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LA OPOSICIÓN INTERIOR AL FRANQUISMO Y SU REPRESIÓN (1939 – 1959).

Por Marcial Sánchez Mosquera.

Fundación de Estudios Sindicales – Archivo Histórico de CCOO-A.

El primero de abril de 1939 terminaba la guerra con la victoria absoluta, sin paliativos, de los insurgentes,

encabezados por Franco, sobre la República. Sin embargo, esta fecha no señala el fin de las hostilidades y

el inicio de la reconciliación, sino que, por el contrario, marca el comienzo de la guerra abierta a la

oposición, que tendrá lugar hasta la misma muerte del dictador. En esta ponencia nos ocuparemos de la

oposición al franquismo hasta 1959; amplio periodo de veinte años en el que encontramos a una

oposición a la defensiva, derrotada, hostigada, amedrentada, mil veces golpeada, y a un nuevo Estado con

un interés obsesivo sobre ella, con un aliento represor inagotable. La guerra había arrojado un balance

simple e incontestable al mismo tiempo: vencedores y vencidos. Una guerra de vencedores y vencidos; de

aniquilación del derrotado1. Los vencedores, que tomaron la iniciativa desde el principio, habían utilizado

la violencia (desmedida, quirúrgica) como recurso político para derribar el régimen republicano, insuflar

el miedo más profundo en las almas de cuantos se opusieran activa o pasivamente a sus propósitos y, de

este modo, subvertir la tradición liberal y de notables organizaciones obreras que habían terminado por

prevalecer, tras un siglo de pugna, con el exilio del rey Alfonso XIII. El Estado franquista fue complacido

tributario, en su configuración y desarrollo, del discurso de vencedores y vencidos, a los que para colmo

se hacía responsables de la guerra, y del uso de la violencia política, refinada e institucionalizada hasta la

consecución de un marco jurídico cerradamente represivo. Por tanto, encontramos, por un lado, a una

oposición derrotada y en trance de recomponerse una y otra vez, al principio pendiente de que el

desenlace de la guerra mundial hiciera claudicar, por efecto dominó, a Franco, luego a la búsqueda de la

unidad de acción y de un discurso que superara el enfrentamiento civil y pusiera de relieve la abyección y

recalcitrante retroceso que suponía la dictadura; y por otro, a un Estado militarista y dictatorial, auxiliado

siempre en la persecución y represión de los herederos de los vencidos en la guerra y, posteriormente, de

cualquier forma de oposición política, sindical o social, por el Ejército, la Iglesia y la oligarquía, que hizo

pingües negocios al calor del régimen y vio desaparecer como por ensalmo la amenaza que suponía la

revolución (anarquista o comunista).

1 Cf. Santos Juliá, “De la guerra contra el invasor a la guerra fraticida”, en Santos Juliá (Coord.), Víctimas de la guerra civil, Madrid, Ed. Temas de Hoy, 1999, p. 13.

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Emilio Mola, Director del golpe, en la instrucción reservada número 1 había dejado claro que

“se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo,

que es fuerte y bien organizado” y completaba sus intenciones al respecto con una declaración, fechada el

19 de julio de 1936, donde aboga por un “sembrar el terror (…) eliminando sin escrúpulos ni vacilaciones

a todos los que no piensen como nosotros”2. Parece que esos principios calaron tanto en la coalición

sublevada, que inspiraron profundamente al nuevo Estado que se fue configurando ya durante la propia

guerra.

De este modo, trataremos en primer lugar de la violencia política ejercida por la dictadura y del

consiguiente terror sobre la población. Del hostigamiento y represión de cualquier ademán no ya de

oposición articulada sino de mera protesta. Continuaremos, en una segunda parte, con el análisis del

marco legal represivo configurado por la dictadura para la desarticulación y ensañamiento de la siempre

débil oposición; es notable reseñar el militarismo, la disposición agresiva y encono de este marco legal y

jurídico. Finalmente, abordaremos el estudio de la oposición política y sindical interior, como hemos

apuntado, siempre extremadamente clandestina, desnortada, pendiente hasta finales de la década de los

cuarenta del milagro de la intervención aliada que desbancara a Franco y que renace, tímidamente, a

finales de los años cincuenta, al calor de la superación del discurso guerracivilista, las alianzas

democráticas de oposición y la infiltración en los sindicatos franquistas.

Este trabajo se inscribe dentro de la investigación sobre la represión política y social en

Andalucía que está desarrollando la Fundación de Estudios Sindicales. En esta ponencia, hemos utilizado,

sobre todo para el análisis de la oposición política y las sucesivas oleadas represivas que sufre, el estudio

estadístico de los expedientes generados por los decretos 1/2001 y 333/2003 de la Junta de Andalucía de

indemnización a los ex presos políticos del franquismo; dicho estudio ha sido completado con un análisis,

también en clave estadística, de los expedientes procedentes de Andalucía generados por la Disposición

Adicional Decimoctava de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado, que fue

la primera iniciativa indemnizatoria a ex presos políticos, de carácter general, impulsada por la

Administración del Estado. Del mismo modo, propusimos, a través de la Dirección General de

Cooperación con la Justicia de la Consejería de Justicia y Administración Pública, a ciertas personas que

sufrieron esta represión, mantener entrevistas históricas sobre estas experiencias. Junto a ello,

consultamos ciertos expedientes en el Archivo del Tribunal Militar número 2, para completar algunos

2 Instrucción reservada nº 1 y opinión de Emilio Mola citadas en Julián Casanova, “Rebelión y revolución”, en Santos Juliá, Víctimas de la guerra civil, Madrid, Ed. Temas de Hoy, 1999, pp. 59 y 60.

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datos. Toda la posible originalidad de perspectivas, análisis y datos se deben directamente a las fuentes

citadas, amén del Archivo Histórico de CC OO de Andalucía y, particularmente, de su Fondo Oral, al que

hemos incorporado las entrevistas de represión realizadas, dispuestas para la pública consulta de la

investigación.

Ello, con el apoyo bibliográfico que se apuntará más adelante, nos ha permitido cumplir

razonablemente los objetivos que nos habíamos impuesto:

• Delimitar el concepto de violencia política, comprendiendo que la represión es consecuencia de

ésta; acercarnos a los lugares de represión, fundamentalmente comisaría o cuartel y cárcel, sin

que éstos sean los únicos, sin embargo, hemos decidido no entrar en los paseos y sacas por no

entrar en el ámbito cronológico marcado, aunque sí hemos reseñado la recurrente ley de fugas en

la extinción de las guerrillas a finales de los años cuarenta, tampoco a los campos de

concentración y batallones de trabajo, por ser un fenómeno, que aunque entra en nuestra

cronología, responde a hechos de guerra y no de oposición.

• Aproximarnos, igualmente, al fenómeno de la tortura física y psicológica: palizas, careos, puntos

débiles que aprovecha la policía (sobre todo a través de la familia), pugna entre el

torturador/torturado (hablar y ceder o mantener la postura firme), largos años de cárcel, la vida

carente y sórdida en ésta.

• Dibujar, a grandes rasgos, el marco jurídico y legal del franquismo, sobre todo en clave

represiva, hasta 1959, y comprender la notable inseguridad y falta de garantías jurídicas del

mismo.

• Aproximar una caracterización básica de la oposición antifranquista, quién y por qué y cómo.

• Acercarnos al trabajo político clandestino, comprendiendo su dificultad, fragilidad y extremados

riesgos.

• Delimitar las diferentes generaciones de antifranquistas que actúan en estos años.

• Distinguir las estrategias y tácticas de la oposición a través de este periodo. Con especial

atención a la doble perspectiva interior/exterior, así como al contexto internacional en que se

inserta en cada momento.

El estado de la cuestión de la investigación científica sobre el franquismo evidencia notables

lagunas que invitan a la originalidad de los estudios, puesto que raramente la dictadura ha sido estudiada

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en profundidad siquiera en alguno de sus aspectos. Por ceñirnos al tema que nos ocupa, la oposición y su

represión, lo primero que llama la atención es una falta notable de estudios sobre los fundamentos legales

y jurídicos del régimen y su sustancia represiva. Esto es fundamental, porque si no comprendemos la

naturaleza jurídica del mismo, poco o nada alcanzaremos a explicarnos y a explicar a otros; del mismo

modo, la exposición de motivos y el propio articulado de las leyes destilan, como no podía ser de otra

manera, la carga ideológica de quien las impulsa y las redacta. A este respecto, apenas si hemos

encontrado trabajos como los de Marc Carrillo, o alguna recopilación de leyes o bien estudios generales

que explican la esencia político-jurídica del régimen.

Por otro lado, el estudio de la violencia política y de la represión como tal sí cuenta con una

evidente profusión de estudios locales y regionales, pero no abundan los estudios que trasciendan su

análisis de los hechos represivos en sí mismos. Conceptualmente necesitamos comprender los

fundamentos teóricos e ideológicos que inspiran la violencia política como principio fundacional de la

dictadura y su consecuente correlato represivo. No es, como hemos apuntado, abundante la bibliografía en

este punto. En un marco político dictatorial ha de quedar claro que es la violencia política la que explica y

hace comprensible los hechos represivos y no al revés3. Si bien, en los trabajos de Julio Aróstegui, Santos

Juliá y Eduardo González Calleja, fundamentalmente, hemos encontrado una orientación suficiente sobre

la cuestión. Para entender cómo se dibuja y concreta la represión, son fundamentales los trabajos de

Julián Casanova, Coxita Mir o Francisco Moreno y Francisco Espinosa, si nos acercamos a Andalucía.

Para el mundo penitenciario, hemos encontrado la agudeza interpretativa y especulativa del profesor

Vinyes; así como el trabajo colectivo Una inmensa prisión, que se encarga del mundo penitenciario

franquista en sentido lato (desde los campos de concentración de prisioneros hasta la cárcel).

En cuanto a la oposición, además de libros generales de consulta, cabe destacar el clásico de

Hartmut Heine, La oposición política al franquismo. De 1939 a 1952 y los trabajos VV AA coordinados

por Tusell, Alicia Alted y Abdón Mateos y que editó la UNED. Notable en este sentido es el libro de

Ángel Herrerín sobre el mundo libertario en la oposición al franquismo. Igualmente, destacan para los

socialistas, los trabajos de Santos Juliá y Abdón Mateos. En el mundo cristiano, el análisis,

fundamentalmente de la HOAC, JOC y VOS, de José Hurtado. Llama la atención, sin embargo, que de la

oposición comunista, de manera monográfica, apenas haya nada, o por lo menos no lo hay de la entidad

3 Cf. Julio Aróstegui, “La oposición al franquismo. Represión y violencia política”, en Javier Tusell, Alicia Alted y Abdón Mateos (Coords.), La oposición al régimen de Franco, Madrid, UNED, 1990. Vol. II, p. 238.

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de los trabajos citados para socialistas y anarquistas. Por su parte, Francisco Moreno ha sabido

caracterizar bien a la oposición armada al franquismo, destacamos su libro La resistencia armada contra

Franco, también sería reseñable los estudios que está llevando a cabo José María Azuaga Rico para la

guerrilla de Andalucía Oriental.

Finalmente, para cerrar el estado de la cuestión, no podemos obviar la cuestión de la

recuperación de la memoria histórica, puesto que está influyendo notablemente, en los últimos años, en

estas investigaciones. Juan José Carreras ha señalado una confusión conceptual que comienza a ser

habitual en el debate político y social: que se hable de “memoria cuando lo que se quiere decir es

historia”4; o viceversa, que se tome por historia lo que es memoria. Cierto es que la memoria es el único

patrimonio, como se ha puesto de relieve en este país o, por ejemplo, en Iberoamérica de los vencidos; de

aquellos situados en los márgenes de la historia5. Como afirmaba Reyes Mate, “la memoria se ha

fraguado en torno a las grandes catástrofes” y “las víctimas son sus depositarios naturales”6. Pero

conviene distinguir claramente entre memoria, memoria colectiva e historia, a fin de conseguir un

discernimiento primordial en nuestros análisis y, muy particularmente, en aquellos que se nutren de

fuentes orales o audiovisuales, como es el caso. La memoria como tal nos lleva, de manera directa, a los

testimonios de los protagonistas. La memoria, siempre viva, siempre abierta, siempre construyéndose y

reconstruyéndose, nos conduce, indefectiblemente, a los vivos, a los supervivientes. A los relatos en

primera persona, en este caso de las víctimas de la represión política, económica y social de la dictadura,

por plantearlo de la manera más abierta posible. Por consiguiente, el testimonio, la memoria (que se

compone del hecho vivido, agotado en sí mismo como es obvio, y de lo recordado, construido y

reconstruido, expurgado de lo accesorio o lo insoportable, recreado y tributario de experiencias

posteriores, de conocimientos y descubrimientos que superan al hecho en sí) se presenta como una fuente

primordial para nuestros estudios, para la historia. Una fuente sujeta a contraste y crítica como cualquier

otra (documental, gráfica, bibliográfica). Pero una fuente esencial para la comprensión del periodo

histórico que estudiamos, de la complejidad socioeconómica, de la cotidianidad, de los roles sociales, de

4 De su ponencia ¿Por qué hablamos de memoria cuando queremos decir historia?, en las Jornadas Movimientos Sociales por la Memoria en España: balance, trayectoria y perspectivas, organizado por la Cátedra de Memoria de la U. Complutense de Madrid en 2005. Opinión citada por Javier Hurtado Tébar, “La construcción de las fuentes orales para estudio de la represión franquista”, Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea [en línea]. Número 6 (2006). http://hispanianova.rediris.es , p. 4. 5 Joan Romero, En los márgenes de la historia, diario El País, 9/06/2006. 6 Citado en Francisco Erice, “A memoria colectiva, entre a historia e a política”, Dezeme nº 10. 2005. ISSN 1576-4044, pp. 14 – 22. Reyes Mate, ¿Recordar para mejor olvidar? Diario El País, Madrid, 27/09/2003.

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las normas no escrita de conducta, de las culturas políticas de los vencidos y vencedores, etc. Es por ello

que, desde una perspectiva global, historia siempre es más que memoria. Hasta ahí la distinción entre

memoria (individual hasta ahora) e historia. Porque la memoria siempre ha de ser parcial, por necesidad,

subjetiva en grado sumo, tal como construimos y nos construyen nuestras biografías. Hay, pues, memoria

de víctimas y verdugos (por más que éstos suelan estar menos interesados en recordar), de demócratas y

totalitarios7; todas nos ayudaran a comprender, o al menos conocer, aquello que estudiamos. No obstante,

el concepto memoria histórica, quizá de ahí provenga buena parte de la confusión, parece sugerirnos algo

más allá de lo meramente individual, del testimonio de alguien en particular. De este modo, más bien

aludiríamos a una memoria colectiva, que estaría nuevamente sujeta a los mismos parámetros que la

memoria individual; si bien, aquélla, quizá se construye y reconstruye con mayor claridad que ésta. La

memoria colectiva no es tanto un resultado de la acción del pasado sobre el presente, como tendemos a

creer, sino de la acción de un presente sobre un pasado8. Esto no ha de quitar un ápice de legitimidad e

interés al trabajo de reconstrucción de la memoria colectiva emprendido por diferentes asociaciones9, que

han propiciado, justo es reconocerlo, la puesta en valor de la memoria de los marginados de la historia, de

los vencidos, de los derrotados que disciplinadamente callaron en las transacciones de la transición

política. Impulsando el reconocimiento institucional y público de los mismos, así como su revalorización

en el análisis histórico del periodo. Desde su fundación, en 1992, el Archivo Histórico de CC OO

Andalucía ha sido particularmente sensible a esa memoria recobrada, consignando en su Fondo Oral los

testimonios de obreros, represaliados, abogados laboralistas, católicos de base, entre otros, al tiempo que

los catalogaba, editaba y clasificaba, ya constituidos en fuente oral10, para ponerlos a la disposición de los

investigadores. No es, en consecuencia, éste un interés nuevo, ni nos falta experiencia en el tratamiento de

la memoria como fuente para investigación histórica y social; sin embargo, bueno será deshacer, o al

menos contribuir a ello, la confusión entre memoria e historia. Confusión, por otro lado, aprovechada por

7 Javier Tébar Hurtado, La construcción de las fuentes orales..., p. 4 8 Cf. Enrique Gavilán, “De la imposibilidad y de la necesidad de la ‘memoria histórica’”, en Emilio Silva y otros (coord.), La memoria de los olvidados. Un debate sobre el silencio de la represión franquista, Valladolid, Ámbito Ediciones, 2004. 9 Véase Francisco Erice, “A memoria colectiva, entre a historia e a política”, Dezeme nº 10. 2005. ISSN 1576-4044, pp. 14 – 22. 10 Esta fuente debe estar siempre a disposición de la comunidad científica que podrá consultarla, contrastarla y criticarla. No puede ser suficiente el hecho de argumentar en un trabajo histórico, que se ha entrevistado a tal o cual persona. Una entrevista de historia oral, no es un cuestionario, ni una conversación informal con un comunicante, es mucho más, es un documento. Cf. Pilar Díaz Sánchez y José María Gago González, “La construcción y utilización de las fuentes orales para el estudio de la represión franquista”, Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea [en línea]. Número 6 (2006). http://hispanianova.rediris.es, pp. 14-15.

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la derecha ideológica, o más bien mediática, aparentemente hoy absurda y extrañamente tributaria del

franquismo11, para descalificar tanto a la memoria de las víctimas como a la historia que bebe en estas

fuentes.

1. VIOLENCIA POLÍTICA Y REPRESIÓN.

El término violencia es lo suficiente vasto y documentado desde disciplinas como la psicología o lo

psiquiatría, pasando por la antropología e incluso la biología, que es conveniente delimitarlo en aras de

conseguir una cierta claridad en nuestra exposición. De este modo, la violencia que nos interesa tiene

unas evidentes características: civil, puesto que es un componente mismo de las relaciones sociales que se

producen; interna, excluyendo el enfrentamiento entre sociedades distintas12; y colectiva, para distinguirla

del hecho criminológico. En consecuencia, nos quedamos con una concepción de la violencia como hecho

social, que afecta siempre a lo político, que tiene relevancia en los procesos de transformación y que

excluye normalmente el plano de lo interpersonal para colocarse al nivel del hecho de masas13. Lo que

nos interesa es el plano de la violencia como elemento de la estructura social, de regulación política y, en

su caso, de contenido simbólico-cultural14. Desde los límites que hemos impuesto con anterioridad, este

tipo de violencia sólo puede producirse en el seno de conflictos sociales abiertos; bien sean estos entre

partes iguales (o equiparables) o entre partes desiguales (o no equiparables). La primera puede decirse

que representa la violencia social, la segunda la violencia política. La violencia social enfrenta a las

personas, los grupos sociales, las corporaciones o las instituciones, las etnias, de manera que no puede

decirse que haya de antemano una determinación clara de las posibilidades y capacidades de imposición

de alguno de los bandos, hay un cierto equilibrio de potencialidades. Es en la violencia política donde uno

de los antagonistas tiene, en principio, mejores opciones que el otro. La violencia política es siempre

11 A no ser que aun admitiendo que la represión fue demasiado larga y dura, las fuerzas conservadoras consideren que el golpe militar y la dictadura fueron necesarios y positivos para España. Tal como afirma el profesor Vicenç Navarro en “La transición y los desaparecidos republicanos”, en Emilio Silva y otros (coord.), La memoria de los olvidados…, p. 121. 12 No es inhabitual, desde el nacionalismo periférico, presentar la guerra civil como un conflicto entre España y sus nacionalidades históricas centrífugas. Aparte de dar la razón al bando sublevado en su usurpación del término nacional y de la representación del ser de España; esta posición queda en claro descrédito cuando nos percatamos de que la burguesía catalana o vasca terminan sacrificando sus compromisos nacionalistas a la garantía de sus propiedades privadas y al control del orden social. Le habían tomado cierto miedo a eso de la revolución. 13 Cf. Julio Aróstegui, “Violencia, sociedad y política: la definición de la violencia”, en Julio Aróstegui (Ed.), Violencia y política en España, Madrid, Marcial Pons, 1994, p. 21. 14 Ibídem, p. 25.

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vertical15. Pero ésta toma carta de naturaleza en las relaciones socio-políticas y la lucha por el poder y su

conservación a través de dos acciones: ideologización e instrumentalización. La ideología reconoce este

comportamiento como legítimo, ético, plausible y hasta creador. Por otro lado, la instrumentalización

alude a la creación de organismos para canalizar, impulsar, administrar o dirigir la violencia16,

relacionados íntimamente con el hecho represivo. Ahora que hemos situado las coordenadas básicas de la

violencia política y de su consecuencia esencial: la represión, podemos abordar las raíces de la violencia

política en nuestro país, para acercarnos posteriormente a la pulsión en “extremo violenta” del golpe

militar y al ardor represivo del franquismo de guerra y de posguerra.

El siglo XIX español había sido fecundo en casos de violencia militar17. Fue muy propio de la

política española que en algún momento un sector de las fuerzas en que se apoyaba el régimen se lanzara

a la insurrección para conquistar todo el poder y excluir a sus competidores18. Pero si bien el siglo XIX

español, desde los años treinta, no había sido ajeno al cambio de gobierno y aun de régimen a golpe de

violencia, los años veinte y treinta del siglo pasado en Europa evidenciaron que la violencia adquiría

rango político de primer orden. Es más, el parlamentarismo pronto fue entendido como la expresión

trasnochada de un liberalismo decimonónico, un sistema superado, naufragante ante la pujanza del

bolchevismo soviético, del fascismo italiano y del nazismo alemán. Las relaciones políticas, sociales y

económicas planteadas por el sistema liberal-burgués, aun abiertas a fórmulas puramente democráticas,

adolecían de futuro; muestra de ello fue el crack de la Bolsa de Nueva York y la consiguiente Gran

Depresión, de proporciones mundiales. Si entendemos la democracia, en líneas generales, como el

sistema político que reconoce los conflictos pero que establece cauces ordenados para su resolución y

transacción entre las partes en liza, amén de ordenar un sistema de participación política, sin exclusión

alguna, que sea capaz de lograr la alternancia incruenta de los diversos partidos en competencia electoral,

convenimos fácilmente que ésta no se hallaba en una posición excesivamente reputada. La revolución y la

contrarrevolución tenían otros planes, otra ordenación de la realidad política. Para ello, el recurso a la

violencia estaba perfectamente legitimado. En un caso, lo hacía la realización de la justicia social

universal; en otro, recobrar el esplendor pasado, la grandeza perdida por la intervención del capitalismo y

15 Cf. Ibídem, p. 36. 16 Ibídem, p. 40. 17 Cuantifica Carolyn P. Boyd casi 40 intervenciones violentas del Ejército en la vida política nacional entre 1814 y 1874. Véase Carolyn P. Boyd, Violencia Pretoriana: del Cu-Cut! al 23-F, en Santos Juliá (dir.), Violencia política en la España del siglo XX, Madrid, Taurus, 2000. 18 Cf. Santos Juliá, Violencia política en España: ¿Fin de una larga historia?, en Santos Juliá (dir.), Violencia política en la España del siglo XX, Madrid, Taurus, 2000, p. 14.

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el judaísmo internacional. El fascismo exaltaba la familia, el matrimonio y también un estilo de vida

ordenado, pero presidido por un desenvolvimiento gallardo, violento, no transaccionista. Alejado de la

pusilanimidad burguesa, que cedería ante la pujanza revolucionaria. Desde el punto de vista ideológico el

fascismo se presentó como una “derecha revolucionaria”, síntesis del nacionalismo y del sindicalismo19.

El golpe militar de 1923, con la aquiescencia del rey y el liderazgo del general Primo de Rivera,

había devuelto a la realidad política española los pronunciamientos del Ejército, que habían desaparecido

desde 1875. En poco más de una década y en diferentes regímenes se sucederán diferentes tentativas de

insurrección, todas malogradas. Si bien, la de 18 de julio de 1936, como de todos es sabido, consigue

imponerse, aun fracasada globalmente, en suficientes territorios como para entablar una guerra contra el

Estado republicano, al tiempo que institucionaliza su poder en el territorio que domina. El Ejército es el

factor clave. El Estado moderno se había asentado en la detentación monopolista de la violencia; por

consiguiente, el control del orden público y los ejércitos quedaban bajo su fuero. Esto imponía el

concurso obligado de estas fuerzas, o de una parte significativa de ellas, en cualquier intento fundado de

golpe de Estado. O bien, en el caso de revolución, el apoyo mayoritario de la misma, por acción u

omisión consciente. Si no se cumplían estas premisas, cualquier insurrección, del signo que fuese, estaría

abocada al fracaso. Poco o muy poco contaría el pueblo en armas, si como sabemos, para empezar, estaba

evidentemente desarmado. De este modo, fueron fracasando: conspiraciones de capitanes, sanjurjadas,

huelgas generales revolucionarias y otras tentativas por el estilo. Se cumplía la máxima que tan

certeramente ha expuesto Santos Juliá: siempre que un Ejército está sin fisuras significativas con el

régimen, éste prevalece y vence cualquier intento conspirativo intestino. Basta pensar que si el grupo de

conspiradores militares hubiera mantenido la fidelidad al juramento de lealtad a la República que

pronunciaron en su día, nunca habría comenzado una guerra entre españoles20. Una fidelidad como la

expuesta ante la crisis revolucionaria que vivió el país en octubre de 1934. Esta fecha, contrariamente a lo

que se encargó de propagar la historiografía oficial franquista y ahora recoge y vende (en sentido estricto)

como nuevo ciertos autores a nostálgicos franquistas, morbosos o simples despistados, no supone el

comienzo de la guerra civil; sin embargo, sí significa, al menos en Asturias, un enfrentamiento lo

suficientemente abierto y encarnizado como para que de éste derive una fractura esencial, si bien no

19 Cf. Pedro Carlos González Cuevas, Política de lo sublime y teología de la violencia en la derecha española, en Santos Juliá (dir.), Violencia política en la España del siglo XX, Madrid, Taurus, 2000, p. 108 20 Santos Juliá, De la guerra contra el invasor a la guerra fraticida, en Santos Juliá (Coord.) Víctimas de la guerra civil, Madrid, Temas de hoy, 1999, pp. 13 y 14.

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irreversible necesariamente, en el ambiente y la convivencia políticas. En ella, el PSOE

fundamentalmente, alarmado (fundada o infundadamente, elemento que no hace al caso en lo que

intentamos exponer) ante el ascenso cedista y sus modos fascistizantes21, optó por el atajo histórico que

suponía la revolución, renunciando al gradualismo democrático y transaccionista que les habían

caracterizado hasta el momento. Para su represión, se recurrió al ejército colonial, dirigido por el que se

consagraría como general de moda y referencia para la extrema derecha española, Francisco Franco. Con

las lógicas cortapisas del Estado republicano, subordinado como estaba al poder civil legítimo, el general

Franco pone en práctica la guerra (incluida la crueldad extrema y el uso del terror) que era común en la

represión de los rebeldes marroquíes. Los militares africanistas enseñaron una lección a quien quiso

aprenderla: el Ejército, suficientemente cohesionado y experimentado en las crueles luchas coloniales, es

capaz de aplastar la revolución social. La derecha agraria, violentadas en su dominio social y económico

secular, y la jerarquía eclesiástica, que se sintió excluida de la República desde la aprobación de la

Constitución y había visto arder sus conventos e iglesias como acto de afirmación revolucionaria,

tomaron buena nota de ello. Supieron dónde estaba el dique que pusiera freno a la deriva revolucionaria,

si ésta persistía. De este modo, perdidas las elecciones de febrero de 1936, Gil Robles y Calvo Sotelo

intentaron cerrar “la situación revolucionaria” que de ello se derivaba apoyándose en los generales

Sanjurjo y Franco sin éxito. En los meses que mediaron entre la victoria del Frente Popular y el golpe

militar, Calvo Sotelo, que sustituyó a Gil Robles como líder de las derechas, describía la realidad social

como dominada por “el fetichismo de la turbamulta” y la única fuerza capaz de enfrentarse a ésta era,

naturalmente, el Ejército22. Las izquierdas, por el contrario, parecieron no sacar conclusiones al respecto,

o no querer hacerlo; más notable si cabe es esta carencia en el PSOE y la UGT, directamente concernidos

por el fracaso de octubre de 1934. En principio, se aprestaron a renovar la conjunción con los

republicanos (esta vez ampliada por la izquierda a grupos abiertamente revolucionarios), pero pronto, una

vez conseguido el poder, declinaron la posibilidad de renovar el gobierno en coalición del primer bienio.

