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LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL SUMARIO: 1. Breve historia. 2. La justicia constitucional y la democracia: A. Importancia de la justicia constitucional. B. Impugnación a la justicia constitucional. C. Legitimidad y necesidad de la justicia constitucional. 3. Tipos de control de la constitucionalidad: A. El Estado Constitucional. B. Control político y control jurisdiccional. C. Pluralidad de sujetos de la interpretación constitucional. D. Control por el poder legislativo. E. Control por el poder ejecutivo. F. Control por el Electorado. G. Concurrencia de controles. 4. Los dos grandes sistemas de control constitucional: A. Bases fundamentales del sistema difuso. B. Inconvenientes del sistema difuso. C. Creación y bases del sistema austriaco. D. Naturaleza del Tribunal Constitucional. E. Nombramiento de la magistratura constitucional. F. Acercamiento de ambos sistemas. 5. Algunas clasificaciones: A. Clasificación de algunos autores. B. Control preventivo de la constitucionalidad. 6. Nuestra clasificación: A. Atendiendo a su extensión: a) Alcance general. b) Alcance particular. c) Alcance mixto. B. Atendiendo a la naturaleza del órgano: a) Sistema de control político. b) Sistema de control judicial. C Atendiendo a las formas de proponerlo: a) Sistema difuso. b) Sistema directo ante tribunal especial constitucional. D. Sistema directo ante la Corte Suprema. E. Sistemas declarativo y constitutivo: a) Sistema declarativo. b) Sistema constitutivo. 7. Atribuciones de los órganos constitucionales.

1. Breve historia La justicia constitucional se deriva del carácter fundamental y superior de la Constitución, pues ella sirve para imponer el cumplimiento de su texto y de su superioridad. Surge, pues de la necesidad de defender esa estructura fundamental y superior del Estado. Existen antecedentes remotos y más cercanos de la superioridad de las leyes. El precedente ateniense que distingue entre nomos (ley) y pséfisma (decreto) y la invalidez de éstos cuando son contrarios a los primeros, considerados superiores en jerarquía, por lo que el juez no estaba obligado a fallar de acuerdo a un decreto contrario a la ley; la concepción medieval del Derecho y la justicia que distinguió entre dos órdenes de normas: el jus naturale, superior e inderogable y el jus positivum, que no podía estar en contra del primero; la escuela jusnaturalista de los siglos XVII y XVIII que va desde Grotuis a Rousseau; la doctrina de la llamada heurense imprisance del Rey de violar las leyes (la facultad del soberano legislador de dictar leyes que hoy se llamarían inconstitucionales), la doctrina de lord Coke de garantizar por medio de los jueces la supremacía de la common law contra las arbitrariedades del Soberano y del Parlamento; y, aunque parezca raro, la doctrina (contraria a la de Coke) de la supremacía del Parlamento, que no permite revisión judicial de las leyes, vigente todavía en Inglaterra, impuesta por la gloriosa Revolución de 1688, y que condujo a los jueces coloniales a controlar la supremacía de las leyes del Reino sobre las coloniales, sistema que posteriormente se aplicó para controlar la validez de las leyes contrarias a las constituciones o cartas de los nuevos estados independientes, y después a la Constitución Federal Norteamericana de 1787.

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El nacimiento de la justicia constitucional, si tenemos que ponerle una fecha, se produce 1803 con la famosa sentencia en el caso Marbury vs. Madison dictada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, cuyo ponente fue el Magistrado John Marshall, en la cual inaplica una ley de Congreso (sección décima tercera de la Ley de 1789 que organizaba el Poder Judicial por oponerse a la Constitución. Se dice: “Es una proposición demasiado sencilla para ser respondida la de que, o la Constitución controla cualquier acto legislativo incompatible con ella, o, que la legislatura puede alterar la Constitución por medio de una ley ordinaria. Entre esas dos alternativas no existe término medio. O la Constitución es una ley suprema, inmodificable por medio ordinarios, o se sitúa en el nivel de las leyes ordinarias y, al igual que esas leyes, puede ser alterada cuando la legislatura desee hacerlo. Si la primera opción de esta disyuntiva es cierta, entonces un acto legislativo contrario a la Constitución no constituye derecho; si es cierta la segunda opción, entonces las Constituciones escritas son proyectos absurdos, por parte del pueblo, para limitar un poder que por su propia naturaleza es ilimitable. Ciertamente, todos los que han construido Constituciones escritas las han contemplado como formando la ley suprema y fundamental de la nación, y consiguientemente, la teoría de cada uno de esos gobiernos debe ser que una ley de la legislatura, incompatible con la Constitución, es nula, esta teoría guarda una relación con la Constitución escrita y, por consiguiente, debe ser considerada por este Tribunal, como uno de los principios fundamentales de nuestra sociedad”. Uno de los silencios históricos de fundamental importancia fue llenado por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos al crear en el caso Madison vs. Marbury, el control de la constitucionalidad de las leyes, legando a la Ciencia Constitucional el instrumento de defensa de la Constitución y los derechos humanos, fundamental para la democracia moderna. En la Constitución de los Estados Unidos no se dijo explícitamente de que forma se protegería la Constitución ni categóricamente el órgano que lo haría. El control judicial surge de la citada sentencia, redactada por el juez John Marshall, quien pretendió fundarla en dos disposiciones de la Constitución, el Art. III, Sección ii y el Art. VI inc. ii. Se podría afirmar que el control judicial se encontraba implícito en la Constitución. Sus antecedentes se desprenden de la opinión expresada por Alexander Hamilton en “El Federalista”, donde señala: “La interpretación de las leyes es de la propia y peculiar competencia de los tribunales. Una Constitución es en el hecho, y así debe mirarse por los jueces, como una ley fundamental. A ellos pertenece por lo tanto interpretar su significado, como el sentido de cualquier norma particular que proceda del cuerpo legislativo y, en caso de diferencia irreconciliable entre las dos, preferir el deseo del pueblo declarado en la Constitución al de la legislatura expresado en el estatuto legal”1.

1 “El Federalista”. Carta LXXVIII. Publicación de Libro Libre, San José, Costa Rica, 1986, pág. 203.

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El mismo Presidente Jefferson, quien había sido beneficiado por la sentencia frente a su adversario político Adams, manifestó su rechazo al advertir el peligro de que la Constitución se convirtiera en un objeto de cera que los jueces pudieran modelar a su gusto. Poco a poco la citada sentencia fue adquiriendo confirmación, pero las declaraciones de inconstitucionalidad no volvieron a darse hasta 1857, época en la que se desarrolla y arraiga la judicial review. En América el sistema difuso encuentra eco, y también en algunos países europeos: Dinamarca, Finlandia (1999), Grecia, Irlanda, Noruega, Suecia y Suiza. En Europa el desarrollo de la justicia constitucional a través de los Tribunales constitucionales se realiza en el primer tercio del siglo XX, en el período de entre guerras, con la Constitución austriaca y su Tribunal Constitucional (1920), inspirada por Hans Kelsen, después pasa a Checoslovaquia (1920), Lichtenstein (1921),2 continua después de la Segunda Guerra Mundial en Italia (1948), República Federal de Alemania (1949), Turquía (1961), España (1978), Yugoslavia (1963), Portugal (1976), Bélgica (1983), Grecia (1975), sigue tras la caída del muro de Berlín en la Europa Central y Oriental (Europa del Este), en Polonia (1985) y en otros países. Más adelante insistiremos en este tema. 2. La justicia constitucional y la democracia A. Importancia de la justicia constitucional El Estado de Derecho se perfecciona con el control de la legalidad de la Administración (lo contencioso administrativo) y el control de la constitucionalidad mediante la justicia constitucional. Éste control es una pieza fundamental de la democracia moderna. Además de lo anteriormente expuesto se pueden señalar otros aportes de la justicia constitucional a la democracia3: a) Sin una justicia constitucional, regulada por la Constitución y las leyes, la Constitución sería papel mojado, sin importancia, porque no existiría un instrumento de su defensa y cumplimiento, como le pasaría a un Código Penal que carezca de un Código de Procedimiento Penal para su aplicación, lo mismo al Código Civil sin un Código de Procedimiento Civil, etc. b) Es un instrumento de control del cumplimiento de las competencias de los poderes u órganos constitucionales del Estado, lo mismo que de los derechos fundamentales

2 Funciona este Tribunal hasta el día de hoy. 3 La doctrina europea estima al control de la constitucionalidad como una pieza fundamental de la democracia, como lo son la separación de poderes, la libertad de sufragio, el pluralismo de los partidos políticos y de los medios de comunicación. (Cfr. José Fernández Rodríguez. La Justicia Constitucional Europea ante el siglo XXI. Tecnos. Madrid, España. 2002, pág. 15).

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por parte del Estado y de los particulares. c) Es un medio de defensa de las minorías para hacer valer sus derechos e intereses. d) El activismo de la justicia constitucional ha provocado grandes avances a favor de la justicia económica, cultural y social. e) La inconstitucionalidad por omisión que avanza en su consagración constitucional y reconocimiento jurisprudencial, es una institución de vital importancia para promover el cumplimiento de los derechos económicos, social y culturales. f) Sirve para controlar la separación de poder en la solución del conflicto entre los poderes. B. Impugnación de la justicia constitucional Son dos los argumentos entrelazados que se esgrimen para impugnar de ilegítimo el control de la constitucionalidad de las leyes: la justicia constitucional, al declarar sin valor las leyes inconstitucionales, hace el papel de legislador negativo. Como consecuencia, viola la división de poderes, según la cual corresponde al poder legislativo aprobar, modificar y derogar las leyes. Esto lo hace la justicia constitucional sin tener representación popular y responsabilidad política ante el electorado. C. Legitimidad y necesidad de la justicia constitucional Los anteriores argumentos son combatidos por un fuerte sector doctrinal que legitiman su creación y fundamentan su necesidad y utilidad. Los argumentos sobre su legitimidad son los siguientes: a) El parlamento y el ejecutivo (poderes políticos) no siempre representan el electorado y los intereses generales de la población (abstenciones electorales, sectores no aptos para votar, minorías que no logran representación en el parlamento, etc.), sus decisiones en muchas oportunidades no responden a los intereses de la mayoría y en general con frecuencia se alejan del control de sus mandantes, por lo que, teniendo en cuenta también las desviaciones del poder, se han formulado correctivos políticos (revocación del mandato, el voto de censura, etc.) y judiciales (el amparo, el recurso de inconstitucionalidad). b) En muchos países los magistrados son seleccionados y nombrados conjuntamente por el ejecutivo y el congreso, lo que permite que la magistratura no sea ajena al pensamiento político imperante y que no carezcan de cierta representatividad. Los tribunales constitucionales generalmente están integrados por magistrados elegidos políticamente. c) Se sostiene que los jueces no son responsables ante los otros poderes, los particulares y el electorado por sus opiniones legales y filosóficas, contrariamente al legislativo, por lo que resulta inconcebible que jueces no responsables controlen a políticos responsables. No obstante, tal modo de opinar es rechazado con fuertes argumentos; a saber: i) La libertad de expresión y el carácter público del proceso permiten al pueblo controlar la buena marcha de la administración de justicia y vuelve al juez objeto de críticas y responsable socialmente. El juez está abierto a la crítica externa y la actuación de su legalidad se puede controlar fácilmente, pues la sentencia tiene que ser motivada. Por otra parte, tiene responsabilidad civil, disciplinaria y penal. ii) El nombramiento periódico de los magistrados asegura una vinculación con la sociedad y la política imperante. iii) La actuación del juez en el

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proceso es altamente participativa y en contacto directo con la realidad, pues actúa ante casos reales y a petición e impulso de las partes. d) La democracia y representatividad de los tribunales aumenta mediante la protección a los grupos marginados que no han podido acceder a las ramas políticas. Esta defensa es más favorable dentro de un proceso judicial, en el cual las partes actúan en pie de igualdad, lo que no ocurre ante otros órganos. Dentro de este proceso encuentran la protección política que no hallan en otra parte. e) La legitimidad de la justicia no es electoral, representativa, aunque en algunos países ciertos jueces son escogidos en elección popular. Su legitimidad depende de su forma bastante segura y aceptable de decidir: sentencia un órgano independiente e imparcial; éste actúa a petición de parte ante casos reales; las partes tienen intervención en pie de igualdad; su decisión se ajusta a lo probado y alegado por las partes, falla de acuerdo con la ley y la Constitución. f) Un sistema de justicia activa y creadora contribuye a mantener un sano equilibrio de poderes frente a las ramas políticas. La democracia no funciona simplemente bajo la idea de las mayoría, pues, es preciso completar con otras instituciones útiles a su funcionamiento. g) La mejor prueba de su legitimidad es su aceptación generalizada en el constitucionalismo moderno y sus buenos frutos. Esta es la mejor forma de legitimar ante el pueblo una institución política. Para que una Constitución pueda llamarse Constitución es preciso que la respalde una jurisdicción constitucional que garantice su cumplimiento. El Estado Constitucional no puede funcionar sin ésta pieza fundamental, lo mismo que la democracia. h) Su legitimación en la democracia representativa no proviene del legislativo corriente ni del constituyente derivado, sino del poder constituyente original, el más cercano a la soberanía popular, sobre todo cuando la Asamblea Constituyente que aprobó la Constitución la somete a referendo. Dos son los argumentos a favor de su necesidad: es un instrumento de equilibrio frente al crecimiento del legislativo y el ejecutivo; la protección de los derechos humanos: a saber: a) Instrumento de equilibrio y control Las funciones normales del Estado son administrar, legislar y hacer justicia; pero con el correr del tiempo, bajo la influencia de las nuevas doctrinas sociales, asume funciones de otra índole y así lo vemos aparecer como fabricante, mercader, agricultor y hasta como benefactor, sin mucho éxito pues la realidad ha demostrado que es un mal administrador. Estas nuevas funciones lo dotan de un gran poder económico, político y social, generalmente en manos de una burocracia política omnipresente (aunque distante de su pueblo) que cree ser dueña de la verdad. El Estado crece en desarmonía. La

