LA PRUEBA EN EL PROCESO LABORAL...Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley N 29497, a fin de superar las vicisitu-des surgidas con la ley anterior, Ley N 26636, regula un tipo de proceso

LA PRUEBA EN EL PROCESO LABORAL

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CARMEN ALVARADO BUSTOS



© Carmen Alvarado Bustos© Gaceta Jurídica S.A.

Primera edición: abril 20192340 ejemplaresHecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú 2019-05598 ISBN: 978-612-311-633-0 Registro de proyecto editorial 31501221900473

Prohibida su reproducción total o parcialD.Leg. Nº 822

Diagramación de carátula: Martha Hidalgo RiveroDiagramación de interiores: Jennifer P. Gutiérrez Arroyo

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Impreso en: Imprenta Editorial El Búho E.I.R.L. San Alberto Nº 201, Surquillo Lima - PerúAbril 2019Publicado: mayo 2019

A mis padres, Frider y Carmen, por todo su afecto y por ser piezas importantes

en mi formación.

A Gael Alejandro, mi hijo, a quien aun sin conocerlo, amo con todo mi corazón y es mi mayor inspiración para ser mejor cada día.

A José María, mi esposo, por su amor, ejemplo de constancia y dedicación, por nuestra historia

y por quien aprendí que por más que disfrute trabajar sola, siempre obtendré un mejor resultado si lo realizo

con la ayuda y compañía perfecta.

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PRÓLOGO

Carmen Alvarado Bustos me ofrece el encargo de prologar el libro denominado La prueba en el proceso laboral, misión que realizo gusto-samente debido a que este trabajo aborda un tema que no ha sido tratado de manera sistemática en lo que se refiere a los estudios del nuevo proceso laboral.

En el primer capítulo el libro trata de los aspectos generales de la prueba, como son la definición de prueba, la finalidad de la prueba, los medios probatorios, la clasificación de los mismos, así como los principios que gobiernan los medios probatorios. Resulta particularmente importante la distinción entre fuente de prueba, elemento de prueba y órgano de prueba, medio de prueba y objeto de prueba.

En el segundo capítulo se hace referencia a los aspectos generales de la actividad probatoria en la Nueva Ley Procesal del Trabajo, el significado de la oralidad, el objeto de prueba, hechos exentos de prueba, las máximas experiencias del juez, hechos de conocimiento personal del juez y las etapas de la actuación probatoria y los principios que lo delimitan.

En el tercer capítulo la obra se refiere a la actividad probatoria en la etapa de la actuación probatoria; en el cuarto capítulo trata sobre la carga de la prueba mientras que en el quinto, sexto, sétimo y octavo capítulo se enfoca en los temas referidos a la inversión de la carga de la prueba, la prueba de oficio, los sucedáneos de los medios probatorios y las cuestiones probatorias, respectivamente.

Finalmente, este trabajo se complementa con un tratamiento de la juris-prudencia referida a la prueba, tanto la jurisprudencia del Tribunal Constitu-cional como de la judicatura ordinaria.

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Carmen Alvarado Bustos / La prueba en el proceso laboral

Con la satisfacción académica de haber sido su asesor de tesis y jurado para optar el grado de Magíster en Derecho del Trabajo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, llamo la atención de los principales referen-tes del Derecho del Trabajo nacional a efectos de tener presente este trabajo de suyo importante.

La Molina, mayo de 2019

Dr. Omar TOLEDO TORIBIO Profesor universitario

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INTRODUCCIÓN

Un conocido adagio en Derecho expresa: “Tanto vale no tener un dere-cho, como tenerlo y no poder probarlo”. Esto pone en evidencia la relevan-cia que tiene el tema de la prueba y de la actividad probatoria para las par-tes en un proceso judicial, donde solamente existe un ganador y en donde la actividad probatoria se fija en un escenario de confrontación reglada.

Esta actividad reglada es propia y exclusiva de las partes, quienes bus-carán acreditar los hechos transcendentes al supuesto jurídico que pretenden demostrar en el proceso ya sea para acreditar lo que se sostiene o para resis-tir lo que se pretende, desplegando toda su defensa técnica a fin de generar convicción o certeza en el juez de lo que se alega.

Entonces, un juez no construye su veredicto sobre hechos dudosos, sino que tiene la posibilidad de confirmar esos hechos, corroborándolos con otros medios de prueba, actividad que es facultativa del juez y es calificada como prueba de oficio, rol diferente a la llamada carga probatoria que ejercen las partes.

Ahora bien, consideramos que el Derecho Probatorio es una rama autó-noma y la más importante del Derecho Procesal, sin embargo, a efectos de estudiar el tema de la prueba y la actividad probatoria, nos enfocaremos en analizar cuáles son las reglas de la actividad probatoria para ejercer adecua-damente la defensa en un proceso judicial laboral.

Tomando en cuenta que el Derecho Laboral se desenvuelve en un esce-nario de desigualdad en el que, a consecuencia de la subordinación, el tra-bajador se encuentra en una situación de desventaja en comparación del empleador. A fin de eliminar o equiparar esa desigualdad, el Derecho del Trabajo cumple un rol protector, emitiendo normas que reconocen derechos al trabajador.

Para tal efecto, nació la Nueva Ley Procesal del Trabajo - Ley Nº 29497, que en comparación con su antecesora Ley Procesal del Trabajo - Ley Nº 26636, se preocupó por brindar una tutela real a las situaciones jurídicas

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materiales, acorde con el principio orientador reconocido en la Constitución Política de que el proceso sea un mecanismo para dar una efectiva tutela juris-diccional de todos aquellos derechos involucrados en la relación laboral.

Para ello, la nueva norma procesal asimila un cambio en su estructura de la escrituralidad por la oralidad, que como bien señala Giovanni Priori, la oralidad no es un fin para la nueva norma procesal, sino un medio para con-seguir que el proceso se convierta en un instrumento eficaz de protección de los derechos materiales y procesales.

Por lo que, a fin de tener una comprensión cabal del instrumento de la prueba y su regulación en la nueva norma procesal laboral, en la presente obra, nos centraremos en analizar la prueba en el proceso ordinario laboral, proceso que establece las reglas probatorias generales; y en el proceso espe-cial, abreviado laboral, que solo se diferencia del proceso ordinario en con-centrar en una sola instancia la etapa conciliatoria y de juzgamiento donde se incluyen las actividades probatorias.

No estudiaremos la prueba y la actividad probatoria en los otros pro-cesos especiales, denominados por la nueva norma procesal como: proceso impugnativo de laudos arbitrales económicos, proceso cautelar, proceso de ejecución y proceso no contencioso, ya que tanto el proceso cautelar y el de ejecución se remiten a reglas probatorias especiales del Código Procesal Civil, y también porque las pruebas en los demás casos se encuentran limi-tadas a casos excepcionales; por ejemplo, en el proceso impugnativo de lau-dos arbitrales económicos se encuentran sujetos a la regulación del proceso ordinario laboral; sin embargo, limita su actuación probatoria a la prueba documental y el proceso no contencioso no contiene una regulación probato-ria, ya que su objeto es justamente evitar un proceso judicial.

Dicho esto, es menester señalar que el presente libro está compuesto por diez capítulos. En el primer capítulo describiremos cuáles son los aspectos generales de la prueba y cuál es su vinculación con el derecho fundamental a probar, seguidamente estudiaremos en el segundo capítulo cuáles son los aspectos generales de la actividad probatoria en la Nueva Ley Procesal del Trabajo, como su nueva reglamentación en un proceso en donde prevalece la oralidad sobre la escrituralidad, siendo un mecanismo que permite el desa-rrollo de los principios de inmediación, concentración, celeridad, economía procesal y veracidad, este último principio excluyente del Código Procesal Laboral, a diferencia del Código Procesal Penal que es el de “igualdad de armas”; asimismo, analizaremos cuál es el momento de la presentación de la prueba y cuáles son las situaciones excepcionales, como también aquellos

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Introducción

hechos que no necesitan probarse, finalmente analizaremos las etapas de la actuación probatoria y los principios que la delimitan.

En el tercer capítulo vamos a estudiar cuál es el objeto de la actividad probatoria, actividad presidida por el juez con la asistencia de al menos una de las partes, que tiene por objeto actuar todos los medios probatorios ofre-cidos y admitidos en el proceso; también estudiaremos cuáles son las reglas para el desarrollo de la misma, de acuerdo a la Nueva Ley Procesal del Tra-bajo y otras normativas laborales afines.

En el cuarto capítulo analizaremos y explicaremos lo referente a la carga de la prueba, qué es, cuál es la carga probatoria que le corresponde probar a cada parte procesal ya sea demandante y/o demandado en un pro-ceso laboral, a fin de que el juzgador pueda contar con un incuestionable sustento legal para exigir a las partes del proceso una activa participación y defensa de sus posiciones, pues la responsabilidad de acreditar sus afirma-ciones se encuentra expresamente indicada en la nueva normativa y el no cumplimiento de lo dispuesto deberá traducirse en fallos contradictorios para la parte que no cumplió con esta.

En el capítulo quinto estudiaremos la inversión de la carga de la prueba, figura exclusiva del proceso laboral, en comparación al proceso civil, la cual se justifica en la nueva norma procesal laboral, pues tiene como fin restable-cer la igualdad en el proceso y poner a ambas partes en las mismas condicio-nes, con el objeto de que el juez pueda impartir justicia eliminando dichas diferencias.

En el capítulo sexto estudiaremos la figura de la prueba de oficio, facul-tad que tiene el juez laboral para ordenar la actuación de una o más pruebas adicionales, cuando las ofrecidas por las partes no le sean suficientes para producir certeza respecto a los puntos controvertidos a dilucidar en el pro-ceso, también se estudiará cuál es la relación de esta figura con los sistemas procesales: inquisitivo y dispositivo; las circunstancias en las que se pre-senta y cuáles son los límites que tiene el juez para solicitar dicha prueba.

Seguidamente estudiaremos en el capítulo sétimo a los sucedáneos de los medios probatorios, como aquellos auxilios judiciales establecidos por la ley, que cumplen con la misión de suplir la ausencia de los medios pro-batorios, permitiendo formar la convicción en el juez sobre la verdad de los hechos a probar en un proceso, así analizaremos los indicios, las presuncio-nes procesales (legales y judiciales), y la ficción legal.

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En el capítulo octavo estudiaremos las cuestiones probatorias, como medios de defensa e instrumentos procesales que permiten a las partes cues-tionar la eficacia de los medios probatorios, así analizaremos la tacha, la oposición, y la tacha y oposición sobreviniente.

En el capítulo noveno realizaremos un comentario caso por caso de inte-resantes sentencias emitidas tanto por el Tribunal Constitucional como por las diferentes Salas de la Corte Suprema recaídas sobre el derecho y aplica-ción de la prueba, en el marco de la Nueva Ley Procesal del Trabajo.

Es preciso señalar que resulta muy complejo definir si los jueces se acercan con sus fallos jurisdiccionales a la verdad de los hechos, a partir de las alegaciones procesales de las partes.

Por nuestra parte, creemos que los fallos emitidos por los magistrados no son certeza absoluta, que puedan confundirse con la prueba perfecta de la verdad, sino de una certeza a la que llega el juez examinando un proce-dimiento complejo, en el que escuchó a las partes, fijó los puntos contro-vertidos, admitió y actuó los medios probatorios; para finalmente, emitir su fallo en función del examen que desarrolló dentro de este procedimiento que implica a la vez una labor cognitiva racional. Por tanto, se trata de una cer-teza con sus naturales limitaciones, por ende, con posibilidad de error.

Por lo que, convencidos del rol trascendente de la actividad probato-ria en el proceso, presentamos esta obra, que tiene por objeto promover el actuar diligente de las partes involucradas en el proceso, quienes deben reco-pilar todos los medios de prueba que den sustento a sus posiciones y facili-tar el desarrollo del proceso, presentando las pruebas en un solo acto, para lograr que el juez resuelva la controversia en el plazo más breve posible.

Así, doctrina, casuística y jurisprudencia y sus valores agregados reuni-dos en una sola obra hacen de esta una herramienta de consulta fundamen-tal para comprender las nuevas reglas y figuras recaídas sobre el derecho a la prueba en la Nueva Ley Procesal del Trabajo.

Carmen ALVARADO BUSTOS

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ABREVIATURAS

AA Acción de AmparoAAT Autoridad Administrativa de Trabajo AFP Administradora de Fondos Privados de PensionesArt. ArtículoCas. Casación Cas. Lab. Casación LaboralC.C. Código Civil de 1984C.P. Constitución Política del PerúC.P.Const. Código Procesal ConstitucionalC. de T. Contrato de TrabajoD.L. Decreto LegislativoD.S. Decreto SupremoD.U. Decreto de UrgenciaExp. ExpedienteHC Hábeas CorpusLPT Ley Procesal del Trabajo N° 26636LOPJ Ley Orgánica del Poder JudicialLPCL Ley de Productividad y Competitividad LaboralMTPE Ministerio de Trabajo y Promoción del EmpleoNLPT Nueva Ley Procesal del Trabajo N° 29497STC Sentencia del Tribunal ConstitucionalSUNAT Superintendencia Nacional de Administración Tributaria TC Tribunal Constitucional TP Título PreliminarTUO de la LPCL Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y

CompetitividadTUO del CPC Texto Único Ordenado del Código Procesal CivilUIT Unidad Impositiva TributariaURP Unidad de Referencia Procesal

CAPÍTULO ILa prueba: Aspectos

generales de la prueba

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CAPÍTULO ILA PRUEBA:

ASPECTOS GENERALES DE LA PRUEBA

I. DEFINICIÓN DE LA PRUEBA

Definir a la prueba es explicar un elemento esencial del proceso, que per-mite tanto a las partes como a los terceros legitimados dentro del mismo, la posibilidad de acreditar los hechos que sustenten sus posiciones.

En ese sentido la doctrina ha definido a la prueba:

Para Taruffo(1) la prueba es un instrumento que pretende mostrar o hacer patente la verdad o falsedad de un acto. Así señala:

“El proceso y, en particular, la decisión final, pretenden resolver la incer-tidumbre que se da respecto a la verdad o falsedad de los enunciados que tiene que ver con los hechos relevantes de la causa. La prueba es el instru-mento que utilizan las partes desde hace siglos para demostrar la veraci-dad de sus afirmaciones, y de la cual se sirve el juez para decidir respecto a la verdad o falsedad de los enunciados fácticos. En términos muy genera-les, se entiende como prueba cualquier instrumento, método, persona, cosa o circunstancia que pueda proporcionar información útil para resolver dicha incertidumbre”.

En ese sentido, Devis Echandía(2) sostiene que dentro de un proceso, la prueba judicial, en sentido estricto, es el conjunto de razones o motivos que sir-ven para llevarle al juez la certeza sobre los hechos.

(1) TARUFFO, Michelle. “Algunas consideraciones sobre la relación entre prueba y verdad”. En: La prueba. Artículos y conferencias. Editorial Metropolitana, Santiago-Chile, 2008, pp. 59-60.

(2) DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Teoría general de la prueba judicial. Víctor P. de Zavalía Editor, Tomo 1, 5a edición, Buenos Aires, 1981, p. 29.

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Chiovenda(3), por su parte, nos dice que:

“Probar significa crear el convencimiento del juez con respecto a la existen-cia o inexistencia de hechos de importancia en el proceso”.

Del mismo modo, Bustamante Alarcón(4) sostiene que la prueba es el con-vencimiento a que llega el juzgador sobre la existencia o inexistencia de los hechos afirmados por las partes, considerado técnicamente más adecuado hablar de un derecho a probar.

Entonces, podemos concluir que la prueba es el instrumento que la ley per-mite para demostrar la veracidad o falsedad de los hechos discutidos por las par-tes en un proceso, así a través de la prueba el juzgador puede apreciar el sus-tento fáctico de las alegaciones efectuadas, respecto a la ocurrencia de hechos pasados, y determinar la materia controvertida y los hechos sobre los cuales deberá pronunciarse, emitiendo una decisión razonada y justificada, con base en la valoración de los medios probatorios admitidos y la aplicación de la norma jurídica pertinente.

II. OBJETO DE LA PRUEBA

Otro aspecto importante a tratar sobre la prueba, es lo referido al objeto de la misma, aquí la doctrina coincide que para identificar cuál es el objeto de la prueba, debemos responder a la pregunta: ¿Qué se debe probar? o ¿Qué se prueba?, bajo estas interrogantes, la doctrina no se ha puesto de acuerdo, pues hay quienes sostienen que son los hechos; otros consideran que a las cosas, hechos y seres; y otros, todo lo que es pasible de confirmación.

Al respecto, la doctrina mayoritaria ha sostenido en palabras de Sentis Melendo(5), que el objeto de la prueba no son los hechos, pues es la parte, no el juez, quien formula afirmaciones; no viene a traerle al juez dudas, sino su segu-ridad real o ficticia sobre lo que sabe; no viene a pedirle al juez que averigüe sino a decirle lo que ella ha averiguado; para que el juez constate, compruebe, verifique si esas afirmaciones coinciden con la realidad. Porque cuando el juez cumple una función diferente a la de verificar, entonces no está ejerciendo una

(3) CHIOVENDA, Giuseppe. Instituciones del Derecho Procesal Civil. Editorial Jurídica Universitaria, México, 2008, p. 501.

(4) BUSTAMANTE ALARCÓN, Reynaldo. “El derecho fundamental a probar y su contenido esencial”. En: Ius Et Veritas. Nº 14, 1997, p. 171.

(5) SENTIS MELENDO, Santiago. La prueba. Los grandes temas del Derecho Probatorio. Ediciones Jurídicas Europa - América, Buenos Aires, 1979, pp. 12-13.

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La prueba: Aspectos generales de la prueba

función juzgadora, pues solo el juez activo y dinámico que se interioriza con la controversia puede juzgar.

Del mismo modo Ledesma Narváez(6), desde un punto de vista positivista, señala según lo prescrito por el TUO del CPC, los medios probatorios deben referirse a los hechos y a la costumbre cuando estos sustenten su pretensión, así continúa, lo dispone el artículo 188, al referir que los medios probatorios son en realidad: “(…) los hechos expuestos por las partes”; es decir, el objeto de la prueba son los hechos alegados por las partes, pasibles de confirmación.

Así lo ha plasmado el legislador, en los artículos 188 y 190 del TUO del CPC al establecer que en un proceso debe probarse “los hechos expuestos por las partes”, en ese sentido nuestro dispositivo legal dispone:

“Artículo 188.- Los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el juez respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones”. (Lo resaltado es nuestro).

“Artículo 190.- Los medios probatorios deben referirse a los hechos y a la costumbre cuando esta sustenta la pretensión. Los que no tengan esa finalidad, serán declarados improcedentes por el juez.(…)”. (Lo resaltado es nuestro).

Ahora bien, coincidimos con Sentis y Ledesma, pues si la prueba es defi-nida como el instrumento que permite tanto a las partes como a terceros legi-timados dentro del mismo la posibilidad de acreditar los hechos que sustenten sus posiciones, para llegar a la verdad o falsedad de determinadas situaciones, entonces, podemos concluir que el objeto de la prueba no son los hechos, pues estos ya existen, incluso antes del proceso y dan inicio a este; sino, lo que se prueba son las afirmaciones realizadas por estas, que podrán referirse a hechos que se encuentran en controversia dentro del proceso.

III. FINALIDAD DE LA PRUEBA

En cuanto a la finalidad de la prueba, esta ha sido entendida habitual-mente como la de establecer “la verdad” del hecho afirmado por la parte, así

(6) LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. La prueba en el proceso civil. Gaceta Jurídica. Lima, 2017, p. 9.

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lo sostienen Ricci(7), Bonnier(8) y Framarino Dei Malatesta(9), quienes señalan que “la finalidad suprema y sustancial de la prueba es la comprobación de la verdad”.

Por nuestra parte, coincidimos con Kielmanovich(10), quien sostiene que de la simple búsqueda de la verdad no se puede estructurar un fin supremo de la prueba, máxime si de lo que se trata es de una investigación judicial, en donde se busca reconstruir hechos pasados, recreándolos a través de los sentidos de las personas, naturalmente falibles.

Así, incluso reducido el concepto de la verdad a la mera comprobación de los hechos alegados, la prueba judicial no tendría por finalidad la de probar la verdad, sino, en todo caso, la de convencer a alguien acerca de esa “verdad”.

En ese sentido, la finalidad de la prueba sería, la de formar la convicción del juez acerca de la “verdad” del hecho alegado, a través de los medios, forma y oportunidad que el ordenamiento determine.

Este criterio ha sido aceptado por gran parte de la doctrina, que sostiene en palabra de Falcón(11):

“La verdad jurídica será la certeza a la que llega el juez respecto de la prueba, al sopesar los distintos elementos y darles mayor valor a unos que a otros, y siempre observando las reglas y principios procesales para llegar a esas conclusiones, sin abandonar las reglas científicas que son la base y el apoyo general de la prueba. A esa certeza se llega por evidencia, por per-suasión, o por alta probabilidad. La certeza fija los hechos en la decisión y se transforma en una verdad jurídica amparada por la cosa juzgada”. Bajo ese contexto, la finalidad de la prueba es “(…) producir certeza en el juez respecto de los puntos controvertidos (…)”.

(7) RICCI, Francisco. Tratado de las pruebas. Tomo primero, Analecta, Ediciones y Libros, Madrid, 2005, p. 11.

(8) BONNIER, Eduardo. Tratado teórico y práctico de las pruebas en el Derecho Civil y Penal. Tomo I, Hijos de Reus, Madrid, 1902, pp. 8-9.

(9) FRAMARINO DEI MALATESTA, Nicola. Lógica de las pruebas en materia criminal.General Lavalle, Buenos Aires, 1964, p. 135.

(10) KIELMANOVICH, Jorge. Teoría de la prueba y medios probatorios. 4a edición, Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2010, p. 63.

(11) FALCÓN M., Enrique. Tratado de la prueba. Tomo 1, Astrea, Buenos Aires, 2003, p. 179.

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Del mismo modo, Ledesma Narváez(12) sostiene que la finalidad de la prueba es producir certeza en el juez respecto de los puntos controvertidos, pues así lo respalda la Corte Suprema en la Casación N° 309-2013-Cusco, cuando:

“Advierte que el derecho a la prueba es aquel que posee el litigante y que consiste en la utilización de los medios probatorios necesarios para formar la convicción del órgano jurisdiccional acerca de lo discutido en el proceso; en consecuencia, el derecho constitucional a la prueba acompaña el inte-rés del Estado, representado en el juzgador, para lograr certeza suficiente y sentenciar sus dudas razonables, y recorre el interés de las partes para que la actividad probatoria responda a consignas invariables; la libertad de la prueba, control de las partes, producción específica y apreciación oportuna y fundamentada. Entonces, el fin de la prueba dependerá, en primer lugar, del alcance del acto a probar (medidas cautelares, sentencia definitiva, entre otros.). En cada uno de los campos en que sea necesaria la prueba, el juzga-dor deberá haber llegado al convencimiento de que lo fáctico que sustenta su decisión es adecuado y suficiente para el acto (con verosimilitud, certeza o evidencia)”.

Por su parte, Sentis Melendo(13) señala que:

“La finalidad de la prueba no consiste en averiguar, ésta es la función de las partes, pero no la del juzgador; porque la función del juez no es averiguar: al juez puede serle necesario aclarar, clarificar algún aspecto de lo que ya está discutido, pero nunca ir en busca de esa verdad que han debido procu-rar traerle las partes”.

Por otro lado, Gómez Valdez(14) señala que la finalidad de los medios proba-torios en materia laboral es casi igual a la diseñada para los asuntos civiles que exige que quien alega un hecho tendrá que demostrarlo, pese a que la legisla-ción social moderna no admite que las partes sociales se encuentren en igualdad de condiciones para probar simétricamente sus dichos, por la desigualdad de las partes en conflicto. A este nivel, continúa Gómez, no puede implementarse la teoría de la “igualdad de armas”, pues los asuntos laborales están secundados por las presunciones probatorias en los casos de discriminación, despido incau-sado, entre otros.

(12) LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. Ob. cit., p. 9. (13) SENTIS MELENDO, Santiago. Ob. cit., p. 11. (14) GÓMEZ VALDEZ, Francisco. Derecho del Trabajo, Nueva Ley Procesal del Trabajo (Ley

N° 29497). Análisis secuencial, doctrinario y jurisprudencial. 1a reimpresión, San Marcos, Lima, 2015, pp. 345-346.

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Ahora bien, nuestro dispositivo legal ha señalado en el artículo 188 del TUO del CPC, norma de aplicación supletoria al proceso laboral, que los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el juez respecto de los puntos controvertidos y fun-damentar sus decisiones, entonces esta finalidad puede ser disgregada en tres supuestos:

- Acreditar los hechos expuestos por las partes.

- Producir certeza en el juez respecto de los puntos controvertidos a diluci-dar, y

- Fundamentar o motivar las resoluciones judiciales (sentencia).

Entonces, la finalidad de la prueba sería acreditar la existencia o inexisten-cia de los hechos afirmados por las partes para producir certeza en el juzgador respecto de los puntos controvertidos a dilucidar y poder finalmente emitir una sentencia ajustada a derecho, pues dicha finalidad no consiste en averiguar sino en verificar, pues la verificación no da lugar a confusión, apoyándose en mate-ria laboral en las presunciones, debido a que a diferencia de un proceso civil, las partes sociales no se encuentran en igualdad de condiciones para probar simé-tricamente sus dichos, por la desigualdad de las partes en conflicto propio de un proceso laboral.

IV. LOS MEDIOS PROBATORIOS

Ahora bien, si la prueba es el instrumento que pretende mostrar la verdad o falsedad de un hecho, entonces, los medios probatorios son los instrumentos con los cuales se pretende lograr el cercioramiento del juzgador sobre los hechos objeto de prueba.

Con el mismo criterio Herrera Vásquez(15), en palabras de Devis Echan-día, sostiene que probar es aportar al proceso a través de medios y procedimien-tos contemplados en la ley, aquellos instrumentos que suministren las razo-nes o motivos, que produzcan el convencimiento o la certeza del juez sobre los hechos.

(15) HERRERA VÁSQUEZ, Ricardo. “La inversión de la carga de la prueba: ¿manifestación del ‘In dubio pro operario’?”. En: Themis Revista de Derecho. Nº 18, 1991, p. 42.

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Así, la APICJ(16) sostiene acertadamente que estos instrumentos pueden consistir en “objetos, materiales, documentos, fotografías, entre otros, o en una conducta humana realizada bajo ciertas condiciones, por ejemplo, declaraciones de partes, declaraciones de testigos, dictámenes periciales, inspecciones judicia-les, entre otros”.

En ese sentido, Paredes Palacios(17) ha señalado que:

“Los medios probatorios o medios de prueba no son otra cosa que las herra-mientas, aportadas principalmente por las partes y eventualmente gestio-nadas a iniciativa del juez, gracias a las cuales el órgano jurisdiccional se pone en contacto con los hechos desconocidos para comprobarlos con base en las razones o motivos que los mismos provocan y que llevan al juez a la certeza sobre la existencia u ocurrencia de tales hechos”.

Entonces, los medios probatorios dentro de un proceso judicial son todos aquellos instrumentos procesales aportados por las partes y excepcionalmente por el juez a través de los medios probatorios de oficio, con la finalidad de com-probar la verdad o falsedad de un determinado hecho o afirmación alegados por las partes y permitidos por ley.

En ese sentido, la ley ha clasificado a los medios probatorios en típicos y atípicos.

1. Medios probatorios típicos y atípicos

Los medios probatorios típicos se encuentran tipificados en los artículos del 22 al 28 de la NLPT de manera taxativa y en un orden de actuación debi-damente organizado como sigue: a) la declaración de partes; b) la declara-ción de testigos; c) exhibición de planillas; d) pericia; y e) inspección judicial; mientras que los medios probatorios atípicos no se encuentran tipificados en la nueva norma procesal y hacen referencia a otros medios probatorios distin-tos de los anteriores que cumplan con proporcionar certeza sobre los hechos relevantes.

Asimismo, el TUO del CPC, norma de aplicación supletoria al proceso laboral, ha dispuesto en el artículo 192 como pruebas típicas la declaración de

(16) ASOCIACIÓN PERUANA DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS JURÍDICAS (APICJ). Teoría General del Proceso. 1a edición. San Marcos E.I.R.L., 2010, p. 95.

(17) PAREDES PALACIOS, Paul. “Las presunciones como sucedáneos de los medios probatorios”, ensayo publicado en VV.AA., Aportes para la reforma del proceso laboral peruano. Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Lima, 2005, p. 180.

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parte, la declaración de testigos, los documentos, la pericia y la inspección judi-cial; conformando los medios probatorios atípicos, según lo señalado por el artículo 193 del mismo cuerpo legal, aquellos no previstos en el artículo antes indicado, encontrándose constituidos por auxilios técnicos y científicos que per-mitan lograr la finalidad de los medios probatorios.

Al respecto, Rodríguez Domínguez(18) señala, haciendo referencia a Eduardo Couture, que con criterio análogo al empleado en la clasificación de las reglas de los medios probatorios atípicos, el proceso no puede ser ajeno al progreso técnico y científico, por lo que considera que la enumeración legal de los medios probatorios contenida en los códigos es enunciativa y no taxa-tiva, es decir, la enumeración de los medios de prueba no implica una limita-ción de estos; por el contrario, existe numerus apertus, un ejemplo de este tipo de medios probatorios es la prueba científica, la cual hace uso de medios cientí-ficos, tecnológicos o electrónicos de prueba, entre otros: análisis hematológicos o bacteriológicos y sus copias cuando se acompañen su interpretación; soportes videográficos, registros dactiloscópicos y fonográficos, versiones taquigráficas traducidas, medios de reproducción de sonido, de imagen, de palabra, archivos informáticos y cualquier otro avance tecnológico pertinente a criterio judicial, obtenido lícitamente.

Por otro lado, coincidimos con Gómez Valdez(19), al señalar respecto a los medios probatorios atípicos, que en la práctica procesal los documentos que posee el trabajador son, casi siempre, las exhibiciones solicitadas, las verifica-ciones realizadas por los auxiliares de justicia y, específicamente, el informe de revisión de planillas o la pericia contable o médica o científica que determinarán la validez y convicción de la prueba ofrecida y actuada, así como las planillas electrónicas que pondrá a disposición del juez la Sunat, encargada de su exclu-sivo manejo.

Sin embargo, es preciso resaltar que esta clasificación de medios proba-torios atípicos no agota las posibilidades teóricas de cualquier otro medio de prueba concebible, pues las posibilidades técnicas y científicas permiten hallaz-gos de nuevos medios probatorios, como las grabaciones de audio/video, regis-tros informáticos, entre otros.

En consecuencia, si bien es cierto que nuestro ordenamiento procesal ha hecho una clasificación general de los medios probatorios en típicos y atípicos,

(18) RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, Elvito. Manual de Derecho Procesal Civil. 3a edición, Grijley, Lima, 1999, pp. 73-74.

(19) GÓMEZ VALDEZ, Francisco. Ob. cit., p. 348.

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de acuerdo a su enunciación legal o no en la norma; por otro lado, la doctrina ha clasificado a estos medios probatorios teniendo en cuenta el objetivo de la prueba en directa o inmediata y en prueba indirecta o mediata.

Así, lo señalan Ledesma Narváez(20) y Paredes Palacios(21), quienes han cla-sificado a los medios probatorios en medios de prueba directos e indirectos, que en palabras de Carnelutti los definen:

“Llamando directa a aquella prueba que consiste en el mismo hecho a pro-bar e indirecta aquella otra que consiste en un hecho diverso al hecho a probar”.

1.1. Prueba directa o inmediata o principales

Este tipo de prueba tiene por objeto producir afirmaciones susceptibles de ser comprobadas de manera directa con las vertidas en los escritos de alega-ciones o también se habla de prueba directa en el sentido de que el juez pueda percibir de manera directa el hecho por sí mismo, un ejemplo de este último supuesto es la inspección judicial.

Así, podemos decir que la prueba directa no es el hecho mismo, sino la actividad o verificación del juez, y no el hecho inspeccionado, este es el objeto de la prueba.

Entonces, la prueba será directa o inmediata, cuando exista unidad entre el hecho probado y el hecho que se prueba, es decir, cuando se trata de un solo hecho y se llega al conocimiento del hecho por probar cuando la actividad per-ceptora inmediata del juzgador recae sobre hechos presentes y actuales que ten-gan la condición de permanentes o siendo transitorios que ocurran en presencia del juez o subsistan en el momento de la inspección.

Asimismo, Ledesma Narváez(22) señala que dentro de este tipo de prueba se suele distinguir, atendiendo a la naturaleza del medio de prueba de donde pro-cede, a las pruebas personales y pruebas reales. En el primer caso, se encuentran los testigos, la confesión y los peritos; en el segundo, los documentos.

(20) LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. Ob. cit., pp.26-27. (21) PAREDES PALACIOS, Paul. Ob. cit., p. 180.(22) LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. Ob. cit., pp. 26-27.

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1.2. Prueba indirecta o mediata o accesorias

En cambio, las pruebas indirectas, según afirma Ledesma Narváez(23), sirven para extraer nuevas afirmaciones, que permitan fijar por deducción los hechos controvertidos. De ahí que se les conozca también como pruebas indiciarias, por presunciones.

Pues, este tipo de prueba muestra hecho distinto a lo que debe probarse, pero proporciona datos o elementos a partir de los cuales el juez formula un argumento o juicio crítico, para deducir indirectamente la existencia u ocurren-cia de un hecho a probar, un ejemplo de esto son los sucedáneos de los medios probatorios.

Asimismo, se habla de prueba indirecta, según si el juez puede percibir el hecho de prueba a través de un instrumento adecuado, por ejemplo, los docu-mentos, testigos, dictamen pericial, entre otros.

De ahí que en la prueba indirecta existan dos percepciones del hecho sin necesidad de que sean presentes y son: la del sujeto que percibió el hecho, ya sea la parte, el perito, el testigo, entre otros, y la del juez que solo percibe el hecho de la confesión o del dictamen o del testimonio o del documento.

2. Principios de los medios probatorios

2.1. Principio de adquisición

Consiste en una vez incorporados los medios probatorios al proceso y/o acto procesal dejan de pertenecer a quien los ofreció y pasan a formar parte del proceso, la contraparte puede hacer uso de los mismos y establecer conclusiones que beneficien a sus argumentos para obtener un fallo favorable.

2.2. Principio de contradicción

Con la Nueva Ley Procesal de Trabajo, las partes deben olvidarse de escon-der los medios probatorios, es decir, al momento de imponer y contestar la misma las partes procesales deben acompañar todos los medios probatorios que acrediten sus alegaciones para que así la contraparte pueda contradecir mediante tachas u oposiciones si es que resulte necesario.

(23) LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. Ob. cit., p. 27.

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2.3. Principio de pertinencia

Los medios probatorios que se ofrezcan deben ser vinculados directamente con los hechos controvertidos. De lo contrario, el juez laboral, en la etapa de admisión de pruebas, los desestimará por no estar relacionados a los hechos materia del debate.

V. ASPECTOS DE LA PRUEBA VINCULADOS A SU CONCEPTO

El mundo anterior al proceso informa sobre la existencia de hechos; sin embargo, para el derecho solo son relevantes aquellos hechos que generan con-secuencias jurídicas, derivadas ya sea de actos jurídicos (relaciones jurídicas) o actos ilícitos.

La explicación anterior pone de manifiesto la existencia de la fuente de prueba que es anterior al proceso judicial y se encuentra tanto en personas como en cosas.

Ahora bien, dentro de un proceso judicial, las controversias tienen como antecedentes una o más relaciones jurídicas, estas se forman sobre la base de la voluntad de las personas que intervienen en ellas y quedan registradas en los documentos o medios que ellas mismas determinan.

Por lo que si una de las partes decide iniciar un proceso judicial, para resol-ver una controversia deberá presentar su demanda, satisfaciendo previamente las exigencias legales propias de un proceso, entre ellas el ofrecimiento de los medios probatorios.

Estos medios probatorios se obtienen de la fuente de prueba y son los ins-trumentos que emplean las partes para acreditar sus afirmaciones dentro de un proceso, con lo cual podemos afirmar que el modo de incorporar la fuente de prueba al proceso es mediante los medios probatorios.

De lo dicho hasta aquí, podemos inferir que del concepto de prueba deri-van seis aspectos estrechamente vinculados que no siempre se distinguen con precisión, por lo que en ocasiones son adoptados e invocados erróneamente como ocurre con los términos: fuente de prueba, elemento de prueba, órgano de prueba, medio de prueba, objeto de prueba y oportunidad de la prueba.

1. Fuente de prueba

La fuente de prueba constituye el momento anterior al proceso, es el dato objetivo fuera e independiente del proceso judicial, por ejemplo, resoluciones,

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carta de renuncia, acta de inspección, contrato de trabajo, la parte, el testigo, el documento, el lugar, objeto o persona que ha de ser examinado, el conocimiento técnico del perito, entre otros. Es decir, todos aquellos instrumentos que deben averiguar las partes para acreditar sus afirmaciones.

Es posible que una fuente de prueba nunca llegue a un proceso, por ejem-plo, si las partes involucradas en una relación jurídica entran en conflicto pue-den solucionarlo mediante una transacción extrajudicial sin necesidad de ingre-sar a un proceso judicial, o en el caso de una carta de despido en la que una persona nunca pide su reincorporación vía judicial por despido fraudulento.

2. Elemento de prueba

Es la fuente de prueba incorporada “legalmente” al proceso capaz de pro-ducir un conocimiento cierto o probable acerca de las afirmaciones alegadas por las partes, es decir es el dato relevante o de utilidad para obtener la verdad de los hechos, y crear convicción en el juez, por ejemplo, la carta de renuncia cuando se incorpora al proceso legalmente se convierte en elemento de prueba y crea convicción; por lo que es usada por el juez para sustentar su decisión.

En pocas palabras, para que el juez pueda valorar la fuente de prueba, esta debe convertirse en elemento de prueba y para que se convierta en elemento de prueba debe incorporarse válidamente al proceso.

3. Órgano de prueba

Son aquellos “elementos humanos” que aportan al proceso una prueba o un elemento de prueba, constituyéndose en un intermediario entre el juez y la prueba, transmitiendo de modo directo el dato objetivo para resolver la contro-versia, ya sea de modo oral, el testimonio y los peritos; o por escrito, los dictá-menes periciales.

