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La nueva constitución Boliviana (2009): Análisis de las instituciones que propone a la luz de la estructura del Estado moderno1.
Mtro. Juan José Carrillo Nieto2.
Introducción, 1. El contexto histórico, 2. La Constitución Política, 3. Los primeros diez artículos, 4. La división de poderes, 5. Los servicios públicos y los derechos, 6. Los derechos de las naciones y pueblos indígenas, 7. El sistema de salud y seguridad social, 8. El proyecto educativo, 9. El Congreso boliviano, 10. El poder judicial, 11. El poder electoral, 12. El derecho al mar, 13. El modelo económico, 14. El cuidado del patrimonio estatal, 15. La posesión y propiedad de los recursos naturales y estratégicos.
Introducción.
La presente ponencia tiene la finalidad de exponer los aportes mas significativos
de esa nueva Constitución Política de Bolivia publicada en 2009, desde una
perspectiva política y jurídica.
Bolivia es uno de los países con mayor actividad política en América Latina. Si
bien una de las características de la región es su actividad contestataria ante los
proyectos capitalistas de despojo de sus riquezas naturales, también es cierto que
en ciertos países esas luchas cobran mayor fuerza.
Durante el siglo XX, Bolivia fue protagonista de una de las revoluciones más
interesantes de la región, pues en 1952 logran colocar un gobierno de tintes
progresistas que entre otras decisiones políticas fundamentales, nacionaliza la
minería, impulsa una reforma agraria, impulsa el voto universal y la reforma
educativa. Aunque este gobierno terminó con el golpe de estado de 1964. Este
avance político dejó una importante memoria en los sectores sociales de menores
recursos del país.
1 Ponencia presentada en el Congreso de Sociologia y Ciencias Sociales PREALAS 2012, mayo de
2012, Acapulco, Guerrero. La presente ponencia es parte de las actividades académicas del Cuerpo Académico “América Latina: Estado, relaciones de poder y movimientos sociales”. 2 Maestro en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Profesor- Investigador de la Universidad
Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco.
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Sin embargo, para 1982 Bolivia aceptan la propuesta de los organismos
financieros internacionales de impulsar el proyecto económico neoliberal. Por tal
motivo, con el argumento de controlar el aumento inflacionario y la deuda externa,
los gobiernos de los años ochentas impulsaron la privatización de las grandes
empresas nacionales, entre las que se encontraban las empresas de
hidrocarburos, las telecomunicaciones, la electricidad, la línea aérea estatal e
impulsaron la administración por empresas privadas de parte importante de la
seguridad social, en particular las pensiones. A estas agresivas políticas
neoliberales le siguieron una serie de levantamientos populares que llevaron al
poder al líder indígena Evo Morales, quien promulgó una nueva Constitución
Política en 2009, la cual analizaremos a continuación.
1. El contexto histórico.
Desde que inició el neoliberalismo, Bolivia vivió tres importantes levantamientos
sociales que se han denominado guerra de la coca (2000-2002), guerra del gas
(2003), y guerra del agua (1999- 2000). Cada una de estas tres guerras son la
historia de fuertes resistencias a los proyectos neoliberales.
La memoria del gobierno revolucionario de 1952 y las lucha de defensa de los
recursos naturales (coca, agua, gas), facilitaron el surgimiento y la articulación de
lo movimientos sociales bolivianos durante los primeros años del siglo XXI. Sin
duda, uno de los elementos centrales de esta articulación fue el reconocimiento de
que bajo el manto del discurso estatal se escondía una actitud profundamente
racista de la burguesía boliviana y sus clases medias, frente a la gran mayoría de
la población indígena.
Si bien el discurso indígena no era nuevo en Bolivia, cobró fuerza con la ofensiva
estatal neoliberal. De esta manera, a partir de la guerra de la coca, la guerra del
agua y la guerra del gas, se puede observar una creciente articulación de los
sectores populares bolivianos, que culminó con la alianza que llevó a Evo Morales
al gobierno en diciembre de 2005, en un triunfo histórico, pues alcanzó el 52,74
por ciento de los votos.