Por consiguiente, como si el panorama político del momento se configurara exclusivamente por las

organizaciones que habían compuesto y/o apoyado la candidatura unitaria del Frente Popular, prefirieron

no participar en el Gobierno, dejándolo inane. Las organizaciones socialistas y obreras, afectas al PSOE y

21 La retórica contrarrevolucionaria y el estilo fascista en Gil Robles. Las Juventudes de Acción Popular exhibían una mímesis fascistizante evidente. Cf. Pedro Carlos González Cuevas, Política de lo sublime y teología de la violencia en la derecha española, en Santos Juliá (dir.), Violencia política en la España del siglo XX, Madrid, Taurus, 2000, pp. 131 y 132. 22 Ibídem, p. 137.

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la UGT respectivamente, constituían, junto con los anarcosindicalistas de la CNT, el único tronco social

lo suficientemente robusto como para apuntalar al Gobierno. Con dichas organizaciones en una clave más

o menos opositora y sin compromiso alguno con el Ejecutivo más allá de sostenerlo parlamentariamente,

éste quedaba claramente menoscabado. Tampoco, aparentemente, advirtieron los ruidos de sables, o bien

los obviaron, o creyeron que el pueblo en armas, quizá en alianza sovietista de obreros y soldados, se

aprestaría rápidamente a sofocar cualquier intento de golpe y, a raíz del mismo, tomaría impulso hacia la

revolución. Por encima de cualquier consideración ética, estética o teórica sobre el juego político

socialista, queda patente su desajuste con la realidad política del país, mucho más compleja, mucho

menos favorable, con evidentes peligros no bien ponderados.

De esta manera, cuando los militares, en la política cuentan más la oportunidad y la realización

práctica que otra cosa, consideraron que era posible un golpe victorioso, con el suficiente apoyo

corporativo, se dispusieron a ello. No debió resultarles inadvertida la incapacidad de un Gobierno

sostenido por la estrecha base social que representaban los republicanos de izquierda, del que se

desentendía el ala de centro-izquierda e izquierda de la coalición triunfante en febrero de 1936. Tampoco

debió resultarles disuasoria la actitud de la derecha política, económica y social del país, que cada vez

confundía con mayor complacencia el papel de militares y políticos, esto es, solicitaban un golpe de

timón por parte del Ejército, toda vez que habían perdido cualquier confianza en la acción política

incruenta, como queda expuesto en la postura que sostenía sin ambages el nuevo líder político de las

derechas, José Calvo Sotelo. Reclamaban que por la fuerza de las armas se recondujese la situación, tal

como gráficamente exponían los todavía escasos falangistas: abrir paso a la dialéctica de los puños y las

pistolas.

No obstante, el estallido de violencia impulsado por los militares golpistas pronto dejó atrás a sus

instigadores de derechas. Los partidos que habían concurrido a las elecciones en el Bloque Nacional

quedaron al margen de cualquier participación significativa durante la guerra y dictadura posterior. El

pronunciamiento militar que invocaban como salvador de la situación revolucionaria que vivía el país,

una vez ejecutado y derrotado parcialmente, deriva en una cruenta guerra civil. Para sostener el esfuerzo

bélico, otorgar consistencia y cohesión a la retaguardia, los militares echaron mano sobre todo de los

falangistas. Hay que volver a insistir en que la conspiración, el golpe y la guerra estuvieron dirigidos por

los militares insurgentes, la dictadura también. Pero Falange poseía algo que les fue muy útil a los

sublevados de cara a la movilización general que requería la situación: una ideología moderna y una

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retórica. De este modo y siempre subordinada al poder militar, Falange empezó a ejercer una notable

influencia en la zona insurgente, al tiempo que engrosaba sus filas exponencialmente. Por otro lado, la

Iglesia se adhirió a la sublevación; este apoyo resultó fundamental de cara a lo que pronto se llamó la

“Cruzada”, una guerra religiosa en defensa del catolicismo y contra las ateas hordas rojas23. Como

tendremos ocasión de exponer más adelante, en el bando vencedor, el lenguaje de la violencia, la

justificación de su empleo, recibió una caución sagrada por parte de la jerarquía católica que perduró

hasta su mismo final24. Junto al auxilio de Falange y la Iglesia, los militares recibieron otras ayudas

internas, pero ningunas del calado de éstas. No obstante, los réditos de la victoria los administraron, en

consecuencia, los militares insurgentes, que fueron los que se rebelaron contra el Gobierno y ganaron la

guerra.

A diferencia de la España republicana, en la zona insurgente la represión tuvo un carácter

premeditado, sistemático e institucionalizado, hasta transformarse en un objetivo en sí mismo25. La

violencia y la consiguiente represión no sólo constituyeron una política de guerra encaminada a derribar

por todos los medios disponibles el régimen republicano, sino que se inserta en una estrategia de largo

alcance y recorrido que se proponía yugular, extirpar e impedir la resurrección de los sindicatos de clase y

los partidos de izquierda o meramente liberales; para Franco el liberalismo (que había cuajado

particularmente en la década de los treinta del siglo XIX) era el mal primigenio que había aquejado al

país y contribuido singularmente a su decadencia, al tiempo que había facilitó la entrada al separatismo y

el comunismo internacionalista. En consecuencia, la violencia, primero, impulsó la culminación de la

represión física de los vencidos y, luego, el control y sanción de conductas desviadas en lo ideológico,

político y social26. La violencia se convirtió, en suma, en una parte integral de la formación del Estado

franquista. El entramado jurídico, al que nos referiremos posteriormente, fue concebido para seguir

asesinando, para mantener en las cárceles a miles de presos, para torturarlos y humillarlos. Víctimas a

quienes ni siquiera sus familiares podían reivindicar27. En efecto, la violencia bien puede erigirse en uno

de los hilos conductores esenciales de la dictadura. Esta violencia se ejerció selectivamente, al principio,

23 Ibídem, p. 138. 24 Cf. Santos Juliá, “Violencia política en España: ¿Fin de una larga historia?”, en Santos Juliá (dir.), Violencia política en la España del siglo XX, Madrid, Taurus, 2000, p. 14. 25 Santos Juliá, “De la guerra contra el invasor a la guerra fraticida”, en Santos Juliá (Coord.), Víctimas de la guerra civil, Madrid, Ed. Temas de Hoy, 1999, pp. 25-26. 26 Cf. Julio Aróstegui, “La oposición al franquismo...”, p. 235. 27 Cf. Julián Casanova, La Iglesia de Franco, Barcelona, Ed. Crítica, 2005, p. 282.

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contra los dirigentes, militantes y simpatizantes (y a veces contra sus familiares) de los partidos y

sindicatos que constituyeron y apoyaron al Frente Popular. Posteriormente, contra sus herederos políticos

o simplemente quien se opusiera a la dictadura. Pero para que se ejerza una violencia deliberada contra

una comunidad no sólo ha de existir una suspensión de la moral que hace que se consideren aceptables, e

incluso necesarias, acciones que son reprobadas en otras circunstancias, existe, además, una

colectivización del sujeto contra el que se va a ejercer la violencia. De acuerdo con este procedimiento

previo al desencadenamiento de hostilidades, un nacional de cualquier país que va a ser atacado, un

individuo concreto de cualquier raza que se tenga por enemiga, un miembro de cualquier credo religioso

que se considere incompatible con el propio, un militante o simpatizante de una idea política que se

considere perniciosa, no debe responder sólo de sus actos, sino de los de todos aquellos que formen parte

de un grupo humano normalmente definido con la activa contribución del atacante (el victimario). Por

esta razón, desde la perspectiva del atacante y de quienes transigen con ella, la inocencia de un inocente

no es nunca completa28. De acuerdo con esta reflexión, en tanto que pertenecientes a la España liberal que

había servido de pórtico de entrada a las corrientes disolventes extranjeras de la patria, tales como el

comunismo, el socialismo o el anarquismo, o bien directamente simpatizantes o militantes de estas ideas,

cada vez que se torturaba para arrancar información, se confinaba a largos años de cárcel, se fusilaba o

simplemente se humillaba a un reo, independientemente del grado de responsabilidad que tuviera, se

estaba infligiendo ese dolor y esa vejación al colectivo; a esa anti-España que había puesto en trance de

disolución el ser y la entidad de la propia nación. Como hemos apuntado, la iniciativa en el uso de la

violencia, así como la aplicación sistemática de la misma al enemigo, es imputable al bando sublevado y a

la dictadura naciente de él.

Los hechos represivos son incontestables y se extienden incontables por toda la geografía

española. Durante la guerra civil, el terror en caliente, administrado por grupos paramilitares adictos y

con la aquiescencia de las autoridades militares sublevadas, tiene su momento de privanza desde el

mismo golpe de Estado hasta finales de 1936, posteriormente, los consejos de guerra administrarán la

represión. En estos primeros meses, donde los delegados militares de Orden Público toman las riendas, no

cabe buscar tampoco ningún tipo de tibieza o, al menos, un procedimiento medianamente riguroso en lo

legal y jurídico; evidentes muestras de esto que exponemos son los ejemplos cercanos del capitán Manuel

28 Cf. José María Ridao, La paz sin excusas. Sobre la legitimación de la violencia, Barcelona, Ed. Tusquets, 2004, p. 188.

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Díaz Criado, en Sevilla, y del teniente coronel de la Guardia Civil Bruno Ibáñez Gálvez, más conocido

como don Bruno, en Córdoba, ambos ampararon o directamente impulsaron sacas, paseos y firmaron

sentencias de muerte sin tomar declaración a los detenidos29. Junto a esto, cabe destacar que esa vesania

vengativa, que las más de las veces encierra en sí los rasgos de la peor condición humana, continúa in situ

en las primeras horas de las nuevas conquistas que hace el ejército rebelde hasta el final de la guerra. No

obstante, una vez acaba la guerra, a partir del 1 de abril de 1939, cuando hay un solo poder institucional

normalizado, constatamos que el flujo represor no disminuye. En la década que sigue a esta fecha, no

menos de 50.000 personas fueron ejecutadas30; por otro lado, el número de presos alcanzó en su punto

culminante, 1940, la cifra de 270.719, según “Breve resumen de la Obra del Ministerio de Justicia por la

pacificación de España”, fechado en 194631. Las cifras del exilio son igualmente apabullantes: en febrero

de 1939, entraron en Francia 470.000 refugiados, en los meses posteriores regresaron a España

aproximadamente la mitad, el Gobierno y la derecha franceses los consideran “indeseables” y no les

otorgarán estatuto de refugiado político hasta 1945, cuando se reconoció la labor de resistencia frente a

los nazis; Inglaterra se negó a recibir rojos; en el Norte de África los españoles también son recibidos con

hostilidad y recluidos en campos de concentración; México admite a refugiados, pero se da privanza a

intelectuales, profesiones liberales, políticos y personas cualificadas, acogieron a unos 22.000; la diáspora

también llegó a Chile, República Dominicana, Colombia, Cuba y, sobre todo, la Unión Soviética32.

Pero quiénes son los represaliados de guerra y posguerra. Nos hemos acercado a la realidad

represiva sufrida por la población andaluza; no obstante, creemos que sin llegar a ser absolutamente

representativa de la realidad completa del país, la aproximación andaluza que hemos elaborado sí resulta

significativa en el estudio global de la violencia política y represión llevada a cabo por la dictadura.

Según los estudios estadísticos que hemos llevado a cabo sobre la documentación generada por las

convocatorias de indemnización a las víctimas del franquismo, Disposición Adicional Decimoctava de la

Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado y los Decretos 1/2001 de 9 de enero y

333/2003 de la Comunidad Autónoma de Andalucía33, lo primero que llama la atención es que son

29 Véanse las obras sobre la guerra civil y la represión en Sevilla y Córdoba de Juan Ortiz Villalva y Francisco Moreno, respectivamente. 30 Cf. Julián Casanova, “Una dictadura de cuarenta años”, en Julián Casanova (coord.), Morir, matar, sobrevivir. La violencia en la dictadura de Franco. Barcelona, Crítica, 2002, p. 8. 31 Cf. Francisco Moreno, “La represión en la posguerra”, en Santos Juliá (coord.), Víctimas de la guerra civil, Madrid, Ed. Temas de Hoy, 1999, p. 288. 32 Ibídem, pp. 282-283. 33 Estudios realizados sólo sobre expedientes “positivos”, es decir, que recibieron la indemnización. Para la Disposición Adicional Decimoctava de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del

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hombres (en un porcentaje que, para Andalucía, supera el 95% en ambas estadísticas). No quiere decir

esto que no existiera represión sobre las mujeres y que ésta tuviera unas peculiaridades que iremos

desgranando más adelante; sin embargo, el menor número de mujeres encarceladas, posibilitó que el

papel de éstas en las redes de solidaridad de presos y en los primeros pasos de reconstrucción clandestinas

de las organizaciones políticas derrotadas en la guerra fuera clave. Por otro lado, destaca el perfil laboral,

con el notable predominio del sector primario hasta 1962, en porcentajes que superan el 50% con holgura.

Salta a la vista que la represión se centra en la guerra y primer franquismo sobre los jornaleros. En el

sector secundario, cuya cifra pasa del 20% destaca notablemente el oficio de albañil. Curiosamente, a

partir de 1962, la pauta será otra y los obreros industriales (metalúrgicos, electricistas, mecánicos, etc.)

suben notablemente, aunque la presencia de trabajadores del campo será igualmente significativa (poco

más del 30%). Se ha sugerido que, entre otras guerras, la guerra civil contenía una guerra de clases;

matar, encarcelar, humillar a los jornaleros suponía restablecer el orden puesto en cuestión por el avance

de los potentes sindicatos socialitas y anarquistas, por una reforma agraria inquietante y por unos jurados

mixtos que, cuando gobernaba la izquierda, favorecían notablemente la labor de las sociedades obreras.

De este modo, en un país que se modernizaba pero que todavía mantenía una economía

predominantemente enraizada en el sector primario, los jornaleros, particularmente en Andalucía,

constituyeron el cuerpo poblacional esencial sobre el que se llevo a término la represión. En cuanto a las

organizaciones, cabe destacar la presencia de la Unión General de Trabajadores y el PSOE (con más del

20% cada una, superando el 45% entre ambas), la CNT, FAI y Juventudes Libertarias (alrededor de un

17% entre ambas) y el PCE y las JSU, asimilamos esta última a las organizaciones comunistas por

responder claramente a las directrices de la Tercera Internacional (con un cifra que ronda el 22%). Los

republicanos de izquierda apenas suponen un 8%. Esto en primera instancia, guerra e inmediata

posguerra; conforme avanza la década de los cuarenta y las guerrillas y las organizaciones clandestinas

toman cuerpo, el peso de la represión recaerá fundamentalmente sobre las organizaciones comunistas,

como se expone más detalladamente en el punto 3 de esta ponencia. Por consiguiente, el grueso de la

represión de guerra y primera posguerra, en Andalucía, habría recaído sobre las organizaciones obreras y

Estado, sólo hemos realizado el muestreo sobre los expedientes aprobados cuya solicitud partía de las provincias andaluzas. Puesto que nos interesa el estudio de la represión franquista en Andalucía. Dichos expedientes están depositados en el Archivo de Clases Pasivas del Ministerio de Hacienda, en Madrid, y en la Dirección General de Cooperación con la Justicia de la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, en Sevilla, respectivamente.

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de izquierdas, con privanza de socialistas y comunistas, seguidos de anarquistas y, finalmente y a notable

distancia, republicanos de izquierdas.

Los expedientes que las administraciones han aprobado como positivos sólo podían ser

solicitados por el interesado o por el cónyuge supérstite, o algún familiar (hijos) que devengasen pensión

en relación al ex preso fallecido. Para ello, se ha cuantificado el tiempo de reclusión y éste, teniendo en

cuenta ambas convocatorias, hubo de ser al menos de tres meses. Por tanto, han quedado necesariamente

fuera del estudio las víctimas del terror en caliente, paseados sin que conste siquiera detención alguna, o

apenas uno o dos días, así como todo aquel que haya muerto, sin dejar pensión que favorezca a nadie, en

el transcurso de los años. Es conveniente esta pequeña aclaración a la hora de analizar un dato que se nos

antoja de singular interés en el estudio estadístico desarrollado: los porcentajes por año de detención. Lo

primero que salta a la vista, es que en 1936 sólo son detenidos, según el trabajo que hemos elaborado, el

1,43% de los expedientes aprobados; esta exigua cifra se vuelve obviamente inquietante al saber, como de

todos es conocido, que los primeros meses de la guerra son los más sangrientos, durante su transcurso se

aniquilan, en los territorios dominados por los rebeldes, a la mayor parte de las víctimas republicanas. La

mayor escabechina acontece en los dos meses siguientes a la sublevación, antes de que esa violencia se

legalizara. Tal como aclara Julián Casanova, los últimos días de julio y los meses de de agosto y

septiembre de 1936 son, en efecto, los que arrojan las cifras más altas de asesinatos en casi todos los

lugares controlados desde el principio por los militares sublevados: del 50 al 70 por ciento del total de las

víctimas de esta represión durante la guerra civil y la posguerra se concentra en ese corto periodo. Si

tomamos de referencia el 31 de diciembre de 1936, los porcentajes rozan ya el absoluto en lugares

controlados por los sublevados y quedaban todavía dos años de guerra. Más del 90% de los casi 3.000

asesinados en Navarra o el 80% de los 7.000 de Zaragoza ocurrieron en 1936. Pero los porcentajes son

muy similares en Córdoba, Granada, Sevilla, Badajoz o Huelva34. El año que destaca por encima de

todos, como año de mayor número de detenciones que generaron reclusión de larga duración, es el año de

la victoria: 1939, con un 41,27%. Durante la década de los cuarenta, el 13,66%. Finalmente, los cincuenta

suponen el 2,37% de detenciones, para volver a repuntar sensiblemente en los sesenta y setenta, cuando la

protesta obrera se hace sentir con mayor intensidad y fuerza. Es evidente que a partir del punto álgido

represor: 1939, el porcentaje de detenciones no hace sino reducirse, con repuntes dignos de mención en el

periodo que va desde la ilusión de la intervención extranjera tras la derrota del Eje en la guerra mundial

34 Cf. Julián Casanova, “Rebelión y revolución”, en Santos Juliá (coord.), Víctimas de la guerra civil, Madrid, Temas de Hoy, 1999, pp. 64-65.

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(1945) hasta la desarticulación prácticamente completa del fenómeno guerrillero (1950), entre los que se

encuentra el conocido como “trienio del terror”, 1947-1949. Esta línea descendente aparentemente podría

atribuirse a una mayor transigencia por parte del régimen; nuestro análisis al respecto, por el contrario y

en la clave de entender a la oposición durante estos años como un movimiento a la defensiva, se basa en,

por un lado, el ingente trabajo represivo durante la guerra e inmediata posguerra y, por otro, en que la

intensidad del fenómeno represor fluctúa según peligraba el régimen por la situación internacional o lo

impusiera el control de las organizaciones clandestinas y, particularmente, las guerrillas.

En cuanto al tiempo de estancia en prisión, encontramos que la condena media a la que fueron

sometidos los presos políticos andaluces durante el primer franquismo se eleva a 12,41 años y que su

cumplimiento efectivo acreditado se sitúa entre los cuatro y cinco, dependiendo de la provincia35. Los

delitos más habituales son: auxilio a la rebelión militar, rebelión militar y adhesión a la rebelión militar,

siendo a su vez los que arrostran mayor condena (incluida mayor número de cadenas perpetuas y penas de

muerte). Destaca, aunque a mucha distancia en porcentaje, el delito de actividades subversivas,

íntimamente relacionado con actividades opositoras de los cuarenta y cincuenta. También los generados

por la legislación ad hoc: contra la seguridad del Estado, enlace con huidos, auxilio a rebeldes, enlace con

bandoleros; sin embargo, no constan los propiamente de bandidaje y terrorismo, que concernían

directamente a los guerrilleros, a los que se solía aplicar la ley de fugas o se daba por muertos en los

tiroteos que entablaban con la Guardia Civil. La justicia que se encargaba de los delitos políticos estaba

bajo jurisdicción militar.

Como hemos apuntado, se desató una estrategia de tortura y represión masivas sin precedentes

en la historia de España. En el transcurso de este proceso y desde la perspectiva de las víctimas,

distinguimos tres momentos fundamentales en la aplicación sistemática del régimen a la persecución y

castigo de sus enemigos: la detención, con los interrogatorios y/o diligencias; la prisión preventiva y la

espera de juicio y, finalmente, la aplicación y cumplimiento de la condena.

La detención en dependencias policiales (o parapoliciales) o la salida a diligencias desde la

cárcel es, con mucha distancia, el peor momento que han de soportar los presos políticos durante el

franquismo; aquí tendrán lugar las torturas. Torturas en las que se entremezclarán el afán investigador,

35 Estudio estadístico realizado sobre los expedientes generados por la Disposición Adicional Decimoctava de la Ley 4/1990 de Presupuestos Generales del Estado. Expedientes depositados en el Archivo de Clases Pasivas del Ministerio de Hacienda, en Madrid.

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represor, vejatorio y desmoralizador y, si cabe, ejemplarizante. Después de estas sesiones brutales,

siempre al límite de la resistencia humana que a veces se sobrepasa trágicamente, muchos desistían de la

lucha política. Ello será una constante durante toda la dictadura, hasta el final; con diferentes grados

según el lugar, las circunstancias y el momento histórico que concurrieran. Pronto el régimen tuvo claro

que este estadio represivo era clave; por tanto, a partir de 1942, el ministro de Gobernación, Blas Pérez,

se aprestó con resuelta decisión a la puesta a punto de la terrible policía política, menos enfocada a los

sucesos de 1936 y más interesada en la actividad política clandestina36. De este modo, se puso en pie la

terrible y mezquina Brigada Político-Social de la policía; que encontraba su homologación en la Brigada

de Información de la Guardia Civil, conocida por Brigadilla Política. En principio, los interrogatorios

consisten en brutales palizas, a estas se van incorporando métodos de tortura, en modo alguno

sofisticados, citamos los más célebres: la bañera, consistente en sumirle al detenido la cabeza en agua

hasta casi el ahogo; la rueda, donde los policías hacen un coro en torno al torturado y prodigan una lluvia

de golpes37; aplicación de electrochoques; suspensión en vilo colgado de las muñecas esposadas; golpes

con vergajos en las plantas de los pies; y la violencia sexual específica contra las mujeres38. A esto hay

que sumarle las estrategias de tortura psicológica y desmoralización: presentarle al detenido la

información que no necesariamente habían recabado en los interrogatorios como delaciones de los

compañeros de caída, incluso carearlos con otros detenidos que ya habían reconocido, fruto de esta

presión brutal, hechos en los que participaba el detenido que todavía se resistía a hablar. Junto a ello,

tampoco fue extraño utilizar a la familia del detenido como elemento de presión. Por lo demás, la

alimentación escasa y deplorable, las visitas para nuevos interrogatorios con frecuencia calculada,

impedir que pudieran dormir, o las conocidas técnicas del bueno y el malo completan las técnicas de

presión en los interrogatorios.

La presión policial era notable; la sensibilidad hacia todo lo que recordara el régimen derribado

durante la guerra, absoluta. Las fuerzas de orden público, al menos durante los años que estamos tratando,

36 Cf. Francisco Moreno, “La represión...”, p. 307. 37 Ibídem, p. 308. 38 Isabel Callejón Moya, que ha obtenido el reconocimiento a su participación en la lucha por las libertades de la Junta de Andalucía en nombre del pueblo andaluz, al amparo de los Decretos 1/2001, de 9 de enero, y 333/2003, de 2 diciembre, fue encarcelada en la Prisión de Ventas de Madrid, bajo sospecha de organizar el Socorro Rojo. Su testimonio así lo señala: “Violadas muchísimas [compañeras de prisión], de las comisarías. Antes de entrar en la cárcel. De compañeras, muchísimas (…) Los falangistas pedían ruedas de presas. Una rueda de muchachas. Pues venían a verte [los falangistas] por las rejas y había que dar vueltas y las que les gustaban pues se las llevaban, [a las terribles diligencias. Una excusa.]” Cf. Entrevista a Isabel Callejón Moya, por Marcial Sánchez, Archivo Histórico de Comisiones Obreras de Andalucía (AHCCOO-A).

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iban muy por delante de la oposición; con la que guardaban un nivel tolerancia nula. Baste citar el caso de

la detención de Isabel Callejón Moya, acusada de organizar el Socorro Rojo: “Pues recuerdo mi detención

porque resulta que yo había ido a Yeserías a ver a mi padre y al salir de allí pues me encontré con un

muchacho que le decían El Pionero, que era de las Juventudes Socialistas y nos conocíamos de antes de la

guerra. Y me lo encontré en la calle de Goya y me dijo ‘tenemos que reunirnos, porque vamos a ver si nos

reunimos’, era muy charlatán, ‘vamos a ver si nos reunimos’. Digo, ‘pero tú has estado…’ ‘No, a mí no

me han detenido, porque me he cambiado…’ Bueno, en fin, allí me contó un cuento, en la calle. ‘Vamos a

reunirnos, vamos a ver si nos reunimos, porque vamos a hacer el Socorro Rojo para los presos, para

llevarles comida y llevarles paquetes’. Y entonces le dije yo: ‘mira, lo único que te voy a pedir ahora es

que de momento… [me dejes en paz.]’ ‘Ya iré por tu casa’, [le dijo el muchacho.] ‘Mira, no vengas, que

no sabemos las circunstancias cómo están’, le dije. Y ya no lo vi más, pero precisamente ése fue el que

me… el que hizo que me metieran en la cárcel”. Posteriormente, fue detenida y en el centro de donde la

interrogaron, le mostraron a tal Pionero, en lamentable estado. “(…) Me temblaba todo el cuerpo, porque

aquello no era un hombre, era un monstruo, le habían pegado, los ojos los tenía desorbitados, todo

ensangrentado, descalzo, la cara: un monstruo. Entonces, me lo ponen delante y le dicen: ‘¿la conoces?’