Sin embargo, el abogado no es órgano de prueba, pues no es parte en el proceso, ya que su dicho es irrelevante para efectos probatorios, por ende, no puede el juez interrogar al abogado.

Del mismo modo, el juez no es órgano de prueba, ya que él no aporta prue-bas al proceso, sino por el contrario es el receptor de las mismas.

4. Medio de prueba

Es la vía, canal o conducto que establece la ley para lograr el ingreso de la fuente de prueba al proceso, es decir, es un concepto judicial técnicamente procesal.

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Por lo que la fuente de prueba, cuando es ofrecida con la demanda o en la contestación, y la audiencia correspondiente la admite, se convierte en medio de prueba.

Entonces el medio de prueba es el conjunto de trámites procesales nece-sarios para introducir cualquiera de esas realidades en un proceso, por ende, es un concepto jurídico y absolutamente procesal, que nacerá y se formará en el proceso.

5. Objeto de prueba

Como bien se señaló en el punto referido al objeto de la prueba, el mismo no son los hechos, sino las afirmaciones controvertidas que sobre estos efec-túan las partes, pues los hechos existen en la realidad, fuera del proceso y en el proceso.

Al respecto, Martel Chang(24) afirma que el objeto de la prueba se refiere a los puntos controvertidos que se fijan dentro del proceso, es decir, aquellos hechos que se extraen de la comparación entre las afirmaciones que han hecho ambas partes en los actos postulatorios demanda y contestación.

Asimismo, Mixán Mass(25) sostiene que el objeto de prueba es todo aquello que constituye materia de la actividad probatoria, aquello que requiere ser ave-riguado, conocido y demostrado, por lo que debe tener la calidad de real, proba-ble o posible.

Entonces el objeto de prueba será todo aquello que se quiere comprobar en el proceso por ser objeto de discusión en el mismo, por ejemplo: el despido, horas extras, la relación laboral, entre otros.

6. Oportunidad de la prueba

La oportunidad de la prueba es un derecho de las partes para anunciar la prueba, presentarla, solicitarla, practicarla y aprovecharla en sus pretensiones, tomando en consideración que la prueba pertenece al proceso.

Cabe señalar que por regla general los medios probatorios deben ser ofreci-dos por las partes en la etapa postulatoria del proceso, así lo dispone el artículo 189 del TUO del CPC:

(24) MARTEL CHANG, Alfonso. Pruebas de oficio en el proceso civil. 1a edición, Instituto Pacífico, 2015, p. 60.

(25) MIXÁN MASS, Florencio. Teoría de la prueba. Editorial BLG, Trujillo - Perú, 1992, p. 180.

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“Artículo 189.- Oportunidad

Los medios probatorios deben ser ofrecidos por las partes en los actos pos-tulatorios, salvo disposición distinta de este Código”.

Asimismo, el artículo 21 de la NLPT dispone:

“Artículo 21.- Oportunidad

Los medios probatorios deben ser ofrecidos por las partes únicamente en la demanda y en la contestación. Extraordinariamente, pueden ser ofrecidos hasta el momento previo a la actuación probatoria, siempre y cuando estén referidos a hechos nuevos o hubiesen sido conocidos u obtenidos con pos-terioridad. Las partes concurren a la audiencia en la que se actúan las prue-bas con todos sus testigos, peritos y documentos que, en dicho momento, corresponda ofrecer, exhibir o se pretenda hacer valer con relación a las cuestiones probatorias. Esta actividad de las partes se desarrolla bajo su responsabilidad y costo, sin necesidad de citación del juzgado y sin perjui-cio de que el juez los admita o rechace en el momento. La inasistencia de los testigos o peritos, así como la falta de presentación de documentos, no impide al juez pronunciar sentencia si, sobre la base de la prueba actuada, los hechos necesitados de prueba quedan acreditados. En ningún caso, fuera de las oportunidades señaladas, la presentación extemporánea de medios probatorios acarrea la nulidad de la sentencia apelada. Estos medios proba-torios no pueden servir de fundamento de la sentencia”.

Entonces, de acuerdo a la ley, la oportunidad para ofrecer la fuente de prueba es en la demanda y en la contestación, respectivamente; sin embargo, hay casos extraordinarios en que se puede ofrecer en el momento anterior a la actuación probatoria, por ejemplo, si se refiere a hechos nuevos o si se refiere a hechos conocidos u obtenidos con posterioridad, es decir hechos que ya existían pero que nadie los conocía.

También es factible ofrecer medios probatorios al formularse el recurso de apelación; sin embargo, estos medios probatorios solo serán admitidos en cali-dad de nuevos medios probatorios de oficio, siendo esta decisión inimpugnable por las partes.

Asimismo, el ofrecimiento de los medios probatorios debe cumplirse res-petando el principio de legalidad y formalidad de la prueba, el cual exige que el medio probatorio deba satisfacer las reglas establecidas por la ley procesal.

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VI. EL DERECHO FUNDAMENTAL A PROBAR

El derecho fundamental a la prueba tiene protección constitucional en la medida en que se trata de un derecho comprendido en el contenido esencial del derecho al debido proceso, reconocido en el artículo 139, inciso 3(26), de la Constitución y las leyes internacionales que garantizan los derechos fundamen-tales de la persona. De tal forma que las normas constitucionales en materia pro-batoria se interpretan en relación directa a las normas internacionales que tienen plena vigencia en nuestro sistema jurídico. Por ello pueden ser alegadas y apli-cadas en cualquier orden jurisdiccional, nacional o internacional, y en cualquier tipo de proceso o procedimiento, incluyendo el laboral.

Compartimos la opinión de Bustamante Alarcón(27), al señalar que el dere-cho a probar es un derecho subjetivo de carácter fundamental, inherente a todo sujeto de derechos, pudiendo ejercerlo en cualquier orden jurisdiccional, interno o internacional, o en cualquier tipo de proceso o procedimiento(28), así sea este último: administrativo, militar, arbitral o particular, conforme a los principios que lo delimitan y le dan contenido. En ese sentido, agrega Bustamante, todos los medios probatorios pertinentes que resulten necesarios para acreditar los hechos que sirven de fundamento a su pretensión o a su defensa y su vulnera-ción implicarán una afectación al orden constitucional.

(26) Principios de la Administración de Justicia Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni some-

tida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos juris-diccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación.

(27) BUSTAMANTE ALARCÓN, Reynaldo. Ob. cit., p. 178.(28) La doctrina no es unánime en el uso de las categorías: proceso y procedimiento. Hay

quienes encuentran diferencias entre ellas, quienes le dan una acepción distinta, y quienes usan indistintamente ambos conceptos sin plantearse el tema de su diferencia.

Para nosotros, proceso o si se quiere, proceso judicial laboral, está referido exclusivamente a la vía jurisdiccional, que inicia de parte, está referido al reconocimiento y exigibilidad del derecho reconocido en alguna materia del ordenamiento laboral, y que culmina en calidad de cosa juzgada, con el objeto de alcanzar la tan ansiada paz social en justicia; mientras que procedimiento pertenece al ámbito administrativo y corporativo particular, y es el conjunto de normas o reglas de conducta que regulan la actividad, participación y las facultades y deberes de los sujetos procesales, así como la forma en que se desarrollarán los actos en un proceso, se inicia de oficio, ya sea por denuncia o iniciativa del Estado, y finaliza en cosa decidida. Es necesario mencionar que el procedimiento inspectivo laboral termina con la imposición de una multa, el trabajador solo puede ir a un juicio para exigir cumplimiento de la resolución administrativa, no cabiendo a la acción contenciosa administrativa.

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Ahora bien, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha señalado en la STC Exp. N° 06712-2005-HC/TC, lo siguiente:

“(…) existe un derecho constitucional a probar, aunque no autónomo, que se encuentra orientado por los fines propios de la observancia o tutela del derecho al debido proceso. Así el colegiado ha señalado que ‘Consti-tuye un derecho básico de los justiciables producir la prueba relacionada con los hechos que configuran su pretensión o su defensa. Según este dere-cho, las partes o un tercero legitimado en un proceso o procedimiento, tie-nen el derecho a producir la prueba necesaria con la finalidad de acreditar los hechos que configuran su pretensión o su defensa. Así, por ejemplo, el artículo 188 del Código Procesal Civil establece que los medios probato-rios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, pro-ducir certeza en el juez respecto de los puntos controvertidos y fundamen-tar sus decisiones. Se trata de un derecho complejo que esté compuesto por el derecho a ofrecer medios probatorios que se consideren necesarios, a que estos sean admitidos, adecuadamente actuados, que se asegure la pro-ducción o conservación de la prueba a partir de la actuación anticipada de los medios probatorios y que estos sean valorados de manera adecuada y con la motivación debida, con el fin de darle el mérito probatorio que tenga en la sentencia. La valoración de la prueba debe estar debidamente moti-vada por escrito, con la finalidad de que el justiciable pueda comprobar si dicho merito ha sido efectivamente y adecuadamente realizado. Recono-cido el derecho a la prueba desde el punto de vista constitucional, este Tri-bunal considera pertinente señalar que no todos los supuestos de su con-tenido merecen protección a través de un proceso constitucional de la libertad (amparo o hábeas corpus). Tal como lo establece el artículo 200 de la Constitución, estos tipos de procesos han sido establecidos para prote-ger derechos de rango constitucional. Los derechos que tengan su sustento en normas de rango legal o inferior no podrán ser acogidos mediante estos procesos; el artículo 5, inciso 1, del Código Procesal Constitucional señala, a contrario sensu, que solamente serán amparables en sede constitucio-nal aquellas pretensiones que estén referidas en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado, tal como se expresara en la STC Exp. N° 1417-2005-AA/TC’”.

Asimismo, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha señalado en la STC Exp. N° 1014-2007-PHC/TC lo siguiente:

“9. (…) el derecho fundamental a la prueba tiene protección constitucio-nal, en la medida en que se trata de un derecho comprendido en el con-tenido esencial del derecho al debido proceso, reconocido en el artículo 139, inciso 3, de la Constitución. Una de las garantías que asisten a las

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partes del proceso es la de presentar los medios probatorios necesarios que posibiliten la creación de convicción en el juzgador sobre la vera-cidad de sus argumentos. Sin embargo, como todo derecho fundamen-tal, el derecho a la prueba también está sujeto a restricciones o limita-ciones, derivadas tanto de la necesidad de que sean armonizados con otros derechos o bienes constitucionales –límites extrínsecos–, como de la propia naturaleza del derecho en cuestión –límites intrínsecos. Sin embargo, el reconocimiento del derecho a la prueba en la norma-tividad es restringido y se lo relaciona casi exclusivamente con la pre-sunción de inocencia. Por eso, normalmente aparece bajo la fórmula siguiente: ‘la persona se considera inocente mientras no se haya decla-rado judicialmente su responsabilidad’. Este es el enunciado utilizado en el artículo 2, inciso 24, acápite e, de la Constitución, que repro-duce lo estipulado por el artículo XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y, en cierta forma, lo prescrito en los artículos 11, inciso 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 14, inciso 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8, inciso 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

10. No obstante, es menester considerar también que el derecho a la prueba lleva aparejada la posibilidad de postular, dentro de los límites y alcan-ces que la Constitución y las leyes reconocen, los medios probatorios pertinentes para justificar los argumentos que el justiciable esgrime a su favor. Por ello, no se puede negar la existencia del derecho funda-mental a la prueba. Constituye un derecho fundamental de los justicia-bles producir la prueba relacionada con los hechos que configuran su pretensión o su defensa. Según esta dimensión subjetiva del derecho a la prueba, las partes o un tercero legitimado en un proceso o procedi-miento tienen el derecho de producir la prueba necesaria con la finali-dad de acreditar los hechos que configuran su pretensión o defensa.

11. Atendiendo al doble carácter de los derechos fundamentales en general y del derecho a la prueba en particular, este, en su dimensión objetiva, comporta también el deber del juez de la causa de solicitar, actuar y dar el mérito jurídico que corresponda a los medios de prueba en la senten-cia. En la medida en que el objetivo principal del proceso penal es el acercamiento a la verdad judicial, los jueces deben motivar razonada y objetivamente el valor jurídico probatorio en la sentencia”.

Finalmente podemos concluir que el derecho fundamental a la prueba tiene protección constitucional, en la medida en que se trata de un derecho com-prendido en el contenido esencial del derecho al debido proceso, reconocido

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en el artículo 139, inciso 3, de la Constitución, y en el artículo 2, inciso 24; sin embargo, como todo derecho fundamental encuentra sus límites en el dere-cho a la presunción de inocencia reconocido en el acápite e, de la Constitu-ción, que reproduce lo estipulado por el artículo XXVI de la Declaración Ame-ricana de los Derechos y Deberes del Hombre, y, en cierta forma, lo prescrito en los artículos 11, inciso 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 14, inciso 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8, inciso 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por ello, el derecho a la prueba lleva aparejado la posibilidad de aportar, dentro de los límites y alcances que la Constitución y las leyes reconocen, los medios probatorios pertinentes para demostrar las afirmaciones alegadas por las partes que posibiliten la creación de convicción en el juzgador sobre la veracidad de sus argumentos.

Entonces, el derecho a la prueba constituye un derecho básico de las par-tes o un tercero legitimado en un proceso o procedimiento de producir la prueba relacionada con los hechos que configuran su pretensión o su defensa.

CAPÍTULO IIAspectos generales

de la actividad probatoria en la Nueva Ley Procesal

del Trabajo

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CAPÍTULO IIASPECTOS GENERALES DE LA

ACTIVIDAD PROBATORIA EN LA NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO

I. NUEVA REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD PROBATORIA EN LA NUEVA LEY PROCESAL LABORAL

Nuestro ordenamiento laboral con la anterior norma procesal, Ley N° 26636, estuvo cargada de excesivos formalismos que muchas veces impe-dían al trabajador, la parte más débil de la relación laboral, probar la existencia de una relación laboral y/o el incumplimiento de normas laborales; e incluso, exigía para su culminación periodos excesivamente largos, sin que generen pro-nunciamientos brillantes que ofrezcan la garantía debida, lo que obstaculizaba el ejercicio pleno de una tutela jurisdiccional efectiva.

Así, la actividad probatoria regulada en el LPT, y en consecuencia la posi-bilidad de producir certeza, constituía uno de los principales problemas de la estructura del proceso anterior.

En ese sentido, Vinatea Recova y Toyama Miyagusuku(29) señalan que esta Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley N° 29497, a fin de superar las vicisitu-des surgidas con la ley anterior, Ley N° 26636, regula un tipo de proceso que trata de simplificar la aplicación y cumplimiento de la norma laboral, a través de la institucionalización de un proceso concentrado y oral, en la que mediante una audiencia de juzgamiento, se concentre el proceso y se sentencie en un solo acto, abandonando el sistema escrito y desconcentrado que regulaba la anterior Ley, en la que los procesos eran dilatorios pudiendo durar como mínimo de 3 a 4 años, a diferencia de la actual que prevé un proceso de conclusión rápida de 6 meses.

(29) VINATEA RECOBA, Luis y TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge. Análisis y comentarios de la Nueva Ley Procesal del Trabajo. 1a edición, Gaceta Jurídica, Lima, 2012, pp. 20-23.

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Así, la principal virtud de la reforma laboral es que a través de la nueva regulación de la actividad probatoria busca simplificar la aplicación y cumpli-miento de la norma laboral para los casos en que esta es incumplida.

Asimismo, consideramos que la nueva regulación de la actividad probato-ria contenida en la NLPT se adecua más a la relación de desigualdad en la que se encuentra el trabajador, desigualdad que también se ve reflejada en el proceso y en las que estas nuevas reglas probatorias resultan de gran utilidad a fin de alcanzar la igualdad real de las partes.

En ese sentido, como bien señala Priori Posada(30), la regulación en materia de presunciones y carga de la prueba contenidas en la NLPT constituyen una clara manifestación del principio protector que actúa a favor del trabajador, sin que ello en modo alguno signifique un menoscabo al derecho al debido proceso del empleador. Ello es así debido a que dicha compensación persigue la igualdad de las partes y no la superioridad del trabajador como parte procesal; en otras pala-bras, continúa Priori, “en ningún caso puede llegar a verse afectado sustancial-mente el respeto a la imprescindible igualdad de las partes en curso del proceso”.

Asimismo, otro aspecto a resaltar del nuevo proceso laboral es la proximi-dad existente entre la actuación de las pruebas y la sentencia. De esta manera, señala Toyama Miyagusuku e Higa García(31) contrariamente a lo que ocurría con la LPT, en la cual las pruebas acerca de los hechos en conflicto eran actua-das sin ningún orden y de forma lejana al acto de emisión de la sentencia, en el nuevo proceso oral las posibilidades de producir certeza en el juzgador aumen-tan sobremanera dada la cercanía entre la etapa de la actuación probatoria y la sentencia. En ese sentido, la norma permite al juzgador valorar de una manera más óptima los medios probatorios y emitir una decisión más rápida y razonada, lo cual impedirá que el transcurrir del tiempo diluya las impresiones inmediatas que le hubieran generado los medios de prueba.

Finalmente, es preciso acotar que la NLPT en materia probatoria ha puesto mayor énfasis a los principios rectores del nuevo proceso laboral. No por nada Alarcón Salas(32) ha advertido que la etapa de actuación probatoria que propone la NLPT es la mejor oportunidad para la aplicación de los principios rectores

(30) PRIORI POSADA, Giovanni y otros. Comentarios a la Nueva Ley Procesal del Trabajo. Ara Editores, Lima, 2011, p. 154.

(31) TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge y HIGA GARCÍA, Alfonso. “La prueba en el Derecho Laboral: el proceso inspectivo y la justicia oral”. En: Derecho y Sociedad. Asociación Civil. Año 22, N° 37, diciembre, 2011, p. 223.

(32) ALARCÓN SALAS, Magaly. “La actividad probatoria: Eje del nuevo proceso laboral”. En: Soluciones Laborales. N° 40, Gaceta Jurídica, Lima, abril, 2011, p. 69.

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Aspectos generales de la actividad probatoria en la Nueva Ley Procesal del Trabajo

del nuevo proceso laboral, por cuanto presenta actos concentrados, promueve la celeridad y necesita indispensablemente del rol activo del juez.

II. PRINCIPIOS DE LA NUEVA LEY PROCESAL LABORAL Y SU RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD PROBATORIA

Estos principios se encuentran concebidos en el artículo I del Título Preli-minar de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley N° 29497, que dispone:

“El proceso laboral se inspira, entre otros, en los principios de inmediación, oralidad, concentración, celeridad, economía procesal y veracidad”.

Sin embargo, Giovanni Priori(33) advierte que el artículo I del Título Prelimi-nar de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley N° 29497, no contiene principios procesales propiamente dichos, sino contiene una perspectiva de la “teoría gene-ral del proceso, principios del procedimiento, es decir, postulados que sirven para describir la naturaleza y contenido del sistema procesal laboral”, caracterizado por ser un sistema publicístico cuya finalidad es otorgar una tutela jurisdiccional efec-tiva para la reivindicación de los derechos laborales vulnerados y protegidos cons-titucionalmente, en suma dichos principios son principios estructurales que esta-blecen cómo se va a llevar a cabo el proceso. Así menciona, en palabras del Dr. Montero Aroca, que estos van a funcionar como “mandatos de optimización”

Por su parte, Toledo Toribio(34) señala que los principios procesales o tam-bién llamados principios operacionales constituyen la base dogmática del Dere-cho Procesal Laboral, que lo tipifican como una disciplina autónoma; en ese sentido, son pautas o reglas de orientación que intervienen en las diversas fases de la actividad jurídica, esto es, en la creación de las normas, en la interpreta-ción y en la aplicación de las mismas por parte de los tribunales.

En ese sentido, Toledo Toribio(35) coincide con Beltrán Ponce(36) al afirmar que los principios procesales del derecho al trabajo, en conjunto, buscan lograr como objetivo que la controversia jurídica se resuelva a través de un proceso

(33) PRIORI POSADA, Giovanni y otros. Ob. cit., pp. 43-44.(34) TOLEDO TORIBIO, Omar. Derecho Procesal Laboral. Principios y competencia en

la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley 29497. Comentarios y notas jurisprudenciales. Grijley, Lima, 2011, p. 65.

(35) TOLEDO TORIBIO, Omar. “Tratamiento judicial del despido incausado y despido fraudulento, y la problemática del juzgado de paz letrado, al influjo del II Pleno Jurisdiccional Supremo en Materia Laboral 2014”. En: Soluciones Laborales. Año 7, N° 83, Lima, 2014, p. 69.

(36) BELTRÁN PONCE, Eduardo. “La estructura del nuevo proceso laboral peruano y el principio de concentración”. En: Perspectiva jurídica B&S, pp. 1-7. 2010. Consulta: 21 de

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rápido y eficaz, es decir sin vulnerar el debido proceso, pues una justicia lenta no es justicia.

En igual sentido, la sentencia en la Cas. Lab. N° 10156-2013-La Libertad ha sostenido en el fundamento quinto lo siguiente:

“(…) atendiendo a los principios que inspiran este nuevo modelo procesal laboral ‘oral’, recogidos en el artículo I de la Nueva Ley Procesal del Tra-bajo, que señala ‘El proceso laboral se inspira, entre otros, en los principios de inmediación, oralidad, concentración, celeridad, economía procesal y veracidad’ (resaltado es nuestro); cuya aplicación tiene singular importan-cia a nivel del proceso laboral donde se discuten derechos sociales de natura-leza alimentaria, imponen la necesidad que el proceso laboral sea resuelto a la mayor brevedad posible, sin que eso implique limitar o desconocer el derecho de defensa y debido proceso que corresponde a la parte deman-dada. Así, el principio de celeridad es el principio en virtud del cual el pro-ceso laboral debe gozar de la mayor agilidad de plazos y sencillez en su tra-mitación; sin embargo, también es el principio en virtud al cual se persigue que el proceso, esencialmente oral y menos formalista, evite privilegiar recur-sos, maniobras y decisiones dilatorias sobre incidentes intrascendentes que entorpezcan el proceso. Todo lo cual de la mano con el principio de economía procesal exige que tanto la estructura del proceso como los deberes, faculta-des y actuaciones de las partes y el juez deben realizarse bajo una lógica de eficiencia que permita reducir costos directos e indirectos, o lo que doctrinal-mente se ha llamado ‘economía del gasto’, refiriéndose a los costos patrimo-nialmente cuantificables de forma directa que sufragan en un proceso; ‘eco-nomía del esfuerzo’, para referirse al número de actos procesales por llevarse a cabo; y ‘economía del tiempo’, en alusión a la duración del proceso”.

Así el principio de inmediación otorga al juez la posibilidad de interac-tuar no solo con las partes y los medios de prueba, sino también con los terce-ros intervinientes; concentrando el mayor de número de actos procesales en el menor número de audiencias; celeridad se relaciona respecto a los plazos esta-blecidos legalmente para las actuaciones procesales; y de economía procesal, economía de tiempo de gasto y esfuerzo. La aplicación de estos principios tiene singular importancia a nivel del proceso laboral donde se discuten derechos sociales de naturaleza alimentaria que impone la necesidad que el proceso labo-ral sea resuelto a la mayor brevedad posible, sin desconocer la garantía constitu-cional del derecho de defensa y debido proceso.

marzo de 2018. http://perspectivajuridicabys.blogspot.pe/2010/10/la-estructura-del-nuevo-proceso-laboral.html.

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Finalmente, debemos precisar que los principios de inmediación, de orali-dad, concentración, celeridad, economía procesal son un bloque principista que se encuentran de manera reiterada no solo en el Código Procesal del Trabajo sino en las normas procesales laborales y civiles de Chile(37), Venezuela(38) y en distintas legislaciones que asimilan el cambio de estructura de la escrituralidad por la oralidad; sin embargo, hay un principio que es excluyente del Código Procesal Laboral que es el de “veracidad”, a diferencia del Código Procesal Penal que es “el de igualdad de armas”, entre otras.

III. OPORTUNIDAD EN LA PRESENTACIÓN DE LOS MEDIOS PROBATORIOS

La oportunidad para ofrecer medios probatorios es al inicio de la etapa pos-tulatoria, es decir, con la presentación de la demanda o con la contestación de la misma.

(37) Capítulo II DE LOS PRINCIPIOS FORMATIVOS DEL PROCESO Y DEL PROCEDIMIENTO

EN JUICIO DEL TRABAJO Párrafo 1 Artículo 425. - De los principios formativos del proceso Los procedimientos del trabajo serán orales, públicos y concentrados. Primarán en ellos

los principios de la inmediación, impulso procesal de oficio, celeridad, buena fe, bilateralidad de la audiencia y gratuidad.

Todas las actuaciones procesales serán orales, salvo las excepciones expresamente contenidas en esta ley.

Las actuaciones realizadas oralmente, por o ante el juez de la causa, serán registradas por cualquier medio apto para producir fe y que permita garantizar la fidelidad, conservación y reproducción de su contenido. Se considerarán válidos, para estos efectos, la grabación en medios de reproducción fonográfica, audiovisual o electrónica. La audiencia deberá ser registrada íntegramente, como asimismo todas las resoluciones, incluyendo la sentencia que dicte el juez fuera de ella. (Lo resaltado es nuestro)

Artículo 428. - Los actos procesales serán públicos y deberán realizarse con la celeridad necesaria, procurando concentrar en un solo acto aquellas diligencias en que esto sea posible. (Lo resaltado es nuestro).

(38) Artículo 23. - Principios de la administración de justicia La legislación procesal, la organización de los tribunales y la administración del trabajo,

se orientarán con el propósito de ofrecer a los trabajadores y a las trabajadoras, patronos y patronas, la solución de los conflictos sobre derechos individuales o colectivos que surjan entre ellos, mediante una administración de justicia orientada por los principios de uniformidad, brevedad, gratuidad, celeridad, oralidad, inmediatez, concentración, prioridad de la realidad de los hechos, la equidad, rectoría del juez en el proceso, sencillez, eficacia, accesibilidad, imparcialidad, idoneidad, transparencia, autonomía, independencia, responsabilidad, atendiendo el debido proceso, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles. (Lo resaltado es nuestro).

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Sin embargo, existe una excepción a la regla contenida tanto en el artículo 21 de la NLPT como en el artículo 429 del TUO del CPC, norma de aplicación supletoria al proceso laboral, que regula lo referente a los medios probatorios extemporáneos, los cuales pueden ser ofrecidos después de la presentación de la demanda o de la contestación, solo si se refieren a hechos nuevos o cuando hubiesen sido conocidas u obtenidas con posterioridad a la presentación de tales escritos. Estas pruebas extemporáneas solo pueden presentarse hasta antes de la actuación probatoria.

Al respecto, cabe resaltar que si una parte ofrece un medio de prueba de manera extemporánea, sin que se configure como un medio de prueba sobre hecho nuevo, ese medio de prueba no puede ser valorado en la sentencia, pues de lo contrario se rompería la igualdad de las partes en el proceso y se afectaría el derecho de defensa de ellas; sin embargo, si la parte contraria no impugna la validez de ese medio probatorio, se entenderá consentida por ambas partes y sí podrá ser valorado en la sentencia.

Entonces, podemos afirmar que los medios probatorios se ofrecen en la pos-tulación del proceso, salvo casos excepcionales se admite su ofrecimiento hasta el momento previo a la actuación probatoria siempre y cuando estén referidos a hechos nuevos o que hubiesen sido conocidos u obtenidos con posterioridad.

1. El principio de oportunidad en la presentación de los medios probatorios

El artículo 21 de la NLPT dispone que la única oportunidad para que las par-tes puedan ofrecer los medios probatorios de prueba es con la demanda y con la contestación de la misma, salvo casos excepcionales se admite su ofrecimiento hasta el momento previo a la actuación probatoria siempre y cuando estén referi-dos a hechos nuevos o que hubiesen sido conocidos u obtenidos con posterioridad.

Asimismo, bajo este principio se obliga a las partes a asistir a la audien-cia donde se actuarán las pruebas con todos sus testigos, peritos y documentos que, en dicho momento, corresponda ofrecer o se pretenda hacer valer respecto de las cuestiones probatorias, bajo su responsabilidad y costo, sin necesidad de citación del juzgado y sin perjuicio de que el juez admita o rechace las pruebas ofrecidas por las partes.

Ahora bien, el segundo párrafo del artículo 21 de la NLPT señala que la ina-sistencia de los testigos o peritos ofrecidos, así como la falta de presentación de documentos, en ningún caso impiden al juez pronunciar sentencia si, sobre la base de las pruebas actuadas, quedan acreditados los hechos necesitados de probanza.

Entonces los medios probatorios que servirán al juez para fundamentar su sentencia serán lo que se ha actuado en audiencia. Los que se presentaron de

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modo extemporánea no serán valorados, porque no se admitieron, ni actuaron oportunamente, rige el principio de preclusión de la prueba.

2. La excepción a la regla: pruebas extemporáneas

De igual manera, la prueba extemporánea en el proceso laboral ha sido reconocida en el artículo 21 de la NLPT, la cual dispone que solo de manera extraordinaria se podrán ofrecer medios probatorios, hasta antes de la actuación de las pruebas, siempre y cuando estén referidos a hechos nuevos o conocidos u obtenidos luego de la presentación de la demanda.

La presentación extemporánea de los medios probatorios no acarrea la nuli-dad de la sentencia apelada. Estos no pueden servir de fundamento de la senten-cia de segunda instancia.

Asimismo, la norma procesal permite que el juez pueda ordenar la práctica de una o varias pruebas adicionales, para lo cual podrá suspender la audiencia de actuación de pruebas hasta por treinta (30) días hábiles, decisión que resulta inimpugnable, lo que no podrá hacerse en la etapa de casación. La omisión de esta facultad no acarreará la nulidad de la sentencia, artículo 22 de la Ley N° 29497.

3. Situaciones excepcionales relacionadas con las pruebas extemporáneas y posibles nulidades

Los supuestos excepcionales de pruebas extemporáneas están reguladas en los artículos 374 y 429 del TUO del CPC y son los siguientes:

3.1. Ofrecimiento de la prueba en apelación

Este supuesto se encuentra reconocido en el artículo 374 del Código Proce-sal Civil, norma de aplicación supletoria al proceso laboral, que si bien no eli-mina la posibilidad de ofrecer nueva prueba en apelación, sí la restringe, permi-tiendo únicamente en los procesos de conocimiento y abreviados a las partes o terceros legitimados ofrecer medios probatorios en el escrito de formulación de la apelación o en el de absolución de agravios, en los siguientes casos:

a) Cuando los medios probatorios estén referidos a la ocurrencia de hechos relevantes para el derecho o interés discutido, pero acaecidos después de concluida la etapa de postulación del proceso.

b) Cuando se trate de documentos expedidos con fecha posterior al inicio del proceso, o que comprobadamente no se hayan podido conocer y obtener con anterioridad.

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c) Es inimpugnable la resolución por la que el superior declara inadmisibles los medios probatorios ofrecidos. Si fueran admitidos, se fijará fecha para la audiencia respectiva, la que será dirigida por el juez menos antiguo, si el superior es un órgano colegiado.

Según este dispositivo los actos procesales de las partes en los que pueden ofrecer medios probatorios, luego de emitirse la sentencia de primera instancia, son dos:

i. La apelación

Es aquel recurso ordinario y vertical o de alzada formulado por quien se con-sidera agraviado con una resolución judicial (auto o sentencia) que adolece de vicio o error, y encaminado a lograr que el órgano jurisdiccional superior en grado al que emitió la revise y proceda a anularla o revocarla, ya sea total o parcial-mente, dictando otro en su lugar u ordenando al juez a quo que expida una reso-lución de acuerdo a los considerandos de la decisión emanada del órgano revisor.

ii. La absolución de apelación

Es el ejercicio de la garantía del derecho de defensa en instancia de revi-sión, la cual está orientada a que el órgano jurisdiccional superior mantenga inalterada la resolución de primera instancia por considerarla ajustada a ley.

Asimismo, establece varios supuestos para su admisión y son:

a) Que los medios probatorios, no documentales, estén referidos a hechos relevantes para el derecho, acaecidos después de concluida la etapa de postulación, pero antes de la emisión de la sentencia.

b) Que los medios probatorios, no documentales, estén referidos a hechos relevantes para el interés discutido, acaecidos después de concluida la etapa de postulación, pero antes de la emisión de la sentencia.

c) Que se trate de documentos emitidos con fecha posterior al inicio del proceso.

d) Que comprobadamente no se haya podido conocer y obtener los docu-mentos con anterioridad al inicio del proceso.

IV. EL SIGNIFICADO DE LA ORALIDAD

Ahora bien, a fin de fijar los conceptos básicos del nuevo sistema proce-sal laboral, debemos entender qué es lo que el legislador concibió por oralidad en la NLPT, a fin de poder entrar a analizar la actuación de los medios probato-rios, pues en la actualidad muchos confunden qué es la oralidad desde el punto de

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vista procesal con el “arte de hablar bien”, “medio de comunicación que se rea-liza dentro del proceso”, “el arte de convencer a través de la dicción”, entre otros.

Sin embargo, el arma fundamental para convencer a los jueces es la prueba, así un viejo adagio menciona “La prueba canta por sí sola, habla por sí sola”, pues en proceso laboral no se convence al juez con el simple dicho sino con la prueba.

Entonces, la oralidad va mucho más allá del arte de hablar bien, es la sumato-ria del arte de hablar bien en público, usar la retórica, la técnica de litigación oral, las técnicas del interrogatorio, para demostrar al juez que la teoría del caso que propo-nen las partes es creíble con la finalidad de obtener una sentencia fundada en mérito a la convicción que se haya formado, se haya exteriorizado y se haya conven-cido al juez de que efectivamente lo que yo me comprometí en probar se efectuó.

Por esto, nuestra NLPT tiene al principio de oralidad como un principio; sin embargo, coincidimos con lo afirmado por Raúl Malca Guaylupo, al sostener que la oralidad no es un principio sino un sistema, pues es una composición de varios elementos para establecer la oralidad, la cual es tan antigua como el pro-ceso mismo, situación que han acogido los procesos norteamericanos.

Así, Pasco Cosmópolis(39) señala:

“La oralidad no es, pues, la mera prevalencia de la expresión hablada sobre la escrita en el desarrollo de las actuaciones procesales, sino que constituye un sistema alterno y distinto al del proceso escriturario, en el que se conjugan además la concentración y la inmediación, lográndose la ansiada celeridad”.

Ahora bien, el artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, establece que entre los principios que inspiran a este proceso laboral está la oralidad.

Al respecto, si bien en la Ley N° 29497, predomina el sistema oral para efectos de lograr un proceso mucho más rápido y permita la participación activa del juez y de las partes, pues el trámite se realiza en audiencia, esto no supone que estamos ante un sistema exclusivamente oral, pues tal como se advierte en los artículos de la ley citada, algunos actos procesales son eminentemente escri-tos, tal como ocurre con la demanda y la contestación de demanda; en conse-cuencia, la Ley N° 29497 representa un sistema mixto.

Del mismo modo el artículo 12 de la NLPT establece la prevalencia de la oralidad sobre la escrituralidad, y señala:

(39) PASCO COSMÓPOLIS, Mario. Comentarios a la Nueva Ley Procesal del Trabajo-Ávalos Jara. Jurista Editores, Lima, 2012, p. 28.

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“Artículo 12.- Prevalencia de la oralidad en los procesos por audiencias

12.1 En los procesos laborales por audiencias las exposiciones orales de las partes y sus abogados prevalecen sobre las escritas sobre la base de las cuales el juez dirige las actuaciones procesales y pronuncia sentencia. Las audiencias son sustancialmente un debate oral de posiciones presididas por el juez, quien puede interrogar a las par-tes, sus abogados y terceros participantes en cualquier momento. Las actuaciones realizadas en audiencia, salvo la etapa de concilia-ción, son registradas en audio y vídeo utilizando cualquier medio apto que permita garantizar fidelidad, conservación y reproduc-ción de su contenido. Las partes tienen derecho a la obtención de las respectivas copias en soporte electrónico, a su costo.

12.2 La grabación se incorpora al expediente. Adicionalmente, el juez deja constancia en acta únicamente de lo siguiente: identificación de todas las personas que participan en la audiencia, de los medios probato-rios que se hubiesen admitido y actuado, la resolución que suspende la audiencia, los incidentes extraordinarios y el fallo de la sentencia o la decisión de diferir su expedición.

Si no se dispusiese de medios de grabación electrónicos, el registro de las exposiciones orales se efectúa haciendo constar, en acta, las ideas centrales expuestas”. (Lo resaltado es nuestro)

Quiere decir que si bien es cierto la demanda fija el contenido del petitorio, en el inicio de la audiencia correspondiente donde se introducen los alegatos de apertura con la confrontación de posiciones(40) puede modificarse el contenido de las pretensiones, aquí no se aplica supletoriamente el Código Civil, pues la norma laboral se va a ejecutar y se va a consolidar, mientras menos se aplique el Código Procesal Civil.

Entonces, puede variarse el petitorio al momento de hacerse la exposición oral de los hechos; siempre y cuando el juez corra traslado inmediatamente a la contraparte, aplicando el principio instrumentalizador del juez director del pro-ceso, a fin de que esta pueda defenderse y no se atente contra el derecho de defensa y el derecho al debido proceso, porque los hechos no se varían, son los mismos, pues lo que varía es la lectura que sobre los hechos efectúa la parte.

(40) El artículo 45 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo señala que la etapa de confrontación de posiciones se inicia con una breve exposición oral de las pretensiones demandadas y de los fundamentos de hecho que las sustentan. Luego, el demandado hace una breve exposición oral de los hechos que, por razones procesales o de fondo, contradicen la demanda.

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En síntesis, la finalidad del proceso laboral es ser un instrumento eficaz para conseguir la protección efectiva de nuestros derechos sustantivos(41) deriva-dos de las relaciones laborales, por lo que la oralidad es un mecanismo para la consecución de ese fin.

V. OBJETO DE LA PRUEBA

1. Hechos objeto de prueba

1.1. Hechos articulados

Son aquellos hechos afirmados por los litigantes en la debida oportunidad procesal, toda vez que los hechos no alegados no pueden ser materia de acredi-tación y, por ende, se encuentra también vedada para el juzgador la investiga-ción de su existencia.

