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Introducción
La problemática de la participación de la mujer en
la vida política e institucional no resulta menos
difícil que la búsqueda de fuentes para abordar
el tema. Y es que nuestro país vive envuelto
en elecciones municipales, legislativas (cada
36 meses), y presidenciales (cada cinco años);
y muchas de estas voces “autorizadas” están
inmersas en mayor o menor medida con diversos
movimientos partidarios y sus agendas se vuelcan
hacia esfuerzos proselitistas, como fue el caso de
la Asociación Nacional de Síndicas, Regidoras y
Alcaldesas de El Salvador (ANDRYSAS), que si
bien no deja de ser importante, lo es también
aprovechar todos los espacios para plantear su
plataformas reivindicativas y dedicarle tiempo a
esfuerzos como la presente investigación.
El sector privado no deja de ser menos reacio
a la investigación independiente, la Cámara de
Comercio e Industria de El Salvador, exigió una
serie de trámites y solicitudes de audiencia para
la indagación sobre la participación de la mujer
en cargos ejecutivos y conducción empresarial;
lo cual sí se logró pero sorteando la burocracia
interna y gestionando por otra vía menos formal
el dato requerido. El teléfono de la Gerencia de
Recursos Humanos del Banco Cuscatlàn jamás
dejó de sonar, pero nadie lo contestó, allí por más
que se intentó no se pudo acceder al funcionario
con el propósito de conocer la política interna
para equiparar las oportunidades de mujeres y
hombres.
Es importante decir que a lo largo de la historia
nacional, las mujeres han tenido una constante
lucha por sus derechos, y aunque hay progresos
éstos son insuficientes ante el galopante machismo
que aún golpea diversas esferas de la vida pública
y privada en El Salvador.
I. Breve reseña sobre el proceso histórico de la participación política de la mujer
Las jovencitas rebeldes, estudiantes de secundaria,
universitarias, campesinas, empleadas… que
tomaron la opción de las armas durante el
conflicto salvadoreño parecen haber atizado en
la conciencia nacional, la presencia y el rol de
LA MUJER SALVADOREÑA EN LOS PUESTOS GERENCIALES
“En El Salvador se sigue prefiriendo a los hombres para ocupar y desempeñar altos cargos, mientras que para una minoría de mujeres que llega a esas
posiciones romper este esquema aún sigue siendo difícil. El fenómeno es el mismo en el sector público como en el privado.”
Donatella Morales Revelo
64la mujer en los cambios políticos del país. Aquel
no fue un conflicto exclusivo de hombres, en
la batalla todos y todas demostraron la misma
fuerza y valentía. Ellas fueron las que coronaron
aquellas gestas de principios del siglo XX.
La participación política de las mujeres en nuestro
país comenzó a marcarse en el siglo recién
pasado y, aunque bisoña, ésta se mantiene en
un proceso evolutivo constante, quizá no como
la realidad demanda sino al ritmo que continúa
ejerciendo el poder político el hombre en nuestra
sociedad.
La historia registra diferentes etapas y momentos
en los cuales las mujeres salvadoreñas dan
muestras sobre el trabajo realizado, ya sea en
forma individual o colectiva para exigir derechos
políticos y promover su participación en las
instancias de poder público y privado.
En el país, las mujeres reclaman su derecho
de ciudadana desde el año de 1922, cuando
cientos de mujeres salen a las calles a protestar
pacíficamente para poder ejercer el sufragio y
como respuesta a sus demandas son brutalmente
ametralladas por el gobierno de esa época.
En 1930, Prudencia Ayala se postula como la primera
mujer candidata a la presidencia de la república.
Ella fue una luchadora de los derechos de la mujer
y, por tanto, exigía sus derechos políticos de ser
electa y votar. Sin embargo, su atrevimiento le
costó duras críticas y el rechazo de la sociedad
machista de entonces. Otro acontecimiento relevante
en ese mismo año fue la colaboración de cientos
de mujeres en la organización del entonces Partido
Comunista Salvadoreño.
Fue en 1939 cuando las mujeres obtienen
constitucionalmente su derecho al voto. Y aunque
tutelado por la Constitución de la República,
éste fue un privilegio para mujeres mayores
de 25 años, casadas, y para aquellas mayores
de 30 años, solteras, con estudios superiores al
sexto grado.
No fue sino hasta mayo de 1947 que un grupo de
mujeres funda la Liga Femenina Salvadoreña. La
primera batalla librada fue obtener su personería
jurídica y de allí en adelante emprenderían
sus luchas por la defensa y protección de los
derechos de la mujer, el niño y la niña. Años
después, la Liga Femenina logró la aprobación
de reformas a la Constitución de 1950 y entonces
se reconocen los derechos de ciudadanas a las
salvadoreñas. Asimismo, con las enmiendas a la
Constitución se incorpora legalmente el derecho
al voto sin restricciones.
Después de la conquista de 1950, del acceso
a cargos de dirección en el gobierno iniciado
en los años sesenta, del significativo paso a
cargos de elección popular desde la década de
los años ochenta y de la participación de la
mujer en concejos municipales, desde los años
noventa no se registran avances significativos en
la participación de la mujer en la vida política
y pública de El Salvador sino por el contrario,
alarmantes retrocesos.1
En la década de los noventa, las mujeres se
expresan «organizadamente por sus propias
necesidades e intereses estratégicos con una visión
de género que contribuye a generar espacios
1 Informe Alternativo de Monitoreo a la CEDAW de El Salvador.
65de participación política de las mujeres y la
aprobación de leyes, decretos e instituciones que
favorecen el avance del proceso de igualdad real
entre hombres y mujeres en la sociedad».2
La década de los noventa se caracterizó por
cambios importantes en el país, principalmente
por la firma de los Acuerdos de Paz en 1992,
dando «lugar al surgimiento y fortalecimiento
de los movimientos de mujeres orientados
fundamentalmente a la lucha por sus
reivindicaciones, lo que también les permitió
expresar su descontento ante lo omisión de su
aporte histórico al proceso de democratización
del país».3
Entre 1990 y el 2000 se crean otras organizaciones
de mujeres como Asociación de Mujeres por la
Dignidad y la Vida (LAS DIGNAS), el Movimiento
de Mujeres “Mélida Anaya Montes” (MAM),
Instituto de Estudios de la Mujer “Norma
Virginia Guirola de Herrera” (CEMUJER),
organismos gremiales como la Asociación
Nacional de Síndicas, Regidoras y Alcaldesas
de El Salvador (ANDRYSAS), la Asociación de
Parlamentarias y Exparlamentarias de El Salvador
y otras agrupaciones de carácter local, regional
y nacional.
Asimismo, en 1996 se funda el Instituto
Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer
(ISDEMU), como parte de los compromisos
adquiridos por el Gobierno en la Plataforma de
Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre
la Mujer, de Beijing, en 1995, y se formula la
Política Nacional de la Mujer como un esfuerzo
conjunto de las organizaciones de mujeres,
sociedad civil y el ISDEMU.
El objetivo general de la Política Nacional de la
Mujer propone mejorar la condición y elevar la
posición de las mujeres salvadoreñas, logrando
que su participación en el desarrollo nacional
tenga lugar con igualdad de oportunidades
respecto de los hombres y promoviendo la
corresponsabilidad entre los géneros.
En cuando a los objetivos específicos, el número
4.2.5 se refiere a propiciar el incremento de la
participación social y política de las mujeres,
fomentando el ejercicio de sus derechos civiles
y políticos y promoviendo el liderazgo femenino,
para lograr una igualdad de acceso de poder
entre mujeres y hombres.
Sin embargo, el ISDEMU hasta la fecha no ha
logrado jugar el rol de organismo rector de la
Política Nacional de la Mujer y el Informe Alterativo
de Monitoreo a la Convención sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer (CEDAW) de El Salvador, lo expresa
así: el ISDEMU no tiene la capacidad jurídica ni
presupuestaria para definir ni implementar una
política global contra la discriminación que sea
asumida por las diferentes instancias del Estado
y de la administración pública.
“En los últimos 10 años se inicia un proceso
de reflexión, sensibilización y aceptación de la
necesidad de que las mujeres sean parte de la
sociedad y como tal debe ser considerada su
condición y posición en los procesos de desarrollo
local, regional y nacional”.4
2 Mujeres salvadoreñas en la política de los gobiernos locales: Lecciones aprendidas, Colección Género No. 1, FUNDAUNGO.
3 Alternativas para el Desarrollo, julio–agosto 2003 No. 84, Fundación Nacional para el Desarrollo.(FUNDE).
4 Idem.
66América Romualdo, coordinadora del Programa
de Proyección de la Asociación de Mujeres por
la Dignidad y la Vida (LAS DIGNAS), expresa
que en 1994 el movimiento de mujeres adquirió
distintas formas de organización pero con el
interés común de crear plataformas para exigir
la participación política de la mujer.
«Si se iba a construir un nuevo país, uno de
los puntos claves de la democracia era que las
mujeres, que somos más del 50 por ciento de la
población, tuviéramos derecho a ser representadas
en cargos donde se toman las decisiones del
país», reclama Romualdo.
En ese año se convocaron a las primeras elecciones
presidenciales de posguerra con la participación
política del Frente Farabundo Martí para la
Liberación Nacional (FMLN); en esa coyuntura
se crea la iniciativa denominada «MUJERES
94», a través de la cual se lanza una plataforma
reivindicativa común denominada «Plataforma
de las Mujeres Salvadoreñas», con el propósito
de contar con un espacio en la vida política del
país y con el objetivo de aglutinar una amplia
gama de organismos de mujeres y de aquellas
no organizadas para incidir políticamente en la
coyuntura electoral de ese año.
“Exigíamos un 50 por ciento de participación en
todos los cargos de elección popular y en los
de asignación o de elección de segundo grado”,
recuerda América Romualdo de Las Dignas.
Con la Plataforma 94 las mujeres militantes del
FMLN negociaron reformas a los estatutos de su
partido en torno a la representación y lograron
una cuota mínima del 35% de mujeres en todos
los puestos de decisión interna del partido y de
decisión popular5 .
En las elecciones de 1997 y 2000 se conforma
otra alianza, la Iniciativa de Mujeres por la
Igualdad en la Participación Política, y se diseña
la Plataforma de Mujeres 1997–2000 que incorpora
nuevas demandas, entre ellas: crear espacios de
representación política de las mujeres que sean
alternativos a los existentes y reformas al Código
Electoral. Esta plataforma prácticamente es la
continuación de la Plataforma de las Mujeres
Salvadoreñas 1994, iniciativa que surge en el
seno de LAS DIGNAS.
Sin embargo, las reformas al Código Electoral
para garantizar un mínimo del 40 por ciento
de participación de las mujeres han quedado
engavetadas y quienes toman las decisiones en
los partidos políticos argumentan que es «indigno
para una mujer llegar a un cargo por cuotas, se
debe llegar por méritos, no porque les regalen
el cargo», recuerda Romualdo.
Al respecto, la Convención sobre los Derechos
Políticos de la Mujer, condena la discriminación
que sufren las mujeres en el ámbito de las
libertades y los derechos políticos.
Por su parte, la Convención sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación de la Mujer,
reconoce en este tratado la exclusión y restricción
que ha sufrido y sufre la mujer en todos los
campos de la vida por su razón de sexo.6
5 Alternativas para el Desarrollo, julio–agosto 2003 No. 84 Fundación Nacional para el Desarrollo.
67A pesar de los esfuerzos realizados a través de las
plataformas reivindicativas, convenciones suscritas y
ratificadas por el Estado salvadoreño para promover
y potenciar a la mujer, los resultados electorales
para el periodo 2000–2003 mostraron otra realidad
en contraste con la anterior Asamblea Legislativa
(1997-2000), cuando la participación de las mujeres
alcanzó el 17% frente a un 83% de hombres de
un total de 84 diputaciones.
En la actual Asamblea 2003-2006, solamente
participa un 9.5% de mujeres frente a un 90.5% de
hombres. Ha habido pues, una drástica reducción
cualitativa y cuantitativa de participación de
mujeres en dicho Órgano del Estado7 .
Empero es importante advertir que la tendencia
a la exclusión de las mujeres parlamentarias
persiste tanto en la Junta Directiva como en la
Comisión Política, las dos estructuras internas
donde se concentra el poder real. Actualmente
sólo una Diputada forma parte de esas instancias.
Eso sí, pronto una mujer se convertirá en la
primera alcaldesa de la capital salvadoreña tras
una reñida justa con el candidato del partido de
derecha gobernante del país.
En las elecciones del 12 de marzo de 2006,
14 mujeres candidatas (16.6%) fueron electas
diputadas a nivel nacional para integrar
la Asamblea Legislativa 2006–2009 de un
total de 84 escaños. Ocho provienen del
Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional (FMLN), cinco de Alianza Republicana
Nacionalista (ARENA) y una del Partido de
Conciliación Nacional (PCN).
6 Informe sobre la participación política de las mujeres en El Salvador, Las Dignas, agosto de 2004.
7 Informe Alternativo de Monitoreo a la CEDAW de El Salvador.
Gráfico No. 1
Mujeres electas a la Asamblea Legislativa, 2000–2009
0 5 10 15
2000 - 2003
2003 - 2006
2006 - 2009
Gráfico No. 1Mujeres electas a la Asamblea Legislativa, 2000–2009
Fuente: elaboración propia, LPG, 14.03.06
De igual modo se observa la misma tendencia
de discriminación hacia las mujeres que participan
en concejos municipales o gobiernos locales y en
la medida que aumenta la importancia del cargo
disminuye la presencia de las mismas.
Actualmente un 6.5% de las alcaldías están
dirigidas por mujeres; el 12 % son Síndicas y un
20% Regidoras, según datos del Informe sobre la
Participación de las Mujeres en El Salvador.
En las elecciones recién pasadas, de 262 municipios
nuevamente se eligieron a 17 mujeres para
administrar las alcaldías; 16 alcaldesas buscaron
la reelección o continuidad en los gobiernos
municipales, pero solamente nueve recibieron el
respaldo de la población electora. Sin embargo, la
participación de la mujer continuará siendo escasa
y mantendrá la misma cuota en los gobiernos
locales con relación a la elección 2003-2006.
68Esto puede considerase un indicador para orientar
y reforzar las acciones que se desarrollan, no
sólo para incrementar la participación de la
mujer sino para eliminar los obstáculos que
impiden el acceso real de las mujeres a cargos
de elección popular.
La Asociación Nacional de Síndicas, Regidoras
y Alcaldesas de El Salvador (ANDRYSAS), que
nace con visión y vocación pluralista, reúne a
todas las mujeres funcionarias municipales de
los principales partidos políticos. Esta asociación
forma parte de una red de instituciones que
realizan acciones positivas para fortalecer las
capacidades de las funcionarias y promover la
participación de las mujeres.
ANDRYSAS capacita a sus asociadas sobre
temas de desarrollo local y gestión municipal
con equidad, y a su vez tiene incidencia en los
gobiernos locales para la elaboración y negociación
de propuestas de políticas públicas municipales,
orientadas por los principios de equidad de
género y no discriminación, y además trata
de promover que más mujeres se animen a la
participación política.
Algunos municipios como Suchitoto, San
Salvador, Soyapango, Santa Tecla y Zacatecoluca,
ya cuentan con una Política de Equidad de
Género, Ordenanzas para la transparencia en la
Gestión Municipal y espacios de participación
ciudadana.
También se han creado mecanismos como
concejalías, secretarías o mesas de mujeres donde
se discuten y formulan propuestas para resolver
problemáticas que limitan la participación de
las mujeres en los diferentes espacios de toma
de decisiones.
II. Participación política de las mujeres
La autora María Candelaria Navas, en su
ponencia sobre “Elementos para elevar la
participación política de las mujeres”, se
refiere a la participación como todos aquellos
actos o quehaceres que hacen de las mujeres
protagonistas de los diversos procesos sociales
mediante su intervención en actividades socio-
económicas, políticas y culturales de la vida de
una localidad o de la nación. La participación
puede ser organizada o no, y puede implicar
interactuar con el Estado o no.
0
5
10
15
20
25
2000 - 2003 2003 - 2006 2006 - 2009
Gráfico No. 2
Número de alcaldesas electas,
2000-2009
Gráfico No. 2
Número de alcaldesas electas, 2000-2009
Fuente: elaboración propia, LPG, 18.03.06
Gráfico No. 3
Mujeres y hombres electos a la Asamblea
Legislativa (2003)
0 50 100
Hombre
MujerPropietario
Fuente: Informe sobre la participación política de las mujeres en El Salvador, Las Dignas, agosto de 2004.
69La participación política se puede entender
como la pertenencia a algún partido político,
sindicatos, estructuras de poder, vida asociativa
y movimiento sociales. Uno de los factores que
dificulta la participación política de las mujeres
es la forma en que está estructurado el sistema
político, económico y social con presencia
predominantemente masculina. Pero si no se
incluye equitativamente a la mujer no se puede
hablar de democracia y las estrategias y acciones
para impulsar su participación continuarán siendo
insuficientes.
En los últimos cuatro años se ha experimentado
un descenso de la presencia de las mujeres en
la política, solamente dos mujeres de cada diez
personas están en puestos claves del gobierno.
En la actual administración del presidente
Elías Antonio Saca, dos mujeres tienen
rango ministerial la Licenciada Darlyn
Meza y la Licenciada Yolanda de Gavidia,
en Educación y Economía, respectivamente.
Y aunque el presidente Saca cuenta con
la Licenciada Ana Vilma de Escobar en
la Vicepresidencia de la República, quien
encabeza una lista de 12 mujeres que se
desempeñan como Comisionadas de la
Gobernabilidad, Agricultura, Desarrollo Social
o presidentas de instituciones autónomas o
semi-autónomas, esa presencia de mujeres no
significa necesariamente la implementación
de políticas sectoriales hacia la mujer
salvadoreña.
La gestión presidencial de Francisco Flores, en
1999, inició con tres mujeres ministras sobre un
total de diez ministerios, lo que significó un 30%
que se redujo posteriormente al 10%.8
Dos de los tres cargos principales del Ministerio
Público son ocupados por hombres, el Fiscal
General de la República, Licenciado Romeo
Barahona, y el Procurador General de la
República, Licenciado Marcos Gregorio Sánchez
Trejo; una mujer ocupa el cargo de Procuradora
para la Defensa de los Derechos Humanos,
la Doctora Beatrice Alamanni de Carrillo,
constituyendo la participación de la mujer en
el Ministerio Público un 33.33%.
II.1 Sobre los puestos de “relleno” para las
mujeres
América Romualdo, de LAS DIGNAS, y la
Licenciada Nora Montoya, Consejal Propietaria
representante del gremio de Magistrados de
Cámaras de Segunda Instancia y Jueces de
Primera Instancia y de Paz, dentro del Consejo
Nacional de la Judicatura (CNJ), coinciden en
que la situación es preocupante y aseguran
que, desde 1994 y 1997 que las organizaciones
femeninas impulsaron plataformas para elevar
la participación política, ésta aún no se ha
logrado.
Aunado a la poca participación de las mujeres
en cargos de elección popular y de segundo
grado, también hay que tomar en cuenta que
los partidos políticos colocan a las mujeres en
puestos de «relleno», es decir en cargos donde
realmente no van a ser electas. América Romualdo,
aseguró que esta práctica ya fue denunciada por
LAS DIGNAS.
8 Informe Alternativo de Monitoreo a la CEDAW de El Salvador
70Nora Montoya, opina que no hay ningún esfuerzo
por dar el mismo acceso a las mujeres, no obstante
que se han suscrito y ratificado convenciones
y se tienen instrumentos internacionales que
respaldan esa participación.
El Salvador ratificó el 2 de junio de 1981 la
Convención sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW), por lo cual desde ese momento
se convirtió en Ley de la República de El
Salvador, estando comprometido el país en
adecuar leyes, adoptar medidas, definir políticas,
planes, programas y estrategias que respondan
nacionalmente al espíritu de la CEDAW, con el
objetivo de erradicar tanto del ordenamiento
jurídico como de sus prácticas institucionales,
todas aquellas acciones que directa o por resultado
signifiquen discriminación contra la mujer en el
ámbito público como privado.
Una de las entrevistadas agregó que tanto en
instituciones públicas como en privadas hay
siempre preferencias por dar cargos gerenciales o
de dirección a los hombres dejando en segundas
posiciones a las mujeres. En cuanto a los salarios,
afirma que en el sector público no se siente
la discriminación puesto que hay una Ley de
Salarios, según la cual es el cargo o el puesto
el que tiene asignado el salario y no se puede
negociar. Sin embargo, en la empresa privada si
existe disparidad entre el salario de un hombre
y el de una mujer, no obstante que ejerzan el
mismo puesto.
En cuanto a cargos de elección popular:
«Tradicionalmente las mujeres se sitúan en los
últimos puestos de la lista, aspecto que tiene
que ver con la posibilidad real de salir electas,
y no exclusivamente para servir de «relleno»
en las listas electorales, dice el Informe sobre
la Participación Política de las Mujeres en El
Salvador de Las Dignas.
El Informe señala que el primer cuello de botella
que encuentran las mujeres para el acceso a
los puestos políticos de responsabilidad, es la
dificultad para que los partidos las candidaticen;
en segundo lugar, las mujeres son tradicionalmente
colocadas en mayor proporción para puestos
secundarios como son las suplencias, tanto a
nivel de la Asamblea Legislativa como de los
concejos municipales; por último, cuando acceden
a candidaturas propietarias, generalmente se trata
de posiciones con discutibles posibilidades reales
de resultar electas.
II.2 Sobre el llamado “techo de cristal”
En El Salvador se sigue prefiriendo a los hombres
para ocupar y desempeñar altos cargos, mientras
Gráfico No. 4
Porcentaje de mujeres candidatas a la Asamblea
Legislativa, por partido político (2003)
0 50 100 150 200
Propietarias
Suplentes
ARENA
FMLN
PCN
PDC
CDU
Gráfico No. 4Porcentaje de mujeres candidatas a la Asamblea Legislativa,
por partido político (2003)
Fuente: Informe sobre la Participación Política de las Mujeres en El Salvador, LasDignas, agosto de 2004.Fuente: Informe sobre la Participación Política de las Mujeres en El Salvador, Las Dignas, agosto de 2004.
71que para una minoría de mujeres que llega a
esas posiciones romper este esquema aún sigue
siendo difícil. El fenómeno es el mismo en el
sector público como en el privado.