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actividad legislativa se intensifica, pues así lo exige el carácter interventor del Estado. Sin embargo, los parlamentos son objeto actualmente de desconfianza: su afán de intervención en múltiples materias y objetivos lo sitúa en condiciones de no poder atenderlas terminan abdicando en el ejecutivo; los parlamentos generalmente responden a intereses locales o de grupo, alejándose de sus mandantes; en el desarrollo social no son tan eficaces como se piensa, pues no son pocas las leyes que llegan tarde, que no responden a la realidad, que son contradictorias, etc. Son muchas las disposiciones constitucionales que remiten a la ley o mandatan aprobarla, sin que en ninguno de los dos casos se apruebe la ley, incurriendo en su caso el poder legislativo en una omisión inconstitucional. En fin no se puede esperar que todo lo solucione el parlamento. El ejecutivo también crece y en ocasiones aparece hipertrofiado en detrimento de los otros poderes. El judicial se encuentra sin recursos humanos y económicos, sin una efectiva independencia y en general temeroso de intervenir en el control de los otros poderes. El surgimiento de poderosos grupos políticos, económicos y sociales justifican la consagración de la justicia constitucional en su aspecto del amparo para que el individuo pueda defenderse también de ellos frente a la violación de sus derechos. Ante esta situación es necesario no sólo la justicia constitucional sino también la contenciosa administrativa como contrapeso al crecimiento del legislativo y el ejecutivo, lo que permite a las personas defenderse de un Estado poderoso que todo lo controla. No vaya a creerse que la justicia constitucional sólo se justifica ante el peligro del Estado gigante. En el Estado meramente observador también existe tal peligro, aunque es menor. b) Protección de los derechos humanos Tanto a nivel internacional como nacional en la mayoría de los países se han emitido declaraciones de derechos, individuales y sociales. En casi la totalidad de sus constituciones se incorporan, pasando a formar la parte dogmática de ellas. Algunas, como la nuestra, incorporan a su cuerpo varias declaraciones internacionales, dándoles rango constitucional. Pero no basta la simple declaración de derechos para asegurar el cumplimiento de los mismos. Es preciso la creación de órganos que aseguren su cumplimiento y ese órgano tendrá que ser judicial, el menos peligroso y el más idóneo según lo ha demostrado la realidad práctica. Son órganos independientes encargados de controlar a los poderes políticos. Un órgano político no puede servir para el control del cumplimiento de tales declaraciones. Existen tribunales judiciales nacionales e internacionales encargados de verificar el cumplimiento de esas declaraciones. Este control constituye una de las partes más importantes de la justicia constitucional. También es un importante factor de crecimiento del poder judicial. El tema de la legitimación ha pasado a segundo plano por la general aceptación, con sus modalidades y alcances, de la justicia constitucional en las constituciones de los países, pero surge cuando la justicia constitucional entra en conflicto con los poderes del Estado, los partidos políticos y los altos intereses de la sociedad civil.

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3. Tipos de control de la constitucionalidad A. El Estado Constitucional El Estado Constitucional contemporáneo no absorbe todo el orden jurídico, pero si lo condiciona e informa. Se caracteriza por lo siguiente: a) Coloca en la cúspide del orden jurídico la Constitución. Es la norma superior. b) Ésta es considerada como una norma jurídica aplicable en forma directa, superando así la etapa en que necesitaba del desarrollo legislativo porque se estimaba que era un orden programático. c) Las normas constitucionales encierran valores y principios con un ámbito de aplicación extensa en el Derecho. d) Se han creado procedimientos y procesos y una jurisdicción constitucional, lo cual ha permitido el cumplimiento de la Constitución, la amplitud de su interpretación e integración y el avance del Derecho constitucional y su adecuación a los tiempos actuales. e) Mayor creatividad jurisprudencial en materia constitucional y en la legislación ordinaria vinculada a ésta. f) La Constitución penetra en todas las ramas del Derecho: Derecho Penal, Civil, Procesal Penal y Civil, Familia, Internacional, etc. Por tal razón se habla de Derecho Civil Constitucional, Derecho Penal Constitucional, etc. g) La Constitución, su interpretación e integración, y la jurisprudencia constitucional, han pasado a ser la matriz y centro del Derecho. h) La aplicación de los derechos humanos en las relaciones privadas y la procedencia del amparo contra los particulares, consagrado en muchas constituciones, incluso latinoamericanas. B. Control político y control jurisdiccional Atendiendo a la función del órgano de control los sistemas de control se dividen en políticos y jurisdiccionales. Son jurisdiccionales los situados dentro del poder judicial, y políticos los situados en los otros poderes del Estado, ejecutivo o legislativo. Esta clasificación ha sido criticada por la doctrina porque, aun los órganos jurisdiccionales que controlan el cumplimiento de la Constitución, desarrollan una actividad política como órgano moderador, de control y dirimente de los conflictos de los otros Poderes, y de creación del Derecho, las cuales son tareas políticas. Por tal razón se dice que el poder judicial o los tribunales constitucionales que ejercen función de control constitucional son también órganos políticos.

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Por otra parte, existen órganos de control difíciles de encasillar en el sector político o jurisdiccional. Por ejemplo: el Consejo de Custodia o Consejo de Supervisores de Irán4 y el Consejo Constitucional francés,5 el cual es considerado por unos como órgano político y por otros como órgano judicial. Para cierto sector doctrinal el control es político cuando se otorga a un órgano no judicial, y es generalmente de carácter preventivo: en él no existe litigio, ni contrapartes. No obstante, también puede darse el control preventivo en los sistemas judiciales, como sucede en Costa Rica, Irlanda, etc. Por todo lo expuesto, se formula la clasificación entre órganos judiciales de control y órganos no judiciales de control. Los órganos judiciales pueden pertenecer a los tribunales comunes (sistema norteamericano o difuso) o no estar dentro de la órbita del poder judicial como los tribunales especiales constitucionales, con fisonomía judicial. Ciertos autores han calificado a algunos de estos tribunales (España y Austria) como constitutivos de un cuarto poder. Los tribunales constitucionales están regulados separadamente de los poderes legislativos, judicial y ejecutivo y controlan el cumplimiento de la Constitución, como en Bélgica, Bulgaria, Croacia, Eslovenia, España, Francia, Hungría, Italia, Lituania, Macedonia, Moldavia, Polonia, Portugal y Rumania. Los órganos no judiciales están ubicados en diferentes lugares; a saber: en el poder legislativo, en la antigua Unión Soviética y en otras constituciones inspiradas por ella; en el poder ejecutivo, en la España franquista;6 en el cuerpo electoral en el Estado de Colorado, Estados Unidos; o en un órgano sui géneris, como el Consejo Constitucional francés; el Senado, en el poder legislativo, en la Constitución Federal de Centroamérica de 1824 y en la Constitución nicaragüense de 1838; y en un órgano especial denominado Consejo Representativo, en la Constitución del Estado de Nicaragua de 1826. La justicia constitucional no puede quedar en manos del poder ejecutivo, del legislativo o de otro órgano de naturaleza política. No podría tener el carácter de justicia constitucional. En la actualidad se ha generalizado el control constitucional atribuido a órganos de carácter judicial. Los controles políticos están abandonados. C. Pluralidad de sujetos de la interpretación constitucional Son varios los sujetos que interpretan la Constitución: la interpretación de los legisladores (interpretación auténtica); la interpretación de los órganos del Estado

4 Art. 91 de la Constitución de 1979. 5 Art. 56 y sigts. de la Constitución de 1958. 6 Ley Orgánica del Estado Español de 1967.

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(interpretación oficial); la interpretación de los órganos jurisdiccionales (interpretación judicial); la interpretación de los autores (interpretación doctrinal); y la interpretación de los particulares (interpretación popular), esta última muy en boga debido al avance vertiginoso de la comunicación. D. Control por el poder legislativo Bajo este sistema el poder legislativo asume la función de controlar la constitucionalidad. Tuvo acogida en la URSS y sus países satélites. Entre ellos se pueden ver ciertas modalidades o matices diferentes. Son tres los principales: a) El sistema parlamentario puro. En este sistema el poder legislativo controla la constitucionalidad de sus propias leyes (autocontrol) y de las otras normas dictadas por órganos inferiores creadores de normas. Ejemplos: la Constitución de Bulgaria de 1971 dispone que la suprema vigilancia sobre la observancia de la Constitución y de las leyes corresponde a la Asamblea Nacional;7 la Constitución de la República Popular de China de 1954 dispone que la Asamblea Popular Nacional le corresponde controlar la aplicación de la Constitución;8 en la Constitución Federal Centroamericana de 1824 le correspondía al Congreso anular toda disposición legislativa contraria a las garantías y libertades consagradas en los Títulos X y XI y, según lo disponía el art. 99, al Congreso y al Senado se le encargaba sostener la Constitución;9 en la Constitución de Nicaragua de 1838 le correspondía al poder legislativo velar sobre la observancia de la Constitución.10 b) Sistema parlamentario con órganos inferiores delegados o asesores. Estas

modalidades eran las más aceptadas en la URSS y sus países satélites. Por ejemplo: La Constitución de la URSS de 1977 disponía que correspondía al Presidente del Soviet Supremo (electo por el Soviet Supremo de entre sus miembros)11 controlar la observancia de la Constitución y asegura la correspondencia de las constituciones y las leyes de las Repúblicas Federadas con la Constitución y las leyes de la URSS.12

En la Constitución de la República Democrática Alemana, ninguna disposición podía oponerse a la Constitución,13 y en caso de duda sobre su constitucionalidad, la Cámara del Pueblo resolvería, pero el Consejo de Estado (órgano de la Cámara del

7 Art. 78 inc. 17 de la Constitución. 8 Art. 27 inc. 3 de la Constitución. 9 Artos. 69 inc. 29 y 152 y sigts. de la Constitución. 10 Art. 109 inc. 23. de la Constitución. 11 Art. 120 de la Constitución. 12 Art. 121 inc. 4 de la Constitución. 13 Art. 89 inc. 3 de la Constitución.

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Pueblo)14 tenía el mandato de ésta para la supervisión permanente de la constitucionalidad y legalidad del Tribunal Supremo y de la Fiscalía General.15 En la Constitución de Polonia de 1976, le correspondía al Consejo de Estado elegido por la Dieta16 (o Parlamento) velar por la concordancia de las leyes con la Constitución.17 En la Constitución de Rumania de los años 1974-1975 se disponía que sólo a la Gran Asamblea Nacional le correspondería decidir sobre la constitucionalidad de las leyes, pero para optimizar su control nombró una Comisión Constitucional y Jurídica, la cual presentaba a la Gran Asamblea Nacional informes y notificaciones sobre la constitucionalidad de las leyes. c) Sistema compartido entre el Ministerio Público y el Parlamento. Es el sistema seguido por la Constitución de Albania de 1976. Disponía que a la Asamblea del Pueblo le correspondería pronunciarse sobre la conformidad de las leyes con la Constitución;18 pero el Fiscal General presentaría ante la Asamblea del Pueblo y ante el Presídium, casos en los que las leyes y decretos no concordaran con la Constitución19. E. Control por el ejecutivo El ejemplo es el sistema establecido por el régimen franquista en la Ley Orgánica del Estado Español. El recurso de contrafuero se otorgaba contra todo acto legislativo o disposición del gobierno que vulneraba los principios del Movimiento Nacional (que era el partido de gobierno) o de las demás leyes fundamentales del Reino.20 Se calificaba como un recurso contra las leyes. Se interponía ante el Consejo del Reino, pero en definitiva quien resolvía era el Jefe de Estado. F. Control por el electorado Este sistema se acepta en el Estado de Colorado (Estados Unidos). Su Constitución dispone que el 5% de los inscritos en los comicios tienen la facultad de pedir que se someta a referéndum la ley que el Tribunal Supremo del Estado haya declarado

14 Art. 66 de la Constitución. 15 Art. 74 de la Constitución. 16 Art. 29 de la Constitución. 17 Art. 30 inc. 3 de la Constitución. 18 Art. 66 de la Constitución. 19 Art. 109 de la Constitución. 20 Art. 59 de la Ley Orgánica.