Y él movía la cabeza de lado a lado [en sentido negativo]. Y me preguntan a mí y yo (...) digo que no lo

conozco, ‘ni sé por qué estoy aquí’”39. No cabe pensar, por lo tanto, en la delación de este pobre

muchacho, sino más bien en acusaciones particulares basadas en la conversación que ambos jóvenes

mantuvieron en la calle o simplemente en la eficacia de un cuerpo, como el policial, por lo demás extenso

y bien auxiliado por los falangistas. Finalmente, Isabel permanecería en la cárcel de mujeres de Ventas de

Madrid hasta el 7 de abril de 1942, sin ser presentada ante ningún juez, presa preventiva. Ese día la ponen

en libertad tras haber salido a diligencias, donde comprueban que ella no tiene nada que ver con la

organización del Socorro Rojo. Del mismo modo, ella es testigo en la cárcel del célebre caso de las Trece

Rosas40, una simple pero cruel represalia contra las JSU por el asesinato del entonces inspector de policía

militar de la 1ª Región y encargado del “Archivo de Masonería y Comunismo”41, Isaac Gabaldón, junto

con su hija y su chófer, en la carretera de Extremadura (Madrid), el 27 de julio de 1939. La reacción fue

39 Ibídem. Isabel Callejón Moya, además, tenía un historial familiar nada favorable, directamente incriminatorio en aquellos tiempos (1939): su hermano era un maestro afiliado a FETE-UGT que había muerto en el frente defendiendo Madrid y su padre estaba en la cárcel acusado de masón. 40 Trece adolescentes a las que no les valió siquiera su condición de menor de edad para eludir el paredón, la más joven de ellas no había cumplido aún los dieciséis años. 41 Archivo que constaba de los documentos recopilados por las tropas de Franco en su avance durante la guerra.

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rápida y brutal: el 4 de agosto había 65 sentencias de muerte sobre la mesa para que el Caudillo se diese

por Enterado, es decir, las autorizara. La madrugada siguiente, en el cementerio del Este, se ejecutaron 63

de esas 65 últimas penas42. Durante la década de los cuarenta no disminuye el celo represor; sin embargo,

en ella hay dos hitos bien diferenciados, marcados por la política internacional. Los años que van de 1943

a 1945 marcan el declive y derrota en los campos de batalla del fascismo; la intervención en España de

los aliados para derrocar el último reducto proclive al Eje no parece extraña al contexto de final de la

guerra y primera posguerra mundial. La dictadura aparentará un menor ensañamiento con los vencidos;

no obstante, el acoso internacional y el empuje esperanzado de la oposición interior y exterior, incluida la

invasión del Valle de Arán, provocarán un recrudecimiento progresivo de la situación durante la segunda

parte de la década, especialmente en su final. Juan Antonio Velasco Díaz, que intervendrá en la

reconstrucción de las JSU y la UGT en su trabajo (una sucursal del Banco Español de Crédito en Sevilla)

y que sufrirá brutales interrogatorios, expresa así las expectativas de la oposición: “Nadie esperaba que

aquí no hicieran [los alidados] nada (…) Creíamos que era el momento ideal, habiendo como había por

ahí la cantidad de maquis (…) pero es que no nos ayudaron nada en absoluto, nos dejaron otra vez

vendidos, igual que durante la guerra”43. La primera detención responde a una caída de 1945, con él

detienen a su madre: “Las palizas te puedes imaginar en aquellos tiempos. Estuve dieciocho días en

comisaría, entré el 18 de julio y salí en el mes de agosto, el 2 o el 3 de agosto, fui el último de la redada

que hubo, el último que salió de comisaría. Me daban palizas que echaba sangre por todas partes, tanto es

así que mi hermana me traía camisas, se llevaba las camisas rotas y llenas de sangre y cuando iba por el

puente de Triana, las tiraba al río (…) Me daban en las piernas con una regla, cuando me agachaba me

daban con el vergajo en la espalda. Bueno, horrible fue aquello. A mi madre la llevan a la calle del Peral,

a la comisaría, allí la ponen a escuchar cómo le pegan a un chavea, seguramente la pondrían para que lo

escuchara, se creía que era yo y perdió el conocimiento, se volvió loca. Pero loca completamente, que no

me conocía [llegando incluso, según le contaron, a intentos de suicidio] (…) A mí me dicen, ‘a tu madre

la han estado viendo médicos y dicen que no recobra la razón como no vaya a un manicomio y eso

depende de ti, si tú no hablas, se queda allí, tú vas a ser el responsable de que se vuelva loca para siempre,

42 Véase, por ejemplo, Hartmut Heine, La oposición política al franquismo, Barcelona, Crítica, 1983. O de manera particular, Carlos Fonseca, Trece rosas rojas: la historia más conmovedora de la Guerra Civil, Madrid, Temas de Hoy, 2004. 43 Cf. Entrevista a Juan Antonio Velasco Díaz, por Eloísa Baena y Marcial Sánchez, AHCCOO-A. Juan Antonio Velasco Díaz ha obtenido el reconocimiento por la lucha por las libertades de la Junta de Andalucía en nombre del pueblo andaluz, al amparo de los Decretos 1/2001, de 9 de enero, y 333/2003, de 2 de diciembre.

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pero eres tú, eh, no vamos a hacer nosotros’”. Y abundaban en la tortura psicológica y la provocación del

siguiente modo: “Cuando me llevaban a darme las palizas (...) me decían cabrón, me decían maricón, me

decían que tenía la vista de maricón (…) Una noche, que estaba yo con el bueno y con el malo y dice el

malo: ‘éste será un criminal como su padre [asesinado en los primeros días de la guerra civil, cuando el

Saucejo es tomado por las tropas rebeldes]’ (…) Me ponían negro” 44. Después, en 1948, volverá a ser

detenido, como resultado de la operación que llevó a cabo la Guardia Civil contra el Comité Regional del

Partido Comunista y en la que pretendieron seguir la conexión lógica de éste con las guerrillas en la sierra

de Sevilla: “(...) llega allí [al banco, donde Juan Antonio Velasco trabajaba e intentaba organizar la UGT,]

la Guardia Civil, llega la Guardia Civil, me cogen y me llevan allí a la calle Oriente, al Cuartel de la

Calza, a la fábrica de tortas, como le decían, me llevan allí y al día siguiente me llevan a capitanía a

tomarme declaración, me preguntan por gente, yo no conozco a nadie (…)Y por la mañana una “jartá”

temprano nos dicen, ‘venga, para arriba’, nos esposan a los dos [estaba detenido con él un hombre por

reparto de propaganda, pero que Juan Antonio no conocía de nada] y nos llevan para afuera. Y digo,

‘dónde vamos’. Dice, ‘ya lo verás’. Nos llevan a Plaza de Armas y nos suben en un tren, era recién

terminada la feria [de abril del 48] (…) Dice [el guardia civil], ‘tu vas a Constantina, [y con los que vas a

estar] son guerrilleros, de los tuyos y ahora cuando lleguemos, nos vas a decir todo lo que sabes’ (…) Los

ganaderos [que iban en el tren de regreso de la feria de Sevilla, donde habían estado haciendo negocio]

decían ‘hay que ver, con la desfachatez que ha contestado, has visto ese niñato con la desfachatez que ha

contestado’ (…) Nos meten allí [en Constantina] en la Plaza de Abastos, cuando entramos allí, uy, había

una gente… sesenta había y había muchos cacharros… los sótanos esos, donde meten las cámaras y eso

(…) me cogen a mí (...) ‘Venga, ahora a ti. Siéntate en la mesa’. Me siento. Dice, ‘no, no, con los pies

estirado; quítate los zapatos’. Me quité los zapatos y con los pies estirados y empiezan a preguntarme,

bueno, me dieron tela (…) Bueno, me dieron una paliza… Me dieron en la planta de los pies, empecé a

sentir una punzada aquí en la nunca, cada vez más fuerte, cada vez más fuerte, hasta que llegó un

momento que perdí el conocimiento, la punzada al final era tremenda y venga vergajazos y venga

vergajazos (…) Cuando recobré el conocimiento, me dicen ‘venga, bájate’. Pero cuando me posé en el

suelo me caí (…) Que te pueden matar, como a mí me iba a pasar (…) Allí habían sacado ya a varios y les

44 Ibídem.

22

habían aplicado la ley de fugas (…), otro se intentó suicidar allí cortándose las venas, se cortó las venas y

tuvieron que traerlo al hospital”45.

En 1949, José Cordero González es detenido como miembro del reconstituido Comité Regional

comunista de Andalucía, su testimonio narra las torturas a las que fue sometido, abundado en lo ya

expuesto en el testimonio de Juan Antonio Velasco, pero añadiendo matices que comentaremos a

continuación: “Durante esos quince días [en que estuvo detenido] pues fueron totalmente quince días de

tortura. A base de puñetazos, apaleamientos, cuestiones de eléctrica, de ponerme cables eléctricos,

puñetazos en la partes de las costillas, de un tipo que parecía boxeador y ése, yo que era más bien

enclenque, (…) me metía en las costillas: me levantaba del suelo. Como igualmente, los vergajazos que

recibí en la planta del pie, que si bien al principio parecía que aquello era un juego, pero en el momento

en que empezaba con los vergajazos en los dos pies, a medida que se va calentado la piel terminaba a los

pocos minutos, cada vez que daba con el vergajo en la planta, sufría una descarga que me llegaba a la

cabeza. O sea que eso repercutía en la cabeza y era para volverse loco. Y otras de las cosas que también

emplearon fueron meter, una vez que estaba desnudo con los pies y tirado en el suelo (…) ponerme

astillas, o sea palillos de dientes, entre las uñas de los pies, entre la piel y la uña del pie (...) Antonio

Oneto era comisario de la Político-Social [de Sevilla] (…) Otras de las cosas era el bueno y el malo, por

un lado el policía bueno: ‘hombre, no seas tonto, que ésos son unos energúmenos, que te van a matar (...)

que tú puedes salir, que tú eres un chaval inteligente, que tú tienes posibilidades nos han dicho del

director de la fábrica que si hablas tienes posibilidad de colocarte en Madrid (...)’ Cuestión de

desmoralizarme, como decirme que mi novia (...) mientras que yo estaba por ahí estaba liada con otro que

yo conocía (...) La palabra más bonita era que era un hijo de la Pasionaria (…) Me negaban el agua. O sea

que tenía la boca sedienta, hecha un estropajo y no me daban agua. Los interrogatorios se puede decir que

eran casi dos horas y sobre todo, los interrogatorios se hacían con más frecuencia por las noches, con el

fin de que no durmieras, que el cansancio me agotara y aturrullarme en ese estado para poder hablar.

Cada dos o tres horas me subían arriba. Y ya el último día (...) emplearon ya la última, era que, fueron

sobre las tres o las cuatro de la tarde, mi madre había estado allí, se ve que mi madre había estado allí (…)

mi madre me llevaba la comida sobre las dos de la tarde, medio día, cosa que yo no comía porque yo no

tenía ganas de comer (…) me llama la policía arriba (...) llega el comisario pensativo. Y me dice, ‘vamos

a ver, Florencio’. Porque me llamaban por mi nombre de guerra (...) ‘Mira, Florencio, ¿tu madre padecía

45 Ibídem.

23

del corazón?’. Digo, ‘pues sí’. Dice, ‘mira, es que no sé cómo decírtelo, porque me ha dado una pena, ahí

viene tu hermana, que viene hecha polvo (...) mira, me ha dicho (...) que a tu madre le ha dado un síncope

y está muy grave. Así que si quieres verla en sus últimos momentos, eh, tú me dices quién son y en dónde

[viven los miembros del Comité Regional] y rápidamente te vas con tu misma hermana a ver a tu madre

los últimos días’”46. De este modo quedan consignadas las prácticas brutales de la policía, así como las

tácticas de tortura psicología. No obstante, quisiéramos destacar el diálogo entre el comisario Antonio

Oneto y el detenido, donde el policía lo llama por su nombre de guerra (no es anecdótico, José Cordero

ha contado que comisaria siempre le llamaron Florencio)47. En efecto, y por encima de la carga irónica

que pudiera llevar, el torturador conceptúa al torturado como comunista. Está torturando a Florencio, no a

José Cordero, y Florencio, en cuanto que comunista, representa al comunismo en sí y eso borra cualquier

viso de inocencia que pudiera tener. Por tanto, es lícito, desde esta perspectiva moral pervertida y

siguiendo este razonamiento de violencia, torturarlo.

A veces, la resistencia física no conseguía soportar estos tormentos. Citaremos tres casos

célebres, con cronologías lo suficientemente dispares como para indicarnos que nunca se agotó ni la

brutalidad de la policía ni el riesgo de morir en sus interrogatorios: Heriberto Quiñones, detenido por

organizar el Partido Comunista en Madrid a comienzo de los años cuarenta, hubo de ser sentado en una

silla para ser fusilado, porque tras su paso por dependencias policiales ya no pudo volver a tenerse por sí;

el secretario general del Partido Socialista, Tomas Centeno, en 1953, moría torturado en comisaría; diez

años después, era torturado hasta la extenuación Julián Grimau, que finalmente también sería fusilado48.

Por otro lado, las prácticas de paseos y ley de fugas tuvieron dos momentos de repunte

escandaloso en estos años: los meses de abril y mayo de 1939 y el que se ha calificado como “trienio del

terror”, 1947 – 194949. Para sofocar el fenómeno guerrillero, además de la Ley contra el Bandidaje y el

Terrorismo y crearse juzgados militares especiales para la persecución de huidos, pronto las fuerzas de

orden público, particularmente la Guardia Civil pero también el Ejército, echan mano de las prácticas de

guerra sucia. Las “contrapartidas”, de las que ya tenemos noticias en 1942 y 1943 en la sierra,

46 Cf. Entrevista a José Cordero González, por Eloísa Baena Luque, AHCCOO-A. José Cordero González ingresó en el PCE en 1945, cayendo en 1949 como secretario de Organización del Comité Regional. Cumplió diez años de prisión, de los veinte y un día que le impuso la sentencia. Recibió el reconocimiento e indemnización que estableció la Disposición Adicional Decimoctava de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado, a su condición de ex preso político y luchador por la libertad. 47 Ibídem. 48 Cf. Santos Juliá, “La Sociedad”, en José Luis García Delgado (coord.) Franquismo. El juicio de la historia, Madrid, Temas de Hoy, 2000, p. 87. 49 Cf. Francisco Moreno, “La represión ...”, p. 333.

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contribuyen decisivamente a propagar el terror en el medio rural; existía la consigna de no capturar

prisioneros, mediante la aplicación habitual de la ley de fugas y, finalmente, el acoso y ataque a familiares

y enlaces de los guerrilleros, con el estimulo de confidentes (recompensas incluidas). Es fundamental esta

última táctica dentro de la estrategia general de represión legal e ilegal contra los huidos de la sierra; se

puede afirmar sin demasiado riesgo que la propalación del terror en las zonas de sierra fue determinante

para la extinción de la oposición armada. Ley de fugas aplicada a enlaces o meros sospechosos de serlo,

apaleamiento brutales e incluso fusilamientos de familiares de destacados guerrilleros (como el caso de la

familia de “Caraquemá”, Ricardo García Rodríguez en Pozo Blanco, asesinados en la madrugada del 9 al

10 de septiembre de 1948 en la mina de La Romana)50. La brutal represión del final de la década, con la

extinción práctica para 1950 del fenómeno guerrillero, y el cambio obrado en la dinámica de las

relaciones internacionales hacia la guerra fría y la política de bloques terminan por desnortar y quebrar a

una oposición confiada en la intervención militar de las tropas aliadas vencedoras de la guerra mundial.

Es fácil entender, a la luz de lo expuesto con anteriorioridad, que la prisión no constituyese la

cara más terrible de la represión. Antes al contrario, la brutalidad y la vesania de los interrogatorios y de

la aplicación de técnicas de guerra sucia, hacen que la llegada a la cárcel suponga un cierto alivio.

Aunque carente de la mínima garantía, llegar a prisión suponía entrar dentro del sistema legal y jurídico,

quedar, en principio, a cubierto de la arbitrariedad y brutalidad de las fuerzas de orden público o milicias

paramilitares. No obstante, la cárcel es un sitio donde el prisionero puede esperar la ejecución de la

sentencia de muerte, o bien ser llamado a diligencias o paseado sin que conste su salida en registro

alguno, si bien esto fue desapareciendo progresivamente.

El universo penitenciario franquista, entendido en sentido amplio, se configura como el resto del

régimen, en la brutal coyuntura de guerra civil. A él pertenecen los centros improvisados de reclusión

masiva durante la guerra y primera posguerra, los campos de concentración, los batallones de

trabajadores, los batallones disciplinarios de soldados trabajadores penados y las colonias penitenciarias,

amén de las prisiones. Los campos de concentración, las colonias penitenciarias, los destacamentos

penitenciarios, los batallones de trabajo y los batallones disciplinarios de soldados trabajadores penados

(estos últimos se asimilan en torno a 1942, para ir desapareciendo progresivamente)51 están íntimamente

50 Ibídem, pp. 372 y ss. 51 Los batallones de trabajadores pronto suponen una salida útil, en clave de reconstrucción del país, a la inmensa masa penitenciaria. En su creación gravita el fenómeno económico pero también el castigo y la

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ligados a la guerra civil; aun cuando superan su marco cronológico, la práctica totalidad de sus reos penan

por motivos políticos y/o militares efectuados hasta el 1 de abril de 193952.

La función punitiva, así como la reeducación a través de la obediencia, la disciplina, la sumisión

y el trabajo, están presentes en la finalidad de las penas de reclusión. Pronto, el Decreto 281 de 28 de

mayo de 1937 concede a los prisioneros de guerra y presos político el derecho al trabajo, un derecho

entendido, según su inspirador, el jesuita Pérez del Pulgar, como un “derecho obligación”. Según la

Orden de 7 de octubre de 1938 del Ministerio de Justicia que creaba el Sistema de Redención de Penas

por el Trabajo, el preso ha de ser ya penado, quedan excluidos los presos preventivos y, obviamente, los

penados a muerte; además, según Orden de 14 de marzo de 1939, se sitúan al margen del sistema de

redención a los presos que intentaban evadirse o cometían un nuevo delito con posterioridad a su

condena. Desde noviembre de 1940, era imprescindible haber alcanzado un nivel de instrucción cultural y

religiosa mínimo: los presos debían aprender doctrina católica para poder redimir por el trabajo. La Orden

de 11 de enero de 1940 prohibía a los masones desempeñar trabajos; en 1942 se excluía definitivamente a

los penados por el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo de la posibilidad

de acortar su condena trabajando. Las numerosas leyes y órdenes ministeriales insisten en que se

remunera a los presos según las bases de trabajo existentes en la localidad donde se desempeña éste, si

bien el Ministerio de Justicia podía fijar salarios mínimos; el dinero se entregaba a las familias de los reos

exclusión. Reeducación, redención y aprovechamiento productivo de su mano de obra. Con en final de la guerra, los batallones de trabajadores (formados por prisioneros o evadidos del campo rojo y los presentados ante las autoridades rebeldes que no hubieran sido clasificados como “adheridos al Movimiento Nacional”) irán en declive hasta su unión a los batallones disciplinarios para la creación de los batallones disciplinarios de soldados trabajadores penados. Estos últimos estarán compuestos por mozos pertenecientes a los reemplazos de 1936-41, que, habiendo cometido ‘delitos menos graves’, se habían podido acoger a los beneficios concedidos por las Órdenes de 15 de junio, 25 de julio y 24 de octubre de 1940, otorgándoseles la ‘prisión atenuada’ o ‘libertad condicional’, declarados ‘útiles para todo servicio’. Desde el punto de vista técnico-jurídico, la condición de estas personas era antes de soldado que de prisionero, puesto que ingresan en tales batallones desde libertad o libertad condicional, y para cumplir el servicio militar obligatorio a todo nacional (por un periodo efectivo de 2 años, que es lo que fijaba la Ley de 4 de agosto de 1940). Fuente: Informe de la Asesoría Jurídica General del Ministerio de Defensa. Madrid, 17 de febrero de 1993.Citado en Cuadernos de Clases Pasivas, CP . Legislación especial derivada de la guerra civil. Subdirección General de Ordenación Normativa y Recursos e Información de Clases Pasivas de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas. Madrid. Marzo de 2004.

Si bien, cabe oponer a este razonamiento que los soldados trabajadores encuadrados en los batallones disciplinarios lo hacen claramente en calidad de arrestados, que han de hacer la mili en batallones especiales de castigo, en calidad de desafección al régimen, cuando menos. En ocasiones, las condiciones de vida y las exigencias del trabajo, en régimen prácticamente esclavo, convertían la estancia en ellos en una pesadilla que difícilmente podía igualar cualquier prisión. Véanse las entrevistas a Luis Maldonado Vallecillo, Francisco Carmona Priego y Juan Rodríguez Troncoso. De hecho, los Decretos 1/2001 y 333/2003 de la Junta de Andalucía sí han contemplado el tiempo en batallones disciplinarios como prisión política computable. 52 Véase, para el fenómeno concentracionario franquista, el original y revelador trabajo Javier Rodrigo, Los campos de concentración franquista. Entre la historia y la memoria, Madrid, Siete Mares, 2003.

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a través de las Juntas Pro-presos, constituidas por el alcalde, el párroco y un vocal femenino. Los trabajos

realizados en el interior de la cárcel, los llamados “destinos”, permitían redimir condena pero no recibir

salario. Esto fue utilizado como propaganda por el régimen: confirmando su voluntad cristiana y de

reconciliación. Se redime un día de condena por cada tres de trabajo. La educación es otra vía para

reducir condena, tanto para los presos que se alfabetizan e instruyen en los sucesivos grados de enseñanza

como para los que ejercían de maestros53.

Desde un punto de vista más conceptual, Ricard Vinyes encuentra que la finalidad del presidio

político franquista en doblegar y transformar, antes que vigilar y castigar54. La única suerte de aquella

masa fue su volumen, que colapsó la administración de justicia y el sistema penitenciario y forzó al

Estado a su descongestión a través reiterados indultos55, conmutaciones de pena y el uso de la libertad

condicional o prisión atenuada, una vez que éstas se habían acercado al tiempo de cumplimiento que lo

hacía posible. Estos caminos no son excluyentes, sino complementarios, habitualmente los reos se

beneficiaban de conmutaciones, indultos y, finalmente, la libertad provisional. El indulto más recurrente56

fue el de 9 de octubre de 1945, “por el que se concede indulto total a los condenados por delito de

rebelión militar y otros cometidos hasta el 1º de abril de 1939”. De este indulto quedan excluidos aquellos

presos que cometieran delitos de sangre. La aprobación de la Ley Fundamental de Sucesión a la Jefatura

del Estado de 1946 también provocó otra medida de gracia. Posteriormente, el Decreto de Indulto de 17

de julio de 1947 la ampliaba a los penados por delitos comunes y especiales en determinados casos (sic).

El plazo para acceder a estos indultos se va prorrogando sucesivamente. Así llegamos, en la década de los

cincuenta, a los promulgados con razón del Congreso Eucarístico de Barcelona en 1952 y del Año

Mariano y Año Jacobeo (1954) y el acceso al papado de Juan XXIII (1958). Del mismo modo, las

53 Ángela Cenarro, “La institucionalización del universo penitenciario franquista”, en Carme Molinero, Margarita Salas y Jaume Sobrequés (eds.), Una inmensa prisión. Los campos de concentración y las prisiones durante la guerra civil y el franquismo, Barcelona, Crítica, 2003, pp. 133-153. 54 Cf. Ricard Vinyes, “El universo penitenciario durante el franquismo”, en Carme Molinero, Margarita Salas y Jaume Sobrequés (eds.), Una inmensa prisión. Los campos de concentración y las prisiones durante la guerra civil y el franquismo, Barcelona, Crítica, 2003, p. 156. 55 El primero llegó el 25 de enero de 1940 y sólo en ese año el Gobierno decretó tres más (5 de abril, 4 de junio y 1 de octubre). El primero de abril de 1941 decretó un indulto que afectó a los condenados a penas de hasta doce años, con independencia del tiempo ya consumido en prisión. En octubre de 1942 un nuevo indulto afectó a presos con condenas de catorce años y ocho meses, igualmente con independencia del tiempo extinguido. El primer indulto de 1943 afectó a los septuagenarios condenados a reclusión perpetua y el 17 de diciembre el indulto apuntó a las penas de mayor gravedad. El final de la segunda guerra mundial forzó que el 9 de octubre de 1945 el Gobierno decretara un indulto total. Ibídem, p. 162. 56 Según los trabajos estadísticos elaborados a partir de los expedientes generados por la Disposición Adicional Decimoctava de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado y los Decretos 1/2001, de 9 de enero, y 333/2003, de 2 diciembre,

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conmutaciones de penas han supuesto una reducción sobre la condena primera, en promedio, de 12,41

años57.

Pero, ¿cómo era la vida dentro de la cárcel? Y, sobre todo, qué era la cárcel para un preso

político. Isabel Callejón Moya, la joven acusada de formar parte del Socorro Rojo en la inmediata

posguerra relata su peripecia, común a tantas mujeres, a tantos hombres: “(...) a los cinco o seis días [de

estar detenida], pues una mañana me dice otro policía, yo no sabía por dónde iba aquello, a los cinco o

seis días me dice otro policía, éste lo mismo y era el mismo [que le ayudó, dispensándole un trato

humanitario y recomendándole cómo actuar en el centro de detención], ‘hoy vas a pasar a la cárcel,

porque aquí no estás bien, eres una niña y aquí no estás bien’. Y nada, fuera. Y efectivamente, al rato,

vinieron y nos llevaron a casi todas a la cárcel de Ventas de Madrid. La cárcel aquello era un desastre, la

cárcel estaba en manos de funcionarias y eran malísimas. Además tratándonos como rojas, de las rojas

que había que exterminarlas, todas esas historias (...) La cárcel no era sólo en la celda sino en los pasillos

y por todo. (...) Con las funcionarias lo pasamos muy mal. Pero luego entraron monjas y ya con las

monjas la cosa se suavizó. Por lo menos, con las que éramos menores era otra cosa. Había monjas y

funcionarias pero ya era otro tipo de funcionarias (…) Te hacían cantar el Cara al Sol, había que levantar

el brazo y por las noches [antes de ir a dormir] cantar el Cara al Sol y por la mañana lo mismo, pero ya

era otra cosa”58. Las primeras funcionarias, antes de que entraran las monjas y las otras funcionarias

(profesionales), tenían una actitud vesánica, vengativa; militantes franquistas (la mayoría falangistas o

hijas o hermanas de falangista), hicieron todo lo posible por “doblegar” la voluntad de las “rojas”, seguir

infligiendo castigo, continuar derrotándolas. Estas mismas funcionarias eran las que franqueaban la

entrada a los falangistas para que pudieran realizar sus “ruedas de mujeres” y sacarlas de prisión para

violarlas. La entrada de las monjas supuso, al menos, el cese de estas “ruedas” y el registro informado de

todos los movimientos de entradas y salidas de presas59.

La vida en prisión era misérrima. “Que qué comíamos. Pues por las mañanas nos daban un agua

sucia, que era el café. Al medio día nos traían, hechos de harina de maíz, redonditas [y pequeñas], que era

el pan (…) y unas lentejas en agua, sin más aceite y ni más nada. Y luego por la noche, una sopa de ajos

(...) Los que tenían familia les entraban comida y los que no, a morirse allí de hambre (…) [Aunque] a la

57 Estadística sólo elaborada sobre el estudio realizado en el Archivo de Clases Pasivas del Ministerio de Hacienda, sobre los expedientes generados por la Disposición Adicional Decimoctava de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado. 58 Entrevista a Isabel Callejón... 59 Ibídem.