El llamado “techo de cristal» genera un límite
a la inserción de mujeres en puestos de alta
jerarquía y responsabilidad porque han sido
espacios manejados exclusivamente por hombres.
Para la concejal Nora Montoya, el proceso ha
sido lento pero poco a poco se va avanzando
en posiciones que históricamente han estado
ocupadas por hombres. Y cree que si una mujer
ocupa un cargo por su capacidad y por su
trabajo en iguales condiciones que un hombre,
se fortalece a las demás mujeres y se crea un
compromiso con doble responsabilidad, ya que
además de demostrar que se es capaz como
funcionaria, también lo es como mujer.
La Concejal del CNJ reconoce que la representación
femenina en la actual Corte Suprema de Justicia
es mínima, de 15 miembros que integran el
máximo Órgano de Justicia únicamente dos son
mujeres: la Doctora Victoria Marina de Avilés,
de la Sala de lo Constitucional y ex procuradora
para la Defensa de los Derechos Humanos, y la
Licenciada Mirna Antonieta Perla Jiménez, de la
Sala de lo Civil.
La representante del gremio de Magistrados y
Jueces expresó que “nos hemos conformado con
una cuota únicamente de dos mujeres, después
abrirse el proceso de elecciones de 1994”, y cita
otro caso como ejemplo, en el propio Consejo
Nacional de la Judicatura. Dos mujeres concejalas
concluyeron su periodo de tres años, pero sólo
una mujer ingresó al nuevo Pleno del Consejo
para el periodo 2005-2007. La decisión fue tomada
por la Asamblea Legislativa.
Todo ello a pesar de que desde las estrategias
en Nairobi se orienta a los gobiernos para que
aseguren una igualitaria participación en todos
los cuerpos legislativos nacionales y locales, y
se llama a la equidad en el nombramiento, la
elección y promoción a puestos de alto nivel en
los órganos ejecutivo, legislativo y judicial.
Por su parte, la Plataforma de Acción de
Beijing, llama a los Gobiernos, al sector privado,
partidos políticos, sindicatos, organizaciones no
gubernamentales nacionales e internacionales a
adoptar medidas para garantizar a la mujer igualdad
de acceso y plena participación en las estructuras
de poder. Y entre las medidas que recomienda,
se incluye establecer el objetivo del equilibrio
entre mujeres y hombres en los órganos y comités
gubernamentales así como en las entidades de la
administración pública y en la judicatura.9
Sin embargo, las observaciones de la Plataforma
de Beijing no han sido adoptadas ya que en las
magistraturas de Cámara o de segunda instancia,
las mujeres alcanzan un 9% de los cargos; en
los tribunales de primera instancia, un 30 %
son mujeres juezas; en los tribunales de paz,
un 44 % son mujeres, a nivel nacional, según
el Informe Alternativo de la CEDAW.
A excepción de la Corte Suprema de Justicia, la
tendencia en el Órgano Judicial constituye una
discriminación cualitativa ya que se determina a
mayor jerarquía, menor participación de mujeres
9 Navas, María Candelaria. Elementos para elevar la participación política de las mujeres.
72
10 Informe Alternativo de Monitoreo a la CEDAW de El Salvador11 Arly Faundes Berkhoff y Hugo Laboral, El Economista, febrero
de 2005.
en cargos de dirección y decisión. No existe
legislación que establezca acciones positivas en el
ámbito del Órgano Judicial para la participación
de mujeres.10
En el proceso de elección de candidaturas a
magistrados o magistradas a la Corte Suprema
de Justicia 2006, el gremio de abogados propuso
a 12 mujeres y 45 hombres de 57 puestos. Los
actuales candidatos y candidatas serán electas
para un periodo de 9 años. Las elecciones se
realizaron el sábado 18 de marzo (2006) y los
primeros dos puestos de los quince electos, el
primero y segundo lugar fueron ocupados por
mayoría de votos por dos mujeres, una magistrada
de cámara y una asesora de la Corte Suprema de
Justicia, el tercer lugar lo ocupó un hombre. Es
un resultado claro de las elecciones del gremio
de abogados, que igualmente, puede ser alterado
por decisión política del Órgano Legislativo.
III. Los puestos de trabajo en la empresa
Un estudio realizado por la Unidad Mujer y Desarrollo
de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL), expresa que “si bien existen ciertos
cargos considerados adecuados…, hay otros que
les están vedados.» 11
La empresa privada no está exenta de este
fenómeno, y si bien es cierto que la conducción y
dirección de la Cámara de Comercio e Industria
de El Salvador recae en la Señora María Elena
de Alfaro, presidenta por segundo período,
solamente dos mujeres más ocupan cargos de
dirección en 16 plazas.
El último censo que realizó la Cámara en 1,900
empresas asociadas tuvo lugar en 1999 y el
resultado fue revelador: sólo 50 mujeres ocupaban
cargos de dirección o ejecutivos. Desde entonces
esta gremial no ha implementado un nuevo censo
para identificar el protagonismo de la mujer en
la empresa e industria salvadoreñas.
La Cámara cuenta con un Comité de Empresarias,
integrado exclusivamente por mujeres; su objetivo
es promover el liderazgo dentro del sistema de
libertades con una visión de complementariedad y
corresponsabilidad, basado en principios, valores
y ética empresarial.
El Licenciado Roberto Artavia, rector del
INCAE, dice en su artículo de opinión “Mujer y
Liderazgo“, publicado en la Revista El Economista
de febrero de 2006, que “la igualdad de derechos
y oportunidades no es sólo un ideal feminista,
es una responsabilidad de todos y todas para
alcanzar el más pleno potencial de nuestro
capital humano“. Pero los hechos demuestran
que en la medida que sube el perfil del cargo,
la presencia de la mujer va disminuyendo y el
hombre nuevamente toma esas posiciones.
III.1 Las dobles o triples jornadas de trabajo
América Romualdo, señala que la doble o
triple carga de trabajo de la mujer y los apuros
económicos limitan el tiempo o la oportunidad
que puede tener para participar. Milena Calderón
de Escalón, diputada por el partido Alianza
Republicana Nacionalista (ARENA), confirma
este señalamiento ya que está comprobado que
uno de los obstáculos que tienen las mujeres
73para participar en cargos de elección popular
son las obligaciones en el cuido del hogar.
Por su parte, Ileana Rogel, diputada por el partido
Frente Democrático Revolucionario (FDR), afirma
que el Estado no da la asistencia, ni los recursos
suficientes para garantizar que las mujeres cuenten
con condiciones para participar en la política.
Asegura que lleva más de tres años insistiendo
en que se hagan esfuerzos por aprobar un
presupuesto con perspectiva de género, es decir
un presupuesto que permita garantizar que todos
los recursos públicos atiendan las demandas
y las necesidades de mujeres y hombres con
énfasis en los grupos sociales más vulnerables
de la sociedad.
Blanca Flor Bonilla, diputada por la fracción
del FMLN, considera que el atraso que se tiene
es en el acceso de los derechos de la mujer. Si
no hay una política más directa de apoyo para
su desarrollo integral, que cuente con ingresos
seguros para sentir estabilidad económica y pueda
dedicarse a capacitar, las mujeres difícilmente
lograrán salir de la situación de marginación y
pocas oportunidades.
IV. Conclusiones
En conclusión, las mujeres deben retomar un
papel más protagónico intensificando sus luchas
reivindicativas y el cabildeo social y político
para lograr mayor acceso a cargos de poder y
fomentar la participación política en general;
las organizaciones de mujeres deben continuar
acompañando a la mujer que se encuentra dentro
de las esferas de poder y apoyar a aquellas que
quieren acceder con más dinamismo a éstas;
de allí que sea impostergable que se instaure
un organismo coordinador capaz de conjuntar
los esfuerzos dispersos en esta vía y con el
compromiso de fiscalizar y dar seguimiento al
trabajo de las funcionarias públicas en cargos de
alcaldesas, sindicas, regidoras y diputadas, así
como a funcionarias gubernamentales.
Igual de importante es que sean fiscalizados
los funcionarios públicos, los hombres, porque
tampoco se puede dejar hacer y dejar pasar
políticas públicas que no contemplen el enfoque
de género, siendo el Estado salvadoreño suscriptor
de convenios y tratados internacionales, que
también son leyes de la república.
Se debe poner en marcha campañas de educación
cívica para informar a las mujeres la importancia
de su participación en el ámbito político, así como
incentivarlas a participar en los procesos electorales
y que los partidos políticos proporcionen más
información sobre las candidatas, los candidatos
y programas de gobierno.
Pero además, se debe modernizar el marco legal
vigente para flexibilizar la participación y la
presencia de las mujeres, permitiendo impulsar
leyes de cuota a favor de las mujeres en cargos
de representación popular para compensar
el desequilibrio que favorece al hombre en
detrimento de los derechos de la mujer y, por otra
parte, se debe implementar un estudio sobre los
procesos de globalización y apertura de mercados
y su impacto en el desarrollo socioeconómico de
la mujer salvadoreña.
En alguna medida, la toma de decisiones y la
promoción de los cambios en esta línea sortearán
74los obstáculos que impiden la participación
de las mujeres, con el propósito de salir del
estancamiento y retroceso de las conquistas de
principios y mediados de siglo XX y de las luchas
que aquellas jovencitas rebeldes impulsaron desde
los albores de la guerra salvadoreña.
V. Recomendaciones
Las organizaciones de mujeres de El Salvador
deberán impulsar una estrategia de comunicación
y educación sobre los derechos de la mujer, no
sólo a nivel de medios masivos de comunicación
social sino ante las comunidades e instituciones
públicas como la Procuraduría General de la
República y la Procuraduría para la Defensa de
los Derechos Humanos, universidades y partidos
políticos, los que a la postre son los que toman
las decisiones trascendentales desde el Órgano
Legislativo.
En la medida que la sociedad civil conozca sobre
los derechos humanos y civiles de las mujeres,
más sectores tendrán el espacio para respaldar
las iniciativas de cambio que aún esperan miles
de mujeres en nuestro país. No es posible que
viejos paradigmas, como la crianza de las niñas,
esté enfocada en los roles domésticos que como
adulta asumirá al salir del fuero familiar. En tal
sentido, en el sistema educativo nacional también
deben impulsarse cambios radicales.
Bibliografía
-Alvarenga, Ligia. Mujeres salvadoreñas en la política de
los gobiernos locales: Lecciones aprendidas, Colección
Género No. 1, FUNDAUNGO.
-Arana, Rubí Esmeralda; Santacruz Giralt, María L.
Opinión pública sobre el sistema político del país y la
participación de la mujer en la política, Colección Género
No.2, FUNDAUNGO.
-Fundación Arias para la Paz y el Desarrollo Humano.
Un paso más hacia la igualdad real, Ley de Promoción
de la Igualdad Social de la Mujer.
-Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE).
Alternativas para el Desarrollo, No.84 julio–agosto,
2003.
-Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer
(ISDEMU). Política Nacional de la Mujer, septiembre
1997.
-Navas, María Candelaria. Elementos para elevar la
participación política de las Mujeres, ponencia, febrero
2005.
-Política Nacional de la Mujer, Instituto Salvadoreño para
el Desarrollo de la Mujer, septiembre 1997.
75
Preámbulo
El trabajo doméstico es, desde tiempos remotos
la forma más inobjetable de invisibilización de
la mujer en Latinoamérica y, por consiguiente,
en nuestro país.
“En la época colonial, según se ha investigado,
una de las formas de explotación impuesta por
las autoridades fue el repartimiento de hilazas, de
hilados o algodón, lo que recaía directamente en
las mujeres indígenas, a quienes se les obligaba en
un principio a convertirlo en hebras para mechas
de candela y, posteriormente, a producir un hilo
delgado y apretado más apropiado para tejer. En
un inicio se realizaba sólo un repartimiento por año,
pero ya en el siglo XVII eran cuatro y el algodón
se distribuía en todas las viviendas para que las
mujeres indígenas lo procesaran, lo que significa
que la explotación vino en aumento conforme se
fue ampliando y diversificando la demanda del
mercado internacional.
Por aquella carga laboral, las mujeres indígenas
recibían una paga tan mísera como arbitraria,
pero hubo algunos alcaldes y posteriormente
corregidores que impusieron la tarea de forma
gratuita y su cumplimiento pasaba por la
intimidación y el azote cuando había retrasos en
la entrega del hilo, y eso independientemente de
que la indígena recibiera paga o no. Tampoco
importaba si las mujeres eran ancianas, viudas,
enfermas o embarazadas, es decir que la carga
laboral así como el castigo recaían en todas las
mujeres por igual”.
Además de lo anterior, la tan sola presencia de
españoles en estas tierras supuso un incremento
en la carga del trabajo doméstico de las mujeres,
pues se sabe que pasaron muchos años para
que la corona española permitiera la llegada
de mujeres peninsulares a sus colonias recién
establecidas en el Nuevo Mundo. Y mientras
aquella real prohibición estuvo vigente, fueron
las mujeres indígenas las que debieron asumir
la preparación de alimentos, el aseo de ropas
y el cuido de los sitios de alojamiento de las
huestes extranjeras.
Tal como podrá inferirse, pese a los ideales
liberales que habían sustentado la Carta Magna
de la naciente república, durante esa época la
mujer ya había sido reducida abiertamente al cubil
MUJERES Y TRABAJO DOMÉSTICO EN EL SALVADOR
Jeannette Urquilla Guzmán“ El trabajo doméstico remunerado constituye una
de las primeras ofertas laborales a las que recurren las mujeres, por lo que junto a las que laboran en el comercio informal y en la maquila, requieren al mas
corto plazo de medidas pertinentes por parte del Ministerio de Trabajo”
76doméstico donde el hombre ejercería su dominio.
No hubo, pues, desde los orígenes del Estado,
un marco jurídico que abogara por la igualdad
de condiciones laborales entre hombres y mujeres
o, mejor dicho, que evitara el abuso del esclavismo
disfrazado, como en realidad debería llamarse al
trabajo doméstico, ya sea remunerado o no, dado
que además de sojuzgarla individualmente también
ha venido reproduciendo de manera implícita
relaciones sociales de subordinación de las mujeres
con respecto a los hombres, abriendo la brecha
para que con frecuencia se vean afectadas por
prácticas inhumanas como las agresiones físicas,
psicológicas y sexuales.1
Dilucidar la situación actual de las mujeres
salvadoreñas que tienen atada su existencia
a esta forma de trabajo precario, es uno de
los propósitos de este artículo, lo que no sólo
permitirá una aproximación al problema sino
también establecer líneas de acción congruentes
con el hecho de lograr el cumplimiento de
los compromisos internacionales ratificados
por el Estado salvadoreño y que se refieren,
específicamente, a eliminar la discriminación contra
las mujeres y la falta de equidad, entre otros.
Si bien el objetivo de este trabajo lo constituye
el analizar las condiciones de trabajo de las
mujeres en el servicio doméstico remunerado,
no se puede ignorar que este tiene a la base
factores socioculturales basados en el sexo,
que han sustentado social e históricamente la
asignación de roles productivos y reproductivos
y que el trabajo doméstico precisamente ha
sido considerado una extensión del trabajo
reproductivo de las mujeres y por consiguiente
poco valorado.
La legislación nacional y trabajo doméstico remunerado
A diferencia del proceso de conquista del derecho
al voto de la mujer –que comenzó en la década
del treinta del siglo pasado, pero que se concreta
hasta en 1950–, la Constitución promulgada ese
año solamente dejó en tinta los preceptos que
se referían al trabajo de las mujeres, pues en la
práctica no fueron aplicados o tuvieron poco o
nulo cumplimiento.
En esa oportunidad en la Carta Magna, cuya
redacción estuvo a cargo de intelectuales de
avanzada, se llegó incluso a prohibir el trabajo
de mujeres y menores de 18 años en condiciones
insalubres o peligrosas e introdujo el descanso
remunerado pre y post natal y el derecho a
conservar el empleo. Es más, estableció la
obligatoriedad del empleador o empleadora a
mantener salas cunas y guarderías para los hijos
e hijas de las empleadas. Mas todo ello, como
es de suponer, no se cumplió inmediatamente ni
había cumplido veinticinco años después, según
una investigación realizada en 1976.
1 Ya en 1928, Alberto Masferrer, escribía: “(…) Las mujeres ricas han logrado ya, en parte, libertarse de la esclavitud del fogón, no sólo sin ninguna simplificación de su vida, sino complicando enormemente y cada vez más, el uso de la cocina y del comedor. Pero esto lo han hecho esclavizando a otras mujeres –sus cocineras y ayudantas– a quienes han reducido así a la más triste condición humana: a emplear toda su vida en aderezar y complicar más y más los manjares locos que anhela el apetito depravado de sus amos (y amas). Así se han emancipado ellas del horror del fogón; de quemarse los brazos; de tener las uñas negras y escoriadas; de irritarse los ojos y chamuscarse los cabellos; de estar siempre, ahumadas, engrasadas, sofocadas y con el humor agrio y el ánimo infernal. Pero si el feminismo ha de ser algo noble y eficiente, no se detendrá en ser una mezquina lucha de grupos, que liberta a unas pocas arruinando a las más. Si la emancipación de la mujer ha de significar algo en la historia, será la emancipación de todas las mujeres, aunque fuera al principio en una medida muy circunscrita, pero en camino de ser más amplia cada vez. No se trataría, así, de emancipar sólo a las ricas, sino a las pobres también: a la señorita de alta posición, sí; pero también a la lavandera, a la sirvienta, a la campesina, a la obrera, a la maestra, a todas (…)”.
77Y sobre el tema que nos ocupa, la autora del
aludido estudio, señala: “Con respecto al trabajo
doméstico que en la práctica es realizado por
mujeres campesinas, que encuentran en esa
forma una vía de acceso a las áreas urbanas,
hay que reconocer que su regulación legal es
incompleta, que los derechos que el Código de
Trabajo le concede no se cumplen, la mayor parte
de las veces por desconocimiento de los mismos;
que hay una marcada resistencia a fijar salarios
mínimos en esa materia no sólo de parte de los
funcionarios encargados sino de las amas de casa,
incluso mujeres quienes abogan por la igualdad
ante la ley. Para muchas, esa igualdad llega hasta
la puerta del área de servicio de sus casas. Se
pregona en la calle, se comenta en la sala, pero
no se habla de ella ni se practica en la cocina.
La empleada doméstica está discriminada. Esta
situación denigrante de servidumbre humana
debe desaparecer, a ello contribuye el alto nivel
de desempleo que permite aceptar condiciones
de trabajo inadmisibles” 2 .
Después, en 1956, al fundarse la Fraternidad de
Mujeres Salvadoreñas, un organismo de clara
oposición al régimen de José María Lemus, la
situación de las trabajadoras domésticas vuelve a
ser retomada en los estatutos de esta agrupación:
“Que las mujeres que trabajan en los servicios
domésticos tengan derecho a gozar de seguridad
social y a ser protegidas por las leyes laborales”;
asimismo, se planteaba: “Que las mujeres puedan
asegurar el principio de “igual pago por igual
trabajo” y que el Estado establezca guarderías
infantiles”3 . Pero pese a los esfuerzos realizados
por sus integrantes, la discriminación y la
desigualdad continuaron inmutables, tal como
lo consignó el ya citado estudio de 1976.
El Código de Trabajo4 vigente dedica un capitulo
completo al tema de trabajo doméstico, Art.76
el cual literalmente plantea: El contrato de
trabajo para servicio doméstico puede celebrarse
verbalmente. Sí así fuere, el patrono estará
obligado a extender, cada treinta días, a petición
del trabajador, una constancia escrita en papel
común y firmada por aquél, en la cual se exprese:
el nombre y apellido de ambos, el tiempo de
servicio, el salario percibido en el último mes y el
lugar y fecha de expedición del documento.
El Art. 77, establece que se entenderá por
trabajadores del servicio doméstico a quienes
se dedican en forma habitual y continua a las
labores propias de un hogar o de otro sitio de
residencia o habitación particular, que no importen
lucro o negocio para el patrono. Al mismo tiempo
excluye de este rubro a trabajadores del servicio
doméstico que se dediquen a esas labores dentro
de una empresa, industriales, comerciales, sociales
y otras, quienes se regirán por las normas
generales dispuestas en el Código.
En cuanto al salario, el Art.78 establece salvo que
se haya pactado lo contrario que la retribución
del servicio doméstico comprende además del
salario convenido, la alimentación y habitación.
En relación a horarios de trabajo y descanso en
el Art 80 del mismo Código se lee: El trabajador
del servicio doméstico no está sujeto a horario,
2 Cisneros A. Rosa Judith. Condición jurídica de la mujer salvadoreña, pp. 24-25.
3 Navas, María Candelaria. Sufragismo y feminismo en El Salvador, Revista Realidad y Reflexión, Universidad Francisco Gavidia, p. 84.
4 Mendoza Orantes, Ricardo. Recopilación de Leyes Laborales, actualizadas con sus reformas. El Salvador 2001.
78pero gozará de un descanso mínimo de doce
horas diarias, de las cuales diez serán nocturnas
y continuas, y las otras dos deberán destinarse
para las comidas, además de un día de
descanso remunerado cada semana acumulables
hasta un número de tres días. Se entiende que
los trabajadores contratados a base de sueldo
mensual, tienen incorporado en este el pago
correspondiente a los días de descanso.
La persona dedicada al servicio doméstico (Art.81)
está obligada a prestar sus servicios en los días de
asueto, siempre que así se lo pida el patrono. En
tal caso tendrá derecho a un recargo del cien por
ciento en su salario diario por el trabajo realizado
en esos días. Los primeros días 30 días de trabajo
son considerados de prueba, tiempo en el cual
cualquiera de las partes puede dar por finalizado
el contrato sin responsabilidad (Art. 82).
Las causas especiales de terminación del contrato
sin responsabilidad para el patrono, de acuerdo al
Art. 83, las siguientes:
1ª. Adolecer el trabajador de enfermedades
infectocontagiosas, a menos que las hubiere
adquirido en el lugar donde presta sus servicios,
en cuyo caso procederá la suspensión del
contrato.
2ª. Tener el trabajador vicios o malos hábitos que
pongan en peligro o perjudiquen el orden
doméstico o alteren la condición moral del
hogar.
3ª. Por cometer el trabajador actos graves de
infidelidad o insubordinación contra el patrono,
su cónyuge, ascendientes o descendientes u otras
personas que habiten permanentemente en el
hogar.