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inconstitucional. Se denomina apelación popular de sentencias. Fue patrocinado por Teodoro Roosevelt en la campaña presidencial de 1912, pero no logró éxito. Es el más democrático, pero tiene serias desventajas: agita las pasiones políticas y sociales; puede desestabilizar al gobierno con apelaciones constantes poniendo en tela de juicio su respeto y autoridad; el pueblo no está preparado para este tipo de decisión jurídica. G. Concurrencia de controle Con cierta frecuencia concurren varios órganos diferentes a ejercer el control de constitucionalidad. Por ejemplo: en Nicaragua el poder judicial tiene el control general y al Consejo Supremo Electoral le corresponde conocer la materia electoral en forma privativa;21 en Francia el control le corresponde al Consejo Constitucional, pero también el Consejo de Estado y la Corte de Casación han dictado sentencias que tocan el tema de la supremacía de la Constitución; en Italia el control constitucional le corresponde a la Corte Constitucional, pero en varias de sus resoluciones la Corte de Casación y el Consejo de Estado se han pronunciado sobre la protección de los derechos humanos y la supremacía de la Constitución. El sistema centralizado y monopolizado de la justicia constitucional bloquea esta contradicción de tribunales. 4. Los dos grandes sistemas de control constitucional Son dos los grandes sistemas de control de la constitucionalidad: el difuso o norteamericano y el concentrado o austriaco, denominado también europeo. Estos han constituido la fuente de inspiraciones del desarrollo de la justicia constitucional,22 dando pie a la creación de una nueva rama del Derecho denominada

21 Art. 20 de la Constitución 22 El Derecho Procesal Constitucional es autónomo y pertenece al Derecho Procesal. Tiene carácter público y encierra un conjunto de normas y principios que tienen por objeto el estudio del proceso constitucional, sus tipos, naturaleza, principios, presupuestos procesales, objeto del litigio, sus actos procesales, forma de iniciarse, tramitación, prueba, sentencia y recursos en su caso. Todavía subsiste la idea de que pertenece al Derecho Constitucional. El famoso constitucionalista alemán Peter Haberle así lo sostiene y en los manuales constitucionales norteamericanos así aparece tratado. Algunos autores opinan que tiene carácter mixto: constitucional y procesal. Se critica a los procesalista por no dedicarse al estudio e investigación del Derecho Procesal Constitucional y son pocas las obras que publican. Son los constitucionalistas los que se dedican al proceso constitucional, como sucedió en un principio con el Derecho Procesal Penal que fueron los penalistas los que lo cultivaban. Héctor Fix-Zamudio distingue entre justicia constitucional y jurisdicción constitucional. La primera se presenta cuando los órganos judiciales comunes se dedican a resolver problemas constitucionales (una de nuestras vías del control constitucional) y la segunda se da cuando existen órganos calificados y especiales para esos fines, o sea, tribunales, constitucionales. Domingo García Belaunde piensa que esta tesis ha perdido fuerza porque lo que importa en materia constitucional es quién decide en materia constitucional y con qué efectos, sin importar que sea una Corte Suprema ( Estados Unidos) o un tribunal constitucional. (Derecho Procesal Constitucional. “De la Jurisdicción Constitucional al Derecho Procesal Constitucional”. Editorial Temis. 2001, pág. 183 y 184).

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Derecho Procesal Constitucional, cuyo gran impulsor ha sido Kelsen, particularmente con su obra La Garantía Jurisdiccional de la Constitución, publicado en 192823 en el cual desarrolla, a la luz de la experiencia como magistrado de la Corte Constitucional de Austria, aspectos importantes de la relación constitucional, la regularidad jurídica, la noción de constitución, las garantías constitucionales, el significado jurídico y político en doctrina y justicia, etc. Han contribuido en Latinoamérica al desarrollo del Derecho Procesal Constitucional, a la cabeza Héctor Fix-Zamudio, Sagües, García Belaunde, Hernández Valle, Ignacio Burgoa, Diego Valadés, Jorge Carpizo, Chavero Gazdik y otros. La materia que comprende la justicia constitucional es amplia, a saber: el control judicial de la constitucionalidad de las leyes (nuestro recurso por inconstitucionalidad); los recursos y procedimientos específicos para la defensa judicial de los derechos fundamentales contra los actos del poder público, ya sean legislativos, judiciales o ejecutivos, denominada justicia constitucional de las libertades (nuestro amparo, el habeas data y el habeas corpus); la tutela de los derechos humanos en las relaciones privadas o control del poder de los particulares); el juzgamiento de los funcionarios que de acuerdo con la Constitución gozan de inmunidad; la resolución de los conflictos entre los poderes del Estado, o entre ciertos órganos de Poder, denominada jurisdicción constitucional orgánica; los conflictos entre las disposiciones constitucionales internas y las de carácter internacional comunitaria e internacionales, denominada jurisdicción supranacional. No faltan constituciones que agreguen a la jurisdicción constitucional la competencia para arreglar los conflictos electorales, el control de los partidos políticos, el juzgamiento de los altos funcionarios, la adquisición y pérdidas de mandatos, las consultas populares, los procedimientos especiales de protección de la Constitución, la solución de conflictos entre autoridades administrativas y tribunales de justicia o de éstos entre sí, y asimismo otros procedimientos atípicos.24 En los sistemas concentrados, al tribunal constitucional generalmente se le asignan esa buena cantidad de atribuciones, algunas propias de la jurisdicción constitucional y otras ajenas. Su mayor o menor cantidad dependerá de factores políticos, económicos y sociales. Se puede afirmar que en el sistema concentrado, no todas las funciones del tribunal constitucional son de jurisdicción constitucional, y que en el difuso la generalidad de la actividad del poder judicial no es constitucional, salvo en la actualidad en la cúpula del poder judicial (la Corte Suprema de los Estados Unidos convertida en un tribunal constitucional, la Corte Suprema de México dedicada a resolver amparos). A. Bases fundamentales del sistema difuso El arquetipo del sistema difuso descansa sobre las bases siguientes:

23 En nuestras manos la tradición de Rolando Tomayo y Salmaron. Universidad Nacional Autónomo de México. México, D.F., 2001. 24 Cfr. Lucio Pegoraro. La Circulación, la Recepción y la Hibricidad de los Modelos de Justicia Constitucional. Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional: 2002. Núm. 6, págs. 411 y 412.

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a) Aplica la disposición legislativa superior en jerarquía y desecha la inferior en el supuesto de contradicción. Esta es una regla de interpretación del Derecho que los jueces están autorizados a emplear en su función de administrar justicia y, por consiguiente, no existe una invasión del juez en la esfera legislativa. Se respeta la división de poderes. b) Cualquier juez está investido del poder de no aplicar la ley contraria a la Constitución, de oficio o a petición de parte, en cualquier caso sometido a su conocimiento (vía incidental o indirecta). La inconstitucionalidad se puede presentar en todo tipo de procedimiento judicial y no existe un procedimiento especial para dilucidar la materia constitucional, pues se discute, tramita y falla dentro del juicio en que se plantea y llega a los tribunales superiores a través de los recursos ordinarios o extraordinarios. La cuestión constitucional se falla, junto con el fondo del asunto, en la sentencia definitiva. No existe un procedimiento previo sobre la constitucionalidad. La denominación “vía incidental” se puede prestar a confusión, pues sugiere accesoriedad, pero en realidad la cuestión de inconstitucionalidad en el sistema difuso es principal, ya que se falla en la sentencia definitiva del juicio y forma parte de la premisa mayor del silogismo que constituye dicha sentencia. El destacado constitucionalista Javier Pérez Royo en forma admirable define el significado del vocablo “difuso”: “Difuso quiere decir lo contrario de concentrado. El Poder legislativo es un poder concentrado. El poder judicial es un poder difuso. El parlamentario no es el titular del poder legislativo, el titular del poder legislativo es el Parlamento. Por el contrario, el poder judicial no existe como un poder, sino que existe en la forma de miles de jueces y magistrados repartidos por todo el territorio del Estado, titulares cada uno de ellos individualmente del poder judicial. En consecuencia, al ser el control un control judicial, ello quiere decir que está uniformemente a disposición de todos y cada uno de los jueces integrados en el poder judicial. Esto quiere decir difuso”.25 c) La cuestión de inconstitucionalidad no se puede proponer por vía de acción, ajena a un conflicto judicial. Esto no quiere decir que el actor en la vía judicial no puede promover la inconstitucionalidad de una ley que le perjudica en el caso concreto sometido a la decisión del juez o tribunal. d) La sentencia que declara la inconstitucionalidad de la ley tiene efectos sólo en relación con el caso concreto (inaplicabilidad al caso concreto), pero por el stare decisis (precedente judicial) produce efectos generales. En los Estados Unidos los efectos generales de la sentencia provienen del stare decisis, figura necesaria dentro de la concepción del Derecho en ese país, en donde no existe un sistema de normas cerradas que el juez debe interpretar e integrar, sino un conjunto de reglas concretas derivadas de los casos definidos. El juez es creativo

25 Curso de Derecho Constitucional. Marcial Pons, S. A. Madrid, 1994, pág. 123. Esta es una obra clásica del Derecho Constitucional por su claridad, originalidad, precisión, profundidad y rigor científico.

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en la solución del conflicto y como existe infinidad de jueces y tribunales (todos creadores del Derecho) es preciso, por razones de seguridad y unidad del Derecho, vincular al juez con sus propias decisiones y con las de los otros jueces de igual o superior jerarquía, lo que en última instancia realiza la Suprema Corte. El juez norteamericano se ajusta a la jurisprudencia de la Suprema Corte, no por el temor de que su resolución sea revocada, como sucede en nuestro sistema, sino para no apartarse del Derecho vigente. B. Inconvenientes del sistema difuso El sistema difuso, en los países en donde no existe el stare decisis, presenta serios inconvenientes que provocan incertidumbre y conflicto entre órganos; a saber: a) El mismo u otro juez que declara la inconstitucionalidad de la ley puede aplicarla posteriormente, o no aplicarla por inconstitucional la que anteriormente declaró constitucional. c) Pueden surgir diferentes interpretaciones a la Constitución entre órganos de diversos tipos, como por ejemplo, entre la justicia ordinaria y la administrativa. c) También se pueden presentar contrastes de opiniones entre tribunales inferiores y superiores, debido a que los primeros generalmente están formados por personas jóvenes menos apegadas al pasado y posiblemente dispuestos a declarar la inconstitucionalidad; e cambio, los segundos son más conservadores e inclinados a mantener la constitucionalidad. d) A pesar de que en un caso concreto anterior ya se declaró la inconstitucionalidad de la ley, cualquier otra persona extraña al juicio anterior que tenga interés en que no se le aplique por ser inconstitucional tendrá que promover un nuevo proceso. Estos inconvenientes han sido evitados en los Estados Unidos y en los otros países del Common Law, en los cuales rige el stare decisis, pero persiste en los sistemas de base romanista. Podrían solucionarse otorgándole efectos generales a la sentencia de la Corte Suprema, pero en tal caso surgiría un sistema mixto, situado a mitad de camino entre el difuso y el austriaco. En la actualidad tienen sistemas mixtos en Europa Portugal, Grecia, Chipre y Malta. C. Creación y bases del sistema austríaco Varios factores contribuyeron en Europa al surgimiento del sistema concentrado: La modesta aplicación del sistema difuso en los países escandinavos y su fracaso en los otros países del Civil Law (Derecho románico); los inconvenientes ya vistos; el carácter extraño del stare decisis para poder adoptarlo; el carácter conservador de los jueces comunes de carrera que, aunque capacitados y con prestigio de muchos siglos en la aplicación del Derecho, carecían de la idoneidad para administrar la justicia constitucional que requiere de mayor atrevimiento, creatividad y voluntad política.

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Por eso se pensó en la creación de un tribunal especial, de carácter judicial, encargado fundamentalmente de controlar la constitucionalidad de las leyes, sobre las bases siguientes: a) Los jueces ordinarios no pueden conocer de la constitucionalidad de las leyes como manifestación de su poder de interpretación, ni bajo ninguna otra razón, sino que será una Corte Constitucional la que, dentro del sistema de pesos y contrapesos, controle al poder legislativo para que respete la supremacía de la Constitución, lo que evidentemente constituye una función política. En los sistemas de Italia, Alemania y otros que se inspiraron en el austríaco, no se les permite a los jueces ordinarios conocer sobre la constitucionalidad, sea por la vía de la acción o de la excepción. b) Originalmente (1920) el control se daba solamente en la vía principal, esto es, mediante una acción especial directa cuyo objeto exclusivo es plantear la inconstitucionalidad de la ley ante la Corte Constitucional. Están legitimados para ejercitar esta acción órganos políticos y no judiciales tales, como el Gobierno Federal y los Länders; el primero, para pedir el control de la legitimidad constitucional de leyes de los Länders, y los últimos para el control de las leyes federales. Solamente estos dos órganos constitucionales estaban legitimados, pero a partir de la reforma de 1929 se permite que en forma incidental dos altos órganos judiciales ordinarios planteen la cuestión de constitucionalidad de una ley, aplicable en forma relevante al caso que se encuentra bajo su conocimiento, pero los jueces inferiores, jamás pueden negar la aplicación de la ley cuestionada de inconstitucional. Estos dos órganos superiores legitimados son: la Corte Suprema para Asuntos Civiles y Penales y la Corte Suprema para asuntos administrativos. No están legitimadas para proponer la acción de inconstitucionalidad. La acción de inconstitucionalidad es abstracta, ajena a todo caso concreto y, como consecuencia, no presupone ninguna sentencia judicial que impugnar. Cuando la inconstitucionalidad es promovida por las Cortes Superiores, se suspende la aplicación de la ley y se concede intervención ante la Corte Constitucional a las partes interesadas en el caso concreto, a los gobiernos interesados en la constitucionalidad de las leyes (Gobierno Federal o Länders). Se admite, pues la vía de acción y la incidental, por eso se dice que es un sistema híbrido. c) La sentencia que dicta la Corte Constitucional tiene efectos generales, o sea, elimina del Derecho vigente a la ley declarada inconstitucional. Es una función de legislador negativo. d) La sentencia sólo tiene efecto para el futuro.