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que le traían un paquete le decían [sus familiares] te hemos traído esto y lo otro; luego, abrían el paquete

y [había] la mitad [de lo que le habían dicho] (...) Mucha hambre, nos hemos comido las cáscaras de

naranja (...) El periodo se nos retiró a todas [de la extrema debilidad] (...) En verano las chinches nos

comían. Las chinches es que las teníamos a puñados y teníamos un cubo con agua y allí metíamos las

chinches y por la mañana cambiamos el agua”. La escasez extremada, la falta de higiene y el

hacinamiento60 dispararon los episodios de enfermedades infecto-contagiosas entre las reclusas y sus

hijos, que mal nutridos fallecían de manera habitual61.

Las presas también desempeñaban trabajos, sobre todo labores y primores de costura sobre

mantelería que entraba de la calle. Isabel, presa preventiva, sin posibilidad alguna de redimir pena o ser

remunerada por ello, se dedicaba todo el día a estas tareas. Esto le permitía salir al patio. “A los patios no

salíamos. Nada más las que hacíamos las labores, esas labores que hacíamos: ahora nos daban tantas

servilletas y tenías que hacer tantas servilletas”62. Este trabajo se cambiaba por favores que ya pertenecían

a la reclusa, como salir al patio; o bien se imponía bajo coacciones de las funcionarias: “resulta que nos

veían hacer punto [una funcionaria terrible a la que apodaban La Veneno] y te decía: ‘ay, mañana yo te

voy a traer lana y tú me haces esto’. Y le decíamos: ‘bueno’. Y ya estabas a salvo con La Veneno. Pero

como alguna se enfrentara con ella… bueno”. El enfrentamiento consistía simplemente en negarse a

hacerle el trabajo de balde. Además de ello, se concede sólo un cuarto de hora de agua caliente cada tres

días, excitando la pugna entre presas por este bien escaso63. Como puede observarse, el poder, concretado

en redes de influencia, obtención de recursos, colaboración o protección, se encamina a la administración

arbitraria de los elementos básicos de supervivencia, concedidos, volvemos a insistir, como favores. La

intención es crear un sistema de supervivencia selvático, donde la dirección se relacione directamente con

la presa, en este caso, cobrando esos favores, o negándolos si la presa tenía una actitud contestaria. De esa

relación individual, de la dirección para con la presa, junto con el adoctrinamiento nacionalcatólico al que

nos referiremos a continuación, se derivan fácilmente las pautas para “doblegar y transformar”, que decía

el profesor Vinyes. Natural antídoto contra esta fórmula retorcida y ladina de conseguir la sumisión fue la

defensa del bien común, la construcción de un espacio colectivo de civilización que permitiera la

60 En 1939 España disponía de una capacidad carcelaria de 20.000 unidades (F. Aylagas, El régimen penitenciario español, Madrid, 1951), pero tuvo que asumir la administración de 270.719 capturados, según cifra de referencia del propio Ministerio de Justicia para 1940. Cf. Ricard Vinyes, “El universo penitenciario…”, pp. 160-161. 61 Entrevista a Isabel Moya Callejón... 62 Ibídem. 63 Ibídem.

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supervivencia de la propia identidad política, ética y personal64. Expresión de esto, aunque no solamente,

es el sistema de comunas entre los presos políticos. De esta forma, la relación ya no es directa e

individual, sino de la dirección con el colectivo. La presa o el preso, al propio tiempo, se puede sentir

amparado física, moral y materialmente en el colectivo; respaldado ante la amenaza del poder establecido,

los o las iguales, los recursos escasos, el adoctrinamiento, etc.

El credo que habían de interiorizar era el nacionalcatólico, los fundamentos del nuevo Estado.

Sección Femenina y reeducación católica. Falangistas de Pilar Primo y monjas y capellanes. “Empezó

una falangista a venir, de la Sección Femenina, nos decía que cuando saliéramos de la cárcel teníamos

que estar en la Sección Femenina, porque aquello era nuestro mañana, ‘será el mañana vuestro, porque la

Falange os tiene que ayudar y seréis las mujeres del mañana’ y esas cosas (…) Las Misas (...) los

domingos eran obligatorias. Pero la mitad nos íbamos a los servicios [a escondernos], las que podíamos

nos perdíamos (…) Nos dieron unos catecismos en la prisión (…) y en esos catecismos sabe usted que

pone el Quinto Mandamiento: ‘No matarás’. Bueno, pues entonces, aquellos catecismos decían: ‘Quinto

Mandamiento: Matarás con justicia’”65. Ese catecismo renovado indica de la manera más explícita

posible que hay una violencia justa y que, por consiguiente, es de justicia matar. Pedro Laín, que andando

el tiempo evolucionaría hacia posiciones liberales, no dudaba en afirmar, escribiendo en 1941 “como

falangista y como católico”, que “el nacionalsindicalismo, sin caer en derivaciones pseudorreligiosas,

sabe bien el valor de la violencia justa”66.

La Iglesia estuvo implicada, tomando parte hasta mancharse las manos, en el sistema de

represión. No se conoce otra dictadura en el siglo XX, fascista o no, en el que la Iglesia asumiera una

responsabilidad política y social tan amplia en el control de los ciudadanos67. Cierto es que sufrió una

notable persecución en la España republicana durante la guerra68; sin embargo, desde el principio, su

reacción, lejos de impulsar la reconciliación, fue de una crueldad y una violencia inusitadas. Desde el

principio y durante la guerra, ofrecieron, como hemos expresado con anterioridad, cobertura y coartada

ética y religiosa a los insurgentes, instaurando el mito de la “Cruzada”. Pasada la guerra, su actitud no

64 Ricard Vinyes, “El universo penitenciario…”, pp. 170-173. 65 Entrevista a Isabel Callejón... 66 Cf. Santos Juliá, “Violencia política en España…”, p. 15. 67 Cf. Julián Casanova, La Iglesia de Franco, Barcelona, Crítica, 2005, p. 292. 68 En España, en 1931, había unos 115.000 clérigos, en una población que no llegaba a los 23 millones de habitantes. De ellos, casi 60.000 eran religiosas, 35.000 sacerdotes diocesanos y 15.000 religiosos. En la España republicana durante la guerra, fueron asesinadas 283 monjas, 4.184 sacerdotes diocesanos y 2.365 religiosos. Cf. Ibídem, pp. 188-189.

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cambia sino que se refuerza por el recuerdo de los mártires69. Una vez derrotado el Eje durante la guerra

mundial y toda vez que la dictadura quiere desdibujar sus simpatías fascistas, se aplicará de nuevo a

apuntalarla en esta coyuntura, librando de nuevo la batalla de las ideas junto a los militares. Ahora había

que apoyar a Franco como Centinela de Occidente, garante de sus valores frente a la barbarie

deshumanizante que suponía el bloque de países liderados por la Unión Soviética. La Santa Sede firma un

acuerdo fundamental, por su contenido y oportunidad, en 1953.

El párroco se convirtió en una figura esencial, avalaba con su testimonio, junto con el jefe del

Movimiento local, el alcalde y el comandante de puesto de la Guardia Civil, la inocencia o culpabilidad

del detenido. No siendo extraños, en modo alguno, los comportamientos delatores e incriminatorios. En la

cárcel su función era crucial en la asistencia espiritual de los confinados a la última pena. Eran los

encargados de limpiar de culpas el alma del reo.

De igual modo, la Iglesia ocupó un puesto de privilegio en la escena social, se restauraron

tradiciones y celebraciones religiosas. Religión y patria encarnaban en el nuevo Estado, se restauraba el

ser eterno de España, enterrado por un siglo de liberalismo. La educación y la moral se pusieron, en gran

medida, en sus manos; contribuyó de esta manera a un control social efectivo.

El poeta Marcos Ana había enunciado que España es una inmensa prisión. La sociedad española

del momento (sometida, sojuzgada y violentada por una guerra cruel y sangrienta y una dictadura

mezquina, con ademanes especialmente brutales en la década de los cuarenta) presenta unos rasgos de

sumisión, miedo superlativo, adoctrinamiento, disciplina y observación estricta de la jerarquía social y

política, que han llevado a hablar de encierro extramuros, o la prisión como “cuartel, escuela, fábrica y

hogar”70. Los comportamientos represivos activos o pasivos, cifrados en el mero control o en la represalia

directa, las actitudes jerárquicas, se extrapolaron a todos los ámbitos de relación de la sociedad: maestro-

alumno, jefe-subordinado, marido-mujer, etc. Los vencedores, auspiciando su dominio en el largo aliento

del terror, impusieron su modelo social; no sólo extinguieron a sangre y fuego la tradición obrera, de

sociedades sindicales y partidos, que tanto trabajo había costado levantar, sino las actitudes y

comportamientos liberales que se habían vulgarizado, con idas y venidas, en los últimos ciento cincuenta

años. La actitud colaboracionista de la sociedad, por activa o pasiva, quizá sea uno de los temas más

incómodos de tratar. No obstante, el pánico que había sembrado la guerra y que había vuelto a brotar en el

69 Ibídem. 70 Ángela Cenarro, “La institucionalización del universo penitenciario…”

31

“trienio del terror” nos ayudan a entender e incluso hacernos cargo de la situación. En los días finales de

la guerra, José Sánchez Badillo, cabo del Ejército republicano, con la línea de frente ya quebrada,

intentaba trasladarse a Alicante junto con otros compañeros de armas, con la aspiración de embarcar en el

puerto rumbo al exilio; según su testimonio, la gente cortaba la carretera, les insultaba, intentaban

hacerlos bajar de la camioneta donde circulaban con intención de golpearlos. Sólo su resolución y unas

ráfagas disparadas desde el fusil ametrallador que llevaba uno de sus compañeros despejaron el camino71.

Las tropas de Franco estaban en camino, pero, aun con la guerra perdida, ese territorio estaba en manos

republicanas; o al menos, como decimos, no estaba en manos franquistas. No obstante, las personas que

no podían exilarse o que no estaban dispuestas a tomaban posición ante la nueva situación que se

avecinaba inminente; quizá, incluso, pretendieran hacerse ver y demostrar que pese al dominio rojo ellos

habían sido y eran buenos españoles.

Una sociedad, por lo demás, traumatizada, que a la altura de 1947 – 1949 hubo de aceptar como

habituales prácticas de terror medieval, como la exhibición para público escarmiento y reconocimiento

victorioso de las fuerzas de orden público de los cadáveres de destacados guerrilleros, como fue el caso

del niño Ernesto Caballero Castillo, que hubo de ver el cuerpo de su padre muerte, Julián Caballero

Vacas, jefe de la 3ª Agrupación Guerrillera y ex alcalde comunista, en la plaza de su pueblo, Villanueva

de Córdoba72; que tomaba como cotidiano el acoso y vejación, también en una fecha tan tardía como son

los años finales de la década de los cuarenta, a los familiares de guerrilleros, consistentes en rapados al

cero de mujeres y la obligación de limpiar de plazas, calles o iglesias con carteles que rezaban: “por roja”,

palizas brutales e incluso asesinatos. No es extraño, por consiguiente, que las delaciones se multiplicasen

porque el nuevo Estado las impulsaba; como se relanzó la religión y su exteriorización por el mismo

motivo. Este tema, como hemos apuntado, es delicado, pero cualquier tibieza o equidistancia, cuánto más

solidaridad y/o apoyo, podía ser considerado inmediatamente como desafección.

Una sociedad enferma, donde la extorsión en materia sexual y moral, propiciada no sólo por la

represión sino también por el hambre y la miseria (utilizadas también para reprimir, controlar y dominar),

71 Entrevista a José Sánchez Badillo, por Inma García y Marcial Sánchez, AHCCOO-A. José Sánchez Badillo, militante del señero sindicato de panaderos sevillano La Aurora y de las Juventudes Comunistas, luego Juventudes Socialistas Unificadas, recibió el reconocimiento que estableció la Disposición Adicional Decimoctava de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado, a su condición de ex preso político y luchador por la libertad. 72 Entrevista a Ernesto Caballero Castillo, por Inma García y Marcial Sánchez, AHCCOO-A. Ernesto Caballero Castillo, militante del PCE clandestino desde 1958, inveterado luchador antifranquista, diputado a Cortes en la IV Legislatura por la Coalición Izquierda Unida, ha obtenido el reconocimiento por la lucha por las libertades de la Junta de Andalucía en nombre del pueblo andaluz, al amparo de los Decretos 1/2001, de 9 de enero, y 333/2003, de 2 diciembre.

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se ejerció sobre mujeres, jóvenes y niños; las circunstancias fueron múltiples: la promesa de una gestión

favorable para con un reo, de un trabajo necesario para la supervivencia en sentido estricto de la familia,

de una vivienda de las promovidas por el ayuntamiento, de dinero para comprar medicinas, etc. Ello

convivió, sin aparente conflicto, con la mojigatería que imponía el nacionalcatolicismo, estableciendo un

doble rasero moral que todo el mundo comprendía, admitía, incluso interiorizaba73.

2. MARCO LEGAL Y JURÍDICO.

En un primer momento no hay preocupación, entre los sublevados, sino por ocupar el poder. Con el

fracaso parcial del golpe y la situación de guerra, con zonas delimitada de dominio de los bandos

contendientes y frentes de batalla estables, comienza la preocupación por la configuración de la vida en

todos su órdenes en el territorio que controlan. Desde la justificación ideológica y moral del golpe a la

institucionalización del orden público, pasando como es obvio por una acción operativa de gobierno y la

justicia. En el orden de la justificación de la insurrección militar, se emplearon coartadas como la

primacía de los bandos militares sobre toda la legislación preexistente en función de su excepcionalidad,

o la salvaguardia del orden doméstico contemplada en la Ley Constitutiva del Ejército de 1878: “el

Ejército, secundado por el pueblo y las milicias, se alzó contra un gobierno anticonstitucional, tiránico y

fraudulento y, cumpliendo lo que preceptúa nuestra Ley Constitutiva Castrense, se erigió en defensa de la

Patria, defendiéndola de sus enemigos exteriores e interiores”74. Por tanto, la Ley Constitutiva del Ejército

aparece referenciada, para los militares insurgentes, como la ley suprema, por encima de la Constitución.

A partir de ahí, en el orden represivo, la aplicación del estado de guerra, que no se deroga hasta el 7 de

abril de 1948, por un decreto competencia de Presidencia del Gobierno. Basado en ello, se fue aplicando

lo que Ramón Serrano calificó de “justicia al revés”; es decir, la utilización de la legislación penal

republicana en lo referente a delitos contra la Constitución y la seguridad del Estado contra los defensores

73 Conxita Mir, “El sino de los vencidos: La represión franquista en la Cataluña rural de posguerra”, en Julián Casanova (coord.), Morir, matar, sobrevivir. La violencia en la dictadura de Franco, Barcelona, Crítica, 2002, pp. 123-193. Novelistas tan destacados y contradictorios política y moralmente entre sí, como Camilo José Cela, en La colmena, y Juan Marsé, en Si te dicen que caí, han captado y expuesto magistralmente el ambiente social malsano y opresivo de la época que hemos intentado indicar. 74 Cf. Eduardo González Calleja, “El Estado ante la violencia”, en Santos Juliá (dir.), Violencia Política en la España del siglo XX, p. 392. El entrecomillado lo extrae el autor de Emilio Rodríguez Tarduchy, Significación histórica de la Cruzada Española, Madrid, Ediciones Españolas, 1941, p. 79. Corresponde a una cita de Franco que es casi transcripción casi literal del art. 2º de la Constitutiva del Ejército.

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del régimen legal75. La aplicación del Código de Justicia Militar republicano empezó a tipificar como

delito de Rebelión Militar, Adhesión a la Rebelión Militar, Auxilio a la Rebelión Militar, Cooperación

para la Rebelión Militar, Excitación a la Rebelión Militar (los más frecuentes), a las actitudes y acciones

de resistencia que se habían opuesto, de manera decidida e incluso tibia, a la insurrección militar. Por

consiguiente, lo legal era ilegal y viceversa. Las aberraciones legales no pararon ahí. El 29 de septiembre

de 1936, la Junta de Defensa Nacional, creada en Burgos el 24 de julio de 1936 y presidida por el general

Caballenas, se autodisuelve y nombra a Franco como jefe del Gobierno del Estado español y

Generalísimo de las fuerzas nacionales de tierra, mar y aire, al tiempo que le otorga “todos los poderes del

nuevo Estado” (decreto 138/1936, de 29 de septiembre, arts. 1 y 2). La Ley de 30 de enero de 1938

dispuso la creación definitiva de la administración central del Estado, configurándose los departamentos

ministeriales; la presidencia recae en el jefe del Estado, al que se atribuye la suprema potestad de dictar

normas jurídicas de carácter general. El 9 de agosto de 1939 se reforzaba el poder del jefe del Estado al

que se autorizaba no sólo a legislar, sino incluso a hacerlo sin previa deliberación del Consejo de

Ministros76. Finalmente, la Ley de Responsabilidades Políticas, de 9 de febrero de 193977, introduce la

retroactividad, puesto que amparaba el procesamiento por los delitos que tipificaba desde el 1 de octubre

de 1934. Por tanto, Ley Constitutiva del Ejército como ley suprema por encima de la Constitución,

“justicia al revés”, fusión de los poderes ejecutivo y legislativo en la figura del jefe de Estado y de

Gobierno y retroactividad punitiva de la ley describen, de entrada, la aberración del marco legal y jurídico

del nuevo Estado.

España, según las Leyes Fundamentales, es una “unidad política, un estado católico, social y

representativo que, de acuerdo con su tradición, se declara constituido en Reino”78. Pero una monarquía

de 18 de julio, con un ordenamiento institucional que recogía la fórmula monárquica por “tradición” y

que no contemplaba la monarquía parlamentaria del último siglo y medio largo, sino que aludía a

concepciones absolutistas del Estado. Los rasgos fundamentales de esa monarquía sin rey que era la

España de Franco se establecían en: unidad de poder; coordinación de funciones y no división de poderes;

confesionalidad católica; vocación social, explicitada sobre todo en el Fuero del Trabajo y en la estructura

nacional sindicalista; y representatividad indirecta, concretada esencialmente en las formas de

75 Ibídem, p. 393. 76 Cf. Jorge Solé-Tura, Introducción al régimen político español, Barcelona, Ariel, 1972, pp. 20-21. 77 Reformada el 19 de febrero de 1942, se mantuvo vigente hasta el 13 de abril de 1945 en cuanto a la incoación de nuevos expedientes, siguiendo los que ya estaban en curso hasta 10 de noviembre de 1966. Cf. Eduardo González Calleja, “El Estado…”, p. 394. 78 Cf. Jorge Solé-Tura, Introducción al régimen..., p. 17.

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representación familiar y sindical79. Desde septiembre de 1936, hay una prohibición expresa de los

partidos políticos; posteriormente se unifican los grupos políticos fundamentales que habían auxiliado a

los sublevados, Falange Española y de las Juntas Ofensivas Nacional Sindicalistas (JONS) y la Comunión

Tradicionalista, por decreto de 19 de abril de 1937, adoptando el nombre oficial de Falange Española

Tradicionalista y de las JONS (FET y de las JONS), como partido único legal. El jefe del Estado es el jefe

del Movimiento y su milicia, estando el Consejo Nacional de FET y de las JONS supeditado a la

autoridad absoluta de Franco. La vocación social del Estado español, tal como se definía el mando

sublevado en la Junta de Defensa Nacional de Burgos, así como su calado fascista de la primera hora, se

explicitan en el Fuero del Trabajo, promulgado por decreto de 9 de marzo de 1938 y declarado Ley

Fundamental por el art. 10 de la Ley de 26 de julio de 1947. En el preámbulo, modificado por la Ley

Orgánica de 1967, de la norma esencial que va regular las relaciones laborales en España, se explicitaba

lo siguiente: “el Estado Nacional en cuanto es instrumento totalitario al servicio de la integridad de la

patria y sindicalista, en cuanto representa una reacción contra el capitalismo liberal y el materialismo

marxista, emprende la tarea de realizar –con aire militar, constructivo y gravemente religioso- la

Revolución que España tiene pendiente y que ha de devolver a los españoles, de una vez para siempre, la

Patria, el Pan y la Justicia”. Como puede observarse, una proclama netamente fascista, muy al gusto del

que sería el arquitecto jurídico del Estado naciente, desde 1938 a 1942, Ramón Serrano. Por consiguiente,

las relaciones laborales quedaban definidas por la jerarquía (desde la empresa como unidad al sistema en

su conjunto, donde la jefatura del patrón es incontestable), la contemplación de la propiedad privada, el

intervencionismo estatal, el establecimiento de un sindicato vertical que proscribe los sindicatos libres y

la prohibición de huelgas, que es tipificada como “delito de lesa patria”, o cualquier otra perturbación del

trabajo, estableciéndose una férrea disciplina laboral80.

Sin embargo, a medida que se va completando la legislación laboral, ésta va dejando importantes

resquicios que serán aprovechados por la oposición. En agosto de 1947 se pretendió introducir en las

empresas de más de 50 trabajadores la formación de jurados de empresa, presididos por el patrono pero

integrados por trabajadores electos. Distintas entidades económicas y el Consejo Superior de Cámaras de

Comercio consideraron aquello como una “innovación peligrosísima” que traía a la memoria los tiempos

nefastos de la “dominación roja”. Hacer elecciones entre “la masa obrera que siempre militó entre (sic)

los partidos de la izquierda revolucionaria” volvería a articular la lucha obrera de clase, máxime en un

79 Ibídem, pp. 17-18. 80 Ibídem, pp. 20-50.

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contexto internacional de importante pujanza del bloque soviético. El reglamento que había de desarrollar

el decreto tardó seis años en aprobarse81. Posteriormente, en la convocatoria de las elecciones sindicales

de 1957, el equipo aperturista del ministro falangista José Solís Ruiz decidió eliminar el requisito de

confianza política para ser candidato, para así certificar la “autenticidad representativa”, las puertas

quedaban abiertas a la elección de opositores. Junto a ello, será otra norma con rango de ley, la Ley de

Convenios Colectivos de 24 de abril de 1958, la que configure un marco laboral propicio para la

configuración de un nuevo movimiento obrero82. En la década siguiente, se verán confirmados los peores

vaticinios de esos patronos alarmados ante la constitución de jurados de empresa electos y, en efecto, la

lucha obrera volvió a estructurarse.

En 1942, se crean las Cortes Españolas, pero como un instrumento meramente auxiliar y

deliberativo, dependiente absolutamente del poder Ejecutivo, que, a su vez, se guarda la potestad de

nombrar un número de procuradores no superior a cincuenta. La gran mayoría de los procuradores eran

natos, es decir, en función del cargo político o administrativo que desempeñaban. Sólo una porción de

ellos son electos, pero siempre de manera indirecta y restringida. La tarea específica de las Cortes era

conocer los actos o leyes de importancia general y los proyectos que les sometiese el Gobierno, pero este

último podía legislar por decreto-ley en caso de guerra o por razones de urgencia. El 17 de julio de 1945,

en el momento que finalizaba la guerra mundial, en una situación de acoso y tensión por la significación

fascista de la España de Franco, se promulga el Fuero de los Españoles, que recogía la mayoría de

garantías de cualquier constitución vigente: igualdad ante la ley, libertad de expresión, habeas corpus,

libertad de asociación, seguridad jurídica, etc. Sin embargo, las disposiciones de esta norma

constitucional eran, jurídicamente hablando, una simple declaración de principios, puesto que no eran

válidas ante ningún tribunal; por lo demás, todos los artículos que hacían referencia a las libertades y

garantías individuales podían ser suspendidos temporalmente por el Gobierno, como así ocurrió en no

pocas ocasiones. También se aprobó una Ley de Referéndum, que no tardó en utilizarse en el refrendo de

la Ley de Sucesión en la Jefatura de Estado83. Todo ello pretendía otorgar una apariencia representativa, o

al menos participativa y garantista, a la dictadura española, en un contexto internacional donde habían

dejado de tener predicamento el “Estado Nacional” entendido “como instrumento totalitario”. Como es

81 Cf. Mercedes Cabrera y Fernando del Rey Reguillo, “La patronal y la brutalización de la política”, en Santos Juliá (dir.), Violencia política en la España del siglo XX, Madrid, Taurus, 2000, p. 286. 82 Alfonso Martínez Foronda, “Historia de Comisiones Obreras de Andalucía: desde su origen hasta la constitución como sindicato”, en Alfonso Martínez Foronda (coord). La conquista de la Libertad. Historia de las CC OO de Andalucía, Sevilla, Fundación Estudios Sindicales, 2003, pp. 60–64. 83 Jorge Solé-Tura, Introducción al régimen..., pp. 20-50.

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sabido, el franquismo encontró acomodo internacional, al calor del bloque occidental en la coyuntura de

guerra fría; finalmente, España es admitida en Naciones Unidas en 1955. Al final de la década de los

cincuenta, constatado el fracaso de la política autárquica, una nueva generación es llamada a renovar las

instituciones del Estado sin por ello renunciar a sus principios y tradiciones que lo forjaron. Fruto de ello

son la ordenación de administración central del Estado (Ley de Régimen Jurídico de la Administración

del Estado de 26 de julio de 1957, Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958, Ley de

Régimen Jurídico de la Entidades Estatales Autónomas de 26 de diciembre de 1958, etc.), que junto con

el Plan de Estabilización de 1959, que ensayaba la apertura de la economía y su adecuación rigurosa a las

reglas de libre mercado, y la ordenación y refuerzo de los mecanismos de control y represión (Ley de

Orden Público de 30 de julio de 1959, Decreto 1.794/1960 de 21 de septiembre contra el Bandidaje y el

Terrorismo) alumbraban lo que será el franquismo hasta la muerte del dictador. Ciertamente, en este

contexto de cambio, se pretendió delimitar los principios en los que se asentaba el Estado español: fue la

Ley de Principios del Movimiento Nacional, promulgada por el jefe del Estado, de 17 de mayo de 1958,

en uso de su potestad legislativa84.

La Justicia se administra en nombre del jefe del Estado. La Ley Orgánica del Poder Judicial, que

data de 1870, divide el territorio español en audiencias provinciales y territoriales, por debajo existen los

juzgados municipales y de primera instancia e instrucción. El órgano superior es el Tribunal Supremo de

Justicia, que ejerce su jurisdicción en todo el territorio español. El presidente de este tribunal es designado

por el jefe del Estado85. Hasta 1964, cuando se clausura el Tribunal Militar Especial Nacional de

Actividades Extremistas, cuya jurisdicción era nacional e instrucción estaba al cargo del tristemente

célebre coronel de Infantería Enrique Eymar Fernández, los delitos políticos se someten a la jurisdicción

militar, equiparándose a rebelión militar o auxilio o colaboración con la misma. Para el enjuiciamiento y

represión de estos delitos, ya bajo jurisdicción civil, se creará el Tribunal de Orden Público en 196386. Sin

embargo, la jurisdicción militar seguirá teniendo competencias en todos los delitos de orden político que

puedan ser tipificados por los supuestos recogidos en el decreto de Bandidaje y Terrorismo de 21 de

septiembre de 1960, que continúa asimilando algunas actividades políticas al delito de rebelión militar87.