4
Una de las primeras medidas del gobierno boliviano encabezado por Evo Morales
fue la nacionalización de los hidrocarburos el primero de mayo de 2006. Sin
embargo, se trató de una nacionalización parcial, en virtud de que no recuperó la
totalidad de las empresas, sino únicamente el 51 por ciento del capital de éstas,
además de que tomó otras decisiones que generaron mayores ingresos
económicos para el estado boliviano. El reto principal para el nuevo gobierno era
refundar al estado boliviano, lo que necesariamente requería un nuevo pacto
político, un nuevo contrato social, es decir, una nueva Constitución Política. De
esta manera, el presidente Evo Morales convocó a los ciudadanos bolivianos a
elegir representantes para la asamblea constituyente que redactaría el nuevo
pacto. El 02 de julio de 2006 los ciudadanos bolivianos eligieron representantes
ante la Asamblea Constituyente, y el 06 de agosto de ese mismo año comenzaron
las reuniones de trabajo de la Asamblea. El Movimiento al Socialismo (MAS),
partido político que llevó a Evo Morales al gobierno, obtuvo 137 de 255 escaños
en la Constituyente, por lo que tuvo mayoría absoluta para redactar el nuevo
proyecto estatal. Sin embargo, por distintas vías la derecha intentó boicotear el
proceso constituyente, por lo que iniciar la redacción de los artículos de la nueva
carta magna llevó mas de 6 meses.
Finalmente, es hasta enero de 2009 cuando se refrenda de manera popular la
nueva constitución política, con una participación de más del 90 por ciento de los
inscritos en el padrón electoral, aunque con una aprobación apenas superior al 60
por ciento.
2. La Constitución Política.
Mucho hay que decir sobre el proceso constituyente boliviano, sin embargo, en
este artículo únicamente destacaremos dos posiciones políticas importantes: la
primera, que señala que al tener el MAS la mayoría absoluta en la Asamblea
Constituyente, pudo haber impulsado el proyecto de país que deseó, y la segunda,
la postura del gobierno, que señala que avanzó lo más que pudo en la
5
construcción de un nuevo proyecto de país, pues la derecha lo boicoteaba, y la
Constitución Política fue producto de dichas negociaciones.
Estas dos posturas son importantes en virtud de que, como ya se señaló, una
Constitución Política no sólo es un instrumento jurídico y/o una declaración de
derechos, sino un proyecto estatal y la conversión en derechos, de los intereses
de las clases dominantes. A continuación, señalaremos las instituciones más
importantes de la nueva Constitución Política de Bolivia, que entró en vigor el 07
de febrero de 2009. A continuación señalaremos los elementos mas relevantes de
este nuevo proyecto constitucional:
3. Los primeros diez artículos.
Los primeros diez artículos de la constitución boliviana señalan cuáles son las
características de país que se pretenden construir. Estos postulados son
importantes, porque nos refieren también, al tipo de país que se busca dejar atrás,
es decir, lo que se quiere cambiar en la construcción del viejo Estado en la
construcción de uno nuevo. En este sentido, la nueva Constitución Política
boliviana señala que pretende ser un estado social de derecho, independiente,
plurinacional, libre, intercultural, democrático, fundamentado en el pluralismo
político, económico, jurídico, cultural y linguistico, que busca la libre determinación
de los pueblos en el marco de la unidad estatal.
Dada la complejidad de lo que implica formar un estado a partir de la pluralidad, la
autonomía, y la nacionalidad –entre otros conceptos referidos en dichos objetivos-
el estado boliviano declara que la nación está conformada por la totalidad de los
bolivianos y las bolivianas, así como las naciones y pueblos indígena originario
campesinos, las comunidades interculturales y afro-bolivianas. Como puede
observarse en dichas aseveraciones, de lo que se trata es de ser lo más
incluyente posible ante la diversidad de pueblos, comunidades y posturas políticas
que habitan el territorio de lo que conocemos como Bolivia, y que por muchos
años fueron escondidas por la burguesía nacional, la cual pretendía mostrar un
país homogéneo y absolutamente occidentalizado.