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La justicia constitucional no es actualmente solamente un poder normativo negativo, sino también un poder positivo y se funda en las razones siguientes: a) La sentencia que declara la inconstitucionalidad de la ley produce cosa juzgada con efectos erga onmes y la deja sin vigencia. b) Los vacíos indeseable que se pueden provocar al anular la ley inconstitucional que a su vez había derogado a otra que deja un vació, se solucionan dándole vida o vigencia a esa ley derogada (reviviscencia). Esta es la opinión de Kelsen que encuentra su reconocimiento en el art. 140.6 de la Constitución austriaca al disponer que “si una ley fuese anulada por el Tribunal Constitucional por inconstitucionalidad, entrarían de nuevo en vigor el día en que empiece a producir efecto la derogación, a menos que la sentencia establezca otra cosa, todas las disposiciones que hubiesen sido derogadas por la ley declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional”. La decisión del Tribunal Constitucional es la de un legislador negativo al anular la ley y de un positivo al revivir una ley derogada. En la publicación de la anulación de la ley se menciona también si entran de nuevo en vigor disposiciones legislativas y cuáles. Esta facultad se podría extender a todos los jueces y tribunales.

c) La función integradora del Derecho de los tribunales constitucionales.

d) Las sentencias aditivas y sustitutivas.

e) La recomendación de los Tribunales Constitucionales para ajustar las leyes ordinarias a la Constitución en sus sentencias, generalmente aceptadas por el poder legislativo. f) Las normas generales, abiertas, ambiguas, los conceptos jurídicos indeterminados permiten la creatividad de la justicia constitucional.

g) En el sistema kelseniano la sentencia que declara la inconstitucionalidad de la ley produce efectos ex nunc, lo cual representa un respeto al pasado de la validez de la ley declarada inconstitucional. La sentencia es constitutiva de una nueva situación jurídica. Pero en Alemania y otros países de Europa, la inconstitucionalidad conlleva la nulidad o inexistencia de la ley en forma retroactiva desde su creación. En resumen tiene efectos ex tunc. La sentencia es declarativa de una nulidad que ya existía antes de dictar sentencia, pero se respeta situaciones consolidadas como las sentencias particulares y actos administrativos fundados en disposiciones anuladas y que no están sujetos a ningún recurso, pero se aplica la retroactividad a favor del reo. La solución austriaca permite al Tribunal Constitucional conceder una prórroga para la entrada en vigencia de la sentencia de anulación por un plazo no mayor de seis meses, según el art. 140.5 de la Constitución. Es una función legislativa la prorroga de una ley declarada inconstitucional.

D. Naturaleza del Tribunal Constitucional Son varias las opiniones que se formulan:

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a) Son órganos jurisdiccionales. Están sometidos a todas las reglas que rigen la actividad de los tribunales ordinarios (incluso la presunción de inocencia, el derecho de defensa, la publicidad, etc.) No existen intromisiones meta jurídicas. Es la idea kelseniana de la justicia constitucional. c) La justicia constitucional tiene naturaleza absolutamente política, pues son políticos su objeto y el órgano de interpretación de la justicia constitucional. Carl Schmitt publicó en 1931 el libro titulado “La Defensa de la Constitución,”26 contestando a Kelsen lo expuesto en “La Garantía Jurisdiccional de la Constitución” y en el mismo año, poco tiempo después Hans Kelsen publicó su monografía bajo el título ¿Quién Debe Ser el Defensor de la Constitución?,27 en el cual expone sus severas críticas, lo que ahonda la confrontación entre ellos. Schmitt rechaza la justicia constitucional como protectora de la Constitución. Ningún Tribunal Constitucional puede ser guardián de la Constitución. Kelsen propugnaba por un Tribunal Constitucional, del que fue impulsor y miembro en Austria y después separado a pesar de ser vitalicio en su cargo. Por el contrario, Schmitt propone como defensor de la Constitución al Presidente del Reich (el Jefe de Estado). El Tribunal Constitucional colabora y participa en la dirección política del Estado. La judicialización de la política o la politización de la justicia (Schmitt y Leowenstein), lejos de situar a los tribunales constitucionales en función de garantía, los coloca como árbitros dominantes y supremos del proceso político. Para Carl Schmitt, es un problema de oportunidad práctica establecer hasta que punto puede encomendarse a instancias ya existentes o de nueva creación la misión de fijar de modo auténtico el contenido de los preceptos imprecisos o indeterminados que están incorporados a la Constitución, y a la misión de establecer un contrapeso al poder legislativo. Con claridad, expresa que la determinación precisa del contenido de un precepto constitucional dudoso en cuanto a su contenido, es, en concreto, materia de legislación constitucional, no de la justicia.28

26 En nuestra mano la edición publicada por Tecnos, Madrid, España 1983. 27 En nuestras manos la 2da. Edición de Tecnos de 1999, publicada en Madrid, España. 28 La Defensa de la Constitución. Tecnos, España. 1983. Págs. 77, 93 y 94. El mismo Kelsen también reconoce que las fórmulas vagas en los textos constitucionales pueden ser peligrosas al controlar la constitucionalidad de las leyes, por lo que deben evitarse en la Constitución. Cuando se establezcan principios, directrices y límites al contenido de las leyes, estos deben ser definidos del modo más preciso posible. Esto podría ser posible en las constituciones clásicas y no en las desarrolladas, producto de consensos transaccionales entre las diversas fuerzas políticas que adquieren beligerancia con el sufragio universal. Esto lleva a Pedro de Vega García, en el prólogo a la obra citada, a plantear la alternativa siguiente: o el tribunal asume la independencia absoluta para interpretar las normas dudosas, convirtiéndose en un legislador negativo que pasa a ocupar en buena medida el lugar del parlamento, o se autolimita por presiones políticas o por prudencia, en cuyo caso su carácter independiente queda lastimado. Como ha

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Algunos autores toman posiciones intermedias y expresan diversas opiniones: que son órganos políticos que ejercen funciones jurisdiccionales o viceversa, órganos jurisdiccionales con funciones políticas; la clasificación de políticos o jurisdiccionales depende de los casos que sentencien; que su situación como órgano intermedio entre el parlamento y el poder judicial, parece dotarlo de los caracteres que estos poseen: politicidad (sistema de selección de magistrados, nulidad de la norma, colmar lagunas, etc.) y juridicidad (impulso procesal externo, procedimiento jurisdiccional, resoluciones en forma de sentencia, etc.). E. Nombramiento de la magistratura constitucional Ya hemos expresado que en muchos países los magistrados de la justicia constitucional son nombrados conjuntamente por el ejecutivo y el congreso, lo cual permite que la magistratura no sea ajena a la política imperante y no carezca de cierta representatividad. También intervienen en su nombramiento en algunos países el Poder Judicial y el Congreso.29 Los tribunales constitucionales generalmente están integrados por magistrados elegidos políticamente. Para la independencia de los magistrados de la justicia constitucional es importante formular un buen sistema de elección, garantía de su estabilidad, nombramientos por mayorías calificadas, buenos salarios y principalmente escoger a las personas con mayor capacidad y sensibilidad, visión y flexibilidad, capaces de captar las diferentes aspiraciones de los segmentos de la población, de tal manera que puedan ser atendidos sin perder la importancia del interés general. La interpretación de la Constitución es una labor muy importante y de trascendencia para todo el orden jurídico y político de un país.

podido observarse, el problema constitucional no es tema resuelto. Tiene razón García Belaunde cuando reconoce el dominio de la tesis de Kelsen. Piensa que lo mejor es ver cuál es la situación actual y que mientras el modelo europeo diseñado por Kelsen se extiende por doquier y se afianza en el continente europeo y en otros países en donde ha sido aprobado, el planteo de Schmitt, no obstante su vigor, ha sido totalmente olvidado, salvo en las canteras académicas, en donde siempre quedará como un estimulo para el pensamiento. (Derecho Procesal Constitucional. Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 2001, pág. 177). 29 En Latinoamérica la intervención de las autoridades en el nombramiento de los magistrados se presenta así: en Bolivia los elige el Congreso por dos tercios de voto de sus miembros presentes. En Colombia son nombrados por el Senado de ternas presentadas por el Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. En Chile tres son elegidos por la Corte Suprema de Justicia, un abogado designado por el Presidente de la República, dos abogados elegidos por el Consejo de Seguridad Nacional, un abogado elegido por el senado. En Ecuador son designados por el Congreso Nacional así: dos de las ternas enviadas por el Presiente de la República, dos de las ternas enviadas por la Corte Suprema de Justicia fuera de su seno, dos elegidos por el legislativo que no sean legisladores, uno de las ternas enviadas por los Alcaldes y Prefecto, uno por los trabajadores indígenas y campesinos y uno por la Cámara de la Producción. En Guatemala son designados así: un magistrado por la Corte Suprema de Justicia, uno por el Pleno del Congreso, uno por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, uno por la Universidad de San Carlos y uno por el Colegio de Abogados. En el Perú los elige el Congreso.

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Aunque se admite por algunos autores y ordenamientos jurídicos el carácter vitalicio30 de la magistratura constitucional vinculado a la carrera judicial, no creo que sea conveniente porque esta justicia requiere de juristas no anclados al pasado y limitados por una casta, sino con una visión amplia del Derecho y de la realidad política, social, económica y cultural que permita adecuar la Constitución a la realidad en que vivimos. Deben tener un plazo31 ni muy corto para no arraigar y ponerle amor al trabajo, ni muy largo para desconectarse de la realidad. Hans Kelsen parte de la particularidad de cada jurisdicción constitucional para realizar su construcción y hace algunas consideraciones generales: a) El número de jueces no debe ser muy elevado y la misión de la justicia constitucional es puramente jurídica de interpretación de la Constitución. b) No le parece recomendable el nombramiento de los jueces constitucionales exclusivamente por el ejecutivo o por el legislativo y expresa la posibilidad del nombramiento por el parlamento a propuesta del Ejecutivo. Considera de gran importancia la presencia de los juristas en la jurisdicción constitucional para la cual sugiere que las Facultades de Derecho propongan candidatos para una parte de los cargos. También acepta la cooptación o la proposición para el nombramiento por parte del Tribunal Constitucional. Este tiene gran interés de llamar a su seno a especialistas eminentes. c) Acepta el peligro de la influencia política, aunque no lo desea y prefiere afrontarlo directamente, permitiendo que el parlamento nombre una parte de los jueces constitucionales, teniendo en cuenta la fuerza relativa de los partidos políticos.32 Expresa Jean Rivero que los tribunales constitucionales no pueden componerse de acuerdo a las normas habituales de los tribunales de justicia ordinaria. Los jueces de carrera carecen de peso e independencia de espíritu necesario para imponerse a los poderes públicos. No pueden estar compuestos exclusivamente de juristas o profesores de Derecho. Es preciso que haya en los tribunales constitucionales hombres que tengan sentido de la vida política y cierta experiencia en la misma. Se pregunta si conviene incorporar a jóvenes que, carentes de la experiencia de la vida anterior, aporten nuevas ideas, atendiendo una opinión bastante generalizada. Tribunales compuestos por juristas y por hombres con cierta experiencia de la vida

30 Tiene carácter vitalicio, pero con el límite de la edad de setenta años en Austria y Bélgica, también es vitalicio en Estonia. No debemos olvidar que son vitalicios en la Corte Suprema de Estados Unidos . La mayor parte de los datos sobre Europa que usamos en este trabajo los hemos tomado de una de las mejores obras sobre sistemas de la justicia constitucional en Europa de Julio Fernández Rodríguez: “La Justicia Constitucional Europea ante el Siglo XXI. Editorial Tecnos. Madrid, España, 2002. 31 Se establecen nueve años, el mayor plazo, en Albania, Bulgaria, Eslovenia, España, Francia, Hungría, Italia, Lituania, Macedonia, Polonia, Rumania Ucrania y Yugoslavia. Son cinco años en Bosnia-Herzegovina y Liechtenstein. Seis en Portugal y Maldovia. Siete en Eslovaquia . Ocho en Andorra y Croacia. Diez en República Checa y Letonia. Once Bielorrusia. Doce en Alemania y Rusia. Ocho en Colombia y Chile. Diez en Bolivia sin reelección hasta pasado diez años. Cuatro años en Ecuador. Cinco en Guatemala y Perú. Creo que el plazo adecuado para Nicaragua es de siete años, que podría ser con reelección inmediata o sin reelección. 32 La Garantía Jurisdiccional de la Constitución. (La Justicia Constitucional). Universidad Nacional Autónoma de México. México. 2001, págs. 57 y 58.