84 Ibídem. 85 Cf. Ibíden, p. 76. 86 Juan José del Águila, El TOP, La represión de la Libertad (1963 – 1977), Barcelona, Ed. Planeta, 2001, p. 385 y ss. 87 Cf. Jorge Solé-Tura, Introducción al régimen..., p. 76.

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La inseguridad jurídica y la falta de garantías procesales caracterizaron el marco legal de la

dictadura, sobre todo en lo concerniente a la represión de las expresiones políticas, sindicales o sociales

de oposición a la misma, así como un amplio despliegue legislativo cuya finalidad era represiva. La

aplicación del Código de Justicia Militar implica que todo acto criminal, tal era el caso de los encontrados

culpables, conlleva, de manera inexorable, una responsabilidad civil. Para ello, ya se había formulado el

Decreto-Ley de 10 de enero de 1937 de Responsabilidad Civil. Este decreto-ley se vio corregido y

aumentado por la Ley de Responsabilidades políticas, de 1939. El propósito de esta ley era “la

reconstrucción material y moral de nuestra Patria”, al tiempo que se liquidaban “las culpas de este orden

(políticas) contraídas por quienes contribuyeron con actos u omisiones graves a forjar la subversión roja”;

en su artículo primero declaraba: “la responsabilidad de las personas, tanto jurídicas como físicas, que

desde primero de octubre de mil novecientos treinta y cuatro y antes de dieciocho de julio de mil

novecientos treinta y seis contribuyeron a crear o agravar la subversión de todo orden de que se hizo

víctima a España y de aquellas otras que a partir de la segunda de dichas fechas, se hayan opuesto o se

opongan al Movimiento Nacional con actos concretos o pasividad grave”. Esta ley ilegalizaba a todos los

partidos del Frente Popular. En lo concerniente a las personas físicas, los supuestos eran los siguientes:

haber sido condenados por la jurisdicción militar por de los delitos de rebelión o traición en virtud de

causa criminal a raíz del Movimiento Nacional88; haber desempeñado cargos directivos o haber sido

afiliado en los partidos declarados fuera de la ley por esta norma; haber ocupado cargos o misiones

diplomáticas con gobiernos del Frente Popular; haberse manifestado a favor públicamente del Frente

Popular o haberlo ayudado económicamente; haber convocado las elecciones a Diputados a Cortes de

1936 y haber formado parte del Gobierno que las presidió, haber sido apoderado o interventor de los

partidos del Frente Popular en dichas elecciones, o compromisario de dichos partidos en la elección del

presidente de la República en 1936; los diputados del Frente Popular que por acción u omisión

contribuyeron a la implantación de sus ideales y programas; pertenecer o formar parte de la masonería,

con la excepción de aquéllos que hubieran roto explícitamente con esta organización antes del 18 de julio

de 1936, con lo cual quedaban excluidos destacados militares sublevados como Cabanellas; haber

intervenido antes del 18 de julio de 1936 en tribunales encargados de juzgar a miembros del Movimiento

88 Así consta en cualquier sentencia que no fuera absolutoria o sobreseída, a partir de esta ley, en la que tras la sentencia se explicita que se eleva de ella “Testimonio al Tribunal de Responsabilidades Políticas”, que es el encargado de juzgar estas cuestiones. Como puede observarse en cualquier sentencia de este tenor en el Archivo Militar de la 2ª Región Militar Sur, en Sevilla.

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Nacional; haber incitado o inducido la realización de cualquiera de los actos citados anteriormente

mediante escrito, prensa, radio, etc.; haber realizado cualquier otro acto destinado a fomentar con eficacia

la situación anárquica que hizo indispensable el llamado Movimiento Nacional; haberse opuesto de forma

activa al mismo; haber permanecido en el extranjero desde el 18 de julio de 1936 más de dos meses sin

causa justificada o no haber vuelto a zona franquista; haber salido de zona roja al extranjero sin volver a

zona franquista, sin causa justificada después de dos meses de ausencia; haber cambiado de nacionalidad;

haber aceptado de las autoridades rojo-separatistas misiones en el extranjero; y haber adoptado acuerdos

con Sociedades y Compañías que supusieran ayuda al Frente Popular.

Según el artículo 8, podían aplicarse tres tipos de sanciones penales y administrativas,

susceptibles de ser acumuladas: restrictivas de la actividad, inhabilitación absoluta y especial para el

ejercicio de cargos y oficios, lo que permitió un proceso de depuración amplio (recuérdese el llevado a

cabo con los maestros y universitarios, si bien se establecieron otras normas específicas al respecto,

franqueando la entrada en colegios, institutos y universidades de jerarcas y afines al Movimiento);

limitaciones de la libertad, el extrañamiento, la relegación de plazas a África, el confinamiento y el

destierro; y, finalmente, las económicas, que podían suponer la pérdida de todos los bienes propios89. Esta

ley venía a imponer, en muchas ocasiones, la muerte civil del reo, si es que éste no había perecido antes

(por hechos de guerra, es decir asesinados, o por ejecución de la sentencia de muerte), impidiendo que

pudiera ejercer su profesión, aquella con la que se ganaba la vida, o fuera desterrado. Pero la importancia

esencial de esta ley, hecha expresa en su propósito fue la “reconstrucción material y moral de la patria”, o

dicho lisa y llanamente: la apropiación e incautación de los bienes de los vencidos, al tiempo que los

alejaba de las profesiones influyentes o relevantes de la vida civil.

Esta ley hubiera permitido que los bienes acumulados por el padre de Juan Antonio Velasco

Díaz, Antonio Velasco Martín, maestro del Saucejo, pueblo de la provincia de Sevilla, hubieran ido a

parar a manos del Estado definitivamente, también hubiera supuesto su inhabilitación profesional; sin

embargo, las propiedades fueron devueltas y la proscripción para ejercer la docencia no tuvieron efecto

porque fue absuelto en sentencia de 25 de febrero de 1941 por el Tribunal de Responsabilidades

Políticas90. Lo que no pudieron devolverle fue la vida, puesto que había sido asesinado tras la toma del

89 Cf. Marc Carrillo, “El marco legal de la represión en la dictadura franquista durante el periodo 1939 – 1959”, en Felipe Gómez Isa (dir.), El derecho a la memoria, Bilbao, Diputación Foral de Guipúzcoa, 2006, pp. 502-505. 90 Fotocopia de la Sentencia del Expte. 1.313 del Tribunal de Responsabilidades Políticas y del Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla de 18 de marzo de 1941 (número 66), donde el Tribunal de

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Saucejo por las tropas insurgentes, sin que mediara proceso penal contra él. El Tribunal de

Responsabilidades Políticas salva la cuestión calificando el hecho como “error”, puesto que la absolución

civil implicaba, de facto, la absolución criminal. La tipificación de responsabilidades civiles era mucho

más extensa (en supuestos y marco temporal, recuérdese la retroactividad a 1 de octubre de 1934) que la

criminal (fundamentalmente rebelión o auxilio o adhesión a ella); además englobaba a esta última91.

Como puede observarse, el peso represor físico, la purga, vindicación y exterminio de todo aquel que

formaba parte de la España republicana se hizo al margen de la ley, en los primeros meses de guerra o tras

la conquista de pueblos y ciudades durante el avance del ejército sublevado, o bien con la aplicación del

Código de Justicia Militar y mediante consejos de guerra, de manera posterior.

La Ley de 1 de marzo de 1940, de Represión de la Masonería y el Comunismo, atribuía a la

masonería y al comunismo, por este orden, la decadencia de España. Desde la pérdida del Imperio

Colonial español a los crímenes de Estado, pasando por las guerras civiles del siglo XIX y las

perturbaciones del orden público en las primeras décadas del siglo XX. Detrás de todo estaban las

“sociedades secretas y las fuerzas internacionales de carácter clandestino”. Se preveían penas, por estos

delitos, en el orden asociativo, entre 12 años y 1 día y 20 años de reclusión menor; si además se hacía

pública difusión de ello, las penas ascendían a entre 20 años y 1 día y 30 años de reclusión mayor. La ley

también considera comunista, en su artículo 4, “a los inductores, dirigentes y activos colaboradores de la

tarea o propaganda soviética, trotskista, anarquista o similares”. Esta ley creaba otro tribunal especial: el

Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, de carácter militar, estaba

presidido por un general del Ejército designado libremente por Franco, el primero fue el general Saliquet.

Este tribunal permaneció activo hasta 1964, hasta que por decreto de 8 de marzo fue suprimido; si bien,

sus atribuciones habían sido asumidas por el Tribunal de Orden Público92, aunque fuera ya de la

jurisdicción militar.

La Ley de Seguridad del Estado, de 29 de marzo de 1941, trata de blindar la seguridad del nuevo

Estado y su representante máximo, el jefe del Estado, general Franco. Los delitos que tipificaba eran

contra la seguridad interior y exterior del Estado y contra el Gobierno de la nación, contra el jefe del

Estado, por la revelación de secretos políticos y militares, circulación de noticias y rumores perjudiciales

Responsabilidades Políticas, a través de doña María del Pilar Heredero Gallego, Secretario (sic) del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Sevilla “que habiendo sido absuelto en el expediente núm. 1.313 el vecino del Saucejo Antonio Velasco Martín, recobra éste la libre disposición de sus bienes”, en AHCCOO-A, Legajo 850. 91 Consúltense entrevista a Juan Antonio Velasco Díaz… y Fotocopia de Sentencia del Expte. 1.313... 92 Cf. Marc Carrillo, “El marco legal de la represión en la dictadura franquista…”, pp. 506 y 507.

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para la seguridad del Estado y ultrajes a la Nación, asociaciones y propaganda ilegales, atentados y

amenazas a autoridades y funcionarios, suspensión de servicios públicos y huelgas atentatorios contra la

seguridad del Estado y desobediencia a las órdenes del Gobierno y, finalmente, los robos a mano armada

y secuestros. Las penas oscilaban entre los tres y treinta años de reclusión. Además de tipificar con pena

de muerte un buen número de supuestos que en regímenes democráticos no eran sino expresión del

ejercicio de los derechos fundamentales del ciudadano. Posteriormente, se aprobaban la modificación del

Código Penal de la Marina, ley de 2 de marzo de 1943, y el nuevo Código Penal en 1944, que derogaba el

1932 de la República, y el Código de Justicia Militar de 1945, que preveía los delitos contra la seguridad

exterior e interior del Estado. Nuevamente, estos delitos no hacían sino describir el uso de derechos y

libertades públicas hoy reconocidas en la Constitución de 1978. En 1947, fue derogada la Ley de

Seguridad del Estado de 1941, al entrar en vigor una nueva ley que reiteraba el carácter represor de ésta:

el Decreto-Ley de 13 de abril de 1947, de represión del Bandidaje y el Terrorismo; esta norma disponía la

pena de muerte para diversos y variados delitos que define al detalle93.

Tal contexto legal se veía reforzado por la más absoluta ausencia de las garantías procesales,

desde que el sospechoso es detenido no le asiste ninguna normativa que pueda hacer valer ante un

tribunal. Toda aquella normativa garantista que establecía sobre el papel el Fuero de los Españoles, al no

desarrollarse en leyes concretas, como hemos referido, no podían ser reclamadas como derechos. Del

mismo modo, la policía tenía patente de corso para interrogar (torturar) a los detenidos y no cabía

interponer querella o reclamación alguna, el forense visitaría la prisión y acreditaría que las lesiones son

normales, por ejemplo, del forcejeo en la detención o de algún accidente, como la caída por las escalera

de comisaría o la misma cárcel94. Las detenciones en comisaría podían durar lo que estimara la policía

conveniente, al menos en los años cuarenta y cincuenta; posteriormente cuando el Tribunal de Orden

Público se hizo cargo de la jurisdicción sobre los delitos políticos, y siempre que no mediara estado de

excepción, solían respetarse las 72 horas como tiempo máximo de estancia en dependencias policiales.

La primera vez que el acusado tomaba contacto con un abogado solía ser en la cárcel.

Habitualmente, el abogado defensor era de oficio y militar; en consecuencia, raramente era un abogado

93 Ibídem, pp. 516-520. 94 Consúltese el Fondo Oral del AHCCOO-A. En él se encontrarán numerosos y diversos testimonios acerca de la incapacidad jurídica de los detenidos para interponer denuncias contra la policía por trato brutal y torturas. No sólo esto se constata para el periodo que tratamos, sino que se hace extensivo a toda la dictadura.

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verdaderamente defensor. La defensa solía centrarse, cuando se decidía a ello, en el engaño sufrido por

pobres analfabetos o semialfabetos a manos del comunismo internacional, cuando la condición social y

cultural de los procesados amparaba de algún modo el argumento. En los años cuarenta y cincuenta muy

difícilmente pueden intervenir en este tipo de juicios abogados defensores civiles. La presión era de tal

cariz que cualquier intento se frustraba, como ocurrió en el célebre proceso a los dirigentes comunistas

José Mallo, Luis Campos y Manuel López Castro, en 1948, en el se requirió, por parte de los encartados,

la defensa del conocido abogado sevillano, catedrático de derecho y ex ministro de Agricultura del

gobierno radical-cedista durante la II República, Manuel Giménez Fernández, que terminó declinando el

caso puesto “que una constante experiencia me ha demostrado cómo la intervención de abogados civiles

en procedimientos militares no es ventajosa para los encartados en cuanto se refiere a las diligencias

sumariales”95. Ya fuera ese el motivo o también mediaran las presiones y el miedo a enfrentarse con la

justicia militar, que era tanto como hacerlo con el Estado, nos parece muy significativa esta renuncia. Tres

años más tarde, en 1951, y bajo la amenaza de la ruina profesional, el abogado Octavio Pérez Vitoria no

se atrevió a representar a Gregorio López Raimundo, tras la huelga de tranvías de Barcelona.

Los juicios son meras pantomimas, donde la suerte estaba echada de antemano si atendemos a

los testimonios recabados96. Las declaraciones obtenidas por la policía de la vil forma que hemos

expuesto en el primer punto son definitivas como prueba de cargo. Si el encartado objetaba algo o hacía

referencia a que declaró bajo torturas o ensayaba cualquier otra intervención contraproducente o que el

juez estimara inoportuna, rápidamente era conminado a callarse, a no desacatar la autoridad del tribunal.

De cualquier forma, este tipo de actitudes eran sancionadas y las condenas se cargaban de más años de los

previstos.

95 ¿De qué se nos acusa? Recopilación documental sobre el proceso a José Mallo Fernández, Luis Campo Osaba y Manuel López Castro. Asociación de ex presos y represaliados políticos antifranquistas, Sevilla, 1997. 96 Consúltese el Fondo Oral del AHCCOO-A. También son numerosas las descripciones de este tipo de juicios.

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3. LA OPOSICIÓN: DE LA DERROTA A LA RECONCILIACIÓN NACIONAL.

“Aquí en treinta años no hay quien se mueva”, esto le escuchó decir Antonio Bahamonde a Manuel Díaz

Criado, capitán designado por Queipo delegado militar de Orden Público de la Segunda División,

refiriéndose al sanguinario escarmiento que habían infligido a las izquierdas (republicanas o

revolucionarias)97. A continuación pretendemos analizar, entre otras cosas, qué grado de exactitud tuvo

este vaticinio, aunque ya nos parece muy revelador su mera formulación.

3. 1. La clandestinidad. El modelo comunista.

Desde la primavera de 1938 la derrota parecía una conclusión más que posible. El corte del

territorio republicano en dos ponía muy difícil otra estrategia militar que la mera resistencia; más allá de

los esfuerzos diplomáticos por lograr un compromiso con el bando franquista, siempre infructuosos.

Diferentes alternativas se pusieron sobre la mesa, la más luminosa, quizá la más quimérica, era resistir

hasta que comenzara la guerra en Europa y unir, de manera incuestionable, la suerte de la República a las

potencias democráticas, que rendidas por la evidencia beligerante del fascismo no tendrían otra opción

que arrumbar la política de apaciguamiento. Pero podía suceder que antes sobreviniera la derrota, o bien

que en el inicio de la guerra los estados democráticos no pudieran auxiliar a la España leal, enfrascados

como estarían en defender sus propios intereses. Por consiguiente, incluso en la mente más numantina

hubo de surgir un horizonte próximo de dominación franquista sobre todo el territorio nacional. Ello

requería prepararse para la resistencia interior, que pasaba necesariamente por la lucha clandestina. Sin

embargo, las direcciones de las organizaciones sindicales y políticas poco o nada hicieron en este sentido.

Puede ser que esta falta de interés por organizar la lucha clandestina respondiera a la precaución de no

desmotivar la moral de retaguardia, puesto que esta tarea reconocería implícitamente la derrota militar.

Pasionaria lo explicita en El único camino: “Ni imprentas clandestinas, ni papel, ni radio, ni dinero, ni

casas, ni organización ilegal. Nada habíamos preparado”98.

Sea como fuere, la clandestinidad será el ámbito donde necesariamente se va a desarrollar la

política opositora. Nadie podía imaginar entonces hasta qué punto y durante cuánto tiempo. Por tanto, es

necesario conocer cómo se desenvuelve la acción sociopolítica cuando ésta es directamente ilegal. Para

97 La cita la recoge Juan Ortiz Villalba, Sevilla 1936, del golpe militar a la guerra civil, Córdoba, Vistalegre, 1997, p. 159, de A. Bahamonde y Sánchez de Castro, Un año con Queipo, memorias de un nacionalista, Barcelona, Ediciones Españolas, 1938, pp. 100 y ss. Libro recientemente reeditado. 98 Citado en Hartmut Heine, La oposición política al franquismo. De 1939 a 1952, Barcelona, Editorial Crítica, 1983, p. 60, de Dolores Ibárruri, El único camino, Moscú, 1963, p. 454.

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ello, nos hemos fijado en el Partido Comunista, por ser la organización opositora que de manera más

temprana, duradera y relevante afronta esta tarea; amén de resultar un modelo ilustrativo al respecto. A

los comunistas como a los anarquistas no les eran extrañas estas prácticas, puesto que guardaban una

dilatada tradición clandestina. Ante la feroz represión que hemos visto, los comunistas, también el resto

de opositores, se refugian en el secretismo más absoluto. Las primeras acciones de resistencia, una vez

concluida la guerra, se encaminan, de manera natural, hacia el asistencialismo. La inmediata reacción es

organizar el socorro de los detenidos. A esta tarea se aprestan los colectivos que numéricamente sufren

una menor presión represiva: mujeres y jóvenes. Pero en un ambiente notablemente hostil, este auxilio

organizado apenas logra resultados de cierta importancia. Del mismo modo, las partidas guerrilleras que

subsisten tienen un notable matiz defensivo, a la par que azaroso.

Hubo que cambiar radicalmente la concepción del espacio político. Los primeros años son de

supervivencia. A nada más se podía aspirar. El contexto internacional en nada ayuda a la reorganización

de los vencidos. Más adelante nos acercaremos a la peripecia de las izquierdas en la primera mitad de los

cuarenta, pero baste subrayar aquí que hasta junio de 1941, el desconcierto de la derrota unida a la

delicada situación internacional, presidida por el irresistible avance nazi y por el pacto germano-soviético,

junto con el flujo todavía notable de la marea represiva, languidecieron cualquier esperanza. Sólo el

arrojo y la tenacidad de unos cuantos hombres y mujeres, siempre desconectados de las cúpulas directivas

del exterior, mantuvieron la resistencia activa. Aunque rápidamente sus incipientes organizaciones fueron

desarticuladas una y otra vez y sus responsables represaliados con la vesania y contundencia que hemos

expuesto con anterioridad. El transcurso de la guerra mundial conoció la progresiva preponderancia aliada

y la derrota final del Eje, esto provoca un verdadero terremoto en la dirección de la política exterior e

interior del Estado español y una atemperación de sus prácticas represivas. Es justo en este momento

cuando surgen de manera generalizada en el territorio nacional formas de lucha clandestinas. Comienzan

a aparecer en el interior enviados de la dirección política (exterior) para impulsar la lucha política, así

como guerrilleros que se incorporan a las partidas existentes, tomando éstas un cariz más resistente, si no

ofensivo; tal fue la operación llevada a término en el Valle de Arán. No hace falta insistir en el cuidado

que hay que depositar en la extensión de la organización en el interior, es por ello que “los militantes,

para captar militantes, no eran militantes cualquiera, tenían que reunir primero una serie de condiciones

como trabajador. Primero, tenía que verse que eran camaradas verdaderamente honrados, honestos, que

tuvieran cierta valentía, que se le vieran en momentos de rebeldía (en no estar de acuerdo con

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orientaciones de la empresa) y entonces, y además eran trabajadores y se estaban observando, cuando

había un camarada que veía un trabajador que reunía estas condiciones, se volcaba el partido para

captarlo, puesto que reunía condiciones (...) También se trataba de informarse de su vida familiar y para

eso nos servía, en gran medida, las células de barrio (…) si le gustaba la bebida, si su comportamiento

familiar no era el más ajustado… En fin, que tenía que reunir unas condiciones indispensables. O sea que

tenía que tener unas condiciones de vida transparente, tanto en la fábrica como en su familia y además se

seleccionaba para que no pudieran hablar, para que fueran firmes en su conciencia y condiciones

proletarias (…) Que fueran obreros modelos. No se le daba la entrada a cualquiera, para eso estaba la red

de simpatizantes, que sin entrar en el partido eran simpatizantes (…) O que pudieran entrar en las

‘organizaciones de masas’, las asociaciones, como eran las juventudes, como era la ayuda de presos,

como era la UGT, que estaban dentro de la fábrica (…) y no tenían que reunir esas condiciones tan

estrictas como para ser militante”99. Pero como hemos apuntado, no sólo el futuro militante había de

poseer estas extraordinarias cualidades para servir de “modelo”, de cara a seguir la labor de captación,

sino que ello garantizaba un mínimo de disciplina en su comportamiento. Es curiosa la insistencia en que

no fuera bebedor100, pero es fácil de entender si consideramos que en una sociedad infestada de delatores

unas palabras de más pueden arruinarlo todo para bastante tiempo. Las medidas de seguridad iban desde

la utilización de nombres de guerra, pseudónimos, a la compartimentación del partido101 o el complejo

entramado de células. La célula es la unidad fundamental del partido, que requiere un mínimo de tres

integrantes y nunca, en condiciones de clandestinidad, es recomendable que sobrepase la cifra de cinco o

seis. Si la célula, por el motivo que sea, es numerosa, se recomienda su deslindamiento en grupos. La idea

básica es que nadie tenga contacto directo más que los camaradas precisos, con los que además se

relacionará a través del nombre de guerra. La célula la dirige un secretario o responsable político, que ha

de ser confirmado por el órgano inmediato superior, auxiliado por los encargados de organización y

99 Entrevista a José Cordero González... 100 Un hombre que tiene el hábito de emborracharse no es apto para militar en el Partido en las actuales circunstancias. Cf. Cuadernos de Educación Política, Los comunistas ante la policía y los tribunales, Partido Comunista de España, Comisión Central de Educación Política, [S.l.]: PCE, [ca. 1970], p. 16. En AHCCOO-A, folleto 446. 101 “(…) la compartimentación fue de lo más rigurosa y fue de lo más rigurosa porque la experiencia que teníamos de antes es que no habiendo compartimentación resultaba que detenían a uno en Guadalajara (…) y llegaba a todas partes”. Entrevista a Santiago Carrillo Solares, por Eloísa Baena Luque, Alfonso Martínez Foronda y Juan Ortiz Villalba, en AHCCOO-A.

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agitación y propaganda de la misma; ello le permite ser un ente autónomo para la acción102. Las reuniones

han de ser constantes y secretas, en lugares idóneos, “realmente, el giro que toma la organización es

tremendo, entonces ya las reuniones no se hacen por la calle, sino en “lugares de trabajo” (...) Se huía de

los bares, porque la policía conocía los bares y estaban muy vigilados los bares, sobre todo los bares

céntrico (...) se requerían lugares más sosegados (...) Entonces, de lo que se trata es que cada compañero,

cada militante, diera su vivienda alguna vez que otra para las reuniones (...) No todas las casas reunían

condiciones, porque si, por ejemplo, en una casa de vecinos [tipo de vivienda típico de la Sevilla popular

de los años cuarenta y cincuenta] ven entrar a cuatro o cinco tíos desconocidos, pues la gente dice ‘esto

qué es’”103. El PCE recomienda expresamente que, a ser posible, las citas no se hagan en la calle y éstas

se celebren en lugares que ofrezcan garantías, como edificios donde haya oficinas comerciales, despachos

de abogados o consultas médicas; procurando no entrar ni salir en grupo, ni hablar en el portal o las

escaleras104.

Los contactos con la dirección exterior eran de suma dificultad, máxime en territorios tan

alejados de la frontera francesa como Andalucía. Además, la presión de las fuerzas de orden público era

tan asfixiante que rápido se ponían tras la pista del dirigente enviado por el Comité Central. “Incluso

establecer rotación entre los camaradas que iban al país, que iban tres cuatro meses, volvían tres cuatro

meses en Francia, trabajando allí con nosotros, y les sustituían otros. Y eso también lo tuvimos que hacer

porque en un momento dado la práctica demostraba que un cuadro llegaba a donde fuera, a los cinco o

seis meses estaba en peligro, pero en peligro. Y a Grimau le detienen en Madrid porque no hizo saber la

rotación, porque si no a Grimau no le detienen en Madrid. Pero se habían complicado mucho las cosas,

hubo lo de Cuba, la crisis de los misiles, hubo que sacar por razones personales a Semprún de Madrid y

cuando tenía que venir a descansar Julián [Grimau], pues dijo que no venía, que no dejaba Madrid, que no

venía, terminaron cogiéndole”105. Desde el interior apenas tampoco se contaba con medios para

comunicar con la dirección, si acaso los llamados buzones, direcciones de correo en Francia donde podían

enviar, fundamentalmente, informes sobre la situación en la que se vivía, particularmente en relación a

algún hecho destacado (en la ciudad, la fábrica, el barrio, etc.) Ante tan deficientes canales de

comunicación, Radio España Independiente (REI), Estación Pirenaica, fundada el 22 de julio de 1941, se

102 Cuadernos de Educación Política, Estructura del Partido Comunista de España, Partido Comunista de España, Comisión Central de Educación Política, [S.l.]: PCE, [ca. 1958], Serie B. nº 2, pp. 20-22. En AHCCOO-A, folleto 97. 103 Entrevista a José Cordero González.... 104 Cuadernos de Educación Política, Los comunistas ante la policía y los tribunales…, p. 14. 105 Entrevista a Santiago Carrillo Solares...

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erige en el propagandista más eficaz del Partido Comunista. La radio es un medio rápido y barato;

además, cuenta con un par de ventajas esenciales sobre la comunicación escrita en la España del

momento: una, no deja huella documental, la policía nunca podría encontrar indicio de delito alguno en

una radio, al menos que sorprendiera in fraganti delicto; y otra, la posibilidad de llegar a masas, por lo

común de modesta condición, escasamente letradas. Con todo, no será hasta 1956 cuando la dirección

política del PCE conecta decididamente la Comisión de Propaganda con REI. Antonio Mije, al frente de

esta comisión, y Ramón Mendezona, responsable de la emisora y también integrante de la citada

comisión, son los encargados de coordinar el esfuerzo propagandístico a través de La Pirenaica. Es

entonces cuando REI se convertirá en un punto de referencia para todos los antifranquistas españoles106,

independientemente de su filiación política particular o su grado de compromiso opositor.