Es decir, la actividad probatoria debe recaer en los escritos constitutivos del proceso, o bien sobre los aducidos y admitidos oportunamente como hechos nuevos, a fin de no trasgredir el principio de congruencia procesal.

Si bien es cierto que, en principio, solo los hechos articulados por las partes pueden ser objeto de demostración, esta regla no obsta que el juez pueda examinar la pertinencia de un hecho diverso demostrado sin la oposición del adversario.

1.1.1. Los hechos nuevos Un hecho nuevo es un acontecimiento que llega a conocimiento de las par-

tes después de entablada la relación procesal.

Es excepcional y su admisibilidad, en primera instancia, se encuentra subordinada a que se haya producido con posterioridad a la contestación de la demanda, o que, aun siendo anterior, hubiese llegado a conocimiento de la parte en ese momento.

Al respecto, Kielmanovich(42) advierte que la alegación de los hechos nue-vos a la traba de la litis procede únicamente en tanto los mismos sean conducen-tes y se encuentren en los términos de la litis y el objeto de la pretensión.

(41) La tutela jurisdiccional efectiva es aquella institución jurídica por la cual toda persona sujeta de derechos puede acceder al órgano jurisdiccional para solicitar el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, a fin de que sea atendida a través de un proceso que le ofrezca las garantías mínimas para su efectiva realización. Es decir, a obtener una decisión judicial no necesariamente acorde con las pretensiones formuladas por el sujeto de derecho, sino una resolución conforme a derecho.

(42) KIELMANOVICH, Jorge. Ob. cit., p. 91.

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1.1.2. Los hechos no considerados en la demanda

Son aquellos hechos o sucesos que no fueron considerados en la presenta-ción de la demanda, pero que introducen en la misma nuevas cuestiones útiles para la solución en el debate.

1.1.3. Los hechos negativos

Los hechos negativos son “susceptibles de acreditarse o inferirse mediante la prueba de hechos positivos que racionalmente interpretados permiten estable-cer, a través de una acertada apreciación judicial, la inexistencia de un hecho o de una situación de hecho, sin que ello, empero exima de destacar la dificul-tad que importa la prueba”(43), entonces, los hechos negativos, al igual que los expresados en forma afirmativa, son objeto de prueba, en tanto constituyan fun-damento de una pretensión o una excepción.

1.1.4. Los hechos sobrevinientesLa doctrina argentina define a los mismos como “aquellos hechos constitu-

tivos, modificativos, o extintivos producidos durante la sustanciación del juicio, aunque no hubiesen sido invocados oportunamente como hechos nuevos”(44).

Es decir, su acontecimiento faculta al juez a considerarlo al momento de sentenciar, sin necesidad de que haya sido invocado por las partes, pues este surge de acuerdo a las acciones deducidas en el juicio.

1.1.5. Los hechos simplesAl respecto, Kielmanovich(45) sostiene que:

“Las partes pueden alegar y probar un hecho que, aunque no haya sido expresamente invocado en la demanda ni en su contestación, está direc-tamente vinculado con una defensa opuesta por la parte contraria que se intenta desvirtuar”.

1.2. Hechos controvertidos

Son aquellos hechos en los que no existe acuerdo entre las partes, y lo que se “discute” en el procedimiento, ya que el resto de hechos no son debatidos en el procedimiento por no ser objeto del mismo, o por existir acuerdo o conformi-dad al respecto.

(43) Ibídem, pp. 92-93.(44) KIELMANOVICH, Jorge. Ob. cit., p. 93.(45) Ibídem, p. 94.

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Asimismo, no solamente los hechos controvertidos son objeto de prueba, sino también los hechos afirmados por una parte y respecto de los cuales la con-traparte guarda silencio.

Entonces, la contestación de la demanda no es por sí sola suficiente para que el juez admita la verdad de los hechos alegados por la actora, sino que dicha circunstancia produce una “presunción favorable” a la pretensión del accio-nante, que debe ser ratificada mediante la correspondiente prueba.

1.3. Hechos conducentes

Son aquellos hechos “que conducen”, esto es que son “a propósito para algún fin”, en el caso del proceso, la sentencia.

Es decir, son objeto de prueba aquellos hechos que deben ser objeto de pro-nunciamiento pues son idóneos para la solución del litigio.

2. Hechos exentos de prueba

El artículo 46 inc. 1 de la NLPT indica cuáles son los hechos que no nece-sitan probarse, ya sea porque han sido admitidos por ambas partes, hechos pre-sumidos por la Ley, hechos recogidos en resolución judicial con calidad de cosa juzgada, los hechos notorios y los hechos imposibles, los cuales detallaremos a continuación:

2.1. Hechos admitidos por las partes

Son los hechos reconocidos por las partes procesales, es decir, aquellos hechos afirmados por una y no contradichos por la otra. Por lo cual estos hechos no son materia de controversia dentro del proceso.

Para Arévalo Vela(46) los hechos admitidos por las partes son aquellos hechos que el demandado no ha negado expresamente en su contestación de demanda.

2.2. Hechos presumidos por la Ley

Son razonamientos lógicos críticos que el legislador ha previsto que se ten-gan por verdaderos al estar contenidos en la Ley.

(46) ARÉVALO VELA, Javier. “Nueva Ley Procesal del Trabajo Ley N° 29497, además: normas complementarias, doctrina”. En: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 1a edición, Editorial Perú, Lima, 2012, p. 411.

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Al respecto, Hinostroza Mínguez(47) explica el fundamento de esta presun-ción en los términos siguientes:

“Las hipótesis tenidas como verdaderas obedecen a razones político jurí-dicas para de esta manera excluir de controversia hechos que por lo gene-ral suceden de la forma prevista por el legislador; también busca quitar el debate hechos normales que constituyen efectos naturales de otros hechos considerados como causas; o simplemente la razón de ser de una presun-ción reposará en la imposibilidad o grave dificultad de prueba de algún hecho, circunstancia en la que ha sido preferible establecer en la ley una consecuencia que, si bien se da en la mayor parte de los casos, puede no presentarse en alguno de ellos”.

Es decir, los hechos presumidos por Ley son todos aquellos razonamien-tos lógicos críticos contenidos en la Ley, que no admiten prueba en contrario iure et de iure, pues el legislador le ha establecido una consecuencia jurídica, que reposa en la imposibilidad o grave dificultad de prueba de algún hecho. Por ejemplo: Se presume sin admitirse prueba en contrario que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones (art. 2012 del TUO del CPC).

2.3. Hechos recogidos en resolución judicial con calidad de cosa juzgada

Estos hechos no necesitan ser probados, pues ya fueron debatidos y someti-dos a prueba.

2.4. Hechos notorios

Un hecho es notorio o de pública evidencia cuando el hecho es conocido por todos quienes integran un determinado ámbito social y cuando se refiera a un conocimiento relativamente amplio dentro del ámbito social.

Al respecto, coincidimos con Carrillo Cisneros(48) al señalar que la noto-riedad viene a ser la cultura común de aquello que es conocido por el término medio de cierto grupo social.

Asimismo, Ledesma Narváez(49) señala que los hechos notorios son verda-des científicas, históricas y geográficas, generalmente reconocidas. Por ejemplo,

(47) HINOSTROZA MÍNGUEZ, Alberto. Derecho Procesal Civil. Medios probatorios. Tomo III, Jurista Editores, Lima, 2010, p. 56.

(48) CARRILLO CISNEROS, Félix. Comentarios a la Nueva Ley Procesal del Trabajo (Ley N° 29497). 1a edición. Ideas Solución Editorial S.A.C., Perú, 2013, p. 168.


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la hiperinflación acaecida en nuestro país en el gobierno aprista es un hecho notorio, que no requiere prueba indispensable.

Un ejemplo de hecho notorio lo encontramos en el caso de la depreciación monetaria, pues este se exime de prueba; sin embargo, para que pueda ser acep-tada en el proceso es necesario se la invoque en la instancia procesal oportuna al iniciar el juicio o hasta la presentación del alegato.

2.5. Hechos imposibles

Se refiere a aquellos hechos sin posibilidad de existencia u ocurrencia, por lo que la prueba no se podrá llegar a practicar. Por ejemplo, llamar a declarar a un testigo que ha fallecido.

VI. MÁXIMAS DE EXPERIENCIA

Son aquellos conocimientos que el juez ha obtenido culturalmente con la costumbre, usos sociales, reglas, experiencias, es decir, con el solo vivir y son utilizados por este para apreciar y valorar la prueba.

Al respecto la doctrina ha intentado establecer el tejido que compone este conjunto de conocimientos del juez y qué aplicaciones recibe dentro del proceso.

Así, el primer teórico en tratarlas fue el alemán Stein(50), quien las definió como:

“[D]efiniciones o juicios hipotéticos de contenido general, desligados de los hechos concretos que se juzgan en el proceso, procedentes de la experien-cia, pero independientes de los casos particulares de cuya observación se han inducido y que, por encima de esos casos, pretenden tener validez para otros nuevos”.

En tanto, Calamandrei(51) señala que las máximas de la experiencia serían aquellas:

“(...) extraídas de su patrimonio intelectual (del juez) y de la conciencia pública (…) las máximas de experiencia poseídas por él, por lo general, le servirán de premisa mayor para sus silogismos (por ejemplo, la máxima de que la edad avanzada produce en general un debilitamiento de la memoria,

(50) STEIN, Friedrich. El conocimiento privado del juez. 2a edición, Temis, Bogotá, 1988, p. 238.(51) CALAMANDREI, Piero. Estudios sobre el proceso civil. Bibliográfica Argentina, Buenos

Aires, 1961, p. 381

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le hará considerar en concreto la deposición de un testigo viejo menos digna de crédito que la de un testigo todavía joven)”.

El procesalista uruguayo Couture(52), por su parte, las identifica como:

“[N]ormas de valor general, independientes del caso específico, pero como se extraen de la observación de lo que generalmente ocurre en numerosos casos, son susceptibles de aplicación en todos los otros casos de la misma especie”.

Finalmente, podemos concluir que las máximas de experiencia forman parte del caudal cultural del juez y no es necesario alegarlas ni probarlas, ya que el juez las aplicará en su sentencia.

VII. HECHOS DE CONOCIMIENTO PERSONAL DEL JUEZ

Son aquellos hechos que el magistrado conoció, fuera del proceso, por haber sido testigo.

Al respecto, advierte Arazi(53) que el juez que conoce directamente de un hecho esencial para la solución del litigio, siempre que ese conocimiento lo haya adquirido fuera del proceso, tiene que excusarse y declarar ante otro magistrado; de esa forma su declaración estará sometida a valoración crítica que este nuevo juez haga en la sentencia, pues la función del sentenciador es incom-patible con la del testigo.

Entonces, el juez no puede hacer mérito en su fallo de los hechos que él conoce si los mismos no son notorios, pues la función del juzgador es incompa-tible con la del testigo.

VIII. ETAPAS DE LA ACTUACIÓN PROBATORIA Y LOS PRINCI-PIOS QUE LA DELIMITAN

Si bien es cierto, el derecho a probar es un derecho subjetivo de carácter fundamental, inherente a todo sujeto de derechos, resulta obvio que no podrá ser ejercido en tanto su titular no esté inmerso en un proceso o procedimiento nacional e internacional, como administrativo, militar, arbitral o particular, y su vulneración implicará una afectación directa al orden constitucional e internacional.

(52) COUTURE, Eduardo. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Depalma, Buenos Aires, 1966, p. 192.

(53) ARAZI, Roland. La prueba en el proceso civil. 3a edición, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe-Argentina, 2008, p. 58.

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De ahí que la prueba en materia judicial sea una actividad predeterminada por la ley, mediante la cual se pretenda obtener la verdad o falsedad sobre las afirmaciones de los hechos controvertidos.

Entonces, los jueces no pueden amparar una demanda, ni desestimarla si esta no va aparejada de las pruebas que incidan sobre la veracidad o falsedad de los hechos alegados. Esto quiere decir que todo el proceso gira sobre la realiza-ción de una actividad probatoria prescrita por ley.

Así la NLPT en el artículo 46 regula la etapa de actuación probatoria, que será dirigida por el juez en el siguiente orden:

“Artículo 46.- Etapa de actuación probatoria

La etapa de actuación probatoria se lleva a cabo del siguiente modo:

1. El juez enuncia los hechos que no necesitan de actuación probato-ria por tratarse de hechos admitidos, presumidos por ley, recogidos en resolución judicial con calidad de cosa juzgada o notorios; así como los medios probatorios dejados de lado por estar dirigidos a la acreditación de hechos impertinentes o irrelevantes para la causa.

2. El juez enuncia las pruebas admitidas respecto de los hechos necesita-dos de actuación probatoria.

3. Inmediatamente después, las partes pueden proponer cuestiones proba-torias solo respecto de las pruebas admitidas. El juez dispone la admi-sión de las cuestiones probatorias únicamente si las pruebas que las sustentan pueden ser actuadas en esta etapa.

4. El juez toma juramento conjunto a todos los que vayan a participar en esta etapa.

5. Se actúan todos los medios probatorios admitidos, incluidos los vincu-lados a las cuestiones probatorias, empezando por los ofrecidos por el demandante, en el orden siguiente: declaración de parte, testigos, peri-cia, reconocimiento y exhibición de documentos. Si agotada la actua-ción de estos medios probatorios fuese imprescindible la inspección judicial, el juez suspende la audiencia y señala día, hora y lugar para su realización citando, en el momento, a las partes, testigos o peritos que corresponda. La inspección judicial puede ser grabada en audio y vídeo o recogida en acta con anotación de las observaciones constata-das; al concluirse, señala día y hora, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes para los alegatos y sentencia.

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6. La actuación probatoria debe concluir en el día programado; sin embargo, si la actuación no se hubiese agotado, la audiencia continúa dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes”.

Así pues, la actividad probatoria es una actividad dinámica de las partes procesales, demandante y demandado, que se encuentra dirigida por el juzgador, donde cada parte procesal ejerce la sustentación de sus afirmaciones de hecho.

Ahora bien, el derecho a probar no tiene un carácter ilimitado o absoluto, su contenido esencial se encuentra delimitado por una serie de principios que inspiran el debido proceso y por otros preceptos constitucionales con los que guarda relación de coordinación en el ordenamiento jurídico.

Asimismo, compartimos la opinión de Bustamante Alarcón(54), al señalar que:

“El derecho a probar tiene como contenido esencial el derecho a que se admitan, actúen y valoren debidamente los medios probatorios ofrecidos por los sujetos procesales legitimados para ello, conforme a los principios que lo inspiran y lo delimitan”.

Entonces, en el derecho esencial a la prueba importa la garantía que tiene la parte a ofrecer la prueba, a que se admita, se actúe, se valore y se conserve.

1. El ofrecimiento de la prueba

Conforme al artículo 21 de la NLPT, la oportunidad para ofrecer los medios probatorios es únicamente en la demanda y la contestación; sin embargo, extraordinariamente, pueden ofrecerse hasta el momento previo de la actuación probatoria en los siguientes casos: cuando se refieren a hechos nuevos o cuando hubiesen sido conocidos u obtenidos posteriormente.

Para Arévalo Vela(55) la etapa de ofrecimiento de los medios probatorios es la garantía que tiene toda parte en un proceso de cualquier naturaleza de poder ofrecer los medios de prueba pertinentes que le permitan demostrar que sus afir-maciones son correctas, logrando así crear convicción en el juez a su favor.

Entonces, podemos decir que el derecho a ofrecer medios probatorios es la garantía que tiene todo sujeto procesal de poder ofrecer aquellas pruebas pertinentes y necesarias para demostrar la verdad o falsedad de las afirmaciones sobre hechos y situaciones alegadas por las partes, a fin de crear convicción en el juez a su favor.

Ahora bien, si la regla general es que la carga de la prueba corresponda a quien afirma los hechos que fundamentan su pretensión, demandante o a quien

(54) BUSTAMANTE ALARCÓN, Reynaldo. Ob. cit., pp. 178-179.(55) ARÉVALO VELA, Javier. Ob. cit., p. 403.

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los contradiga alegando nuevos hechos, demandado, en virtud del “principio onus probandi(56)”; entonces, la oportunidad para ofrecer los mismos es en los primeros actos procesales de la etapa postulatoria del proceso.

Sin embargo, excepcionalmente, los medios probatorios también se pueden ofrecer en el escrito de apelación, así lo dispone el artículo 429 del TUO del CPC, que regula lo referente a los medios probatorios extemporáneos, aquellos que solo pueden ser ofrecidos después de la demanda, si se refieren a hechos nuevos o a los mencionados por la otra parte al momento de contestar la demanda.

También se pueden ofrecer, excepcionalmente, medios probatorios en el escrito de apelación de sentencia o de absolución de agravios en las siguientes circunstancias: cuando los medios probatorios estén referidos a la ocurrencia de hechos relevantes para el derecho o interés discutido, pero acaecidos después de concluida la etapa postulatoria y cuando se trate de documentos expedidos con fecha posterior al inicio del proceso o que comprobadamente no se hayan podido conocer y obtener con anterioridad. En estos supuestos el juez debe correr traslado a la otra parte para que dentro de los cinco días reconozca o nie-gue la autenticidad de los documentos que se le atribuyen.

Asimismo, nuestro proceso laboral permite que el órgano jurisdiccional tenga la facultad de ordenar la actuación de medios probatorios de oficio, en caso estos hayan sido insuficientes para que el juez pueda formarse una convic-ción y resolver una controversia, entonces el juzgador de primera o segunda ins-tancia puede ordenar su actuación adicionalmente, siempre y cuando la fuente de prueba haya sido citada por las partes en el proceso. El juez debe cuidarse de no reemplazar a las partes en la carga probatoria, y debe asegurar el derecho de defensa y de contradicción de la prueba, debiendo emitir para ello una resolu-ción debidamente motivada bajo sanción de nulidad.

Asimismo, bajo ninguna circunstancia se debe declarar la nulidad de una sentencia por no haberse actuado prueba de oficio, pues esta es una potestad facultativa del juzgador bajo su rol director del proceso.

1.1. Principio de eventualidad o preclusión

Este principio busca que los medios probatorios deban ser ofrecidos dentro del plazo señalado por la norma jurídica, generalmente en los actos postulato-rios, extinguiéndose toda posibilidad de exigir su admisión al proceso si no han

(56) Por el principio del onus probandi, expresión latina que significa “carga de la prueba”; su fundamento radica en un viejo aforismo de derecho que expresa que “lo normal se entiende que está probado, lo anormal se prueba”. Así, a través de este principio, los litigantes tienen que alegar los datos o elementos fácticos de la realidad discutida en el proceso y, además, ofrecer la prueba sobre dichos datos o elementos.

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sido ofrecidos en la oportunidad debida. De esta forma, se persigue impedir que se sorprenda a la contraparte con medios probatorios de último momento, vul-nerando su derecho de defensa.

Al respecto, Alsina(57) señala que existe una excepción a este principio rela-cionada con la teoría de los hechos nuevos, a través de la cual, la ley permite a las partes incorporar nuevos medios probatorios con posterioridad al inicio del proceso, los que a su vez la doctrina los ha clasificado en hechos nuevos propios e impropios. Los primeros están relacionados a aquella circunstancia ocurrida con posterioridad al inicio de un proceso y que tienen una considerable relevan-cia jurídica para la decisión que se tome en la solución del conflicto; los hechos nuevos impropios son aquellos que si bien ocurren con anterioridad al inicio del proceso, solo pudo ser conocido por la parte que se beneficia con ellos con pos-terioridad al inicio del proceso.

Por otro lado, Monroy Gálvez(58) indica que el principio de eventualidad o preclusión está directamente ligado con la oportunidad del ofrecimiento de los medios probatorios, con la diferencia que existe una estrategia procesal y una conducta maliciosa.

Entonces, podemos concluir que este principio se relaciona con la carga de la prueba, en cuanto impone a la parte interesada la necesidad de suministrar la prueba en la etapa pertinente del proceso; es decir, en su debido tiempo u oportu-nidad para la práctica probatoria y se relaciona con el principio de contradicción y lealtad, pues pretende impedir que se sorprenda a la contraparte con pruebas de último momento, que le impidan ejercitar su derecho fundamental de defensa.

2. La admisión de la prueba

La admisión de la prueba consiste en el derecho de la parte que ha ofrecido los medios de prueba a que estos sean admitidos al proceso, salvo que resulten inadmisibles, improcedentes e impertinentes y se realiza, en la etapa de la actua-ción probatoria: en un proceso abreviado en la audiencia única; y en un proceso ordinario, en la audiencia de juzgamiento; en ambos casos, una vez culminada la etapa de confrontación de posiciones de su respectiva audiencia.

Cabe resaltar, que la admisibilidad de la prueba al proceso se relaciona con la eficacia intrínseca de la misma, la no admisión del medio probatorio,

(57) ALSINA, Hugo. “Alegación de hechos nuevos en el proceso civil”. En: Revista de Derecho Procesal. Año IX, Ediar, Buenos Aires, primero y segundo trimestre de 1951, pp. 7-47.

(58) MONROY GÁLVEZ, Juan. “Los principios procesales del Código Procesal Civil de 1992”. En: Análisis del Código Procesal Civil. Cuzco editores, Lima, 1994, p. 33.

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prohíbe ad initio su ingreso a la litis, cortándole la posibilidad del debate y sustanciación.

Ahora bien, los medios de prueba admisibles al proceso laboral, como medios probatorios típicos, según se desprende de su articulado son los siguien-tes: a) la declaración de parte (art. 25), b) la declaración de testigos (art. 26), c) la exhibición de planillas (art. 27), d) la pericia (art. 28) y e) la inspección judicial (art. 46, inc. 5).

Por otra parte, por aplicación supletoria del artículo 191 del TUO del CPC resultan admisibles, además, todos los medios probatorios atípicos que puedan contribuir a la formación del criterio del juez, siempre y cuando tengan carácter lícito; es decir, no estén expresamente prohibidos por la ley o que sean contra-rios al orden público.

2.1. Las pruebas impertinentes, improcedentes e innecesarias

Si bien los medios probatorios deben referirse a los hechos y a la costumbre cuando estas sustentan la pretensión, hay que precisar que los hechos pasados constituyen el objeto de la prueba; sin embargo, no todos estos pueden probarse, sino que la actividad probatoria ha de recaer sobre aquellos que están conteni-dos en los escritos alegatorios del proceso. Por lo que el juez deberá desechar cualquier medio probatorio que no cumpla la finalidad ni el objeto de la prueba, declarándolo sea el caso en prueba improcedente, impertinente e innecesaria.

• Prueba improcedente: La prueba será declarada improcedente por el juez, cuando la misma no se adecúa a la ley, ya sea porque es ofrecida fuera de plazo para su presentación.

• Prueba impertinente: La prueba impertinente no significa prueba inadmisible, sino material que no requiere verificación pues no recae sobre los hechos controvertidos en el proceso; por ejemplo, la solicitud de revisión de planillas para probar la enfermedad profesional.

• Prueba innecesaria: Será innecesaria cuando tiene un carácter reite-rativo de otras pruebas, o cuando este referida a hechos notorios o a hechos aceptados por ambas partes en el proceso.

Asimismo, la prueba será considerada innecesaria cuando pretenda acredi-tar la existencia de una ley, por ejemplo, extranjera, pues el órgano jurisdiccio-nal no está limitado a las pruebas proporcionadas por las partes; él mismo puede valerse también de otras fuentes de conocimiento y ordenar todo lo que con-duzca a su utilización.

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2.2. Principio de pertinencia de la prueba

El principio de pertinencia exige que los medios probatorios ofrecidos en un proceso, para que sean admitidos al mismo, deben guardar una relación directa con el hecho que es objeto del proceso; de lo contrario, lo medios proba-torios son impertinentes y deben ser rechazados de plano.

Asimismo, señala Bustamante Alarcón(59), en el caso de que exista una duda sobre su impertinencia por no ser tan manifiesta, por ejemplo, cuando los medios probatorios ofrecidos, pese a no guardar una relación directa con los hechos alegados guardan una relación indirecta, se puede admitir tales medios y diferir el pronunciamiento sobre su impertinencia o pertenencia, para el momento en que se dicte la sentencia o el auto que resuelve el incidente.

2.3. Principio de idoneidad o conducencia de los medios probatorios

El principio de idoneidad del medio de prueba establece la aptitud para mostrar los hechos en que se fundan las pretensiones. Por tanto, los medios pro-batorios deben ser idóneos para acreditar los hechos expuestos por las partes y producir convicción en el juez.

El legislador puede establecer la necesidad de que determinados hechos deban ser probados a través de determinados medios probatorios. Será incon-ducente o no idóneo entonces aquel medio probatorio que se encuentre prohi-bido en determinada vía procedimental o prohibido para verificar un determi-nado hecho.

2.4. Principio de utilidad de los medios probatorios

Al respecto, coincidimos con Montero Aroca(60) al señalar que el principio de utilidad de los medios probatorios quiere decir que solo deben ser admitidos aquellos medios probatorios que presten algún servicio en el proceso de convic-ción del juzgador, de tal manera que, si un medio probatorio ofrecido no tiene este propósito, debe ser rechazado de plano.

Asimismo, Ledesma Narváez(61) señala respecto al principio de utilidad lo siguiente:

(59) BUSTAMANTE ALARCÓN, Reynaldo. Ob. cit., p. 180.(60) MONTERO AROCA, Juan. La prueba en el proceso civil. Civitas, Madrid, 1996.

pp. 96-97.(61) LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. Ob. cit., p. 19.

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“Se presenta cuando contribuya a conocer lo que es objeto de prueba a des-cubrir la verdad, a alcanzar probabilidad o certeza. Solo pueden ser admi-tidos aquellos medios probatorios que presten algún servicio en el proceso de convicción del juzgador, mas ello no podrá hacerse cuando se ofrecen medios probatorios destinados a acreditar hechos contrarios a una presun-ción de derecho absoluta; cuando se ofrecen medios probatorios destinados a acreditar hechos no controvertidos, imposibles, notorios, o de pública evi-dencia; cuando se trata de desvirtuar lo que ha sido objeto de juzgamiento y ha hecho tránsito a cosa juzgada; cuando el medio probatorio ofrecido no es el adecuado para verificar con él los hechos que pretenden ser probados por la parte; y, cuando se ofrecen medios probatorios superfluos, bien porque se han propuesto dos medios probatorios iguales con el mismo fin (dos peri-cias con la finalidad de acreditar un mismo hecho) o bien porque el medio de prueba ya se había actuado antes”.

Entonces, el principio de utilidad implica que solo pueden ser admitidos aquellos medios probatorios que estén destinados a acreditar los hechos que pre-tenden ser probados por las partes, a fin de que contribuyan a crear convicción en el juzgador respecto de los hechos alegados, por lo que los medios probato-rios destinados a acreditar hechos no controvertidos, imposibles, notorios, o de pública evidencia, serán considerados inadmisibles al proceso.

2.5. Principio de licitud de los medios probatorios

Este principio centra su atención en la evaluación moral del método utili-zado para la obtención de la prueba, la veracidad del medio y la libertad del sujeto que encarna el medio probatorio, por lo que se encuentran prohibidas aquellas pruebas obtenidas mediante coacción física y moral; sí se vulnera este principio, la prueba es ineficaz.

Al respecto, Vinatea Recoba y Toyama Miyagusuku(62) señalan lo siguiente:

“Es preciso tener en consideración que los medios de prueba que ofrezcan las partes pueden ser muy diversos pero todos ellos deben tener por prin-cipio rector el respeto a la legalidad y los derechos fundamentales reco-nocidos constitucionalmente, ello incluso en su obtención pues en caso la prueba ofrecida haya sido obtenida mediante simulación, dolo, intimida-ción, violencia o soborno carecerá de valor probatorio”.

(62) VINATEA RECOBA, Luis y TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge. Ob. cit., p. 143.

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Así, a través de este principio se busca que todas las pruebas que se dirijan al juez para formar convicción sobre los hechos alegados por las partes, inclu-yendo las nuevas pruebas que se hayan incrementado a las que originalmente se presentaron al proceso, serán analizadas adecuadamente por el juzgador en cada estación procesal, a fin de que no sean medios probatorios obtenidos en contra-vención del ordenamiento jurídico.

Asimismo, debido a que no todas las pruebas pueden merecer la legalidad o concordancia con las reglas generales de derecho que exigen el respeto de un orden público, de la moral y las buenas costumbres, es menester advertir que en materia laboral solamente se protege al trabajo lícito; la labor desarrollada por las bandas de malhechores, por personas de mal vivir, el “servicio” de una dama de compañía, entre otros, no pueden acceder a la tutela jurisdiccional laboral, pues estas actividades se encuentran al margen de la ley, ya que no son pasi-bles de protección alguna; por consiguiente, ni recurriendo a una hipótesis aca-démica podríamos advertir la posibilidad de una protección tutelar a este grupo de personas no integradas socialmente.

La doctrina, en palabras de Gómez Valdez(63), señala que no solo se encuen-tran estos elementos sociales al margen de la ley, sino que, además, existen una serie de pruebas que, por su naturaleza, han sido declaradas ilícitas. Es el caso de una declaración obtenida a la fuerza (art. 199 del TUO del CPC) de un documento apropiado ilícitamente y luego puesto a disposición de la autori-dad judicial como medio probatorio (art. 2(64), inc. 10 de la CP). Asimismo nos refiere Gómez que las pruebas fraudulentas, como los testigos, peritajes arregla-dos, documentos fraguados, entre otros, pueden merecer, de llegar a sentenciar amparándose en estas, la nulidad de cosa juzgada fraudulenta.

Es importante, advertir que nuestra normativa no ha formulado ideas cla-ras respecto de cómo debe declarar un trabajador frente a su empleador ante las

(63) GÓMEZ VALDEZ, Francisco. Ob. cit., p. 348. (64) Artículo 2.- Derechos fundamentales de la persona Toda persona tiene derecho: (...) 10. Al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos privados. Las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos solo pueden ser abiertos,

incautados, interceptados o intervenidos por mandamiento motivado del juez, con las garantías previstas en la ley. Se guarda secreto de los asuntos ajenos al hecho que motiva su examen.

Los documentos privados obtenidos con violación de este precepto no tienen efecto legal. Los libros, comprobantes y documentos contables y administrativos están sujetos a inspec-

ción o fiscalización de la autoridad competente, de conformidad con la ley. Las acciones que al respecto se tomen no pueden incluir su sustracción o incautación, salvo por orden judicial.

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investigaciones que este pudiera estar realizando ante la comisión de una falta grave. O más propiamente, si una declaración realizada sin la defensa adecuada tendría algún valor probatorio o no.

En materia laboral, hay empresas que utilizando las técnicas de investiga-ción prestadas de las instituciones policiales obtienen declaraciones del trabaja-dor motivo de investigación, sin ninguna garantía defensora, las que sin inmu-tación son tomadas en consideración por el juzgador, también existen empresas que someten a su personal a la prueba del polígrafo, otras hacen uso de la inter-ferencia del Internet, e-mail, teléfono, redes sociales e informáticas(65). Dentro de este orden se tienen las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violando la dignidad o intimidad del trabajador, es decir, aquellas que afectan derechos fundamentales, como filmaciones, acceso a informes médicos confidenciales, entre otros.

Asimismo, Gómez Valdez(66) señala que existen, por otro lado, los medios probatorios ad hoc, utilizados por los empleadores, como el pacto de buena con-ducta, ética, entre otros. En estos supuestos, encontramos un vacío legal que urge llenar y en la dirección de que cualquier declaración prestada por un traba-jador ha de estar premunida de las garantías mínimas del debido proceso, esto es, que tendrá que estar presente un abogado o un dirigente sindical o una auto-ridad administrativa de trabajo, si es que deseamos que dicha declaración tenga una utilidad práctica en un procedimiento laboral, de lo contrario la misma devendría en prueba ilícita.

3. La actuación probatoria

Se manifiesta en el hecho de que todos los medios de prueba que han sido ofrecidos oportunamente y admitidos sean actuados a efectos de su incorpora-ción al proceso.

Por lo que, una vez admitidos los medios probatorios, estos son actuados en audiencia pública, oral y contradictoria.

Hasta aquí, es preciso resaltar que la actuación probatoria es única, pero se puede realizar en varias sesiones.

(65) En el Exp. N° 1058-2004-AA/TC, Lima, del 18/08/2004 en los seguidos por Rafel Francisco García Mendoza c/ Servicios Postales del Perú S.A. (Serpost), el TC ha sentado la posición de que es ilícita la práctica de interceptación electrónica.


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Asimismo, su realización se lleva a cabo en la etapa probatoria que es diri-gida personalmente por el juez, si otra persona la dirige, por ejemplo, un auxi-liar jurisdiccional, será nula. El juez toma juramento o promesa de honor a todos los convocados.

En la etapa probatoria, las partes concurren a la audiencia en la que se actúan las pruebas con todos sus testigos, peritos y documentos que, en dicho momento, corresponda ofrecer, exhibir o se pretenda hacer valer con relación a las cuestiones probatorias. Esta actividad de las partes se desarrolla bajo su res-ponsabilidad y costo sin necesidad de citación del juzgado.

La actuación probatoria se realiza en el siguiente orden:

a) La declaración de parte (art. 25 del TUO del CPC).

b) La declaración testimonial (art. 26 del TUO del CPC).

c) Las exhibiciones (art. 27 del TUO del CPC).

d) La pericia, esta puede realizarse en una audiencia especial (art. 28 del TUO del CPC).

e) La inspección judicial también puede realizarse en una audiencia especial (art. 46 inc. 5 del TUO del CPC).

Ahora bien, la actividad probatoria está regida por la concurrencia de varios principios, guías orientadoras, que permiten el análisis, un mejor razonamiento, para una óptima administración de justicia.

A continuación se detallan los principios que a nuestro juicio son los más importantes: publicidad, inmediación, concentración y contradicción.

3.1. Principio de publicidad

Nuestra Constitución Política en el artículo 139 referido a los principios de la administración de justicia, inciso 4, consagra “la publicidad de los procesos, salvo disposición contraria a la ley”, bajo los siguientes términos:

“Artículo 139.-

(…)

4. La publicidad en los procesos, salvo disposición contraria de la ley.

Los procesos judiciales por responsabilidad de funcionarios públicos, y por los delitos cometidos por medio de la prensa y los que se refieren a

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derechos fundamentales garantizados por la Constitución, son siempre públicos.

(…)”.

Al respecto Ledesma Narváez(67) señala que este principio es un derecho que tiene toda persona a que se le garantice la transparencia en la administra-ción de justicia, siempre y cuando esta no interfiera en las normas de desarrollo del proceso y no afecte la seguridad nacional, a fin de controlar los abusos del poder que se lleguen a presentar y para exigir a las partes una mayor lealtad.

Entonces el principio de publicidad es la garantía de que todo proceso debe ser público, salvo determinados casos en que la propia ley lo establezca. Esta publicidad está dirigida a las audiencias que se realizan en cada vía procedimen-tal, acceso a los autos para su revisión y a análisis, mas no en el contenido de los expedientes.

3.2. Principio de inmediación y de dirección del juez en la producción de la prueba

El principio de inmediación busca que el juez tenga acceso directo a los medios probatorios, para lo cual materializa ese acercamiento a través de las audiencias públicas.

Es decir, la inmediación implica que el juez deba estar relacionado direc-tamente y actuar personalmente en los distintos actos procesales llevados a cabo en el desarrollo del proceso desde la demanda, con el propósito de que se encuentre apto para resolver y emitir una debida sentencia.

De esta manera se le permite al juez obtener una mejor apreciación del material probatorio y en tal sentido es posible explorar ciertos temas probatorios que no se conseguirían de otra manera, como los testimonios, las declaraciones de las partes, la conducta de las partes, de los peritos, los indicios y presuncio-nes, y las inspecciones judiciales.

Asimismo, coincidimos con Carrillo Cisneros(68), al mencionar que la inme-diación es fundamental para llevar a cabo la dirección del juez en la producción de la prueba ya sea material o formal, pues le permite hacer efectivas y eficaces sus “facultades y deberes como director del proceso”.

(67) LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. Ob. cit., p. 17. (68) CARRILLO CISNEROS, Félix. Ob. cit., p. 173.

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3.3. Principio de concentración

Este principio de concentración probatoria, refiere a que el juez no podrá realizar una adecuada apreciación del material probatorio si este llega disperso. Ya que la posibilidad de detectar concordancia y contradicciones es mayor si la producción de todas las pruebas acopiadas ocurre en un momento dado del pro-ceso, en la “audiencia de pruebas” y no en varios momentos dispersos durante el desarrollo del proceso.

3.4. Principio de contradicción

Este principio está ligado con el derecho fundamental a la defensa, por la cual la parte contra quien se presenta un medio de prueba debe gozar de la opor-tunidad de contradecirla o discutirla. Así, las “contrapruebas” se presentan en la contestación de la demanda.

4. La valoración de la prueba

Es la actividad racional del juez mediante la cual valora cualitativamente los medios de prueba, tanto aportados por las partes como ordenados de oficio, y su efectividad para crearle convicción en determinado sentido.

Los jueces laborales deben de analizar las pruebas, para resolver respetando el bloque de normas constitucionales o convencionales de los derechos sustanti-vos e inclusive procesales.

Entonces, la interpretación tiene que hacerse tal y conforme está estable-cido en el artículo IV del título preliminar de la NLPT, que dispone:

“Artículo IV.- Interpretación y aplicación de las normas en la resolución de los conflictos de la justicia laboral

Los jueces laborales, bajo responsabilidad, imparten justicia con arreglo a la Constitución Política del Perú, los tratados internacionales de derechos humanos y la ley. Interpretan y aplican toda norma jurídica, incluyendo los convenios colectivos, según los principios y preceptos constitucionales, así como los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia de la República”.

Asimismo, el artículo 197 del Código Procesal Civil expresa:

“Artículo 197.- Valoración de la prueba

Todos los medios probatorios son valorados por el juez en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada. Sin embargo, en la resolución solo

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serán expresadas las valoraciones esenciales y determinantes que sustentan su decisión”.

De la citada norma, podemos colegir que el legislador ha optado por impo-ner al juez la obligación de valorar en forma conjunta y razonada todos los medios de prueba, debido a que las pruebas en el proceso están mezcladas for-mando una secuencia integral, siendo absoluta responsabilidad del juez recons-truir los hechos con base en los medios probatorios, por tanto, ninguna prueba deberá ser tomada en forma aislada, tampoco en forma exclusiva, sino en su conjunto.