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política, pero tribunales independientes. Considera que existe cierto consenso que lo que importa para alcanzar esa calidad no es tanto el modo de nominación de los jueces, como en definitiva un estatus que garantice su independencia, esto es, asegurar la duración del mandato, pero que prohíba su renovación. Conviene más pensar en la madurez de los miembros del Tribunal que en un exceso de juventud. El miembro del Tribunal no debe tener necesidad de pensar en el puesto que le podría ofrecer según agradó o no al poder, una vez que haya concluido su permanencia en la jurisdicción constitucional. No debe ser una función para jubilados, pero si para jubilarse.33 En el sistema nicaragüense no existe un tribunal constitucional, pero una de las salas de la Corte Suprema conoce del recurso de amparo y el Pleno de la Corte lo hace del Recurso de Inconstitucionalidad de las leyes. Creo que el número de magistrados de la Sala Constitucional debe de ser de siete de acuerdo a la cantidad de trabajo y población del país. En Europa el número de miembros varía entre tres y diecinueve: tres en Chipre y Malta; cuatro en Andorra; cinco en Liechtenstein; seis en Moldavia; siete en Letonia y Yugoslavia; nueve en Albania, Bosnia-Herzegovina, Eslovenia, Francia, Lituania, Macedonia y Rumania; diez en Eslovaquia; once en Croacia, Hungría, Turquía; doce en Bélgica, Bielorrusia, Bulgaria y España; trece en Portugal; catorce en Austria; quince en la República Checa, Italia y Polonia; dieciséis en Alemania y Estonia; dieciocho en Ucrania y diecinueve en Rusia. En Latinoamérica se integran así: En Colombia la ley determinará un número de magistrados en forma impar. En Chile tiene siete miembros. En Bolivia cinco. En Ecuador nueve. En Guatemala cinco, pero se aumentará en siete de entre los suplentes por sorteo, en asuntos de inconstitucionalidad en contra de la Corte Suprema de Justicia, el Congreso, el Presidente y Vicepresidente de la República. En Perú siete. F. Diferencias fundamentales entre ambos sistemas Aunque la doctrina observa un acercamiento entre ambos sistemas, no por esto se borran las diferencias fundamentales. Veamos cuáles son: a) El sistema difuso es descentralizado, pues conoce de la constitucionalidad cualquier juez (sin distinción de jerarquía), ante quien se tramita un caso concreto propio de su competencia; en cambio, el austriaco es centralizado, pues es la Corte Constitucional quien tiene el monopolio del conocimiento sobre la inconstitucionalidad de las leyes, privando de esa función a los jueces y cortes judiciales ordinarias. b) En el sistema difuso, se conoce en forma indirecta (llamada también excepcional o incidental) sobre la constitucionalidad de la ley, pues surge con ocasión del caso concreto pendiente de trámite y fallo ante los tribunales de justicia, por lo que no existe un procedimiento especial, ni se permite la acción abstracta y directa; en

33 “A Modo de Síntesis”. Tribunales Constitucionales Europeos y Derechos Fundamentales. Centro de Estudios Constitucionales: Obra Colectiva. Madrid, 1984, págs. 668 y 669.

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cambio, en el sistema austriaco se emplea la vía directa mediante una acción abstracta y un procedimiento especial ante la Corte Constitucional, aunque con posterioridad a la reforma de 1929 se emplea también la vía incidental, pero sólo están legitimadas las dos Cortes Superiores y no los jueces inferiores. c) En el sistema difuso, la ley inconstitucional es absolutamente nula por oponerse a una norma superior (constitucional), pero la sentencia no es constitutiva de la nulidad, sino solamente declara la nulidad preexistente de la misma y tiene efectos retroactivos (ex tunc); en cambio en el sistema austriaco, la sentencia anula la ley que hasta el momento era válida y eficaz y tiene efectos para el futuro (ex nunc) a partir de su publicación, pero la Corte puede posponer su eficacia a una fecha posterior, no mayor de un año en Austria y seis meses en Turquía. d) En el sistema difuso, la sentencia tiene eficacia sólo en relación con el caso concreto con ocasión del cual se planteó la cuestión constitucional. No obstante, en Estados Unidos y sistemas afines, por el stare decisis la sentencia adquiere efectos generales; en cambio, en el sistema austriaco la sentencia tiene efectos generales. La doctrina europea considera al sistema austriaco más completo que el difuso, pues en éste es posible que muchas leyes escapen al control constitucional, porque difícilmente se prestan a discusión en los casos concretos pendientes ante los jueces y tribunales; pero reconoce que es más peligroso, pues sin prudencia y sabiduría (las que tiene la Suprema Corte de los Estados Unidos) se corre el riesgo de que el Tribunal Constitucional se convierta en una grave amenaza política al intervenir en los poderes legislativos directamente o indirectamente. G. Acercamiento de ambos sistemas En la doctrina se observa un acercamiento de los dos grandes sistemas; a saber: la naturaleza judicial de ambos; los efectos generales de las sentencias en ambos sistemas; la aceptación de la vía incidental en el sistema austriaco, aunque restringida; el funcionamiento casi exclusivamente constitucional de la Suprema Corte de los Estados Unidos y la orientación política de sus decisiones; la adopción generalizada de sistemas mixtos, no solo integrados por ambos sistemas, con sus propias características;34 la adopción en algunos países latinoamericanos del sistema austriaco; y la aceptación parcial en las constituciones alemana, italiana y austriaca del sistema de los checks and balances en lugar de la versión francesa de la separación rígida de poderes. Se sostiene que los sistemas italiano y alemán, en cierto sentido se encuentran a medio camino entre el austriaco y el americano,35 criterio que no es compartido por algunos autores.36

34 Cfr. Lucio Pegoraro. “La Circulación, la Recepción y la Hibridación en la Justicia Constitucional”. Ob. cit, pág. 393 y sigts. 35 Cappelletti, Control Judicial de las Leyes en el Derecho Comparado. La Justicia Constitucional. Estudios de Derecho Comparado. Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Derecho. México, 1987. pág. 85.

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El destacado jurista español Francisco Fernández Segado profundiza sobre la obsolescencia de la bipolaridad como criterio analítico del control de constitucionalidad entre el modelo europeo y el norteamericano. Realiza un estudio histórico, jurídico y filosófico de ambos sistemas, las razones políticas de sus nacimientos y el ambiente en que funcionan. Además de estudiar cada uno de ellos, los compara en su evolución y demuestra que en el proceso evolutivo se acercan y dan lugar a una riqueza de sistemas mixtos. Con base a lo expuesto en su obra, la más completa en esta materia, propone una original clasificación de los sistemas de control constitucional. Estudia con admirable rigor científico y claridades la quiebra frontal de la concepción kelseniana del legislador negativo y evidencia la función normativa positiva y negativa de la jurisdicción constitucional. En apoyo de sus ideas cita abundantes opiniones de reconocidos autores, leyes, constituciones y sentencias.37 5. Algunas clasificaciones A. Clasificación de algunos autores Del acercamiento de los dos grandes sistemas y de la riqueza creativa de los juristas y legisladores han surgido bastantes sistemas mixtos. En forma general también se habla de sistema europeo, sistema americano, sistema latinoamericano y de sistemas mixtos. Piero Calamandrei hace la clasificación de los sistemas de control de la constitucionalidad de las leyes así: 1) Atendiendo al objeto: a) Formal. Por violación del procedimiento de formación de las leyes (error in procedendum). b) Material. Por violación del contenido de la Constitución (error in iudicando). 2) Atendiendo al órgano: a) Judicial (difuso). Todos los órganos del poder judicial controlan la constitucionalidad de las leyes; b) Autónomo o concentrado. Controla un único y especial órgano instituido con esa atribución exclusiva, colocado en forma preminente y fuera de cualquier otro orden de órganos. 3) Atendiendo la legitimación: a) Incidental. Se propone en forma prejudicial por quien es parte de una controversia concreta al momento de aplicarse la ley tachada de inconstitucionalidad. b) Principal. Cuando se propone como tema separado y principal

36 Francisco Rubio Llorente. “La Jurisdicción Constitucional como Forma de Creación del Derecho”. Revista Española de Derecho Constitucional. Año 8, núm. 22, enero-abril 1988, pág. 25. 37 La Obsolescencia de la Bipolaridad Modelo Americano, Modelo Europeo-Kelseniano como Criterio Analítico del Control de Constitucionalidad y la Búsqueda de una Tipología Explicativa. Conferencia Pronunciada en San José de Costa Rica. Patrocinada por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Costa Rica, 2002. Fernández Segado es uno de los juristas que más sabe sobre justicia constitucional latinoamericana.

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de la petición. Se pone directamente en cuestión la inconstitucionalidad de la ley sin esperar que se ofrezca la ocasión de una controversia especial. 4) Por la extensión de sus efectos: a) Efectos generales. La ilegitimidad conduce a invalidar la ley erga omnes, haciéndola perder para siempre su eficacia normativa general y abstracta. b) Efecto especial. La inconstitucionalidad se limita a declarar la ley inaplicable al caso concreto, limitando sus efectos sólo a ese caso. 5) Por la naturaleza de los efectos: a) Efectos declarativos. La declaración de certeza (la sentencia que declara la inconstitucionalidad) opera retroactivamente sobre una nulidad preexistente (ex tunc.) b) Efectos constitutivos. Con efectos anulatorios o de ineficacia que valen para el futuro (ex nunc.); pero respeta en cuanto al pasado la validez de la ley ilegítima.38 Por su parte Ricardo Guastini distingue tres modelos de control de la constitucionalidad, desde el punto de vista de su eficacia: a) El modelo del Estados Unidos de control posterior por vía de acción y, como consecuencia in concreto, en virtud del cual cada juez conoce de la constitucionalidad. Señala las características siguientes: i) hace posible que una ley inconstitucional entre en vigor y se aplique por largo tiempo antes que su ilegitimidad sea reconocida por los jueces; ii) la ilegitimidad constitucional de una ley no produce efectos generales; iii) en los Estados Unidos esta ilegitimidad produce efectos generales por el stare decisis. b) El modelo francés de control a priori por vía de acción y por tanto in abstracto, ejercido por un tribunal constitucional (o algo similar). Teóricamente impide que entren en vigor leyes inconstitucionales, pero no es difícil que se escapen leyes que al contacto con los casos concretos se descubra su inconstitucionalidad. No asegura, pues, una constitucionalidad de la ley. c) El modelo seguido por España, Italia y otros países, de control posterior por vía de excepción y, por tanto, in concreto, atribuido a un tribunal constitucional. No impide la entrada en vigor de leyes inconstitucionales por ser a posteriori. La declaración de inconstitucionalidad de una ley tiene efectos generales (erga omnes) y no puede ser aplicada por ningún juez. 39

38 El Control de Constitucionalidad Bajo el Ordenamiento Derogado, Estudios Sobre el Proceso Civil. Editorial Ejea. Argentina, 1962, t. III, págs. 29 y sigts. 39 La Constitucionalización del Ordenamiento Jurídico. Estudios de Teoría Constitucional. Editorial

Gedesa. Barcelona, España, 1999, págs. 155, 156 y 157).

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En la mayor parte de los países latinoamericano y europeos adoptan el sistema a posteriori40 aunque se presentan algunos sistema mixtos. Otros países adoptan el sistema concreto.41 B. Control preventivo de la constitucionalidad a) Concepto El denominado control preventivo (a priori, previo) se usa para el control de normas jurídicas, principalmente de leyes y tratados internacionales, como también eventualmente para otros actos. Es una técnica de control constitucional difundida en Europa, con aplicación relevante en algunos países y de menor grado en otros. Esta técnica se aplica antes de la promulgación de las leyes, de la ratificación legislativa del tratado internacional o de entrar en vigencia el reglamento parlamentario. Es un control a priori, antes de concluir el procedimiento de creación de la ley, tratado y reglamento o cualquier otro acto o resolución. El control a posteriori se da después de entrar en vigencia la ley, el tratado, reglamento o perfeccionando el acto o resolución. Este se produce en nuestro sistema a través del amparo y el recurso de inconstitucionalidad de la ley, decreto o reglamento. El control preventivo es propio de los sistemas concentrados que han sido ampliamente aceptado por los países europeos. En el sistema difuso, el juez o tribunal ordinario se ocupa de casos concretos frente a leyes vigentes, a las cuales puede declarar inconstitucionales. Su competencia no lo faculta para pronunciarse sobre proyectos de ley, tratados o reglamentos sin actual vigencia, aunque se concibe la existencia de un control previo consultivo más o menos vinculante. b) Naturaleza jurídica Un sector doctrinal sostiene que el control preventivo no tiene carácter jurisdiccional, sino político, por razones siguientes: i) lo que es objeto de control no es la ley o tratado vigente y remediar su valoración, sino evitar que al entrar en vigencia se viole la Constitución y cause daño. ii) Su efecto es permitir la continuación del procedimiento suspendido cuando no hay violación a la Constitución o eliminar las normas violatorias a la Constitución o declarar inconstitucional toda la ley. Es conveniente advertir que al iniciarse el control previo se suspende el procedimiento legislativo. Se agrega por otra parte, que el efecto de la inconstitucionalidad es la anulación y que en el control previo ésta no se produce, si se considera que cuando el proyecto de ley es inconstitucional, se suspende la tramitación y cuando se declara que no lo es, se siguen los trámites previstos. Por tal razón, el tribunal constitucional en el control previo actúa como un causi legislador no sólo negativo (caso de pronunciarse a favor de la inconstitucionalidad), sino positivo, ya que para que una ley o tratado llegare a

40 En Europa el control es a posteriori en Albania, Alemania, Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Eslovenia, España, Hungría, Italia, Lichtein, Portugal, Turquía y otros que con los anteriores forman la mayoría. 41 Siguen este sistema en Europa. Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Bosnia-Herzegoviana, Bulgaria, República Checa, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Hungría, Italia, Lichteinstein, Lituania, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia y Turquía.