Los contactos se establecen, con camaradas del exterior o simplemente con desconocidos de la

misma organización local, mediante contraseñas, extrañas consignas que no se pudieran producirse de

manera habitual en una conversación. Con todo, la cuestión más delicada era la propaganda. Bien lo

sabían todos los militantes. “La propaganda era lo más frágil del partido (...) La policía sabía lo que

significaba la propaganda (...) la policía ponía dificultades (...) Controlaba las papelerías, las imprentas,

las casas de material de oficina donde se vendieran las máquinas ciclostil (...) El partido traía la ciclostil

de otras provincias. Cuando uno iba a comprar una máquina tenía que entregar la documentación y a los

tres o cuatro días te la daban... la podías retirar; pero ya habían comunicado a la policía [quien la había

pedido]”107. El mismo celoso control se establecía en la compra de las máquinas de escribir. Cuando

hablamos de propaganda nos referimos tanto a la distribución de Mundo Obrero y otras publicaciones del

PCE que llegaban del exterior como a la que realiza de manera autónoma, en octavillas, pasquines,

manifiestos o publicaciones periódicas locales, la organización de un lugar determinado. Tal era el peligro

de estas tareas que José Hormigo González no recuerda “una caída [detención en bloque de una parte

significativa o bien al completo de la organización en un determinado lugar] en Sevilla que no haya

venido a raíz de la propaganda” y confirma el cuidado que había que tener con la compra de los

materiales para su elaboración. El papel había que comprarlo, al menos, en cinco papelerías, dependía del

volumen, para que la compra resultara doméstica y no sospechosa; la tinta estaba aún más vigilada y el

encargado de comprarla tenía que tener un cuidado especial. Del mismo modo había que cuidar la

106 Miguel Vázquez Liñán. “Radio España Independiente: Propaganda Clandestina en las Ondas”. En Juan Antonio García Galindo, Juan Francisco Gutiérrez Lozano e Inmaculada Sánchez Alarcón (Eds.) La comunicación social durante el franquismo, Málaga, CEDMA, 2002, p. 744. 107 Entrevista a José Cordero González…

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manera, el lugar y momento de su fabricación, puesto que el ruido, por ejemplo, podría alertar a los

vecinos si se hacía en un domicilio particular108. Incluso entre los destinatarios el rechazo que provocaba

era visceral, Juan Antonio Velasco Díaz recuerda que, en enero de 1944, intentaba repartir propaganda

del PCE entre los compañeros del banco con los que tenía confianza, “‘yo no quiero, eh, tú sabes lo

peligroso que es esto; que nos van a coger un día’ y tal y cual, pero yo seguía haciéndolo”109.

Igualmente peliaguda era la secretaría del aparato político-militar, el PCE había apostado por la

lucha armada y hasta 1950 la estructura política de la organización contemplaba la relación con las

guerrillas. La brutalidad en la represión de los huidos de la sierra, sobre todo a partir de 1947, hizo que las

fuerzas de orden público, sobre todo la Guardia Civil, se empleasen a fondo en todo lo que tuvo que ver

con este fenómeno. Por consiguiente, los encargados, en distintos niveles, de relacionarse con los

guerrilleros sufrían una doble presión; la de la Brigada Político-Social, que constantemente rastreaba la

existencia e identidad de las organizaciones clandestinas, y la de la Guardia Civil, que extremaba el celo

represor con las prácticas de guerra sucia ya expuestas. Era, por tanto, una responsabilidad muy

comprometida y que nadie deseaba, puesto que caer por las guerrillas significaba, máxime como

responsable del aparato político-militar del Comité Regional (por ejemplo de Andalucía), una condena a

muerte; ello en el caso de que se siguiera el trámite legal previsto (y no sufriera el terrible desvío que

suponían las prácticas de terrorismo de Estado, ley de fugas, etc.), con la aplicación de la Ley contra el

Bandidaje y el Terrorismo, de 1947.

El resto de tareas se cifraban en reclutar nuevos militantes para el partido, recaudar las cuotas,

organizar la ayuda económica sobre todo para los presos, así como el debate, discusión y estudio,

individual o colectivo, desde lo más general y abstracto, marxismo-leninismo, hasta lo más concreto y

local, los problemas en las fábricas, ciudad, barrio, etc. Todas las actividades se dirigen a aunar los

esfuerzos precisos para conseguir el éxito de la línea política del partido en cada momento; en los

cuarenta, la lucha armada y la continuidad con la legalidad republicana usurpada por el fascismo en la

guerra; en los cincuenta la reconciliación nacional y las movilizaciones encaminadas a impulsar la huelga

general política, posteriormente, el impulso del movimiento obrero y los objetivos de democracia y

socialismo. Igualmente, se recomienda la articulación e impulso de organizaciones de masas, en la clásica

108 Entrevista a José Hormigo González, por Eloísa Baena Luque, AHCCOO-A. José Hormigo González, que ingresó en el Partido Comunista en 1955 y es detenido en 1963, ha obtenido el reconocimiento por la lucha por las libertades de la Junta de Andalucía en nombre del pueblo andaluz, al amparo de los Decretos 1/2001, de 9 de enero, y 333/2003, de 2 de diciembre. 109 Entrevista a Juan Antonio Velasco Díaz…

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concepción leninista de que el partido lo constituye la élite revolucionaria que ha de ser capaz de orientar

y movilizar a las masas hacia la revolución. Ejemplos de estas organizaciones eran la Unión de

Intelectuales Libres (en sintonía con la clásica alianza de las fuerzas del trabajo y la cultura), el Socorro

Popular (que consistía básicamente en recoger ayuda para los presos de personas que no eran

estrictamente de la organización) o las Mujeres Antifascistas110. Con todo, es preciso aclarar que si el

partido adoleció en este periodo de una extrema debilidad, las caídas borraban la organización por

completo o casi y la reconstrucción era una tarea siempre titánica a la par que paciente y tenaz111, estas

organizaciones de masas tuteladas eran poco más que una entelequia. Baste señalar que en Demócrito, la

revista editada por la Unión de Intelectuales Libres, no podemos sino leer las mismas consignas de

exaltación patriótica del noble pueblo español, cuya institución legítima es el Gobierno de la República en

el exilio, frente a la felonía fascista y extranjera (italiana y alemana); denuncias sobre la carestía de la

vida, al tiempo que la gran banca obtiene pingües beneficios; la brutalidad del régimen… Todos temas de

política interior y exterior básicos en aquellos años donde todavía se aspiraba la intervención de los

vencedores de la guerra mundial para derrocar la dictadura fascista en España, pero poco o nada que

denotase la presencia de intelectuales en su redacción112. Los intelectuales de izquierda habían apoyado la

causa republicana, pero éstos estaban en el exilio, presos o muertos. En el interior apenas se contaban, los

pocos que no se adscribían al régimen estaban silenciados, sin capacidad de respuesta ni organización. En

estos momentos, el primer franquismo, la resistencia es cuestión de los derrotados y sus herederos, esto

es, campesinos y obreros. Sólo a mediados de los años cincuenta comienzan los intelectuales y los

profesionales liberales a colaborar con la oposición, si bien en la primera hora son los estudiantes

(algunos de ellos hijos de vencedores) los que inician esta labor. En Andalucía hemos encontrado este

fenómeno más tarde, a mediados de los sesenta. Antes hay, en Córdoba y Sevilla, apenas grupos

informales, revistas, tertulias de corte liberal, de protestas veladas; con una absoluta desconexión y falta

110 Consúltense las entrevistas citadas en este trabajo, Fondo Oral del AHCCOO-A 111 Entre 1948 y 1949 se desarticuló el Comité Regional de Andalucía al completo y el Comité Provincial, ambos en Sevilla, donde destacan los infaustos procesos a Mallo, Campos y Castro, que terminaron la ejecución de la pena de muerte. Cuando ingresa José Hormigo González, en 1955, recuerda que la organización es escuálida, que apenas había nada. Habían pasado seis años y pasarían algunos más hasta que el partido tuviera una presencia significativa en Sevilla. Consúltense las entrevista a José Cordero González, Francisco Pastor Hurtado y José Hormigo González, en AHCCOO-A. 112 Demócrito. Unión de Intelectuales Libres, nº 19, 21-25, 42-43. Madrid: UIL, 1946 – 1947, fotocopia en AHCCOO-A, legajo 321. En ellos sólo un pequeño artículo que denuncia la postura de José Ortega y Gasset como coartada para que el régimen dé una apariencia de libertad intelectual y un poema de muy escasa calidad podrían ser calificados como contenidos del interés y dedicación particulares de un intelectual.

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de compromiso, más allá de colaborar económicamente o profesionalmente (sobre todo en el caso de los

médicos, porque ya hemos visto las dificultades, más bien la imposibilidad, para intervenir en juicios

militares que tenían los abogados civiles) con los verdaderos militantes antifranquistas.

Las infiltraciones de la policía junto con las debilidades en comisaría, o incluso la traición y la

colaboración, suelen ser temas recurrentes sobre los que aleccionar a los militantes. Lo primero es evitar

las infiltraciones, para ello hay que extremar la cautela a la hora del ingreso de los nuevos, que han de

venir bien referenciados. En segundo lugar, los interrogatorios, el comportamiento ante la policía. Hemos

tratado este asunto en el primer punto de nuestra exposición desde la perspectiva de la represión, sin

embargo, lo retomamos aquí desde un punto de vista orgánico. No es de extrañar que La Pirenaica o los

cuadernos de educación política del PCE se detuvieran especialmente en recomendar el comportamiento

que habían de sostener ante la tortura de las fuerzas de orden público, puesto que de esto dependía el sí o

el no de la supervivencia de la organización. De este modo, se consigna que “el mejor procedimiento para

cumplir este deber comunista [evitar poner en peligro a la organización siendo débil en comisaría] es el de

negarse a responder a las preguntas de los interrogadores y hacer una declaración escrita reconociendo –si

se considera conveniente y según el caso- la responsabilidad individual, pero sin rozar cuestiones que

afectan a la organización o a otras personas”, para conseguir esto lo más importante es “una buena moral.

Si se tiene seguridad en nuestras ideas; si se posee confianza en la capacidad revolucionaria de las masas

y se comprende bien que, a pesar de todas las dificultades, nuestra causa, la causa del socialismo,

triunfará, nos sentiremos superiores a nuestros enemigos, quienes defienden un sistema caduco (…) La

policía trata de que seas egoísta, es decir, de que busques salvarte tú hundiendo a los otros. En la lucha

eres valiente, afrontas dificultades. Cuando llegas a comisaría, a través de la tortura intenta hacerte

cobarde. En la lucha has sido un hombre inteligente. Ellos tratan de hacerte como una bestia… Pues bien,

si cuando te enfrentas con la policía todo está claro en ti, no hay quien pueda contigo, a pesar de que

tratan de humillarte y aplastarte”113. A esta consigna, fundada en el deber como comunista de no hablar, a

través de mantener la moral alta ante la policía, una moral de vencedor, le siguen una serie de ejemplos

concretos de comportamiento poco menos que heroico, sostenido por militantes anónimos, de los cuales

no se ofrece el nombre completo, a veces apenas “un joven militante de Asturias” para referenciarlo, y

113 Cuadernos de Educación Política, Los comunistas ante la policía y los tribunales…, pp. 17-18.

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dirigentes de la talla de Simón Sánchez Montero114. Sin embargo, la realidad no siempre, o más bien

raramente, estaba a la altura de estos modelos de resistencia y valentía. Habitualmente, en la práctica, se

exigía aguantar todo lo posible, al menos, el tiempo suficiente para que se advierta la ausencia del

detenido, puesto que podría no notificarse siquiera su detención a la familia, y se tomaran las medidas

oportunas de seguridad.

Ciertamente, la debilidad ante la policía hacía un enorme daño a la organización, por tanto, en la

cárcel, después de la redada, se depuran responsabilidades y se aclaran los extremos de la misma, entre

ellos el comportamiento en comisaría de los caídos. Haber hablado suponía la expulsión del partido por

un periodo determinado, andado el tiempo de sanción muy difícilmente se recobrará la confianza,

quedando vetado para cualquier tarea de cierta responsabilidad. Félix Cardador hizo el proceso, en la

prisión provincial de Sevilla, de José Cordero, detenido en 1949 como miembro del Comité Regional de

Andalucía, el propio José explica la seriedad de este juicio: “Él hizo el proceso de mi caída y

efectivamente yo le expliqué lo que había y entonces él llegó a la determinación de que no tenía autoridad

y que siendo yo un miembro del Comité Regional tenía que ser una miembro de un organismo superior a

la mía la que tenía que tomar [la] determinación del proceso político. Mientras no se aclarara la situación

que había habido en Sevilla yo quedaba separado del partido, si bien la separación del partido, yo tendría

ligazón con el partido en cuanto a materiales, el socorro de la comuna. Podía hacer vida política, pero no

vida de partido, hasta que se aclarara”. Y sólo a su llegada al Penal de Burgos y tras la redacción de un

informe donde exponía cuidadosamente los hechos es reingresado en el partido, “porque lo que ellos van

buscando (...) es una infiltración (...) Ese informe había que remitirlo al Comité Central a Francia, que era

el que debía dar el visto bueno de mí. Entonces, los camaradas que me conocían en la prisión, dieron un

informe sobre mí (...) A ver entre uno y otro cómo podían esclarecer (...) lo contrastan con el informe de

Julián [Pérez] Morante, Andrés [era su nombre de guerra], que está en París [formaba parte del Comité

Regional, antes de marchar a Francia]. Ya sacan una resolución, la resolución es que contra mí no hay

nada; si bien, he podido cometer alguna imprudencia (...) Yo me había hecho la autocrítica, que, por lo

tanto, me dan otra vez entrada en el partido y a hacer vida en el partido, ya me acoplan a una célula”115.

114 Ibídem, pp. 19 y ss. La Pirenaica también contribuía en esta misma línea a divulgar y recomendar este comportamiento heroico ante la policía, con mayor capacidad de difusión. 115 Entrevista a José Cordero González…

51

Las organizaciones del PCE en las prisiones han tenido la importancia de mantener la moral de

lucha y la propia identidad política de los reos, sienten que forman parte de una realidad especial,

peculiar, son presos políticos, no son delincuentes, no son bandidos; esto venía a deshacer la

identificación que pretendió el régimen entre el delito político y común desde el principio. También es

básica la posibilidad de establecer un trato mutualista en las necesidades básicas, como la alimentación o

la higiene; impidiendo que la lucha por la mera supervivencia suponga un elemento de enfrentamiento

entre los presos políticos, que se produzca esa deriva a ley de la selva que provoca la administración

arbitraria y calculada de unos recursos esenciales para el ser humano, tal como ha señalado el profesor

Vinyes. Juan Antonio Velasco lo explica muy bien, a través del recuerdo de su experiencia en la cárcel

provincial de Sevilla en 1945: “(…) otras cosas que hacíamos era el reparto de la comida, porque allí

daban de comer muy mal (…) Yo al principio no quise comer, estuve dos días sin comer, pero ya el

hambre me dijo que tenía que comer. Porque después se hacía una cosa con los canastos, mi madre no

tenía dinero, pero a mí no me faltó el canasto (…) los canastos se entregaban allí a una comisión que se

había formado de presos; entonces, se hacían lotes, porque se habían formado como comunas y en cada

comuna había cinco personas, entonces había, por ejemplo, treinta comunas, pues se hacían treinta lotes y

entonces se rifaban (…) Pero allí la gente no pasaba hambre. El que recibía dinero también lo entregaba

allí y algunos días tomábamos un vasito de vino, lo que podíamos, pero vamos. Era una cosa que era

fabulosa. Eso y la forma de arroparse unos a otros, que todos iban a una en las cosas. Porque allí tuvimos

que hacer varios plantes, uno de ellos siendo yo profesor de geografía, cogieron a un alumno mío, que se

llamaba Eugenio Mejía, que era guerrillero, estaba en el ejército y se fue con la guerrilla con un fusil, y lo

cogieron y a ése lo mataron allí, lo fusilaron, yo pasé una noche horrible. Pero hicimos un plante toda la

cárcel. Allí había que estar con el brazo en alto mientras cantaban el Cara al Sol, el himno nacional, pero

bueno… Y aquel día nadie levantaba el brazo”116.

Precisamente, al extenderse a los penales, se entiende la lucha antifranquista como un todo, en el

que se considera la detención y la pena como circunstancias contingentes en el contexto político y la

naturaleza de la batalla que se libra con el régimen. Estas organizaciones ofrecen amparo físico y mental a

sus miembros. La cárcel, por consiguiente, no suponía una ruptura, un alejamiento del combate contra la

dictadura, sino un estadio doloroso pero necesario de la misma. Los camaradas encontraban en ellas una

reorientación más vigorosa en su ideología; es más, se aprendía política, por supuesto en clave marxista.

116 Entrevista a José Antonio Velasco Díaz…

52

Si bien, la presencia organizada en prisión de los presos políticos, particularmente comunistas, no ha sido

siempre de la misma importancia en los diferentes lugares de reclusión y época. En los primeros tiempos,

recién terminada la guerra, el aturdimiento provocado por la inmediatez de la derrotada y la durísima

represión fueron los responsables de la escasez y debilidad en la organización de los presos políticos;

poco a poco se iría conformando. Si bien siempre dependía del grado de madurez de los presos políticos;

especialmente de la presencia de figuras dirigentes, de fuerte ascendente moral e ideológico. Por tanto,

como cabe pensar, estas organizaciones eran más poderosas en los penales, donde se cumplía la pena una

vez que había sentencia firme, que en las prisiones provinciales o locales, donde se ingresa en calidad de

preventivo; más influyentes y estructuradas a medida que fue transcurriendo el paso del tiempo.

Inexistentes casi en 1939; muy numerosas ya en los años sesenta. Débiles, sin dirección clara,

dependiendo de las épocas, en la prisiones provinciales; muy poderosas y con mucha influencia en los

penales como Burgos, El Dueso o Segovia, o incluso Carabanchel. Llegaron a ser tan significativas que se

pudieron permitir una autoridad indudable sobre los presos políticos y cierta autoridad sobre el resto de

reclusos e incluso los funcionarios. Tal era ésta que la cara positiva de amparo ideológico, moral y físico,

así como la preservación de la identidad de izquierdas y combativa, guardaba tras de sí un reverso de

severidad estricta. “Hubo reprimendas, expulsiones no, pero sí hubo reprimendas, recuerdo uno (…) el

responsable del Comité Provincial, a ése no lo veía yo integrado (…) Había otro que era muy religioso

(…) que también estaba aislado”117. También la moralidad era inflexible y un comunista había de ser un

hombre que respondiera a otros parámetros que a los meramente políticos, ideológicos o de lucha, en

sintonía con la época y la tradición española del momento: “Había cosas feas [en la comuna] había allí un

chico de Construcciones Aeronáuticas [empresa de Sevilla] (…) que era afeminado y se lió allí con uno.

Y entonces nos dijeron a todos que no le habláramos más a ése y a ese muchacho le hicimos un boicot allí

que fue horrible. Eso estuvo fatal. Eso después yo lo he comprendido que estuvo fatal, que no debimos

haberlo hecho nunca, porque era un muchacho agradable, que estaba siempre dispuesto a todo, hacerle

eso por una cosa de esas… Pero en aquellos tiempos”118. En efecto, eran aquellos tiempos y no estos,

aunque tales posturas y otras que respondían a este mismo cliché ya fueron abiertamente puestas en solfa

y fuertemente contestadas por los jóvenes que se adhirieron al mayo del 68.

117 Ibídem. 118 Ibídem.

53

3. 2. Derrota militar, lucha armada y mantenimiento de la legalidad republicana en el

exilio.

El segundo Gobierno presidido por Francisco Largo es el que logra aglutinar, por fin, a todas las

fuerzas políticas y sindicales de peso que formaron y/o apoyaron la candidatura unitaria del Frente

Popular en las elecciones de febrero. Hubieron de pasar nueve meses, intrigas para anular las elecciones y

declarar el estado de guerra, múltiples huelgas, asesinatos políticos, rumores y amenazas de sublevación

armada y, finalmente, un golpe militar parcialmente victorioso respaldado por las potencias fascistas que

inició una guerra que, para entonces (noviembre de 1936), ya había alcanzado unas cotas de brutalidad y

vesania incontrovertibles, para que estas izquierdas decidieran converger sus esfuerzos contra un objetivo

y un enemigo claros: ganar la guerra y los militares golpistas, respectivamente. No obstante, la falta de

sintonía y la descoordinación, por decirlo de manera suave, fueron frecuentes, por ejemplo, con las

autonomías vasca y catalana. La rivalidad por el poder en la retaguardia, con un ascenso exponencial en

número y relevancia de los miembros del Partido Comunista, apoyados por Moscú y la Tercera

Internacional, observada con recelo por otras fuerzas políticas con significativas cuotas de poder,

provocarían sucesos tan lamentables como los registrados en las jornadas de mayo de 1937 en Barcelona.

Finalmente, en marzo de 1939, con la guerra perdida, reducido el territorio republicano a la mínima

expresión, se produce el golpe del coronel Casado, apoyado por destacados dirigentes del PSOE, la UGT,

la CNT y los partidos republicanos de izquierda. El golpe se dirigía contra el Gobierno que presidía

Negrín, al que aun socialista se hacía responsable del ascenso en el Ejército y la administración de los

comunistas, así como de estar al servicio de la Unión Soviética. Nos detenemos en ello, porque la

cuestión planteada por el golpe casadista no es en absoluto baladí, puesto que, aparte de los violentos

enfrentamientos que se produjeron en Madrid (una auténtica guerra civil que se extendió a territorios

como Jaén o Ciudad Real), supuso un verdadero trauma en la cultura de izquierdas de este país. Son

abundantes los testimonios de comunistas (pasados y/o presentes) en el Fondo Oral del Archivo Histórico

de CC OO de Andalucía que se refieren a este hecho como un acto de alta traición. En la práctica

totalidad de los casos, el entrevistado ni ha vivido ni ha sufrido ningún perjuicio que se derivara de este

suceso, máxime cuando la guerra estaba perdida y las tropas franquistas iban a terminar de conquistar

Madrid y el resto del territorio en manos de la República, con golpe o sin él, en poco tiempo, por más que

el Gobierno ordenase una defensa numantina. Sin embargo, el peso de la traición gravita sobre aquellos

días, sobre aquella organización: el PSOE y sobre un hombre: Julián Besteiro. Sabemos que en la

54

conspiración hubo más organizaciones que el PSOE y más dirigentes que Besteiro, sin embargo, ellos son

los elegidos como traidores fundamentales, a veces únicos. No se considera que el presidente de la

República había dimitido, creando esto una complicada situación en la legalidad institucional; tampoco

que todas las organizaciones, políticas y sindicales de relevancia, menos el Partido Comunista, estaban

representadas en el Consejo Nacional de Defensa, o que la presidencia de éste recaía en el general Miaja,

que había presidido la Junta de Defensa de Madrid cuando el Gobierno se estableció en Valencia.

Tuvieron, por consiguiente, aquellos sucesos y, sobre todo, el tratamiento posterior que se le ha concedido

en el seno de la propia izquierda una relevancia cismática de muy largo alcance.

De esta lamentable manera había acabado la resistencia republicana, con la desunión en el bando

de los derrotados. Así, la primera iniciativa de aunar voluntades, aun prescindiendo de los extremos, a los

que se imputaba de algún modo la responsabilidad en el desastre de la guerra y la derrota, hubo de venir,

a finales de 1939, de Gran Bretaña, a la que convenía contrapesar la influencia del Eje en la recién

victoriosa España franquista. La organización llamada a confluir los esfuerzos de los derrotados,

levantando la bandera de la lucha democrática se denominó Alianza Democrática Española (ADE), en

ella estaban Segismundo Casado, Salvador Madariaga, Wenceslao Carrillo y Juan López Sánchez. Como

puede observarse, personalidades moderadas que de una manera u otra se habían alejado e incluso

enfrentado contra esos extremos: el PCE y la FAI, a los que se equiparaba casi, como responsables de la

tragedia española, a Falange. También se reprobaba sin miramientos a Juan Negrín e Indalecio Prieto.

Reclamaban la urgente necesidad de reconciliación y la no entrada en guerra a favor del fascismo de

España. Poco o nada denuncian acerca de la brutal represión que estaba desarrollando entonces el

franquismo. La ADE logró organizar ciertos grupos en Sevilla, Madrid y La Coruña, que la policía logró

infiltrar y desarticular, deteniendo a sus integrantes, que fueron juzgados con toda la contundencia del

momento. De cualquier forma, progresivamente la ADE, tal era su intención instrumental de impedir la

entrada en guerra de Franco, fue dejando de tener sentido, al tiempo que iba languideciendo por su escasa

raigambre en el interior119.

Tras la agresión nazi a la Unión Soviética, que rompía el pacto Molotov-Ribbentrop, la

Internacional Comunista (y con ella el PCE) rescata la política de frentes nacionales amplios contra el

fascismo. En España se constituye la Unión Nacional, que es la respuesta en clave unitaria que ofrecen los

comunistas españoles; pronto ésta enarbolará la bandera de la legalidad republicana, así como el pacto

119 Hartmut Heine, La oposición política al franquismo. De 1939 a 1952, Barcelona, Editorial Crítica, 1983, pp. 34-36.

55

democrático frente al fascismo franquista. La Unión Nacional también llamó a todos los españoles

demócratas y antifascistas, desde el campesino al pequeño burgués, incluso a la alta burguesía, sin que

importara su filiación política o religiosa, se buscó también el entendimiento con sectores monárquicos y

conservadores; igualmente se extendía esta invitación a los jóvenes que habían sido falangistas, requetés o

tradicionalistas. No obstante, también se hacían exclusiones claras: aquellos que tuvieran manchadas las

manos de sangre y los que habían participado en el golpe casadista, así como Prieto por antisoviético. Con

todo, la política la marcaba el PCE y ésta pasaba por la aceptación de la Constitución republicana y el

Gobierno de Negrín. Primaba, como puede pensarse, la defensa soviética y el rumbo de la guerra

mundial. En 1942, los comunistas ya pueden presentar una versión más sólida y consolidada: la Unión

Democrática Española, en las que estaban PCE y PSUC, pero también sectores negrinistas del PSOE,

UGT y republicanos de izquierda; sobre todo en América, en el exilio mexicano. Pronto, la apertura del

PCE hacia el accidentalismo en la fórmula institucional que sustituyera al derrocado Franco, granjeó las

desavenencias con el PSUC y la ruptura con los republicanos120.

El movimiento libertario tampoco escapó de esta inicial desorientación, entregándose a las

disputas intestinas. García Oliver mantenía que la conclusión del conflicto bélico no significa el fin de la

lucha antifranquista; debía continuar, por tanto, la colaboración con otras fuerzas de izquierda. En contra

de ello, el sector liderado por Federica Montseny recomendaba volver a los principios antiparlamentarios

y antiautoritarios, abominando del colaboracionismo en las coaliciones o gobiernos antifascistas. Estas

posturas enfrentadas desembocaron ya claramente en el cisma a la altura de 1942121.