Al respecto, Couture(69), señala que los medios de prueba tienen una orde-nación lógica, derivada de su naturaleza o de su vinculación con los motivos de prueba. Atribuye que ciertos medios de prueba tienen un carácter directo, por cuanto suponen un contacto inmediato del magistrado con los motivos de prueba; a falta de contacto directo, acuden a una especie de reconstrucción o representación de los motivos de la prueba; y por último, a falta de comproba-ción directa o de representación, se apoyan en un sistema lógico de deducciones e inducciones. Bajo ese contexto la inspección judicial es un medio de percep-ción directa; la confesión, testigos, peritos e instrumentos son medios de repre-sentación; la deducción e inducción, a través del juez y terceros, se aprecian en las presunciones y pericias.

El artículo 139 inc. 5 de la Constitución Política del Perú prescribe:

“Artículo 139.- Principios de la Administración de Justicia

Son principios y derechos de la función jurisdiccional:

(…)

5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instan-cias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan.

(…)”.

Conforme a lo expresado por la norma constitucional, los decretos de mero trámite no se motivan, es decir, no se explican lo que significa que los autos y sentencias sí se motivan o se explican con base en la ley o norma aplicable y los hechos, los mismos que deben estar debidamente acreditados, y solamente se

(69) COUTURE, Eduardo. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Depalma, Buenos Aires, 1977, p. 263.

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acredita con los medios probatorios que previamente fueron ofrecidos, admiti-dos y actuados.

Entonces, podemos colegir de las normas citadas líneas antes que los medios probatorios se valoran o meritúan en la etapa decisoria, al emitir senten-cia. En esta etapa el juez va relacionando los hechos materia de la controversia y los va justificando con los medios de prueba que la sustenta, en este momento el juzgador podrá decir si el hecho propuesto en la demanda se encuentra acre-ditado o no.

Para Carrillo Cisneros(70) “la valoración de la prueba es una operación men-tal que realiza el juez, cuyo propósito es percibir el valor de convicción y sus-tentatorio de la decisión, lo que puede extraerse de su contenido”.

Existen diversas formas de apreciar y hacer valorar la prueba, a continua-ción presentaremos los sistemas probatorios más conocidos:

4.1. Principio de unidad

Al respecto, el artículo 197 del TUO del CPC prescribe que “todos los medios probatorios son valorados por el juez en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada”.

Entonces, el principio de unidad de la prueba está referido a que la prueba debe ser analizada en conjunto, pues la certeza no se obtiene de una realidad aislada o fragmentada, tomadas una por una, sino analizadas en su totalidad.

Asimismo, las pruebas que individualmente estudiadas pudiesen aparecer como débiles o imprecisas pueden complementarse entre sí, de tal modo que unidas lleven al ánimo del juez la convicción acerca de la existencia o inexisten-cia de los hechos discutidos en la litis.

4.2. Sistema de valoración de los medios probatorios: la prueba tasada, la libre apreciación de la prueba y la regla de la sana crítica

La doctrina admite como sistemas para evaluar la prueba los siguientes: prueba tasada, el de libre convicción y el de la regla de la sana crítica.

4.2.1. Prueba tasada, tarifada o legalEn este sistema la valoración de los medios de prueba se encuentra previa-

mente regulada por la ley, por ende, el juez no tiene la libertad de apreciación,

(70) CARRILLO CISNEROS, Félix. Ob. cit., p. 181.

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sino que, ante determinada prueba, le deberá atribuir el valor o eficacia que indica la ley. No hay convicción espontánea del juez, sino dirigida por la ley.

Es necesario señalar que el Código de Procedimientos Civiles acogió este sistema, en virtud del cual el legislador establecía de qué medios probatorios se podía hacer uso y cuál era su valor. Por ejemplo, la confesión era prueba plena en contra de quien la prestaba.

Sin embargo, en la nueva norma procesal laboral la autoridad judicial no se encuentra sujeta a la tasación legal de la prueba, y por lo tanto formará libre-mente su convencimiento, inspirándose en las reglas de la sana critica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del litigio y a la conducta procesal observada por las partes.

4.2.2. Libre apreciación de la pruebaEste sistema se caracteriza por otorgar absoluta libertad al juez de seleccio-

nar y valorar cada medio probatorio sin tener reglas que le señalen el camino a seguir para finalmente dictar una sentencia de acuerdo a su consciencia o íntima convicción.

La eficacia de esta valoración la consigue el juez de su plena discreciona-lidad, sin tener el deber de expresar en la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente de las que fuesen esenciales y decisivas.

4.2.3. Regla de la sana crítica En este sistema el juez determina el valor de las pruebas haciendo un análi-

sis razonado de ellas de acuerdo a las reglas de la lógica y de la experiencia, el buen sentido y el entendimiento humano.

La sana crítica no admite la discrecionalidad absoluta del juez, por el con-trario, busca limitar los juicios de valor del juez a proposiciones lógicas y con-cretas tomadas de la confrontación con los sucesos normales que en la vida ocurren.

Nuestra nueva norma laboral acoge este último sistema y establece como criterios para la valoración de la prueba:

- La valoración en forma conjunta.

- La apreciación razonada.

Así, motivación de resoluciones no solo debe representar la garantía y justificación de lo decidido por el juzgador, pues su transcendencia es mayor. El razonamiento jurídico debe ser tan elevado que no deje espacio para la

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impugnación y al mismo tiempo tan claro que se realice pedagogía, esto es, se ilustre a los justiciables del porqué de tal veredicto.

Coincidimos con Couture(71) al sostener que este sistema es intermedio entre la prueba legal y la libre convicción, sin la excesiva rigidez de la primera, ni la excesiva incertidumbre de la segunda.

5. La conservación de los medios probatorios

Consiste en el derecho que tienen las partes a realizar todas las actuaciones procesales que sean necesarias para conservar un medio de prueba o proteger su eficacia contra los riesgos que podría sufrir como consecuencia del paso del tiempo.

(71) COUTURE, Eduardo. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. 4a edición, Editorial B de F, Buenos Aires, 2002, p. 221.

CAPÍTULO IIILa actividad probatoria

en la etapa de la actuación probatoria

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CAPÍTULO IIILA ACTIVIDAD PROBATORIA EN LA ETAPA

DE LA ACTUACIÓN PROBATORIA

I. OBJETO DE LA ACTUACIÓN PROBATORIA

La actuación probatoria es el acto procesal presidido por el juez, con la asistencia de al menos una parte, accionante(72) y/o accionado, que tiene por objeto actuar todos los medios probatorios ofrecidos y admitidos en el proceso, a fin de cumplir con la carga probatoria correspondiente a cada parte procesal, para su valoración en un solo acto a efectos de emitir una sentencia acorde a derecho en el menor tiempo posible.

Al respecto, Vinatea Recoba y Toyama Miyagusuku(73) señalan lo siguiente:

“La etapa de actuación probatoria resulta ser sin duda alguna el mejor ejemplo de la aplicación de los principios rectores del nuevo proceso labo-ral, por cuanto presenta actos concentrados, se soporta en el debate oral, promueve la celeridad y necesita indispensablemente el rol activo del juez, quien toma conocimiento de los argumentos de las partes en forma inme-diata y directa, privilegiando el fondo sobre la forma, lo cual dota a esta etapa de una informalidad que si bien otorga rapidez en el desarrollo del proceso no exime a las partes del cumplimiento oportuno de las cargas pro-batorias y deberes de conducta. Por ello, la prueba y su adecuada actuación se convierten en los ejes decisivos del desarrollo del proceso, por lo que las partes deberán brindarles especial atención si desean obtener un resultado favorable a sus intereses”.

(72) De acuerdo con Guillermo Cabanellas de Torres, la definición de accionante proporcionada por el Diccionario Jurídico Elemental es: Aquel que se presenta ante el Poder Judicial para ejercitar la acción concretizada en la demanda, en busca de que se le reconozca un derecho supuestamente vulnerado.

(73) VINATEA RECOBA, Luis y TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge. Ob. cit., p. 141.

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En efecto, la NLPT exige a los operadores jurídicos que la actuación pro-batoria se realice en un acto concentrado y bajo la intervención directa del juez, con lo cual todas las pruebas ofrecidas por las partes se deben actuar en un solo acto, esto es, en una audiencia o en unas pocas próximas temporal-mente entre sí.

II. MEDIOS PROBATORIOS QUE PUEDEN ACTUARSE

La actividad probatoria comprende todos aquellos actos de las partes ten-dientes a probar los hechos que se han afirmado en el proceso; incluso el juez laboral realiza actividad probatoria cuando de oficio solicita la incorporación al proceso de determinados medios probatorios con la finalidad de consolidar su perspectiva acerca de determinadas afirmaciones.

Entonces, la actividad probatoria viene a ser el conjunto de operaciones o tareas propias de las partes que integran la relación jurídico-procesal que tienen por finalidad probar sus afirmaciones y es realizada mediante los medios proba-torios, que tienen por objeto, por un lado, confirmar lo expuesto por las partes y, por otro lado, contradecir lo alegado por la contraparte.

Es importante resaltar, como bien señalara Sentis Melendo(74), que la acti-vidad probatoria no es investigadora, sino verificadora, pues la parte accio-nante no viene a pedirle al juez que averigüe sino a decirle lo que ella ha averiguado; para que el juez constate, compruebe y “verifique” si esas afir-maciones coinciden con la realidad. Porque cuando el juez cumple una fun-ción diferente a la de verificar, entonces no está ejerciendo una función juzga-dora, pues solo el juez activo y dinámico que se interioriza con la controversia puede juzgar.

Entonces la actividad probatoria no es únicamente una carga que le com-pete a los sujetos procesales, sino también es un derecho de las partes sujeto a determinadas reglas procesales contenidas en la ley procesal.

Ahora bien, los medios probatorios que pueden actuarse a efectos de lograr la eficacia deseada en la etapa de actuación probatoria, según el orden expreso establecido por la NLPT, son: 1) declaración de parte; 2) declaración de testi-gos; 3) pericia, documento y 4) la inspección judicial. Estos son los llamados medios de prueba típicos.

(74) SENTIS MELENDO, Santiago. Ob. cit., p. 11.

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La actividad probatoria en la etapa de la actuación probatoria

Por otro lado, esta enumeración legal no agota las posibilidades teóricas de cualquier otro medio de prueba concebible, pues las posibilidades técnicas permiten actuar nuevos medios de prueba, como por ejemplo las grabaciones, registros informáticos, entre otros medios probatorios atípicos.

Finalmente, cabe precisar que el juez es el único que puede dirigir la actua-ción probatoria de los medios probatorios tanto típicos como atípicos; solicitado en caso las pruebas aportadas por las partes le sean insuficientes para crear con-vicción respecto de los hechos a dilucidar, pruebas de oficio bajo el principio de juez director del proceso.

Respecto a los medios probatorios típicos realizaremos un breve comentario.

1. Orden de actuación de los medios de prueba

1.1. Declaración de parte

La NLPT ha dispuesto en el artículo 25 lo siguiente:

“Artículo 25.- Declaración de parte

La parte debe declarar personalmente. Las personas jurídicas prestan su declaración a través de cualquiera de sus representantes, quienes tienen el deber de acudir informados sobre los hechos que motivan el proceso”.

Entonces, la declaración de parte consiste en la manifestación que realiza el demandante o demandado, que puede ser el trabajador o empleador, en caso de que fuera este último, pueda que se trate de una persona jurídica, lo hará a tra-vés de sus representantes presumidos con facultades suficientes para hacerlo y deberán estar bien informados de los hechos materia de debate procesal.

Asimismo, las autoridades o funcionarios públicos pueden rendir su decla-ración de parte siempre y cuando tengan conocimiento directo de los hechos materia de la litis.

Ahora bien, durante la diligencia de actuación probatoria, la NLPT otorga plena libertad al juez y las partes en la formulación de las preguntas que esti-men necesarias para dilucidar la controversia, ya que esta nueva norma procesal busca el predominio del fondo sobre la forma(75), a fin de llegar a la verdad de los hechos.

(75) El principio de prevalencia del fondo sobre la forma constituye uno de los fundamentos del nuevo proceso laboral contenido en el artículo III del TP de la NLPT, por el cual el juez debe evitar que las desigualdades de las partes procesales entorpezcan el logro de una

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Así, los interrogatorios son iniciados por el juez con la finalidad de ordenar la diligencia, a continuación, procederá a realizar las preguntas el abogado de las partes. Las preguntas son libres, y deberán ser idóneas, útiles y pertinentes para el esclarecimiento de los hechos; en caso las preguntas fueran vagas, oscu-ras, ambiguas o impertinentes el juez podrá, de oficio o a pedido de parte, recha-zar las mismas.

Al respecto Arévalo Vela(76) precisa que en caso el compareciente se negara a declarar o prestara su declaración evasivamente, el juez podrá multar al decla-rante por considerar que está obstaculizando la actividad probatoria.

Por otro lado, el artículo 220 del TUO del CPC establece una excepción a la obligación de declarar:

“Artículo 220.- Exención de respuestas

Nadie puede ser compelido a declarar sobre hechos que conoció bajo secreto profesional o confesional y cuando por disposición de la ley pueda o deba guardar secreto.

Tampoco puede el declarante ser obligado a contestar sobre hechos que pudieran implicar culpabilidad penal contra sí mismo, su cónyuge o con-cubino, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad”.

Cabe resaltar, que la declaración es irrevocable y cualquier rectificación será apreciada por el juez, y aunque no debe dividirse, el juez puede valorarla de esa forma si se trata de respuestas a hechos distintos que sean independientes entre sí. En caso el proceso se declare nulo se produce la declaración asimilada que es el mantenimiento de la validez efectuada.

1.1.1. Declaración asimiladaLa declaración asimilada es una figura reconocida en el artículo 221 del

TUO del CPC, norma de aplicación supletoria al proceso laboral, que estipula lo siguiente:

solución justa, para este fin el juez debe ignorar las formas que ante él se presenten, y en su lugar debe preferir el fondo, es decir la realidad de los hechos, ciñéndose a lo postulado por las partes e interpretando los requisitos y presupuestos en sentido favorable a la continuidad del proceso, observan el debido proceso, la tutela jurisdiccional y el principio de razonabilidad.

(76) ARÉVALO VELA, Javier. Comentarios a la Nueva Ley Procesal del Trabajo. Juristas y Editores, Lima, 2011, p. 177.

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“Artículo 221: Declaración asimilada:

Las afirmaciones contenidas en actuaciones judiciales o escritos de las par-tes, se tienen como declaración de estas, aunque el proceso sea declarado nulo, siempre que la razón del vicio no las afecte de manera directa”.

La norma establece que, en un proceso judicial, las afirmaciones contenidas en actuaciones judiciales o escritos de las partes adquieren el carácter de decla-ración asimilada, es decir, aquellos hechos o situaciones que las partes aceptan sin contradicción alguna no necesitan probarse, pues forman parte de los hechos no controvertidos en un proceso, y por consiguiente se consideran como decla-raciones de las partes.

Asimismo, Ledesma Narváez(77) afirma que la declaración asimilada se encuentra dentro de los supuestos de la “prueba trasladada”, pues es aquella prueba que se admite y practica en otro proceso y es presentada en copia auten-ticada al nuevo proceso. Este tipo de prueba permite que las pruebas obtenidas válidamente en un proceso tengan eficacia en otro, la cuestión es saber qué valor tienen las declaraciones obtenidas en un proceso declarado nulo, así lo reconoce el artículo 198 del TUO del CPC, que dispone:

“Artículo 198.-

Las pruebas obtenidas válidamente en un proceso tienen eficacia en otro. Para ello, deberán constar en copia certificada por el auxiliar jurisdiccional respectivo y haber sido actuadas con conocimiento de la parte contra quien se invocan. Puede prescindirse de este último requisito por decisión moti-vada del juez”.

Entonces, el artículo citado permite que las pruebas obtenidas válidamente en un proceso, tengan eficacia en otro, siempre y cuando sean válidas las decla-raciones obtenidas en un proceso declarado nulo, es decir, la subsistencia del valor de la prueba dependerá si la prueba estuvo decretada y practicada con sus formalidades propias, y que el vicio únicamente esté referido a otros actos del proceso, cumpliéndose además el requisito de contradicción.

1.2. Declaración testimonial

Está regulada en el artículo 26 de la NLPT, y ha dispuesto lo siguiente:


76


“Artículo 26.- Declaración de testigos

Los testigos no presencian el desarrollo de la audiencia y solo ingresan a ella en el momento que les corresponda.

El secretario del juzgado expide al testigo una constancia de asistencia a fin de acreditar el cumplimiento de su deber ciudadano. Tratándose de un tra-bajador, dicha constancia sirve para sustentar ante su empleador la inasis-tencia y el pago de la remuneración por el tiempo de ausencia”.

Es decir, la declaración de testigo la efectúa quien no es parte en el proceso acerca de hechos que presenció o que le consta en la medida en que resulten importantes para el esclarecimiento de los mismos, circunstancias que incluyen a los trabajadores y extrabajadores del centro laboral demandado.

Al respecto, la anterior Ley Procesal del Trabajo, Ley N° 26636, solo per-mitía prestar declaración como testigo a los trabajadores que mantuvieran una relación laboral con el empleador al momento de prestar su declaración testimo-nial, de conformidad con el artículo 33(78) de la LPT; hoy en día, con la dación de la NLPT se ha ampliado dicha calificación, refiriéndose por aplicación suple-toria a lo dispuesto por el Código Procesal Civil.

Asimismo, para que sirvan sus declaraciones, la nueva norma procesal ha establecido como regla que los testigos deben estar presentes el día de la audiencia de juzgamiento, pero no deben presenciar el desarrollo de la misma.

La declaración de los testigos será recibida bajo promesa de decir la verdad y bajo la advertencia de las consecuencias del falso testimonio.

De igual manera que en la declaración de parte, la declaración de los tes-tigos se prestará verbalmente y sin sujeción a interrogatorios escritos. Las pre-guntas y repreguntas deberán ser formuladas de manera sencilla, desprovistas de formulaciones sugestivas para el testigo, quien deberá dar razón de su dicho.

El juez apreciará la coherencia de estas declaraciones con los sucesos mate-ria de la controversia, valorando las mismas, conforme a las reglas de la sana crítica, tomando en consideración su “conocimiento directo de los hechos” y de las circunstancias que en ellos concurran, no se acepta que la declaración con-tenga opiniones, estas serán rechazadas.

(78) Artículo 33.- Declaración de testigos En el proceso laboral también pueden prestar declaración como testigos los trabajadores

que tengan relación laboral con el empleador que es parte en el proceso.

77


Por regla general toda persona capaz puede ser testigo en un proceso; sin embargo, existe un grupo de personas que se encuentran prohibidas de decla-rar como es el caso de quien es absolutamente incapaz, el condenado por algún delito que pueda afectar su idoneidad, el pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o tercero de afinidad, así como el cónyuge y el concubino(a), quien tenga interés en el resultado del proceso ya sea en forma directa o indi-recta, y el juez o el auxiliar de justicia que conocen la causa(79).

No es posible señalar más de seis testigos y solamente pueden entrar a la audiencia en el momento en el cual han de participar y mientras dure su declara-ción, luego de lo cual se les extenderá una constancia de asistencia a fin de acre-ditar el cumplimiento de su deber ciudadano y que, además, le permitirá acredi-tar su tardanza o inasistencia a su centro de trabajo.

La parte peticionante de esta prueba será responsable de su actuación debiendo asegurar la concurrencia del testigo, pues su inasistencia determina prescindir de la misma en resolución inimpugnable.

1.3. Exhibición de documentos

Dado su carácter escrito se les asocia con los instrumentos; sin embargo, debe incluirse en este rubro a variantes como retratos, fotografías, grabaciones, entre otras.

Ahora bien, los documentos presentados por las partes pueden ser públicos o privados, serán públicos cuando sean otorgados por un funcionario público en ejercicio de sus funciones y harán prueba plena; y serán privados cuando el documento haya sido otorgado por un particular, en este último supuesto, los documentos privados reconocidos o no impugnados por la parte a la que perju-dica harán prueba plena.

(79) Código Procesal Civil Artículo 229 Prohibiciones.- Se prohíbe que declare como testigo:

1. El absolutamente incapaz, salvo lo dispuesto en el artículo 222;2. El que ha sido condenado por algún delito que a criterio del juez afecte su idoneidad;3. El pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o tercero de afinidad, el cón-

yuge o concubino, salvo en asuntos de derecho de familia o que lo proponga la parte contraria;

4. El que tenga interés, directo o indirecto, en el resultado del proceso; y,5. El juez y el auxiliar de justicia, en el proceso que conocen.

78


Al respecto, es preciso acotar que la legalización o certificación de un docu-mento privado por notario no lo convierte en documento público.

Asimismo, los informes emitidos por funcionarios públicos se presumen auténticos, mientras que los emitidos por particulares tiene la calidad de decla-ración jurada.

Hasta aquí es preciso mencionar que no procede ofrecer como medios pro-batorios expedientes administrativos o judiciales en trámite, solo se pueden pre-sentar copias certificadas de este. Si se ofrece un expediente archivado, debe acreditarse su existencia con documento.

Los documentos en otro idioma deben ir acompañados con su traducción oficial o de perito, la traducción puede ser impugnada; en tal caso, el juez debe nombrar a otro traductor cuyos honorarios corresponderá al impugnante.

Algunos de los documentos más relevantes y usuales son:

1.3.1. Las planillas de pago Este medio probatorio se encuentra regulado en el artículo 27 de la NLPT,

y es el documento que acredita la relación laboral y el pago de las remuneracio-nes y beneficios sociales de los trabajadores y dispone lo siguiente:

“Artículo 27.- Exhibición de planillas

La exhibición de las planillas manuales se tiene por cumplida con la pre-sentación de las copias legalizadas correspondientes a los periodos necesi-tados de prueba.

La exhibición de las planillas electrónicas es ordenada por el juez al fun-cionario del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo responsable de brindar tal información. Es improcedente la tacha de la información de las planillas electrónicas remitida por dicho funcionario, sin perjuicio de la res-ponsabilidad penal o funcional que las partes puedan hacer valer en la vía correspondiente.

Las partes pueden presentar copias certificadas expedidas por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de la información contenida en las pla-nillas electrónicas, en lugar de la exhibición electrónica”.

La NLPT introduce una innovación y deja de lado las boletas de pago y la exhibición física de las planillas, para preferir las planillas electrónicas y las copias legalizadas de los libros de planillas manuales en el local del juzgado, este cambio de procedimiento dota de celeridad al proceso.

79


Ahora bien, en caso los empleadores aún mantengan libros de planillas manuales, están en la obligación de conservar estos documentos conjuntamente con las boletas de pago por el periodo de cinco años después de emitidos con-forme al D.S. N° 001-98-TR; sin embargo, en la actualidad las planillas electró-nicas son de uso obligatorio para los empleadores, para lo cual deberán emitir las planillas de sus trabajadores mediante PDT y enviar estas a la Sunat, Minis-terio de Trabajo, entre otras instituciones.

Si se trata de planillas manuales, la normativa menciona expresamente a las planillas en la forma de exhibición(80) y dispone que solamente son válidas cuando se presentan copias certificadas y no solamente recae en el empleador, pues como ahora es obligatorio pasar las planillas electrónicas al Ministerio de Trabajo, esta entidad está en condiciones de proporcionárselas al juez, lo que dota a estas pruebas de completa certeza y ya no podrá aceptarse tacha respecto de ellas. Asimismo, el empleador presentará copia certificada de las planillas que no sean electrónicas, para su validez en la respectiva audiencia.

Asimismo, el juez de oficio o a pedido de parte puede incorporar al proceso copia de los libros, hojas sueltas o soportes magnéticos, en los que conste los datos del trabajador, los que obran en poder del empleador, de terceros o en las entidades públicas.

Finalmente, si el empleador carece de alguna planilla puede eximirse de su presentación si demuestra que ya las había remitido a la ONP o han desapare-cido por caso fortuito o fuerza mayor, para este efecto deberá presentar copia de la denuncia policial de la ocurrencia del evento.

1.3.2. Las boletas de pagoLa boleta de pago es el documento que el empleador entrega al trabajador

como constancia de haberle abonado su remuneración, y contiene los mismos datos que figuran en las correspondientes planillas, por lo que su exhibición es

(80) Ley 29497 Artículo 27: Exhibición de planillas La exhibición de las planillas manuales se tiene por cumplida con la presentación de las

copias legalizadas correspondientes a los períodos necesitados de prueba. La exhibición de las planillas electrónicas es ordenada por el juez al funcionario del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo responsable de brindar tal información. Es improcedente la tacha de la información de las planillas electrónicas remitida por dicho funcionario, sin perjuicio de la responsabilidad penal o funcional que las partes puedan hacer valer en la vía corres-pondiente. Las partes pueden presentar copias certificadas expedidas por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de la información contenida en las planillas electrónicas, en lugar de la exhibición electrónica.

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un medio de prueba al que puede recurrirse en el proceso laboral para probar la relación laboral, la fecha de ingreso, los montos remunerativos y otros pagos percibidos por el trabajador.

Asimismo, nuestra legislación ha dispuesto lo siguiente:

La tercera disposición final del Decreto Supremo N° 018-2007-TR, publi-cada el 28 de agosto de 2007, autorizó al MTPE a regular la entrega de boletas de pago por medios electrónicos, para aquellos empleadores que decidan optar por dicho sistema.

El artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 020-2008-TR del 17 de enero de 2008 ha establecido la obligación de los empleadores que utilicen planillas electrónicas, de entregar al trabajador, a más tardar el tercer día hábil siguiente de efectuado el pago de sus remuneraciones, el original de la boleta de pago debidamente sellada y firmada, conteniendo la información mínima que dicho dispositivo legal establece con la finalidad de servir como instrumento de acre-ditación del pago correspondiente.

El Decreto Supremo N° 009-2011-TR, publicado el 23 de julio de 2011, modificatorio de los artículos 18 y 19 del Decreto N° 001-98-TR, ha estable-cido una nueva regulación para las boletas de pago, teniendo en cuenta las inno-vaciones tecnológicas introducidas en las planillas de pago que se transcriben a continuación:

“Artículo 18.- (…)

El pago de la remuneración se acredita con la boleta de pago firmada por el trabajador o con la constancia respectiva, cuando aquel se haga a través de terceros, sin perjuicio de la entrega de la boleta correspondiente dentro del plazo establecido en el artículo siguiente, o mediante el empleo de tec-nologías de la información y comunicación. En los casos en que el pago de la remuneración se realice a través de las empresas del sistema financiero, el pago se acredita con la constancia de depósito en la cuenta de ahorros a nombre del trabajador.

En los casos que el empleador cuente con menos de cien trabajadores, la boleta de pago deberá ser sellada y firmada por el empleador o su represen-tante legal. En los casos en que se cuente con más de cien trabajadores, la firma ológrafa y el sellado manual de las boletas de pago podrán ser reem-plazados por la firma digitalizada, previo acuerdo con los trabajadores, e inscripción en el registro de firmas a cargo del Ministerio de Trabajo y Pro-moción del Empleo”.

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“Artículo 19.-

La boleta de pago será entregada al trabajador a más tardar el tercer día hábil siguiente a la fecha de pago. El duplicado de la boleta de pago que-dará en poder del empleador. En el caso que la entrega sea por medios físi-cos si el trabajador no supiera firmar, imprimirá su huella digital.

Si el empleador lo considera conveniente, la firma de la boleta por el tra-bajador será opcional. Alternativamente y, previo acuerdo con el trabaja-dor, la entrega de la boleta de pago podrá efectuarse a través del empleo de tecnologías de la información y comunicación, tales como, intranet, correo electrónico, u otros de similar naturaleza, siempre y cuando se deje debida constancia de su emisión por parte del empleador y se garantice su efectiva recepción por parte del trabajador”.

En ambos casos, corresponderá al empleador la carga de la prueba respecto al pago de la remuneración y la entrega de la boleta de pago al trabajador.

Entonces, al igual que en el caso de las planillas de pago, y por mandato de la misma norma, los empleadores están obligados a conservar las boletas hasta cinco años de efectuado el pago.

1.3.3. Registro del control de asistenciaTiene por finalidad llevar el control permanente de las horas laboradas por

los trabajadores de manera personal y sirve para llevar la contabilidad de las horas extras, las cuales serán remuneradas por los empleadores conforme a ley.

El artículo 1 del Decreto Supremo N° 004-2006-TR, modificado por el artículo 2 del Decreto Supremo N° 010-2008-TR, dispone que todo empleador sujeto al régimen de la actividad privada debe tener un registro permanente de control de asistencia, en el que los trabajadores consignarán de manera personal el tiempo de labores. En ese registro se incluye a las personas bajo modalidades formativas y el personal destacado o desplazado a los centros de trabajo o de operaciones por parte de las empresas y entidades de intermediación laboral o de las empresas contratistas o subcontratistas. No existe la obligación de llevar este control de asistencia para los trabajadores de dirección que no se encuen-tran sujetos a fiscalización inmediata y los que presten servicios intermitentes durante el día.

Por lo que el empleador se encuentra obligado a llevar el registro de control de asistencia y no podrá impedir el registro de ingreso del trabajador salvo se presente al centro laboral después del tiempo de tolerancia.

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Por otro lado, el artículo 1 del D.S. Nº 004-2006-TR exceptúa al empleador de llevar el registro de control de asistencias de los siguientes trabajadores:

- Trabajadores de dirección.

- Los trabajadores que no se encuentren sujetos a fiscalización inmediata.

- Los trabajadores que prestan servicios intermitentes durante el día.

El artículo 3 del Decreto Supremo N° 004-2006-TR, modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 011-2006-TR, permite que el registro de control de asistencia pueda ser llevado en soporte físico o digital, adoptándose medidas que no permitan su adulteración, deterioro o pérdida, así por ejemplo se puede realizar mediante un libro o a través de un sistema informático.

Según el artículo 6 del Decreto Supremo N° 004-2006-TR, modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo N° 01-2006-TR, el empleador está obli-gado a conservar los registros de asistencia hasta por cinco años después de generados.

1.3.4. Registro del Sistema de Gestión de la Seguridad en el TrabajoEl artículo 28 de la Ley Nº 29783, publicada el 20 de agosto de 2011, esta-

blece la obligación de los empleadores de implementar los registros y documen-tación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, pudiendo ser estos llevados a través de medios físicos o electrónicos. Dichos registros deben estar actualizados y a disposición de los trabajadores y de la autoridad competente, respetando el derecho a la confidencialidad.

La norma antes citada deja al reglamento establecer cuáles serán los regis-tros obligatorios para el empleador y son:

- Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, deben estar registrados también los trabaja-dores en régimen de intermediación o tercerización, personas bajo modali-dad formativa y personas independientes que desarrollan acciones de forma total o parcial dentro de sus instalaciones.

- Registro de exámenes médicos ocupacionales.

- Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosocia-les y factores de riesgo disergonómicos.

- Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.

- Registro de estadísticas de seguridad y salud.

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- Registro de equipos de seguridad o emergencia.

- Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia.

- Registro de auditorías.

Asimismo, el empleador está obligado a conservar el Registro de acciden-tes de trabajo e incidentes peligrosos durante un periodo de 10 años posteriores al suceso, el Registro de enfermedades ocupacionales durante un periodo de 20 años y los otros registros por un periodo de cinco años posteriores al suceso.

Finalmente, cabe mencionar que la exhibición de los registros del Sis-tema de Gestión de la Seguridad en el Trabajo es un medio probatorio al que puede ofrecerse en el proceso laboral cuando se discutan pretensiones relativas a enfermedades profesionales o accidentes de trabajo.

1.3.5. Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos

La exhibición del Registro de accidentes de trabajo, enfermedades profe-sionales e incidentes peligrosos es un medio probatorio al que puede ofrecerse en el proceso laboral cuando se discutan pretensiones relativas a enfermedades profesionales o accidentes de trabajo, estos deben ser exhibidos en los procedi-mientos de inspección ordenados por la autoridad administrativa de trabajo, y mantenerse archivados por un espacio de diez años posteriores al suceso.

1.3.6. Plazo de conservación de documentos Como bien se ha señalado, los empleadores tienen la obligación de mante-

ner archivos hasta por cinco años de la ocurrencia de los hechos, salvo el caso de las planillas de pago, que deben remitirse tras el plazo a la Oficina de Nor-malización Previsional. Actualmente, incluso se ha dispuesto la remisión de las planillas en forma electrónica a la Sunat.

1.3.7. Casos de ineficacia probatoria de un documentoLos casos de ineficacia probatoria de un documento son:

a) Por falsedad del documento: se requiere haber probado la falsedad.

b) Nulidad del documento: se presenta cuando en el documento se omite una formalidad esencial que la Ley prescribe bajo sanción de nulidad.

c) Por inexistencia de la matriz: cuando el documento público es falso o inexistente.

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1.3.8. Modalidades en la actuación probatoria de los documentosExisten tres modalidades en la actuación probatoria relacionada con documentos:

a. Reconocimiento Es la diligencia realizada con el fin de determinar la autenticidad del docu-

mento privado. Consiste en que el otorgante del documento reconozca que sus-cribió el mismo, y que este no ha tenido alteraciones en su contenido. En caso de muerte o incapacidad del otorgante, en el caso de una persona jurídica el reconocimiento lo hará el representante legal, y solo se referirán a la autentici-dad de la firma.

b. El cotejoPermite establecer la autenticidad del documento privado o público

mediante la comparación del original con su copia o con otros documentos escritos, por ejemplo, con el documento de identidad, certificados de trabajo, es decir documentos privados reconocidos judicialmente.

c. La exhibición Cuando documentos que se relacionan con el proceso se encuentran en

posesión de terceros, por ejemplo, personas naturales, jurídicas o entidades públicas, el juez bajo su rol protagónico dentro del proceso solicita se presen-ten ante el juzgado en caso considere que los mismos son necesarios para poder resolver los hechos controvertidos. Por ejemplo, la no exhibición de las boletas de pago o de los libros planillas en el proceso hace presumir por cierto lo ale-gado por el demandante en lo referente a las remuneraciones.

1.4. Pericia

Es la opinión especializada que formula un experto en determinada materia y que ha sido convocado especialmente para la solución de la controversia, la cual requiere de conocimientos especiales de naturaleza científica, tecnológica, artística u otra análoga(81).

En ese sentido, su finalidad es presentar al órgano jurisdiccional la información obtenida de los libros y documentos contables que sirvan para

(81) Código Procesal Civil Artículo 262.- Procedencia.- La pericia procede cuando la apreciación de los hechos

controvertidos requiere de conocimientos especiales de naturaleza científica, tecnológica, artística u otra análoga.

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calcular o corroborar en forma precisa y real los montos de los derechos pre-tendidos. Históricamente existen las planillas manuales; ahora con el avance de la tecnología se utiliza el sistema de planillas electrónicas que se encuen-tran concentras en el MTPE y es el juez el que debe solicitar la información correspondiente.

En la nueva normativa, cuando los peritos son interrogados, no se deberá observar ninguna formalidad.

Sin embargo, el dictamen pericial debe estar referido:

- La materia sometida a pericia y los exámenes realizados por el perito.

- El análisis de los puntos o aspectos que son motivos de la pericia.

- Las conclusiones o resultados de la pericia, la opinión final y concreta del perito sobre la materia sometida a pericia.

Coincidimos con Carrillo Cisneros(82) al sostener que la pericia se orienta a determinar la existencia de algún hecho o suceso a través del dictamen de los exámenes realizados, emitiendo juicios valorativos en las conclusiones arriba-das, por ende, tiene un carácter objetivo, pues los hechos cuya apreciación se solicita versan sobre la especialidad del perito.

Al respecto, el artículo 28 de la NLPT dispone:

“Artículo 28.- Pericia

Los peritos no presencian el desarrollo de la audiencia y solo ingresan a ella en el momento que corresponda efectuar su exposición. Los informes con-tables practicados por los peritos adscritos a los juzgados de trabajo y juz-gados de paz letrados tienen la finalidad de facilitar al órgano jurisdiccional la información necesaria para calcular, en la sentencia, los montos de los derechos que ampara, por lo que esta pericia no se ofrece ni se actúa como medio probatorio”.

Ahora bien, de la norma transcrita menciona que los peritos no presencian el desarrollo de la audiencia judicial y solo ingresan a ella en el momento que les corresponda efectuar su exposición.

(82) CARRILLO CISNEROS, Félix. Ob. cit., p. 207.

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Asimismo, en referencia al segundo párrafo de la acotada norma, compar-timos lo sostenido por Vinatea Recoba y Toyama Miyagusuku(83), al señalar que en los casos de la pericia contable que realiza el personal de los juzgados espe-cializados y de paz letrados, estos no son considerados medios de prueba de las partes, sino un elemento de apoyo al juez, para facilitarle el cálculo de los even-tuales conceptos que podrían ser considerados en una sentencia. Por lo tanto, al no tener la condición de medio de prueba, no podría deducirse contra dicho informe contable cuestión probatoria alguna. Lo anterior significa que el cálculo realizado por el perito judicial que sea tomado por el juzgador en su sentencia tendrá que ser cuestionado por las partes justamente en su recurso de apelación de sentencia.

Entonces, los informes contables practicados por los peritos adscritos a los juzgados de trabajo y juzgados de paz letrados no constituyen medio probatorio, únicamente facilitan al juez la información necesaria para calcular los montos de los derechos amparados.

Los requisitos para ofrecer una pericia se encuentran contenidos en el artículo 263 TUO del CPC, norma de aplicación supletoria al proceso laboral que dispone:

“Artículo 263.- Requisitos

Al ofrecer la pericia se indicarán con claridad y precisión, los puntos sobre los cuales versará el dictamen, la profesión u oficio de quien debe practi-carlo y el hecho controvertido que se pretende esclarecer con el resultado de la pericia. Los peritos son designados por el juez en el número que con-sidere necesario”.

De dicha norma podemos disgregar los requisitos que debe contener un examen pericial en un proceso judicial, y son:

- Indicar con claridad y precisión los puntos sobre los que versará el dictamen.

- Indicar la profesión u oficio de quien practicará la pericia.

- Indicar el hecho controvertido que esclarecerá la pericia.

