el
nivel socialmente óptimo.
Prueba. Ver Anexo 3.
Cuando los ciudadanos valoran el empleo que ofrece el gobierno de tal forma que
puede afectar sus preferencias y su afinidad partidistas, el partido gobernante puede utilizar
el empleo para ganarse la preferencia de un grupo de ciudadanos que de otra forma no le
darían su apoyo. En ese caso, se tiene el incentivo a contratar más trabajo del socialmente
necesario, aun cuando esto afecte negativamente la provisión de bienes públicos y el
bienestar social sea menor que el que se tendría en el caso de un gobierno benevolente. Este
resultado refleja el crecimiento excesivo de la burocracia y el tamaño del gobierno como
resultado de una estrategia política para maximizar la probabilidad de la supervivencia de
los grupos gobernantes. Este resultado es consistente con argumentos del tipo de Metzler y
Richards (1981), sin embargo, no está determinado por la distribución del ingreso ni las
presiones redistributivas. El modelo simplemente refleja el hecho de que la rentabilidad
política de estrategias focalizadas puede llevar a una inversión mayor en estas, que en la
provisión de bienes con una cobertura mayor o de tipo universal. Esto evidentemente tiene
impactos negativos en el bienestar social y desafortunadamente es un resultado que se
observa de manera cotidiana aún en países desarrollados y con procesos de democracia
electoral eficientes (La Porta, et al., 1999).
Ineficiencia Bajo Transparencia y Sanción Ciudadana
Hasta ahora hemos mostrado que aún en un contexto donde se observan las acciones
del gobierno y no hay problemas de agencia, las prácticas gubernamentales resultan
ineficientes desde el punto de vista social debido a que el empleo gubernamental puede
usarse para obtener más apoyo político entre los ciudadanos. Esto lleva a un tamaño
excesivo de la burocracia por lo que los rendimientos del trabajo gubernamental son
decrecientes y por ello hay una pérdida de bienestar social debido a que se pierde eficiencia
en la provisión de bienes públicos. Sin embargo, hasta aquí, el modelo no especifica algún
mecanismo por el cual los ciudadanos respondan positivamente a las prácticas de buen
gobierno, sino simplemente a la provisión de bienes públicos.
Si bien el partido en el gobierno puede entonces utilizar el empleo como patronazgo
político para maximizar el apoyo entre la ciudadanía, los ciudadanos podrían castigar al
gobierno si éste se desvía del óptimo social o premiarlo si su actuación tiene como objetivo
buscar el óptimo social. Dado que en el modelo no hay problemas de información y los
ciudadanos pueden monitorear sin costos las acciones del gobierno, un mecanismo de este
tipo donde el gobierno podría perder popularidad entre la ciudadanía si su política de
provisión de bienes públicos se aleja del óptimo social, podría incentivar la eficiencia
gubernamental.
Supongamos entonces que la ciudadanía sabe cuál es el nivel socialmente óptimo de
empleo y pierde afinidad para con el gobierno si éste último se aleja del óptimo social.
Supongamos entonces que la función de afinidad de los ciudadanos considera este tema de
forma aditiva, por lo que ahora la siguiente forma:
2 2
, , , s
i iA a b P l b i i a h P g L L (1.14)
donde 0 , es un parámetro que expresa el nivel de rechazo que tienen los ciudadanos a
las prácticas clientelares y g es una función continua y diferenciable con las siguientes
características:
0 0, 0, 0g g g . (1.15)
Dado que el Resultado 1 muestra que el nivel de empleo políticamente óptimo
siempre es mayor que el nivel socialmente óptimo, la función (1.16) puede reescribirse
como:
2 2, , , s
i iA a b P l b i i a h P g L L . (1.16)
En este caso tendríamos que la proporción de ciudadanos afines al gobierno con un
nivel de empleo gubernamental, L, que se utiliza como patronazgo político, está dada por
2 2 2( )
2( )
sb a h P L L L
b a b a
y la solución del problema que enfrenta el partido
en el gobierno para encontrar el nivel políticamente óptimo de empleo cuando los
ciudadanos premian las acciones de buen gobierno (o castigan las desviaciones con
respecto al nivel de empleo socialmente óptimo), L , es una función implícita, , , ,L a b T
caracterizada por la siguiente condición de primer orden:
* * * * * * *
*, , , s
K L
b ah F T L L F T L L F T L L g L L
L
. (1.17)
La condición anterior Es claro que aun cuando los ciudadanos observan
perfectamente las acciones del gobierno sin ningún costo y hay un mecanismo electoral
donde los ciudadanos premian el buen gobierno, no únicamente en cuanto al nivel de
provisión de bienes públicos, sino de manera normativa en cuanto a la desviación de un
óptimo social, la política pública implementada es distinta de la socialmente óptima. Esto
se expresa en el siguiente resultado.