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ser tal y produzca sus efectos jurídicos, se necesita que el tribunal constitucional se pronuncie a favor de su constitucionalidad, el cual aparece en el proceso legislativo actuando conjuntamente con la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo. Por último, otros autores consideran que el control previo de constitucionalidad es un control jurídico que tiene mayor proximidad al control jurisdiccional que a las funciones consultivas o legislativas. De aquí que afirmen que no se trata de un mero control político, aunque reconocen que se puede utilizar para resolver cuestiones de ese carácter. Además, el procedimiento y los criterios para decidir son jurídicos. Es una cuestión de Derecho en la que se confrontan la ley ya votada o el tratado ya firmado con la Constitución. También piensan que no actúa como legislador porque no fija el contenido de la futura ley o tratado para que sean constitucionales. Es de la misma naturaleza del control a posteriori, pues solamente adelanta el control a una etapa anterior. Una corriente doctrinal dominante en Francia considera al control previo como jurisdiccional. Es interesante observar que cuando conviven en un mismo sistema el control a priori y a posteriori, se considera al primero no jurisdiccional y al segundo sí, cuando se juzgan las mismas normas. Es importante advertir que en ciertos sistemas la decisión del tribunal constitucional en el control previo es vinculante y no de mera información, como es en el consultivo que deja abierta una vía posterior para discutir la constitucionalidad. c) Sistemas de control previo Los sistemas de control preventivo pueden ser de tres clases: sistema único de control preventivo; sistema mixto en el que funcionan conjuntamente el control preventivo y el a posteriori; y los sistemas de reducido alcance. i) El prototipo del modelo único es el francés, El control puede se preceptivo o facultativo. Al Consejo Constitucional se le atribuye el control previo de la constitucionalidad de las leyes ordinarias y orgánicas, de los reglamentos parlamentarios y de los tratados internacionales. No controla los reglamentos, los cuales quedan sometidos a la jurisdicción contenciosa-administrativa, en cuya jerarquía superior aparece el Consejo de Estado. El juez administrativo juzga sobre la legalidad y constitucionalidad de los actos administrativos. El sistema francés admite excepcionalmente el control sucesivo cuando el Consejo Constitucional observa que la ley regula materia reglamentaria no atribuida al legislador. El control preventivo está consagrado en el párrafo primero del art. 61 al disponer que deben ser sometidas al Consejo Constitucional para pronunciarse sobre la constitucionalidad, las leyes orgánicas antes de su promulgación y los reglamentos de las Asambleas Parlamentarias antes de ser puestas en vigor. Son leyes orgánicas las

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que regulan las instituciones fundamentales del Estado, elaboradas por un procedimiento especial y reforzado, diferente al de las leyes ordinarias. El control facultativo es el más importante y ha permitido al Consejo Constitucional hacer jurisprudencia sobre las bases constitucionales del Derecho positivo y defender los derechos humanos. Para el ejercicio de sus funciones no sólo parte del texto de la Constitución, sino del llamado bloque de constitucionalidad, integrado por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, los Preámbulos de las Constituciones de 1946 y de 1958, y los principios fundamentales reconocidos por las leyes de la República desde la Primera República a finales del siglo XVIII. Están legitimados para proponer el control facultativo algunos órganos. Estos son, desde la reforma de 1974: el Presidente de la República, el Presidente de la Asamblea Nacional , el Presidente del Senado y sesenta diputados o senadores. Esta última legitimación ha permitido que casi todas las leyes importantes aprobadas por el Parlamento, principalmente las que afectan derechos o regulan la vida cotidiana, sean examinadas por el Consejo Constitucional. ii) Los sistemas mixtos combinan, con el equilibrio que cada país adopta, el control preventivo y el a posteriori. Fue adoptado por Portugal y Costa Rica (en este último país generalmente sólo es vinculante cuando establezca la existencia de trámites inconstitucionales), así como por varios países excomunistas de Europa. iii) El sistema de poco alcance fue adoptado en Europa por Italia, Austria y España. En éste último la Constitución Política de 1978 no contempla ni directa ni indirectamente el control previo de constitucionalidad de las leyes. Pero la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional estableció el control previo de constitucionalidad, que abarcaba la constitucionalidad de los tratados internacionales y el recurso previo de inconstitucionalidad contra proyectos de estatutos de autonomía y de leyes orgánicas. No se regulaba un sistema global del control preventivo. El sistema provocó problemas, principalmente con las leyes orgánicas. La intervención del Tribunal Constitucional en el control de estas leyes se considera como una intervención de tal Tribunal en el procedimiento legislativo. Agrava más la situación el hecho de que el control previo sólo sirve de obstáculo a la labor legislativa, pues no tiene la ventaja de terminar con los problemas existentes al permitirse el control a posteriori. Tal situación dio origen a la reforma del 7 de junio de 1985 que sólo conserva el control previo de los tratados internacionales. d) Ventajas y desventajas del control previo de la constitucionalidad Las desventajas son las siguientes: a) Interrumpe el proceso de formación de la ley o acto legislativo, iniciado por un órgano con legitimidad democrática, por disposición de un órgano de justicia constitucional que no surge de elección popular. Es el surgimiento del gobierno de los jueces. Se presta para que la oposición o los grupos de interés o presión atrasen, mediaticen o maniobren, lo cual pone en difícil situación al tribunal, en un papel que no le corresponde. b) No garantiza la supresión de las

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inconstitucionalidades, pues funciona a petición de parte y el tribunal puede no detectar las violaciones a la Constitución. Las ventajas son las siguientes: a) Adelanta el análisis de la constitucionalidad, lo cual es una economía de tiempo, dinero y trámites, evitando los eventuales daños que podría causar una ley o acto legislativo inconstitucional aplicado a casos concretos. b) Se aceptan las ventajas en el control de los tratados internacionales. c) Los plazos breves y la rapidez con que se resuelve la constitucionalidad planteada. d) Se garantiza mejor el principio de igualdad de los ciudadanos que en el sistema a posteriori. Algunos autores se pronuncian a favor de la combinación de los sistemas de control a priori y a posteriori considerando al previo como una arma útil y aducen las razones siguientes: a) No existe incompatibilidad entre ambos sistemas, el previo puede funcionar con el a posteriori, ya sea abstracto o concreto, mediante una adecuada organización, lo cual evitaría los daños de una declaración de inconstitucionalidad posterior. Se justifica el a posteriori en el supuesto de ausencia de control previo de la ley o lo reducido de dicho control. b) Los plazos para que se pronuncie el tribunal deben ser reducidos o abreviados. c) Para evitar recursos frívolos se recurre a la limitación de la legitimación para interponerlo, generalmente atribuida únicamente a pocos órganos constitucionales y a minorías parlamentarias. En Nicaragua existió una consulta a la Corte Suprema, sin que la opinión de esta fuera vinculante, con carácter amplio. pues no sólo se ocupaba de la constitucionalidad sino también de la conveniencia, oportunidad y técnica del proyecto. 6. Nuestra clasificación El sistema nicaragüense de control constitucional es de carácter mixto, muy original dentro del sistema latinoamericano y creo que debe mantenerse con algunas modificaciones. Pero es preciso profundizar en su estudio y técnica por funcionarios judiciales, abogados, profesores y alumnos. El pueblo debe conocer de los alcances y beneficios del sistema. Haré mi clasificación, aunque ruego me dispensen algunas repeticiones, pero se hace para la mejor compresión del sistema: A. Atendiendo a su extensión a) Alcance general En virtud de este sistema la ley inconstitucional es invalidada con carácter general (erga omnes). Desaparece como ley para siempre. En resumen, la ley deja de ser ley. Tienen alcance general en cuanto a la inconstitucionalidad de la ley: la Constitución austriaca de 1920; la cubana de 1940; 42 los recursos directos de inconstitucionalidad de Colombia, Venezuela y España, los sistemas italiano y alemán, ecuatoriano y

42 Art. 194 (cfr. Rafael Pérez Lovo, Código Civil y Constitución, Cultural, S.A. La Habana, 1944). El régimen comunista ha promulgado una nueva Constitución en 1976 y un nuevo Código Civil en 1987.

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boliviano; en general todos los inspirados en el sistema austriaco; y nuestras Leyes de Amparo de 1948, 1950 y 1974. Lo acoge la vigente Ley de Amparo en el recurso por inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de inconstitucionalidad y se incorpora al sistema difuso cuando se declara la inconstitucionalidad de la ley en el caso concreto.43 De acuerdo con el artículo XXXVII del Título Preliminar del Código Civil la derogación de la ley derogatoria no restablece la primera ley, a no ser que la última lo prescriba expresamente. Esta regla no se aplica en el supuesto de inconstitucionalidad de la ley, pues la sentencia no es derogatoria, sino declarativa de la inconstitucionalidad de la ley, preexistente a dicha sentencia, con efecto retroactivo a la fecha de la promulgación. Una ley nula, con nulidad absoluta, no tiene la fuerza de derogar la ley anterior y al volver las cosas al estado anterior se restablece la ley anulada. Aunque la Ley de Amparo en el art. 18 establezca que la inconstitucionalidad tiene efectos a partir de la sentencia,44 esta disposición es inconstitucional porque se opone al art. 182 de la Constitución que la declara nula y sin ningún valor, las leyes, tratados, órdenes o disposiciones que se le opongan. Existen dos sistemas: el austriaco, en el que una vez eliminada la ley inconstitucional entran de nuevo en vigor las leyes que le preexisten, salvo lo dispuesto en sentido contrario por la Corte Constitucional; en el otro sistema las leyes derogadas expresa o tácitamente por la ley declarada inconstitucional entran de nuevo en vigencia sin necesidad de ningún acto o manifestación de la Asamblea Legislativa o de la Corte. Este último sistema es el que se ajusta a nuestras leyes, por lo cual debe aplicarse a pesar de no existir disposición expresa en la Ley de Amparo, por la razón expuesta. En Costa Rica se dispone que la retroactividad es sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe. La Sala Constitucional podrá graduar o dimensionar en el espacio, el tiempo y la materia, su efecto retroactivo y dictará las reglas necesarias para evitar que este produzca graves dislocaciones de la seguridad, la justicia o la paz social. b) Alcance particular

43 Arts. 20 y 21 LA. 44 La fecha a partir de la cual produce efectos la inconstitucionalidad varía en dos diversos sistemas; pero lo aceptable en virtud del principio de la seguridad jurídica es que sea a partir de su publicación de la sentencia como es en Croacia, España, Estonia, Hungría, Lituania, Macedonia, Polonia, Rusia, Persia y Yugoslavia. En algunos países de Europa los efectos se producen a partir de la fecha de la sentencia; a saber: Letonia, Maldovia y Ucrania. Este sistema deriva del carácter relativo de la cosa juzgada en el sistema difuso; por el contrario, el sistema de publicar la sentencia para que principie a producir sus efectos es propio del sistema europeo, en el cual la sentencia produce efectos generales. En Latinoamérica en Ecuador y Perú produce sus efectos a partir de la publicación de la sentencia.

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En este sistema, la sentencia se limita a declarar inaplicable la ley al caso concreto y con relación a los contendientes; pero no desaparece como ley, continúa vigente. Por eso la sentencia que declara la inconstitucionalidad carece de efectos erga omnes y se desenvuelve dentro de los efectos relativos de la cosa juzgada (efectos entre las partes). No existe, pues, una declaración general de nulidad como en el sistema anterior. De donde se infiere que la ley declarada inconstitucional puede ser posteriormente considerada válida por el mismo y otros jueces o viceversa. Entonces se da el caso de lo que hoy se estima inconstitucional mañana no lo sea o viceversa. Esto crea inconvenientes que pueden dar pie a la incertidumbre en la actuación de las personas con base a la ley declarada inconstitucional y a la realización de fraudes. Sin embargo, cuando la jurisprudencia es obligatoria (stare decisis) la ley declarada inconstitucional en la práctica queda derogada y hasta es suprimida de las recopilaciones de leyes vigentes y aunque así no se haga aparece como una ley muerta (en Estados Unidos, por ejemplo). Ha sido seguido por nuestras Leyes de Amparo de 1893, 1911 y 1939 y dentro del control difuso de la constitucionalidad de las leyes, con excepción del actual. c) Alcance mixto Resulta de la combinación de los dos anteriores y funciona así: cuando la inconstitucionalidad es por el quebrantamiento de los trámites de la formación de la ley, la nulidad de ésta es absoluta y como tal desaparece del ordenamiento jurídico para siempre, ya no seguirá rigiendo como ley (alcance general); cuando la violación se produce contra disposiciones materiales o sustantivas, la sentencia que declara la inconstitucionalidad de la ley sólo produce efectos en el caso concreto (alcance particular). Es el sistema del Tribunal de Garantías de España de 1933.45 B. Atendiendo a la naturaleza del órgano a) Sistema de control político El control del cumplimiento de la Constitución es entregado a un órgano político que puede ser uno de la estructura normal del Estado o uno creado especialmente. Corresponde a la primera forma: el Presidente del Reich que propone Carl Schmitt; el Congreso y Senado de la Constitución Federal de 1824; el Poder Legislativo en la Constitución de 1838. Se encuentra dentro de la segunda forma: el Senado Conservador de la Constitución francesa del 13 de diciembre de 1779 y el Consejo Representativo de nuestra Constitución de 1826. Se aparta al poder judicial porque se piensa que esta función es política y le corresponde a un órgano de esa naturaleza. Además se estima conveniente alejar al poder judicial de las pasiones y conflictos políticos, dañinos a la buena administración de justicia. Tiene algunos simpatizantes.