Asimismo, Carrillo Cisneros(84) hace un interesante estudio sobre qué debe estar referido en el dictamen pericial:

- La materia sometida a pericia y los exámenes realizados por el perito.

(83) VINATEA RECOBA, Luis y TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge. Ob. cit., p. 162.(84) CARRILLO CISNEROS, Félix. Ob. cit., p. 207.

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- El análisis de los puntos o aspectos que son motivo de la pericia.

- Las conclusiones o resultados sobre la materia sometida a pericia.

Ahora bien, existe una relación de peritos registrados en el Poder Judicial, por lo que los mismos pueden ser nombrados por el juez de la relación; el hono-rario fijado por el juez será pagado por la parte que ofreció el medio probato-rio o proporcionalmente por las partes, cuando es ordenada de oficio. El perito tendrá tres días para aceptar el cargo mediante escrito hecho bajo juramento o promesa de honor; en cambio, el perito de parte es designado por cualquiera de ellas, en el mismo plazo que los peritos nombrados por el juez, y sus honora-rios(85) corresponden a la parte que los designó(86).

Entonces, el dictamen pericial es el resultado del estudio realizado por los peritos, que se explicará en la audiencia de la actuación probatoria o en la audiencia especial si el caso es complejo(87). Las partes pueden formular obser-vaciones a los dictámenes(88). Si los peritos están de acuerdo, se emite un solo dictamen, en caso contrario se emiten por separado y son presentados cuando menos ocho días antes de la audiencia de pruebas.

(85) Artículo 271: Honorario.- El juez fija el honorario de los peritos, estando obligada al pago la parte que ofrece la prueba. Si no lo hiciera dentro del plazo que el juez le señale, este puede ordenar que se prescinda del medio probatorio, salvo que la otra parte ofrezca efec-tuar el pago, con cargo a repetir.

Cuando el medio probatorio es ordenado de oficio, el honorario será pagado proporcional-mente por las partes. El incumplimiento de una parte faculta a la otra a efectuar el pago con cargo a repetición.

(86) Artículo 269: Aceptación del cargo.- Dentro de tercer día de nombrado, el perito acepta el cargo mediante escrito hecho bajo juramento o promesa de actuar con veracidad. Si no lo hace, se tendrá por rehusado el nombramiento y se procederá a nombrar otro perito.

(87) Artículo 270: Daños y perjuicios.- Los peritos que, sin justificación, retarden la presenta-ción de su dictamen o no concurran a la audiencia de pruebas, serán subrogados y sancio-nados con multa no menor de tres ni mayor de diez Unidades de Referencia Procesal, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal a que hubiere lugar.

En este caso, el dictamen pericial será materia de una audiencia especial. (El subrayado y resaltado es nuestro)

(88) Artículo 265: Dictamen pericial.- Si los peritos están de acuerdo, emiten un solo dicta-men. Si hay desacuerdo, emiten dictámenes separados. Los dictámenes serán motivados y acompañados de los anexos que sean pertinentes. Los dictámenes son presentados cuando menos ocho días antes de la audiencia de pruebas.

El dictamen pericial será explicado en la audiencia de pruebas. Por excepción, cuando la complejidad del caso lo justifique, será fundamentado en audien-

cia especial. (Lo resaltado es nuestro).

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Finalmente, la autoridad judicial valorará los dictámenes periciales según las reglas de la sana critica.

1.5. Inspección judicial

La NLPT no regula expresamente la diligencia de la inspección judicial, sin embargo, la menciona en lo referente a la actuación probatoria regulada en el artículo 46 inciso 5:

“Artículo 46.- Etapa de actuación probatoria


(…)

5. Se actúan todos los medios probatorios admitidos, incluidos los vincu-lados a las cuestiones probatorias, empezando por los ofrecidos por el demandante, en el orden siguiente: declaración de parte, testigos, peri-cia, reconocimiento y exhibición de documentos. Si agotada la actua-ción de estos medios probatorios fuese imprescindible la inspección judicial, el juez suspende la audiencia y señala día, hora y lugar para su realización citando, en el momento, a las partes, testigos o peri-tos que corresponda. La inspección judicial puede ser grabada en audio y vídeo o recogida en acta con anotación de las observaciones constata-das; al concluirse, señala día y hora, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes para los alegatos y sentencia”. (Lo resaltado es nuestro)

Si bien es cierto, la actuación de la inspección judicial no se encuentra regulada en la NLPT, su regulación la podemos encontrar en lo dispuesto en los artículos del 272 al 274 del TUO del CPC, norma de aplicación supletoria al proceso laboral, que señala:

“Artículo 272. - Procedencia

La inspección judicial procede cuando el juez debe apreciar personalmente los hechos relacionados con los puntos controvertidos”.

“Artículo 273.- Asistencia de peritos y testigos

A la inspección judicial acudirán los peritos y los testigos cuando el juez lo ordene, con arreglo a las disposiciones referidas a dichos medios probatorios”.

“Artículo 274.- Contenido del acta

En el acta el juez describirá el lugar en que se practica la inspección judi-cial, los hechos, objetos o circunstancias que observe directamente, según

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sea el caso, y un resumen pertinente de las observaciones de los peritos, los testigos, las partes y sus abogados”.

Entonces la inspección judicial procede, una vez agotada la actuación de los medios probatorios, cuando el juez deba apreciar personalmente los hechos relacionados con los puntos controvertidos, para analizarlos directamente, aun-que pueda encargarla a la Autoridad Administrativa del Trabajo, en cuyo caso debe de señalarle lo que tiene que ser objeto de constatación(89).

A esta diligencia pueden asistir los testigos y peritos, cuando así lo dis-ponga el juez(90).

Al culminar la inspección judicial, se levantará un acta de diligencia, en ella se describirán los hechos, objetos, circunstancias que se observen directa-mente; también contendrá las observaciones de los peritos, testigos, las partes y sus abogados(91), todo esto será valorado por el juez de acuerdo al criterio de la sana crítica.

En ese sentido, la norma no solo permite que, llegado el caso, el juzgador pueda tener contacto directo con todas las circunstancias que han sido materia del conflicto (ubicación de un centro de trabajo, medidas de seguridad adopta-das, etc.) sino que, además, elimina toda posibilidad de que las pruebas sobre las cuales se resolverá el conflicto sean actuadas frente a un tercero.

1.6. Prueba anticipada

Este medio probatorio no se encuentra regulado en la NLPT; sin embargo, el artículo 284 al 299 del TUO del CPC, norma de aplicación supletoria al pro-ceso laboral, regula su actuación como un procedimiento excepcional que se produce cuando existe el riesgo inminente de perder la información ya sea por adulteración o por desaparición, y por eso se actúa antes de iniciarse el proceso. No puede darse respecto de la pericia judicial ni la exhibición de planillas de remuneraciones.

(89) Artículo 272: Procedencia.- La inspección judicial procede cuando el juez debe apreciar personalmente los hechos relacionados con los puntos controvertidos.

(90) Artículo 273: Asistencia de peritos y testigos.- A la inspección judicial acudirán los peri-tos y los testigos cuando el juez lo ordene, con arreglo a las disposiciones referidas a dichos medios probatorios.

(91) Artículo 274: Contenido del acta.- En el acta el juez describirá el lugar en que se practica la inspección judicial, los hechos, objetos o circunstancias que observe directamente, según sea el caso, y un resumen pertinente de las observaciones de los peritos, los testigos, las partes y sus abogados.

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Asimismo, toda persona legitimada en un proceso puede solicitar la actua-ción de este medio probatorio antes del inicio de un proceso.

El juez competente para conocer el futuro proceso será el que sea determi-nado por razón de la cuantía y territorio.

La prueba anticipada sigue el trámite de un proceso no contencioso.

La solicitud debe cumplir con los requisitos previstos en el artículo 16 de la NLPT y de los artículos 424 y 425 del Código Procesal Civil.

El juez aplicará las reglas del artículo 551 sobre improcedencia y admisi-bilidad, concediendo en este último caso tres días para que subsane la omisión o defecto. El juez señalará fecha para la audiencia de actuación y declaración judicial que debe realizarse dentro de los quince días siguientes.

Cabe resaltar que en los procesos no contenciosos no se da la contradicción, solo se admite la oposición que debe tramitarse y resolverse con anterioridad a la realización de la audiencia, y de ser declarada fundada, ella dejará sin efecto la citación.

Actuada la prueba anticipada, se entregará el expediente al interesado, con-servando el juzgado las copias certificadas.

Los requisitos para actuar la prueba anticipada son: 1. legitimación del accionante; 2. una razón que justifique la actuación anticipada de la prueba, ya sea porque existe el riesgo inminente de perder la información, ya sea por adul-teración o por desaparición y por eso se actúan antes de iniciarse el proceso; y 3. un requisito formal que consiste en la expresión de la pretensión genérica que se va a reclamar.

Si no se reúnen los primeros requisitos, el juez declarará improcedente la petición; si se omitió el último, será inadmisible.

Ahora, si bien es cierto toda prueba debe realizarse con citación de la parte con la que se va a litigar, a fin de garantizar el derecho de contradicción que es base del derecho de defensa y del Debido Proceso. Sin embargo, el TUO del CPC en el artículo 287 consigna una excepción a la regla, cuando a pedido de parte, susten-tado en razones de garantía y seguridad, el juez puede ordenar en resolución moti-vada la actuación del medio probatorio sin citación. Además, como requisito for-mal, el solicitante deberá especificar el petitorio de la futura demanda.

Así, esta diligencia abre la posibilidad de actuar un medio probatorio sin citación de la persona con la cual se va a litigar, como un procedimiento

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excepcional que se produce cuando existe el riesgo inminente de perder la infor-mación ya sea por adulteración o por desaparición.

Por último, se considera que esta excepción no debe aplicarse a la prueba testimonial, en la cual la presencia de ambas partes resulta fundamental para el control de su actuación y el adecuado esclarecimiento de los hechos.

1.6.1. Oposición al trámiteNotificada la otra parte, puede oponerse fundándose en que la solicitud no

reúne los requisitos generales contenidos en el artículo 284(92) del Código Pro-cesal Civil, o los requisitos especiales del medio probatorio solicitado o que la actuación fuera imposible.

Las oposiciones se interponen solamente en los casos expresamente previstos en el TUO del CPC, dentro del tercer día no notificado el agravio. La oposición debe estar debidamente fundamentada precisando el vicio o error que lo motiva.

1.6.2. Articulaciones improcedentesSon improcedentes en este procedimiento:

- La recusación del juez y del secretario.

- Las excepciones y las defensas previas.

- La modificación o ampliación de la solicitud después de la notificación con la misma.

1.6.3. Disposiciones específicasEl procedimiento de prueba anticipada se regula también por las disposicio-

nes relativas a la actuación de medios probatorios. Así tenemos en:

- Declaración de parte:

Llamada absolución de posiciones en la vía de diligencias preparatorias que regula el Código de Procedimientos Civiles.

De no asistir el emplazado, se tendrán por absueltas en sentido afirma-tivo las preguntas del interrogatorio.

(92) Código Procesal Civil: Artículo 284.- Toda persona legitimada puede solicitar la actua-ción de medio probatorio antes del inicio de un proceso. Para ello, deberá expresar la pre-tensión genérica que va a reclamar y la razón que justifica su actuación anticipada.

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- Declaración de testigos

Solamente se puede dar en los casos excepcionales previstos expresa-mente en el artículo 291 del Código Procesal Civil(93). En estos casos son: ancianidad, enfermedad o ausencia inminente de la persona.

- Pericia

También se presenta en situaciones excepcionales, como el riesgo de que por el transcurso del tiempo u otra circunstancia se altere el estado o situación de personas, lugares, bienes o documentos.

- Reconocimiento de documentos privados

Se aplicará en este caso el siguiente apercibimiento: de no asistir el emplazado se tendrá por verdadero el documento.

- Inspección judicial

Cuando existe el riesgo de que por el tiempo u otra circunstancia se altere el estado o situación de personas, bienes, lugares o documentos.

2. Forma de los interrogatorios

El artículo 24 de la NLPT, respecto a la forma de los interrogatorios, señala lo siguiente:

“Artículo 24.- Forma de los interrogatorios

El interrogatorio a las partes, testigos, peritos y otros es realizado por el juez de manera libre, concreta y clara, sin seguir ningún ritualismo o fórmula preconstituida. Para su actuación no se requiere de la presentación de pliegos de preguntas. No se permite leer las respuestas, pero sí consultar documentos de apoyo. Los abogados de las partes también pueden pregun-tar o solicitar aclaraciones, bajo las mismas reglas de apertura y libertad. El juez guía la actuación probatoria con vista a los principios de oralidad, inmediación, concentración, celeridad y economía procesal. Impide que esta se desnaturalice sancionando las conductas temerarias, dilatorias, obs-tructivas o contrarias al deber de veracidad”.

(93) Artículo 291: Testigos.- Cuando por ancianidad, enfermedad o ausencia inminente de una persona, sea indispensable recibir su declaración, el interesado puede solicitar su testimonio.

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De ahí que la nueva norma procesal laboral introduzca como nueva forma de interrogatorio, que el mismo sea realizado de manera libre, concreta y clara, sin seguir ningún ritualismo o fórmula preconstituida, lo cual es parte del princi-pio de oralidad.

En ese sentido los interrogatorios son dirigidos de manera libre por el juez, no requieren pliego de preguntas, no se permite leer las respuestas y los aboga-dos pueden preguntar y solicitar aclaraciones bajo las mismas reglas precitadas.

Las preguntas serán verbales, no sugestivas ni intimidantes, pudiendo ser objetadas, y se sancionarán las conductas temerarias, dilatorias, obstructivas o contrarias al deber de veracidad.

El objeto es lograr reconstruir los hechos, para lo cual está permitido que las partes presten sus declaraciones y que también puedan participar testigos y peritos, por lo que las preguntas deberán estar referidas a los hechos que se dis-cuten en el proceso, objeto de probanza.

2.1. Técnicas del interrogatorio

El interrogatorio debe ser realizado en forma clara, lógica y persuasiva, dependerá de la preparación y destreza del abogado para lograr su efectividad y así obtener la veracidad de los hechos materia de controversia.

Por lo que es recomendable que solo se desarrollen los testimonios que apoyan nuestra teoría del caso, porque no son convenientes otras informaciones que no se encuentran contempladas en nuestra hipótesis, pues podrían jugar un papel desfavorable a nuestro favor.

Entonces es de suma importancia la preparación de la parte o del testigo, ya que sirve para analizar las fortalezas y debilidades de los mismos; y establecer una estrategia para evitar que sean “reveladas” por la otra parte con el propósito de desacreditarlos. Esto sirve para minimizar el impacto que pueden sufrir en el contrainterrogatorio.

La parte, testigo o perito deben de explicar sus testimonios de acuerdo a preguntas abiertas, tales como: ¿Qué…?; ¿Cuándo…?; ¿Dónde…?; ¿Expli-que…?; ¿Por qué…?; ¿Describa…?; entre otras.

2.2. El contrainterrogatorio

Lo realiza el abogado de la parte contraria, y se realiza con el propósito de sustraer información desfavorable para el proponente de la declaración de parte o de testigo y en su oportunidad desacreditarlo.

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En ese sentido, sirve para impugnar la credibilidad del testigo que puede no haber dicho la verdad en el interrogatorio directo.

Así, su razón estriba en el ejercicio del uso del derecho constitucional a la defensa.

3. Personas que se encuentran prohibidas de declarar

Toda persona, cualquiera que sea su estado o profesión, está obligada a declarar como testigo en un juicio y a concurrir a la audiencia que el órgano jurisdiccional señale para colaborar con el dictado de la justicia con aquello que le consta; sin embargo, según lo dispuesto por el artículo 229 del TUO del CPC, norma de aplicación supletoria a los procesos laborales, existe un grupo de per-sonas que se encuentra prohibido de declarar, como es el caso de:

- El absolutamente incapaz, salvo lo dispuesto en el artículo 222 del TUO del CPC.

- Los profesionales, que conocieron los hechos bajo secreto profesional o confesional

- El cónyuge o concubino o parientes dentro del cuarto grado de consangui-nidad y segundo de afinidad, si los hechos pudieran implicar culpabilidad penal para el declarante salvo en asuntos de derecho de familia o que lo proponga la parte contraria.

- El que ha sido condenado por algún delito que a criterio del juez afecte su idoneidad

- El que tenga interés, directo o indirecto, en el resultado del proceso; y,

- El juez y el auxiliar de justicia, en el proceso que conocen.

CAPÍTULO IVLa carga de la prueba

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CAPÍTULO IVLA CARGA DE LA PRUEBA

I. LA CARGA DE LA PRUEBA

Como ya se ha dicho, la prueba tiene por finalidad producir certeza en el juez sobre la existencia o inexistencia de los hechos afirmados por las partes. En ese sentido, en virtud del principio del onus probandi(94), la carga de la prueba por regla general la tendrá “quien alega un hecho y quien contradice ese mismo hecho, deberá probarlo también”.

Entonces, dentro de un proceso, la regla general en materia de carga de la prueba señala que corresponde a las partes asumir la demostración de los presupues-tos de hecho contenidos en la norma sustancial para fundamentar sus pretensiones.

Así, le corresponderá al actor probar la carga de sus afirmaciones y el demandado que niega, pero hace afirmaciones, está obligado a probar sus ale-gaciones. También tiene la carga de probar sus excepciones. Asimismo, el juez deberá evaluar las razones por las que las partes no han concurrido a la audien-cia con el medio de prueba, con el fin de analizar la conducta procesal de ellas.

Cabe mencionar que, antes de aplicar las normas de la carga de la prueba, el juez puede incorporar un medio probatorio de oficio, incluso aquel que la parte no ha llevado; no obstante, debe hacerlo solo excepcionalmente, pues la carga de llevar el medio probatorio a la audiencia les corresponde a las partes.

Sin embargo, si bien es cierto la actividad probatoria es una carga que les corresponde a las partes, el abogado asume un protagonismo inicial en la bús-queda de la prueba, ya que la averiguación que este realice es un acto previo a la

(94) El onus probandi es una expresión latina que significa “carga de la prueba” y su funda-mento radica en un viejo aforismo de derecho que expresa que “lo normal se entiende que está probado, lo anormal se prueba”. Así, a través de este principio, los litigantes tienen que alegar los datos o elementos fácticos de la realidad discutida en el proceso y, además, ofre-cer la prueba sobre dichos datos o elementos

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afirmación que hará en su demanda. Dicha averiguación, no constituye actividad probatoria sino un procedimiento previo a la afirmación.

Ahora bien, respecto a la distribución de la carga de la prueba, Arazi(95) sostiene que en el Derecho Romano, en el antiguo proceso formulario, el juez, cuando no llegaba a obtener el íntimo convencimiento de la verdad podía elu-dir el pronunciamiento mediante el non liquet, vale decir: “no lo veo claro”, en cuyo caso se abstenía de pronunciar sentencia de mérito y absolvía la instancia. En la actualidad, el juez no puede dejar de juzgar en ningún caso: si la omisión fuese de Derecho, por silencio, oscuridad o insuficiencia de las leyes, deberá recurrir a los principios de leyes análogas o a las generales del Derecho; si se trata de una cuestión de hecho, aplicará los principios que ordenan la distribu-ción de la carga de la prueba.

Al respecto el artículo 23 de la NLPT ha distribuido la carga de la prueba de la siguiente forma:

“Artículo 23. - Carga de la prueba

23.1 La carga de la prueba corresponde a quien afirma hechos que configu-ran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos, sujetos a las siguientes reglas especiales de distribución de la carga probatoria, sin perjuicio de que por ley se dispongan otras adicionales.

23.2 Acreditada la prestación personal de servicios, se presume la existen-cia de vínculo laboral a plazo indeterminado, salvo prueba en contrario.

23.3 Cuando corresponda, si el demandante invoca la calidad de trabajador o extrabajador, tiene la carga de la prueba de:

a) La existencia de la fuente normativa de los derechos alegados de ori-gen distinto al constitucional o legal.

b) El motivo de nulidad invocado y el acto de hostilidad padecido.

c) La existencia del daño alegado.

23.4 De modo paralelo, cuando corresponda, incumbe al demandado que sea señalado como empleador la carga de la prueba de:

a) El pago, el cumplimiento de las normas legales, el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, su extinción o inexigibilidad.

(95) ARAZI, Roland. Ob. cit., p. 73.

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La carga de la prueba

b) La existencia de un motivo razonable distinto al hecho lesivo alegado.

c) El estado del vínculo laboral y la causa del despido.

23.5 En aquellos casos en que de la demanda y de la prueba actuada aparez-can indicios que permitan presumir la existencia del hecho lesivo alegado, el juez debe darlo por cierto, salvo que el demandado haya aportado ele-mentos suficientes para demostrar que existe justificación objetiva y razo-nable de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. Los indicios pue-den ser, entre otros, las circunstancias en las que sucedieron los hechos materia de la controversia y los antecedentes de la conducta de ambas partes”.

Ahora bien, de la norma transcrita, podemos sostener que la distribución de la carga probatoria tiene como principal objetivo que el juzgador pueda con-tar con un incuestionable sustento legal para exigir a las partes del proceso una activa participación y defensa de sus posiciones, pues la responsabilidad de acreditar sus afirmaciones se encuentra expresamente indicada en la nueva nor-mativa, y el no cumplimiento de lo dispuesto deberá traducirse en fallos contra-dictorios para la parte que no cumplió con esta.

Así, antes de decidir que no existe prueba, el juez deberá ordenar las medi-das de esclarecimiento que considere necesarias para llegar al convencimiento sobre la realidad de los hechos; en caso de persistir su duda, fallará en contra de la parte que tenía la carga de probar el hecho(96).

Seguidamente, pasamos a detallar y explicar cuál es la carga probatoria que le corresponde a cada parte procesal según invoque la condición de trabajador o empleador en un proceso laboral.

II. CIRCUNSTANCIAS QUE EL TRABAJADOR ESTÁ OBLIGADO A PROBAR

1. Acreditar la prestación personal de servicios

La NLPT ha mantenido la regla contenida en sus antecesoras en el sentido de que corresponde al trabajador probar la prestación personal de servicios.

Esta regla resulta, pues, si para la existencia de la relación laboral fuera el empleador quien tuviera que demostrar que determinada persona no es su traba-jador, ello resultaría casi imposible por la dificultad de esta exigencia.

(96) ARAZI, Roland. Ob. cit., p. 73.

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Debido a que la probanza de la relación laboral puede producirse a través de pruebas que estén en posesión directa del trabajador, como son las boletas de pago, los memorandos, certificados, constancias de trabajo, órdenes de trabajo, fotocheck, testigos, entre otros, es decir documentos que induzcan a pensar que efectivamente existió una relación laboral de cualquier modalidad.

Así también las pruebas pueden estar en poder del empleador y se le requiere su exhibición, como por ejemplo el libro de planillas y contables del centro labo-ral, o pueden ser pruebas que se encuentren en manos de terceros en cuyo caso se tendrá que solicitar de manera expresa su exhibición y/o reconocimiento.

1.1. Acreditada la prestación personal de servicios, se presume la existencia de vínculo laboral a plazo indeterminado, salvo prueba en contrario

Ahora bien, conforme lo dispone el artículo 23, inc. 3, de la NLPT: “acre-ditada la prestación personal de servicios, se presume la existencia de vínculo laboral a plazo indeterminado, salvo prueba en contrario”; quiere decir, que no es tanto el medio probatorio aportado por el actor en su calidad de trabajador, sino que el medio probatorio aportado por este deberá inducirnos a concernir y concluir que esa prestación es laboral protegida, salvo se pruebe lo contrario.

1.2. Presunción de la prestación o presunción de laboralidad

Finalmente, el artículo 23, inciso 3, de la NLPT, hace una especial presun-ción respecto a la existencia de una relación de trabajo que es la llamada “pre-sunción de laboralidad”, la cual exige que la parte demandante demuestre haber prestado sus servicios de forma personal, omitiéndose se demuestre los otros elementos de la relación laboral(97). Nos encontramos ante una ficción legal o presunción iuris tantum, pues permite prueba en contrario para desvirtuar la pre-sunción de laboralidad.

(97) Los elementos esenciales del contrato de trabajo se encuentran consagrados en el artículo 4 del Decreto Supremo N° 003-97-TR y son tres: la prestación personal del servicio, el vínculo de subordinación o dependencia y la remuneración. 1. Respecto a la prestación personal de servicio, es la obligación que tiene el trabajador de

poner a disposición del empleador su actividad tanto física como intelectual, de manera personalísima, salvo que por la naturaleza de las actividades y siempre que el emplea-dor la autorice ayudado por familiares directos, al amparo del artículo 5 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral.

2. La subordinación o dependencia: Es el elemento principal y característico de la rela-ción laboral, pues el trabajador faculta al empleador a dirigir, fiscalizar y sancionar las acciones desempeñadas por este dentro del marco normativo y sin excesos. Este es el elemento distintivo que permite diferenciar al contrato de trabajo por sobre los contratos de locación de servicios.

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2. Probar la existencia del despido

La carga probatoria del despido corresponde al extrabajador que afirma haber sido víctima de despido.

El artículo 37 del TUO de la LPCL, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, ha establecido que:

“Ni el despido ni el motivo alegado se deducen o presumen, quien los causa debe probarlos”.

En la práctica cotidiana hemos podido apreciar que para probar que ha sido despedido, el trabajador suele utilizar los medios de prueba siguientes:

- Carta notarial u otra comunicación escrita mediante la cual se le comunica que está despedido (D.S. N° 003-97-TR, art. 32).

- Acta de inspección especial de verificación de despido, efectuada por la Autoridad Administrativa de Trabajo (D.S N° 001-96-TR, art. 45 primer párrafo);

- Constataciones realizadas por la Autoridad Policial (D.D N° 001-96-TR, art. 45 segundo párrafo).

3. Probar la fuente normativa que sustente su reclamo de origen distinto al constitucional o legal

Esto se evidencia en los casos en que el trabajador alega que debió ser beneficiado con un determinado derecho derivado ya sea de un convenio colec-tivo o de un acuerdo individual con el empleador, y no lo fue, entonces, deberá acreditar qué disposición dota de sustento a su reclamo; en caso no lograse acre-ditarlo, el juzgador deberá declarar infundada la demanda.

Al respecto, es necesario precisar que los derechos laborales consagrados en la Constitución y las leyes no necesitan ser objeto de prueba de ningún tipo conforme a la regla del derecho nacional(98); sin embargo, en materia laboral los derechos de los trabajadores pueden tener también su origen en normas contrac-tuales (los reglamentos internos de trabajo, de salud ocupacional, laudos arbitra-les, entre otros) y sobre todo en convenios colectivos; en estos casos, la norma

3. La remuneración. Es la contraprestación económica que recibe el trabajador por parte de su empleador acorde a sus servicios prestados, este puede ser en dinero o en especie, siempre que sea de su libre disposición.

(98) Principio del iura novit curia, el cual establece que el juez conoce el derecho aplicable y, por tanto, no es necesario que las partes prueben en un litigio lo que dicen las normas.

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exige que la prueba de la existencia de tales contratos o convenios tendrá que ser demostrada por el trabajador que los invoca.

4. Probar el motivo de nulidad del despido invocado

La NLPT respecto a la probanza de la nulidad del despido invocado emplea una técnica amplia, pues requiere al trabajador probar el motivo de la “nulidad invocada”, por lo que se amplía el supuesto para cualquier alegación de nulidad, tales como la nulidad del convenio colectivo, nulidad de las modificaciones del contrato, entre otros.

Sin embargo, Arévalo Vela(99) sostiene que esto en la práctica implica una gran dificultad pues por lo general el empleador en esta clase de despidos invoca que se debe seguir aplicando el criterio adoptado por el artículo 07 del Pleno Jurisdiccional Laboral de 1997, el cual ha establecido la atenuación pro-batoria en el sentido de que: “En los procesos en que se ventile la nulidad del despido, si bien el juez no puede utilizar las presunciones, deberá apreciar, eva-luar y determinar el mérito de los indicios que se aporten con los medios pro-batorios, para poder determinar objetivamente la causa real que motivó el des-pido”, esto, continúa, nos lleva a la errónea interpretación de que el acuerdo plenario haya liberado al trabajador de su carga probatoria, sin embargo, el tra-bajador no está exonerado de probar la causal de nulidad que invoca, sino se ha atenuado la misma en el sentido de que su obligación está referida a aportar indicios razonables que permitan establecer que su despido obedeció a alguna de las causales de nulidad previstas en la ley sustantiva.

Ahora bien, en aquellos casos en que se invoque la declaratoria de nulidad sobre un acto distinto al despido deberá recurrirse al artículo 2019 del Código Civil, norma de aplicación supletoria, y si el trabajador no prueba por lo menos indiciariamente la causal de nulidad de su despido el empleador deberá ser absuelto de la demanda conforme a lo previsto en el artículo 200 del TUO del CPC.

Asimismo, en el caso de que se invoque el despido nulo deberá hacerse refe-rencia a alguna de las causales de nulidad contenidas en el artículo 29 del TUO de la LPCL y se deberá demostrar en el proceso la existencia de la causal que se invoca.

5. Probar los actos de hostilidad del empleador

El acto de hostilidad es aquella conducta ilegal o injustificada ejecutada por el empleador o sus representantes en contra del trabajador que implica una modificación radical de las condiciones establecidas en el contrato de trabajo o afecta su vida personal y/o moral del trabajador con vínculo laboral vigente,

(99) ARÉVALO VELA, Javier. Ob. cit., p. 407.

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con la finalidad de obtener a costa de él alguna ventaja indebida o presionarlo a extinguir el vínculo laboral. Actualmente los actos de hostilidad se encuen-tran tipificados en el artículo 30 de la LPCL, el artículo 12 inciso b) del Decreto Supremo N° 008-2002-TR, el artículo 7 de la Ley N° 27409, el artículo 8 de la Ley N° 27942 modificado por la Ley N° 29430, entre otras normas legales.

En ese sentido Arévalo Vela(100) sostiene que la NLPT ha considerado que por ser los actos de hostilidad conductas dañosas a los derechos del trabajador, será este quien tenga que probarlos, pues, muchas veces las supuestas conductas hostilizatorias no son más que un ejercicio válido del poder de dirección del que goza el empleador, no pudiendo presumirse que las decisiones del patrono por sí solas persigan afectar los derechos del trabajador.

6. Probar la existencia del daño alegado

El daño es todo detrimento o lesión que en sus bienes jurídicos sufre un sujeto de derecho por acción u omisión de un tercero, pudiendo incidir este menoscabo en su esfera personal, patrimonial o ambas. El daño para ser repa-rado debe ser cierto; no eventual o hipotético.

Al respecto Arévalo Vela(101) señala, diferenciando al daño personal del patrimonial, lo siguiente:

“La esfera personal está referida tanto al aspecto físico o mental del indivi-duo como al entorno social dentro del cual se interrelaciona.

Por su parte la esfera patrimonial comprende los bienes materiales o inma-teriales que conforman el patrimonio del sujeto afectado.

Siendo el trabajador quien está afirmando sufrir un detrimento físico o patri-monial y lo cuantifica, resulta acertado que sea él quien tenga que probarlo”.

Ahora bien, para que un daño contractual sea resarcible no basta que se incumpla la obligación y que el incumplimiento sea imputable al deudor, sino que ese incumplimiento produzca un perjuicio, por lo que toda reclamación de daños y perjuicios requiere la prueba de su existencia, para el pago de una indemnización en la vía laboral.

Finalmente, es preciso agregar que para la resolución de controversias vin-culadas al pago de una indemnización por daños y perjuicios, ya sea patrimonial o extrapatrimonial, se debe recurrir a las disposiciones contenidas en los artícu-los 1314, 1331 y 1332 del CC.

(100) ARÉVALO VELA, Javier. Ob. cit., pp. 408-409. (101) Ibídem, p. 409.

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Por ello, el incumplimiento de un contrato no origina necesariamente el derecho a una indemnización. Tiene que haber un daño. La responsabilidad civil, a diferencia de la responsabilidad penal, no es punitiva.

Así, si el deudor incumple su obligación por dolo o por culpa y el acreedor no sufre daño alguno, entonces no hay lugar a la indemnización.

III. HECHOS QUE EL EMPLEADOR TIENE A SU CARGO PROBAR

La NLPT parte de la concepción de que el empleador, por tener la adminis-tración del centro de trabajo y ejercer el poder de dirección, cuenta con mayores facilidades para acceder a los objetos de prueba, es por esta razón que le asigna la carga probatoria respecto de los tópicos siguientes:

1. El pago, el cumplimiento de sus obligaciones contenidas en las leyes, los convenios colectivos de trabajo, el reglamento interno de trabajo, el contrato individual de trabajo y la costumbre laboral

La parte demandada debe acreditar cuál es la fuente normativa que da sustento a su reclamo; y, por su parte, el empleador debe acreditar haber cumplido con las obligaciones de pago que son de su cargo (sean estas legales o contractuales); o, de ser el caso, debe demostrar que tales obligaciones se han extinguido o que no resultan exigibles, motivos por los cuales no se adeuda importe alguno a la parte demandante aun cuando esta contase con una fuente que sustente su reclamo.

2. La existencia de un motivo razonable distinto al hecho lesivo alegado

El empleador tiene la carga de probar que contaba con un motivo razonable y legal para ejecutar un despido y para realizar el acto que la parte demandante califica como hostil.

3. El estado del vínculo laboral y la causa del despido

A diferencia de la LPT, la nueva legislación exige que sea la parte deman-dada quien acredite cuál es el estado de la relación laboral al momento de con-testar la demanda, siendo, por tanto, deber de indicar si mantiene o no vínculo alguno con la parte demandante y el motivo del despido.

Por tanto, la nueva legislación laboral exige que la parte empleadora pre-sente una defensa activa y acredite fehacientemente las razones objetivas que dieron sustento a su decisión de desvincular a la parte demandante de su orga-nización y así lograr en el juzgador convicción sobre lo adecuado de la medida adoptada, y conseguir que este la califique como legalmente permitida, así pueda afectar en algún grado los intereses de la parte demandante.

CAPÍTULO VLa inversión de la

carga de la prueba

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CAPÍTULO VLA INVERSIÓN DE LA CARGA

DE LA PRUEBA

I. LA INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA

Si bien es cierto, la regla general en todo proceso es que “quien alega un hecho tiene la carga de probarlo y quien contradice ese mismo hecho, deberá probarlo también”, no siempre quien alega un hecho o quien contradice algún otro estará en las mejores condiciones de probarlo, y los procesos en materia laboral son un claro ejemplo de esto, pues muchas veces es el empleador quien está en las mejores condiciones de demostrar la verdad o falsedad de una deter-minada situación, pues se encuentra en posesión de muchos de los documentos del trabajador.

Giglio(102) justifica tal redistribución de la carga de la prueba en la desi-gualdad de las partes en la relación laboral, en la situación de subordinación del trabajador en la misma y en la dificultad del trabajador para obtener medios de prueba en el proceso laboral.

En ese sentido, la NLPT a fin de restablecer la igualdad en el proceso y poner a ambas partes en las mismas condiciones con el único fin de esclare-cer los hechos, y de esa manera impartir justicia eliminando dichas diferencias, estableció en el artículo 23 algunas normas que producen una excepción a la “regla de la carga de la prueba”.

Así, por ejemplo, en los casos de demandas sobre discriminación laboral, la regla de la carga de la prueba se invierte, pues el trabajador solo debe pro-ducir indicios de la existencia de tal discriminación, artículo 23, inciso 5, de la

(102) GIGLlO, Wagner. “Fundamentos para una redistribucáo do onus da prova”. En: IV Con-greso Ibero-americano de Direito do Trabalho e Previdencia Social. Sáo Paulo, 1972, p. 591.

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NLPT(103), y es el empleador el que tiene que probar que no existe tal conducta a través de la exhibición de documentos, aplicándose la presunción legal en caso de desobediencia y consecuentemente declarándose en a lugar a la demanda.

El principio de inversión de la carga de la prueba se manifiesta a través de la exhibición de documentos y la presunción legal en caso de desobediencia, conforme lo establece el artículo 29 de la NLPT(104).

De ahí que coincidamos con la opinión de Priori Posada(105) cuando señala que la inversión de la carga de la prueba es una conducta que impone la ley a quienes cree que están en la mejor condición para poder esclarecer una situación específica dentro de un proceso, que en caso de no ser cumplida podría gene-rarle efectos perjudiciales.

Asimismo, Plá Rodríguez(106) señala que la inversión o redistribución de la carga de la prueba en el proceso laboral es una expresión del in dubio sobre hechos que según Neves Mujica(107) consiste en invertir la regla de que: “quien alega un hecho tiene que probarlo”.

En ese sentido, a diferencia de la antigua Ley Procesal del Trabajo, Ley Nº 26636, la NLPT establece una primera presunción que genera como efecto

(103) Artículo 23.- Carga de la prueba 23.5 En aquellos casos en que de la demanda y de la prueba actuada aparezcan indicios

que permitan presumir la existencia del hecho lesivo alegado, el juez debe darlo por cierto, salvo que el demandado haya aportado elementos suficientes para demostrar que existe jus-tificación objetiva y razonable de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.

Los indicios pueden ser, entre otros, las circunstancias en las que sucedieron los hechos materia de la controversia y los antecedentes de la conducta de ambas partes.

(104) Artículo 29.- Presunciones legales derivadas de la conducta de las partes El juez puede extraer conclusiones en contra de los intereses de las partes atendiendo

a su conducta asumida en el proceso. Esto es particularmente relevante cuando la acti-vidad probatoria es obstaculizada por una de las partes.

Entre otras circunstancias, se entiende que se obstaculiza la actuación probatoria cuando no se cumple con las exhibiciones ordenadas, se niega la existencia de documentación propia de su actividad jurídica o económica, se impide o niega el acceso al juez, los peritos o los comisionados judiciales al material probatorio o a los lugares donde se encuentre, se niega a declarar, o responde evasivamente. (Lo resaltado es nuestro)

(105) PRIORI POSADA, Giovanni. Ob. cit., p. 161. (106) PLÁ RODRÍGUEZ, Américo. Los principios del Derecho del Trabajo. 2a edición,

Depalma, Buenos Aires, 1978, p. 47.(107) NEVES MUJICA, Javier. “Fuentes y principios laborales en la Constitución”. En: Trabajo

y Constitución. Director Javier Neves Mujica. Cultural Cuzco SA, Lima, 1989, p. 59.