Respecto a las condiciones de salud de la trabajadora
o trabajador el Código no plantea responsabilidad
para el patrono, pero sí da el derecho en el Art.
79, para que éste pueda exigir a quien prestará los
servicios antes de iniciar los servicios o cuando lo
considere necesario los comprobantes de buena
salud y la presentación del Documento de Identidad,
cuando esté obligada/o a tenerla.
En otras palabras, el trabajo doméstico remunerado
en nuestro país es de vieja data y desde su origen
hasta la actualidad, no sólo ha sido infravalorado
sino también marginado de las leyes laborales
que más o menos protegen otras actividades u
oficios productivos cuando son realizados por
mujeres. Por ejemplo, en el país la trabajadora
doméstica no es afiliada al Instituto Salvadoreño
del Seguro Social (ISSS) ni a las administradoras
de fondo de pensiones (AFP‘s), tampoco goza de
vacaciones anuales ni días de asueto nacional y,
generalmente, trabaja más de ocho horas diarias
sin derecho a recibir pago por horas extras.
Y aunque la falta de cobertura de prestaciones
laborales es generalizada, es decir, que el
problema afecta a la mayoría de trabajadoras
del servicio doméstico en el país, existen algunas
excepciones que se desconocen debido a que las
personas son inscritas como parte del personal
de empresas que son propiedad del empleador
o empleadora. Ese es el caso de Santos Ramírez,
quien ha sido empleada doméstica durante toda
su vida y que, a sus 33 años y con tres hijas, ha
cotizado durante los dos últimos años en una
AFP, gana $162 mensuales y cotiza el 6.25% de
79deprimidos y, para colmo, si se toma en cuenta
que en muchos casos sólo la mujer es quien aporta
ingresos para el sostén familiar. De hecho, un
estudio realizado por la referida Superintendencia
con una muestra de 408 mujeres que trabajan
en el sector, reveló que un 51.2% no estaría en
la disponibilidad de afiliarse en las condiciones
salariales actuales, es decir con un salario de
$119 mensuales, aunque el estudio reveló que el
promedio salarial es de $154 por mes. En todo
caso, ello significa que mientras se mantengan
bajos salarios a nivel general, incluido el sector
en cuestión, y en ausencia de una política laboral
que garantice el cumplimiento de las leyes
vigentes, las trabajadoras del servicio doméstico
no sólo seguirán al margen de las prestaciones
laborales sino también continuarán viviendo en
condiciones de discriminación y desigualdad
económica y social en contraposición al marco
legal respectivo y a las aspiraciones implícitas
en los Objetivos del Milenio y, específicamente,
en aquellos que imponen el desafío de “Mejorar
la salud materna” y “Promover la igualdad entre
los sexos y la autonomía de la mujer”.
Hay que señalar, asimismo, que aunque es difícil
cuantificar la relación existente entre bajo trabajo
infantil y trabajo domestico, la crítica situación
económica de las mujeres trabajadoras en general
y, particularmente de aquellas que laboran en el
servicio doméstico, podría estar incidiendo en el
alto índice de trabajo infantil, sobre todo, cuando
se trata de mujeres solteras o jefas de hogar.
Un estudio dado a conocer recientemente,
en abril de 2006, realizado por el Ministerio
sus ingresos mientras que quienes la emplean
aportan el 6.75% correspondiente.
Como bien lo consigna la nota periodística,
“Santos es una de las pocas privilegiadas que,
además de cotizar en una AFP, cuenta con seguro
del Instituto Salvadoreño del Seguro Social
(ISSS)”5 . Esta trabajadora, como otras poquísimas
más, goza de ambas prestaciones debido a que ha
sido inscrita en las planilla de una empresa que
pertenece a la familia empleadora, un caso que
sin duda cabe dentro de las excepciones, pero
que dista mucho de convertirse en una regla.
La misma fuente detalla que después de siete años
de funcionar la Superintendencia de Pensiones de
El Salvador está trabajando en una alternativa
para que trabajadores y trabajadoras agrícolas
y del servicio doméstico, sean parte del nuevo
Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP), con la
pretensión de darle cobertura a un aproximado
de 118,669 personas que en El Salvador trabajan
en el servicio doméstico, en su mayoría mujeres.
El trabajo agrícola, en cambio, registra 465,740
personas (DIGESTYC, 2005).
Víctor Ramírez, el superintendente de pensiones,
en esa oportunidad y al respecto, dijo: “A lo mejor
se requiere de alguna reforma en las leyes para
poder entrar en este rubro (…) Se van a estudiar
alternativas para ver si es posible que ingresen;
así, aquellos que puedan lo harán en condiciones
especiales de acuerdo con su capacidad”.
Sin embargo, al igual como ocurrió con el ISSS,
es posible que la mayoría de trabajadoras del
servicio doméstico no logre incorporarse a las
AFP´s debido a que los salarios son demasiado 5 Ver nota completa y testimonio en La Prensa Gráfica, edición correspondiente a lunes 20 de febrero de 2006, pp. 30-31.
80de Trabajo y Previsión Social (MITRAB) y la
Organización Internacional del Trabajo (OIT),
reveló que en Centroamérica, Panamá y República
Dominicana se registran cerca de 167,000 niñas y
niños trabajadores y que de ésta cifra, 93 mil se
encuentran laborando en las peores formas. Eso
significa que la cifra promedio por país podría
ser de 24 mil infantes, aproximadamente, lo que
por supuesto constituye un elevado número de
niñas y niños que año con años se ven afectados
por la falta de escolaridad o la deserción.
Es más, dentro de esa cantidad promedio
de menores trabajando, se ignora cuál es la
proporción que labora en oficios domésticos,
pues entre la población de bajos ingresos o en
situación de extrema pobreza es frecuente que
se “entregue” o envíe a las hijas menores de
edad a trabajar en el servicio doméstico con el fin
de incrementar los ingresos familiares. En estos
casos, indudablemente se trata de menores de 18
años, es decir sin Documento Único de Identidad
(DUI), y por lo tanto, aparte de los bajos salarios,
susceptibles de sufrir mal trato, abuso o acoso
sexual e incluso violación, pese al Convenio sobre
las peores formas de trabajo infantil adoptado
por la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) en 1999. De hecho, el Estado salvadoreño
autoriza el trabajo infantil a partir de los 14 años
o sea a partir de la edad en que se supone ha
completado la escolaridad obligatoria, algo que
para una buena parte de la población infantil
no deja de ser una ficción.
Sin mayor riesgo a equivocarnos, se puede
afirmar que el trabajo doméstico en menores de
edad es un círculo vicioso perfecto que inicia con
una escolaridad obligatoria incompleta6 y que se
reinicia con las propias hijas o hijos, pues al no
poder continuar con sus estudios debido a que
debe trabajar 12 horas o más durante el día, cada
joven o madre adolescente a la sazón, se verá
obligada a permanecer en un empleo precario
por el resto de su vida, lo que indudablemente
impedirá a su descendencia el acceso a una
escolaridad obligatoria completa al no poder
cubrir los gastos educativos que se demanden.
En otras palabras, las hijas de una mujer que
labora en el servicio doméstico, con frecuencia
heredan no sólo la actividad sino también una
precaria forma de vida y/o viceversa.
En tal sentido, si los gobiernos en realidad tienen
voluntad política para mejorar el acceso a la
educación y buscar la autonomía de la mujer
de acuerdo con los Objetivos del Milenio, un
verdadero desafío constituye el mejoramiento
a corto plazo de las condiciones laborales y
sociales del conjunto de mujeres que trabajan
en el servicio doméstico. Ahora bien, ¿se sabe
realmente cuántas personas laboran en dicho
sector?
Población ocupada en la rama de servicio doméstico
Al respecto se identifican dos fuentes oficiales,
la EHPM-DIGESTYC y el RNPN con serias
diferencias que nos llevan a plantear la necesidad
de mejorar los registros existentes.
En el cuadro No.1 se presentan los datos
relacionados con el empleo doméstico por edad,
6 Dos de cada diez mujeres, de acuerdo a datos de la Encuestas de Hogares y Propósitos Múltiples (2002) en edad de estudiar no lo hacen debido a que se les asignan labores domésticas.
81
sexo y área geográfica, de los cuales el 90.29%
corresponde a mano de obra femenina y el 9.71%
a mano de obra masculina, cifra que llama la
atención conociendo las practicas socialmente
aceptadas en el país, por lo que queda la duda
si en este dato están incluidos aquellos servicios
de mantenimiento de casa, motoristas, cuántos de
ellos realmente están empleados en actividades
tradicionalmente conocidas como domésticas?
En cuanto al salario devengado en esta
r a m a d e a c t i v i d a d , e s t e p r e s e n t a u n a
evidente brecha salarial entre mujeres y
hombres, como puede observarse en el
cuadro número 2, de $67.24 a favor de los
hombres en el área urbana y de $33.49 en
el área rural.
La mayoría de las mujeres (29.1%) empleadas
e n e l t raba jo doméstico, han aprobado de 1
a 3 años de estudio, seguidas por un 28.4% con
CUADRO No. 1
HOGARES CON SERVICIO DOMESTICO
Fuente: Ministerio de Economía, Dirección General de Estadística y Censos. Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2004
Fuente: EHPM,2004
4 ó 6 años de estudio; 18.3% han cursado de 7
a 9 años de escolaridad; 5.7% tienen entre 10
y 12 años de estudio, mientras que un 18.5%
no cuenta con ningún año de estudio aprobado
(cuadro No. 3)
Para nuestra sorpresa, el Registro Nacional de
Personas Naturales (RNPN), que debería tener
datos fidedignos sobre las ocupaciones, oficios
o profesiones desempeñados por la población
salvadoreña, cuenta con información no muy
útil para nuestros propósitos, pues aunque una
persona declara la actividad desempeñada, dicha
entidad estos no concuerdan con las categorías
82
de clasificación para facilitar supuestamente el
manejo de datos. Por ejemplo, una mujer que
ha dedicado toda su vida a la elaboración de
pupusas no puede ser identificada como pupusera,
sino como “ama de casa”, “empleada doméstica”
o “quehaceres del hogar”.
“(…) María Antonieta Vázquez no siente que
su DUI la identifique como lo que es y según
el mapa ocupacional de El Salvador hecho por
el Registro Nacional de las Personas Naturales
(RNPN), en este país no hay una sola pupusera.
De casi 3.5 millones de mujeres salvadoreñas,
ninguna podría ir por ahí diciendo que es
pupusera y que su documento de identidad lo
pruebe (…)”7 .
Ciertamente ése solo es un caso, cuestionable
por cierto, en la medida que dicho registro
tampoco sirve para orientar o reorientar hacia un
determinado sector políticas económicas y sociales
o programas que tuviera a bien implementar el
gobierno u organismos nacionales e internacionales.
Pero volvamos al tema en cuestión.
Aunque atrás quedó consignado que para la
DIGESTYC existen 118,669 personas que trabajan
en el servicio doméstico en el país, 108, 162 son
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EHPM,
mujeres, estas cifras distan mucho de los datos del
Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN)
que revelaba un total de 853,758 mujeres8 , y eso
que se trata únicamente de personas duizadas
o con DUI lo que, desde luego, excluye a
personas que por diferentes motivos no tienen
dicho documento y probablemente a miles de
menores de edad.
7 La Prensa Gráfica, Enfoques, edición correspondiente a domingo 2 de octubre de 2005, p. 2.
8 El Diario de Hoy, Vértice, edición correspondiente a domingo 4 de diciembre de 2005, p. 9.
Cuadro No. 4
MUJERES Y QUEHACERES DEL HOGAR
Fuente: Elaboración propia con base a datos de RNPN publicados por la El Diario de Hoy (4/12/05) y La Prensa Gráfica (2/10/05).
Esas 853,758 mujeres inscritas como empleadas
domésticas, sin especificar si residen o no en el
lugar de trabajo o si están activas, de paso, nos
conducen a las siguientes preguntas: ¿Cuántas
son madres solteras o jefas de hogar? y, ¿qué
cantidad de familiares sostienen con su precario
83ingreso? Si en el mejor de los casos multiplicamos
esa cantidad por 2 familiares, la cifra sobrepasará
indudablemente el millón de personas que vive
o depende en mayor o menor medida del ingreso
de las mujeres que laboran en el sector.
Una de las preguntas que surgen al leer estos
datos es si el RNPN se basó en la caracterización
planteada en el Código laboral sobre esta
población de trabajadoras, es decir: que se
entenderá por trabajadores del servicio doméstico
a quienes se dedican en forma habitual y continua
a las labores propias de un hogar o de otro sitio
de residencia o habitación particular, que no
importen lucro o negocio para el patrono, que
excluye de este rubro a trabajadores del servicio
doméstico que se dediquen a esas labores dentro
de una empresa.
“En lo que respecta al trabajo o servicio doméstico
remunerado, especialmente el que se efectúa
con residencia en el hogar, se han señalado
las siguientes características: unión de lugar de
trabajo y vivienda en el caso de las trabajadoras
residentes; relaciones laborales que se aproximan a
las de servidumbre y que mezclan lo laboral con
lo afectivo y lo personal; y la elasticidad de la
oferta en el caso de las trabajadoras no residentes
(CEPAL, 1990). El servicio doméstico es un empleo
de llegada, puesto que las posibilidades de ascenso
están dadas sólo por un cambio de empleo y, en
contados casos, por el paso de trabajadora residente
a no residente. Debido al carácter aislado del
empleo doméstico, las trabajadoras están fuera del
circuito en el que se presentan las oportunidades
de empleo (Montero, 1992)”9 .
Así el estado de cosas, viene siendo algo sumamente
prioritario que el Estado y, particularmente el 9 Arriagada, Irma. Realidades y mitos del trabajo femenino urbano en América Latina, pp.27-28.
gobierno, destine inmediatamente una política
seria dirigida hacia el referido sector a fin de
responder a la crítica situación económica y social
en que se encuentran miles de mujeres y sus
respectivas familias. Dicha política, obviamente,
pasa por revisar el aspecto salarial y por asegurar
el acceso a prestaciones laborales que redunden
en beneficios de salud y educación para dicho
sector predominantemente femenino.
Esto, por supuesto, obliga a ver el escenario
de una manera integral, pues establecer un
mejoramiento para las mujeres que trabajan en
el servicio doméstico implica revisar lo referente
a las familias empleadoras. Es decir, estamos
frente a un problema con efecto de cascada,
y un aumento salarial en el sector conlleva
necesariamente a un incremento en los ingresos
de quienes las contratan y, en consecuencia,
a promover cambios y a ejercer presión para
ejecutar los mismos entre los grandes sectores
económicos del país. ¿Será posible entonces
combatir la pobreza y promover la autonomía
de la mujer?
El trabajo doméstico no remunerado: La invisibilización
Como bien se señala en la Introducción, el trabajo
doméstico en el fuero familiar es otra de las
formas de invisibilización que viene afrontando
la mujer desde tiempos inmemorables. Beneficia
a todos y todas, coadyuva a la adquisición de
bienes familiares, brinda cuidados a hijos e hijas,
facilita la restauración de la capacidad laboral
84de los hombres, entre otros aportes más, pero
pese a todo ello no se le otorga valor alguno
en términos sociales y económicos.
Esa invisibilización de la mujer, incluso, se
“formaliza” en las estadísticas oficiales mediante la
tasación de la Población Económicamente Inactiva
(PEI), donde se incluye a las personas dedicadas
a obligaciones familiares y quehaceres domésticos,
las cuales son realizadas predominantemente por
mujeres, es decir, por las llamadas “amas de
casa”. Tal clasificación, por tanto, no deja de ser
anacrónica e inhumana al negar la importancia
económica que tiene el aporte de la mujer en
y desde el fuero familiar.
Con ello además se deja sin valor lo enunciado
en el Art. 38 del Código de Familia, que dice
literalmente: “Los cónyuges deben sufragar en
proporción a sus recursos económicos, los gastos
de la familia. Si uno de ellos no tuviere bienes
ni gozara de emolumento alguno, el desempeño
del trabajo del hogar o el cuidado de los hijos
se estimará como su contribución a tales gastos
con el mismo significado que las aportaciones
del otro”.10
En ese sentido el Código de familia aprobado
en 1994 y vigente en la actualidad, pretende
reconocer no solo social sino económicamente el
aporte de quien realiza las labores domésticas, lo
cual no se logra, debido a que por una parte las
mujeres que son en general quienes desarrollan
las actividades domésticas desconocen las leyes,
por otra parte los tomadores de decisiones no se
han preocupado en adecuar toda la legislación
de tal manera que no haya contradicción entre
una y otra; de ahí que en el país todavía no
se vislumbra la posibilidad de incorporar el
trabajo doméstico de las mujeres a las cuentas
nacionales.
Precisamente una de las limitaciones encontradas
en la interpretación del referido articulo es
que únicamente relaciona a las mujeres que no
cuentan con un trabajo que les reporte ingresos
o no cuentan con bienes, invisibilizando siempre
a las mujeres que aun cuando tienen un trabajo
remunerado se ven obligadas -por los roles
históricamente asignados- a realizar una doble
o triple jornada.
“(…) Somos trabajadoras, sin sindicato, sin
posibilidades de negociación colectiva ni cosa que
se le parezca. El día comienza antes del amanecer
y termina mucho después de caído el Sol. En esas
12, 14 o 18 horas se busca leña, se recolecta agua,
se preparan alimentos, se lava la ropa, se plancha,
se hace limpieza, se vuelve a preparar alimentos,
se atiende a los críos, y así… se van llenando los
minutos y las horas. Si se sale a buscar el sustento
fuera de la casa, estas responsabilidades no cambian.
Seguramente las asume otra mujer que también es
madre. Cuando el día termina y la energía baja se
descansa para estar listas para seguir al día siguiente
con lo mismo, y así, una y otra vez. Con todo esto
y más, irónicamente en las estadísticas se atreven
a clasificarnos como población económicamente
inactiva. Económicamente inactiva y ¡en nuestras
manos recae el desarrollo de la humanidad! Es,
definitivamente, una categoría peyorativa hacia
las mujeres (…)”11 .
10 Código de familia, Ministerio de Justicia, San Salvador, El Salvador.
11 Barraza, Sandra de. Lo que pienso de nosotras, artículo publicado en La Prensa Gráfica, edición correspondiente a viernes 12 de mayo de 2006, p. 42
85En esa invisibilizada situación se encuentran,
según los registros del RNPN, unas 344,005
mujeres salvadoreñas que al momento de solicitar
su DUI dijeron permanecer en sus hogares y que
no deja de ser un subregistro en tanto que no
todas las mujeres mayores de 18 años de edad
cuentan con dicho documento de identidad.
Es más, de un total estimado de mujeres de
3.5 millones, incluidas las menores de edad, el
RNPN solamente registra a 1,915,376, lo que
hace suponer que existen miles de mujeres que
no han sido duizadas.
Estudios realizados en México mediante
Encuestas de Uso del Tiempo (EUT), en 1996
y 1998, revelan que mientras los hombres
dedican alrededor de 10 horas semanales a
los quehaceres domésticos la mujer lo hace
durante 35 horas, o sea, sólo 9 horas menos
del total de tiempo establecido para el trabajo
remunerado por semana (44). Por tanto, se pone
en evidencia una vez más la falta de equidad
al interior de hogares en aquellos países con
similares patrones culturales de claro tinte
androcéntrico, tal es el caso de El Salvador
y el resto de países de Latinoamérica.
Asimismo, señalaron dichos estudios: “En
cuanto al trabajo doméstico y familiar, es
interesante constatar que el hombre cuando
más tiempo dedica a esta actividad es entre
los 8 y 14 años de edad, en tanto la mujer
lo hace entre los 20 y 39 años, por ende, se
podría suponer que el hombre deja de realizar
labores domésticas en la medida que se debe
demostrar masculinidad y virilidad, ello entrada
la etapa de la adolescencia”12 .
En esto último hay que enfatizar que se refiere
a “cuando más tiempo se le dedica al trabajo
doméstico”, pero se sobreentiende que la mujer
comienza desde su infancia con ese rol y que esa
carga de actividades se incrementa en la medida
que se vuelve esposa o compañera, madre, tía
e incluso abuela. Y aun cuando la mujer “sale
a buscar el sustento fuera de la casa, estas
responsabilidades no cambian”, al volver debe
asumirlas ante la mirada inmutable del hombre.
Por eso es que se habla de la doble e incluso
de la triple jornada laboral.
La carga doméstica de miles de mujeres de
mujeres en El Salvador, se ve incrementada
cuando no cuenta con los servicios básicos y
asume la responsabilidad de proveer de agua
y leña para el consumo doméstico.
En El Salvador no existen estudios específicos sobre
uso del tiempo13 , sin embargo pueden encontrarse
aproximaciones acerca de las horas dedicadas a
las actividades domésticas por mujeres y hombres.
Cerca del 65% de las mujeres dedica más de 4
horas diarias a estas tareas -de entre las cuales,
casi un 33% le dedican 8 horas o más-, contra
casi el 24% de los hombres que no dedican
ningún tiempo a estas actividades y otro 52%
que dedica como máximo 3 horas14 .
12 Araya, María José. Un acercamiento a las Encuestas sobre el Uso del Tiempo con orientación de género, p. 39.
13 Al respecto en el cuaderno de Desarrollo Humano No. 3, del PNUD: 2004, pag.43. Se plantea que “la inclusión de indicadores del uso del tiempo y la valoración del aporte que las mujeres hacen con el trabajo no remunerado enriquecería un futuro análisis específico sobre el tema de la pobreza con enfoque de género”.
14 Cuaderno de Desarrollo Humano, No.3, PNUD 2004, pag.76
86Hay que visibilizar a la mujer en y desde el fuero familiar
En los albores del siglo XXI, otorgar valor
económico al trabajo doméstico debe ser el
paradigma de toda sociedad moderna y, en
particular, de aquellos países comprometidos
con los Derechos Humanos, pues la negativa
a hacerlo es continuar reforzando patrones
culturales sexistas en la medida que estimula
entre los hombres la idea bisoña de que tal
actividad al interior de los hogares no constituye
aporte alguno por parte de las mujeres, lo que
con frecuencia es detonante de otras formas de
discriminación y de falta de equidad e incluso de
violencia doméstica en contra de las mismas.