6
El discurso homogeneizador occidental en Bolivia, desconocía y discriminaba la
existencia de otras lenguas, imponía el castellano como lengua oficial y el inglés
como idioma símbolo del progreso social y económico, ocultando una riqueza
lingüística que finalmente es reconocido en el nuevo proyecto de país. En este
sentido, el nuevo Estado reconoce como idiomas oficiales al castellano “y todos
los idiomas de las naciones y pueblos indígeno- originario- campesinos”:
“que son el aymara, araona, baure, bésiro, canichana, cavineño, cayubaba, chácobo, chimán, ese ejja, guaraní, guarasu’we, guarayu, itonama, leco, machajuyai-kallawaya, machineri, maropa, mojeño-trinitario, mojeño-ignaciano, moré, mosetén, movima, pacawara, puquina, quechua, sirionó, tacana, tapiete, toromona, uru-chipaya, weenhayek, yaminawa, yuki, yuracaré y zamuco”
3
La nueva Constitución Política también señala seis fines del Estado boliviano, de
entre los que destacan la construcción de una sociedad justa “cimentada en la
descolonización, sin discriminación ni explotación social, con plena justicia
social”4, pero también el garantizar la dignidad de las personas, reafirmar la unidad
del país, garantizar el acceso de las personas a la educación, la salud y al trabajo
y promover el aprovechamiento responsable de los recursos naturales. La
vocación pacifista de Bolivia esta señalada en el artículo 10, que prohíbe la
instalación de bases militares extranjeras en todo el territorio boliviano.
4. La división de poderes.
Dos ejes centrales en la construcción del nuevo estado boliviano son la forma en
que la nueva constitución presenta a la democracia (occidental o no), y cómo se
articula la división de poderes para hacer funcionar al Estado y cumplir sus
objetivos. En este sentido, la Constitución Política señala que la democracia es
directa y participativa (porque permite las figuras jurídicas de los referendos, las
iniciativas legislativas ciudadanas, la revocación del mandato, las asambleas, los
cabildos y las consultas previas), considera que debe ser representativa (para la
elección de representantes), pero también comunitaria (es decir, a través de la
3 Artículo 5 fracción I, Constitución Política de Bolivia (en adelante CPB)
4 Artículo 9 CPB
7
elección, designación y nominación de autoridades por normas y procedimientos
establecidos por las naciones y pueblos indígenas).
En el caso de la división de poderes, es importante señalar que la tradicional
división tripartita de poderes del Estado moderno, en este caso es división en
cuatro partes del poder estatal, siendo los poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y
Electoral, los que comparten el poder estatal constitucional. En este sentido, es
importante señalar que la primer constitución que divide en cuatro órganos el
poder público es la Constitución Política de Venezuela de 1999, por lo que su
influencia se ve plasmada en el texto boliviano.
5. Los servicios públicos y los derechos.
Como ya se señaló, la época neoliberal en Bolivia fue tan agresiva que se atrevió
a privatizar el agua y extraer los recursos naturales de su territorio sin beneficios
mínimos para su población. Es por eso que dentro del apartado de los derechos
fundamentales, la nueva constitución señala que “toda persona tiene derecho al
agua y a la alimentación”5, además, de que el acceso al agua y al alcantarillado
son considerados derechos humanos no susceptibles de concesiones ni
privatizaciones. Lo mismo ocurre con el sistema de salud, en virtud de que su
servicio fue profundamente desigual en otras épocas históricas:
“El sistema único de salud será universal, gratuito, equitativo, intracultural,
intercultural, participativo, con calidad, calidez y control social”6
En ese sentido, también la Constitución propone que los servicios públicos de
agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, correo postal y
telecomunicaciones son servicios en los que debe existir acceso universal.