109

La inversión de la carga de la prueba

la inversión de la carga de la prueba en el artículo 23 inciso a)(108), que señala: acreditada la prestación personal de servicios, se presume el vínculo laboral a plazo indeterminado.

Esta disposición establece la primera presunción laboral que genera como efecto la inversión de la carga de la prueba.

II. LA PRESUNCIÓN LABORAL

Para Plá Rodríguez(109) solamente cabe apartarse de la “regla general de la carga de la prueba(110)”, en los casos en que la ley establece presunciones, las cuales suponen una inversión de la carga de la prueba.

Así, la nueva norma procesal laboral prevé en el artículo 23, numeral 5, una de las formas de presunción judicial basada principalmente en la prueba indicia-ria, que quiere decir que el juez deberá tener en cuenta los indicios presentados por el trabajador demandante respecto de un hecho lesivo o ilícito, como por ejem-plo: despidos nulos, despidos incausados, despidos fraudulentos o injustificados.

Ahora bien, dicha presunción basada en indicios deberá ser contradicha por el empleador; si este no lo hace, la demanda devendrá en fundada, ya que el juz-gador deberá presumir que aquella situación que los indicios trataban de acredi-tar era cierta.

Como bien se ha señalado, esta presunción ha sido acogida por la NLPT, teniendo en cuenta que los indicios no llegan nunca a probar el hecho de manera completa, puesto que son hechos o circunstancias acreditados que, tomados solo en conjunto, conducen razonablemente al juez a pensar que un hecho descono-cido relacionado con la controversia se dio.

En este punto compartimos la opinión de Priori Posada(111), al señalar acer-tado que la NLPT haya dispuesto a los indicios como la única manera de pro-bar estos actos lesivos, pues de otro modo se vulneraría el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Por tanto, continúa, es conveniente que la prueba indi-ciaria sea tomada en cuenta por el juzgador, de tal manera que pueda ser deci-siva como único fundamento de una sentencia.

(108) Artículo 23.- Carga de la prueba (...) 23.2 Acreditada la prestación personal de servicios, se presume la existencia de vínculo

laboral a plazo indeterminado, salvo prueba en contrario. (...)(109) PLÁ RODRÍGUEZ, Américo. Ob. cit., p. 47.(110) “Quien alega un hecho tiene la carga de probarlo y quien contradice ese mismo hecho,

deberá probarlo también”.(111) PRIORI POSADA, Giovanni. Ob. cit., p. 163.

CAPÍTULO VILa prueba de oficio

113

CAPÍTULO VILA PRUEBA DE OFICIO

I. PRUEBA DE OFICIO

El juez laboral, en casos en que los medios probatorios ofrecidos por las partes no le hayan producido certeza, respecto a los puntos controvertidos a dilucidar en el proceso, y así emitir una sentencia ajustada a derecho, tiene la facultad de ordenar la actuación de una o más pruebas adicionales. Ante este hecho, suspenderá la Audiencia de Juzgamiento por un lapso que no supere los 30 días hábiles conforme al artículo 22 de la NLPT.

Al respecto, el artículo 22 de la NLPT dispone lo siguiente:

“Artículo 22.- Prueba de oficio

Excepcionalmente, el juez puede ordenar la práctica de alguna prueba adicional, en cuyo caso dispone lo conveniente para su realización, pro-cediendo a suspender la audiencia en la que se actúan las pruebas por un lapso adecuado no mayor a treinta (30) días hábiles, y a citar, en el mismo acto, fecha y hora para su continuación. Esta decisión es inimpugnable.

Esta facultad no puede ser invocada encontrándose el proceso en casación. La omisión de esta facultad no acarrea la nulidad de la sentencia”.

Este artículo otorga al juzgador, haciendo valer la potestad de prueba de ofi-cio, la posibilidad de suspender la Audiencia de Juzgamiento, reprogramándola posteriormente, hasta por treinta (30) días hábiles, lo que conllevaría una dila-ción del proceso únicamente por la inclusión de un medio probatorio, facultad discrecional del juzgador, que es inimpugnable por las partes.

Sin embargo, esta potestad jurisdiccional, no podría ser ejercida por el juz-gador, si el proceso se encuentra en casación, pues en esta instancia los medios probatorios no son materia de controversia.

114


Priori Posada(112) señala que la prueba de oficio responde a la atribución activista del juez, que no deja simplemente a las partes desenvolverse de manera libre en el proceso, sino que puede intervenir aportando nuevos medios proba-torios que él considere necesarios a fin de encontrar una certeza de los hechos acaecidos; sin embargo, advierte que si esta institución es llevada al extremo el juez podría terminar perdiendo la imparcialidad que lo caracteriza y el proceso se desnaturalizaría completamente.

1. Su relación con los sistemas procesales: sistema dispositivo e inquisitivo

El Derecho Procesal reconoce dos sistemas procesales: el sistema dispositivo o privatístico y el sistema inquisitivo o publicístico; sin embargo, como señala Monroy Galvez(113), en la práctica estos sistemas procesales no se presentan quí-micamente puros, lo que suele haber son tendencias más o menos definidas que permiten advertir la primacía de uno sobre otro. Por lo que, en el proceso laboral, podemos advertir que prima el sistema procesal inquisitivo sobre el dispositivo.

Así, en el nuevo proceso laboral, el sistema procesal inquisitivo se mani-fiesta en las facultades y atribuciones que tiene el juez en el desarrollo del pro-ceso para:

a) Expedir sentencias que vayan más allá del petitorio contenido en la demanda. Cuando tal exceso es cuantitativo se denomina fallo ultra petita; cuando es cualitativo se denomina fallo extra petita.

b) Declarar de oficio el abandono en el proceso laboral.

c) Generarse presunciones legales de las conductas de las partes y de emitir con carácter no suspensivo la resolución del recurso de casación.

d) La facultad del juez de solicitar pruebas de oficio, cuando los medios pro-batorios ofrecidos por las partes no le hayan producido certeza, respecto a los puntos controvertidos a dilucidar en el proceso.

En ese sentido, Gamarra Vílchez(114) reconoce que a través de los principios procesales del derecho al trabajo como prevalencia del fondo sobre la forma, el de primacía de la realidad, la oralidad, o inmediación; el juez tiene como obje-tivo buscar la verdad material o real de lo hechos, para lo cual hace uso de las

(112) PRIORI POSADA, Giovanni. Ob. cit., pp. 158-159. (113) MONROY GÁLVEZ, Juan. Introducción al proceso civil. Temis, Bogotá, 1996, p. 87.(114) GAMARRA VÍLCHEZ, Leopoldo. “Los fundamentos del proceso laboral en la Nueva Ley

Procesal del Trabajo”. En: Informes laborales. Revista Actualidad Empresarial N° 257, Instituto Pacífico, p. 5.

115

La prueba de oficio

prerrogativas otorgadas por la ley y así suplir aquellas deficiencias procesales de las partes que no permitan generar la suficiente convicción en el juez, ni alcan-zar la finalidad del proceso; por lo que se faculta al juez laboral emitir pronun-ciamientos de alcance ultra petita y extra petita. Facultad del juez que denota una característica propia de un proceso inquisitivo.

Sin embargo, debemos advertir que no es viable defender la existencia de un proceso completa o absolutamente inquisitivo, es decir, en el que el juez ostente poderes ilimitados para decidir involucrarse en el desarrollo de la activi-dad probatoria del proceso. Lo que se debe defender, por el contrario, es la posi-bilidad de maximizar al mismo tiempo el derecho a la prueba que les corres-ponde a las partes, con la garantía del principio de contradicción y la atribución de amplios poderes de instrucción al juez.

2. Circunstancias en las que se presenta

La prueba de oficio es el punto de quiebre de lo que podría establecerse como parcialización en materia laboral; en el artículo 22 de la NLPT, que esta-blece que tanto en materia laboral como en materia civil la prueba de oficio es excepcional, y solo, excepcionalmente, se puede ordenar cuándo se dan algunos de los presupuestos para que se dé la prueba de oficio, como son:

Insuficiencia probatoria, es decir que la prueba sea insuficiente.

Que el medio de prueba aportado no cause convicción o que la prueba no cause convicción.

II. LÍMITES A LA PRUEBA DE OFICIO

Los límites a la prueba de oficio están relacionados con el principio de prueba, porque si no hay prueba y se ordena prueba de oficio se estaría el juez parcializando.

Entonces, si el juez ordena una prueba que no causa convicción, se estaría parcializando, pues estaría yendo más allá de lo que dicta la norma.

Así el artículo 194 del TUO del CPC establece cuáles son los presupues-tos para dictar una prueba de oficio y también habla del carácter excepcional del mismo:

“Artículo 194.- Pruebas de oficio

Excepcionalmente, cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes sean insuficientes para formar convicción el Juez de Primera o de Segunda Instancia, ordenará la actuación de los medios probatorios adicionales y

116


pertinentes que considere necesarios para formar convicción y resolver la controversia, siempre que la fuente de prueba haya sido citada por las par-tes en el proceso. Con esta actuación probatoria el Juez cuidará de no reem-plazar a las partes en su carga probatoria, y deberá asegurarles el derecho de contradicción de la prueba.

La resolución que ordena las pruebas de oficio debe estar debidamente motivada, bajo sanción de nulidad, siendo esta resolución inimpugna-ble, siempre que se ajuste a los límites establecidos en este artículo.

En ninguna instancia o grado se declarará la nulidad de la sentencia por no haberse ordenado la actuación de las pruebas de oficio (…)”. (Lo resaltado es nuestro).

Entonces, una resolución que ordena la prueba de oficio debe de estar debi-damente motivada bajo sanción de nulidad, siendo inimpugnable siempre que se ajuste a los límites establecidos que determina la ley. Del mismo modo, bajo ninguna circunstancia se deberá declarar la nulidad de la sentencia en ninguna instancia o grado por no haberse ordenado la actuación de prueba de oficio.

III. LA PRUEBA DE OFICIO PUEDE SER ACTUADA SOLO HASTA EL TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

La norma procesal laboral no ha señalado hasta qué instancia los jueces pueden actuar prueba de oficio, por ello a fin completar este vacío nos remitire-mos al TUO del CPC, norma de aplicación supletoria al proceso laboral, modi-ficado a través de la Ley N° 30293, publicada el 28 de diciembre de 2014, que entró en vigencia a los 30 días hábiles de su publicación, insertando el artículo 194 de la mencionada norma adjetiva, cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 194. - Pruebas de oficio

Excepcionalmente, cuando los medios probatorios ofrecidos por las par-tes sean insuficientes para formar convicción el Juez de Primera o de Segunda Instancia, ordenará la actuación de los medios probatorios adi-cionales y pertinentes que considere necesarios para formar convicción y resolver la controversia, siempre que la fuente de prueba haya sido citada por las partes en el proceso. Con esta actuación probatoria el Juez cuidará de no reemplazar a las partes en su carga probatoria, y deberá asegurarles el derecho de contradicción de la prueba.

La resolución que ordena las pruebas de oficio debe estar debidamente motivada, bajo sanción de nulidad, siendo esta resolución inimpugnable, siempre que se ajuste a los límites establecidos en este artículo.

117

La prueba de oficio

En ninguna instancia o grado se declarará la nulidad de la sentencia por no haberse ordenado la actuación de las pruebas de oficio.

El Juez puede ordenar de manera excepcional la comparecencia de un menor de edad con discernimiento a la audiencia de pruebas o a una espe-cial”. (Lo resaltado es nuestro).

Al respecto Herrera Gonzales-Pratto y Huamán Estrada(115), haciendo referencia a la jurisprudencia emitida por la Corte Suprema en la Casación N° 799-99-Arequipa(116) y en la Casación N° 1999-99-Chincha(117), han recono-cido la posibilidad de que se actúen medios probatorios en segunda instancia, si se llega a la conclusión de que los medios actuados en primera instancia fueron insuficientes para cumplir la finalidad el proceso.

Del mismo modo, la doctrina en palabras de Ledesma Narváez(118) ha seña-lado que la prueba de oficio es una facultad de iniciativa probatoria que puede ser ejercida por todos los jueces para verificar las fuentes de prueba que apor-tan las partes a través de los medios de prueba que resultan ser insuficientes, entonces, bajo esta noción de “insuficiencia”, coincidimos con Ledesma en que sí es posible que el juez de apelación pueda ejecutar en su instancia la prueba de

(115) HERRERA GONZALES-PRATTO, Isabel y HUAMÁN ESTRADA, Elmer. “La prueba de oficio en la Nueva Ley Procesal del Trabajo”. En: Estudios sobre la Nueva Ley Procesal del Trabajo. Obra colectiva que reúne a los mejores especialistas que analizan íntegramente el nuevo proceso laboral. Coordinadores: Oxal Víctor Ávalos Jara y Leopoldo Gamarra Vílchez. 1a edición. Juristas Editores E.I.R.L. Lima, 2011, pp. 438-440.

(116) Casación N° 799-99-Arequipa, publicado en el diario El Peruano el 20 de noviembre de 1999 que señaló: “El artículo cincuenta y uno en sus incisos segundo y tercero así como el artículo ciento

noventa y cuatro de la norma procesal autorizan a los jueces a actuar las pruebas que consideren pertinentes para el esclarecimiento de los hechos controvertidos (...). Que así, la Sala Superior; al advertir situaciones descritas en la impugnada y considerar que los medios probatorios actuados en el proceso no son suficientes para crear en el juez convicción sobre la materia en controversia, ha hecho uso de la facultad mencionada (...). Que siendo así, puede sostenerse válidamente que al expedirse la impugnada se haya incurrido en la causal que se denuncia (contravención a las normas que garantizan el derecho a un debido proceso)”.

(117) Casación N° 1999-99-Chincha, que señaló: “El Colegiado Superior está facultado para disponer la actuación de medios probatorios

de oficio si llega a la conclusión de que los actuados son insuficientes para emitir un pronunciamiento válido sobre el fondo de la controversia”.

(118) LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. Comentarios al Código Procesal Civil. Análisis artículo por artículo. 3a edición, Gaceta Jurídica, Lima, 2011, p. 444.

118


oficio que lo lleve a verificar o corroborar las fuentes que ya existen en el pro-ceso y sobre las cuales pudiera existir alguna duda.

Así, podemos concluir que la prueba de oficio es una facultad que tienen los jueces, no solo de primera instancia, sino también los jueces de revisión, quienes tienen la posibilidad de actuar dichas pruebas en esa instancia.

Sin embargo, debemos advertir que esta facultad no puede ser ejercida en recurso de casación, debido a que la finalidad de este recurso está dirigida a resolver cuestiones jurídicas más que cuestiones de hecho. Así lo ha dispuesto el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 02039-2007-PA/TC(119), al señalar que “la finalidad del recurso de casación es la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto”.

(119) El Tribunal Constitucional, ha señalado en el Expediente N° 02039-2007-PA/TC, de fecha 30 de noviembre de 2009, en el fundamento 5 lo siguiente: “5. Teniendo presente el sentido normativo de los artículos referidos del Código Proce-

sal Civil y el contenido precisado del derecho al debido proceso, queda claro que en el recurso casación no se pueden valorar nuevamente las pruebas aportadas, admitidas y actuadas en primer y/o en segundo grado, pues su configuración normativa establece que tal recurso tiene por finalidad la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto. (...)”.

CAPÍTULO VIISucedáneos de los

medios probatorios

121

CAPÍTULO VIISUCEDÁNEOS DE LOS MEDIOS

PROBATORIOS

I. SUCEDÁNEOS DE LOS MEDIOS PROBATORIOS

En aquellos casos en que entre el hecho a probar y la convicción del juez no exista ningún medio de prueba que permita llegar a la verdad de los hechos y resolver el conflicto con un pronunciamiento judicial con convicciones, enton-ces, en estos casos los jueces recurren a los sucedáneos de los medios probato-rios, que cumplen con la misión de suplir la ausencia de los medios probatorios entre el hecho a probar y la convicción del juez.

Así, acertadamente Gómez Valdez(120) define a los sucedáneos de los medios probatorios como:

“Las pruebas indirectas, por antonomasia, que teniendo por apoyo a la ley o a la razón lógica del juzgador y recurriendo a complicados mecanis-mos deductivos o inductivos, determinan que ciertos actos u omisiones de los litigantes se equiparen a una probanza directa que facilitará, en última instancia, formar un criterio o convicción sobre el proceso judicial en su conjunto. En materia laboral, más que en ninguna otra disciplina (salvo la penal), por la consensualidad de los contratos de trabajo, se adapta el empleo frecuente de los sucedáneos de los medios probatorios, traslucido en la abundante jurisprudencia dictada sobre asuntos judiciales bien parti-culares, por ejemplo: cuando existen pruebas insuficientes, negativa vedada para exhibir documentos sobre los hechos debatidos, cuando deba aplicarse el principio de primacía de la realidad, etc.”.


122


Asimismo, Carrillo Cisneros(121) menciona que tanto los medios de prueba como los sucedáneos tienen la misma finalidad en el proceso, pues permiten for-mar convicción en el juez sobre la verdad de los hechos a probar.

Entonces podemos afirmar que los sucedáneos de los medios probatorios son auxilios establecidos por la ley para lograr la finalidad de los medios pro-batorios que sirven para corroborar, complementar o sustituir el valor o alcance de los mismos, estos se encuentran regulados en los artículos 275 al 283 del Código Procesal Civil, norma de aplicación supletoria al proceso laboral.

1. Indicios

Los indicios abren el camino para el conocimiento de un hecho, pues indu-cen al juez a realizar una investigación amplia para establecer la verdad y así para llegar a la prueba directa.

El artículo 276 del TUO del CPC los define como aquel acto, circunstan-cia o signo suficientemente acreditados a través de los medios probatorios, que adquieren significación en su conjunto cuando conducen al juez a la certeza en torno a un hecho desconocido relacionado con la controversia.

Es decir, son aquellos hechos o circunstancias debidamente acreditados por los medios probatorios, que individualmente no tienen mayor importancia, pero que en conjunto conducen al juez a la certeza respecto a un hecho desconocido relacionado con la controversia.

Paredes Infanzón(122) escribe:

“El indicio es todo rastro, vestigio, huella, circunstancia y en general todo hecho desconocido que mediante la vía de la inferencia nos lleva al cono-cimiento de otro hecho desconocido. Un hecho, un vestigio, una cosa, una actitud, llegará a constituir un indicio cuando indican la existencia de una relación mediante la cual puede presumirse la existencia de otro hecho”.

Así, la nueva normativa indica que el juez podrá dar por cierto el hecho lesivo por medio de la presunción a la que se puede arribar por indicios, salvo que el demandado aporte elementos suficientes de justificación objetiva y razo-nable de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.

(121) CARRILLO CISNEROS, Félix. Ob. cit., p. 185.(122) PAREDES INFANZÓN, Jeli. Análisis de la Nueva Ley Procesal del Trabajo. Editora Grá-

fica Multiservicios La Esperanza, Lima, 2010, p. 238.

123

Sucedáneos de los medios probatorios

En ese sentido, Gómez Valdez(123) señala que los indicios y las presunciones son muy similares, prueba de ello es que algunos autores consideran que la dife-rencia es de grado y no de sustancia, pues lo importante es que ambas desean lle-gar a conclusiones válidas acerca de la verdad de los hechos controvertidos.

Sin embargo, sostenemos que a diferencia de las presunciones, los indicios serán todo rastro, huella o vestigio que se funda en hechos conocidos que hacen posible un razonamiento inductivo del juez a través de actos, circunstancia o signos que tengan acreditación en los medios probatorios, así como en los ante-cedentes de la conducta de las partes.

2. Presunciones procesales

Por otro lado, las presunciones provienen de la palabra presumir que sig-nifica suponer, conjeturar, sospechar; no es lo mismo que los indicios, pues la presunción sigue del inicio y es el juicio que formula el juez valiéndose de un razonamiento inductivo o deductivo, para afirmar la existencia de hechos desco-nocidos fundándose en los conocidos.

En otras palabras, las presunciones son razonamientos elaborados lógicos sobre la base de uno o más hechos, que llevan al juez a la certeza sobre el hecho investigado.

Entonces si un hecho cuenta en su favor con la presunción que confirma su presencia y suceso, se encuentra exento de prueba. La presunción crea una ficción legal que da por cierto un hecho. Cuando las presunciones no admiten prueba en contrario son absolutas (iuris et de iure); en cambio, si soportan la verificación de lo contrario, se llaman presunciones relativas (iuris tantum).

Es necesario resaltar que en ningún caso las presunciones son medios de prueba, sino un beneficio adicional que reporta la continuidad, precisión y con-cordancia de ciertos hechos que se muestran de igual manera y que inciden en la valoración que el juez efectúa sobre las pruebas rendidas.

Existen dos clases de presunciones reconocidas por el Código Civil y son la presunción judicial y la presunción legal.

2.1. Presunción legal

Se encuentran contenidos en la ley, y se clasifican en dos grupos: presun-ciones legales relativas y absolutas.


124


2.1.1. Presunción legal relativa El artículo 278 del TUO del CPC, señala:

“Artículo 279.- Presunción legal relativa

Cuando la ley presume una conclusión con carácter relativo, la carga de la prueba se invierte en favor del beneficiario de tal presunción. Empero, éste ha de acreditar la realidad del hecho que a ella le sirve de presupuesto, de ser el caso”.

Este tipo de presunción legal se caracteriza porque admite prueba en con-trario (iuris tantum).

Al respecto, la norma procesal laboral señala que se presumirán ciertos los datos remunerativos y del tiempo de servicios contenidos en la demanda en el caso de que el demandado no acompañe la documentación referida a las plani-llas en la contestación de la demanda; cuando no cumpla con la exhibición de las planillas y boletas de pago al ser solicitadas o cuando no haya registrado al trabajador en planillas ni le hubiese otorgado boletas de pago al trabajador en acreditación de la relación laboral.

La ley define a la obstaculización como el incumplimiento de las exhibicio-nes, en caso de negar la existencia de documentación propia de la actividad jurí-dica o económica o cuando se impide o niega el acceso del juez o de los peritos o de los comisionados judiciales el material probatorio o a los lugares donde se encuentra.

2.1.2. Presunción legal absolutaEl artículo 278 del TUO del CPC señala:

“Artículo 278.- Presunción legal absoluta

Cuando la ley califica una presunción con carácter absoluto no cabe prueba en contrario. El beneficiario de tal presunción sólo ha de acreditar la reali-dad del hecho que a ella le sirve de base”.

Este tipo de presunción legal se caracteriza porque no admiten prueba en contrario (iure et de iure).

2.2. Presunción judicial

Es frecuente confundir la presunción judicial con la presunción legal, por lo que se debe distinguir que la primera es un acto personalísimo del juzgador y la segunda una figura del Derecho sustantivo.

125

Sucedáneos de los medios probatorios

Las presunciones judiciales son razonamientos lógicos-críticos elaborados por el juez a partir de los hechos debidamente acreditados que conoce durante el proceso, para lo cual hace uso de las reglas de la experiencia y conocimientos.

Por ejemplo, en la nueva norma procesal laboral, el juez se encuentra en la capacidad de extraer conclusiones a partir de la conducta de las partes, especial-mente cuando estas han sido motivo de obstáculo en los medios probatorios.

3. La ficción legal

Son conclusiones que la ley da por ciertas: aunque son opuestas a la natu-raleza o realidad de los hechos, no permiten prueba en contrario, por ejemplo, Todas las presunciones legales absolutas o iure et de iure.

Al respecto Donaires Sánchez(124) señala que la ficción legal no es sino una forma de presunción legal que no admite prueba en contrario por mandato de la propia ley.

Asimismo, Carrión Lugo diferencia a la presunción de la ficción legal, en que la primera permite obtener una consecuencia jurídica a partir de un hecho que se tiene por existente o falso; mientras que la segunda se funda en un hecho consistentemente inexistente(125). Como ejemplos de ficciones legales tenemos la denominada ficción de “subjetividad del concebido”, según la cual, se tiene por nacido al concebido para todos los efectos que le sean favorables conforme a lo prescrito por el artículo 1 del Código Civil, o el caso de las “personas jurídi-cas”, que por disposición de la ley tienen derechos y obligaciones inherentes y propias de las personas naturales, artículo 76 del Código Civil, o el caso de las “naves y aeronaves”, que antes de la entrada en vigencia de la Ley Nº 28677, “Ley de la Garantía Mobiliaria”, eran consideradas por ficción de la ley de bie-nes inmuebles.

(124) DONAIRES SÁNCHEZ, Pedro. Compendio Temas de Derecho Laboral: “Sucedáneos de los medios probatorios”. Grijley, junio 2008, p. 124.

(125) CARRIÓN LUGO, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Civil. Tomo II, Grijley, Lima, 2000, p. 123.

CAPÍTULO VIIICuestiones probatorias

129

CAPÍTULO VIIICUESTIONES PROBATORIAS

I. CUESTIONES PROBATORIAS

Son instrumentos procesales que permiten a las partes cuestionar la efica-cia de los medios probatorios, es decir, es el derecho a cuestionar u objetar los medios probatorios aportados.

En ese sentido, las cuestiones probatorias son medios de defensa que per-siguen desvirtuar los medios de probanza del adversario por adolecer de efica-cia. Por lo que pasamos a mencionar algunas de las razones para impugnar la prueba:

- Cuando la prueba es obtenida de manera ilícita.

- Cuando la prueba es impertinente por no guardar relación con lo que sea objeto del proceso.

- Las pruebas inútiles, aquellas pruebas que, según reglas y criterios razona-bles y seguros, en ningún caso puedan contribuir a esclarecer los hechos controvertidos.

- Pruebas documentales por falsedad.

- La calidad de un testigo por falta de imparcialidad, entre otras.

Su actuación se realizará en la etapa de la actuación probatoria de la audiencia respectiva.

Requisitos:

Si bien es cierto que la NLPT no menciona nada al respecto, es menester tomar en cuenta lo señalado por el TUO del CPC.

- Se interpone en el plazo que establece cada vía procedimental.

130


- Deben precisarse con claridad los fundamentos, acompañándose la prueba respectiva.

Si no se cumplen estos requisitos las tachas u oposiciones serán declaradas inadmisibles.

Al respecto Gómez Valdez(126) señala:

“[L]as objeciones que los litigantes o terceros tienen de las pruebas aporta-das u ofrecidas en el juicio, siempre que sean deducidas en el término pro-cesal con las formalidades y cuestiones de fondo exigidos por la norma y apoyados, además, de los medios probatorios requeridos para cada caso, y que, una vez deducidos, obligan al juzgador a su valoración y ulterior reso-lución judicial. A los documentos y testigos ofrecidos como prueba corres-ponde cuestionarlo solo a través de la tacha. A las exhibiciones solicitadas corresponde la oposición. Así, tacha y oposición son las cuestiones probato-rias simplificadas que ha adoptado nuestro ordenamiento”.

Así, de conformidad con los artículos 300 y siguientes del Código Proce-sal Civil, las cuestiones probatorias pueden ser dos: las tachas y las oposiciones.

1. Tacha

Es la impugnación que una de las partes hace contra un testigo o contra los documentos que la otra parte ofrece para restarles cualquier tipo de validez. Para realizarlo deben indicarse con claridad sus fundamentos, así como el acom-pañamiento de las pruebas sustentadoras, de lo que el juez corre traslado para que se produzca la absolución con iguales requisitos de los formulados para interponerla, pues de no hacerse se declarará inadmisible y esa decisión del juez es inimpugnable.

Los medios probatorios de las tachas y de las absoluciones a las mismas se realizan en la audiencia única, donde el juez declarará fundadas o infundadas las tachas, salvo que en forma motivada, no lo haga, lo cual es inimpugnable.

Procede contra testigos y documentos. En el caso de los primeros, por algún impedimento o prohibición que les alcance; en el caso de los segundos, por falsedad, nulidad o inexistencia de la matriz.


131

Cuestiones probatorias

Los casos de ineficacia probatoria de un documento son:

- Falsedad del documento. Se requiere haber probado la falsedad.

- Nulidad del documento. Se presenta cuando en el documento se omite una formalidad.

- Por inexistencia de la matriz. Se trata de un documento público falso inexistente.

2. Oposición

Al respecto Gómez Valdez(127) señala que la oposición:

“[C]onstituye el acto procesal según el cual el obligado a la exhibición de un documento o actuación de una prueba, indica, con su articulación cues-tionadora, que está imposibilitado para actuarla o solicita su no actuación, sea porque no tienen la prueba en su poder o es inexistente, simplemente no tiene por qué actuarse, el término para actuarla ha vencido, o está en poder de un tercero, que tendrá a bien indicar, para los fines subsiguien-tes. Se trata entonces, de una articulación procesal dirigida a imposibilitar la actuación de la prueba ofrecida, como una reacción natural con el acto, dirigido a eliminar su eficacia. Son claros medios de defensa en el Derecho probatorio”.

Entonces, la oposición se produce por medio de una solicitud que una parte hace al juez para que no se permita la actuación de cierto medio probatorio, como por ejemplo, se puede formular oposición a la actuación de una declara-ción de parte, a una exhibición, a una pericia o a una inspección judicial.

Un requisito para solicitar la oposición es que se debe cumplir con adjun-tar la prueba correspondiente. Al correrse traslado, la otra parte deberá seguir el mismo trámite para absolverla so pena de ser declarada inadmisible en forma inimpugnable. La actuación de las pruebas a que se refiere la oposición se pro-ducirá en audiencia única para que el juez la declare fundada o infundada, de no hacerlo será declarado inadmisible de plano por el juez y será inimpugnable.

El medio probatorio cuestionado será actuado, sin perjuicio de que su efica-cia sea resuelta en la sentencia.

También pueden ser materia de oposición los medios probatorios atípicos.


132


3. Tacha u oposición sobreviniente

Se da si la causal de tacha u oposición se conoce con posterioridad al plazo de interponerlas, se informará al juez por escrito, acompañando el documento que lo sustente. El juez apreciará el hecho al momento de sentenciar.

CAPÍTULO IXJurisprudencia

sobre la prueba en el proceso laboral

135

CAPÍTULO IXJURISPRUDENCIA SOBRE LA PRUEBA

EN EL PROCESO LABORAL

I. NOCIONES PREVIAS

Antes de iniciar este capítulo es necesario definir y señalar la importancia de la jurisprudencia como fuente del derecho, la cual es entendida como el con-junto de sentencias y demás resoluciones judiciales emitidas en un mismo sen-tido por los órganos judiciales de un ordenamiento jurídico determinado. Por ello, la manera cómo fundamentan los jueces sus decisiones es muy importante porque servirá para que futuros litigantes (reales o potenciales) sepan por cuáles razones resuelven los jueces y cómo establecen sus fallos.

De ahí su valor fundamental como fuente de conocimiento del derecho positivo, pues procura evitar que una misma situación jurídica sea interpretada en forma distinta por los tribunales; esto es lo que se conoce como el principio unificador o unificado, a fin de crear predictibilidad en las resoluciones judicia-les acorde con los principios de seguridad jurídica e igualdad ante la ley de los justiciables, dos grandes pilares de un Estado constitucional de derecho.

En ese sentido, este capítulo es de particular importancia pues aborda a nivel de la jurisprudencia emitida tanto por los órganos judiciales y constitucio-nales de nuestro ordenamiento jurídico, la evolución, tratamiento y aplicación de los operadores jurídicos de la institución de la prueba. Enfatizamos esta idea pues sin perjuicio del esquema doctrinario pertinente a la dogmática, es en la jurisprudencia donde encontramos la interpretación y aplicación de los jueces en su conocimiento del Derecho.

De ahí la enorme importancia que reviste en qué medida se han pronun-ciado los jueces constitucionales y la justicia ordinaria respecto a los alcances del derecho a probar, pues al ser el Derecho una ciencia social, que se va ade-cuando para resolver las diferentes situaciones jurídicas que se puedan presentar con el devenir de los años, exige constantemente nuevos parámetros que la Ley usualmente demora en determinar. Por ello, la necesidad integradora de la juris-prudencia respecto a la realidad del Derecho.

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II. LA PRUEBA LABORAL EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBU-NAL CONSTITUCIONAL

��La adecuada protección frente al despido arbitrario consagrado en el artículo 27 de la Constitución Política del Perú, no corresponde como única reparación una indemnización, sino corresponde de forma más idónea ordenar la reposición. STC Exp. N° 01124-2001-AA/TC-LIMA.

Caso: Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú S.A. y Fetratel

CRITERIO DEL TRIBUNAL: No debe considerarse al artículo 27 de la Constitución Política del Perú como la consagración, en virtud de la propia Constitución, de una “facultad de despido arbitrario” hacia el empleador, que habilite al legislador una regulación legal que llegue al extremo de vaciar de contenido el derecho constitucional del trabajo, pues la adecuada protección frente al despido arbitrario consagrado en el artículo 27 de la Constitución Política del Perú, no corresponde como única reparación una indemnización, sino corresponde de forma más idó-nea ordenar la reposición.

“12. El derecho al trabajo está reconocido por el artículo 22 de la Constitu-ción. Este Tribunal estima que el contenido esencial de este derecho consti-tucional implica dos aspectos. El de acceder a un puesto de trabajo, por una parte y, por otra, el derecho a no ser despedido sino por causa justa. Aun-que no resulta relevante para resolver la causa, cabe precisar que, en el pri-mer caso, el derecho al trabajo supone la adopción por parte del Estado de una política orientada a que la población acceda a un puesto de trabajo; si bien hay que precisar que la satisfacción de este aspecto de este derecho constitucional implica un desarrollo progresivo y según las posibilidades del Estado. El segundo aspecto del derecho es el que resulta relevante para resolver la causa. Se trata del derecho al trabajo entendido como proscrip-ción de ser despedido salvo por causa justa.

Debe considerarse que el artículo 27 de la Constitución contiene un ‘man-dato al legislador’ para establecer protección ‘frente al despido arbitrario’. Tres aspectos deben resaltarse de esta disposición constitucional:

Se trata de un ‘mandato al legislador’

Consagra un principio de reserva de ley en garantía de la regulación de dicha protección.

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Jurisprudencia sobre la prueba en el proceso laboral

No determina la forma de protección frente al despido arbitrario, sino que la remite a la ley.

Sin embargo, cuando se precisa que ese desarrollo debe ser ‘adecuado’, se está resaltando –aunque innecesariamente– que esto no debe afectar el con-tenido esencial del derecho del trabajador. En efecto, todo desarrollo legis-lativo de los derechos constitucionales presupone para su validez el que se respete su contenido esencial, es decir, que no se desnaturalice el dere-cho objeto de desarrollo. Por esta razón, no debe considerarse el citado artículo 27 como la consagración, en virtud de la propia Constitución, de una ‘facultad de despido arbitrario’ hacia el empleador.

Por este motivo, cuando el artículo 27 de la Constitución establece que la ley otorgará ‘adecuada protección frente al despido arbitrario’, debe consi-derarse que este mandato constitucional al legislador no puede interpretarse en absoluto como un encargo absolutamente abierto y que habilite al legis-lador una regulación legal que llegue al extremo de vaciar de contenido el núcleo duro del citado derecho constitucional. Si bien es cierto que el legis-lador tiene en sus manos la potestad de libre configuración de los manda-tos constitucionales, también lo es que dicha potestad se ejerza respetando el contenido esencial del Derecho Constitucional. Una opción interpreta-tiva diferente solo conduciría a vaciar de contenido el mencionado derecho constitucional y, por esa razón, la ley que la acogiera resultaría constitucio-nalmente inadmisible.

Para el Tribunal Constitucional no se trata de emplazar el problema desde la perspectiva de la dualidad conceptual estabilidad absoluta y estabilidad relativa y, a partir de ello, inferir que al no haber consagrado la Constitu-ción vigente –como lo hizo su predecesora de 1979– la denominada estabi-lidad absoluta, toda protección restitutoria ante un despido arbitrario sería absolutamente inadmisible. Por el contrario, planteado en términos de dere-cho constitucional lo que interesa en el análisis es determinar si el conte-nido esencial de un derecho constitucional como el derecho al trabajo es o no respetado en su correspondiente desarrollo legislativo. Más precisa-mente, si la fórmula protectora acogida por el legislador respeta o no el contenido esencial del derecho al trabajo.

Ahora bien, el segundo párrafo del artículo 34 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, Decreto Supremo N° 003-97-TR, establece que frente a un des-pido arbitrario corresponde una indemnización ‘como única reparación’. No prevé la posibilidad de reincorporación. El denominado despido ad

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nutum impone solo una tutela indemnizatoria. Dicha disposición es incom-patible con la Constitución, a juicio de este Tribunal, (...)”.

STC Exp. N° 01124-2001-AA/TC-LIMA, de fecha 11 de julio de 2002.

��Procede ordenar la reposición de un trabajador para los casos de un des-pido incausado, a través de un proceso de amparo; nulo, proceso laboral o Amparo; o fraudulento, proceso de Amparo. Precedente Vinculante:STC Exp. N° 0976-2001-AA/TC-HUÁNUCO.

Caso: Eusebio Llanos Huasco Huánuco

CRITERIO DEL TRIBUNAL: El Tribunal Constitucional estima que la protección adecuada contra el despido arbitrario previsto en el artículo 27 de la Constitución ofrece dualmente una opción reparadora (readmi-sión en el empleo) o indemnizatoria (resarcimiento por el daño causado), según sea el caso.

“15. De ahí que el Tribunal Constitucional, a lo largo de su abundante juris-prudencia, haya establecido que tales efectos restitutorios (readmisión en el empleo) derivados de despidos arbitrarios o con infracción de determinados derechos fundamentales reconocidos en la Constitución o los tratados rela-tivos a derechos humanos, se generan en los tres casos siguientes:

a) Despido nulo

Aparece esta modalidad de conformidad con lo establecido en el artículo 29 del Decreto Legislativo Nº 728 y como consecuencia de la necesidad de proteger, entre otros, derechos tales como los previstos en el inciso 2) del artículo 2; inciso 1) del artículo 26 e inciso 1) del artículo 28 de la Constitución.

Se produce el denominado despido nulo, cuando:

- Se despide al trabajador por su mera condición de afiliado a un sindi-cato o por su participación en actividades sindicales.

- Se despide al trabajador por su mera condición de representante o can-didato de los trabajadores (o por haber actuado en esa condición).