Una manera obvia de aproximarse al valor
económico y social del trabajo doméstico es
respondiendo a preguntas como: ¿Qué tanto
habría que pagar por el lavado y planchado
de ropa? ¿Cuánto cobraría una persona por la
preparación de los alimentos? ¿Cuánto costaría
el aseo general de una vivienda? En esto hay
que tener claro que, según lo plantea María José
Araya, la única actividad que podría quedar sin
valor económico y social es aquella que tiene que
ver directamente con el cuidado personal pues
ello involucra lo afectivo y propiamente familiar
y, por tanto, es una actividad indelegable y no
susceptible de remuneración.
En tal sentido, la misma socióloga, dice: “(...) Una
posibilidad de trabajo a emprender en nuestras
sociedades tercermundistas, y que podría generar
políticas públicas adecuadas y a corto plazo que
liberarán a la mujer del ámbito doméstico, sería
contribuir a realizar un exhaustivo conocimiento
sobre la distribución de las actividades (tanto
remuneradas como no) en el hogar familiar
y la relación que mantienen con el nivel de
ingresos y las decisiones de gastos al interior
de los mismos.
Así como el funcionamiento de los hogares
depende del trabajo doméstico, éste a su vez
se interrelaciona con el nivel de ingresos y las
decisiones sobre consumo que se tomen en el
hogar familiar, es decir, se interpenetra con el
tema de poder. Obtener un panorama global
de cómo se distribuye el trabajo al interior del
hogar según nivel de ingresos y demás variables,
puede ser una vía para conocer la realidad
del hogar y apuntar desde este conocimiento
mediante políticas familiares a una distribución
más equitativa de las labores hogareñas con
la intención de fomentar su valoración social,
sentando a su vez las bases para que en
un tiempo cercano sea posible su valoración
económica (…)”15 .
Conclusiones
A partir de los datos e información que atrás
se han manejado en relación a las mujeres que
laboran en el servicio doméstico, remunerado
o no, a manera de conclusión consignamos lo
siguiente:
El trabajo doméstico remunerado en El Salvador
ha sido y continúa siendo la oferta de empleo
más abundante y la más precaria para la mayoría
de mujeres, cuyas características son el bajo nivel
15 Obra citada, p. 56.
87de escolaridad y la falta de preparación para
desempeñar otra actividad mejor pagada. Y tan es
así que, de 1,915,376 mujeres con DUI, el 44.5% se
ha registrado como empleada doméstica, es decir
se trata de una cantidad alarmante muy cercana
a la mitad de la población femenina total que
cuenta con dicho documento de identidad.
Aunque el Código de Trabajo contempla la
regulación del empleo doméstico en aspectos
como términos de contratación, alcances del
trabajo doméstico, retribución, horario de trabajo,
prestaciones, tiempo de prueba y causales para la
terminación del contrato, no existen mecanismos
ministeriales de vigilancia o fiscalización para
velar por el cumplimiento de esos derechos
laborales, situación que no deja de ser una
secuela más de la infravaloración del trabajo de
las mujeres de este sector y que debe abordarse
mediante iniciativas y políticas públicas que
pugnen por la igualdad de género en el plano
laboral en general.
Queda claro asimismo que el trabajo doméstico
remunerado constituye una de las primeras ofertas
laborales a las que recurren las mujeres, por lo que
junto a las que laboran en el comercio informal
y en la maquila, requieren al más corto plazo de
medidas pertinentes por parte del Ministerio de
Trabajo (MITRAB) y la instancia responsable de
implementar la Política Nacional de la Mujer, y las
instancias empresariales, que permita contar con
una política de empleo diferente, que promueva
formas decentes de trabajo de las mujeres.
En cuanto a la actividad doméstica no remunerada
que es mayoritariamente femenina, hay que
señalar la imperiosa necesidad de avanzar hacia la
valoración económica del conjunto de actividades
que la conforman, pues al invisibilizarla refuerza
la discriminación e infravaloración de la mujer
por parte de los hombres y reproduce tal idea
en las hijas e hijos. Es decir, que mientras no
sea visibilizada la mujer en el fuero familiar
seguirá estando cuesta arriba el avance hacia la
igualdad de géneros, pues al presumirse que la
mujer no contribuye con nada a la formación de
los bienes patrimoniales de la familia e incluso
a su propia manutención, se refuerza la cultura
machista y androcéntrica que posteriormente se
vuelve mucho más compleja.
Finalmente, y como bien lo dice una articulista que
hemos citado, “somos trabajadoras, sin sindicato,
sin posibilidades de negociación colectiva ni cosa
que se le parezca”, el imperativo de velar por
el respeto a los derechos de la mujer debería
ir aparejado a esfuerzos de tipo formativo y
organizativo, dirigidos a cerca de un millón
de mujeres que, independientemente del alto
oleaje de adversidad en su contra, al momento
de registrarse en el RNPN no vacilaron en decir
junto a su nombre y apellido, su ocupación:
empleada doméstica.
Todo lo anterior, pasa desde luego por analizar
concienzudamente el tema desde una forma
integral, pues paradójicamente, aunque haya
fuerte tendencia hacia la discriminación de la
mujer o, dicho en otras palabras, elevados índices
de inequidad de género, queda en evidencia que
en buena medida es la mujer la que mueve al final
de cuentas los hilos del desarrollo. En síntesis: un
país no podrá alcanzar el desarrollo económico
y social mientras una parte importante de su
población permanezca infravalorada, marginada
88y excluida por los tentáculos de un sistema y
una cultura marcadamente sexistas.
Bibliografía
-Araya, María José. Un acercamiento a las Encuestas sobre
el Uso del Tiempo con orientación de género, Unidad
Mujer y Desarrollo, CEPAL, Santiago de Chile, 2003.
-Arriagada, Irma. Realidades y mitos del trabajo femenino
urbano en América Latina, Unidad Mujer y Desarrollo,
CEPAL, Santiago de Chile, 1997.
-Barraza, Sandra de. Lo que pienso de nosotras, artículo
publicado en La Prensa Gráfica, edición correspondiente
a viernes 12 de mayo de 2006, San Salvador, El
Salvador.
-Cisneros A. Rosa Judith. Condición jurídica de la
mujer salvadoreña, edición auspiciada por la Asociación
Demográfica Salvadoreña (ADS), San Salvador, El Salvador,
2ª. Edición, 1978.
-Código de familia, Ministerio de Justicia, San Salvador,
El Salvador.
-El Diario de Hoy, Vértice, edición correspondiente
a domingo 4 de diciembre de 2005, San Salvador, El
Salvador.
-El Diario de Hoy, edición correspondiente a viernes 28
de abril de 2006, San Salvador, El Salvador.
-La Prensa Gráfica, Enfoques, edición correspondiente
a domingo 2 de octubre de 2005, San Salvador, El
Salvador.
-La Prensa Gráfica, edición correspondiente a lunes 20
de febrero de 2006, San Salvador, El Salvador.
-Masferrer, Alberto. El dinero maldito, Canoa Editores,
San Salvador, El Salvador, 1993.
-Mendoza Orantes, Ricardo. Recopilación de Leyes
Laborales, actualizadas con sus reformas. El Salvador
2001.
-Ministerio de Educación, Historia de El Salvador, tomos
I y II, San Salvador, El Salvador, 1994.
-Navas, María Candelaria. Sufragismo y feminismo en
El Salvador, Revista Realidad y Reflexión, Universidad
Francisco Gavidia, 2005.
-PNUD, Cuadernos de Desarrollo Humano, No.3, El
Salvador, 2004.
89
Introducción
El tema que se abordará enseguida es uno de los
que a nivel nacional se le otorga poca relevancia
y, por consiguiente, tiende a pasar inadvertido
a pesar del impacto que tiene en la vida del
mismo sector y del país en su conjunto.
Este artículo aborda la realidad sociolaboral de
las mujeres trabajadoras del sexo (en adelante
MTS) en El Salvador, sector del que no se posee
suficiente información, especialmente datos
oficiales pues a nivel gubernamental no existe
instancia que trabaje directamente con ellas,
salvo en el tema de salud, cuya atención reciben
en unidades de salud a las que generalmente
acuden a realizarse chequeos médicos sin librarse,
en la mayoría de veces, de enfrentar actitudes
discriminatorias.
Se abordará la temática específicamente en lo
relativo a la situación económica, laboral, de
salud, educativa y otras más que permitan tener
una visión mas integral de la realidad que afronta
este sector de mujeres salvadoreñas.
Es conveniente aclarar que el artículo se ha
circunscrito a la temática específica de mujeres
trabajadoras del sexo, sin incluir al grupo de
travestis que también ejercen dicha actividad y a
menores explotadas sexualmente, por considerar
que dichos grupos al igual que las MTS merecen
un estudio particular que permita profundizar
en su problemática.
Para la elaboración de este escrito se buscaron datos
en algunas instancias, como la Secretaría Nacional
de la Familia (SNF), sin embargo se obtuvo como
respuesta el hecho de no trabajar el tema y no
atender a este sector. Asimismo, se investigó en
el Instituto de Desarrollo de la Mujer (ISDEMU),
donde se conoció que dentro de sus programas no
existe ninguno destinado a atender a las MTS.
En tal sentido, las fuentes consultadas y los
datos retomados provienen de la única institución
REALIDAD SOCIOLABORAL DE LAS TRABAJADORAS DEL SEXO EN EL SALVADOR
“…sus derechos humanos no son cumplidos debidamente y ni siquiera aparecen formando parte
de los datos reportados como población económicamente activa (…) por lo que constituye un sector invisibilizado y en clara situación de
exclusión sociolaboral.”
Yesenia Segovia
90no gubernamental dedicada a la promoción
y defensa de los derechos humanos de las
MTS, Asociación de Mujeres Flor de Piedra,
y que trabaja con dicho sector desde hace
más de 14 años.
Es esa información la que ha permitido tener una
aproximación a la situación socioeconómica del
referido sector en cuanto a ingresos, condiciones
en que realizan su trabajo, aspectos vinculados
a su salud y otros más. Asimismo, se incluyen
datos del censo realizado por la Asociación Flor
de Piedra en enero del 2005 y del diagnóstico
sobre la situación de las trabajadoras del sexo
hecho en 2003.
Para tener un panorama de la situación de
violencia que enfrenta este grupo de mujeres se
tomó en cuenta el registro de casos de asesinatos
de MTS que desde 2005 ha consignado la misma
institución como parte de sus propios archivos.
Finalmente, se incluyen algunas conclusiones a las
que se llegó a partir del proceso de indagación
y análisis de los diferentes componentes que
abarcó la temática en estudio.
I. Realidad sociolaboral de las trabajadoras del sexo en El Salvador
I.1 Generalidades que definen al sector
Para estudiar la situación sociolaboral de las
mujeres en El Salvador es necesario hacer un
análisis diferenciado por sector visibilizando la
realidad de cada uno de ellos como grupos en
situación de exclusión social, ya que ello facilita
y permite percibir con precisión la magnitud y
el impacto económico sobre los mismos.
Precisamente uno de esos sectores menos
visibilizado y mayormente excluido es el de
las MTS, mujeres mayores de edad que ante
la falta de alternativas laborales y después de
haber agotado posibilidades de empleo mal
remunerado y en ambientes de explotación
laboral se han visto forzadas a vender servicios
sexuales en parques, calles o negocios, como vía
para proveer a sus hogares de lo mínimo para
sobrevivir. Para el caso, muchas de las mujeres
que hoy son MTS, en algún momento trabajaron
en maquilas, espacios que prefirieron abandonar
al encontrarse frente a la precariedad económica
y enormes necesidades familiares.
No obstante de que la existencia del trabajo sexual
en la sociedad salvadoreña tiene un carácter
histórico y que se incrementa en la medida que
aumentan los niveles de desempleo, la realidad
social, laboral y familiar de las mujeres que lo
ejercen es desconocida casi por la mayoría de
personas e instituciones y, por consiguiente, los
niveles de exclusión en que se encuentran no son
registrados en las estadísticas oficiales ni en los
informes de pobreza que se divulgan.
De la misma manera, sus derechos humanos no
son cumplidos debidamente y ni siquiera aparecen
formando parte de los datos reportados como
población económicamente activa; pero además,
tampoco su labor es considerada como subempleo,
por lo que constituye un sector invisibilizado y
en clara situación de exclusión sociolaboral.
Sin embargo, pese a su precariedad económica
muchas de ellas pueden exiguamente llevar
ingresos a sus hogares y tener una mínima
capacidad adquisitiva, incluyendo el pago de
91impuestos, servicios de energía eléctrica, agua y
más, todo como producto de ejercer una actividad
donde con frecuencia son victimas de violencia y
discriminación social sin que instancias estatales
asuman la protección de sus derechos.
Paradójicamente por no ser el trabajo sexual
una actividad legalizada, la situación de las
MTS no aparece en ninguna de las estadísticas
nacionales de pobreza, ni siquiera existen datos
oficiales de su condición de salud, educación,
seguridad e ingresos económicos tal como ya
se ha apuntado.
Se indagó en instancias como la Secretaría
Nacional de la Familia (SNF), respecto a si
contaban con algún programa dirigido hacia
dicho sector y si disponen de estadísticas u otra
información al respecto, pero no poseen ninguna
información ya que como institución no realizan
trabajo con las MTS.
En tal sentido, la interrogante es: Si la SNF tiene
como misión velar por el bienestar de la familia
salvadoreña, ¿por qué no dispone de programas
específicos de atención dirigidos a MTS y sus
familias, donde se incluyan alternativas laborales
que permitan tener un salario acorde al costo de
la canasta básica familiar?
También, se indagó en el Instituto de Desarrollo de
la Mujer (ISDEMU) y el resultado fue similar: no
disponen de datos estadísticos porque simplemente
no realizan ningún tipo de labor con MTS.
I.2 Las estadísticas que se conocen
En marzo de 2003, la Asociación de Mujeres Flor
de Piedra, única institución a nivel nacional que
labora directamente en la promoción y defensa de
los derechos de las MTS, elaboró un diagnóstico1
sobre la situación del sector en el que las edades
de las investigadas osciló entre los 18 a 50 años,
en el área de San Salvador.
Si se observa, las edades son extremas entre
jóvenes forzadas a iniciar a temprana edad esta
labor hasta adultas mayores, cuya paupérrima
situación económica la obliga a mantenerse en
dicha actividad ante la falta de empleos -y en
su defecto la existencia de un subempleo mal
remunerado y en condiciones infrahumanas-,
difícilmente podrían acceder a una plaza, sobre
todo, si se toma en cuenta la discriminación
existente por razones de edad y de género.
La escolaridad de estas mujeres es baja (ver
anexo #2), pues en su mayoría no sobrepasan
el sexto grado, aunque en algunos casos han
logrado completar estudios de Educación Básica.
Asimismo, son pocas las que pudieron concluir
el bachillerato y sólo una mínima parte ingresó a
la universidad, pero no pudo seguir estudiando
para concluir una carrera universitaria por lo
que las expectativas quedaron truncas.
En 2005, Flor de Piedra actualizó el censo de
las MTS en los departamentos donde realiza su
trabajo: San Salvador, Santa Ana, Sonsonate y La
Libertad, registrando un total de 518 mujeres que
ejercen dicha actividad (ver anexo #1).
1 Asociación de Mujeres Flor de Piedra. Investigación Diagnóstica: Situación de las Trabajadoras del Sexo del Centro de San Salvador, Marzo, 2003.
92Es necesario aclarar que estos datos reflejan
solamente la cantidad de mujeres a las que la
ONG tiene acceso y, específicamente, donde
Flor de Piedra realiza su labor, por lo que no
se conocen otros datos, ni oficiales o de otra
fuente, en relación a la cantidad total de MTS
en el país.
De alguna manera el subregistro de datos hace
difícil disponer de una radiografía exacta de
la situación socioeconómica de las MTS, como
tampoco conocer el posible incremento de mujeres
incorporadas al trabajo sexual como alternativa
al desempleo.
De igual forma no se cuenta con datos que
reflejen la realidad de mujeres que posiblemente
estén empleadas, pero que ante la falta de un
salario que les permita satisfacer plenamente
la canasta básica familiar se ven forzadas a
realizar el trabajo sexual para obtener ingresos
adicionales.
Asimismo, el incremento de mujeres en el trabajo
sexual es un hecho que puede constatarse tan
sólo al indagar la cantidad de negocios tipo
Night Clubs o centros nocturnos que existen en
zonas residenciales como también en el centro
de San Salvador, sin embargo, en cada uno de
éstos sitios se da una “diferenciación” de clase en
cuanto a la clientela que asiste a dichos lugares.
Ejemplo de lo anterior es el tipo de clientes que
visitan las zonas céntricas de la ciudad de San
Salvador, los que en su mayoría son vendedores
informales, estudiantes de centros escolares
cercanos y, en general, hombres con poco nivel
académico y bajos ingresos económicos y en
menor medida hombres profesionales o con otro
estatus económico y social.
En cambio los centros nocturnos que funcionan
en zonas de “mejor prestigio” son visitados por
clientela constituida por hombres con mayor
nivel académico, incluso con un mejor nivel
adquisitivo que les permite pagar las tarifas
establecidas en tales sitios.
En el fenómeno del trabajo sexual se da también
otra modalidad representada por las relaciones que
se promueven a través de anuncios publicitarios
que cotidianamente aparecen en los periódicos
nacionales, en los que se ofrecen servicios de
compañía dirigidos especialmente a turistas (como
modalidad de turismo sexual) y en los que basta
hacer cita a través de un número telefónico.
Detrás de todo ese escenario, como ya se
mencionó antes, aparece la explotación sexual
comercial de niñas, niños y adolescentes que
funciona en el clandestinaje y que por estar
respaldada por redes con enorme poder en el
país, hace difícil que se disponga de datos que
permitan tener una información más amplia de
dicha realidad.
Toda esa carencia de información sobre la
problemática del trabajo sexual y de la explotación
sexual comercial de menores, resta credibilidad a
los datos oficiales en los que aparece la supuesta
mejoría de condiciones de vida de la población,
y mientras no se investigue la realidad de
sectores como las MTS tales cifras estarán lejos
de la realidad.
Es importante enfatizar que la mayoría de estas
mujeres se vio forzada a optar por el ejercicio
de esta actividad ante los elevados niveles de
93desempleo en el país, pues o no encontraban
trabajo en ninguna instancia donde lo solicitaban
o eran contratadas en empleos cuyos salarios eran
bajos e insuficientes para cubrir las necesidades
de su grupo familiar.
I.3 Situación económica de las trabajados del
sexo
El Salvador es un país donde la mayoría de
personas enfrenta una precaria situación económica
que se agudiza en la medida que el modelo
económico golpea con más fuerza a determinado
grupo, sector, zona o región, haciendo cada vez
más asfixiante la pobreza de la población.
Como ha venido planteándose, las MTS realizan
una labor muy particular. Sin embargo, a pesar
de sus largas jornadas laborales sus ingresos
son bajos, pues la mayoría de ellas obtiene un
promedio de 200 a 300 dólares al mes; en menor
proporción, están aquellas cuyos ingresos alcanzan
los $400. Pero si se toma en cuenta el costo de
la canasta básica familiar, es obvio suponer que
estas mujeres no alcanzan a cubrirla totalmente
y por tanto su situación de pobreza y la de sus
familias es crítica.
Este sector realiza su actividad laboral sin tener
un horario definido, la mayoría de ellas trabaja
todos los días de lunes a domingo y le sigue
un grupo que labora de cuatro a seis días a la
semana en horarios diurnos y algunas en horas
nocturnas. Esto ocurre así, ya que en la medida
que extienden su jornada laboral tienen mayores
posibilidades de obtener más clientes aunque ello
implique un mayor desgaste físico y mental.
En la mayoría de los casos es la MTS la única
que sostiene al grupo familiar conformado hasta
por más de cinco integrantes. Aquí hay que
tomar en cuenta que este sector no dispone
de un salario fijo, sus ingresos son diarios, y
éstos han venido disminuyendo cada vez más
principalmente después de la dolarización.
Es interesante el efecto en cadena que la
dolarización ha ocasionado para las MTS, pues
si sus clientes perciben menos ingresos tienen
menos posibilidades de visitarlas con mayor
frecuencia y el ingreso de ellas depende de la
cantidad de clientes que atienden a diario, por
lo tanto, si aquellos están desempleados o con
salarios bajos el impacto para las MTS y sus
familias es negativo, ya que al disminuir sus
ingresos su capacidad adquisitiva se reduce y
su calidad de vida se deteriora cada vez más.
Ante el panorama socioeconómico del sector en
cuestión y al respecto de los Objetivos del Milenio,
surge la interrogante sobre la posibilidad de que éstos
sean alcanzados, sobre todo el que aspira a “erradicar
la pobreza extrema y el hambre” y que se plantea
como meta “reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el
porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores
a 1 dólar por día”. Para el caso particular de las MTS,
si bien sus ingresos diarios son mayores que un dólar,
los mismos siguen siendo bajos si se compara con los
gastos que deben sufragar por el hecho mismo de ser
madres solteras, en la mayoría de los casos, y únicas
proveedoras del hogar. En otras palabras, estas mujeres
difícilmente podrán superar sus niveles de pobreza.
I.4 Ingreso económico y su impacto en la salud
de las MTS
En cuanto a la salud este sector, es de los menos
94privilegiados pues no gozan de ningún tipo
de seguridad social y por su misma condición
económica se les hace difícil acceder a servicios
de salud en centros u hospitales nacionales y
mucho menos privados.
Las principales enfermedades laborales que
padecen son las de tipo respiratorio debido a las
condiciones en que realizan su labor: en calles
y/o parques expuestas al humo, polvo, viento y
lluvia, igual ocurre con las que están en cuartos o
habitaciones por su ubicación en zonas céntricas,
vulnerables a la contaminación ambiental. También
están más propensas a desarrollar enfermedades
graves como el cáncer cérvico-uterino, cáncer
de mamas etc, Pero no sólo su salud física se
ve afectada sino también su salud mental, pues
constantemente padecen de dolores de cabeza,
manejan niveles altos de estrés, depresiones,
alteración de su sistema nervioso y otras dolencias
asociadas con su estado emocional.
Retomando los Objet ivos del Milenio y,
específicamente el 6º, que plantea el combate al
VIH/SIDA y otras enfermedades, y que en su meta
7 espera “haber detenido y comenzado a reducir
para el año 2015 la propagación del VIH/SIDA”.