Resultado 2. Aun cuando la afinidad de los ciudadanos responda negativamente a las
desviaciones del empleo gubernamental con respecto al óptimo social, el nivel de empleo
burocrático es mayor que el socialmente óptimo, sL L , y la provisión de bienes públicos
es ineficiente en relación al óptimo social, P P .
Prueba. Ver Anexo 4.
De acuerdo con el resultado anterior, el proceso de competencias político-electoral
bajo condiciones democráticas, no es suficiente para proveer los incentivos necesarios que
induzcan un comportamiento eficiente por parte del gobierno en relación al óptimo social.
Esto es así, aun cuando no existan problemas de información asimétrica o de agente
principal y el mecanismo político-electoral permita que los ciudadanos sancionen al
gobierno si este se aleja de las prácticas que son socialmente óptimas.
Dado que , , ,
0L a b T
, el efecto que tiene la valoración de los ciudadanos por
las buenas prácticas de gobierno, que se refleja en el parámetro sobre la eficiencia
gubernamental es positiva (ver Anexo 5). Así, cuando los ciudadanos valoran fuertemente
las buenas prácticas de gobierno, una mayor cantidad de ciudadanos retiran su apoyo
cuando observan un aumento en el exceso de empleo gubernamental. Intuitivamente esto es
consistente con el hecho en el que sociedades con mejores valores cívicos tienden a
rechazar con mayor fuerza prácticas ineficientes de gobierno. Sin embargo, aun cuando se
valoran fuertemente las prácticas de buen gobierno, en el modelo no se logra alcanzar el
óptimo social. Esto responde a que aun cuando se castiguen las prácticas ineficientes, el uso
del empleo gubernamental más allá del óptimo sigue siendo políticamente rentable.
En nuestro modelo, dada la forma funcional que suponemos, la única forma en que
se alcance el óptimo social es cuando la valoración por las prácticas de buen gobierno es
infinitamente grande, es decir cuando . Si bien este resultado depende de la forma
funcional que utilizamos, la generalización de este resultado implica que mientras existan
diferencias entre la rentabilidad política relativa de los insumos su la rentabilidad social
relativa, la distribución de los recursos públicos será ineficiente desde el punto de vista
social. Cuando la valoración ciudadana por prácticas gubernamentales eficientes no logra
equilibrar estas rentabilidades relativas, aún bajo un mecanismo donde los ciudadanos
sancionan las malas prácticas, siempre habrá incentivos hacia un desempeño ineficiente. En
nuestro modelo, por ejemplo, sólo uno de los insumos tiene rentabilidad política, esto hace
que la rentabilidad marginal del trabajo en términos políticos sea siempre distinta a la
productividad marginal del trabajo en la provisión de bienes públicos. Dado que el óptimo
social implica que la distribución de los recursos públicos óptima es aquella que iguala la
productividad marginal de los dos insumos, cuando a la productividad del trabajo se le
agrega la rentabilidad que tiene como patronazgo político, se tiende a invertir más en ese
insumo. Así la distribución del recurso público se desvía del óptimo social y la provisión de
bienes públicos decrece. Dado que el costo marginal que tiene el gobierno, debido a la
sanción ciudadana por desviarse del óptimo social, no logra neutralizar la rentabilidad
política del trabajo, entonces siempre existe un incentivo a desviarse del óptimo social.
Si bien el anterior es un caso en donde la sanción por ineficiencia no logra nunca
igualar las rentabilidades políticas relativas con las productividades marginales relativas, lo
relevante es la intuición que arroja el modelo y que implica que, aún bajo la posibilidad de
un monitoreo bajo información perfecta por parte de los ciudadanos, mientras el empleo
gubernamental pueda afectar la preferencia de los ciudadanos hacia el partido gobernante,
no podemos garantizar un desempeño gubernamental socialmente eficiente.
Conclusiones
En este ensayo presentamos un modelo formal que cuestiona los argumentos que
sostienen que la democracia electoral provee de suficientes incentivos para el buen
desempeño gubernamental. Si bien existe una importante literatura de control político que
analizan problemas de ineficiencia y corrupción aún bajo esquemas de democracia
electoral, nuestro argumento contrasta fuertemente con esta literatura puesto que no se basa
en el supuesto de problemas de agente principal o información asimétrica. El argumento
que sostiene que la democracia electoral incentiva el desempeño eficiente del gobierno,
parte del hecho de que el uso de los recursos públicos para ofrecer bienes públicos tiene un
rendimiento político positivo y por lo tanto hay incentivos a que la provisión de estos
bienes sea socialmente eficiente. Los problemas surgen cuando debido a que los ciudadanos
no pueden observar las acciones del gobierno, este puede obtener rentas extraordinarias,
económicas o políticas, desviándose de las prácticas que son socialmente óptimas. Este
problema desaparece si se resuelve el problema de información, de allí la importancia de
los mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas.