5 Artículo 16, CPB
6 Artículo 18 fracción II, CPB
8
6. Los derechos de las naciones y pueblos indígenas.
Hablar de pueblos indígenas y de naciones es un tanto complicado desde la óptica
occidental, pues no existe un parámetro que nos permita conocer con exactitud
que es una nacionalidad, qué es un pueblo indígena o un pueblo campesino,
además de que el propio pensamiento occidental articula las relaciones sociales
con base en individuos y no en colectivos. Es por ello que con la finalidad de
incluir al mayor grupo de comunidades indígenas, la constitución política boliviana
las señala como “naciones y pueblos indígena originario campesinos”, de tal
manera que realiza un esfuerzo por incluir al mayor grupo de conglomerados
sociales, conceptualizándolos como:
“Toda colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición
histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la
invasión colonial española”7
A dichas colectividades, la Constitución Política les reconoce los derechos a existir
libremente, a su identidad, creencias religiosas, espiritualidades y cosmovisión, a
la libre determinación, a que sus instituciones sean parte de la estructura general
del Estado, a la titulación colectiva de tierras y territorios, a la protección de sus
lugares sagrados, a poseer sistemas de comunicación propios, a que “sus saberes
y conocimientos tradicionales, su medicina tradicional, sus idiomas, sus rituales y
sus símbolos y vestimenta sean valorados, respetados y promocionados”8, a la
propiedad intelectual colectiva de sus saberes. A una educación intercultural y
plurilingue, al ejercicio de sus sistemas políticos jurídicos y económicos, a ser
consultados, y a participar de los beneficios de la explotación de los recursos
naturales.
En este sentido, la constitución señala que las cosmovisiones, mitos, danzas,
historia oral y prácticas culturales, así como los conocimientos y las tecnologías
7 Artículo 30, CPB
8 Artículo 30, CPB
9
tradicionales son patrimonio de las naciones y los pueblos indígena originario
campesinos9.
Es importante señalar que la Constitución Política también establece la obligación
de todos los servidores públicos de “hablar al menos dos idiomas oficiales del
país”10 como manera de expresar el ejercicio de los derechos políticos que los
pueblos y organizaciones indígenas conquistaron a través de la lucha de los
movimientos sociales y el ascenso de Morales,
7. El sistema de salud y seguridad social.
La nueva Constitución Política de Bolivia plantea en diez artículos (35-45) la forma
en que se debe pensar la salud en el nuevo proyecto estatal. En ellos destaca -en
contraste con el proyecto neoliberal- el planteamiento de que la población tiene el
derecho al acceso gratuito de los servicios de salud, y para ello el Estado boliviano
configurara un sistema de salud único que incluya la medicina tradicional de las
naciones y pueblos indígena originario campesinos, dicho sistema, de acuerdo al
artículo 28, no podrá ser privatizado ni concesionado y por esta razón, el derecho
a la salud tiene mayor importancia que el derecho de propiedad intelectual y de
comercialización:
“El derecho a acceder a los medicamentos no podrá ser restringido por los derechos
de propiedad intelectual y comercialización…”11
Respecto a la seguridad social, cabe destacar que se plantea el derecho a la
jubilación con carácter universal, lo que implica también un contraste frente al
proyecto neoliberal, que individualiza los esfuerzos laborales de las personas,
garantizando el derecho a la jubilación sólo a aquellas personas que demuestran
haber laborado determinado número de años (generalmente más de 30) en la
9 Artículo 100, CPB
10 Artículo 234, requisito número 7, CPB
11 Artículo 41 fracción III, CPB
10
economía formal. Además, la constitución también revaloriza el trabajo en el hogar
al reconocerlo como generador de riqueza que debe ser cuantificado:
“El estado reconoce el valor económico del trabajo del hogar como fuente de riqueza
y deberá cuantificarse en las cuentas públicas”12
8. El proyecto educativo.
La educación es uno de los temas de la Constitución de un estado donde se
puede apreciar de mejor manera el proyecto político y económico de país. Bolivia,
país que ha sufrido profundamente el racismo, por décadas baso en estructuras
clasistas la forma de organizar su educación. Por ello, en el nuevo proyecto
constitucional, se plasmó la idea de romper con una educación con dichas
características. En ese sentido, los artículos referidos a la educación señalan que
la educación superior debe impulsar el desarrollo integral de la sociedad, y debe
considerar los conocimientos colectivos de las naciones y pueblos indígena
originario campesinos para construir una sociedad con menor injusticia social. En
el neoliberalismo, el financiamiento a la educación se basa en resultados, es decir,
en la competencia entre alumnos y entre profesores. Casos como el mexicano y el
chileno son el mejor ejemplo de un proyecto educativo neoliberal (y excluyente).