Hay que decir que difícilmente dicho objetivo podrá
llegar a alcanzarse mientras las trabajadoras del
sexo, por la necesidad económica que las tiene en
tal labor, permanezcan vulnerables a ser infectadas
por el VIH por la misma naturaleza de la actividad
que realizan y muy a pesar de los niveles de
conciencia de autocuido que ellas han desarrollado
la realidad de riesgo está latente.
Sin embargo, desde el Estado no se toman medidas
preventivas reales y adecuadas sino al contrario,
las campañas de prevención de VIH/SIDA que
suelen impulsarse están cargadas de estigma
hacia el sector y en lugar de informar muchas
veces distorsionan la información.
Y si a eso se le agrega lo ya planteado en relación
a su precaria situación económica, misma que
no les permite recibir una atención de salud con
calidad, vale la pena reflexionar sobre el alcance
que pueden tener los referidos Objetivos del
Milenio cuando el modelo económico seguirá
siendo excluyente de este y otros sectores
sociales.
I.5 La situación de violencia que afrontan las
MTS
El sector de las MTS probablemente figure
como una de las principales víctimas de la
violencia estructural, pues dicha labor se
convierte en una alternativa ante la inexistencia
de empleos y quien la ejerce debe enfrentar una
serie de peripecias que van desde la violencia
económica del modelo hasta la violencia de
género expresada desde diferentes espacios.
En relación a lo anterior, otra de las realidades
presentes en el escenario en que las MTS
realizan su actividad, es la vulnerabilidad ante
la violencia; acá vale distinguir que este sector
debe enfrentar casi cotidianamente situaciones de
violencia de género provenientes de diferentes
entornos:
a) Entorno intrafamiliar por parte de la pareja,
quien ejerciendo poder comete agresiones
físicas, psicológicas y sexuales en su contra
afectando su estima personal; algunas
95mantienen esa violencia en silencio debido a
la percepción de discriminación que tienen de
su entorno y muchas han asimilado la idea
de que por ser MTS no tienen derechos a una
vida sin violencia o se sienten desprotegidas
por las instancias del Estado, ya que cuando
han querido interponer una demanda no han
recibido la atención debida y eso ha generado
en ellas un sentimiento de frustración ante
la labor que realizan tales instancias.
b) Entorno laboral por parte de clientes y
dueños/as de negocios; algunos de sus clientes
ejercen maltrato contra ellas, por ejemplo,
cuando no quieren pagarles o pretenden
obligarlas a prácticas sexuales que no han sido
pactadas previamente. Asimismo, por parte
de alguno/as dueños/as de negocios reciben
maltrato expresado en gritos, cobros muy
altos por el alquiler del cuarto o habitación
donde hacen su trabajo sin considerar que
la misma está en mal estado e incluso las
herramientas de trabajo tales como la cama,
cubrecamas, etc.
c) Maltrato por parte de integrantes de los
cuerpos policiales, quienes ejerciendo abuso
de poder cometen agresiones psicológicas e
incluso físicas contra MTS en su lugares de
trabajo y principalmente cuando están en
calles y parques quedando tales actos en la
impunidad.
d) En los últimos tres años, aproximadamente,
otra fuente de agresión contra las MTS lo
han constituido las pandillas o “maras” que
se lucran del trabajo de ellas al imponerles
el pago de “renta”, viéndose forzadas a
cancelar a diario lo que se les demanda
para no exponerse a ser agredidas e incluso
asesinadas.
Dentro del clima de inseguridad y terror
imperante en el país, las MTS aparecen como
un sector muy susceptible de ser víctima de
ataques provenientes de cualquier grupo o
persona e incluso de que se cometa crimen en
su contra y quede en la total impunidad. Entre
1998 y lo que va de 2006 (febrero), se reporta
un total de 39 MTS asesinadas en condiciones
no esclarecidas y sin que al respecto se halla
hecho una investigación exhaustiva por parte
de las autoridades correspondientes por lo que
se desconoce la autoría de dichas muertes.
Únicamente por citar algunos casos: en septiembre
del 2004 asesinaron a una MTS de tan sólo 19
años, quien fue decapitada y su cuerpo hallado
en San Martín. En abril del 2005, otra MTS que
ejercía su labor en la plazoleta Zurita y que estaba
embarazada, fue baleada en el autobús cerca de
la Avenida Independencia de la ciudad de San
Salvador, muriendo su bebé cinco días después
a consecuencia del mismo hecho.
En otras palabras, en la medida que los asesinatos
quedan en la impunidad la vulnerabilidad
del sector se acentúa, pues la percepción de
desprotección genera una atmósfera social en
la que pareciera que se puede sacar provecho
para ensañarse contra estas mujeres.
I.6 Un breve comentario sobre la condición legal
de las MTS
En el contexto jurídico el trabajo sexual no es
96una figura que aparece legalmente reconocida,
pues el código correspondiente no incluye ningún
apartado que le dedique espacio y mucho menos
que hable sobre el reconocimiento de los derechos
laborales para este sector.
Sin embargo, a nivel de una ordenanza municipal
de la ciudad de San Salvador, sí se hace alusión
al ejercicio del trabajo sexual. El artículo 36 de la
misma establece como contravención la compra
y venta de servicios sexuales en la vía pública
imponiendo multas e incluso arresto temporal.
En otras palabras, dicha actividad no aparece
como figura legal en instrumentos que puedan
servir para proteger y respaldar los derechos
de las mujeres que la ejercen, pero sí aparece
retomada como una forma de ejercer sanción
contra las mismas en una ordenanza municipal
que es aplicada por cuerpos metropolitanos que
con frecuencia actúan arbitrariamente por la
ambigüedad del referido artículo según casos
que se conocen.
II. Nuevas posibilidades laborales para el sector
Ante el panorama expuesto, particularmente ante la
falta de empleo o la existencia de éste con salarios
bajos que impiden mantener al grupo familiar, y los
factores específicos que caracterizan al sector como
una adversa realidad educativa, años de ejercicio
del trabajo sexual, percepción de marginación social,
difícilmente las MTS encontraran unas puertas
abiertas que ofrezcan mejores condiciones para un
desarrollo con dignidad.
Y lo más preocupante es la posible tendencia
de aumento del fenómeno, es decir de mujeres
jóvenes y adultas que vayan ingresando o han
ingresando al mundo del trabajo sexual, ante la
desesperación de no encontrar empleo y con una
realidad familiar de carencias y necesidades básicas
no resueltas. Basta con hacer uso de la técnica de la
observación estructurada y dirigida en algunas zonas
de San Salvador donde es evidente la presencia de
muchas jóvenes y adultas ejerciendo la actividad
Lamentablemente mientras no se produzcan
cambios estructurales, la realidad de exclusión
social de grupos como las MTS seguirá en
aumento sin que existan al menos instituciones
estatales encargadas de investigar la situación
de dichos sectores para disponer de datos que
permitan conocer la magnitud del problema y a
partir de ello buscar propuestas que dignifiquen
la vida de las mujeres.
II.1 Iniciativas propias del sector frente a su
situación
Si bien se ha planteado un panorama desfavorable
y precario sobre la situación que afrontan
las trabajadoras del sexo, como sector desde
hace algunos años están en la búsqueda de
posibilidades que les permitan proyectarse
hacia nuevas alternativas de autoempleo, que
si bien no resuelve su condición de pobreza les
permitiría al menos tener un ingreso adicional y
sentirse asimismo capaces de desempeñar otras
actividades laborales.
Es así como algunas de ellas han decidido
capacitarse en áreas como la informática, el
aprendizaje de oficios alternativos como la
elaboración de artesanías y otras intentando
dedicarse a la venta de comida, etc.
97Por otro lado, es importante destacar el impulso
de acciones indispensables para el fortalecimiento
de iniciativas propias, como la creación de la
Organización de Trabajadoras del Sexo (OTS),
iniciativa que les permite desarrollar y fomentar
un espíritu de cuerpo entre ellas para su misma
protección y autodefensa a través de mecanismos
de la incidencia política en instancias como la
Policía Nacional Civil (PNC), Procuraduría para
la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH),
así como otros espacios en los cuales hacen
notar sus demandas y la reivindicación de sus
derechos humanos. También es importante resaltar
los liderazgos que muchas de ellas han venido
desarrollando y que les fortalece y empodera
para proyectar su accionar en la búsqueda de
mejores condiciones laborales para su sector.
III. Conclusiones
En El Salvador el trabajo sexual y,
principalmente su incremento, constituye
uno de los efectos directos del modelo
económico. A tal actividad se ven forzadas
principalmente las mujeres de escasos
recursos económicos y de menor nivel de
escolaridad, quienes han tenido que ejercerla
como opción ante el desempleo aunque su
ejercicio las coloque en una situación de
desventaja y tengan que enfrentar todos los
efectos derivados de la violencia a la que
están expuestas.
Existe poca investigación sobre la realidad
socioeconómica de las MTS, lo que hace
difícil visibilizar con mayor precisión su
situación. Y mientras su realidad se mantenga
oculta tendrán mayores desventajas, ya que
sus derechos humanos seguirán siendo
vilipendiados sin que puedan disponer de
suficientes alternativas para la reivindicación
de los mismos.
Estas mujeres no disponen de un empleo
seguro que les garantice estabilidad económica
y emocional, no cuentan con seguridad social,
no poseen niveles educativos altos, por tanto la
precariedad de su vida es una clara evidencia
de la situación de injusticia social imperante en
un país donde la riqueza está concentrada en un
pequeño grupo dominante mientras la mayoría
se encuentra en paupérrimas condiciones de
pobreza.
Con la entrada en vigencia del Tratados de Libre
Comercio entre El Salvador y EUA, conocido
también como CAFTA por sus siglas en inglés,
resulta previsible una agudización de la situación
socio-económica de la mayoría de la población
salvadoreña, con un impacto negativo directo en
la economía que aumentará el comercio informal,
el trabajo sexual y el fenómeno migratorio en
general. En síntesis, de este modo se continúan
construyendo las condiciones adversas que sirven
de marco para que más mujeres se dediquen al
trabajo sexual, como actividad laboral cada vez
más común y acentuada en el país, que está muy
lejos de desaparecer del escenario latinoamericano
y del mundo.
98Bibliografía
-Asociación de Mujeres Flor de Piedra. Investigación
diagnóstica: situación de las trabajadoras del sexo del
centro de San Salvador, Marzo, 2003.
-Asociación de Mujeres Flor de Piedra. Censo de
Trabajadoras del Sexo, 2005.
-Villacorta, Azahara. Historias Putas: hablan las
Trabajadoras del Sexo del centrote San Salvador en
lucha por su Dignificación, Asociación de Mujeres Flor
de Piedra, El Salvador,
99
13
2729
37
31
43
31
17
32
16
1
19
1º2º3º4º5º6º7º8º9ºBachilleratoUniversidadNS/N
Anexo #2.
Tabla de Frecuencia. Escolaridad de Trabajadoras del Sexo
Total 296 TS. Fuente: Censo Asociación d e M ujeres Flor de Pi edr a.
Anexo #2.
Tabla de Frecuencia. Escolaridad de Trabajadoras del Sexo
Total 296 TS. Fuente: Censo Asociación de Mujeres Flor de Piedra.
ANEXOS
Anexo # 1: Zonas de trabajo.
Fuente: Censo de Flor de Piedra 2005
Departamento MunicipioCant idad deTrabajadoras del Sexo
Soyapango 43
Apopa 65
Aguijares 59San Salvador
San Martín 30
Santa Ana Centro 172
Sonsonate Centro 52
Lourdes , Colón 33
Puerto de l a Libert ad 27La Libertad
Santa Tecla 37
Total 518
ANEXOS
Anexo # 1: Zonas de Trabajo.
Fuente: Censo de Flor de Piedra 2005
100Anexo # 3
REGISTRO DE CASOS DE MTS ASESINADAS
Fuente: Asociación de Mujeres Flor de Piedra
101
Introducción
Hace 5 años se estimaba que escala planetaria
habían unas 160 millones de personas viviendo
fuera de sus países de origen, un 3% del total
de la población mundial en aquel momento,
cifra que si hubiese sido posible ubicarla en
un mismo territorio le habría dado origen a la
sexta nación más poblada del mundo colocada
detrás de China, India, Estados Unidos, Indonesia
y Brasil.
Sin embargo, en todos los países y, en este
caso El Salvador, el fenómeno migratorio no
constituye una actitud generalizada ya que la
mayoría de habitantes nunca llega a abandonar
su lugar de residencia y mucho menos el país
de origen. No obstante eso, la emigración ha
estado presente desde los comienzos de la
historia humana. En nuestro país, por ejemplo,
se registran los primeros casos migratorios desde
mediados del siglo XIX, es decir poco tiempo
después de lograda la Independencia. El mismo
autor de la letra del Himno Nacional, Juan José
Cañas, abandonó el territorio salvadoreño para
aventurarse en California durante la llamada
fiebre del oro estadounidense.
Desde la experiencia de aquel reconocido personaje
se percibe que el motor de las migraciones siempre
ha sido la búsqueda de mejores condiciones de
vida o, dicho en palabras de su tiempo: el afán de
fortuna. Y ya en el nuestro, ese motivo principal no
ha variado mucho aunque haya adquirido diversos
matices o ángulos de percepción. ¿Qué factores
obligan a las personas a emigrar? Como bien lo
señalan diversas investigaciones, la emigración
es un fenómeno natural y previsible motivado
por la existencia de diferencias abismales entre
los países de origen y de destino, ya sea en
materia de recursos económicos, oportunidades
de empleo, crecimiento demográfico, seguridad
social, vigencia en el respeto de los derechos
humanos, etc.
En el caso salvadoreño el mayor oleaje migratorio
ha sido motivado por una guerra civil de doce
años, la persecución política, la pobreza, escasez
LA MIGRACIÓN EN EL SALVADOR:¿QUÉ PAPEL JUEGAN LAS MUJERES?
“… en la feminización de las migraciones, tienen una enorme incidencia factores
como la violencia de género en sus diferentes manifestaciones y la paternidad irresponsable,
a lo que indudablemente se suman el desempleo, la falta de equidad y discriminación laboral…”
Jorge Vargas Méndez
102de fuentes de trabajo y los frecuentes desastres
causados por los terremotos e inundaciones,
siendo un factor menos determinante de la
emigración salvadoreña el educativo o el viaje
para realzar estudios. Todo ello en su conjunto
ha llevado a una gran cantidad de personas a
residir o establecerse fuera del territorio nacional,
de entre 2.5 a 3.3 millones según el Informe de
Desarrollo Humano El Salvador 2005, y de igual
manera empuja diariamente a un promedio de 300
personas a buscar otros derroteros, principalmente,
en territorio estadounidense pese a los controles
migratorios cada vez más infranqueables.
Como contrapartida de esa emigración salvadoreña
es cada vez más notoria la inmigración procedente
de otros países, principalmente de la misma región
centroamericana, lo que bien puede deberse a la
falta de mano de obra local como producto del
desequilibrio generado por la emigración o bien
por los efectos negativos del envío de remesas. En
todo caso, eso es algo que también intentaremos
dilucidar en el desarrollo del presente artículo
y, principalmente, haciendo énfasis en el papel
que están desempeñando las mujeres desde los
diversos ángulos del fenómeno migratorio.
I. La migración salvadoreña de nuestro tiempo
De la región centroamericana, El Salvador se
ha convertido en los últimos años en uno de
los países con mayor índice de inmigrantes, al
menos en los Estados Unidos. Y para muestra
basta traer a colación el registro actual del
programa denominado Status de Protección
Temporal (TPS) según el cual cerca de 235 mil
compatriotas reciben ese beneficio, una cifra
que resulta bastante dilatada al compararse
con alrededor de 3,600 nicaragüenses o con la
inmigración hondureña beneficiaria del TPS,
unas 70 mil personas aproximadamente, y cuya
permanencia en los Estados Unidos depende de
que el referido programa sea renovado o no en
los próximos meses de 2006.
Esa posible mayoría de inmigrantes a la que
hemos aludido también se puso de manifiesto
cuando para el año fiscal 2004 de los Estados
Unidos, el gobierno de este país otorgó un total
de 29,795 tarjetas de residencia permanente a
igual número de compatriotas, de acuerdo con
registros publicados por la Oficina de Ciudadanía
y Servicios de Inmigración (USCIS). Esa cifra,
asimismo, fue superior a la que correspondió
al año fiscal 2003, cuando la cantidad de
residencias permanentes llegó a un total de
28,296 connacionales. La mayoría de tarjetas
de residencia permanente ha sido tramitada
mediante la Ley de Ajuste Nicaragüense y Alivio
Centroamericano (NACARA), calificando 19,081
compatriotas en el 2003 y 19,791 en 2004. En
ambos años, el resto logró su “green card” o
tarjeta verde de residencia permanente mediante
peticiones familiares o laborales.
Y según aseguró el embajador salvadoreño en
Washington D.C., René León, la posibilidad de lograr
residencia permanente la tienen cerca de 225 mil
familias, pero únicamente 97 mil se han acogido al
programa migratorio amparado en la Ley NACARA,
no habiendo realizado el trámite respectivo unas 128
mil familias salvadoreñas, lo que desde luego nos
sugiere la posibilidad de que a futuro sea beneficiada
una cantidad igual o mayor a la de 2004, es decir,
la correspondiente al año fiscal 2005.
103Ahora bien ¿qué pasa con esa cifra de 128 mil
compatriotas que no tramitan la ciudadanía
estadounidense? Quizás la interrogante la despeja
el mismo embajador René León, cuando dice: “La
Ley NACARA no ha logrado llegar ni al 30 por
ciento de su cupo. Hay varios salvadoreños que se
acogen al TPS cuando pueden perfectamente bien
acogerse a los beneficios de la Ley NACARA y
aplicar de una vez a una residencia permanente”.
Pero al mismo tiempo aclara que el principal
problema para aplicar a NACARA, es que cada
compatriota debe contratar un servicio de abogacía
cuyo costo ronda los 3 y 4 mil dólares1 .
De lo anterior se colige que la causa del rechazo
a realizar el trámite podría ser estrictamente
económica, sobre todo, si tomamos en cuenta que
una buena parte de compatriotas envía de forma
permanente remesas en dólares a sus familiares
que permanecen en El Salvador. Aunque también
no hay que descartar la posibilidad de que esa
actitud obedezca al temor de proporcionar datos
o la información personal que posteriormente
sirva para la ubicación y deportación.
Pero volvamos a las cifras. Según los registros de
la USCIS, desde 1932 la residencia permanente
ha sido concedida a 609,258 salvadoreños y
salvadoreñas, o sea a más de medio millón
de compatriotas, una cifra de inmigrantes
legales que se incrementa con las ciudadanías o
naturalizaciones que desde principios de la década
del noventa han recibido 183,936 compatriotas.
Asimismo, se observa que la celeridad y la cifra
de ciudadanías otorgadas desde 1991 muestra un
ritmo alentador para quienes la solicitan, pues
sólo en el año fiscal 2003 recibieron la ciudadanía
estadounidense 8,738 compatriotas y para 2004 -que
juramentaron al año siguiente- la cantidad fue de
9,602, lo que convirtió a El Salvador en el país
centroamericano con más ciudadanías otorgadas
durante ese año fiscal estadounidense. La mayor
parte de las naturalizaciones de 2004, por cierto,
se realizaron en los estados de California, Nueva
York, Florida, Texas y Nueva Jersey.
Los datos anteriores nos permiten afirmar, en
principio, que en los Estados Unidos hay 793,194
connacionales viviendo legalmente, una cifra que
al sumarle cerca de 235 mil personas beneficiarias
del TPS supera fácilmente el millón de migrantes
(1,028,194), un subtotal que se constituye en parte
importante de una comunidad salvadoreña mucho
más amplia y que permanentemente envía dólares
a sus familias residentes en El Salvador.
Sin embargo, esa cifra es apenas la punta del
iceberg del fenómeno migratorio en el país, pues
el IDH 2005 estima que la comunidad salvadoreña
residente en los Estados Unidos alcanza el 95%
de un total migratorio que oscila entre 2.5 y 3.3
millones de personas, por lo que en adelante
intentaremos una indagación más acuciosa a fin
de obtener una aproximación más realista.
I.1 ¿Dónde y cómo se distribuye la comunidad
salvadoreña en el exterior?
Un promedio de 300 personas emigran cada día
del país o sea unas 9 mil durante el mes. Pero
cada mes son deportadas desde los Estados
Unidos y México entre 2 mil y 3 mil personas,
1 La Prensa Gráfica, edición correspondiente al lunes 11 de julio de 2005, p. 2-4.
104lo que significa que mensualmente unas 6 mil
logran superar los obstáculos migratorios de
ambos países y llegan a su destino o se quedan en
territorio mexicano. Esa cantidad de deportaciones
mensuales, no obstante, se disparó en noviembre
de 2005 cuando la cifra llegó a 4,724 haciendo
un total de 43,335 durante el 2005, o sea con
un promedio mensual de 3,611.
De esa cantidad anual de personas deportadas,
35,882 fueron realizadas por autoridades
migratorias mexicanas mientras que desde los
Estados Unidos se repatriaron 7,154 personas.
Las restantes 299 deportaciones se efectuaron
desde Belice, Guatemala y Canadá, según datos
revelados por Jorge Santiváñez, director de
Migración y Extranjería2 .
Si nos basamos en los anteriores datos, tenemos
que 6 mil emigraciones efectivas al mes hacen un
total anual de 72 mil personas y si colocamos el
año 1992 como punto de partida, que fue cuando
comenzó la cuarta etapa migratoria según el IDH,
obtenemos un total de 1,080,000 compatriotas.
Es decir que actualmente residen en los Estados
Unidos alrededor de 2.5 millones de hombres y
mujeres que proceden de El Salvador, incluida
la cifra de residentes, las ciudadanías otorgadas
y la población beneficiaria del TPS, lo que nos
sugiere la preponderancia de una mayoría ilegal
que bien podría rondar el millón y medio.
Este cálculo de la población salvadoreña en
territorio estadounidense tiende a coincidir con
los datos que a principios de 2002 daba a conocer
en un ensayo Eduardo B. Colindres, en una tabla
sobre el flujo migratorio salvadoreño basada en
datos del Ministerio de Relaciones Exteriores y
que a continuación copiamos3 :
Sin embargo, sigue siendo un riesgo adoptar como
fidedigno dicho registro debido a que la mayor
parte de las migraciones se efectúa de manera
furtiva, al margen de los controles migratorios del
Tabla No. 1
Salvadoreños(as) registrados(as) en Consulados
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores
2 La Prensa Gráfica, edición correspondiente al miércoles 4 de enero de 2006, p. 39.
3 Revista Entorno, Universidad Tecnológica de El Salvador, edición febrero-marzo 2002, La migración salvadoreña, p. 44.
105país expulsor y de los países de destino, lo que
nos estaría indicando que en cada país o región
de destino las cifras son mucho mayores que las
que llegan a ser del dominio público.