- Se despide al trabajador por razones de discriminación derivados de susexo, raza, religión, opción política, etc.

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- Se despide a la trabajadora por su estado de embarazo (siempre que se produzca en cualquier momento del periodo de gestación o dentro de los 90 días posteriores al parto). Se despide al trabajador por razones de ser portador de Sida (Cfr. Ley Nº 26626).

- Se despide al trabajador por razones de discapacidad (Cfr. Ley Nº 27050).

b) Despido incausado

Aparece esta modalidad de conformidad con lo establecido en la senten-cia del Tribunal Constitucional de fecha 11 de julio de 2002 (Caso Telefó-nica, expediente Nº 1124-2002-AA/TC). Ello a efectos de cautelar la vigen-cia plena del artículo 22 de la Constitución y demás conexos. Se produce el denominado despido incausado, cuando: se despide al trabajador, ya sea de manera verbal o mediante comunicación escrita, sin expresarle causa alguna derivada de la conducta o la labor que la justifique.

c) Despido fraudulento

Aparece esta modalidad de conformidad con lo establecido implícitamente en la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. Nº 0628-2001-AA/TC, de fecha 10 de julio de 2002. En aquel caso se pretendió presentar un supuesto de enuncia voluntaria cuando en realidad no lo era. En tal caso, este Tribunal consideró que ‘El derecho del trabajo no ha dejado de ser tui-tivo conforme aparecen de las prescripciones contenidas en los artículos 22 y siguientes de la Carta Magna, debido a la falta de equilibrio de las partes, que caracteriza a los contratos que regula el Derecho Civil. Por lo que sus linea-mientos constitucionales, que forman parte de la gama de los derechos cons-titucionales, no pueden ser meramente literales o estáticos, sino efectivos y oportunos ante circunstancias en que se vislumbra con claridad el abuso del derecho en la subordinación funcional y económica (...)’. (Fun. Jur. N° 6).

Esos efectos restitutorios obedecen al propósito de cautelar la plena vigen-cia, entre otros, de los artículos 22, 103 e inciso 3) del artículo 139 de la Constitución.

Se produce el denominado despido fraudulento, cuando:

- Se despide al trabajador con ánimo perverso y auspiciado por el engaño, por ende, de manera contraria a la verdad y la rectitud de las relaciones laborales; aun cuando se cumple con la imputación de una causal y los cánones procedimentales, como sucede cuando se imputa al trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios o, asimismo, se le atribuye una falta no prevista legalmente, vulnerando el principio de tipicidad, como lo ha señalado, en este último caso, la jurisprudencia de

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este Tribunal (Exp. Nº 415987-AA/TC, 555-99-AA/TC Y 150-2000-AA/TC); o se produce la extinción de la relación laboral con vicio de volun-tad (Exp. Nº 628-2001-AA/TC) o mediante la ‘fabricación de pruebas’.

En estos supuestos, al no existir realmente causa justa de despido ni, al menos, hechos respecto de cuya trascendencia o gravedad corresponda dilucidar al juzgador o por tratarse de hechos no constitutivos de causa justa conforma a la ley, la situación es equiparable al despido sin invo-cación de causa, razón por la cual este acto deviene lesivo del derecho constitucional al trabajo.

16. En mérito a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional estima que la protección adecuada contra el despido arbitrario previsto en el artículo 27 de la Constitución ofrece dualmente una opción reparadora (readmisión en el empleo) o indemnizatoria (resarcimiento por el daño causado), según sea el caso.

Esta orientación jurisprudencial del Tribunal Constitucional en materia laboral no conlleva la estabilidad laboral absoluta, sino plantea el reforza-miento de los niveles de protección a los derechos del trabajador frente a residuales prácticas empresariales abusivas respecto al poder para extinguir unilateralmente una relación laboral. (...)”.

STC Exp. N° 0976-2001-AA/TC-HUÁNUCO, de fecha 13 de marzo de 2003.

��Procedencia del amparo laboral como la vía más idónea para obtener la reposición o la restitución del derecho vulnerado, en caso de que en la vía judicial ordinaria no sea posible. Precedente Vinculante: STC Exp. N° 0206-2005-PA/TC-HUAURA.

Caso: César Antonio Baylón Flores.

CRITERIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: El Tribunal Cons-titucional estima procedente el amparo laboral para conocer las controver-sias derivadas de materia laboral individual, sean privadas o públicas en los casos de despidos incausados (en los cuales no exista imputación de causa alguna), fraudulentos y nulos, los cuales correspondan, a elección del tra-bajador, la indemnización o la reposición por lo que. Así, en caso de que en la vía judicial ordinaria no sea posible obtener la reposición o la restitución del derecho vulnerado, el amparo será la vía idónea para obtener la pro-tección adecuada de los trabajadores del régimen laboral privado, incluida la reposición cuando el despido se funde en los supuestos mencionados.

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“Vía procedimental igualmente satisfactoria para la protección del derecho al trabajo y derechos conexos en el régimen laboral privado

3. La vigencia del Código Procesal Constitucional supone un cambio en el régimen legal del proceso de amparo ya que establece, entre otras cosas, la subsidiariedad para la procedencia de las demandas de amparo. Con ello se cambia el anterior régimen procesal del amparo que establecía un sistema alternativo. En efecto, conforme al artículo 5, inciso 2 del Código Procesal Constitucional, no proceden las demandas constitucionales cuando exis-tan vías procedimentales específicas, igualmente satisfactorias, para la protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado.

4. Al respecto, este Colegiado precisó que ‘(...) tanto lo que estableció en su momento la Ley Nº 23506 y 10 que prescribe hoy el Código Procesal Cons-titucional, respecto al Amparo Alternativo y al Amparo Residual, ha sido concebido para atender requerimientos de urgencia que tienen que ver con la afectación de derechos directamente comprendidos dentro de la califica-ción de fundamentales por la Constitución Política del Estado. Por ello, si hay una vía efectiva para el tratamiento de la temática propuesta por el deman-dante, esta no es la excepcional del Amparo que, como se dijo, constituye un mecanismo extraordinario’. (Exp. Nº 4196-2004AA/TC, fundamento 6).

5. En efecto, en la jurisdicción constitucional comparada es pacífico asumir que el primer nivel de protección de los derechos fundamentales le corres-ponde a los jueces del Poder Judicial a través de los procesos judiciales ordinarios. Conforme al artículo 138 de la Constitución, los jueces admi-nistran justicia con arreglo a la Constitución y las leyes, puesto que ellos también garantizan una adecuada protección de los derechos y libertades reconocidos por la Constitución. Sostener lo contrario significaría firmar que solo el amparo es el único medio para salvaguardar los derechos cons-titucionales, a pesar de que a través de otros procesos judiciales también es posible obtener el mismo resultado. De igual modo, debe tenerse presente que todos los jueces se encuentran vinculados por la Constitución y los tra-tados internacionales de derechos humanos; más aún, la Constitución los habilita a efectuar el control difuso conforme a su artículo 138.

6. Consecuentemente, solo en los casos en que tales vías ordinarias no sean idóneas, satisfactorias o eficaces para la cautela del derecho, o por la nece-sidad de protección urgente, o en situaciones especiales que han de ser ana-lizadas, caso por caso, por los jueces, será posible acudir a la vía extraor-dinaria del amparo, correspondiendo al demandante la carga de la prueba para demostrar que el proceso de amparo es la vía idónea y eficaz para res-tablecer el ejercicio de su derecho constitucional vulnerado, y no el proceso judicial ordinario de que se trate.

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7. El Tribunal Constitucional estima que esta nueva situación modifica sus-tancialmente su competencia para conocer de controversias derivadas de materia laboral individual, sean privadas o públicas. Sin embargo, los crite-rios jurisprudenciales establecidos en el caso Eusebio Llanos Huasco, Exp. Nº 9762004-ANTC, para los casos de despidos incausados (en los cuales no exista imputación de causa alguna), fraudulentos y nulos, se mantendrán en esencia. En efecto, si tal como hemos señalado, el contenido del dere-cho constitucional a una protección adecuada contra el despido arbitrario supone la indemnización o la reposición según corresponda, a elección del trabajador, entonces, en caso de que en la vía judicial ordinaria no sea posi-ble obtener la reposición o la restitución del derecho vulnerado, el amparo será la vía idónea para obtener la protección adecuada de los trabajadores del régimen laboral privado, incluida la reposición cuando el despido se funde en los supuestos mencionados.

8. Respecto al despido sin imputación de causa, la jurisprudencia es abun-dante y debe hacerse remisión a ella para delimitar los supuestos en los que el amparo se configura como vía idónea para reponer el derecho vulnerado. En cuanto al despido fraudulento, esto es, cuando se imputa al trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios, o se le atribuye una falta no prevista legalmente, solo será procedente la vía del amparo cuando el demandante acredite fehaciente e indubitablemente que existió fraude, pues en caso contrario, es decir, cuando haya controversia o duda sobre los hechos, corresponderá a la vía ordinaria laboral determinar la veracidad o falsedad de ellos.

9. Con relación al despido nulo, si bien la legislación laboral privada regula la reposición y la indemnización para los casos de despido nulo conforme a los artículos 29 y 34.0 del Decreto Supremo Nº 003-97-TR, TUO del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Labo-ral, el Tribunal Constitucional ratifica los criterios vertidos en el caso Euse-bio Llanos Huasco, en el punto referido a su competencia para conocer los casos de urgencia relacionados con la violación de los derechos constitucio-nales que originan un despido nulo, dadas las particularidades que reviste la protección de los derechos involucrados. (...)”.

Exp. Nº 0206-2005-PA/TC-HUAURA, de fecha 28 de noviembre de 2005.

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��El reconocimiento de aportes pensionarios en la jurisprudencia consti-tucional. STC Exp. N°04762-2007-PA/TC-DEL SANTA.

Caso: Alejandro Tarazona Valverde.

CRITERIO DEL TRIBUNAL: A través de esta sentencia el Tribunal Constitucional autorizó a los jueces constitucionales a validar diversos documentos siempre que estos fueran presentados en original, copia lega-lizada o fedateada, debido a que muchos de los aportes no figuraban reco-nocidos por la ONP, no obstante que los empleadores habían cumplido con las declaraciones respectivas ante el ente pensionario.

“5. § Reglas para acreditar periodos de aportaciones en el proceso de amparo

26. De este modo, cuando en los procesos de amparo la dilucidación de la controversia conlleve el reconocimiento de periodos de aportaciones, que no han sido considerados por la ONP, para que la demanda sea estimada los jueces y las partes deben tener en cuenta las siguientes reglas:

a. El demandante con la finalidad de generar suficiente convicción en el juez de la razonabilidad de su petitorio puede adjuntar a su demanda como instrumento de prueba, los siguientes documentos: certificado de trabajo, las boletas de pago de remuneraciones, los libros de plani-llas de remuneraciones, la liquidación de tiempo de servicios o de bene-ficios sociales, las constancias de aportaciones de ORCINEA, del IPSS o de EsSalud, entre otros documentos. Dichos instrumentos pueden ser presentados en original, copia legalizada o fedateada, mas no en copia simple. El Juez, de oficio o a pedido del demandante, podrá solicitar el expediente administrativo a la ONP o copia fedateada de él, bajo respon-sabilidad. (...)”.

STC Exp. N° 04762-2007-PA/TC-DEL SANTA, de fecha 22 de setiembre de 2008.

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��El debido proceso constitucional y derecho fundamental a la prueba. STC Exp. N° 01014-2007-PHC/TC-LIMA.

Caso: Luis Federico Salas Guevara Schultz.

CRITERIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: El Tribunal Constitucional ha señalado que el derecho fundamental a la prueba se encuentra contenido en el derecho al debido proceso reconocido en el artículo 139, inciso 3, de la Constitución Política del Estado, como una de las garantías que asisten a las partes del proceso de presentar los medios probatorios necesarios que posibiliten la creación de convicción en el juz-gador sobre la veracidad de sus argumentos relacionados con los hechos que configuran su pretensión o su defensa.

Sin embargo, como todo derecho fundamental, el derecho a la prueba tam-bién está sujeto a restricciones o limitaciones, derivadas tanto de la necesidad de que sean armonizados con otros derechos o bienes constitucionales –límites extrín-secos–, como de la propia naturaleza del derecho en cuestión –límites intrínsecos.

Asimismo, señala el supremo tribunal, que el reconocimiento del dere-cho a la prueba en la normativa se encuentra restringido y se lo relaciona con la presunción de inocencia, bajo la fórmula: “la persona se considera inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad”, conforme lo señala el artículo 2, inciso 24, acápite e, de la Constitución, que reproduce lo estipulado por el artículo XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y, en cierta forma, lo prescrito en los artículos 11, inciso 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 14, inciso 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8, inciso 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

“B) Debido proceso constitucional y derecho fundamental a la prueba

8. Este Tribunal Constitucional ha señalado (vid. STC Exp. Nº 010-2002-AI/TC, FJ 133-135) que el derecho fundamental a la prueba tiene protec-ción constitucional, en la medida en que se trata de un derecho compren-dido en el contenido esencial del derecho al debido proceso, reconocido en el artículo 139, inciso 3, de la Constitución. Una de las garantías que asisten a las partes del proceso es la de presentar los medios probatorios necesarios que posibiliten la creación de convicción en el juzgador sobre la veracidad de sus argumentos. Sin embargo, como todo derecho funda-mental, el derecho a la prueba también está sujeto a restricciones o limita-ciones, derivadas tanto de la necesidad de que sean armonizados con otros derechos o bienes constitucionales –límites extrínsecos–, como de la propia naturaleza del derecho en cuestión –límites intrínsecos.

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9. Sin embargo, el reconocimiento del derecho a la prueba en la normati-vidad es restringido y se lo relaciona casi exclusivamente con la presun-ción de inocencia. Por eso, normalmente aparece bajo la fórmula siguiente: ‘la persona se considera inocente mientras no se haya declarado judicial-mente su responsabilidad’. Este es el enunciado utilizado en el artículo 2, inciso 24, acápite e, de la Constitución, que reproduce lo estipulado por el artículo XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y, en cierta forma, lo prescrito en los artículos 11, inciso 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 14, inciso 2, del Pacto Inter-nacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8, inciso 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

10. No obstante, es menester considerar también que el derecho a la prueba lleva aparejada la posibilidad de postular, dentro de los límites y alcances que la Constitución y las leyes reconocen, los medios probatorios pertinen-tes para justificar los argumentos que el justiciable esgrime a su favor. Por ello, no se puede negar la existencia del derecho fundamental a la prueba. Constituye un derecho fundamental de los justiciables producir la prueba relacionada con los hechos que configuran su pretensión o su defensa. Según esta dimensión subjetiva del derecho a la prueba, las partes o un ter-cero legitimado en un proceso o procedimiento tienen el derecho de produ-cir la prueba necesaria con la finalidad de acreditar los hechos que configu-ran su pretensión o defensa. (...)”.

STC Exp. N° 01014-2007-PHC/TC-LIMA, de fecha 5 de abril de 2007.

��Prueba y exigencia de concurso público en el acceso a la función pública. Precedente vinculante. STC Exp. N° 05057-2013-PA/TC-JUNÍN.

Caso: Rosalía Beatriz Huatuco Huatuco.

CRITERIO DEL TRIBUNAL: La exigencia de la prueba resulta suma-mente importante en el citado precedente vinculante, pues determinó las reglas al acceso a la función pública a través de concurso público, así como a una plaza presupuestada y vacante de duración indeterminada.

“§6. Otro supuesto: cuando el demandante no ha ingresado a la Administra-ción Pública mediante ‘concurso público de méritos para una plaza presu-puestada y vacante de duración indeterminada’.

18.4 Siguiendo los lineamientos de protección contra el despido arbitrario y del derecho al trabajo, previstos en los artículos 27 y 22 de la Constitución,

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el Tribunal Constitucional estima que en los casos que se acredite la desna-turalización del contrato temporal o del contrato civil no podrá ordenarse la reposición a tiempo indeterminado, toda vez que esta modalidad del Decreto Legislativo 728, en el ámbito de la Administración Pública, exige la realización de un concurso público de méritos respecto de una plaza pre-supuestada y vacante de duración indeterminada. Esta regla se limita a los contratos que se realicen en el Sector Público y no resulta de aplicación en el régimen de contratación del Decreto Legislativo Nº 728 para el Sector Privado.

§7. Responsabilidad funcional en los supuestos que se detecte la desnatura-lización del contrato temporal (laboral o civil) en la Administración Pública

(...)

20. Por tal motivo, las entidades estatales deberán imponer las sanciones que correspondan a aquellos funcionarios y/o servidores que incumplan las formalidades señaladas en la Constitución, la ley y la presente sentencia, así como las disposiciones internas que cada entidad exige para la contratación del personal en el ámbito de la administración pública. A fin de determinar quiénes fueron los responsables de la contratación del personal que labora o presta servicios, se tendrá en cuenta, entre otros aspectos y documentos, el Manual de Organización y Funciones (MOF), el Reglamento de Organi-zación y Funciones (ROF), el Reglamento Interno y demás normas internas pertinentes de cada entidad.

En efecto, con la finalidad de que se apliquen las sanciones que correspon-dan, la máxima autoridad de la institución deberá determinar quién o quie-nes tuvieron responsabilidad en la elaboración del contrato temporal que fue declarado desnaturalizado en un proceso judicial, para lo cual recurri-rán a sus propios documentos internos y de gestión, luego de ello se pro-cederá a proporcionar dicha información a conocimiento de la Oficina de Control Interno de la institución a fin de que se efectúen las investigacio-nes del caso, se lleve a cabo el procedimiento administrativo disciplinario del personal que incumplió las normas que regulan los requisitos para la contratación del personal en la Administración Pública, y se establezcan las sanciones pertinentes conforme a lo dispuesto en los artículos 46 y 47 Ley N° 27785, Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, incorporados por la Ley N° 29622, que modifica y amplía las facultades en el proceso para sancionar en materia de responsa-bilidad administrativa funcional. Una vez determinadas las respectivas res-ponsabilidades, las sanciones que se impongan deberán ser consignadas en el Registro de Sanciones de Destitución y Despido (RSDD), artículo 50 de la mencionada Ley N° 27785.

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El jefe de la Oficina de Administración de cada entidad, o quien haga sus veces, es el funcionario responsable de la inscripción en el Registro de San-ciones de Destitución y de Despido (RSDD).

Al respecto, cabe precisar que conforme al artículo 11 y la Novena Dis-posición Final de la Ley N° 27785, los servidores y funcionarios públicos incurren en responsabilidad administrativa funcional cuando contravienen el ordenamiento jurídico administrativo y las normas internas de la entidad a la que pertenecen o cuando en el ejercicio de sus funciones hayan reali-zado una gestión deficiente. Se desprende que, a su vez, incurren en respon-sabilidad civil cuando, por su acción u omisión, hayan ocasionado un daño económico al Estado, siendo necesario que este sea ocasionado por incum-plir sus funciones, por dolo o culpa, sea esta inexcusable o leve.

§8. Reglas procedimentales aplicables en materia de reposición como traba-jadores de duración indeterminada en la Administración Pública

21. En cuanto a los efectos temporales de la presente sentencia, cabe preci-sar que las reglas establecidas por el Tribunal Constitucional como prece-dente vinculante (entre ellas la exigencia de que la incorporación o ‘repo-sición’ a la Administración Pública solo proceda cuando el ingreso del trabajador se haya realizado mediante concurso público y abierto para una plaza presupuestada, vacante de duración indeterminada) deben ser de apli-cación inmediata a partir del día siguiente de su publicación en el diario ofi-cial El Peruano, incluso a los procesos de amparo que se encuentren en trá-mite ante el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional.

22. En el supuesto de que en un proceso de amparo el demandante no pueda ser reincorporado por no haber ingresado por concurso público de méritos para una plaza presupuestada, vacante de duración indeterminada, el juez reconducirá el proceso a la vía ordinaria laboral para que la parte deman-dante solicite la indemnización que corresponda, conforme a lo previsto en el artículo 38 del TUO del Decreto Legislativo N° 728. Dicha vía pro-seguirá el trámite conforme a la ley procesal de la materia y no para ser rechazada por la causal de extemporaneidad. Una vez que el juez laboral competente se avoque al conocimiento del caso, deberá entenderse presen-tada y admitida la demanda laboral, y se otorgará al demandante un plazo razonable a efectos de que adecue su demanda conforme a las reglas pre-vistas para la etapa postulatoria del proceso laboral. Transcurrido dicho plazo sin que el demandante realice la respectiva adecuación, procederá el archivo del proceso.

23. Asimismo, las demandas presentadas luego de la publicación del pre-cedente de autos y que no acrediten el presupuesto de haber ingresado por

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concurso público de méritos a la Administración Pública para una plaza presupuestada y vacante a plazo indeterminado, deberán ser declaradas improcedentes, sin que opere la reconducción mencionada en el parágrafo anterior. (...)”.

STC Exp. N° 05057-2013-PA/TC-JUNÍN, de fecha 16 de abril de 2015.

��El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados. STC Exp. N° 0728-2008-PHC/TC-LIMA.

Caso: Wilson Daniel Guzmán Natividad.

CRITERIO DEL TRIBUNAL: El Tribunal Constitucional ha estable-cido que el derecho a la debida motivación de las resoluciones es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial, que garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos proporcionados por el ordena-miento jurídico o los que se derivan del caso, precisando que el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado, entre otros, en la motivación aparente, la cual se configura cuando la resolu-ción no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico.

“El derecho a la motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resolu-ciones no se encuentren justiciadas en el mero capricho de los magistra-dos, sino en d tos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan de caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales.

Así, en el Exp. Nº 3943-2006-PA/TC y antes en el voto singular de los magistrados Gonzales Ojeda y Alva Orlandini (Exp. Nº 1744-2005-PA/TC). Este Colegiado Constitucional ha precisado que el contenido constitucio-nalmente garantizado de este derecho queda delimitado, entre otros, en los siguientes supuestos:

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a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo apa-rente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las par-tes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico.

b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del razonamiento (defectos internos de la motivación) se pre-senta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la deci-sión. Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el juez o Tribunal; sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa.

c) Deficiencias en la motivación externa, justificación de las premisas. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. Esto ocurre por lo general en los casos difíciles, como los identifica Dwor-kin, es decir, en aquellos casos donde suele presentarse problemas de pruebas o de interpretación de disposiciones normativas. La motiva-ción se presenta en este caso como una garantía para validar las pre-misas de las que parte el juez o Tribunal en sus decisiones. Si un juez, fundamenta su decisión: 1) ha establecido la existencia de un daño; 2) luego, ha llegado a la conclusión de que el daño ha sido causado por ‘X’, pero no ha dado razones sobre la vinculación del hecho con la par-ticipación de ‘X’ en tal supuesto, entonces estaremos ante una caren-cia de justificación de la premisa fáctica y, en consecuencia, la aparente corrección formal del razonamiento y de la decisión podrán ser enjui-ciadas por el juez (constitucional) por una deficiencia en la justificación externa del razonamiento del juez.

Hay que precisar, en este punto y en línea de principio, que el hábeas corpus no puede reemplazar la actuación del juez ordinario en la valo-ración de los medios de prueba, actividad que le corresponde de modo exclusivo a este, sino de controlar el razonamiento o la carencia de argumentos constitucionales; bien para respaldar el valor probatorio que se le confiere a determinados hechos; bien tratándose de problemas

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de interpretación, para respaldar las razones jurídicas que sustentan determinada comprensión del derecho aplicable al caso. Si el control de la motivación interna permite identificar la falta de corrección lógica en la argumentación del juez, el control en la justificación de las premi-sas posibilita identificar las razones que sustentan las premisas en las que ha basado su argumento. El control de la justificación externa del razonamiento resulta fundamental para apreciar la justicia y razonabi-lidad de la decisión judicial en el Estado democrático, porque obliga al juez a ser exhaustivo en la fundamentación de su decisión y a no dejarse persuadir por la simple lógica formal.

d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de moti-vación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indis-pensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, solo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumen-tos o la ‘insuficiencia’ de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo.

e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resol-ver las pretensiones de las partes de manera congruente con los térmi-nos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incon-gruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incon-testadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la senten-cia (incongruencia omisiva). Y es que, partiendo de una concepción democratizadora del proceso como la que se expresa en nuestro texto fundamental (artículo 139, incisos 3 y 5), resulta un imperativo cons-titucional que los justiciables obtengan de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente de las pretensiones efectua-das; pues precisamente el principio de congruencia procesal exige que el juez, al momento de pronunciarse sobre una causa determinada, no omita, altere o se exceda en las peticiones ante él formuladas.

f) Motivaciones cualificadas. Conforme lo ha destacado este Tribu-nal, resulta indispensable una especial justificación para el caso de

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decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. En estos casos, la motivación de la sentencia opera como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión como también al derecho que está siendo objeto de restricción por parte del juez o Tribunal. (...)”.

STC Exp. N° 0728-2008-PHC/TC-LIMA, de fecha 21 de julio de 2014.

��Presentar pruebas y cuestionar las mismas forma parte del contenido esencial del derecho fundamental a la prueba. STC Exp. N° 01014- 2007-PHC/TC-LIMA.

Caso: Luis Federico Salas Guevara Schultz

CRITERIO DEL TRIBUNAL: El Tribunal Constitucional declara infundada la demanda de hábeas corpus debido a que no se ha vulnerado el derecho fundamental a la prueba del recurrente. Esto, porque ha ejer-cido su derecho a cuestionar las pruebas: “Nunca se le impidió cuestionar como medio de prueba la fotocopia del decreto de urgencia en el que ale-gaba la falsificación de su firma”, y tuvo la libertad para formular tacha obteniendo una respuesta por parte del órgano jurisdiccional.

“10. No obstante, es menester considerar también que el derecho a la prueba lleva aparejada la posibilidad de postular, dentro de los límites y alcances que la Constitución y las leyes reconocen, los medios probato-rios pertinentes para justificar los argumentos que el justiciable esgrime a su favor. Por ello, no se puede negar la existencia del derecho fundamen-tal a la prueba. Constituye un derecho fundamental de los justiciables pro-ducir la prueba relacionada con los hechos que configuran su pretensión o su defensa. Según esta dimensión subjetiva del derecho a la prueba, las par-tes o un tercero legitimado en un proceso o procedimiento tienen el derecho de producir la prueba necesaria con la finalidad de acreditar los hechos que configuran su pretensión o defensa.

11. Atendiendo al doble carácter de los derechos fundamentales en general y del derecho a la prueba en particular, este, en su dimensión objetiva, comporta también el deber del juez de la causa de solicitar, actuar y dar el mérito jurí-dico que corresponda a los medios de prueba en la sentencia. En la medida en que el objetivo principal del proceso penal es el acercamiento a la verdad judicial, los jueces deben motivar razonada y objetivamente el valor jurídico

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probatorio en la sentencia. Esto es así por cuanto el proceso penal no solo constituye un instrumento que debe garantizar los derechos fundamentales de los procesados, sino también debe hacer efectiva la responsabilidad jurídico-penal de las personas que sean halladas culpables dentro de un proceso penal.

12. Por ello, la prueba capaz de producir un conocimiento cierto o pro-bable en la conciencia del juez debe reunir las siguientes características: (1) Veracidad objetiva, según la cual la prueba exhibida en el proceso debe dar un reflejo exacto de lo acontecido en la realidad; asimismo, prima facie, es requisito que la trayectoria de la prueba sea susceptible de ser controlada por las partes que intervienen en el proceso, lo que no supone desconocer que es al juez, finalmente, a quien le corresponde decidir razonablemente la admisión, exclusión o limitación de los medios de prueba. De esta manera, se puede adquirir certeza de la idoneidad del elemento probatorio, pues éste se ajustará a la verdad de lo ocurrido y no habrá sido susceptible de manipula-ción; (2) Constitucionalidad de la actividad probatoria, la cual implica la pros-cripción de actos que violen el contenido esencial de los derechos fundamen-tales o transgresiones al orden jurídico en la obtención, recepción y valoración de la prueba; (3) Utilidad de la prueba, característica que vincula directa-mente a la prueba con el hecho presuntamente delictivo que se habría come-tido, pues con esta característica se verificará la utilidad de la prueba siem-pre y cuando ésta produzca certeza judicial para la resolución o aportación a la resolución del caso concreto; (4) Pertinencia de la prueba, toda vez que la prueba se reputará pertinente si guarda una relación directa con el objeto del procedimiento, de tal manera que si no guardase relación directa con el presunto hecho delictivo no podría ser considerada una prueba adecuada.

13. Se trata, pues, de un derecho complejo cuyo contenido, de acuerdo con lo señalado anteriormente por el Tribunal Constitucional (vid. STC 6712-2005/HC/TC, FJ 15), está determinado:

(...) por el derecho a ofrecer medios probatorios que se consideren necesarios, a que estos sean admitidos, adecuadamente actuados, que se asegure la producción o conservación de la prueba a partir de la actuación anticipada de los medios probatorios y que estos sean valo-rados de manera adecuada y con la motivación debida, con el fin de darle el mérito probatorio que tenga en la sentencia. La valoración de la prueba debe estar debidamente motivada por escrito, con la finalidad de que el justiciable pueda comprobar si dicho mérito ha sido efectiva y adecuadamente realizado.

14. Como puede verse, uno de los elementos que forman parte del conte-nido del derecho a la prueba está constituido por el hecho de que las prue-bas actuadas dentro del proceso penal sean valoradas de manera adecuada

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y con la motivación debida. De lo cual se deriva una doble exigencia para el juez: en primer lugar, la exigencia del juez de no omitir la valoración de aquellas pruebas que son aportadas por las partes al proceso dentro del marco del respeto a los derechos fundamentales y a lo establecido en las leyes pertinentes; en segundo lugar, la exigencia de que dichas pruebas sean valoradas motivadamente con criterios objetivos y razonables (vid. STC 4831-2005-PHC/TC, FJ 8). Por ello, la omisión injustificada de la valora-ción de una prueba aportada por las partes, respetando los derechos funda-mentales y las leyes que la regulan, comporta una vulneración del derecho fundamental a la prueba y, por ende, del debido proceso. (...)”.

STC Exp. N° 01014-2007-PHC/TC LIMA, de fecha 5 de abril de 2007.

��La aplicación del principio de inmediatez en los procedimientos disci-plinarios depende de la complejidad de la falta cometida (investigación) así como de la organización empresarial. STC Exp. N° 005251-2011-PA/TC-LIMA.

Caso: Luis Alfonso Castillo Montesinos.

CRITERIO DEL TRIBUNAL: El principio de inmediatez, se encuen-tra establecido en el artículo 31 del TUO del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, Decreto Supremo N° 003-97-TR. Siendo su aplicación en los procedimientos disciplinarios sumamente elástico que depende enteramente de la complejidad de la falta cometida (investigación) así como de la organización empresarial.

“5. Respecto a la supuesta violación del principio de inmediatez, cabe recordar que este colegiado en la STC Exp. N° 00543-2007-PA/TC, ha establecido que dicho principio resulta sumamente elástico y que depende de la complejidad de la falta cometida (investigación) así como de la organización empresarial. Es decir, tiene vinculación por las situacio-nes especiales que pudieran presentarse y por las acciones realizadas por el empleador a fin de establecer certeramente la falta cometida. Por lo que del análisis de estos hechos, se determinará si se vulneró al principio de inmediatez, establecido en el artículo 31 del TUO del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, Decreto Supremo N° 003-97-TR. (...)”.

TC Exp. N° 005251-2011-PA/TC-LIMA, de fecha 23 de abril de 2012.

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��El transcurso del cómputo del principio de inmediatez. A partir de donde resulta relevante la toma de conocimiento de la falta cometida para el examen de la pérdida o no de la oportunidad para sancionar. STC Exp. Nº 003860-2013-PA/TC-LIMA.

Caso: Aquiles Navarro Sinarahua.

CRITERIO DEL TRIBUNAL: La toma de conocimiento de la falta laboral que resulta relevante para el cómputo de la inmediatez laboral es el aviso al funcionario u órgano de la empresa que tenga potestad dis-ciplinaria, es decir, al órgano que esté habilitado por la organización empresarial para decidir si impone o no una sanción al trabajador infrac-tor. Sobre él recaerá el examen de la pérdida o no de la oportunidad para sancionar, o del olvido o condonación de la falta. La negligencia de otros trabajadores de la empresa sin potestad disciplinaria en comunicar la falta laboral, o incluso la complicidad, no pone en peligro el tiempo razona-ble para posterior investigación y sanción, en buena cuenta porque su actuación no representa la voluntad de la empresa para efectos de punir las faltas cometidas.

“27. En tal sentido, la toma de conocimiento (referida en la cita prece-dente) que resulta relevante para el cómputo de la inmediatez laboral es el aviso al funcionario u órgano de la empresa que tenga potestad disciplina-ria, es decir, al órgano que esté habilitado por la organización empresarial para decidir si impone o no una sanción al trabajador infractor. Sobre él recaerá el examen de la pérdida o no de la oportunidad para sancionar, o del olvido o condonación de la falta. La negligencia de otros trabajadores de la empresa sin potestad disciplinaria en comunicar la falta laboral, o incluso la complicidad, no pone en peligro el tiempo razonable para posterior inves-tigación y sanción, en buena cuenta porque su actuación no representa la voluntad de la empresa para efectos de punir las faltas cometidas.

(...)

32. Ahora bien, respecto al cumplimiento del principio de inmediatez en el curso del propio procedimiento investigatorio (21 de julio de 2011) hasta el despido del demandante (30 de noviembre de 2011), debe apreciarse tanto la complejidad de los hechos que son materia de investigación como los actos que articulan el procedimiento de despido, que dependen en gran medida de cómo se organiza la empresa en su interior. (...)”.

Exp. Nº 003860-2013-PA/TC-LIMA, de fecha 26 de junio de 2014.

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��El artículo 4 del Código Procesal Constitucional, recogiendo lo previsto en los instrumentos internacionales, consagra el derecho al debido pro-ceso como atributo integrante de la tutela procesal efectiva. STC Exp. N° 4907-2005 -HC/TC-LIMA.

Caso: Roberto Carlos Pizarro López.

CRITERIO DEL TRIBUNAL: El artículo 4 del Código Procesal Consti-tucional, recoge lo previsto en los instrumentos internacionales, que consa-gra el derecho al debido proceso como atributo integrante de la tutela pro-cesal efectiva, definido como aquella situación jurídica de una persona en la que se respetan este y otros derechos procesales de igual significación.

“(...) 2. El artículo 139 de la Norma Suprema establece los principios y derechos de la función jurisdiccional. El inciso 3 garantiza la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.

3. En ese sentido, la exigencia de su efectivo respeto no solo tiene que ver con la necesidad de garantizar a todo justiciable determinadas garantías mínimas cuando este participa en un proceso judicial, sino también con la propia validez de la configuración del proceso, cualquiera que sea la mate-ria que en su seno se pueda dirimir, como puede ser la actividad investiga-toria realizada por el órgano jurisdiccional. De esta forma, el debido pro-ceso no solo es un derecho de connotación procesal que se traduce, como antes se ha dicho, en el respeto de determinados atributos, sino también una institución compleja que desborda el ámbito meramente jurisdiccional.

4. El artículo 4 del Código Procesal Constitucional, recogiendo lo previsto en los instrumentos internacionales, consagra el derecho al debido proceso como atributo integrante de la tutela procesal efectiva, que se define como aquella situación jurídica de una persona en la que se respetan este y otros derechos procesales de igual significación. (...)”.

STC Exp. N° 4907-2005 -HC/TC-LIMA, de fecha 8 de agosto de 2005.

��Prueba ilícita, es ilícita la práctica de interceptación electrónica. STC Exp. N° 1058-2004-AA/TC-LIMA.

Caso: Rafael Francisco García Mendoza

CRITERIO DEL TRIBUNAL: El tribunal Constitucional ha sentado la posición de que es ilícita la práctica de interceptación electrónica.

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“21) Lo que se plantea en el presente caso no es, sin embargo, que la empresa demandada no haya podido investigar un hecho que, a su jui-cio, consideraba reprochable, como lo es el uso de un instrumento infor-mático para fines eminentemente personales, sino el procedimiento que ha utilizado a efectos de comprobar la presunta responsabilidad del trabaja-dor investigado. Sobre este particular, es claro que si se trataba de determi-nar que el trabajador utilizó su correo electrónico para fines opuestos a los que le imponían sus obligaciones laborales, la única forma de acreditarlo era iniciar una investigación de tipo judicial, habida cuenta de que tal con-figuración procedimental la imponía, para estos casos, la propia Constitu-ción. La demandada, lejos de iniciar una investigación como la señalada, ha pretendido sustentarse en su sola facultad fiscalizadora para acceder a los correos personales de los trabajadores, lo que evidentemente no está per-mitido por la Constitución, por tratarse en el caso de autos de la reserva elemental a la que se encuentran sujetas las comunicaciones y documentos privados y la garantía de que tal reserva solo puede verse limitada por man-dato judicial y dentro de las garantías predeterminadas por la ley.

22) La demandada, por otra parte, tampoco ha tenido en cuenta que en la forma como ha obtenido los elementos presuntamente incriminatorios, no solo ha vulnerado la reserva de las comunicaciones y la garantía de judicia-lidad, sino que ha convertido en inválidos dichos elementos. En efecto, con-forme lo establece la última parte del artículo 2, inciso 10), de la Constitución, los documentos privados obtenidos con violación de los preceptos anterior-mente señalados, no tienen efecto legal. Ello, de momento, supone que por la forma como se han recabado los mensajes que han sido utilizados en el cues-tionado proceso administrativo, su valor probatorio carece de todo efecto jurí-dico, siendo, por tanto, nulo el acto de despido en el que dicho proceso ha cul-minado. Se trata, pues, en el fondo, de garantizar que los medios de prueba ilícitamente obtenidos no permitan desnaturalizar los derechos de la persona ni, mucho menos, y como es evidente, que generen efectos en su perjuicio.

23) Este Colegiado considera, por lo tanto, que en cualquiera de los supues-tos en que sea observado el procedimiento seguido contra el recurrente, este resulta absolutamente inconstitucional. Ello, no obstante, no significa que el empleador carezca de medios adecuados para fiscalizar la labor del trabaja-dor y la eficiencia de las responsabilidades que al mismo se le encomienda; pero es un hecho que la implementación de tales medios no puede hacerse en forma contraria a los derechos de la persona, sino de manera razona-ble, de modo tal que permita satisfacer los fines de toda relación laboral sin perjudicar los ámbitos propios de autodeterminación que en todo momento deben quedar sujetos a lo establecido en la norma fundamental (...)”.