En el caso del proyecto educativo boliviano, la Constitución Política señala que
aunque existirán las universidades privadas, el Estado no podrá subvencionarlas
y, para impulsar el proyecto educativo boliviano, todas las universidades públicas
se reorganzarán para formar parte de la Universidad Boliviana, es decir, se
agruparán en una universidad nacional.
9. El Congreso boliviano
Resulta muy interesante la composición del Poder Legislativo en la nueva
Constitución boliviana. Como en México, el poder legislativo boliviano es
12
Artículo 338, CPB
11
bicameral, sin embargo, ambas cámaras funcionan separadamente y en casos
particulares, deben trabajar conjuntamente. De acuerdo a esta ingeniería
constitucional, el vicepresidente del Estado es quien preside el trabajo de la
Asamblea Legislativa Plurinacional.
En el trabajo que realiza el poder legislativo destaca que en Bolivia, los
ciudadanos, los asambleístas, el ejecutivo, el Tribunal Supremo, y los gobiernos
autónomos tienen el derecho de presentar iniciativas legislativas. Este tema
destaca porque en muchos países, como es el caso de México, los ciudadanos no
tienen el derecho de presentar iniciativas en el poder legislativo, en virtud de que
se considera, deben hacerlo a través de sus representantes.
10. El poder judicial.
Respecto al poder judicial, destaca el tema de que por primera vez en la historia
constitucional latinoamericana, los magistrados y consejeros de la magistratura
son elegidos mediante voto popular. Históricamente se consideraba imposible esta
decisión en virtud de que quienes fuesen magistrados debían ser juristas. Sin
embargo, cumplir con ese requisito, en un país con la desigualdad de Bolivia,
generaba amplias exclusiones sociales. Además, la Constitución Política ordena la
creación de un Tribunal Agroambiental, que también será elegido
democráticamente y reconoce ampliamente la jurisdicción indígena originaria
campesina, lo que lleva al reconocimiento del pluralismo jurídico y los usos y
costumbres para la impartición de justicia.
11. El poder electoral.
Respecto al poder electoral, cabe destacar que se trata de un poder que tiene una
estructura ampliamente desarrollada, pues esta compuesto por un Tribunal
Supremo, Tribunales Electorales, Juzgados Electorales, Jurados de Mesa de
Sufragio y Notarios Electorales.
12
El Tribunal Supremo Electoral, máximo órgano del poder electoral, esta
compuesto por siete miembros elegidos por la Asamblea Legislativa Plurinacional,
y entre ellos al menos dos deben ser de origen indígena originario campesino.
Resulta interesante la elevación del sistema electoral a poder estatal. Si bien la
primer constitución política que eleva a rango de poder el sistema electoral es la
Constitución venezolana de 1999, es importante que lo hace la constitución
boliviana porque además incluye el espacio político para la participación política
indígena.
Finalmente, es importante señalar que el artículo 140 establece una expresa
prohibición de crear poderes especiales para cualquier órgano o persona de
gobierno. Ha sido muy común en los gobiernos latinoamericanos publicar leyes
que generan súper-poderes para algún órgano de gobierno13, generando ciertas
distorsiones en la tradicional institucionalidad liberal-burguesa, pues rompe con la
división de poderes.
12. El derecho al mar
En materia de relaciones internacionales, es importante señalar que la nueva
Constitución Política señala la obligación de que todos los tratados internacionales
sean ratificados por referendo popular cuando así lo solicite el 5 por ciento de los
ciudadanos registrados en el padrón electoral o el 35 por ciento de los
representantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Es importante dicha
decisión política en virtud de que en muchos países los pueblos no son
consultados en los tratados internacionales que firman sus gobernantes –y no
tienen ese derecho-, a pesar de que en muchas ocasiones dichos tratados
resultan leoninos para sus gobernados.
Por otra parte, los artículos 267 y 268 de la Constitución Política boliviana
reivindican el derecho al mar a través de una salida al Océano Pacífico, por lo que
13
En la década de los años 1990 el gobierno argentino (dirigido entonces por Saúl Menem) aprobó distintas leyes especiales. Una de ellas le dio poderes especiales al ministro de economía para dirigir la economía del país. Otra ley especial mandató privatizar todo lo posible en menos de 80 días.