No obstante lo anterior, esos datos oficiales sobre
la población salvadoreña en los Estados Unidos,
se aproximan a los que consignan las periodistas
Florencia Couto y Lilian Martínez en un artículo
donde, sin señalar fuentes, sostienen que en el
estado de California, que incluye ciudades como
San Francisco y Los Ángeles, viven alrededor
de 1,300,000 compatriotas; en Washington se
encuentran 150 mil; en Nueva York residen 420
mil y en las ciudades de Boston, Chicago y Miami,
entre 60 y 80 mil connacionales en cada una,
haciendo en conjunto una cifra de poco más de
2 millones de personas4 . Esos datos, desde luego,
excluyen a otras ciudades importantes donde
también se encuentra una cantidad significativa
de familias salvadoreñas.
En tal sentido, nos inclinamos a creer que, al
menos en ese país del norte, la cantidad de
salvadoreños y salvadoreñas estaría cerca de
los 2.5 millones, pero con una fuerte tendencia
a ser mucho mayor.
Eso sí, a nuestro juicio, un parámetro aceptable
para llegar a una cifra más realista puede ser
la cantidad diaria de salidas registradas por
Migración, restar las deportaciones, y multiplicar
el resultado por 30 días o por 12 meses para
obtener una cantidad aproximada de emigraciones
efectivas durante un año. Y aun con todo ello, u
otros criterios que se adopten, la cuantificación
de la comunidad salvadoreña en el exterior
seguirá siendo un problema.
Un caso emblemático lo constituyen los y las
compatriotas que permanecen en territorio
mexicano. Por ejemplo, mientras que Colindres,
con datos del Ministerio de Relaciones Exteriores
consigna que en el 2002, en México, vivían 3,265,
un estudio de Eduardo Sancho señala que la cifra
era de 30,265 para el año 2000, o sea dos años
antes, e incluso utilizando la misma fuente5 . Y
curiosamente en esos datos que incluye Sancho
aparece exactamente la misma cantidad de
compatriotas en los Estados Unidos que registra
Colindres, una coincidencia que también se
observa en el caso de Belice, mientras que en
el resto de países que incluyen ambos autores
se evidencian enormes discrepancias. En otras
palabras, se basaron en una fuente que en el
lapso de dos años no había actualizado datos
o que, en el peor de los casos, puede estar
presentando serias deficiencias.
De hecho, según los cálculos de un empresario
salvadoreño radicado desde hace años en México
y dirigente de una asociación de connacionales
en aquel país, sólo en el D.F viven alrededor
de 30 mil connacionales. Esto, de paso, hace
muy posible que esa cantidad se duplique o
triplique al seguir la ruta migratoria que desde
la frontera guatemalteca atraviesa el territorio
mexicano rumbo hacia los Estados Unidos.
Un caso bastante ilustrativo lo encontramos
en Juan Edenilson Calero Ávalos y 12 mujeres
salvadoreñas, quienes terminaron regularizando
su situación migratoria en Chiapas tras haber
4 El Diario de Hoy, Suplemento Vértice, Año 7, Número 417, Las mejores ciudades para vivir, edición correspondiente al domingo 6 de noviembre de 2005, p.5.
5 Cuaderno de investigación, Año 1, No. 1, 2004, Hacia un nuevo enfoque de la migración globalizada, Universidad Francisco Gavidia, p. 21.
106constituido una familia y renunciar al intento
de llegar a los Estados Unidos. El día que este
grupo de migrantes recibió sus documentos
para quedarse en México, Calero Ávalos dijo:
“Definitivamente me quedé a vivir en estas
tierras, pero iré los diciembres a Ilopango”6 . (El
énfasis es nuestro)
Otro caso que poco se conoce y que es muy
importante en tanto que forma parte de la
diáspora nacional y porque permite rastrear
una cifra global más realista es la comunidad
residente en Noruega. Ésta, según el registro
de la embajada salvadoreña en Suecia, está
integrada por 42 compatriotas, pero esa cifra se
queda pequeña de acuerdo con los cálculos de
quienes se han radicado en ese país del norte
de Europa desde los años ochenta. Según sus
estimaciones, sólo en Oslo, la ciudad capital, se
encuentra una cantidad similar a la registrada
por la embajada salvadoreña, pero en la ciudad
de Trondheim, la tercera en importancia, viven
alrededor de 100 connacionales. Y como esa
diáspora fue provocada por el conflicto bélico que
vivió el país, se puede afirmar que se trata de
familias que llegaron constituidas o de personas
que emigraron buscando la reunificación de las
mismas y, por tanto, es bastante probable que
sea una comunidad constituida por igual número
de mujeres y hombres.
De esta diáspora conviene destacar dos testimonios
que nos serán muy útiles más adelante. Uno de
ellos es de Gabriel Barrios, quien dice: “Al
principio llegaron cuatro salvadoreños huyendo
del conflicto armado, luego venimos nosotros. Los
compatriotas a su vez trajeron a sus familiares
por reunificación, y poco a poco la comunidad
ha ido creciendo con los nuevos nacimientos”.
Y sobre el desarrollado que ha alcanzado el
núcleo salvadoreño en ese país, Carlos Ayala,
señala: “Hay ingenieros, doctores, maestros,
traductores, profesores de idiomas y pequeños
empresarios”7 . De paso, nótese el nivel educativo
que han alcanzado en aquel país que, según
la ONU, ocupa el primer lugar de desarrollo
humano.
Igual tendencia al subregistro puede esperarse
respecto a la población salvadoreña radicada
en Belice, Nicaragua y Costa Rica, a donde la
mayoría de inmigrantes llegó a consecuencia de
la guerra civil que experimentó el país durante
más de 12 años. Hacia Nicaragua seguramente
continuó la emigración ilegal de combatientes
de la guerrilla que causaban baja y numerosas
familiares rurales que huían de la persecución
política y militar, incluso después del ascenso
al poder de Violeta Chamorro, pues en El
Salvador la guerra continuaba. Toda esa diáspora,
indudablemente, no se incluye en los registros
oficiales y lo más probable es que la mayoría
ya haya regularizado su situación migratoria de
alguna manera.
Por consiguiente, hay que enfatizarlo, no
constituye riesgo alguno asegurar que la totalidad
de la diáspora nacional pueda alcanzar los 3.3
millones de compatriotas a escala planetaria,
tal como lo estima el IDH 2005, cuya mayoría
prácticamente se ha desvinculado por completo
de su tierra natal y de sus familias afectando
6 La Prensa Gráfica, edición correspondiente a sábado 17 de diciembre de 2005, p. 33.
7 La Prensa Gráfica, edición correspondiente a lunes 2 de enero de 2006, p. 45.
107con ello más a la mujer salvadoreña. En todo
caso, esto último, es uno de los tópicos que
intentaremos dilucidar a continuación.
II. La mujer salvadoreña y su papel en el fenómeno migratorio
El papel de la mujer en el fenómeno migratorio
es un tema que puede ser abordado desde
diversos ángulos, pero no obstante ello y a
fin de delimitarlo, se intentará en adelante su
abordaje a partir de las siguientes interrogantes:
¿En qué medida participa ella en la diáspora?,
¿Por qué causas emigra?, y, finalmente, ¿qué
labores realiza y cómo se proyecta la mujer
salvadoreña en el exterior?
Tal como ha quedado planteado atrás, es
totalmente imposible precisar la cantidad exacta
de compatriotas que han emigrado. Y por lo
mismo, no se puede conocer en qué medida
ha participado la mujer salvadoreña en dicho
fenómeno. Eso sí, a partir de algunos estudios
realizados recientemente se percibe claramente
que en los últimos años la mujer salvadoreña
ha venido abandonando su actitud pasiva o de
dependencia respecto al hombre, para participar
cada vez más en la diáspora y asumir ella misma
el reto de buscar mejores derroteros.
Ese cambio de actitud en la mujer puede estar
respondiendo a por lo menos dos aspectos:
por un lado, al interés de ella en alcanzar
a su pareja que ya reside en el exterior,
particularmente en los Estados Unidos; y, por
el otro, al desarrollo progresivo de una conciencia
favorable a la autodeterminación, la autoestima, la
autorrealización y el empoderamiento, estimulada
u obligada sin duda por una precaria economía
familiar y por un hombre que, habiendo emigrado
antes, se olvidó por completo de ella e incluso
de su núcleo familiar.
En el desarrollo de esa conciencia, además, hay
que agregar los cambios que en el conjunto
social han promovido los derechos humanos
y, particularmente, los derechos inherentes a la
mujer o, dicho en palabras de Martín-Baró, “la
imagen que las personas van adquiriendo unas
de otras está condicionada muy esencialmente
por los valores vigentes en la sociedad o grupo
social en que se encuentra”.
Eso explicaría, en parte, por qué hasta 1985 del
total de migrantes que atravesaba la frontera
estadounidense-mexicana, menos de un 20%
correspondía a mujeres, según estudios de
Catherine Donato, socióloga de la Universidad
Rice, en Houston. Mientras que, como ella misma
estima, en la actualidad las mujeres constituyen
cerca de un 35 ó 45% del total de personas
que cruza la frontera de manera ilegal. Su
investigación, por cierto, coincide con académicos,
instituciones defensoras de la inmigración y
agentes de la Patrullas Fronteriza8 .
Si de ambos porcentajes adoptamos como
parámetro el intermedio, es decir el 40%, como
resultado tenemos que de cada 1000 migrantes 400
son mujeres. Y si asumimos que la migración total
anual ronda las 72 mil personas, eso nos estaría
indicando que unas 28,800 mujeres abandonan el
país anualmente. Un dato que refuerza lo anterior
8 El Diario de Hoy, artículo del New York Times, edición correspondiente a sábado 21 de enero de 2006, p. 28.
108es el que la Embajada de los Estados Unidos en
San Salvador dio a conocer hace pocos meses: en
El Salvador hay cerca de 19 mil estadounidenses
y alrededor de 15 mil son menores de edad, hijos
e hijas de compatriotas, que en su mayoría viven
de manera ilegal en diferentes ciudades de la
Unión Americana.
Esa referencia demuestra claramente que son
varios miles de infantes que nacen de mujeres
salvadoreñas, mismos que de acuerdo con las
leyes migratorias de aquel país adquieren la
ciudadanía estadounidense, pero que son traídos
debido a lo carísimo que es contratar quién los
cuide y porque ni el padre ni la madre tienen
tiempo para asumir ese papel al trabajar durante
largas jornadas. Aunque también se registran
casos como el que en esa oportunidad señaló el
cónsul general James Herman: “Algunas mujeres
viajan a Estados Unidos con el objetivo exclusivo
de que su hijo nazca en ese país”9 .
La cifra posible de mujeres que emigran
anualmente y que acabamos de consignar, no
obstante, se distancia de los datos que para
2004 tenía la Dirección General de Estadísticas
y Censos (DIGESTYC) sobre salidas y entradas
de hombres y mujeres mediante vía aérea,
marítima y terrestre. Pero ello, lejos de restarle
importancia, más bien puede estarnos indicando
como contrapartida la cantidad de mujeres que
salen de manera ilegal10 .
La tabla No. 2 señala claramente que durante
2004 hubo una diferencia marcada entre el total
de salidas y entradas femeninas, de la que
supuestamente se colige que 14,961 mujeres
ya no retornaron. En cambio, la diferencia
9 La Prensa Gráfica, edición correspondiente a lunes 25 de julio de 2005, p. 8.
10 La tabla ha sido tomada de Diana Santillán y María Eugenia Ulfe, Destinatarios y usos de remesas ¿Una oportunidad para las mujeres salvadoreñas?, p. 15.
entre el total de salidas y entradas masculinas
señala que 87,744 hombres se quedaron fuera
del territorio salvadoreño, lo que nos lleva a
presumir de que, en ese total de salidas con
registro, es decir 102,705 personas, un buen
porcentaje correspondió al flujo migratorio.
En todo caso, hay que hacer la salvedad de
que esta cifra incluye a personas extranjeras y
nacionales que por motivos de trabajo, estudio o
turismo entran y salen del país, y que habiendo
ingresado a finales de 2003 salieron al año
siguiente. Ese movimiento migratorio, de paso,
es algo que tiende a incrementarse durante las
vacaciones de semana santa, fiestas locales y
de fin de año.
Tabla No. 2
Entradas y salidas de personas 2004
Fuente: www.digestyc.gob.sv
Por tanto, a nuestro juicio, sigue vigente el
estimado de 72 mil emigraciones por año.
Coincidentemente, aunque sin especificar de
dónde toma el dato, Amparo Marroquín Parducci
dice: “Las estadísticas registran una emigración
anual de unos 72 mil salvadoreños”11 .
Respecto a la emigración de mujeres, según los
registros de la DIGESTYC un total de 14,961
mujeres no regresó en 2004. Y si partimos de
109que el total anual estimado de emigraciones
femeninas ronda las 28,800, eso significa que
cerca de un 51% de ellas lo hizo de manera ilegal
en ese año, reiterándose el supuesto de que la
mayoría de personas, en este caso las mujeres,
emigra de manera ilegal y preferentemente hacia
los Estados Unidos.
Desde luego que la cantidad exacta de mujeres
emigrantes y el respectivo porcentaje es
imposible de conocer, pero sobre la base de
cruzar los anteriores datos tampoco se está
lejos de la realidad al afirmar que alrededor
de 78.9 mujeres dejan el país diariamente, o
sea 2,367 al mes, una cifra que varía de un
mes a otro dependiendo de que la mujer que
ha decidido emigrar reúna mediante el ahorro,
la venta de bienes o el préstamo, el dinero
necesario para emprender la travesía.
Sin embargo, constituye un gran aporte para
dilucidar el tema en cuestión la investigación
realizada por Sarah Gammage y John Schimitt
y publicado por la CEPAL a mediados de 2004,
del que hemos tomado prestados los datos
que se incluyen en la tabla No. 3 que nos
ilustra sobre la distribución de la comunidad
salvadoreña en los diferentes Estados de la
Unión Americana12 .
I I .1 ¿Por qué causas emigra la mujer
salvadoreña?
La emigración, en general, es un fenómeno
complejo motivado por razones económicas,
sociales y políticas y, en consecuencia, supone
la búsqueda de mejores condiciones de vida
y de autorrealización, una aspiración humana
que está muy lejos de alcanzarse en países que,
como El Salvador, conservan casi a perpetuidad
elevados índices de pobreza, desempleo, bajos
salarios, limitado acceso a la educación y
una polarización política y social que no sólo
retarda la democratización de la sociedad sino
que también impide ver, por encima de los
intereses individuales y de grupo, los intereses
y aspiraciones de todo el conjunto social.
En el caso específico de las mujeres, los
estudios realizados indican que desde hace
20 años éstas han incrementado su diáspora
y al pasar de menos del 20% al 35 o 45% en
la actualidad, le han dado al fenómeno en
cuestión un nuevo matiz para el análisis: la
feminización de las migraciones.
A simple vista puede presumirse que la emigración
femenina obedece a las mismas causas que tienen
los hombres. Pero eso no es del todo preciso. Antes
bien, habría que analizar además factores como
el mundo privado de las mujeres, violencia de
género o paternidad irresponsable, y este último
independientemente de que el hombre se encuentre
físicamente o no en el núcleo familiar y el país.
Pese a la actitud pasiva o tímida que los sucesivos
gobiernos han asumido respecto a promover y
hacer cumplir la normativa vigente que protege
a la mujer contra toda forma de violencia -y
que ha sido, incluso, ratificada por el Estado
salvadoreño-, a diferencia de hace dos décadas
ahora es cada vez más frecuente su denuncia
11 Revista ECA 679-680, mayo-junio 2005, UCA, Tres veces mojado. Migración internacional, cultura e identidad en El Salvador, p. 466.
12 El libro en alusión se titula “Los inmigrantes mexicanos, salvadoreños y dominicanos en el mercado laboral estadounidense, las brechas de género en los años 1980 y 2000, Unidad de Desarrollo, CEPAL, 2004.
110Tabla No. 3
Comunidad salvadoreña en EUA y su distribución por Estado, 1990 y 2000
(Ponderado por persona, miles de personas)
Fuente: Cálculo propio de Sarah Gammage y John Schimitt con tabulaciones especiales de la PUMS (Public
Use Micro Simple 5%) del Censo Decenal de 1990, y de la PUMS 1% del Censo Decenal de 2000.
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111ante la violencia física, sexual, psicológica,
etc., que sufren por parte de los hombres, algo
que antes quedaba totalmente en el ámbito de
lo confidencial y la impunidad. Es decir que
entre más se ha venido apropiando de sus
derechos, más ha venido ella misma poniendo
al descubierto o evidenciando las condiciones de
subordinación y violencia en las que ha vivido y
que indudablemente también han podido incidir
en su determinación de emigrar.
Ya a finales de la década del ochenta, un estudio
realizado en San Salvador revelaba que cerca
del 57% de las mujeres casadas o acompañadas
eran víctimas de maltrato físico por parte de
sus esposos o compañeros de vida13 . Más de
una década después un organismo de mujeres
daba a conocer cifras alarmantes de denuncias:
“La Organización de Mujeres Salvadoreñas por
la Paz (ORMUSA), recibe un promedio de entre
25 y 30 casos mensuales de agresiones físicas,
sicológicas y sexuales. Estas dos últimas continúan
siendo las menos reportadas y las más graves:
mujeres que están siendo violadas en el seno
de sus hogares por sus padres, padrastros o
compañeros de vida”14 .
De la misma fuente, léase un fragmento del
testimonio dado por una mujer que ha vivido
en carne propia la agresión de pareja, pero que
un día decidió poner fin a su tragedia: “Si yo
tenía relaciones sexuales y hacía lo que quería,
no me golpeaba; si no, me rompía la ropa y me
dejaba bajo llave. Nunca pude escapar porque si
lo intentaba me decía que me iba a matar a mí
o a mi hijo (…) Ya no lo perdono. Si lo hago
otra vez, quizás me mate”.
En el mismo estudio y edición del citado rotativo
se incluían cifras sobre denuncias de violencia
intrafamiliar registradas por los Juzgados de
Familia de la Corte Suprema de Justicia en 2002,
es decir, durante el año anterior: agresiones
físicas: 2,632 casos; agresiones psicológicas: 1,468;
y casos de violencia sexual: 213. No obstante,
como contrapartida la referida investigación
también reveló que 9 de cada 10 mujeres
afirmaban su rechazo a la violencia procedente
de sus parejas.
De paso, hay que señalar que estudios como los
aludidos han contribuido también a colocar en
la agenda de la opinión pública la deplorable
situación de la mujer salvadoreña y al visibilizarla
han generado conciencia sobre la necesidad
de rechazarla y combatirla. Y tan es así que
una investigación reciente realizada en todo
el país reveló que la mayoría de mujeres
rechaza la violencia física en su contra por
infidelidad (84.7%), e incluso la agresión de ellas
mismas hacia las mujeres que pretenden a sus
parejas conyugales (80.0%)15 . ¿Puede la violencia
intrafamiliar y la percepción que de ella tiene
la mujer incidir en su decisión de emigrar? Por
supuesto que sí.
En cuanto a la paternidad irresponsable, a
partir del análisis que sigue es posible inferir
que en buena medida se trata de un problema
vinculado a la emigración de los años ochenta
y principios de los noventa, cuando la diáspora
en su mayoría estaba constituida por hombres,
13 La ruta crítica de las mujeres afectadas por la violencia intrafamiliar en el municipio de Guazapa, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Las Dignas, OPS/OMS, p. 7.
14 El Diario de Hoy, El perfil de la mujer salvadoreña, edición especial correspondiente a viernes 30 de mayo de 2003, p. 30.
112lo que gradualmente hizo que una cantidad
significativa de hogares salvadoreños pasaran
a la jefatura de mujeres hasta alcanzar en la
actualidad un 35.7% (CEPAL, 2005).
Marta M. se casó a finales de los años ochenta
y rápido quedó embarazada. Tuvo un hijo. Al
poco tiempo su esposo decidió irse para los
Estados Unidos con la promesa de que, una vez
establecido, le enviaría dinero mientras lograba
mejores condiciones para enviar por ella y su
pequeño. Durante los primeros meses el hizo
efectivo el envío de dólares, pero después se
olvidó por completo de su familia. Ahora ella
se dedica a trabajar por turnos como obrera en
una panadería; su hijo, por razones obvias, desde
hace años abandonó sus estudios quedándose
semi-analfabeta; y mientras tanto, el esposo,
con otro hogar en Estados Unidos, tiene años
de no enviar ni una carta. Pero según Marta ha
indagado, aquel hombre ocasionalmente sí envía
dinero, pero para la madre y las hermanas de
él. Eso sí, Marta sin duda clasifica como jefa
de hogar, al igual que miles y miles de mujeres
salvadoreñas.
Claro está que la paternidad irresponsable
no se puede atribuir de manera exclusiva
a la emigración masculina, tal como se
reseña más adelante, pero sobre la base de
las siguientes cifras es posible auscultar en
qué medida constituye parte del problema,
mismo que , como ya apuntamos, puede
estar determinando el oleaje migratorio de las
mujeres.
De 1,626,036 hogares que existen en el país, según la
Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples (EHPM),
sólo 362,189 recibieron remesas durante el 200416 . Y
si sabemos que la feminización de la migración es
reciente, eso nos permite asegurar que la mayoría
de compatriotas que vive y trabaja en los Estados
Unidos es predominantemente masculina y que,
sin temor a equívocos, fácilmente esa cantidad
puede superar el millón de salvadoreños.
Lo anterior, en consecuencia, nos muestra que
la cantidad de hogares que recibe remesas en el
país es extremadamente inferior a la cantidad
de hombres que ha emigrado, sobre todo hacia
la Unión Americana, pues ni siquiera se ven
favorecidos los 500 mil hogares y se está muy
lejos de llegar al millón. Eso, desde luego, es
un indicio de que la paternidad irresponsable
causada por la emigración masculina podría ser
significativa y, hasta cierto punto, un motivo
para feminizar la diáspora.