Con todo, las expectativas que abría el progresivo desmoronamiento de las tropas fascistas en los

frentes europeos son aprovechadas por la oposición. Desde los republicanos a los monárquicos, pasando

por los comunistas. La iniciativa más decidida y pronta, sin ambages, fue la del PCE con la invasión del

Valle de Arán. Las primeras unidades empezaron a filtrarse a través de la frontera en junio de 1944. Las

unidades más numerosas cruzaron los Pirineos hasta llegar a Navarra y al este de Guipúzcoa en octubre,

pero recibieron poco apoyo de la población rural, predominantemente conservadora, y se les repelió con

relativa facilidad. No siempre se hicieron prisioneros. La operación de más envergadura la emprendieron

las unidades comunistas posiblemente con hasta 4.000 hombres introduciéndose en el Valle de Arán. Una

vez allí recibieron muy escaso apoyo popular en una zona rural donde la derecha tenía cierta influencia.

Pronto fueron rechazados por unidades militares y de la Guardia Civil. La mayoría huyeron a Francia,

120 Ibídem, pp. 102 y ss. 121 Cf. Ibídem, p. 123

56

pero algunos se abrieron paso hasta el interior del país donde se les unieron nuevos reclutas. Aunque el

balance no puede ser calificado sino de fracaso, esta iniciativa tiene la relevancia y el valor de ser la

primera ofensiva, prácticamente desde las operaciones del Ebro, efectuada por fuerzas republicanas,

entendiendo éstas en sentido amplio, es decir, los derrotados de la guerra. Por primera vez desde entonces

se tenía la capacidad y el convencimiento para atacar.

Los monárquicos, en marzo de 1945, lanzan, con Don Juan al frente, el “Manifiesto de Lausana”,

que definía la postura oficial que a partir de entonces defendería el heredero al trono: la monarquía

constitucional. De esta forma, la institución monárquica aparecía como una fórmula intermedia,

claramente inclinada hacia la reconciliación entre los bandos contendientes en la guerra civil, entre las

derivas radicales de la república del Frente Popular y la dictadura de Franco, pero, eso sí, con la marca

constitucional que la emparentarían con la Europa Occidental y los EE UU, victoriosos en la contienda

mundial. El manifiesto no dejaba pasar la oportunidad para destacar que el régimen franquista había

estado “inspirado desde el principio en los sistemas totalitarios de las Potencias del Eje”. En cambio, el

sistema que inauguraría el nuevo rey de España contemplaría la aprobación, con refrendo popular como

es natural, de una Constitución, que reconocería los derechos y garantías ciudadanas esenciales y las

libertades públicas y privadas, al tiempo que la diversidad regional, la amnistía política y la preocupación

por cuestiones de índole social122. En 1948, la Confederación de Fuerzas Monárquicas, con Gil Robles a

la cabeza, alcanza un pacto con el PSOE, impulsado por Prieto. Es el “Pacto de San Juan de Luz”, en el

que se establece un periodo de transición y consulta plebiscitaria al pueblo para que eligiera régimen

político, los socialistas abogarían y pedirían el voto por una tercera república.

Institucionalmente, desde el bando perdedor en la guerra civil, para ganar el reconocimiento

internacional y lograr el descrédito del Estado franquista, se debía revitalizar el Gobierno legítimo en el

exilio. Para esta labor, el liderazgo de Negrín, como presidente del Consejo de Ministros, ofrecía obvios

inconvenientes, por su identificación con los comunistas y la postura pro-soviética y por haberse

granjeado más que serios y enconados enemigos en su última etapa al frente del Ejecutivo. Finalmente,

Martínez Barrio, presidente de la República en el exilio, encargó formar Gobierno a José Giral, que ya

había ejercido esta responsabilidad en los primeros momentos de la guerra, su objetivo esencial, lo hemos

apuntado anteriormente: alcanzar el reconocimiento internacional como Gobierno legítimo de España, lo

que implícitamente indicaría la ilegalidad y usurpación del poder por Franco y sus compañeros de armas.

122 Stanley G. Payne, El régimen de Franco, Madrid, Ed. Alianza, 1987, pp. 357 y ss.

57

Este nuevo Gobierno en el exilio se presentó el 27 de agosto de 1945 y, por su composición, presentaba

un perfil moderado, con amplio dominio de los republicanos de izquierda, con representación de los

partidos autonomistas vascos y catalanes, con los sectores más centristas del PSOE y la UGT, e incluso

algún miembro identificado con el monarquismo. Sin embargo, faltaban la derecha moderada y, sobre

todo, los comunistas y los socialistas de Negrín y Largo, que rápidamente se aprestaron a declarar que no

apoyarían al Gobierno de Giral. Posteriormente, se incorporaron algunos hombres procedentes del mundo

libertario, así como figuras muy destacadas del centro-derecha. El Gobierno, radicado en México, pronto

encontró el reconocimiento de este país, así como de otros de la América de habla española; no obstante,

no encontró la misma predisposición en EE UU, Gran Bretaña y Francia. Con todo, la Asamblea General

de Naciones Unidas, a propuesta de Panamá, reafirmó el 9 de febrero de 1946 lo que ya habían convenido

las conferencias de San Francisco y Potsdam, esto es, que el régimen que se había erigido en España tras

la victoria del general Franco lo había hecho gracias al apoyo de los regímenes nazi y fascistas de

Alemania e Italia, no representando, en consecuencia, la voluntad libre y soberana del pueblo español.

Pero pese a esta declaración, lo que verdaderamente importaba era la posición de las tres grandes

potencias democráticas occidentales, éstas en nota tripartita, de 5 de marzo de 1946, volvieron a

identificar franquismo y fascismo, pero se inhibían en los asuntos internos de España, era el pueblo

español quien debía lograr un cambio pacífico de régimen hacia la democracia; del mismo modo, se

confiaba en que destacados españoles patrióticos y liberales consigan pronto la renuncia pacífica de

Franco y que se instaure un gobierno provisional que efectúe la transición a la democracia, uno de los

encargos de este proceso de transición sería la determinación pacífica y mayoritaria del pueblo de su

régimen y elección de gobernantes. Así, se remarcaba que la “cuestión española” era cosa interna de los

españoles, que el cambio había de ser impulsado por una serie de notables patrióticos y liberales que de

algún modo debían conseguir que el dictador entrara en razón y se fuera y, de manera implícita, no se

reconocía al Gobierno republicano en el exilio ni siquiera la autoridad suficiente para pilotar ese proceso

de transición a un nuevo régimen. A pesar de ello, Giral amplió su Gobierno hacia los comunistas y otros

partidos, aunque le fue imposible lograr la entrada de Pietro, que tenía muy claro que los aliados no

intervendrían en España, así como la incapacidad manifiesta de Giral y de Martínez Barrio. De cualquier

forma, la entrada del PCE en el Gobierno trajo la buena noticia del reconocimiento de Polonia y otros

países europeos bajo la égida soviética, pero no de la propia Unión Soviética. Sin embargo, la presencia

58

comunista, en la incipiente guerra fría, no haría sino ahuyentar más si cabe el reconocimiento de las tres

potencias democráticas123.

En el interior, la oposición despierta al calor de la situación internacional, la esperanza de la

intervención aliada, el reconocimiento internacional del Gobierno republicano en el exilio y el reflujo de

la marea represiva, sin que por ello la presión policial deje de ser poco menos que acuciante. Ello permite

pensar en que es posible acabar con la dictadura, devolver un régimen de libertades a España. Esto hubo

de excitar la moral de lucha de muchos antifranquistas españoles, represaliados de la guerra que habían

salido de prisión, particularmente a partir de 1943, pero también de nuevos militantes, siempre deudos de

los vencidos (o al menos de la España vencida), como expresa Juan Antonio Velasco: “Esas cosas

[reparto de propaganda] ya me fueron a mí ilusionando algo más, porque ya veía o que se estaba haciendo

algo. Porque yo veía que se iba a terminar la guerra [mundial] y que nosotros aquí teníamos que hacer

algo de organización”124. En efecto, había que hacer algo, porque la posibilidad de derrocar la dictadura

cobraba, al menos, virtualidad. Esto se observa en el aumento del número de detenciones, pese a que la

presión de las fuerzas de orden público había disminuido en alguna medida la presión, porque la actividad

política clandestina es mayor. Las estadísticas de las detenciones en la década de los cuarenta así lo

manifiestan, con una serie de matices que comentaremos a continuación:

Cuadro 1. Detenciones por año y porcentaje, en Andalucía, en la década de los 40125.

Año de detención Porcentaje 1941 39,09% 1942 15,74% 1943 7,11% 1944 6,60% 1945 3,55% 1946 7,61% 1947 7,61% 1948 2,54% 1949 4,06% 1950 6,09% Total 100%

123 Hartmut Heine, La oposición política al franquismo…, p. 157 y ss. 124 Entrevista a Juan Antonio Velasco Díaz… 125 Fuente: estadísticas elaboradas a partir del estudio elaborado anónimo elaborado sobre los expedientes de indemnización a los presos políticos del franquismo, al amparo de los Decretos 1/2001 y 333/2003 de la Junta de Andalucía, en el Archivo del Servicio de Cooperación con la Justicia de la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía.

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Hemos aislado esta década de los cuarenta. Lo primero que llama la atención es la disminución

de la marea represiva, que desde el importante arranque en 1941, todavía como correlato del final de la

guerra, no hace sino descender hasta 1945, con un importante escalón de bajada en 1943, coincidiendo

con el claro dominio aliado en la guerra mundial. En 1946 y 1947, sube; ante la expectativa del próximo

fin de la dictadura se activa la lucha contra el régimen. En 1948 y 1949, pese a que estaríamos en pleno

“trienio del terror” bajan, esto podría responder, precisamente, al mayor número de detenciones

efectuadas en los años precedentes. Ya hemos expuesto, cuando hemos tratado la clandestinidad, que la

organización en estas circunstancias es muy complicada de construir y muy fácil de desbaratar, quedando

postrada por bastante tiempo. De igual modo, en estos años, la ferocidad represiva, máxime en Andalucía,

se dirige contra las guerrillas, donde se aplican métodos de guerra sucia que hacen que sus víctimas no

aparezcan en nuestras estadísticas.

De un modo más general, puesto que concierne a la totalidad del territorio nacional, y completo,

consignando las organizaciones a la que pertenecen los detenidos, observamos el siguiente cuadro de

1946 a 1951.

Cuadro 2. Resumen estadístico general. Dirección General de la Seguridad126.

Detenidos entre 1946 y 1951 1946 1947 1948 1949 1950 1951 TOTALES % Org.Republicanos 50 11 61 0,73% Anarquismo 369 945 198 75 39 25 1651 19,83% Laborismo 3 23 26 0,31% Comunismo 1322 2089 619 227 72 81 4410 52,98% Izquierdismos varios 14 34 14 6 2 45 115 1,38% Socialismo y UGT 100 230 121 4 39 31 525 6,31% Estudiantes 21 50 71 0,85% AFARE 120 168 131 419 5,03% Bandoleros y atracadores 16 150 224 57 10 10 467 5,61% Separatistas vascos 122 199 4 118 3 73 519 6,23% POUM 33 9 42 0,50% Paso clandestino frontera 10 10 0,12% Hedillistas 2 2 0,02% Sindicalismo 3 3 0,04% Tradicionalismo 3 3 0,04% TOTALES 2137 3899 1356 493 174 265 8324 100,00%% POR AÑOS 25,67% 46,84% 16,29% 5,92% 2,09% 3,18% 100,00%

En este cuadro destacan, igualmente, como años de mayor intensidad en las detenciones, 1946 y

1947. A partir de entonces, decrece hasta niveles mínimos y vuelve a repuntar levemente en 1951. En

cuanto a las organizaciones opositoras, los comunistas sobresalen con casi un 53%, a los que habría que 126 Cf. Ángel Herrerín López, La CNT durante el franquismo. Clandestinidad y exilio (1939 – 1975), Madrid, Siglo XXI, 2004, p. 155.

60

sumar, en algunos casos, los detenidos de UGT, puesto que esta central sindical era referencia, para la

época, tanto de socialistas como de comunistas.

Las direcciones exteriores se emplearon a fondo y procuraron restablecer o fortalecer, según el

caso, sus organizaciones en España. Desde el Norte de África y Francia llegaban los enviados del PCE,

para impulsar y orientar a los camaradas del interior. En la primavera de 1945 llegó al interior el célebre

Cristino García Granda, condecorado por Francia y considerado héroe de la resistencia francesa (todavía

hay calles en Francia con su nombre). Pero el 15 de octubre, a raíz de la detención de dos militantes que

repartían propaganda (de nuevo la propaganda) por el centro de Madrid, se desencadenó una redada que

dio con el paradero de Cristino García. Sin escuchar las protestas internacionales, fue fusilado, con otros

nueve, el 21 de febrero de 1946127. En Andalucía, son célebres los nombres ya citados: Félix Cardador,

que continuaría a su salida de la cárcel en los años cincuenta su actividad política con notables cotas de

responsabilidad, Julián Pérez Morante, o los fusilados, el 12 de marzo de 1949, José Mallo Fernández,

Luis Campos Osaba y Manuel López Castro. En febrero de 1945, una redada policial acababa con casi

toda la Ejecutiva del PSOE en la cárcel. En primavera, surgió una nueva encabezada por Eduardo

Villegas Vega. La CNT del interior, netamente posibilista, vivió su momento de oro en la clandestinidad

entre los años 1945 y 1947. Durante estos años, la Confederación logró tener una organización

estructurada a escala nacional, con reuniones periódicas, edición de un gran número de publicaciones y

con cotizaciones regulares de una importante masa de afiliados; junto a este desarrollo, su apuesta táctica

fue la negociación para facilitar el derrocamiento de la dictadura, situación que tuvo su punto álgido en

las negociaciones con los monárquicos a través de la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas128,

compuesta en un principio por socialistas, republicanos y los propios anarquistas.

El periodo que comprende los años de 1945 a 1947 conocen el renacimiento de la movilización

obrera y las huelgas, tales como la de Barcelona, con motivo de la capitulación alemana el 8 de mayo129, o

los plantes y huelgas en la empresa sevillana Hispano Aviación y los ferroviarios130; pese a que la huelga

equivalía a delito de lesa patria y se asimilaba a rebelión militar. Como hemos observado en los cuadros

estadísticos, los años de máxima actividad opositora se desarrollan en este bienio que termina en 1947,

con su cenit. El celo represor, la brutalidad y las prácticas de guerra sucia, particularmente contra las

127 Cf. Francisco Moreno, “La represión…”, p. 400. 128 Cf. Ángel Herrerín López, La CNT durante el franquismo..., p. 92. 129 Santos Juliá, “La Sociedad”, p. 89. 130 Alfonso Martínez Foronda, “Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía: desde su origen…”, p. 66.

61

guerrillas, amén de las dificultades que hemos vistos en la esfera internacional por materializar en una

intervención militar el rechazo que concita la dictadura de Franco, ahogan este repunte de la oposición.

La lucha armada, uso de la violencia política legitimada ante un régimen político-jurídico de la

naturaleza que hemos observado, fue dirigida, en su práctica integridad, por el Partido Comunista. Como

ha quedado expuesto en el primer punto de la ponencia, la dictadura logró doblegarla utilizando el

terrorismo de Estado y presionando y reprimiendo, con la misma brutalidad, a la familia y enlaces,

colaboradores constatados o posibles de los guerrilleros. No obstante, también se legisló de manera

especial contra el Bandidaje y el Terrorismo, en 1947, y se crearon Juzgados Especiales para la

Persecución de Huidos. Hay que destacar, tal como distingue Francisco Moreno, que la apuesta comunista

por la lucha armada, en estos años (1945 – 1950), incluso antes con la invasión del Valle de Arán, es una

apuesta ofensiva; contrariamente a los huidos de la guerra y primeros años de posguerra, de carácter

defensivo y superviviente. Donde no hay guerrilleros, el PCE los importa o los recluta, nutre las partidas

ya existentes. Es una política que Stalin sanciona hasta 1948, cuando comienza el repliegue ante la

obviedad de la falta de sentido en su insistencia, el año anterior el balance había sido más que trágico:

más de un millar de guerrilleros perecieron en toda España, sin contar los efectos de la ley de fugas. A

partir de 1950, el declive es notable. Entre 1950 y 1952, se produce epílogo trágico de las guerrillas, el

PCE sólo acertó a evacuar 30 guerrilleros de la Agrupación Levante en 1952. Los hubo que pudieron salir

por sus medios; otros, intentaron reinsertarse en la sociedad haciéndose pasar por jornaleros. Los últimos

de la agrupación de Córdoba se dedicaron a faenas agrícolas en dos cortijos de Sevilla. Pero fueron

detenidos por la Guardia Civil y la mayoría de ellos acabaron fusilados en Sevilla, el 23 de febrero de

1953131.

Esta generación de opositores quedó agotada en torno a 1952, la huelga de tranvías de Barcelona

de 1951 supuso su canto del cisne. Notable acción, pero última y solitaria. Apenas se registra actividad

opositora en los primeros cincuenta. Baste considerar que para el caso de Andalucía, en la estadísticas

elaboradas a partir del trabajo realizado en el Archivo de Clases Pasivas del Ministerio de Hacienda,

sobre la Disposición Adicional Decimoctava de la Ley 4/1990 de Presupuestos Generales del Estado. Tal

disposición, como es sabido, planteaba la indemnización a los ex presos políticos del franquismo, pero,

131 Ibídem, pp. 369-393.

62

además, delimitaba muy bien, en cuanto a edad, a los posibles beneficiarios: debían haber nacido dentro

del año 1925, no podían ser más jóvenes. Por consiguiente, acota muy bien, generacionalmente, los

posibles beneficiarios. Éstos, fueron hombres y mujeres de veinte años o más en la década de los

cuarenta; pues bien, sólo en el 0,91% de los expedientes analizados consta una fecha de detención

posterior a 1952. Nos es fácil comprenderlo si consideramos el miedo, el pánico más bien, que se había

impuesto como fruto de la terrible represión de los últimos años cuarenta, con el horror de la guerra civil

de fondo; a ello se le suma el desencanto que provoca la desarticulación reiterada de las organizaciones

opositoras y la consolidación de la dictadura en la escena internacional, cuya dinámica vendrá marcada

por la guerra fría. Esto en cuanto argumentos de origen psicológico, si se quiere; si nos acercamos desde

un punto de vista material, encontramos que las condenas fueron largas y se cumplieron suficientemente,

pese a las conmutaciones e indultos, y que a la salida el ex preso encontraba que estaba “quemado”,

fácilmente reconocible por la policía, que marcaba sus movimientos. José Cordero lo explicaba muy bien

respecto a los “viejos”, presos de guerra, cuando él se incorporaba al Partido Comunista: “Como éramos

gente nueva, no había gente vieja (...) Como la organización era joven, la policía, por mucho que tiraba

(...) de los hilos antiguos, de los militantes antiguos, como estaban totalmente aislados de la organización,

pues los tíos no daban con el partido y de ahí que se desarrollara mucho más rápida sobre gente nueva,

gente que ya no habían conocido el terror, que habían estado en las cárceles y que tenían mucho miedo

para que se desarrollara el partido [se refiere a los “viejos”], que es lo que había pasado antes. Entonces,

sobre gente nueva, donde no habían conocido ya el terror ese y que sobre sus carnes sufrían las

consecuencias de clase del capitalismo, en los lugares de trabajo, el castigo y esas cosas. Era un espíritu

más rebelde en los lugares de trabajo”132. Esos jóvenes se hicieron viejos en el “trienio del terror” y los

largos años de cárcel que hubieron de sufrir (Cordero salió de prisión en 1959), conocieron el horror en

primera persona y ahora los paralizados por el miedo eran ellos.

3. 3. La reconciliación nacional y la génesis de la nueva oposición.

Los primeros años cincuenta conocen la consolidación política y jurídica del franquismo. Se

había desvanecido, como si hubiera sido una mera ilusión, la posibilidad de la intervención extranjera, de

la liberación de España. La dictadura había logrado acuerdos con la Santa Sede y EE UU en 1953; y es,

132 Entrevista a José Cordero González...

63

finalmente, admitida por Naciones Unidas en 1955. Era un actor más, reconocido y apreciado, más allá de

cualquier crítica más o menos velada, por el mundo occidental. Las relaciones políticas, comerciales,

culturales con la dictadura no hicieron sino tender a su normativización. Exhibida su bandera de

anticomunismo furibundo, se declaraba Centinela de Occidente en la persona de su caudillo y trataba de

borrar su pasado de simpatía e identificación fascistas. Así las cosas, España continuaba siendo un país

sin libertades y que acusaba problemas económicos más que evidentes, tan proclives a la conflictividad

social como la falta de empleo. El modelo autárquico había demostrado, a estas altura e incluso antes, su

rotundo fracaso. Para remediar esto, se llama al Gobierno a los tecnócratas, con la intención de abrir y

modernizar la economía. En 1957, un nuevo Ejecutivo apunta estos objetivos y en 1959 se lanza el Plan

de Estabilización.

El país, a mediados de los años cincuenta, poco o nada podía ofrecer a las personas que habían

nacido en torno al comienzo de la guerra civil: falta de expectativas laborales, cuando no directamente

desempleo y precariedad laboral; moralidad pacata que ahogaba cualquier ademán de naturalidad en las

relaciones sentimentales y sexuales; estrechez en las condiciones de vida, con los recursos contados para

subsistir y nada más; viviendas carente aún, en algunas zonas urbanas y rurales, de agua corriente o

alcantarillado. Un contexto, ciertamente, que invitaba a la emigración, que, por otro lado, será un

fenómeno masivo en la década posterior.

Ante este panorama, la oposición, alejada ya de la lucha armada, apostará por la reconciliación

entre los españoles. Es muy significativo, aunque responda a una estrategia política determinada, que sean

precisamente los vencidos los que inauguren el discurso de la conciliación de las dos Españas. Los

vencedores persisten todavía en la versión de los demonios del separatismo y el comunismo internacional,

que envenenaron la convivencia y amenazaron la propia existencia de la nación. Para ellos, la guerra

seguía teniendo sentido, incluso todavía había que mantener la guardia arriba contra los enemigos de la

patria. Como cambió la filosofía de la lucha, de la legitimidad republicana, que pretendía devolver la

República que perdió la guerra, a la confraternización entre españoles contra un régimen que abocaba al

país a la pobreza, la falta de libertades y la represión de todo tipo, también evolucionaron las tácticas y los

métodos de lucha: había que romper con la superclandestinidad, ingresar en las instituciones legales del

régimen, particularmente la que otorgaba representación a los trabajadores, para impulsar y liderar un

nuevo movimiento obrero fundado en las anteriores pautas. Un movimiento obrero de “nuevo tipo”,

abierto, que rompe con el mundo clandestino, que reivindica el derecho de reunión y asamblea, que es

64

capaz de liderar decididamente las reivindicaciones obreras y plasmarlas, vía convenio, como norma de

observación obligatoria. Un nuevo movimiento obrero que desembocará en la creación, en los inicios de

la década siguiente, de Comisiones Obreras.

El Partido Comunista, la organización más combativa, disciplinada y capaz para ejercer la

oposición, como ya se había puesto de relieve en la década anterior, se plantea cambiar radicalmente la

táctica política. Santiago Carrillo Solares, quien fuera su secretario general desde el VI Congreso en

Praga, en 1959, y hombre influyente del partido desde la misma guerra, explica el origen de esta

evolución en las formas de lucha: “(…) en el año 48 hay una entrevista con Stalin, en la que Stalin nos

aconseja, teniendo en cuenta la experiencia de los comunistas rusos, la necesidad de trabajar en las

organizaciones franquistas de masas y, particularmente, en los sindicatos. Nosotros teníamos hasta ese

instante una posición que se podía considerar izquierdista, pensábamos que trabajar en los sindicatos iba a

llevar a llevarnos... y además iba a ser difícil (...) Iba a ser difícil convencer a los trabajadores (...) Pero de

hecho nos equivocamos porque los trabajadores que estaban dentro de los sindicatos verticales, sin

entusiasmo, sin militancia, pero estaban organizados ahí y tenían que acudir a esos sindicatos cuando

tenían problemas y esos sindicatos ejercían un cierto control sobre ellos (...) Después de ese debate

hacemos lo que se llama el viraje táctico y nos proponemos, esto sucede ya prácticamente a partir del 49,

nos proponemos penetrar y trabajar en los sindicatos verticales. Y nos damos cuenta de que resultado es

increíble, en muy poco tiempo resultó que los sindicatos como la metalurgia, en las minas, el partido

lograba dominar las juntas [secciones] sociales. Vimos que ese trabajo era productivo (...) porque

apoyándonos en las juntas sociales podíamos hacer movilizaciones que no habíamos conseguidos

antes”133. Sin duda, como resulta obvio, en tal cambio de criterio influyeron los fracasos de la lucha

armada y la de la intervención militar extranjera para deponer a Franco. En 1953, Santiago Carillo insistía

claramente sobre ello en la revista teórica del PCE, Nuestra Bandera, el líder comunista toma de ejemplo

la figura del propio Stalin, al poco de su muerte, cuando aún no habían sido denunciados sus crímenes

públicamente –XX Congreso del PCUS, 1956- y seguía siendo el “gran jefe y maestro”, para, entre loas al

padre de la patria de los trabajadores, significar la clarividencia de los comunistas rusos durante el

dominio zarista en la utilización de los cauces legales par infiltrarse a través de ellos y atraerse a las

masas. El partido, en consecuencia, siguiendo el ejemplo de sus hermanos mayores rusos en su camino

133 Entrevista a Santiago Carrillo Solares…

65

hacia el octubre triunfante, debía explotar todas las posibilidades que ofrece la legalidad134. Ciertamente,

significó una salida brillante y posible a la desolación con la que se cerrarron los años cuarenta y se abrían

los cincuenta. No obstante, no supuso, habida cuenta de la dificultad que entrañaba la lucha clandestina,

un cambio inmediato. Como hemos observado, las organizaciones habían sido golpeadas con reiteración y

en no pocas zonas del país simplemente no existían, o lo hacían absolutamente ensimismadas,

reconcentradas sobre sí. Tal fue el corte, el muro de silencio y terror que levantó la ola represiva de

finales de los cuarenta que la nueva generación de opositores hubo prácticamente de inventarse a sí

misma, miraron hacia atrás y no encontraron nada. Posteriormente, las elecciones sindicales de 1957 y la

Ley de Convenios Colectivos de 1958, como hemos expuesto en el punto 2, allanan el camino a la génesis

del nuevo movimiento obrero, que será quien lidere decididamente la oposición contra el régimen en los

años sesenta y principio de los setenta.