Nuestro argumento plantea que dado que la rentabilidad de la inversión pública en
diferentes insumos tiene un componente de rentabilidad política, esta rentabilidad es
distinta a la productividad de los insumos en la provisión de bienes públicos, y por lo tanto
es distinta a su rentabilidad social. Cuando esto ocurre, la distribución optima de los
recursos para proveer bienes públicos desde una perspectiva de bienestar social, resulta
diferente a la distribución políticamente óptima. Así, cuando un grupo en el gobierno busca
su supervivencia política, la provisión de bienes públicos que efectúa será diferente a
aquella socialmente óptima. Uno de los puntos más importantes en nuestra discusión, es
que esto puede ocurrir aun cuando los ciudadanos no solamente observan a la perfección el
uso y la distribución de los recursos públicos, sino que además sancionan cualquier
desviación de la política pública en relación al óptimo social, mediante el retiro de su apoyo
político-electoral. Esto puede darse debido a que el costo político por desviarse del óptimo
social que enfrenta el gobierno, no necesariamente puede neutralizar el componente de
rentabilidad política que tiene la inversión en insumos para proveer bienes públicos.
Dado lo anterior, el mecanismo de democracia electoral bajo condiciones de
transparencia no es suficiente para garantizar el buen desempeño gubernamental. De
acuerdo con el argumento presentado, pensamos que si bien es importante el diseño de
instituciones y mecanismos de transparencia y rendición de cuentas eficientes, también es
fundamental buscar los mecanismos para neutralizar el efecto positivo que el empelo
ofrecido por el gobierno puede tener sobre la afinidad de los ciudadanos para con éste.
Mecanismos como el servicio civil de carrera, disminuyen este efecto. Sin embargo,
mientras el empleo gubernamental, u otra forma de gasto para la provisión de bienes
públicos, sea una buena alternativa para los ciudadanos frente al resto de oportunidades
laborales o de ingreso que enfrentan, su rendimiento político seguirá dando incentivos para
que las políticas públicas se desvíen del óptimo social.
Anexos
Anexo 1. Prueba de Lema 1.
Por los supuestos (1.6) y (1.7), se cumple que V i a h P V b i cuando se evalúa
en i b , y V i a h P V b i cuando i a .
Entonces, por continuidad de V y por (1.1), se garantiza que existe un valor único
,x a b , tal que V x a V b x h P , V i a V b i h P ,i a x y
V i a V b i h P ,i x b . □
Anexo 2.
Si partimos de (1.11), tenemos que x
V b i V i a h P di L
. Resolviendo lo
anterior bajo el supuesto 2V z z , tenemos que:
2
2 ,x
b a b a i h g L
2 22 2 0a b b a h g b a x b a h g x L
,
22 2 224
2
b a h g b a h g b a b a x b a h g x L
b a
.
Tomando el valor x , tenemos finalmente
Lx
b a
.
Anexo 3. Prueba del Resultado 1.
Las condiciones (1.13) y (1.10), implican que:
, , , ,s s s s
K L K LF T L L F T L L F T L L F T L L .
Dado que por las condiciones (1.2) tenemos que;
2 , , , 0KL KK LLF T L L F T L L F T L L L . Lo anterior implica que sL L .
Por (1.2), entonces , ,s sF T L L F T L L . □
Anexo 4. Prueba del Resultado 2.
Dados los supuestos (1.2), (1.6) y (1.15),
0
lim , , , s
K LL
h F T L L F T L L F T L L g L L
,
lim , , , s
K LL T
h F T L L F T L L F T L L g L L
, 0
limL
b a
L
y
0b a
T
. Igualmente tenemos que:
2
, 2 , , 0s
K L LL LK KKh F F h F T L L F T L L F T L L g L L ,
lo cual implica que , , , s
K Lh F T L L F T L L F T L L g L L es una
función monótona, continua y creciente en L. Dado lo anterior y que *
b a
L
es continua,
monótona y decreciente en L, garantizamos que existe un único valor 0,L T tal que:
* * * * * * *
*, , , s
K L
b ah F T L L F T L L F T L L g L L
L
.
Dado que , , , s
K Lh F T L L F T L L F T L L g L L es igual a cero
cuando se evalúa en sL L , entonces sL L . □
Anexo 5.
Diferenciando la condición (1.17) se obtiene:
2
1
3 2
, 2 , ,
.2
K L LL LK KK
s s
Lh F F h F T L L F T L L F T L L
b ag L L g L L
L
Dados los supuestos (1.2), (1.6) y (1.15), entonces , , ,
0L a b T
.