13
consideran es un derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le
da acceso al Pacífico. La idea de que el derecho al mar es un derecho del pueblo
boliviano, puede resultar un tanto extraño para aquellos países en los que dicho
derecho no está en pugna. Sin embargo, es importante recordar que hasta 1904
Bolivia contaba con acceso al mar, pero cuando perdió la guerra frente a Chile
perdió aquellos territorios, que no han dejado de ser reivindicados por el pueblo
boliviano.
13. El modelo económico.
El tema del modelo económico, es siempre importante para conocer el proyecto de
país. Al final de cuentas, en él se puede observar si desde el planteamiento
constitucional se busca disminuir la pobreza, repartir la riqueza o las ganancias
producidas por el trabajo y la especulación, o se permite la libre explotación de
personas y la acumulación ilimitada de riqueza, entre otras decisiones
fundamentales. La Constitución Política boliviana plantea que el modelo
económico es “plural”, es decir, una economía constituida por las formas de
organización económica comunitaria, estatal, privada, social y cooperativa, es
decir, mixta, con capital público y privado14.
Para ello, debe buscar la redistribución equitativa de los excedentes económicos a
través de las políticas sociales y la inversión. La propia constitución señala que en
dicho proyecto económico se promoverá la organización económica comunitaria
pero que se protege la propiedad privada:
“Art. 308. I. El Estado reconoce, respeta y protege la iniciativa privada, para que
contribuya al desarrollo económico, social y fortalezca la independencia económica
del país. II. Se garantiza la libertad empresa y el pleno ejercicio de las actividades
empresariales, que serán reguladas por ley…
Artículo 311. Todas las formas de organización económica establecidas en esta
Constitución gozarán de igualdad jurídica ante la ley
14
Artículo 306, CPB.
14
Artículo 312. I. Toda actividad económica debe contribuir al fortalecimiento de la
soberanía económica del país. No se permitirá la acumulación privada de poder
económico en grado tal que ponga en peligro la soberanía económica del Estado…
Artículo 313. Para eliminar la pobreza y la exclusión social y económica, para el logro
del vivir bien en sus múltiples dimensiones, la organización económica boliviana
establece los siguientes propósitos:
1. Generación del producto social en el marco del respeto e los derechos
individuales, así como de los derechos de los pueblos y las naciones.
2. La producción, distribución y redistribución justa de la riqueza y de los
excedentes económicos.
3. La reducción de las desigualdades de acceso a los recursos productivos.
4. La reducción de las desigualdades regionales.
5. El desarrollo productivo industrializador de los recursos naturales.
6. La participación activa de las economías pública y comunitaria en el aparato
productivo
Artículo 315. I. El Estado reconoce la propiedad de tierra a todas aquellas personas
jurídicas legalmente constituidas en territorio nacional siempre y cuando sea utilizada
para el cumplimiento del objeto de la creación del agente económico, la generación
de empleos y la producción y comercialización de bienes y/o servicios.”15
Como puede observarse en los artículos recientemente citados, se trata del
proyecto de una economía mixta en la cual la propiedad privada de los medios de
producción está permitida, pero también la propiedad pública y la propiedad social.
Es decir, se trata de un proyecto de economía capitalista con economía social, que
permite la libertad de empresa y la intervención estatal para la mitigación de los
efectos del libre mercado, y así lo confirma artículo 47 constitucional:
“I. Toda persona tiene derecho a dedicarse al comercio, la industria o a cualquier actividad
económica lícita, en condiciones que no perjudiquen al bien colectivo…
III. El Estado protegerá, fomentará y fortalecerá las formas comunitarias de producción”
Las limitaciones a la propiedad privada se encuentran señaladas en el artículo 56,
donde se señala que la propiedad privada no tiene el derecho de perjudicar el
15
Artículos referidos, CPB.
15
interés colectivo. Además, contrario a lo establecido por K. Marx en El Manifiesto
del Partido Comunista, se garantiza el derecho a la herencia:
“I. Toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva, siempre
que esta cumpla una función social.
II. Se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no sea
perjudicial al interés colectivo.