45 Cfr. Alcalá Zamora Castillo y Ricardo Levene, Derecho Procesal Penal, Guillermo Koaft, Ltda. Argentina, 1945, t. I. págs. 195 y sigs.; Alcalá Zamora Castillo, Significado y Funciones del Tribunal de Garantías Constitucionales. Ensayos de Derecho Procesal, Revista de Jurisprudencia Argentina, S. A., 1944, págs. 503 y sigs.

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No es aconsejable, más en nuestro medio, la adopción de un sistema como éste, pues se presta al juego político partidista y a las consecuencias que trae, y el autocontrol, no rinde buenos frutos. Poca aceptación legislativa tiene, sobre todo en Latinoamérica. b) Sistema de control judicial Es el sistema más aceptable por las razones siguientes: la oposición de la ley o de cualquier acto a la Constitución es una cuestión jurídica que corresponde resolver á órganos judiciales mediante la aplicación preferente de este cuerpo superior de leyes; los funcionarios judiciales son los mejor capacitados e imparciales para esa labor; el poder legislativo y el ejecutivo generalmente son los sujetos pasivos contra los que se dirige el amparo, lo cual les quita imparcialidad para conocer; el poder judicial es menos peligroso que los poderes políticos (legislativo y ejecutivo), más capacitado y ofrece mejores garantías. i) Sistemas de control por los tribunales ordinario La defensa de la Constitución se entrega a la jurisdicción ordinaria, ya sea en forma difusa (conocimiento por todos los jueces y tribunales) o directa mediante el conocimiento de la cuestión constitucional por un órgano determinado del mismo poder judicial que tenga la mayor jerarquía como la Corte Suprema de Justicia.46 Es el que sigue Estados Unidos47 y la mayoría de los países latinoamericanos en su versión difusa y en menor medida la vía directa. Nicaragua consagra el difuso, pero complementado con el recurso de amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema, (recibido por un tribunal de apelación y enviado a la Suprema para su decisión), el recurso directo de inconstitucionalidad de la ley, decreto o reglamento ante la Corte Plena de la Corte Suprema y la casación ante este mismo Tribunal, Sala Civil, como veremos más adelante. ii) Sistemas de control por un tribunal especial La defensa de la Constitución ha cobrado una formidable importancia pasando a ser parte principal de la nueva rama denominada Derecho Procesal Constitucional y sirvió de base para crear Tribunales jurisdiccionales especiales como los de Austria48,

46 La Constitución cubana de 1940 creó el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales encargado de conocer de la inconstitucionalidad, pero era una Sala del Tribunal Supremo de Justicia que formaba parte de la justicia ordinaria, como puede verse en los artículos 171 y 172. 47 La facultad de la Corte Suprema de Justicia no aparece a texto expreso en la Constitución. Es creación jurisprudencial de este Tribunal. Se deduce de las interpretaciones amplias del art. 6, que establece que “la presente Constitución y las leyes de los Estados Unidos serán hechas, en consecuencia, según la Ley suprema del país”. El uso de la expresión en “consecuencia” se interpreta en el sentido de que las leyes deben ser hechas de acuerdo a la Constitución. 48 Art. 147 de la Constitución. No es en Austria donde se crea por primera vez un Tribunal Constitucional. La Constitución alemana de Weimar del 11 de agosto de 1911 es la que establece por primera vez en el art. 108 un Tribunal Constitucional fuera de la jurisdicción ordinaria que comparte con esta ciertas funciones

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Alemania,49 Italia,50 España,51 Guatemala,52 Portugal,53 Grecia,54 Francia,55 Bolivia,56 Colombia,57 Chile,58 Ecuador59 y Perú.60 Los Tribunales constitucionales latinoamericanos se crearon por la poca defensa de la Constitución por los jueces, tribunales y la Corte Suprema. En los países en que goza de prestigio el Poder Judicial existe resistencia del Constituyente, del Poder Legislativo y el Poder Judicial para crearlos. Los sistemas latinoamericanos tienen un carácter mixto de los dos sistemas modelo: el norteamericano y el europeo. Las constituciones de los países de Europa Central y Oriental regulan la jurisdicción constitucional y los Tribunales Constitucionales: Croacia, Eslovenia, Rumania, República Checa, Estonia, Yugoslavia, Letonia, Lituania, Rusia, Moldavia, Bosnia-Herzegovina, Ucrania y Polonia. En otros países existe en la Corte Suprema de Justicia una Sala Constitucional que conoce de la jurisdicción constitucional. Tiene la ventaja de fortalecer la independencia del poder judicial y no recargar al Estado de nuevos gastos con la

constitucionales. El Tribunal Constitucional resolvería los conflictos entre el Reich y los Lander y de estos entre sí. Al Tribunal Supremo le correspondía fiscalizar la constitucionalidad de las leyes. 49 Art. 94 de la Constitución. 50 Art. 135 de la Constitución. 51 Art. 159 y 160 de la Constitución. 52 En Guatemala se creo inicialmente la Corte de Constitucionalidad compuesta de doce miembros, pero no actuaba con carácter permanente. Se integraba cuando la demanda es interpuesta (cfr. Mario Aguirre Godoy, Derecho Procesal Civil, Guatemala, 1982, t. II, vol. I. págs. 490 y sigs). Pero ahora es un tribunal permanente con cinco magistrados permanentes y los suplentes (art. 269 Cn.). 53 Art. 224 de la Constitución . 54 Art. A. A. 1002 de la Constitución. Tribunal Especial Superior. 55 Arts. 56 y 57 de la Constitución. Consejo Constitucional. 56 Art. 119 y sigts. de la Constitución. 57 Art. 239 y sigts. de la Constitución. 58 Art. 81 y sigts. de la Constitución . 59 Art. 174 de la Constitución. 60 Art. 200 y sigts. de la Constitución.

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creación de un nuevo tribunal. Tienen Sala Constitucional Nicaragua,61 Honduras, El Salvador,62 Costa Rica,63 Venezuela64 y Paraguay.65 En algunos países conoce la materia constitucional la Corte Suprema y no una Sala Constitucional: Panamá,66 Uruguay,67 Brasil68 y Dominicana.69 No dudamos, como ya lo expresamos, que el Derecho Procesal Constitucional tenga autonomía (principios propios, importancia reconocida y ley especial: la de Amparo en nuestro medio) y de que son muchos los países que contemplan procedimientos defensivos de la integridad constitucional. Pero la autonomía de una rama procesal no necesariamente conduce a la creación de órganos especiales encargados de aplicarla, pues donde no se justifica podría traer complicaciones y gastos innecesarios. Por ejemplo, cuando existe una legislación procesal civil y constitucional ágil y moderna y jueces ordinarios capaces, hay que meditar muy seriamente para crear nuevos tribunales especializados. Tampoco la autonomía de una rama sustantiva trae aparejada necesariamente la creación de una nueva rama procesal y el establecimiento de tribunales especiales. Por ejemplo, no ha sido necesario crear tribunales especializados y una rama procesal comercial, ni una ley especial que la regule, para la aplicación del Derecho Comercial, cuya importancia en la vida moderna es indiscutible. A pesar de ello generalmente en la mayoría de los países son los tribunales ordinarios los que siguen conociendo de esos negocios mediante la aplicación del procedimiento civil con sus necesarias variantes. Debemos reconocer que en algunos países se han creado tribunales mercantiles y leyes especialmente sobre procedimiento mercantil, pero con posterioridad fueron suprimidas (España). No creo que amerite el control de la constitucionalidad la creación de un Tribunal especial, por lo menos en nuestro país, pues sería manejado por los poderes políticos y se debilitará el Poder judicial en su independencia.

61 Art. 163 de la Constitución. 62 Arts. 174 y 183 de la Constitución. 63 Art. 10 de la Constitución y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 64 Art. 262 de la Constitución . 65 Arts. 258 y 260 de la Constitución. 66 Art. 203 de la Constitucional. 67 Art. Arts. 256, 257, 258, 259, 260 y 261 de la Constitución. 68 Art. 96 de la Constitución. 69 Art. 66 inc. 1 de la Constitución.

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Se podría argumentar a favor del tribunal especial expresando que con él se logra la especialidad, se atienden más casos y se asegura una participación más dinámica, efectiva y sin temores de la justicia en el control de la constitucionalidad. Pero todas estas cualidades se pueden obtener para los tribunales ordinarios por diferentes medios: creación de una sala especializada en la Corte Suprema, aumento del número de Magistrados, mejoramiento de locales, preparación del personal, garantía de independencia, etc. 70 Un Tribunal Constitucional representa mayores gastos en personal, edificios, etc., y un debilitamiento del Poder Judicial. En la reforma constitucional de 1995 fue rechazado, lo mismo que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. C. Atendiendo a las formas de proponerlo a) Sistema difuso En virtud de este sistema todos los jueces y tribunales de la justicia ordinarias, desde el de más inferior jerarquía hasta el Tribunal Supremo, pueden en la sentencia definitiva del juicio aplicar de preferencia la Constitución desechando la ley que se opone a ella. El interesado tiene a su favor los recursos ordinarios para atacar la sentencia y el recurso extraordinario de casación en el fondo cuando se violó la Constitución. El conflicto de la inconstitucionalidad se puede promover de oficio o a petición de partes. Son los dos formas de proceder de este sistema. Pueden ir acompañadas o separadas. Cuando el juez o tribunal inferior es el que declara la inconstitucionalidad, sus decisiones generalmente no forman jurisprudencia. Se soluciona este problema enviando el tribunal inferior copia de la sentencia firme para que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre la inconstitucionalidad y así declarar su criterio a favor o en contra y formar jurisprudencia, pero sin afectar la cosa juzgada, como ya expresamos. Así se deduce de la interpretación conjunta de los arts. 19 y 21 de la Ley de Amparo. En la Ley del 2 de julio de 1912 se disponía que los Jueces (locales o de distrito) o Tribunales (Tribunales de Apelación) que hubieren dictado sentencia en la que se negó la aplicación de una ley por juzgarla inconstitucional, y que hizo tránsito a cosa juzgada, debían enviarla a la Corte Suprema a los propósitos del recurso de casación en interés de la Ley, 71 es decir, con el fin de que ese Tribunal se pronuncie y

70 En Europa la creación de un Tribunal especial constitucional ha tenido éxito, pero no creo que se logre en nuestro país porque son otras las realidades. 71 La casación tiene las finalidades siguientes: a) La defensa del derecho objetivo mediante la aplicación correcta de la ley por los Jueces y Tribunales, con lo cual se pretende conseguir seguridad jurídica, la igualdad ante la ley y la supremacía del órgano legislativo. Es la función nomofiláctica. b) Uniformar la jurisprudencia, con lo cual también se logra seguridad e igualdad ante la ley. En la casación en interés de la ley (o denuncias de oficio como la denomina Calamandrei, Casación Civil, Ejea, Argentina, 1959, pág. 60) los efectos y propósitos se logran para el futuro porque la sentencia casada en virtud de este recurso sigue surtiendo efecto entre las partes. Por el contrario, la sentencia dictada por la Corte Suprema servirá para

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establezca jurisprudencia, pero ésta no afecta lo decidido definitivamente Inter partes. Si la Corte Suprema declara que la ley es constitucional en nada beneficia a la parte interesada que así lo sostenía en el juicio. Este es el sistema que ha seguido nuestro Derecho, acompañado de la casación y del recurso directo de inconstitucionalidad interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia contra las leyes y decretos, y el amparo contra actos u omisiones de autoridades no judiciales. En algunos países la proposición de la inconstitucionalidad ante Jueces o Tribunales inferiores suspende la tramitación del juicio y se traslada a la Corte Suprema la decisión de la inconstitucionalidad. Constituye una excepción de previo pronunciamiento que la falla este Alto Tribunal, aunque en ciertas legislaciones no provoca la suspensión pero el juez debe fallar de acuerdo con la disposición constitucional, pero éste ya no es propiamente el sistema difuso. b) Sistema directo ante tribunal especial constitucional Aquí la acción de inconstitucionalidad se entabla directamente ante un Tribunal especial y único encargado de conocer de esa materia. La inconstitucionalidad es el objeto principal de la acción y no es preciso que surja con ocasión de una controversia especial. c) Sistema directo ante la Corte Suprema Nuestras Leyes de Amparo han permitido que se recurra directamente ante la Corte Suprema de Justicia contra la inconstitucionalidad de la ley, decreto o reglamento. Pero no es un tribunal especial el que conoce, sino uno de la justicia ordinaria, el de mayor jerarquía. Este sistema tiene dos variantes: i) La inconstitucionalidad de la ley, decreto o reglamento puede ser propuesta por cualquier ciudadano independientemente de resultar o no perjudicado directamente. Es una acción abstracta, independiente de un caso concreto. Lo que legitima al proponente es simplemente la existencia de la oposición de la ley a la Constitución. Es lo que se conoce bajo el nombre de acción popular o pública.

decidir de acuerdo a su criterio otros casos semejantes. Este tipo de casación ha sido objeto de crítica, y Calamandrei en la citada obra (pág. 62) se abstiene de abordarla porque aparece desprovista de toda importancia práctica al punto de ser abolida del proceso penal. Manuel Ibáñez Frecham se alegra de que en su país no se haya acogido y la califica de casación simbólica (Los Recursos en el Proceso Civil, Editorial Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, 1957, págs. 271 y 272). Alcalá Zamora la combate duramente (Clínica procesal, Editorial Porrúa, S.A., México, 1982, págs. 76 y sigs.). En realidad, la casación en interés de la ley ha caído en desuso por su ineficacia práctica, se encuentra desprestigiada por el grave contraste entre la sentencia de casación y la del Tribunal de Instancia declarada injusta, pero que a pesar de ello conserva su fuerza vinculante y además tiene sustitutos. En materia constitucional este tipo de consulta es efectiva y beneficiosa. Antes de la Ley del 2 de julio de 1912 se podía usar del recurso de casación en interés de la ley interpuesto por el Ministerio Público para discutir la inconstitucionalidad. Aunque prácticamente ya no es necesario, aún sigue vigente este medio.