Solamente durante el primer semestre de 2004, la
Fiscalía General de la República (FGR), contabilizó
6,789 demandas por cuotas alimenticias y de
éstas, cerca del 90 por ciento fue contra padres
irresponsables y el restante 10% contra madres,
unos 6,110 hombres y 679 mujeres17 .
Aunque seguramente esos casos corresponden
a personas que viven en el país, en tanto que
no toda la paternidad irresponsable se debe a
la emigración, ello nos permite aproximarnos a
una cifra de mujeres que año con año aumenta el
índice de jefas de hogar, lo que al mismo tiempo
15 Resultados de la Encuesta Nacional de La Prensa Gráfica, publicados en Enfoque, Año 7 No. 385, edición correspondiente al domingo 23 de octubre de 2005, p. 4.
16 Informe de Desarrollo Humano El Salvador 2005, PNUD, p. 76. 17 El Diario de Hoy, Familia en crisis, edición correspondiente al
lunes 15 de noviembre de 2004, pp. 2-6.
113las vuelve más susceptibles de emigrar. Sólo en
San Salvador se registraba para 2003 un 42%
de hogares al mando de mujeres. Es más, en el
recién citado reporte periodístico, se lee: “Según
el supervisor general de la investigación Fesal
2003, Juan Carlos Salguero, la desintegración es
una crisis que tiene que ver con factores como la
emigración y la falta de madurez emocional de
los padres para afrontar una relación conyugal”.
(El énfasis es nuestro)
Como corolario de lo anterior otra investigación
efectuada recientemente con una muestra de
1,247 entrevistas a personas que residen en los
Estados Unidos (61% hombres y 39% mujeres),
reveló que las remesas en dólares están dirigidas
principalmente a sus madres (47.3%) y padres
(28.9%), mientras los menores porcentaje
corresponden a hermanos o hermanas (23.7),
hijos o hijas (19.8) y esposas o compañeras de
vida (10.3)18 .
Por considerar oportuna la referida noticia
para el tópico que nos ocupa, transcribimos lo
siguiente: “Rosa Irma Martínez, de 53 años, se
fue hace cinco años a Estados Unidos. Sus tres
hijos quedaron al cuidado de sus padres en El
Salvador. La salvadoreña que está amparada bajo
el Estado de Protección Temporal (TPS), viajó al
país en diciembre gracias a un permiso especial
que le otorgaron las autoridades migratorias de
Estados Unidos para visitar a su madre enferma.
Cada mes, Martínez envía a El Salvador 300 de
los 1 mil 800 dólares que gana en una planta
procesadora de alimentos en Missouri. El dinero
sirve para sufragar la manutención y estudios
de sus hijos.
El 81.1% de los compatriotas en el extranjero
envía dinero para sus familiares, según la encuesta
realizada por la LPG Datos en el Aeropuerto
Internacional El Salvador entre el 2 y 8 de enero.
El 57.2% de los entrevistados envía un promedio
de 335 dólares una vez al mes.
Algunos, como Nubia Flores, quien sostiene a
su madre en El Salvador, envían más de 400
dólares mensuales. El monto mínimo registrado
en el estudio fue de 20 dólares, el máximo, de 10
mil. Así como Flores, la mayoría de salvadoreños
envía dinero para sus padres y hermanos. Esto
se debe principalmente a que la mayoría vive
con su esposa e hijos en Estados Unidos. El
69% de los entrevistados dijo, por ejemplo, que
tiene al menos a un hermano viviendo aquí;
el 54.6% dejó atrás a su madre; y el 40.3 a su
padre. Solo el 19.8% tiene hijos en El Salvador,
y el 10.3% a su esposa. Hay que recordar que
todos los compatriotas tienen estatus legal en
Estados Unidos y que tal condición les permite
solicitar visa de inmigración para sus familiares
más cercanos, que son, precisamente, la esposa
y los hijos”.
Respecto a lo último, se debe tener en cuenta
al menos dos aspectos importantes: por un
lado, que la mayoría de connacionales que se
encuentra en Estados Unidos está de manera
ilegal y por lo mismo no puede regresar de
visita a El Salvador; y por el otro, que no todos
los hombres aceptan públicamente, para el caso
en una encuesta, que tienen hijos o hijas que no
reconocen o que, incluso, ignoran su paradero
en el país.
18 La Prensa Gráfica, edición correspondiente al viernes 13 de enero
de 2006, p. 30.
114En todo caso, los estudios y datos hasta aquí
consultados nos permiten sostener que en la
feminización de las migraciones, tienen una
enorme incidencia factores como la violencia de
género en sus diferentes manifestaciones y la
paternidad irresponsable, a lo que indudablemente
se suman el desempleo, la falta de equidad y
discriminación laboral, los bajos salarios y la
falta de oportunidades educativas, entre otros
aspectos más.
Y esto último que acabamos de aseverar es algo
perfectamente percibido por las mismas mujeres:
“Yo sólo saco mi carrera y me voy para Estados
Unidos. Allá todo es limpio, todo es seguro, se
gana buen dinero y si se trabaja se sale adelante.
En este país, en cambio, la vida es muy difícil,
no hay oportunidades de empleo y hay mucha
delincuencia, dice Carmen Elena Urrutia, de 25
años, estudiante de ingeniería. Y como ella al
menos cuatro de cada diez encuestadas están
considerando emigrar a ese país en un futuro
cercano. La mayoría de quienes así lo afirman
todavía está estudiando carreras universitarias
o ahorrando algún dinero para viajar en el
momento que puedan, no cuentan aún con un
empleo remunerado y no tienen hijos. Según el
análisis, la mayoría de mujeres piensa que en
Estados Unidos hay una vida más igualitaria
entre los sexos. De hecho, 74% de ellas cree
que (allá) los hombres y las mujeres comparten
responsabilidades económicas en el hogar. Ellas
afirman conocer de primera mano cómo es la
vida en Estados Unidos, de hecho el 68% tiene
un pariente viviendo en ese país, casi siempre
un hermano. Una de las ventajas de vivir allá
es que los hombres han aprendido a participar
en las labores propias del hogar, como cocinar,
lavar la ropa e incluso atender a los hijos. Otro
aspecto es que la intención de emigrar ya no está
siendo considerada sólo como una opción de
supervivencia, sino como una forma de alcanzar
mejor desarrollo económico y personal. Un 66%
piensa que la calidad de vida de las mujeres
salvadoreñas que se han ido a vivir a los Estados
Unidos es mejor que la que tienen quienes viven
en El Salvador. De hecho son las mujeres con un
mayor nivel educativo y socioeconómico y las
más jóvenes –alrededor de los 25 años– quienes
están optando viajar a Estados Unidos (…)”19 .
(Los énfasis son nuestros)
Tal como podrá percibirse en la cita anterior,
cada vez es más generalizado el cuestionamiento
que las mujeres tienen respecto a la falta de
equidad de género tanto en el mundo privado
como en el público y, para el caso, en el ámbito
laboral, lo que ha sido bastante documentado en
diversos estudios realizados sobre el empleo de
las mujeres en la industria maquilera y en el
sector informal de la economía.
Por consiguiente, existen fuertes indicios para
sostener que factores como la violencia intrafamiliar,
la paternidad irresponsable y la feminización de
la pobreza, entre otros, constituyen eslabones de
causa y efecto estrechamente vinculados a la
feminización de las migraciones de los últimos
tiempos y, por lo mismo, un serio obstáculo
para alcanzar desde y como país los Objetivos
de Desarrollo del Milenio y, particularmente, el
que se refiere a promover la igualdad entre los
sexos y la autonomía de la mujer.
19 El Diario de Hoy, El perfil de la mujer salvadoreña, edición ya citada, p. 20.
115II.2 ¿Qué labores realiza la mujer salvadoreña
emigrante?
Pese a que en los últimos años se ha reducido
la brecha salarial existente entre hombres y
mujeres, eso no ha hecho que éstas desistan de
su emigración. Sin duda porque cada vez es más
dominante la idea de que, independientemente
de los salarios, en el país es imposible alcanzar
mejores condiciones de vida o cierto estatus
económico y social. Y esto es algo que tiene
que ver con la difusión cada vez más notoria y
rimbombante de noticias sobre compatriotas que
han prosperado en Estados Unidos y que retornan
ocasionalmente en calidad de turistas.
La prensa escrita, por ejemplo, destacó
recientemente que en San Alejo, departamento
de La Unión, un grupo de compatriotas que
vino de visita tuvo un lugar privilegiado en la
celebración de las fiestas patronales del municipio.
Igual experiencia se tuvo en Cojutepeque,
departamento de Cuscatlán. Y en San Pedro
Masahuat, departamento de La Paz, el Concejo
Municipal ha acordado dedicar en adelante un
día especial en sus fiestas tradicionales a la
comunidad sampedrana residente en los Estados
Unidos. Es decir, en los últimos años ha cambiado
la percepción que se tenía de las emigraciones
y ahora regresar de visita es obtener un estatus
social gratificante que indudablemente se suma
al económico.
Por todo ello es que la mujer, al igual que
el hombre, decide emigrar de países como el
nuestro. “Ellas, dice Catherine Donato, vienen
a encontrar trabajo en la pujante economía
informal y clandestina, a través de una vasta
red de amigos y parientes que ya tienen empleo
en Estados Unidos como mucamas, cocineras,
ayudantes de cocina, obreras de fábrica y niñeras.
En estos empleos, ellas pueden percibir el doble
o triple de lo que ganarían con sus salarios. La
realidad económica de la inmigración ilegal es
compleja”.
Y ciertamente en Estados Unidos se percibe mejor
salario, pero no es el doble ni el triple sino el
séxtuplo de lo que se gana en El Salvador. En
este país una persona que trabaja en la maquila
devenga un salario mínimo mensual de $151.20; si
trabaja en la industria gana $154.80; en el sector
comercio y servicio percibe $158.40; y si labora en
la agricultura apenas gana $74.06. Si comparamos
estos salarios con el que mensualmente devenga
la compatriota de la planta procesadora de
alimentos, en Missouri, rápidamente percibimos
que la disparidad salarial es enorme entre ambos
países y que, incluso, es casi doce veces el salario
mínimo mensual de una mujer que trabaja en
el sector industria de El Salvador.
Es más, uno de los estudios de opinión citados
anteriormente, revela que las mujeres en los
Estados Unidos, en su mayoría trabajando en
oficios domésticos y como niñeras, llegan a
devengar $20 dólares por hora. Es decir que al
trabajar 44 horas semanales una mujer puede
ganar $880 dólares, es decir cerca de $3,520 al
mes, un ingreso sumamente atractivo que en
El Salvador no llega a ganar ni una profesional
universitaria durante el mismo lapso. Incluso, en
el peor de los casos, cuando una persona gana
$2 dólares la hora, lo que es raro en Estados
Unidos, el salario mensual puede traducirse en
$352,00 al mes.
116
Tabla No. 4
Comunidad salvadoreña y empleo en Estados Unidos
Fuente: LPG (13-enero-2006, p. 28)
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La guerra y las necesidades económicas de
su familia obligaron a Eriselda Rodríguez a
abandonar el Cantón El Jute, Chalatenango.
Desde los 13 años se vio obligada a aportar a la
economía familiar y coadyuvar a la manutención
de ocho niños y niñas menores que ella, por
lo que debió trabajar en oficios domésticos en
el país hasta que por fin logró emigrar a los
Estados Unidos; en este país, primero trabajó
limpiando casas y cuidando niños; y luego,
encontró empleó como mesera en un restaurante
donde gana el salario mínimo, $6.75 por hora,
haciendo un salario mensual de $1,296 dólares.
Pero, recientemente, con sus ahorros y el de su
pareja, ha abierto una cafetería denominada “La
Palma Grill”, quizás rememorando aquel pueblo
de su departamento de origen20 . ¿Podría Eriselda,
con apenas 4 años de educación básica, realizarse
de igual manera en El Salvador?
20 Resumen de testimonio publicado en La Prensa Gráfica, edición correspondiente a sábado 3 de diciembre de 2005, p. 24.
He ahí, pues, otro poderoso estímulo de la
emigración salvadoreña y, en particular de la
mujer, como respuesta a una realidad laboral
adversa en su país de origen, así como también
a un bajo nivel de escolaridad alcanzado, lo que
también determina el tipo de empleo que busca
una vez estando en territorio estadounidense.
La misma investigación de LPG, la más reciente,
y acaso la única en su tipo realizada sobre la
diáspora salvadoreña en la Unión Americana,
indica que sólo un 9.8% culminó sus estudios
universitarios, el 9.2% no logró completarlos y
que el 2.6% cuenta con educación superior no
universitaria. En cambio, como fiel reflejo de la
realidad nacional en la materia, la base piramidal
se ensancha conforme se desciende de nivel
educativo. Y así tenemos que mientras un 29.4
realizó estudios de Educación Media, un 44.6%
de la población emigrante cuenta solamente con
117Educación Básica y dentro de este porcentaje,
la mayoría (25.1%) apenas tiene seis años de
escolaridad o menos.
Aunque la participación de mujeres en la muestra sólo
fue de un 39%, dadas las características excluyentes
del sistema educativo nacional es bastante
probable que la mayoría de emigrantes con
bajo nivel educativo esté conformado por las
mismas mujeres.
Paradójicamente, son esas mujeres con bajo
nivel educativo las que están ganando los
mejores salarios al emplearse en actividades
de limpieza o como camareras y niñeras,
al igual que aquellas con cierta nivel de
formación y que trabajan como enfermeras,
docentes y obreras. Estas mujeres entrevistadas
por LPG indicaron que sus salarios oscilan
entre los $12 y $13 dólares por hora, o sea
entre $2,112 y $2,288 mensuales al trabajar
44 horas por semana, aunque 6 de cada 10
personas entrevistadas señalaron que laboran
40 horas en promedio (tabla No.5).
Fuente: LPG (23-enero-2006, p. 51)
Tabla No. 5
Empleo más común y salarios de
comunidad salvadoreña en EEUU
desarrollo personal, lo que se ve reforzado al no
contar con certificados o títulos validados que les
permitan continuar su educación, el aprendizaje
del inglés por ejemplo, y mucho menos ingresar
a las universidades. En este aspecto también
influye negativamente el estatus migratorio,
pues la mayoría de mujeres ingresa a territorio
estadounidense de forma ilegal y por lo mismo
se ven forzadas a permanecer en empleos que,
a guisa de claustro “voluntario”, las protege del
acoso de autoridades migratorias.
Esa misma suerte de falta de acceso a la
educación heredan los hijos e hijas de mujeres
indocumentadas, situación que ha movido a
grupos que trabajan por sus derechos a solicitar
al congreso de Arizona su respaldo a una
propuesta de ley que daría educación a hijos
e hijas de inmigrantes ilegales, algo que desde
luego ha encontrado oposición entre personas y
asociaciones antiinmigrantes. Mas aun con todo
esa adversidad, según Urban Institute alrededor
de 65 mil inmigrantes indocumentados que han
vivido al menos por cinco años en los Estados
Unidos, egresan cada año de la escuela media-
superior.
Sobre cómo determina el nivel educativo la
calidad del empleo y el ingreso de la comunidad
salvadoreña y, particularmente de la mujer,
consideramos de gran valía la investigación
ya citada de Sarah Gammage y John Schimitt,
de la que hemos extraído los datos de la tabla
No. 6 los cuales tienen cierta coincidencia
con los resultados del estudio realizado por
LPG, particularmente en lo que respecta a las
ocupaciones más comunes.
Esa situación, aunque ventajosa en cuanto a
ingresos, tiende a perpetuar la permanencia
de las mujeres en actividades de limpieza y
cuido de infantes e impide al mismo tiempo su
118Tabla No. 6
Población salvadoreña en EUA – Primeras diez ocupaciones, año 2000
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No obstante lo anterior, es decir la falta de
acceso a la educación pública y que se percibe
a partir de las ocupaciones más comunes, el
vasto influjo cultural constituye un signo positivo
para quienes residen en los Estados Unidos. Y
se trata de un fenómeno que está provocando
cambios conductuales, incluso, entre personas
con bajo nivel educativo. Y así, hablar inglés,
aunque sea con dificultades, se impone como
una exigencia cultural y laboral para quienes
recién llegan, pero paulatinamente se vuelve
una herramienta de cierto dominio.
De hecho, los niños y las niñas que nacen en
Estados Unidos de padre y madre inmigrantes,
sean ilegales o no, prefieren hablar el inglés antes
que el idioma de sus mayores. Y los y las jóvenes,
al imbuirse de esa cultura, muestran mayor interés
por el estudio, lo que al mismo tiempo motiva
a sus mayores a generarles condiciones para
lograrlo. Asimismo, la comunidad inmigrante está
desarrollando un hábito de lectura, de periódicos
en primer lugar, seguido de revistas y libros. Lo
mismo ocurre con el hábito de informarse sobre
lo que ocurre en el país que habitan y el país
de origen, por lo que resulta indispensable en
cada hogar artefactos como la televisión, la radio,
el teléfono y, actualmente, la computadora para
acceder a la Internet21 .
En otras palabras, pese al bajo nivel educativo que
caracteriza a la mayoría de mujeres salvadoreñas
en los Estados Unidos, el entorno cultural y los
beneficios potenciales de orden migratorio que
pudiera recibir a futuro, posibilitan mejores
condiciones para su desarrollo y para que alcance
Fuente: LPG (23 de enero del 2006)
21 Urquiza, Waldemar. Influencia de la cultura estadounidense sobre la cultura salvadoreña, Cuaderno de Investigación, Año 1 No.1, 2004, Universidad Francisco Gavidia, pp. 69-95.
119una vida digna a mediano o largo plazo, algo
que en su país expulsor o de origen todavía
no se vislumbra, incluso, ni con la entrada en
vigencia del CAFTA o Tratado de Libre Comercio
(TLC) con los Estados Unidos, de acuerdo con
el análisis de especialistas.
Respecto a esto último, el mismo Banco Mundial
a mediados de mayo de 2005, aseguró que el TLC
perjudicará a un 5% de la población salvadoreña y
en particular a la que vive de producir alimentos
como frijoles, pollo y productos lácteos. Y
recordando la triste experiencia de México tras
la firma del TLCAN con Estados Unidos en
1994, un experto de Carnegie Endowment for
International Peace, señaló que, de 1994 a 2004,
1.3 millones de agricultores mexicanos tuvieron
que abandonar el campo debido a la caída de
precios que provocó el ingreso masivo de trigo,
maíz y otros alimentos procedentes de los Estados
Unidos, algo que podría explicar el ascendente
flujo migratorio que ha mexicanizado a varias
ciudades de EUA durante el mismo decenio.
Ya en marzo de 2004, Roberto Artavia, rector
del INCAE, había dicho en San Salvador: “Los
perdedores del TLC, van a ser las PYMES y
los pobres. Tenemos que tenderles puentes de
política social y solidaridad”. Y eso es algo
que puede suceder con la masiva llegada de
diversos productos a bajo costo que le quiten
el pequeño margen de ganancias que sostiene,
por ejemplo, al sector informal de la economía al
que eufemísticamente se le llama microempresa,
y donde se sabe que participa mayoritariamente
la mujer salvadoreña, pues del total de personas
que participa en el sector informal, el 57.0% está
conformado por mujeres22 .
Por su parte, la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL), a través
de su director adjunto de su sede en México,
Jorge Máttar, ha asegurado que el TLC aumentará
la dependencia de la región con respecto a los
Estados Unidos, aun cuando implique algunos
beneficios para determinados sectores.
En contraposición también ha habido algunas
apologías sobre el TLC y sus bondades en frenar
la emigración salvadoreña, sobre todo, por parte
del gobierno y algunos sectores económicos
salvadoreños, pero los efectos generados entre
la población rural mexicana obligada a emigrar
hacen creer lo contrario o, al menos, ponen en tela
de duda lo que puede ocurrir en El Salvador.
II.3 ¿Cómo se proyecta la mujer salvadoreña en
el exterior?
Aun con todo lo previamente planteado y pese a
cargar consigo las secuelas de la exclusión social
y la falta de equidad desde su país de origen,
algunas mujeres salvadoreñas protagonistas de la
diáspora están descollando en el país receptor y en
diferentes esferas de la vida pública, demostrando
con ello que en El Salvador también pudieron haberlo
lograrlo si hubiesen tenido las mismas condiciones
y oportunidades que los hombres.
Ese paso, pequeño en lo individual pero enorme
para las connacionales en lo plural, indica además
que ellas no tienen que estar pendientes de resolver
sus problemas económicos, pues tal como lo indican
22 Lara López, Edgar. Panorama laboral de las mujeres salvadoreñas, ponencia dada a principios de 2006.
120Diana Santillán y María Eugenia Ulfe, el hecho de
destacar o brillar en el liderazgo ha sido algo casi
exclusivo de los hombres, particularmente, de los
mejor establecidos económica y legalmente.
Sin embargo, el repunte de la mujer salvadoreña
radicada en el exterior actualmente tiene no
pocos nombres y entre ellas se encuentra Mirian
Karoglanian, empresaria en EUA y dirigente de la
Asociación Internacional de Mujeres Salvadoreñas
(AIMSA), cuyo trabajo busca promover el
desarrollo personal y profesional de sus iguales
en el extranjero. También destacan en el mismo
país del norte: Gladis García, empresaria y
miembro de la Cámara de Comercio de El
Salvador-Los Ángeles; Gina Levy, la cónsul
honoraria de El Salvador en tierras angelinas;
Norma Roque, periodista de Canal 34 Univisión;
Noemí Kusnicki, consultora de publicidad para
una revista local, entre otras más.
Ana Sol Gutiérrez, por su parte, es una legisladora
de origen salvadoreño que está apostándole a
propuestas de ley que favorezcan a inmigrantes
y que promueve, junto a su colega compatriota
Víctor Ramírez, ante la Asamblea General de
Maryland. Igual aspiración tiene Mirna Argumedo,
nacida en Santa Ana, quien habiendo emigrado
en 1981 ahora busca un cargo como concejala
en Costa Mesa, en el Condado de Orange,
para las elecciones de noviembre de 2006; esta
mujer salvadoreña, además, es propietaria del
restaurante “El Chinaco” y miembro del Comité
de Derechos Humanos en el Estado de California.