III. Se garantiza el derecho a la sucesión hereditaria”
El tema de la regulación del Banco Central de un país es fundamental para
conocer el tipo de economía que está organizando. Las economías neoliberales
exigen un banco central autónomo que se limite a preservar el valor de la moneda
a través del ahorro nacional. Las economías capitalistas mixtas – y también los
proyectos socialistas que han existido- plantean exactamente lo contrario, es decir,
un control del Estado sobre el banco central para utilizar el ahorro nacional en
distintos tipos de proyectos económicos y sociales. En el caso boliviano, si bien la
Constitución Política no le otorga autonomía, si le otorga personalidad jurídica,
patrimonio propio y establece como objetivo central mantener el valor de moneda,
con la imposibilidad constitucional de absolver deudas de la banca privada:
“Art. 327. El Banco Central de Bolivia es una institución de derecho público, con
personalidad jurídica y patrimonio propio. En el marco de la política económica del
Estado, es función del banco Central de Bolivia mantener la estabilidad del poder
adquisitivo interno de la moneda, para contribuir al desarrollo económico y social.
Artículo 330. IV. El banco Central de Bolivia y las entidades e instituciones públicas
no reconocerán adeudos de la banca o de entidades financieras privadas…”
14. El cuidado del patrimonio estatal.
Una de las características más importantes del funcionamiento de la
administración pública latinoamericana ha sido el constante saqueo de los bienes
y el erario público. Prácticamente en toda la región han existido casos que han
16
llegado al surrealismo por el nivel de cinismo existente, y la forma de proceder de
los funcionarios públicos. En ese sentido, la nueva Constitución Política boliviana
plantea que los daños económicos causados al Estado no prescriben16, además
de que declara que los bienes del estado no pueden ser embargables ni
enajenables y deben estar inventariados:
“Los bienes patrimonio del Estado y de las entidades públicas constituyen propiedad del
pueblo boliviano, inviolable, inembargable, imprescriptible e inexpropiable; no podrán ser
empleados en provecho particular alguno. Su calificación, inventario, administración,
disposición, registro obligatorio y formas de reivindicación serán regulados por la ley”17
15. La posesión y propiedad de los recursos naturales y estratégicos.
Sin duda, uno de los grandes temas a revisar en una Constitución política
latinoamericana es el de la posesión y propiedad de los recursos naturales. En
América Latina, los recursos naturales han sido altamente codiciados y han sufrido
saqueo interno y de las grandes potencias. Existen muchas estrategias jurídicas
para respaldar el saqueo de estos recursos naturales, una de ellos, argumentar
por qué un recurso natural no es estratégico18. En este sentido, la Constitución de
Bolivia se encarga, inicialmente de definir lo que son los recursos naturales en
aquel país, los cuales deben ser considerados estratégicos y de interés público.
“I. Son recursos naturales los minerales en todos sus estados, los hidrocarburos, el agua,
el aire, el suelo y el subsuelo, los bosques, la biodiversidad, el espectro electromagnético y
todos aquellos elementos y fuerzas físicas susceptibles de aprovechamiento”19
16
Artículo 324, CPB. 17
Artículo 339 fracción segunda, CPB. 18
En el caso mexicano, con las reformas neoliberales a la Constitución Política de 1917, se estableció que el sistema de ferrocarriles son prioritarios pero no estratégicos, y el correo postal (en desuso y sin posibilidades de convertirse en un área con alto rendimiento económico) un área estratégica y por tanto de control estatal absoluto. 19
Artículo 348, CPB.