El año 1956 es de una relevancia extraordinaria en la oposición antifranquista. En Madrid, los

estudiantes universitarios rechazan los candidatos del SEU y presentan candidaturas independientes: las

elecciones se suspenden. Sin embargo, los estudiantes votan y ganan las candidaturas anti-SEU;

finalmente se anulan. Los estudiantes se lanzan en protesta a la calle. En medio de una escalada de

tensión, terminan por chocar una manifestación de falangistas con estos estudiantes, se producen tiros y

cae abatido un joven de Falange. Se escucharon rumores de “noche de cuchillos largos”, pero finalmente

todo se salda con las detenciones de, entre otros, Dionisio Ridruejo, Javier Pradera, Miguel Sánchez-

Mazas, Ramón Tamames, Ruiz Gallardón, Gabriel Elorriaga, Julián Marcos, Fernando Sánchez Dragó,

Enrique Mújica, el escritor López Pacheco y el cineasta Juan Antonio Bardem. Como es claro, una

nómina de lo más variopinta desde el punto de vista ideológico, que incluía a antiguos falangistas que

abominaban del régimen y a hijos de destacados vencedores. Por lo demás, el régimen actúa de manera

casi alérgica, porque, en sentido estricto, no había pasado más que una revuelta en la universidad. Sin

embargo, dos ministros, el aperturista Ruiz Jiménez y el falangista Raimundo Fernández Cuesta, además

de los rectores de las universidades de Madrid, Pedro Laín, y de Salamanca, Tovar, son cesados. En

agosto, el Pleno del Comité Central del Partido Comunista resuelve de manera incontrovertible la Política

de Reconciliación Nacional, que supone la superación del discurso guerracivilista, de vencedores y

vencidos. Una política que aludía muy significativamente a la nueva generación, a los hijos, a aquellos

134 Santiago Carrillo Solares, “Stalin, bajo la clandestinidad zarista”, Nuestra Bandera. Partido Comunista de España, 1953, nº 9, Madrid: PCE, pp. 42-58.

66

que no participaron en la guerra. Su propósito no era sino marcar una divisoria entre quienes estaban a

favor o en contra de un régimen establecido por las armas. La guerra era un fenómeno ajeno a ellos que

había traído el actual y miserable estado de cosas135. Esta manera de entender la historia reciente de

España y la razón de oponerse a la dictadura entroncaban perfectamente con los sucesos acaecidos en la

universidad en invierno. La diversidad de posicionamientos y procedencias políticas de los detenidos

responden a la nueva realidad social del país, marcada por la abyección intrínseca del régimen, donde la

nueva dicotomía democracia/dictadura venía a superar a la desfasada revolución/contrarrevolución. Lo

apremiante era devolver la democracia y la libertad al país, modernizarlo, incorporarlo a la Europa

desarrollada.

Este mismo año de 1956, marca el inicio de un bienio caracterizado por un periodo de especial

agitación que sirvió de impulso para este nuevo movimiento obrero emergente. Este bienio es la bisagra

que entreabre la puerta a la nueva realidad opositora con la que se va a enfrentar el régimen. En la

primavera de 1956 se produjeron una cadena de huelgas, ligadas sobre todo a las difíciles condiciones de

vida y de trabajo en la minería asturiana; en Pamplona; País Vasco, sobre todo los metalúrgicos de

Vizcaya; Madrid y Barcelona, donde se prodigaron en grandes empresas del metal como la SEAT. El

clima de protesta se sostuvo en 1957, este año se reedita el boicot al transporte urbano en Barcelona. En

marzo de 1958 vuelven a reproducirse las huelgas en Asturias y Barcelona y el régimen ha de declarar el

estado de excepción136.

Las elecciones sindicales de 1953 – 1954 y las de 1957 dotan de un buen número de enlaces al

PCE, estos representantes legales de los trabajadores están detrás de estas movilizaciones. Esto, junto con

la Ley de Convenios Colectivos de 1958, lleva al Partido Comunista a crear la Oposición Sindical Obrera

(OSO) en un intento de aglutinar las nuevas formas que estaba adoptando la resistencia sindical. Además,

la OSO nace con el objetivo de combinar la actividad sindical clandestina con la legal, al amparo de las

estructuras del sindicato vertical. No obstante, la OSO terminó fracasando porque, finalmente,

predominaron los métodos clandestinos sobre la actividad abierta. En todo caso, la OSO no superó el

ámbito de los militantes del PCE. En un primer momento, desde el PCE se apostó por la OSO y, de

hecho, la aparición del nuevo movimiento de “comisiones de obreros” que están surgiendo ya por toda la

135 Cf. Santos JULIÁ. Historia de las dos Españas. Madrid, Ed. Taurus – Santillana, 2004, p. 448. 136 Jesús A. Martínez, “La consolidación de la dictadura (1951 – 1959)”, en Jesús A. Martínez (coord.) Historia de España en el siglo XX. 1936 – 1996,

67

geografía española se consideró por la dirección comunista más de forma instrumental que como una

nueva organización en sí. En los sucesivos números de Nuestra Lucha (portavoz de la Oposición Sindical

Obrera), irán apareciendo las siglas de Comisiones Obreras supeditadas siempre, de forma instrumental, a

la OSO y aunque las define como “los verdaderos órganos representativos de los trabajadores de las

fábricas”, sin embargo, siempre tienen un sentido instrumental en cuanto éstas forman parte de la OSO.

La existencia de la OSO fue efímera y su implantación geográfica muy dispar, ya que tuvo una mayor

presencia en Asturias e incluso en Madrid; en Andalucía, por el contrario, muchos militantes comunistas

desconocían su existencia, aunque el PCE daba noticias de que delegados de Andalucía –junto a los de

otras comunidades- asistan a reuniones que mantenía la OSO todavía a finales de 1962137.

En estos años están naciendo nuevas realidades políticas, nuevas formas de enfocar la oposición

a la dictadura. La presencia más reseñable por su novedad, por ir contra su alta jerarquía, por la cobertura

que ofreció al resto de fuerzas opositoras al ser organizaciones toleradas y por su significación y

enriquecimiento, a través de sus militantes, de ese amplio abanico de opciones opositoras que está por

eclosionar en estos años, son los católicos de base. Organizaciones como la Hermandad Obrera de Acción

Católica (HOAC), la Juventud Obrera Católica (JOC) o Vanguardia Obrera (VO) se hacen relativamente

frecuentes en todos los ámbitos de denuncia, en principio velada, del régimen. La VO, cuyo nacimiento

tiene lugar en torno a mediados de los cincuenta, gracias al impulso de los jesuitas Luis Mª Granda y

Joaquín García Granda que venían trabajando en el reclutamiento de jóvenes para labores cristiano-

sociales desde finales de los años cuarenta, con una fuerte vocación apostólica social; ello derivará a

partir de 1962, junto con la eclosión del nuevo movimiento obrero, en lo que llaman “compromiso

temporal”, esto es, “el compromiso que adquiere el seglar que se alista y actúa en una organización

temporal motivado por intereses comunes”138 y, consecuentemente, encontraremos a sus miembros

militando en CC OO, cuya organización de nuevo cuño, pragmática y abierta (interior y exteriormente)

atrae y dota de sentido ese “compromiso temporal”. La HOAC, Hermandad Obrera de Acción Católica se

fundó en 1946 para evangelizar el mundo del trabajo. Cabe destacar que el acercamiento del “evangelio”

al mundo del trabajo había desembocado en “amarillismo” sindical históricamente. Pero, el primer

137 Cf. Alfonso Martínez Foronda, “Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía: desde su origen…”, pp. 68-71. 138 José María Castells Caballos, “Vanguardia Obrera. Un movimiento de oposición “jesuita” en Andalucía”, en José María Castells, José Hurtado y Josep María Margenat (eds.) De la dictadura a la democracia. La acción de los cristianos en España (1939 – 1975), Bilbao, Ed. Desclée de Brouwer, 2005, pp. 333-349.

68

militante y promotor de la HOAC, Guillermo Rovirosa, en 1954, señala de forma clara y explícita que la

HOAC, como movimiento apostólico, había de superar en sus planteamientos el confesionalismo y el

“amarillismo” de compromisos sociopolíticos anteriores, defendiéndola como un movimiento obrero

estrictamente apostólico en el marco de la Acción Católica. Las elecciones sindicales de ese mismo año

conocen ya a candidatos que formaban parte de la HOAC y la JOC. Las críticas a las condiciones de vida

de los obreros y al impacto del Plan de Estabilización conducen de manera directa una postura

contestataria en el orden socioeconómico. Tanto es así que en 1957 el presidente de la Comisión

Diocesana de Granada, después de analizar la precaria situación de la clase obrera granadina, señaló como

única posible solución “fomentar la unión de todos los trabajadores con miras a crear nuestras propias

organizaciones sindicales”. No es raro, por consiguiente, la presencia de hoacistas y jocistas en la mayor

parte de las organizaciones sindicales que toman cuerpo en la década de los sesenta y setenta139. No es de

extrañar que esta actitud favoreciera, e incluso provocara, el diálogo entre cristianos y marxistas.

Tampoco que los militantes hoacistas, de extracción obrera, nacidos y familiarizados en la HOAC en una

actitud disidente, obrerista, reivindicativa, derivaran no ya sólo a organizaciones sindicales de oposición,

sino también políticas; o que las organizaciones clandestinas buscaran en la HOAC un espacio de protesta

tolerada. Manuel Castillo Cobo, militante comunista desde 1954 y miembro de la HOAC desde 1955 lo

expone de la siguiente manera: “En la HOAC se hacía una crítica grande al sistema que existía entonces,

el sistema vertical, la falta de libertades, explotación de los trabajadores, etc. entonces aquello me cayó

muy simpático (…) Aquí [en Sevilla] se hizo, en 1955 en la primavera, en el palacio de San Telmo, que

era seminario, se hizo una semana nacional de la HOAC, entonces hicieron una gran campaña de

difusión, entonces llegó a mí, yo fui. No fui como delegado, fueron otros. Hombre, le daban un tinte de

religiosidad, de confesionalidad, de comunión, de rezo, que a mí no acababa mucho de… Pero como

había un contenido social, además aquello sirvió para ponerse en contacto mucha gente que estaba

haciendo cositas para organizarse. Yo no era católico y la formación que había tenido en mi casa no era

católica (…) mi padre hablaba pestes de los curas y mi madre lo mismo y mi abuelo (…) Pero claro, a mí

aquello me gustó, porque allí se hablaba muy claro, allí los falangistas y los fascistas no veían con muy

buenos ojos a la Iglesia (…) A nosotros [los comunistas] nos interesaba aquello, porque a pecho

descubierto era más difícil. En cambio, la HOAC de alguna manera era un manto que nos protegía un

139 Basilisa López García, “La HOAC, origen y escuela de lucha sindical”, en José María Castells, José Hurtado y Josep María Margenat (eds.), De la dictadura a la democracia. La acción de los cristianos en España (1939 – 1975), Bilbao, Ed. Desclée de Brouwer, 2005, pp. 249-261.

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poquito, era la Iglesia (…) la HOAC sirvió en un momento dado como instrumento de la lucha, incluso el

Partido Comunista llegó a aconsejar que nos metiéramos en la HOAC”140.

Dentro de los nuevos movimientos que se incorporan, al calor de los hechos narrados de 1956 y

1957, comienzan a aparecer nuevas siglas que no tenían tradición histórica, en un adelanto de lo que sería

el verdadero caleidoscopio de organizaciones políticas que aflorarían en el último franquismo y la

transición. Destacamos aquí la gestación del Frente de Liberación Popular, que surge al amparo

precisamente de estos grupos católicos comprometidos y contestatarios. Donde la fe cristiana y las

prácticas católicas entroncaban con el marxismo. Por lo demás, su ideario les situaba en la extrema

izquierda, o más bien en el terreno revolucionario, encontrando siempre a su derecha a las organizaciones

tradicionales, como el PCE o el PSOE. Los felipes abominaban de estos partidos puestos que se habían

convertido en fuerzas conservadoras. El FLP, en efecto, es hijo de este momento histórico y lo define

perfectamente; sus fundadores procedían de la JOC y el Servicio Universitario del Trabajo, que animó el

jesuita padre Llanos, pero sobre todo lo que es más destacable: sus filas estaban engrosadas por los hijos

de los vencedores. El propio Julio Cerón, fundador del frente, venía a describirlo como un grupo de

izquierda, compuesto por personas cultas, de una cultura burguesa liberal y humanista, progresistas

generosos e idealistas, cuyo final de trayecto acababa en el socialismo. El FLP, como organización,

acabará siendo un partido revolucionario, marxista de nuevo cuño, crítico, postulante de la democracia

interna pese a la clandestinidad, siempre en continuo debate, impulsor de la unidad revolucionaria y

siempre exigente y disidente de las organizaciones comunistas. Por encima de su raigambre católica, el

FLP es un proyecto político de combate que pretendió sustituir el capitalismo por una sociedad sin clases

y solidaria internacionalmente (abrazó el tercermundismo)141.

Frente a la pujanza interior de nuevos actores en la escena de la oposición antifranquista, las

tradicionales organizaciones, referencia en la cultura política obrera y de izquierdas de España, PSOE,

UGT y CNT, se encuentran en un estado de incapacidad de maniobra interior, por la sencilla razón de que

sus organizaciones han sido desarticuladas, sin que medie reorganización suficiente, por la ofensiva

represora de los últimos años cuarenta. De este modo, los socialistas terminan por desconfiar de la

140 Entrevista a Manuel Castillo Cobos, por Eloísa Baena, Eduardo Saborido y José del Río, en AHCCOO-A. 141 José Antonio González Casanova, “El Frente de Liberación Popular, ¿un partido cristiano de izquierdas?”, en José María Castells, José Hurtado y Josep María Margenat (eds.), De la dictadura a la democracia. La acción de los cristianos en España (1939 – 1975), Bilbao, Ed. Desclée de Brouwer, 2005, pp. 223-236.

70

movilización popular antifranquista; las protestas obreras, por sí solas, no podrían derribar al régimen. Tal

es su evaluación de las dificultades para la acción política que impone la dictadura. Intentan, eso sí, agitar

allí donde pueden, pero no van a practicar ni siquiera una alianza táctica con el PCE en las huelgas de

finales de los cincuenta. Creían que ello ahuyentaría a la oposición moderada y reforzaría los reflejos

defensivos del régimen. El “entrismo” en las instituciones legales del régimen no fue valorado como de

interés por la dirección socialista, las elecciones sindicales eran una farsa y una oportunidad para

aprestarse a colaborar con la dictadura. Por tanto, se encontrarán alejados de la lucha clandestina, pero sin

por ello participar, al modo comunista, en las instituciones franquistas que lo permitían, tales como los

sindicatos verticales. En este periodo permanecieron enfrascados en entablar relaciones con las nuevas

fuerzas antifranquistas y la divulgación de su modelo de transición democrática, aprobado entre 1947 y

1952; el citado modelo consistía en la ilegitimidad del régimen de Franco, que habría de terminar por la

confluencia de un consenso nacional antifranquista, ni una sola clase ni un solo partido podía abordar

tamaña empresa, a la caída del dictador, fruto de esta solución nacional, un gobierno provisional, sin

rasgos institucionales definidos (ni republicano ni monárquico) se encargaría de decretar una amplia

amnistía, restauraría las libertades públicas y convocaría elecciones para que el pueblo español opte por el

régimen que prefiere, este régimen sería acatado por todos. No obstante, en 1957, aparecen la Agrupación

Socialista Universitaria y el Movimiento Socialista de Cataluña, que presentan una disposición combativa

y de actuación clandestina. Hay, al mismo tiempo una revitalización de los contenidos marxistas y

revolucionarios. Entre 1957 y 1961 esta nueva política no logra imponerse y provoca el desencuentro de

esta nueva generación de militantes con la dirección del partido.

Por otro lado, los congresos de 1951 y 1952 supusieron la ruptura del “Pacto de San Juan de

Luz”. Nuevos pactos y entendimientos esperaban a los socialistas en el futuro, que ya vislumbraban la

posibilidad de constituir un instrumento de coordinación que agrupase a las distintas fuerzas del exilio y

de la nueva oposición moderada. Una alternativa democrática no radical. Al final de la década, también

en el exilio, se negoció entre UGT, CNT y ELA-STV la denominada Alianza Sindical Española; su

principal inconveniente fue su extensión y acción en el interior de España, habida cuenta,

fundamentalmente, de la debilidad de las centrales sindicales socialista y anarcosindicalista, amén de la

renuncia socialista a participar en los sindicatos verticales, lo que la condenaba a la inoperatividad más

absoluta y a la rápida desarticulación por la policía; en lo político, en 1961, impulsarían la Unión de

Fuerzas Democráticas. Ambas coaliciones formaban parte de una estrategia global superior: aglutinar a su

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alrededor a todas las fuerzas antifranquistas, tanto en el interior como en el exterior, con la excepción de

los comunistas. Por consiguiente, los socialistas, en esta década, elaboraron una política propia, al margen

del activismo de los comunistas y de las conspiraciones legitimistas monárquicas, que consiguió

converger a una parte del exilio político y de la nueva oposición moderada liberal y democristiana. Lo

esencial fue el diseño de una alternativa al franquismo que pasaba por la democracia, el cambio pacífico y

la reconciliación entre los españoles142. Si bien, en el interior, esta política quedaba lejos, silenciada por la

censura franquista y por la falta de una estructura mínima que pudiera difundirla y un propagandista tan

eficaz e inaccesible para la policía como La Pirenaica.

Los anarquistas en el exterior mantenían sus querellas entre posibilistas y maximalistas u

ortodoxos; los primeros perseveraron en sus alianzas o firmas de pactos con otras fuerzas antifranquistas,

cuyo horizonte era, por encima de todo, el derrocamiento de la dictadura. Los segundos, habida cuenta de

la pérdida de jóvenes militantes tuvieron que renunciar a su táctica más querida, aquella genuinamente

anarquista: la acción directa. En el interior, los feroces últimos años cuarenta habían mermado

considerablemente a la organización, de cariz posibilista siempre; los militantes cenetistas, con largas

condenas de cárcel, decidieron su retirada “momentánea” de la organización y se unieron en pequeños

grupos basados en la amistad y afinidad ideológica con la idea de mantener viva la llama de su ideal. El

año 1953 supuso el final de una época para la CNT posibilista del interior; con la caída del decimoquinto

comité nacional la organización quedaba desmantelada e incapaz de reestructurarse de manera general;

apenas si se consigue la continuidad de las siglas, en clave superclandestina, en algunos puntos del

territorio nacional como el Levante. En definitiva, en la década de los cincuenta, la militancia de la CNT

se encontraba completamente dispersa y desorganizada. Por un lado, estaba la inmensa mayoría de los

militantes que se habían apartado de cualquier actividad clandestina; por otro, había grupos reducidos que

centraban su actividad en reuniones o como mucho la elaboración de propaganda. En el exterior, la CNT

posibilista, en 1957, firmarán la “Declaración de París”, junto el PSOE, Izquierda Republicana, Partido de

Unión Republicana, Partido Republicano Federal, PNV, Acción Nacionalista, Esquerra Republicana de

Cataluña, Movimiento Socialista de Cataluña, UGT y ELA-STV. Faltaron a la firma los comunistas, que

no aceptaron el contenido del acuerdo y la CNT ortodoxa, a la que ni siquiera se solicitó su adhesión. Esta

142 Abdón Mateos, Las izquierdas españolas desde la guerra civil hasta 1982. Organizaciones socialistas, culturas políticas y movimientos sociales, Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 1997, pp. 67-78.

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declaración fue redactada por los socialistas y rompía el aislamiento del PSOE y retomaba la idea

defendida por la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas en sus conversaciones con las fuerzas

monárquicas en los años cuarenta. Desde una solución a la dictadura netamente pacífica, se volvía sobre

el gobierno provisional sin signo institucional definido, a la consulta plebiscitaria al pueblo español sobre

el tipo de régimen que prefería y la restauración de las libertades. La CNT ortodoxa seguía anclada en la

vía insurreccional. Sin embargo, la CNT posibilista no sería llamada a integrar la Unión de Fuerzas

Democráticas, que suponía el correlato práctico del “Pacto de París”. Sí suscribió, por el contrario y como

se ha expuesto con anterioridad, la Alianza Sindical Española, con UGT y ELA-STV143.

Como hemos analizado, la década de los cincuenta constituye un paréntesis de silencio en la

oposición interior antifranquista. Una generación de activistas, duramente reprimidos, quedará

desconectada de sus organizaciones, por duros y largos años de cárcel, pero sobre todo por el agotamiento

y el miedo. Hay un interregno de tiempo que va de 1951 a 1956 donde no hay movimientos aparentes de

protesta o mínima resistencia, ese intervalo supone un antes y un después. Durante ese periodo, las

estrategias y las tácticas se renovaron. Una nueva y joven generación de antifranquistas se incorporará a

la oposición con nuevas ideas, formas y actitudes de lucha; como si ese tiempo hubiera propiciado este

replanteamiento general que advertimos. Veamos el siguiente cuadro que certifica la prácticamente nula

actividad opositora, fijándonos en las detenciones practicadas.

Cuadro 3. Detenciones durante la dictadura en Andalucía después de la guerra144.

Décadas Nº Exptes. % Década 40 (42 -50) 120 35,93% Década 50 (51-59) 10 2,99% Década 60 (60 - 70) 141 42,22% Década 70 (71 - 77) 63 18,86% Total 334 100,00% % sobre el total (1050) 31,81%

Como queda claro, en el caso de Andalucía, los años cincuenta son de reflujo en las redadas

policiales, lo que indica, en efecto, un descenso notable de la actividad. Los sesenta, por el contrario,

suponen un repunte más que notable de las caídas y, por consiguiente, de la actividad política. Son los

143 Ángel Herrerín López, La CNT durante el franquismo..., pp. 168-190. 144 Expediente cuya causa de detención son por delitos políticos de posguerra. Muestra de 1.000 exptes. estudiados de manera anónima, que contenían 1050 detenciones, pues algunos presentaban más de una detención. La muestra ha sido realizada sobre los 2.622 exptes. positivos, es decir, aquellos que cumplían lo dispuesto en los Decretos 1/2001 y 333/2003 de la Junta de Andalucía de indemnización a los ex presos políticos del franquismo y, por consiguiente, han sido aprobados.

73

jóvenes que se han formado e incorporado a la oposición en la segunda mitad de la década de los

cincuenta. En Andalucía, los años que van de 1960 a 1963 son de una significativa actividad represora,

ello nos informa de que en Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada y Jaén hay ya organizaciones articuladas;

formadas por esta nueva generación. Una nueva generación compuesta por obreros fabriles y albañiles

cualificados y semicualificados fundamentalmente, con presencia todavía importante de jornaleros, que,

no obstante, no hará sino decrecer; en la que irán apareciendo profesiones liberales, o empleados de

cuello blanco como los delineantes, por ejemplo, o los estudiantes.

Como ha estudiado Ángel Herrerín para el caso de Zaragoza, sobre datos de la División de

Investigación Social de esta ciudad, de los 905 enlaces elegidos en las elecciones sindicales de 1957, 770

no tenían antecedentes en los archivos de la Brigada ni de la Jefatura Superior de Policía145. Lo que pone

de relieve que el “trabajo” en el sindicato vertical, en unas elecciones donde se presentan ya bastantes

candidatos no verticalistas, es cosa de gente joven, sin antecedentes. De esta nueva generación que se

termina de caracterizar y desarrollar en la década siguiente.

Finalmente, la debilidad e inmadurez todavía de esta nueva generación opositora se puso de

manifiesto en las Jornadas de Reconciliación Nacional, de 5 de mayo de 1958, y la Huelga General

Pacífica, de 18 de junio de 1959, impulsadas por el PCE y que supusieron un rotundo fracaso general. La

primera de ellas podía apoyarse con una marcha lenta, huelga u otra actividad reivindicativa o de protesta;

“en la Hispano [Aviación, empresa sevillana] hicimos una reunión informal unos cuantos comunista,

porque la organización era muy débil, porque había mucho miedo, llegamos a la conclusión que en la

Hispano lo mejor que podíamos hacer es pedir una entrevista con el director (…) y pedirle (…), tuvimos

una entrevista con él. Nos dijo de sopetón que aquello era política. Le pedimos un aumento de sueldo (…)

lo pedimos como enlace”146; fuera de esto en Sevilla apenas si se registró algún que otro hecho

destacable, “intento en los autobuses, pero muy pequeñito. Se empezó a hablar de que iba a haber boicot,

pero a la hora de la verdad no hubo nada”147. En el año 1959 y ante la carestía de la vida y los sueldos

bajos (las horas extras eran absolutamente vitales para completar unos salarios que por sí solos apenas

permitían vivir con las necesidades mínimas cubiertas), se vuelve a plantear un aumento salarial en la

Hispano Aviación, la negativa de la empresa supone la primera concentración pública de protesta ante el

145 Cf. Ángel Herrerín López, La CNT durante el franquismo..., pp. 177-178. 146 Cf. Entrevista a Manuel Castillo Cobo… 147 Ibídem.

74

Sindicato Provincial. Manuel Castillo Cobo recuerda la secuencia de la acción: “Yo calculo que allí

habíamos unas 800 o 900 personas, por ahí por ahí, se llenaron todas las escaleras [del edificio] hasta

arriba, se llenaron los despachos y además quedó una jartá de gente en la calle y el tráfico cortado. Claro,

el gachó este, el Morillo [Presidente del Sindicato Provincial] salió otra vez con la misma canción, que no

había podido ser [el aumento]. Y la gente lo bronqueó allí y después se fue para la calle Tetuán [cerca del

Sindicato Provincial], nos concentramos ante el Casino Militar, el Ateneo, ‘ésos son los que viven y no

nosotros, que tenemos más hambre…’ Todo eso es posible por el vacío de poder que se crea, ese mismo

día toma posesión como gobernador civil y jefe provincial del Movimiento, Hermenegildo Altozano

Moraleda y se presenta en la investidura con una camisa blanca, cuando hasta entonces todos habían ido

con su camisa de falangista. Claro, eso crea un vacío, hay una serie de elementos fascistas de Sevilla que

echan las muelas del juicio. Y nos citan a nosotros el martes en Álvarez Quintero, que tenían una sede los

falangistas (…), tratan de comernos el coco para ponernos en contra de Altozano (…) Al día siguiente,

como la cosa fue in crescendo, ya la gente se envalentonó, aquel martes ya no estábamos sólo los obreros

de la Hispano manifestándonos por Sevilla, ya estaba la gente CASA, de SACA, de Astilleros, de

tortillerías (…) Siguieron lo de las manifestaciones, se dio lo de la calle Rosario, en la calle Rosario

fuimos allí, al Sindicato [Provincial] y estaban esperándonos los grises [la policía], con la porra en ristre

(…) Cuando nosotros vimos la tela y empezamos a correr, ellos detrás de nosotros, nos metimos en la

calle San Eloy y después La Magdalena, la calle Méndez Núñez y tiramos a la calle Rosario, para ir a la

calle Tetuán, a ver si podíamos seguir, pero en la esquina de la calle Tetuán estaban esperándonos (…)

con las porras preparadas [la policía armada] (…) Y empezó un tío allí [de los manifestantes]: ‘Franco,

Franco, Franco…’ y ya los demás: ‘Franco, Franco, Franco…’ Los tíos se quedaron con la porra

engarrotada y nos dejaron pasar”148.

El relato de la primera acción pública de protesta que tuvo lugar en Sevilla anuncia lo que serían

el nuevo movimiento obrero emergente y lucha antifranquista en los sesenta: extraversión de la protesta,

abandono de la superclandestinidad, utilización de los sindicatos verticales y consecución de mejoras en

las condiciones laborales de los trabajadores, sin perder de vista por ello la reivindicaciones de libertad y

democracia. Pero también nos informa de cuán inmaduro y débil estaba todavía este nuevo movimiento

obrero, que hubo de vitorear al dictador para salir del atolladero de la presión de la policía. Una oposición

que hubo de reinventarse, tras el desastre de la guerra y los últimos años cuarenta, para empezar a

148 Ibídem.

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“moverse”, objetando así la exactitud del vaticinio de Díaz Criado. Si bien, estos “movimientos” no

cobrarían relevancia y pujanza hasta la década de los sesenta.