Referencias
Alesina, Alberto, Stephan Danninger y Massimo Rostagno (1999): “Redistribution Through
Public Employment; The Case of Italy”, IMF Working Paper, No. 99/177; 1-44.
Alesina, Alberto, Reza Baqir y William Easterly (2000): “Redistributive Public
Empolyment. Journal of Urban Economics”. Vol. 48; 219-241.
Annett, Anthony (2001): “Social Fractionalization, Political Instability, and the Size of
Government”. IMF Staff Papers 48, 3; 561–92.
Barro, Robert (1973): “The control of politicians: An economic model”. Public choice,
14:19-42.
Becker, Gary (1983): “A theory of competition among pressure groups for political
influence”. Quarterly Journal of Economics 98: 371-400.
Besley, Timothy and Stephen Coate (1998): “Sources of Inefficiency in a Representative
Democracy: A Dynamic Analysis”. The American Economic Review, 88: 139-156.
Bueno de Mesquita, Bruce, Alastair Smith, Randolph M. Siverson y James D. Morrow
(2004): The Logic of Political Survival. Cambridge: MIT Press.
Buchanan, James M. and Gordon Tullock (1962): The Calculus of Consent. Ann Arbor,
MI: University of Michigan Press.
Brusco, V., Nazareno, M. and Stokes, S. (2002): “Clientelism and Democracy; Evidence
from Argentina”. Artículo presentado en la Conferencia sobre Partidos Políticos
y Organizaciones Legislativas en Regímenes Parlamentarios y Presidenciales en la
Universidad de Yale, Marzo.
Cox, Gary W. y Mathew D. McCubbins (1986): “Electoral Politics as a Redistributive
Game”. Journal of Politics 48: 370–89.
Dahlberg, Matz y Eva Johansson (2002): “On the vote-purchasing behavior of incumbent
governments." American Political Science Review, Vol. 96, pp. 27-40.
Dixit, Avinash and John B. Londregan (1995): “Redistributive politics and economic
efficiency". American Journal of Political Science, Vol. 89, pp. 856-66.
Dixit, Avinash y John B. Londregan (1996): “The determinants of success of special
interests in redistributive politics". Journal of Politics. Vol. 58, pp. 1132-55.
Dixit, Avinash y John B. Londregan (1998): “Ideology, Tactics, and Efficiency in
Redistributive Politics”. Quarterly Journal of Economics, Vol. 113, No. 2, pp. 497-
529.
Estevez, Federico, Beatriz Magaloni y Alejandro Díaz Cayeros (2002): “The erosion of one
party rule; clientelism, portfolio diversification and electoral strategy”. Artículo
preparado para presentarse en el congreso anual de la Asociación Americana de
Ciencia Política, Boston.
Ferejonh, J. (1986): “Incumbent performance and electoral control”. Public Choice 50: 5-
26.
Hinich, Melvin J. y Michael C. Munger (1994): Ideology and the Theory of Political
Choice. Ann Harbor: University of Michigan Press.
Huntington, Samuel (1991): La tercera ola. Editorial Paidós: Barcelona.
Johansson, Eva (2003): “Intergovernmental grants as a tactical instrument; empirical
evidence from Swedish municipalities." Journal of Public Economics, Vol. 87, pp.
883-915.
La Porta, Rafael, Florencio Lopez-de-Silanes, Andrei Ahleifer y Robert Vishny (1999):
“The Quality of Government”. Journal of Law, Economics and Organization, Vol. 15,
No. 1; 222-279.
Levi, Margaret (1988): Of rule and revenue. University of California Press.
Lindbeck, Assar y Jorgen Weibull (1987): “Balanced Budget Redistribution as the
Outcome of Political Competition”. Public Choice, Vol. 52, pp. 273-297.
Maskin, Eric and Tirole Jean (2004): “The Politician and the Judge: Accountability in
Government”. The American Economic Review, Vol. 94, pp. 1034-1054
Meltzer, Allan H. and Richard, Scott F. (1981): "A rational theory of the size of
government" Journal of political economy 89: 914-927.
Moreno, Carlos L. (2005): Decentralization, Electoral Competition and Local Government
Performance in Mexico, Ph.D. Dissertation, the University of Texas at Austin.
North, Douglas (1981): Structure and change in economic history. New York: Norton.
Persson, T. and Tabellini G. (2000): Political Economics: Explaining Economic Policy.
MIT Press. Cambridge and London.
Robinson, James A. and Thierry Verdier (2003): “The political economy of clientelism”.
Center of Economic Policy Research, Discussion Paper No. 3205.
Stigler, George J. (1971): “The theory of economic regulation”. Bell Journal of Economics
and Management Science, 2: 3-21.
Wittman, Donald (1989): "Why democracies produce efficient Results". Journal of Political
Economy 97: 1395-1424.