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La acción popular también se da en los sistemas de recursos directos de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema como en Colombia72 Venezuela73 y Nicaragua. La acción popular es abstracta, no requiere invocar interés. La acción popular se ha extendido a El Salvador, Panamá y algunas provincias argentinas. iii) La inconstitucionalidad sólo puede ser pedida por la parte perjudicada, o amenazada de serlo, por la ley Este sistema está vinculado al sistema difuso e individualista de la justicia constitucional. D. Sistemas declarativo y constitutivo a) Sistema declarativo En virtud de este sistema, la ley declarada inconstitucional es nula desde su aprobación (ab initio). Nace nula. Tal forma de operar de la nulidad le comunica a la sentencia naturaleza declarativa con plenos efectos retroactivos al tiempo en que se produjo la nulidad por la colisión entre la ley y la Constitución (ex tunc). La sentencia se limita a declarar que en ese momento surgió la nulidad. No existe la creación de una situación jurídica nueva.74 De todo lo cual se infiere que la ley desaparece para el pasado y para el futuro. Al no ser ley desde su nacimiento, carece de efectos para conceder derechos y protección jurídica e imponer deberes a los que actuaron de conformidad a ella. Por ejemplo, si fui condenado con base a una ley que posteriormente se declaró inconstitucional, no tengo que expiar la pena, aunque exista sentencia que hizo tránsito a cosa juzgada, pues, en supuestos como éstos, no se respeta.

72 Cfr. Jaime Sanín Greiffenstien, La Defensa Judicial de la Constitución. Editorial Temis, Bogotá, 1971, págs. 110 y sigs: Tulio Enrique Tascón, Derecho Constitucional colombiano, Editorial La Gran Colombia, 1994, págs. 295 y sigs. 73 Cfr. Humberto J. Laroche, Derecho Constitucional General, Maracaibo, 1969, págs. 110 y sigs.; Allan R. Brewer-Carías, “Introducción General al Régimen del Derecho de Amparo a los Deberes y Garantías Constitucionales”, págs. 11 y sigs., y Carlos H. Ayala Corao, “La Acción de Amparo Constitucional en Venezuela”, pág. 111 y sigs., ambos en Ley de Amparo, Derechos y Garantías Constitucionales, Editorial Jurídica venezolana, Caracas, 1988. 74 Cfr. Couture, Declaración Judicial de la Prescripción Adquisitiva. Estudios de Derecho Procesal Civil, Ediar, Argentina, 1949, t. II, págs. 357 y sigs.; Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Ediciones Depalma, Argentina, 1974, págs. 314 y sigs. En síntesis, sostiene que toda sentencia contiene una declaración del derecho como antecedente lógico que es de la decisión principal, incluyendo las que no dan lugar a la demanda porque declaran la inexistencia del derecho que el actor pretende y las de condena y constitutivas por cuanto se llega a ese tipo de decisión después de considerar y declarar la existencia de la circunstancia que determinaron la condena o la constitución de un estado jurídicamente nuevo. Pero la sentencia de mera declaración no va más allá de esa decisión, la que tiene por objeto la pura declaración de la existencia de un derecho. Acepta como declarativas o de mera declaración: la que declara la existencia de la falsedad de un documento, la que declara la inexistencia de una obligación, la de jactancia y la que reconoce la prescripción adquisitiva.

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Aplicado este sistema en forma rigurosa da pie a algunas injusticias y deja huérfanos de protección a actos que la merecen. Por eso se propugna a favor de su suavización. Pongamos un ejemplo: si realizo un acto considerado legal con base en una ley declarada posteriormente inconstitucional y ese acto ha dejado de ser lícito porque la ley anterior que pretendió derogar aquélla lo estima ilícito, deberé ser sancionado. La razón es muy sencilla: la ley que se pretendió derogar siempre existió y de acuerdo a su texto el acto que realicé es ilícito y sobre la base de ella tendré que ser perjudicado. Por el contrario, la ley inconstitucional sobre la base de la cual actué nunca existió. A fin de moderar esos rigores algunos autores han propuesto considerar la ley inconstitucional como anulable y no nula.75 Esto nos llevaría a sostener que la ley produjo efectos a los que se le deben protección, por lo que en el caso expuesto el acto que realicé será lícito y no podré ser sancionado. Pero en realidad esta posición más bien corresponde al sistema que a continuación desarrollaré. También se propone la aplicación de principios o figuras jurídicas como el error común, la legitimación, el enriquecimiento sin causa, el abuso del derecho y la cosa juzgada, excepto en lo penal. La tendencia doctrinal se encamina hacia la suavización de los principios de la no retroactividad y de la retroactividad, teniendo en cuenta un justo equilibrio entre la justicia y la seguridad jurídica. Ya vimos cómo se hizo en Austria (modestamente) con relación al primero y ahora con relación al segundo, en donde se permite la consolidación, con base a los principios señalados en el párrafo anterior, de ciertas situaciones fundadas en una ley posteriormente declarada inconstitucional con la finalidad de respetar la paz social y la estabilidad y certeza de las relaciones y situaciones jurídicas. b) Sistema constitutivo A diferencia del anterior, la ley declarada inconstitucional sólo desaparece para el futuro (ex nunc). Ésta se aplica a los actos y hechos realizados antes de ser declarada inconstitucional. No existen efectos declarativos y retroactivos de la sentencia que declara la nulidad; por el contrario, produce efectos constitutivos y para el futuro. El efecto que produce esta sentencia equivale al que surge de la derogación de la ley: la ley anterior declarada inconstitucional se aplica para los actos o hechos realizados antes de la derogación y la nueva ley, a los futuros. La nueva ley en esta técnica carece de efectos retroactivos.

75 Calamandrei llega a aceptar que en el sistema declarativo existe una nulidad de la ley y en el constitutivo una anulabilidad de la misma (Ilegitimidad Constitucional de las Leyes, ob. cit., t. III. Págs. 95 y sigs.).

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En el sistema anterior se considera a la ley inconstitucional como inexistente o nula absolutamente desde que se produjo la colisión. Por el contrario, en éste se considera anulable y, por lo tanto, existía y era válida hasta que se dictó la sentencia que la anula (anulabilidad), lo que equivale en sus efectos a una derogación a partir de este momento. Se aplican a este sistema las mismas reglas que rigen para el conflicto de leyes en el tiempo. Este sistema también tiene sus inconvenientes y se presta a injusticias. Lo sigue la actual Ley de Amparo y como ya vimos, es inconstitucional.76 Por esto se ha pretendido, con el fin de corregirlo, darle ciertos efectos retroactivos. En realidad de verdad sólo existen, propiamente hablando, dos sistemas de control de la constitucionalidad: el político y el jurisdiccional, los demás son características que pueden o no acompañar a uno u otro. Pero como el sistema político carece de aceptación y no lo seguimos, nos hemos limitado a exponer la posibilidad de combinación de ciertas características en los sistemas generales judiciales. Es posible que algunas de estas características estén presentes o no en los sistemas judiciales; pero generalmente, por razones de lógica, van acompañados así: el sistema de los tribunales ordinarios es difuso, surgen con ocasión de una controversia judicial, se limita a disponer la inaplicabilidad al caso de la ley inconstitucional y es declarativo con efectos retroactivos; el sistema de los tribunales especiales es directo, con efectos generales y constitutivos. Estos sistemas así formulados son antitéticos. 7. Atribuciones de los órganos constitucionales La materia que comprende esta disciplina es la siguiente: el control judicial de la constitucionalidad de las leyes (nuestro recurso de inconstitucionalidad); los recursos y procedimientos específicos para la defensa judicial de los derechos fundamentales contra los actos del poder público, ya sean legislativos, judiciales y ejecutivos, denominada justicia constitucional de las libertades, (nuestro amparo y habeas corpus); el juzgamiento de los funcionarios que de acuerdo con la Constitución gozan de inmunidad; resolución de los conflictos entre ciertos órganos de poder, denominada jurisdicción constitucional orgánica; los conflictos entre las disposiciones constitucionales internas y las de carácter internacional (comunitarias e internacionales), denominada jurisdicción supranacional. Albrecht Weber77 señala el núcleo de las competencias esenciales de la justicia constitucional; a saber: control de la constitucionalidad de las normas federales y/o estatales; conflictos federales o cuasi federales; conflictos de competencia entre órganos federales supremos; y recurso de amparo de los derechos fundamentales, con ocasión de la violación directa o indirecta de la Constitución. La presencia de cualquiera de estas competencias hace surgir la justicia constitucional y se atribuyen todas a un Tribunal Constitucional y delimitan en plenitud la competencia de éste.

76 Art. 18. 77 “La Jurisdicción Constitucional en Europa Occidental”, Revista Española de Derecho Constitucional, año 6, núm. 17, mayo-agosto 1986, págs. 5, 8 y 78.

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Junto a las competencias esenciales señala: los conflictos electorales,78 la adquisición y pérdidas de mandatos, las consultas populares, procedimientos especiales de protección de la Constitución, resolución de conflictos entre autoridades administrativas y Tribunales de Justicia o de éstos entre sí, así como otros procedimientos atípicos. Resulta difícil hacer una delimitación completa de las competencias del Tribunal Constitucional, pues en su fijación juegan factores políticos, económicos y sociales, pero sí es posible señalar la materia esencial que obedece su función. En resumen, en el sistema concentrado no todas las funciones de los Tribunales Constitucionales son de jurisdicción constitucional y en el difuso la generalidad de la actividad judicial no es constitucional. Conviene hacer una cierta referencia a la justicia internacional en donde los actos y leyes de los estados nacionales pueden ser revisados por un Tribunal internacional. Poco desarrollada debido a los obstáculos que opone el concepto de soberanía. Ha tenido sus principales manifestaciones lentas y restringidas en dos sectores: derechos humanos e integración económica. Ya fue creada la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos que toma como modelo la Comisión79 y la Corte Europea de Derechos Humanos, aunque tiene sus propias particularidades. La integración económica ha tenido poco éxito en Latinoamérica.

78 Son varios los sistemas de integración de los órganos electorales: a) El sistema político, caracterizado porque lo integran partidos políticos, tiene como ventaja brindarle al elector libertad para ejercer el sufragio sin presión por parte de los poderes del Estado y además logra una efectiva fiscalización de su pureza. Pero tiene como desventaja el peligro de que se quebrante la armonía de los organismos electorales por los apasionamientos políticos y las posibles alianzas de partidos para dañar la pureza del sufragio. b) El sistema administrativo, en virtud del cual los organismos electorales se integran con funcionamientos del orden administrativo. La materia electoral es objeto de un servicio administrativo. Es peligroso porque los miembros de los organismos electorales están expuestos a las presiones del poder central. No obstante, puede crearse un órgano independiente que garantice la imparcialidad y pureza de las elecciones. c) El sistema judicial, caracterizado porque es el Poder Judicial el encargado de aplicar la materia electoral. Su ventaja consiste en entregarla a personas expertas e imparciales, pero tiene la desventaja de recargar de trabajo al Poder Judicial al entregarle una materia compleja y además lo expone a las presiones políticas y a las críticas apasionadas. d) El sistema mixto. Es una combinación de los anteriores o de otras modalidades. Los organismos electorales se constituyen con funcionarios del Poder Judicial, funcionarios administrativos y representantes de los partidos políticos. Con este sistema se trata de corregir los inconvenientes de los sistemas anteriores. e) El sistema de un Poder Electoral encargado de hacer las elecciones, referendos y plebiscitos y conocer de sus impugnaciones, lo mismo que de la organización de los partidos políticos. Es el sistema que sigue nuestra Constitución y la Ley Electoral. El organismo superior (Consejo Supremo Electoral) funciona con magistrados nombrados por la Asamblea Nacional, y los órganos inferiores tienen representantes de los partidos. Es un sistema mixto. 79 Actualmente suprimida.