Similares iniciativas busca impulsar también la
compatriota Liz Figueroa mediante su destacado
papel en la política estadounidense.
Y mientras tanto, después de 15 años de
haber llegado en calidad de indocumentada,
Maximina Pereira, oriunda del departamento
de Morazán, continúa fortaleciendo sus
dos negocios prósperos: Maxis Fashion, un
taller de costura, y P&I Maintenance, una
empresa que ofrece servicios de limpieza a
residencias de Washington D.C., Maryland
y Virginia. Pese a que esta mujer llegó sola
y sin tener familia o personas conocidas en
EUA, trabajando en una maquila y en limpieza
de residencias, poco a poco se abrió paso
hasta convertirse en una empresaria exitosa
que ha creado fuentes de empleos en el país
que la recibió.
En la reciente fundación del Comité Sonrisa al
Niño Salvadoreño, en Long Island, participó en
un esfuerzo mixto la compatriota Paula Opico,
originaria del departamento de La Paz. Pero no
sólo eso. El comité surgió de su iniciativa luego
de estar enviando ayuda de manera anónima
a familias de escasos recursos económicos que
viven en su departamento de origen.
También se observa igual ímpetu entre algunas
mujeres salvadoreñas radicadas al otro lado del
continente. En Italia, por ejemplo, la Comunidad
de Salvadoreños Ascensión, en Milán, está
presidida por Silvia Tobal desde hace diez años,
y por su reelección se puede intuir la calidad
de liderazgo que ejerce entre la comunidad
salvadoreña.
Asimismo, hay que destacar la figura de la
compatriota Cecilia Gómez, oriunda de Jocoro,
departamento de Morazán, y radicada en
121Australia. Esta mujer no sólo trabaja en el
Parlamento de la provincia de Victoria, sino
que, además, tras haberse incorporado al partido
Laborista Australiano participó recientemente
en las elecciones de este país como aspirante
a una de las tres plazas de concejales para la
alcaldía de Brimbank, ciudad donde reside. Y
aunque el resultado no le fue favorable, pues
quedó en cuarto lugar o a un escaño de lograrlo,
ha motivado a sus connacionales a participar en
los próximos eventos electorales y ella misma se
encuentra animada haciendo proselitismo para su
partido de cara a las elecciones parlamentarias de
2006, mientras espera una nueva oportunidad en
las siguientes elecciones para concejales. “Lo haré
con el orgullo de representar y poner en alto el
nombre de El Salvador en esta tierra”, dijo23 .
Y por supuesto que estos casos reseñados no
deben ser los únicos, mas sí los que hemos logrado
rastrear, y ello nos indica que el papel de la mujer
en el exterior está adquiriendo preponderancia,
y por consiguiente deberá cambiar la percepción
que se tiene de la emigración, pues cuando ella
sale de su país de origen –según Santillán y Ulfe
basadas en una entrevista– se le llama “abandono
del hogar o de la familia”, mientras que cuando
es el hombre quien emigra se le denomina
“cumplir con el rol de hombre proveedor y
jefe de familia”, algo que tal como lo hemos
visto, no es del todo cierto. En otras palabras,
los anteriores ejemplos nos están indicando
claramente que la mujer emigra porque busca
su desarrollo, su autorrealización o mejor dicho:
una vida con dignidad, un derecho largamente
negado y que, una vez lo ha logrado, la lleva a
dirigir su mirada hacia la tierra natal pues las
mujeres mencionadas participan, en su mayoría,
en actividades para potenciar su proyección
e incluso para gestionar recursos económicos
que luego envían a El Salvador. Y esto es algo
que las mismas autoras lo confirman, cuando
señalan: “En algunas asociaciones de oriundos la
participación de mujeres es cada vez más activa,
no solo en los Estados Unidos, sino también en
la asociación contraparte en la comunidad de
origen salvadoreña”.
Hay que señalar, no obstante, que esa búsqueda
de una vida digna en el exterior por parte de la
mujer salvadoreña, no siempre tiene el mismo
desenlace. Y como contraposición se conocen
casos de mujeres que en su tránsito hacia los
Estados Unidos, e incluso ya estando adentro
de éste país, suelen ser víctimas de grupos
mafiosos dedicados a la trata de mujeres para
su prostitución y/o esclavitud.
“En el transcurso de 2002 al menos cuatro
sentencias dictaron los tribunales estadounidenses
contra convictos que prostituyeron a niños,
niñas y mujeres de distintas nacionalidades en
Maryland, Texas, Georgia y Florida (…) Los
desastres naturales y los provocados por la
acción humana, la extrema pobreza y la falta de
empleo, son algunas de las causas que obligan
a mujeres y hombres a la aventura de dejar sus
países de origen (…) En otras palabras, debido
a esa situación es posible que lejos de reducirse
la esclavitud de las mujeres de la región, es
probable que aumente, pues en secreto a voces
se sabe que en algunos lugares de Guatemala
23 La Prensa Gráfica, edición correspondiente al sábado 3 de diciembre de 2005, p. 57.
122y México la esclavitud resurge frente a las
precarias condiciones económicas con que viajan
emigrantes indocumentados. Y así, en Tecún Umán
(Guatemala), los contrabandistas de personas,
los dueños de bares y hoteles, se aprovechan de
las necesidades de las mujeres para prostituirlas
y ofrecerlas en venta, y lo mismo sucede en
Tapachula y otros lugares de México (…) Este
drama vivido por las mujeres centroamericanas
en su afán por alcanzar el sueño americano, se
resume en palabras del clérigo Ademar Barrilli:
Les comentan sobre trabajar en restaurantes, pero
en realidad el trabajo es en bares. Después de que
alguna muchacha trabaja por un tiempo sirviendo
bebidas, el dueño la denuncia a la policía para
que la arresten por no tener documentos. La
meten a la cárcel y él paga la fianza. Luego le
dice que para pagar la deuda de la fianza tiene
que trabajar de prostituta. La deuda nunca se
acaba, por lo que la muchacha se vuelve una
esclava”24 .
En el caso más reciente “casi un centenar de
mujeres de Centro y Sudamérica fueron rescatadas
de bares en Houston”. De acuerdo con la nota
periodística, una salvadoreña contactó a uno de
los mafiosos en calidad de “coyote”, quien se
ofreció llevarla a Estados Unidos a cambio de
$8 mil dólares aclarándole que podría pagarle
trabajando como mesera. Sin embargo, ya en el
destino previamente pactado, el sujeto incrementó
la deuda a $12 mil y comenzó el drama. Según
dijo la mujer, no estaba obligada a prostituirse
pero al negarse a “salir” con un cliente tenía
que pagar una “multa” de $500 dólares a los
propietarios del antro. Otra salvadoreña, del
mismo grupo inmigrante, dijo que “muchas
mujeres intentaron huir, pero el miedo a las
amenazas, contra ellas y sus familias, se los
impedía”25 .
En otras palabras, estos casos y otros similares,
como el trabajo forzado, constituyen el lado
oculto y dramático de la diáspora, afectando
principalmente a la mujer, lo que demuestra al
mismo tiempo la vulnerabilidad de sus derechos
y la imperiosa necesidad de una política regional
que inicie de una vez por todas un proceso
tendiente a humanizar el fenómeno migratorio,
dada la imposibilidad de frenarlo desde cada
país expulsor y, necesariamente, a partir del
propio desarrollo económico.
Respecto a lo último se debe tener en cuenta que
actualmente es cada vez más notorio el debate
sobre la política migratoria en los Estados Unidos,
donde según estimaciones la inmigración ilegal
asciende a 11 millones de personas de diversas
nacionalidades, procedentes sobre todo de México,
Centro y Sudamérica, y que en estos momentos
se gestionan diferentes iniciativas de ley como la
denominada Protección Fronteriza, Antiterrorismo
y Control de la Inmigración Ilegal, también
conocida como HR4437, un proyecto que de ser
aprobado por el Senado volverá más estricta la
seguridad en la frontera sur estadounidense y
que, no siendo la solución, hará más peligrosa
la travesía.
Tampoco se debe olvidar que también está
aumentando la oposición a la inmigración en EUA,
probablemente debido al acelerado aumento de la
24 La esclavitud sigue golpeando… más a la mujer, artículo del autor, Revista Bernarda, abril-mayo 2004, No.2, 2ª. Época, ORMUSA, pp. 10-13.
25 La Prensa Gráfica, edición correspondiente a sábado 3 de diciembre de 2005, p. 56.
123población hispana en los últimos años, pues entre
2000 y 2004 creció cerca de un 17% mientras que
la población no hispana apenas logró crecer el 1%.
De hecho, uno de cada cuatro infantes que nacen
en EUA, corresponde a una madre inmigrante con
estatus migratorio legal o ilegal, según el Centro
para los Estudios de Inmigración (CIS).
En Carolina del Norte, por ejemplo, una
investigación que requirió tres años, ha revelado
que la población hispana ha pasado de 200
mil a cerca de 600 mil y que un 45% son
personas indocumentadas o ilegales. Asimismo,
indica el estudio, que uno de cada tres nuevos
empleos es ocupado por latinos(as). Y aunque
esta población fortalece la economía estatal en
términos de consumo y contribución fiscal, los
cuestionamientos han comenzado a aparecer: “(…)
Los bajos salarios contribuyen para contener los
costos laborales de negocios y al final mantienen
bajos los precios al consumidor (…) Sin embargo,
muchos trabajadores hispanos están ilegalmente en
el país, y grupos laborales argumentan que esos
trabajadores desplazan o mantienen en niveles
bajos los salarios de trabajadores estadounidenses
poco calificados (…)”26 .
Sin duda problemas como estos que hemos
señalado están detrás del nuevo escenario
migratorio que se configura en la Unión Americana
con la gestión de medidas más restrictivas al
tiempo que estimulan expresiones como los
Minuteman, que acosan a jornaleros en el Norte
de Virginia, y otros grupos civiles de cazailegales
que operan en algunos tramos de la frontera
mexicano-estadounidense.
Por su parte, presionados por autoridades
estadounidenses, los gobiernos de países
e x p u l s o r e s t a m b i é n e s t á n o r i e n t a n d o
esfuerzos a fin de frenar el auge migratorio,
principalmente, mediante la búsqueda y
captura de grupos dedicados al tráf ico
de personas. La Pol ic ía Nacional Civi l
(PNC) de El Salvador, para el caso, registra
mensualmente un promedio de 28 capturas
mensuales relacionadas con la comisión de
ese ilícito, pero aun con todo ello el flujo
migratorio se mantiene y amenaza con
incrementarse, seguramente porque las causas
o motivaciones entre sus poblaciones siguen
inmutables, enraizadas, y no dan signos de
desaparecer.
III. Un breve vistazo hacia la inmigración en El Salvador
Cuando un grupo humano requiere de elementos
exógenos para mantener su propia dinámica o realizar
sus actividades económicas, es porque experimenta
un descenso en la cantidad de sus integrantes, un
desequilibrio, pero cuando el fenómeno no obedece a
una mortandad, causada por epidemias por ejemplo,
ni al descenso en la tasa de natalidad, entonces la
causa debe buscarse en una posible emigración de
sus miembros originales.
A simple vista eso podría estar ocurriendo en El
Salvador, pero al parecer eso no es así. De acuerdo
a la opinión de especialistas, la inmigración
en nuestro país, que procede generalmente de
Guatemala, Honduras y Nicaragua, se debe
26 El Diario de Hoy, edición correspondiente a viernes 13 de enero de 2006, p. 24.
124paradójicamente al creciente envío de remesas
desde los Estados Unidos, lo cual está afectando
negativamente la disposición al trabajo entre
personas receptoras que aún pertenecen a la
Población Económicamente Activa (PEA).
Una empresa atunera española que opera en
el departamento de La Unión, para el caso,
ha encontrado dificultades para mantener su
producción debido a que en las poblaciones
aledañas las personas se niegan a trabajar por
un ingreso mensual inferior al que reciben
en remesas. Manuel Calvo, un vocero de esa
empresa, señaló que al reclutar personal en la
zona, le decían: “No, si a mí me pagan entre 600
y 700 dólares (acepto el empleo); realmente no
me interesan 180 dólares, porque eso ya me lo
manda mi familia desde Estados Unidos”27 .
Este hecho de reciente percepción podría
considerarse un efecto negativo de las remesas,
pero eso sería no colocar el problema en su
justa dimensión pues por sí solo ha puesto en
cuestionamiento un tema largamente obviado por
los sectores productivos y los sucesivos gobiernos,
pese a que está estrechamente ligado al mismo
fenómeno migratorio: los bajos salarios.
Katherine Andrade Eekhoff, socióloga de la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en
San Salvador y especialista en el tema remesas,
señala: “Tienen el lujo de no vender su mano
de obra tan barata, sobre todo en el campo”.
Recordemos que el salario mínimo en el sector
agrícola es de apenas $74.06 dólares mensuales, $2.81
al día, según la Cámara Agrícola y Agroindustrial
de El Salvador (CAMAGRO). Pero de igual forma
se perciben bajos salarios en el resto de sectores
productivos tal como atrás lo hemos señalado,
por tanto es hasta previsible que igual reacción o
negativa a trabajar se observe en zonas urbanas
o semiurbanas de los departamentos con mayor
recepción de remesas, entre ellos: La Unión, San
Miguel, Morazán y Usulután.
Esa situación, junto a la dolarización de la
economía que supone abundancia de tal moneda
desde 2001, es lo que está estimulando la
inmigración desde países fronterizos, sobre todo
en aquellos donde la moneda tiene poco valor
adquisitivo y donde hay mayor desempleo y
salarios ligeramente inferiores a los de El Salvador,
pues en la región, y particularmente entre las
comunidades más pobres y rurales, se ha inoculado
la falaz idea de que los dólares son bondadosos
procedan de donde procedan. Sumado a lo anterior
también debe mencionarse como estimulante de
la inmigración el estatus legal que los habitantes
de la región tienen en el país, pues el artículo
10 del Código de Trabajo establece que las y los
centroamericanos de origen se consideran como
salvadoreños(as) aunque deben tramitar el permiso
correspondiente para trabajar.
Todo ello podría explicar por qué, sólo entre
enero y septiembre de 2005, ingresaron al país
116,963 nicaragüenses y 152,686 hondureños(as),
en calidad de turistas por supuesto, con el
propósito de evadir el trámite del permiso para
laborar y su respectivo costo. Estas cifras se
vieron sustancialmente aumentadas a finales del
mismo año con el ingreso de miles de obreros
agrícolas, también llamados braceros, que de
27 La Prensa Gráfica, edición correspondiente a lunes 19 de septiembre de 2005, p. 4.
125ambos países llegaron a trabajar durante la
temporada de cosecha de café, algodón y caña
de azúcar, generando una escasez de mano de
obra en sus países, particularmente en Nicaragua,
donde los caficultores ya empezaron a preocuparse
y a considerar un posible aumento de salario a
fin de contrarrestar la emigración temporal que,
incluso, alcanza a afectar la cosecha cafetera de
Costa Rica a donde antes viajaban los braceros
nicaragüenses.
Al igual que resulta imposible precisar la
emigración salvadoreña, no se puede cuantificar
la inmigración en El Salvador debido al fuerte
flujo que se realiza de manera ilegal. Ni
la misma CAMAGRO lo sabe. Aunque las
autoridades migratorias salvadoreñas estiman
que ilegalmente trabajan en diferentes áreas
productivas unas 40 mil personas de origen
centroamericano, sin especificar cuántos hombres
y cuántas mujeres. “Así como los salvadoreños
llegan a Estados Unidos a realizar los trabajos
que los estadounidenses ya no quieren hacer, los
nicaragüenses vienen a El Salvador a trabajar
en las labores que los salvadoreños ya no
realizan”, dijo Ricardo Esmahan, presidente de
CAMAGRO28 .
Eso sí, parece seguro que en la zona nororiental
salvadoreña es mayor la presencia de inmigrantes
procedentes de Nicaragua y Honduras, pues ya
a principios de septiembre de 2005, al participar
en una marcha pro-ilegales en el departamento
de La Unión, Oswaldo Villanueva, de origen
nicaragüense, al admitir la escasa participación
en la actividad por parte de compatriotas y
hondureños(as) por temor a la deportación,
declaraba al rotativo El Diario de Hoy: “Somos
miles los que hemos venido en busca de trabajo
porque tenemos que mantener a nuestras familias
(…) Queremos que el gobierno salvadoreño
nos dé permisos temporales de trabajo, ya que
estamos aquí como ilegales”. La noticia también
aseguraba en esa edición que “la mayoría de
nicaragüenses y hondureños hombres se dedican
a la construcción; las mujeres se ocupan de oficios
domésticos y la cocina”.
En cambio, la mayor presencia de inmigrantes
procedentes de Guatemala es probable que se
encuentre en la zona occidental y el Gran San
Salvador, donde con frecuencia se conocen casos
de mujeres dedicadas, además de las anteriores
ocupaciones, a laborar en establecimientos de
comida y bares. Incluso, un reciente caso de trata
de mujeres descubierto por la PNC, reveló que dos
mujeres guatemaltecas habrían sido introducidas
por el paso fronterizo de San Cristóbal para
su prostitución en las fiestas tradicionales de
Santiago de la Frontera y San Antonio Pajonal,
ambos municipios del departamento de Santa
Ana29 . Y en San Salvador, en un establecimiento
de bebidas alcohólicas, el autor de este escrito
intentó entrevistar a una empleada con acento
guatemalteco que afirmaba ser originaria de
Ahuachapán, pero que desconocía el nombre del
supuesto municipio de origen. En general, cuando
la persona inmigrante procede de Guatemala
y está de manera ilegal, suele afirmar que
procede de uno de los departamentos de la
zona occidental.
Tal como puede percibirse, tanto la mujer
28 El Diario de Hoy, Vértice, Año 7, Número 418; Varela, Geraldine; Ortiz, Yensy. Cosecha con mano extranjera, edición correspondiente a domingo 13 de noviembre de 2005, pp. 3-8.
126salvadoreña emigrante como la inmigrante que
procede de la misma región, en su mayoría sigue
el mismo patrón al momento de emplearse,
esto es: oficios domésticos, cocina y meseras,
actividades que indudablemente están precedidas
por factores como el bajo nivel educativo y la
falta de equidad laboral en el país de origen.
Y por tanto, no es un riesgo generalizar para
el conjunto de ellas, el resto de motivaciones
o factores que atrás hemos reseñado y que
corresponden a las compatriotas que permanecen
en EUA.
No ocurre lo mismo, al menos en cuanto a
condición laboral o económica, con las mujeres de
otras nacionalidades que viven en el país y que
conforman un verdadero mosaico por la variedad
de orígenes. Incluso, al respecto, tampoco hay
una cifra exacta, pero en cifras redondeadas las
autoridades de Migración afirman que en el país
residen legalmente unas 14 mil personas, entre
hombres y mujeres procedentes de Europa, Asia,
África y del resto del continente americano. Es
decir, que la inmigración en El Salvador, podría
rondar las 60 mil personas, incluidas las que
permanecen ilegalmente y que han llegado de
la región centroamericana.
IV. A guisa de breve Conclusión
Lo anteriormente expuesto nos conduce a asegurar
que el fenómeno en estudio no solamente ha
cambiado en los últimos años con la llamada
feminización de las migraciones, sino que también
han cambiado las causas que lo motivaban,
particularmente entre las mujeres salvadoreñas. Y
si en un principio el hombre emigró por razones
estrictamente económicas y debido a los efectos
del conflicto armado que culminó en 1992, las
mujeres han aumentado su diáspora en los
últimos diez años por algo más que problemas
económicos familiares, ubicándose por ejemplo, la
violencia intrafamiliar, la paternidad irresponsable
y la falta de equidad familiar, social y laboral,
cuyos efectos en su desarrollo han comenzado
a ser visibilizados y ponderados por ella misma
a tal punto de motivarla a la diáspora pese a
los riesgos que la travesía implica.
En otras palabras, hay un correlato o relación
en cadena entre la emigración masculina, la
jefatura de mujeres en los hogares salvadoreños,
la irresponsabilidad de padres en la manutención
de hijos e hijas (incluso de quienes no envían sus
remesas), la feminización de la pobreza debido
a condiciones laborales adversas (maquila y
sector informal, por ejemplo) y el repunte de
la emigración femenina.
De donde se colige que si existe voluntad
política por parte del gobierno e interés entre
los sectores productivos del país por frenar el
flujo migratorio de las mujeres, la alternativa
está en implementar al corto plazo una política
integral que beneficie a la mujer en los diferentes
aspectos o ámbitos, en cuyo caso deberían
tomar mayor protagonismo instancias como el
Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer
(ISDEMU), mismo que deberá abandonar su
papel pasivo y asistencialista; el Ministerio de
Trabajo (MITRAB), que debe actuar con mayor
vigor en la defensa de los derechos laborales
que se le vulneran a la mujer y pugnar por
29 El Diario de Hoy, edición correspondiente a sábado 21 de enero de 2006, p. 56.
127mejores condiciones salariales y laborales que
beneficien a las mismas, así como también
otras instancias más que con un desempeño
eficiente y en cumplimiento del marco normativo
correspondiente promuevan y ofrezcan mejores
condiciones para la mujer salvadoreña desde
una perspectiva de igualdad y equidad de
género.
En términos generales, todo parece indicar que
la batalla para los próximos años por parte del
gobierno, instituciones internacionales y ong’s que
trabajan a favor de la mujeres, seguirá siendo
alcanzar la igualdad con respecto a los hombres
en temas tan prioritarios como la educación, la
salud y las condiciones laborales, pues aunque
la brecha se ha reducido en los últimos años
todavía queda mucho por hacer a futuro.
Asimismo, y en tanto que el fenómeno migratorio
es incontenible y seguirá su curso, un imperativo
para los gobiernos de países expulsores de su
población es la implementación de una política
migratoria que la humanice, con el propósito de
evitar que la travesía se vuelva un riesgo, sobre
todo, tomando en cuenta el riesgo diferencial que
afecta más a las mujeres y que atenta contra sus
derechos humanos, lo que podría reducirse con
solo velar por el pleno cumplimiento del marco
legal vigente relacionado con las migraciones, pues
no sólo se trata de aplaudir un ingreso anual de
remesas cada vez mayor, sino de corresponder con
hechos y medidas políticas a esa gran diáspora
que, en su mayoría, sigue siendo “la que nadie
sabe de dónde es, la eterna indocumentada”, es
decir... la comunidad salvadoreña.
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