17
Al ser estratégicos y de carácter público, estos recursos tendrán la propiedad y el
dominio directo del Estado y pueblo bolivianos, por lo que el Estado deberá
administrarlo para satisfacer el interés colectivo:
“I. Los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible
del pueblo boliviano, y corresponderá al Estado su administración en función del interés
colectivo”20
Para cumplir con dicho control que incluye desde la etapa de exploración hasta la
de comercialización, el estado boliviano podrá crear entidades públicas, pero
también asociarse con entidades cooperativas, comunitarias o privadas:
“I. El Estado asumirá el control y la dirección sobre la exploración, explotación,
industrialización, transporte y comercialización de los recursos naturales
estratégicos a través de entidades públicas, cooperativas o comunitarias, las que
podrán a su vez contratar a empresas privadas y constituir empresas mixtas”21
En el caso de empresas privadas, nacionales o no, estas deberán pagar
impuestos y regalías por su intervención, y el Estado no podrá reembolsarlas bajo
ningún concepto, y el pueblo boliviano tiene derecho a disfrutar de los
aprovechamientos de dichos recursos, especialmente aquellos pueblos que se
encuentran asentados en las zonas donde están estos recursos, al mismo tiempo
que estará prohibido inscribir dicha propiedad en el mercado financiero de valores:
351. IV. Las empresas privadas, bolivianas o extranjeras, pagarán impuestos y
regalías cuando intervengan en la explotación de los recursos naturales, y los
cobros a que den lugar no serán reembolsables. Las regalías por el
aprovechamiento de los recursos naturales son un derecho y una compensación
por su explotación, y se regularán por la Constitución y la ley…
353. El pueblo boliviano tendrá acceso equitativo a los beneficios provenientes del
aprovechamiento de todos los recursos naturales Se asignará una participación
prioritaria a los territorios donde se encuentren estos recursos, y a las naciones y
pueblos indígena originario campesinos…
357. Por ser propiedad social del pueblo boliviano, ninguna persona ni empresa
extranjera, ni ninguna persona o empresa privada boliviana podrá inscribir la
propiedad de los recursos naturales bolivianos en mercados de valores, ni los
20
Artículo 349. CPB 21
Artículo 351, CPB.
18
podrá utilizar como medios para operaciones financieras de titularización o
seguridad. La anotación y registro de reservas es una atribución exclusiva del
Estado”22
Continuando con la protección y defensa de los recursos naturales y estratégicos
bolivianos, la constitución política dedica un capítulo exclusivo a cada uno de los
siguientes recursos: hidrocarburos, minería y metalurgia, recursos hídricos,
energía, protección de la biodiversidad, coca, áreas naturales protegidas, recursos
forestales y amazonia. En cada uno de estos caso se puede observar una
reivindicación histórica por el control, explotación y aprovechamiento de estos
recursos por parte del estado boliviano y los pueblos que lo componen. Además
del reconocimiento de la propiedad boliviana de dichos recursos, se observa la
necesidad de conservar cada uno de ellos.
En este sentido, es muy significativo el planteamiento sobre los hidrocarburos,
pues la Constitución Política señala que son propiedad del pueblo boliviano, el
estado es el único facultado para su comercialización, y quienes vulneren lo
establecido en este control cometen el delito de traición a la patria:
“I. Los hidrocarburos, cualquiera sea el estado en que se encuentren o la forma en
la que se presenten, son de propiedad inalienable e imprescriptible del pueblo
boliviano. El Estado, en nombre y representación del pueblo boliviano, ejerce la
propiedad de toda la producción de hidrocarburos del país y es el único facultado
para su comercialización. La totalidad de los ingresos percibidos por la
comercialización de los hidrocarburos será propiedad del Estado.
II. Ningún contrato, acuerdo o convenio, de forma, directa o indirecta, tácita o expresa, podrá vulnerar total o parcialmente lo establecido en el presente artículo. En el caso de vulneración los contratos serán nulos de pleno derecho y quienes los hayan acordado, firmado, aprobado o ejecutado, cometerán delito de traición a la patria”
23
Para cumplir con estos lineamientos establecidos por la Constitución, el estado se
apoyará de las empresas estatales Yacimientos Petrolífero Fiscales Bolivianos
22
Artículos 350, 351, 353 y 357, CPB. 23
Artículo 359 NCPB
19
(YPFB) y la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH).La
coca, hoja sagrada de los pueblos andinos, y perseguida por el gobierno
norteamericano, se encuentra reconocida como patrimonio cultural y factor de
cohesión social, por lo que su consumo, producción y distribución no será
perseguido:
“El Estado protege a la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural,
recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia, y como factor de cohesión
social; en su estado natural no es estupefaciente. La revalorización, producción,
comercialización e industrialización se regirá mediante ley”24
Finalmente, respecto a la protección de la tierra, cabe señalar que los últimos
artículos de la constitución se encargan de prohibir el latifundio, lo que implica, la
necesidad de impulsar una reforma agraria.
Bibliografía
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Artículo 384, CPB
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