STC Exp. N° 1058-2004-AA/TC-LIMA, de fecha 18 de agosto de 2004.

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III. LA PRUEBA LABORAL EN LA JURISPRUDENCIA CASATORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y DEL PODER JUDICIAL

1. Generalidades del proceso laboral

��Objeto de la Nueva Ley Procesal del Trabajo. Cas. Lab. N° 2148-2013-LA LIBERTAD.

CRITERIO DE LA SUPREMA: La Corte Suprema reconoció que a través de la Ley N° 29497- Nueva Ley Procesal del Trabajo, se reestruc-turo el proceso judicial laboral, estableciéndose una nueva competencia por materia y cuantía de la demanda, menor número de actos procesa-les; legitimaciones especiales; notificaciones electrónicas; inexigibilidad del agotamiento de la vía administrativa, salvo cuando exista un tribu-nal u órgano administrativo ad hoc, privilegiándose a la igualdad mate-rial y procesal entre las partes; al fondo sobre la forma; a la continuidad del proceso laboral; con un mayor énfasis de la observancia de los jueces de los derechos fundamentales a un debido proceso y a una tutela juris-diccional efectiva y eficaz, en estricto cumplimiento de los principios pro homine, pro operario, pro actione, debida motivación, congruencia, dirección del proceso, oralidad, inmediación, concentración, celeridad, económica procesal, veracidad, socialización, razonabilidad, entre otros.

“III.- CONSIDERANDO:

PRIMERO: Este Supremo Tribunal ha precisado en sede casatoria que con la Ley N° 29497 -Nueva Ley Procesal del Trabajo, se reestructuro el proceso judicial laboral, estableciéndose nueva competencia por materia y cuantía de la demanda; menor número de actos procesales; legitimaciones especiales; notificaciones electrónicas; inexigibilidad del agotamiento de la vía administrativa, salvo cuando exista un tribunal u órgano administra-tivo ad hoc, privilegiándose a la igualdad material y procesal entre las par-tes; al fondo sobre la forma; a la interpretación de los requisitos y presu-puestos procesales en el sentido más favorable a la continuidad del proceso laboral; con un mayor énfasis en la observancia de los jueces de los dere-chos fundamentales aun debido proceso y a una tutela jurisdiccional efec-tiva y eficaz, en estricto cumplimiento de los principios pro homine, pro operario, pro actione, debida motivación, congruencia, dirección del pro-ceso, oralidad, inmediación, concentración, celeridad, economía procesal, veracidad, socialización, razonabilidad, entre otros; pero principalmente el propósito de dicha reestructuración fue una real modernización del proceso laboral, privilegiando la igualdad procesal de las partes, la efectividad en la

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resolución de controversias laborales; y el resguardo de los derechos funda-mentales de los trabajadores. Con ese objetivo, los jueces laborales deben romper el paradigma de procesos ineficaces, dando prevalencia a una tutela jurisdiccional realmente efectiva, apostando por la nueva dinámica conte-nida en la Ley laboral en comento.

SEGUNDO: En ese sentido, deben orientarse los esfuerzos de los jueces a la reivindicación de los derechos fundamentales reclamados en la demanda, teniendo en cuenta el contenido esencial de la fundamentación fáctica y jurí-dica en ella desarrollada, a fin de identificar lo pretendido, y el grado de afec-tación de los derechos invocados, lo contrario desnaturalizaría al nuevo pro-ceso laboral predominantemente protector de los derechos constitucionales y fundamentales de las partes, eficaz, célere y oral, pero sobre todo justo. Por lo tanto, este Tribunal Supremo invoca a los jueces a cargo de los procesos laborales a que su actuación se despliegue conforme a las normas de derecho constitucional y convencional que exigen la aplicación de primer orden de las Constitucionales de los Estados y de los convenios celebrados, garantizando la vigencia efectiva de los derechos humanos, y asegurando con ello la justi-cia preexistente al derecho positivizado, lo que a su vez dará legitimidad a su actuación, cuya preocupación principal, se inste, será el aseguramiento de la plena vigencia de los derechos de los hombres. (...)”.

Cas. Lab. N° 2148-2013-LA LIBERTAD, de fecha 14 de octubre de 2013.

��Naturaleza del proceso laboral- Sistema mixto. Cas. N° 13634- 2015-MOQUEGUA.

CRITERIO DE LA CORTE SUPREMA: El Tribunal Supremo, señala que nuestro sistema laboral no es exclusivamente oral, sino es un sistema mixto.

Por lo que, la inasistencia de la parte demandada a la audiencia de juz-gamiento, no configura un supuesto de hecho, para aplicar la presunción legal derivada de su conducta; decisión que resulta desproporcional, pues, la no concurrencia a la audiencia no implica la rebeldía de dicha parte; además, que nuestro sistema laboral no es exclusivamente oral, sino es un sistema mixto.

“SEXTO: Precisiones sobre la oralidad en la Nueva Ley Procesal del Trabajo

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El jurista Mario Pasco Cosmópolis, señala:

La oralidad no es, pues, la mera prevalencia de la expresión hablada sobre la escrita en el desarrollo de las actuaciones procesales, sino que consti-tuye un sistema alterno y distinto al del proceso escriturario, en el que se conjugan además la concentración y la inmediación, lográndose además la ansiada celeridad.

En el artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 29497, Nueva Ley Pro-cesal del Trabajo, se establece que entre los principios que inspiran a este proceso laboral, es la oralidad.

Al respecto, si bien en la Ley N° 29497, predomina el sistema oral para efectos de lograr un proceso mucho más rápido y permita la participación activa del juez y de las partes, pues el trámite se realiza en audiencia, esto no supone que estamos ante un sistema exclusivamente oral, pues tal como se advierte en los artículos de la Ley citada, algunos actos procesales son eminentemente escritos, tal como ocurre con la contestación de demanda; en consecuencia, la Ley N° 29497, representa un sistema mixto.

(...)

OCTAVO: Solución al caso concreto

De la revisión del expediente principal, se advierte que en el Acta de Audien-cia de Juzgamiento, que corre en fojas doscientos treinta y siete a doscien-tos cuarenta, el juez de primera instancia tiene por desistido las excepciones planteadas por la demandada en su escrito de contestación, en aplicación del artículo 29 de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, al no con-currir a la Audiencia de Juzgamiento. Asimismo, este razonamiento es confir-mado por el Colegiado de mérito en su Sentencia de Vista.

De acuerdo a la doctrina, las excepciones son una manifestación del dere-cho de defensa, y se plantea como defensas de forma, y al haber sido planteadas de manera expresa, aquellas no pueden tenerse por desisti-dos en base a una presunción, tal como lo han entendido las instancias de mérito, pues, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 341 del Código Pro-cesal Civil, aplicable supletoriamente, el desistimiento no se presume, y el mismo debe ser expreso.

En ese contexto, se evidencia que las instancias de mérito aplicaron indebi-damente el artículo 29 de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, toda vez que consideran que la inasistencia de la parte demandada a la audien-cia de juzgamiento, configura un supuesto de hecho, para aplicar la presunción legal derivada de su conducta; decisión que resulta desproporcional, pues, la

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no concurrencia a la audiencia no implica la rebeldía de dicha parte; además, que nuestro sistema laboral no es exclusivamente oral, tal como se ha señalado en el considerando sexto, sino es un sistema mixto.

En consecuencia, dicha decisión limita el derecho de defensa de la parte demandada, derecho reconocido en nuestra Constitución Política del Perú, lo que implica una transgresión al debido proceso; pues se debió resolver las excepciones con la Sentencia. (...)”.

Cas. N° 13634-2015-MOQUEGUA, de fecha 25 de mayo de 2017.

��Principios y fin de la Nueva Ley Procesal del Trabajo. Cas. Lab. N° 7707-2014-LIMA.

CRITERIO DE LA CORTE SUPREMA: La nueva Ley Procesal del trabajo, Ley N° 29497, se privilegió a la igualdad material y procesal entre las partes, del fondo sobre la forma, el cumplimiento de los princi-pios de oralidad, inmediación, concentración, celeridad, economía pro-cesal, veracidad, socialización, razonabilidad, congruencia, dirección del proceso, entre otros, pero principalmente el espíritu de dicha norma legal fue una real modernización del proceso laboral.

“SEXTO: En la Ley N° 29497, nueva Ley Procesal de Trabajo, se privilegió a la igualdad material y procesal entre las partes, del fondo sobre la forma, el cumplimiento de los principios de oralidad, inmediación, concentración, celeridad, economía procesal, veracidad, socialización, razonabilidad, con-gruencia, dirección del proceso, entre otros, pero principalmente el espíritu de dicha norma legal fue una real modernización del proceso laboral, privi-legiando la igualdad procesal, la efectividad en la resolución de controver-sias laborales y la oralidad. En ese objetivo, los jueces laborales deben rom-per el paradigma de los procesos ineficaces, de excesiva formalidad, dando prevalencia a una tutela jurisdiccional realmente efectiva, apostando por la nueva dinámica contenida en la Nueva Ley Procesal Laboral, es resguardo de la protección de los derechos fundamentales de los justiciables.

SÉTIMO: El principio de oralidad, en la Nueva Ley Procesal de Trabajo reconoce a la oralidad como uno de los principios esenciales del nuevo pro-ceso laboral y sobre el que se fundamentan los demás principios.

La inmediación del juez requiere de la oralidad del proceso laboral, a efecto que el juez pueda involucrarse e interactuar en el proceso como director de este, en ese sentido, el proceso se puede desarrollar en forma expeditiva, y

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con ellos se hace efectivo los principios de economía procesal y concentra-ción a fin de lograr una real eficacia. (...)”.

Cas. Lab. N° 7707-2014-LIMA, de fecha 22 de octubre de 2015.

��Principios del nuevo Proceso Laboral. Cas. Lab. N° 16604-2013-JUNÍN.

CRITERIO DE LA SUPREMA: El artículo I de la Nueva Ley Procesal del Trabajo consagra los principios en los que se inspira la nueva norma procesal laboral y son entre otros los principios de inmediación, oralidad concentración, celeridad, economía procesal y veracidad.

“(...) los principios que inspiran este nuevo modelo procesal laboral ‘oral’, recogidos en el artículo I de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, que señala ‘El proceso laboral se inspira, entre otros en los principios de inmediación, oralidad concentración, celeridad, economía procesal y veracidad’; cuya aplicación tiene singular importancia a nivel del proceso laboral donde se discuten derechos sociales de naturaleza alimentaria, imponen la necesidad que el proceso laboral cuente con plazos cortos y perentorios a fin de que este sea resuelto a la mayor brevedad posible, sin que ese implique limitar o desconocer el derecho de defensa y debido proceso que corresponde a la parte demandada (...)”.

Cas. Lab. N° 16604-2013-JUNÍN, de fecha 9 de diciembre de 2014.

��Principios que inspiran y fundamentan el nuevo proceso laboral según el artículo III del Título Preliminar de la Ley Nº 29497 -NLPT. Cas. Lab. N° 12866-2013-LIMA.

CRITERIO DE LA CORTE SUPREMA: La Corte Suprema ha seña-lado que en el artículo III del Título Preliminar de la Ley N° 29497, recoge los principios que inspiran y fundamentan el nuevo esquema pro-cesal laboral, así en el primer párrafo pueden identificarse principios como el de socialización del proceso, al evitar que las desigualdades entre las partes afecte el resultado del proceso; el de veracidad, cuando se pri-vilegia el fondo sobre la forma y que se asimila a lo que se conoce como principio de primacía de la realidad; “principio pro accione”, que pro-curan la continuidad del proceso por sobre los inconvenientes procesales

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existentes, siempre que éstos no afecten el debido proceso; pues es pre-cisamente este y la tutela jurisdiccional efectiva los pilares de este nuevo proceso laboral. De otro lado, alude al principio de razonabilidad que es aquel que dirige la actuación del juez a su razón o criterio de justicia, añadiéndose que estos principios, acarrean deberes para con el juez en su actuación como director del proceso, tiene especial énfasis cuando se ventilen conflictos en los que se encuentren involucradas madres ges-tantes, menores de edad o discapacitados. En el segundo párrafo pue-den identificarse los principios de dirección del proceso, al encargar al juez tener un rol protagónico en la conducción del mismo, premunién-dolo de facultades sancionadoras a fin de obtener de las partes una con-ducta acorde con sus deberes de veracidad, probidad, lealtad y buena fe, finalmente, en el último párrafo se enfatiza en la necesidad de establecer la gratuidad para acceder al proceso laboral, precisando que esta se da siempre que el monto pretendido no supere las setenta Unidades de Refe-rencia Procesal (URP).

“DÉCIMO SEGUNDO: Corresponde señalar de otro lado que, en el artículo III del Título Preliminar de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Tra-bajo, se recogen principios que inspiran, pero sobre todo fundamentan este nuevo esquema procesal laboral. Así, en el primer párrafo pueden identifi-carse principios como el de socialización del proceso, al evitar que las de-sigualdades entre las partes afecte el resultado del proceso; el de veracidad, cuando se privilegia el fondo sobre la forma y que se asimila a lo que se conoce como principio de primacía de la realidad; principio pro accione, que procuran la continuidad del proceso por sobre los inconvenientes procesales existentes, claro está, siempre que éstos no afecten el debido proceso; pues es precisamente este y la tutela jurisdiccional efectiva los pilares de este nuevo proceso laboral según se lee del texto expreso del párrafo primero del articulo in comento. De otro lado, alude al principio de razonabilidad que es aquel que dirige la actuación del juez a su razón o criterio de justicia. Añadiéndose que estos principios, que a su vez acarrean deberes para con el juez en su actuación como directos del proceso, tiene especial énfasis cuando se ven-tilen conflictos en los que encuentren involucradas madres gestantes, meno-res de edad o discapacitados. En el segundo párrafo pueden identificarse los principios de dirección del proceso, al encargar al juez tener un rol protagó-nico en la conducción del mismo, premuniéndolo de facultades sancionado-ras a fin de obtener de las partes una conducta acode con sus deberes de vera-cidad, probidad, lealtad y buena fe. Estos, precisamente, también constituyen principios que sirven de sustento al proceso laboral regido por la Nueva Ley Procesal del Trabajo - Ley N° 29497. Y, finalmente, en el último párrafo se

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enfatiza en la necesidad de establecer la gratuidad para acceder al proceso laboral, precisando que ésta se da siempre que el monto pretendido no supere las setenta Unidades de Referencia Procesal (URP).

DÉCIMO TERCERO: Precisamente, son los principios pro actione y de razonabilidad, los que ratifican la decisión de este Supremo Tribunal respecto a la posibilidad jurídico procesal de tramitar una demanda como la planteada en el presente caso, vía del proceso ordinario laboral, de conocimiento del juez especializado de trabajo –o quien haga sus veces–; en tanto, este prin-cipio de favorecimiento del proceso que comprende también el principio de vinculación y elasticidad, entiende que las normas procesales aún cuando son imperativas, el juez laboral está facultado a adecuar la exigencia de las for-malidades impuestas las normas procesales a los fines del proceso, esto es, la efectiva resolución de la materia controvertida. Apelando a tal fundamento del proceso laboral, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, en la Casación N° 4800-2011-Moquegua, indicó que ‘el juez laboral cuando en cualquier etapa del proceso dude respecto del cumplimiento de algún requisito de admisibilidad o procedencia, lo que implique la inadmisión de la demanda, o la continuación del proceso, deberá interpretar las normas en forma sistemática que permita la continuidad del mismo. De esta manera, los jueces laborales garantizan una real eficacia de la tutela jurisdiccional, al inte-rior de un debido proceso, por su parte, los justiciables han de colaborar con los magistrados, demostrando buena fe en su actuación procesal’ del mismo modo, ‘(...) se exige al juez o magistrado judicial que las condiciones y limi-taciones del derecho de acceder a la justicia sean comprendidas de manera tal que, frente a un caso de duda, ya sea por la existencia de dos disposiciones o, una disposición, por la existencia de dos formas posibles de ser comprendi-das, se opte por aquella disposición o norma que de mejor forma optimice el ejercicio del derecho laboral’ (...)”.

Cas. Lab. N° 12866-2013-LIMA, de fecha 21 de julio de 2014.

��Juez director del proceso. Cas. N° 17611-2013-LIMA.

CRITERIO DE LA CORTE SUPREMA: La Corte Suprema señala que la actuación del juez como director del proceso debe realizarlo en atención al principio de razonabilidad, el cual se basa en su razón o cri-terio de justicia, el cual tiene un especial énfasis cuando se ventilen con-flictos en los que se encuentren involucradas madres gestantes, menores de edad o discapacitados

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“En el artículo III del Título Preliminar de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, se recogen principios que inspiran, pero sobre todo fundamentan este nuevo esquema procesal laboral.

(...)

Pueden identificarse principios como el de socialización del proceso, al evi-tar que las desigualdades entre las partes afecte el resultado del proceso; el de veracidad, cuando se privilegia el fondo sobre la forma y que se asimila a lo que se conoce como Principio de primacía de la realidad; principio pro accione, que procura la continuidad del proceso por sobre los inconvenien-tes procesales existentes, claro está, siempre que estos no afecten el debido proceso; pues especiosamente éste y la tutela jurisdiccional efectiva los pila-res de este nuevo proceso laboral según se lee del texto expreso del párrafo primero del artículo in comento. De otro lado, alude al principio de razona-bilidad que es aquel que dirige la actuación del juez en atención a su razón o criterio de justicia. Añadiéndose que estos principios, que a su vez acarrean deberes para con el juez en su actuación como director del proceso, tienen especial énfasis cuando se ventilen conflictos en los que se encuentren invo-lucradas madres gestantes, menores de edad o discapacitados.

(...)

Segundo párrafo, pueden identificarse los principios de dirección del pro-ceso, al encargar al juez tener un rol protagónico en la conducción del mismo, premuniéndolo de facultades sancionadoras a fin de obtener de las partes una conducta acorde con sus deberes de veracidad, probidad lealtad y buena fe. Éstos, precisamente, también constituyen principios que sirven de sustento al proceso laboral regido por la Nueva Ley Procesal del Tra-bajo. (...)”.

Cas. N° 17611-2013-LIMA, de fecha 9 de diciembre de 2014.

��Prevalencia del fondo sobre la forma. Cas. Lab. N° 7353-2013-CUSCO.

CRITERIO DE LA CORTE SUPREMA: La prevalencia del fondo sobre la forma es uno de los principios que inspiran al nuevo proceso laboral, que procura alcanzar la igualdad real de las partes privilegiando el fondo sobre la forma e interpretando los requisitos y presupuestos procesales en sentido favorable a la continuidad del proceso; en ese sen-tido, si bien prima facie se puede afirmar que las formalidades de un pro-ceso son imperativas, se debe tener en cuenta que el juez debe adecuar su

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exigencia al logro de los fines del proceso, lo cual implica además, efec-tuar una interpretación sobre las reglas procesales, que más favorezca al logro de la tutela judicial efectiva del derecho invocado por el justiciable.

“NOVENO: (...) 4) A las razones antes dichas, debe agregarse además, la necesidad de la observancia de los principios que inspiran al nuevo pro-ceso laboral, entre lo que –para fines del presente litigio– cabe destacar al de prevalencia del fondo sobre la forma, de economía y celeridad proce-sal. Sobre el primero conviene indicar que, el proceso judicial –como ya es sabido– no es un fin, sino un medio que otorga el ordenamiento jurí-dico para la protección de los derechos materiales que este último también brinda; en otras palabras, constituye la herramienta de la cual se valen las partes y el órgano jurisdiccional quienes utilizando la normatividad corres-pondiente buscan la solución de un conflicto de intereses de relevancia jurí-dica; en tal solución, las reglas procesales previstas en la legislación tie-nen por objeto la obtención de la finalidad del proceso, que es brindar una solución justa al conflicto de intereses cometido a decisión judicial; por ende, acorde a ello, uno de los fundamentos que orientan al nuevo pro-ceso laboral es el de procurar alcanzar la igualdad real de las partes pri-vilegiando el fondo sobre la forma e interpretando los requisitos y presu-puestos procesales en sentido favorable a la continuidad del proceso; en ese sentido, si bien prima facie se puede afirmar que las formalidades de un proceso son imperativas, se debe tener en cuenta que el juez debe ade-cuar su exigencia al logro de los fines del proceso, lo cual implica además, efectuar una interpretación sobre las reglas procesales, que más favorezca al logro de la tutela judicial efectiva del derecho invocado por el justicia-ble. De otro lado, en lo que respecta a los principios de economía y celeri-dad procesal, no debe olvidarse que en virtud a estos principios operacio-nales, el juez dirige el proceso tendiendo a la búsqueda de la restitución del bien jurídico tutelado, en el menos tiempo posible, y con la reducción de los actos procesales; ello acorde con la relevancia del derecho invo-cado (debiéndose tener en cuenta que en el presente caso la parte actora alega que se encuentra comprometido el derecho al trabajo), y sin afectar el carácter imperativo de la actuaciones que lo requieran; además, como lo ha precisado anteriormente este colegiado Supremo en reiterada juris-prudencia, la celeridad procesal está muy ligada a la realización del justi-cia, resaltándose una vez más que la dilación de un proceso laboral, en el cual de acuerdo a la magnitud del derecho invocado, requiera una tutela urgente, acentúa la desigualdad entre el trabajador y empleador. (...)”.

Cas. Lab. N° 7353-2013-CUSCO, de fecha 15 de noviembre de 2013.

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��Principio de primacía de la realidad. Cas. Lab. N° 9374-2012- AREQUIPA.

CRITERIO DE LA CORTE SUPREMA: El Principio de Primacía de la Realidad o de Veracidad constituye un elemento implícito en nuestro ordenamiento y concretamente impuesto por la propia naturaleza tuitiva de la Constitución Política del Estado que ha visto al trabajo como un deber y un derecho base del bienestar social y medio de realización de la persona; y además como un objetivo de atención prioritaria del Estado, delimita que el juez en caso de discordia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o de acuerdos, debe darle preferencia a lo primero, es decir a lo que ocurre en el terreno de los hechos o de la reali-dad, pues el contrato de trabajo constituye un contrato real que se tipifica por la forma y condiciones bajo las cuales se ha prestado el servicio con prescindencia de la denominación que se le pudiese otorgar.

“OCTAVO: Previo al análisis, resulta pertinente señalar que el Principio de Primacía de la Realidad o de Veracidad constituye un elemento implícito en nuestro ordenamiento y concretamente impuesto por la propia naturaleza tuitiva de la Constitución Política del Estado, que ha visto al trabajo como un deber y un derecho base del bienestar social y medio de realización de la persona; y además como un objetivo de atención prioritaria del Estado, delimita que el juez en caso de discordia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o de acuerdos, debe darle preferencia a lo pri-mero, es decir a lo que ocurre en el terreno de los hechos o de la realidad, pues el contrato de trabajo constituye un contrato real que se tipifica por la forma y condiciones bajo las cuales se ha prestado el servicio con prescin-dencia de la denominación que se le pudiese otorgar a dicha relación.

NOVENO: En el mismo sentido, mediante Pleno Jurisdiccional Laboral rea-lizado en la ciudad de Tarapoto en el año dos mil se acordó que: 1: ‘Si el juez constata la existencia de una relación laboral a pesar de la celebración de un contrato de servicios civil o mercantil, deberá preferir la aplicación de los principios de la primacía de la realidad y de irrenunciabilidad sobre la buena fe contractual que preconiza el Código Civil, para reconocer los derechos laborales que corresponden’. (sic), argumento que se encuentra plasmado en números pronunciamientos jurisprudenciales no solo de la judicatura labo-ral sino incluso del Tribunal Fiscal y del Instituto nacional de defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual INDECOPI. (...)”.

Cas. Lab. N° 9374-2012-AREQUIPA, de fecha 19 de abril de 2013.

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��Principio de inmediatez laboral. No procede despido si se produce un mes después de cometida la infracción. Cas. Lab. Nº 11709-2015-LIMA.

CRITERIO DE LA CORTE SUPREMA: El principio de inmedia-tez tiene por objeto la protección del trabajador en los casos de despido individual por causas relacionadas con su conducta o capacidad, esta-bleciendo una limitación al despido a través de la exigencia de una rela-ción causal y de contemporaneidad entre este y el hecho que lo causa. En consecuencia, se contraviene al principio de inmediatez si se inician las acciones administrativas para el procedimiento de despido un mes y veinticuatro días después de sucedido los hechos, y no al día siguiente de conocido los hechos, si se contaba con información suficiente para aper-turar el procedimiento de despido.

“DÉCIMO: Al respecto, si bien es cierto nuestra legislación laboral no ha señalado plazos de prescripción para que el empleador haga uso de su derecho de despedir al trabajador; sin embargo, entre la fecha de la comi-sión de la falta grave y el despido tiene que mediar un intervalo prudencial, situación que no ha ocurrido en el presente caso, toda vez que se desprende de lo expuesto precedentemente que la demandada como consecuencia de la falta imputada, inició acciones administrativas a efectos de determinar la responsabilidad del demandante recién el seis de setiembre de dos mil trece, esto es un mes y veinticuatro días después de sucedidos los hechos, y no al día siguiente de conocidos los hechos, si contaba con información suficiente para aperturar el procedimiento de despido, esto es el resultado de alcoholemia que arrojó 1.23 mml de alcohol en la sangre y la propia aceptación del demandante de haber consumido licor, situación que contra-viene el principio de inmediatez.

DÉCIMO PRIMERO: Por los fundamentos expuestos, esta Sala Suprema concluye que el Colegiado Superior de la Cuarta Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, no ha incurrido en la causal de infracción normativa por interpretación errónea del literal e) del artículo 25 y del artículo 31 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR; razón por la cual, la causal denunciada deviene en infundada. (...)”

Cas. Lab. 11709-2015-LIMA, de fecha 28 de noviembre de 2017.

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2. Principios de la Nueva Ley Procesal del Trabajo - Ley Nº 29497

2.1. Principio de inmediación

��Principio de inmediación y debate probatorio de documentos. Cas. Lab. N° 9268-2013-LIMA.

CRITERIO DE LA CORTE SUPREMA: La inmediación que propor-ciona la oralidad se presenta cuando una persona declara respecto de un determinado hecho relevante para el proceso factible de que las partes inter-vinientes (o sus letrados) o, incluso el juez, puedan someter a debate las diversas inferencias que se deriven del contenido de un documento, de modo que, a partir de dicho momento, se tornará en necesaria su actuación en el proceso, a efectos de garantizar el debate probatorio respectivo, permitién-dosele de esa manera que el juzgador adquiera mayor certeza respecto de la causa al momento de emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

“En cuanto al principio de Inmediación, Adolfo Ciudad indica que, (...) el sentido del principio de inmediación es lograr que el juez se involucre en todo el desarrollo del proceso, asistiendo a la presentación de las prue-bas, manteniendo una relación directa con las partes, los testigos, los peri-tos y con los objetos del juicio, de modo tal que sea capaz de apreciar las declaraciones de tales personas y las condiciones de los lugares. De modo que su actuación está basada en la impresión recibida de ellos y no sobre la relación ajena (...) si bien la norma procesal enumera el orden en que los medios probatorios presentados por las partes (e incorporados al proceso por el juez) serán actuados en la audiencia, refiriéndose a la declaración de parte, testimoniales, pericias, reconocimientos y exhibición de documentos, de un primer avistamiento podría inferirse que los instrumentales presenta-dos (que no sean materia de reconocimiento o exhibición), no requerirían de debate probatorio, y por tanto, no deberían ser oralizados; sin embargo, dicha interpretación debe ser descartada pues, como señala el profesor Nieva Fenol al respecto: ‘(...) La inmediación que proporciona la oralidad no se presenta una persona declarando respecto de determinado hecho rele-vante para el proceso, es factible (y valido) que las partes intervinientes (o sus letrados) o, incluso el juez, puedan cometer a debate las diversas infe-rencias que se deriven del contenido de un documento, de modo que, a par-tir de dicho momento, se tornará en necesaria su actuación en el proceso, a efectos de garantizar el debate probatorio respectivo, permitiéndosele de esa manera que el juzgador adquiera mayor certeza respecto de la causa al momento de emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto’. (...)”.Cas. N° 9268-2013-LIMA, de fecha 2 de diciembre de 2013.

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��Principio de inmediación (Exp. Nº 5343-2009 BE (AyS))

CRITERIO DE LA SALA SUPERIOR: La Sala concluye que no se ha resguardado la observancia del principio de inmediación, según el cual, el juez debe estar en contacto directo con los elementos objetivos y sub-jetivos del proceso.

“5. Que, estando a lo que aparece de lo actuado en la presente causa per-mite concluir que no se ha resguardado la observancia del principio de inmediación según el cual el juez debe estar en contacto con los elementos objetivos y subjetivos del proceso.

6. Que, el inciso 5 del artículo 289 de la Ley Orgánica del Poder Judicial prescribe que son derechos del abogado patrocinante ‘informar verbalmente o por escrito en todo proceso judicial, antes que se ponga fin a la instancia’ (sic.), lo cual tiene innecesariamente como correlato lógico que el juzgador ante el que se haga uso de dicho derecho sea precisamente el que emita pro-nunciamiento que ponga fin a la instancia; por estas consideraciones siendo que al expedirse la sentencia prolada en autos se ha incurrido en causal de nulidad prevista por el artículo 171 del Código Procesal Civil, por cuanto el acto procesal no reúne los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad (...)”.

Exp. Nº 5343-2009 BE (AyS), de fecha 29 de diciembre de 2009.

2.2. Principio de oralidad

��Principio de oralidad. Cas. Lab. N° 7707-2014-LIMA.

CRITERIO DE LA CORTE SUPREMA: En la Ley N° 29497, nueva Ley Procesal del trabajo reconoce a la oralidad como uno de los princi-pios esenciales del nuevo proceso laboral y sobre el que se fundamentan los demás principios, así la prevalencia de la oralidad quedo sentada en el artículo 12 de la nueva Ley Procesal del Trabajo - Ley Nº 29497, cuando señala: "En los procesos laborales por audiencias las exposiciones orales de las partes y sus abogados prevalecen sobre las escritas sobre la base de las cuales el juez dirige las actuaciones procesales y pronuncia sentencia (...)”. De ahí que, la oralidad se convierta en el modelo de procedimiento laboral para la adquisición de la verdad.

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Asimismo, señala que el principio de inmediación, requiere de la oralidad del proceso laboral, a efecto de que el juez pueda involucrarse a interactuar en el proceso como director de este, en ese sentido, el proceso se puede desarrollar en forma expeditiva, y con ello se hace efectivo los principios de economía procesal y concentración a fin de lograr una real eficacia.

“SEXTO: En la Ley N° 29497, nueva Ley Procesal de Trabajo, se privilegió a la igualdad material y procesal entre las partes, del fondo sobre la forma, el cumplimiento de los principios de oralidad, inmediación, concentración, celeridad, economía procesal, veracidad, socialización, razonabilidad, con-gruencia, dirección del proceso, entre otros, pero principalmente el espíritu de dicha norma legal fue una real modernización del proceso laboral, privi-legiando la igualdad procesal, la efectividad en la resolución de controver-sias laborales y la oralidad. En ese objetivo, los jueces laborales deben rom-per el paradigma de los procesos ineficaces, de excesiva formalidad, dando prevalencia a una tutela jurisdiccional realmente efectiva, apostando por la nueva dinámica contenida en la Nueva Ley Procesal Laboral, en resguardo de la protección de los derechos fundamentales de los justiciables.

SÉTIMO: El principio de Oralidad, en la Nueva Ley Procesal de Trabajo reconoce a la oralidad como uno de los principios esenciales del nuevo pro-ceso laboral y sobre el que se fundamentan los demás principios,

La inmediación del juez requiere de la oralidad del proceso laboral, a efecto que el juez pueda involucrarse e interactuar en el proceso como director de este, en ese sentido, el proceso se puede desarrollar en forma expeditiva, y con ellos se hace efectivo los principios de economía procesal y concentra-ción a fin de lograr una real eficacia. (...)”.

Cas. Lab. N° 7707-2014-LIMA, de fecha 22 de octubre de 2015.

��Preponderancia de la oralidad. Cas. Lab. N° 10444-2014-LIMA.

CRITERIO DE LA CORTE SUPREMA: La preponderancia de la ora-lidad se constituye como el “principio esencial del nuevo proceso labo-ral”, sobre el cual se asientan y se fundamentan los demás principios.

“(...) el artículo I del Título Preliminar de la Nueva Ley Procesal de Tra-bajo, establece que el proceso laboral, se inspira entre otros, en los princi-pios de inmediación, oralidad, concentración, celeridad, economía procesal y

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veracidad (...) la preponderancia de la oralidad se constituye como el ‘princi-pio esencial del nuevo proceso laboral’, sobre el cual se asientan y se funda-mentan los demás principios. Así, la inmediación del juez requiere la oralidad del proceso laboral, a través del cual también permite que el proceso se desa-rrolle de manera más expeditiva, logrando con ello hacer efectivo el principio de economía procesal. El principio de veracidad también se ve beneficiado por la oralidad al poder apreciar de manera más certera y evidente, a partir de la actuación de las partes, la autenticidad de sus posiciones. Finalmente, los actos procesales son menores en un proceso oral que en uno esencialmente escriturad, con lo cual se hace efectivo el principio de concentración. (...)”.

Cas. N° 10444-2014-LIMA, de fecha 22 de octubre de 2015.

2.3. Principio de concentración

��Principio de concentración. Cas. Lab. N° 4646-2014-LIMA.

CRITERIO DE LA CORTE SUPREMA: El principio de concentra-ción, se hace efectivo a través del principio de oralidad sobre el cual se asientan y se fundamentan los demás principios. Así, los actos procesales son menores en un proceso oral que en uno esencialmente escriturario.

“Sétimo: Al respecto, el artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal de Trabajo, establece que el proceso laboral, se inspira entre otros, en los principios de inmediación, oralidad, concentración, celeri-dad, economía procesal y veracidad. En el caso concreto, nos detendremos en el principio de la oralidad.

(...)

Asimismo, la prevalencia de la oralidad, la vemos demostrada en la redac-ción del artículo 12 de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal de Trabajo, cuando señala: ‘En los procesos laborales por audiencias las exposiciones orales de las partes y sus abogados prevalecen sobre las escritas sobre la base de las cuales el juez dirige las actuaciones procesales y pronuncia sen-tencia (...)’. Es decir, no solamente se establece una prevalencia sistémica, sino que es sobre dichas exposiciones o mejor dicho, sobre lo que se sus-tenta como alegato de apertura y lo que se propone como teoría del caso, sobre lo que el juez tiene que dirigir y resolver.

De esta manera, la preponderancia de la oralidad se constituye como el ‘principio esencial del nuevo proceso laboral’, sobre el cual se asientan y

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se fundamentan los demás principios. Así, la inmediación del juez requiere la oralidad del proceso laboral, a través del cual se posibilita el mayor con-tacto del juez con las partes y el material probatorio. La oralidad también permite que el proceso se desarrolle de manera más expeditiva, logrando con ello hacer efectivo el principio de economía procesal. El principio de veracidad también se ve beneficiado por la oralidad al poder apreciar de manera más certera y evidente, a partir de la actuación de las partes, la autenticidad de sus posiciones. Finalmente, los actos procesales son meno-res en un proceso oral que en uno esencialmente escriturario, con lo cual se hace efectivo el principio de concentración. (...)”.

Cas. Lab. N° 4646-2014-LIMA, de fecha 13 de abril de 2016.

2.4. Principio de celeridad

��Principio de celeridad. Cas. N° 16604-2013-JUNÍN.

CRITERIO DE LA SUPREMA: La Corte Suprema estableció que el principio de celeridad es el principio en virtud del cual el proceso laboral goza de mayor agilidad de plazos y sencillez en su tramitación, exigiendo que el proceso, esencialmente oral y menos formalista, evite privilegiar recursos, maniobras y decisiones dilatorias sobre incidentes intrascen-dentes que entorpezcan el proceso.

“(...) el principio de celeridad es el principio en virtud del cual el proceso laboral debe gozar de la mayor agilidad de plazos y sencillez en su trami-tación; sin embargo, también es le principio en virtud al cual se persigue que el proceso, esencialmente oral y menos formalista, evite privilegiar recurso, maniobras y decisiones dilatorias sobre incidentes intrascendentes que entorpezcan el proceso. (...)”.

Cas. N° 16604-2013-JUNÍN, de fecha 9 de diciembre de 2014.

��Vulneración al principio de celeridad en materia laboral. Cas. Lab. N° 280-2002-UCAYALI.

CRITERIO DE LA CORTE SUPREMA: El principio de celeridad implica que el proceso se desarrolle dentro de los plazos y formalidades previstas por Ley, a fin de hacer prevalecer la justicia, eliminándose las tra-bas, maniobras dilatorias y realizándose el proceso en el término más breve.

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“TERCERO: Que, si se tiene en cuenta que el proceso laboral se inspira, entre otros, en el principio de celeridad, evidentemente que existe violación de dicho postulado cuando la Sala de mérito concede un recurso que no cumple a plenitud con los requisitos de forma que la ley prevé al respecto, ya que de esta forma se retarda innecesariamente la culminación definitiva del proceso (...)”.

Cas. Lab. N° 280-2002-UCAYALI, de fecha 13 de noviembre de 2002.

��Violación al principio de tutela jurisdiccional efectiva y de celeridad. Consulta N° 0113-2002-MOQUEGUA.

CRITERIO DE LA CORTE SUPREMA: Los vicios cometidos en el proceso y la subsanación de los errores por incumplimiento de nor-mas de orden público contraviene el principio de celeridad que caracte-riza al proceso laboral, por lo que esta Suprema Sala debe impartir los lineamientos y pautas indispensables para que situaciones similares no se vuelvan a producir, a fin de cautelar el principio de la tutela jurisdic-cional efectiva previsto en el artículo primero del Título Preliminar del Código Procesal Civil.

“4.2. SEGUNDO: Que, la resolución que resuelva la abstención es inim-pugnable, tal como lo precisa la última parte del artículo trescientos seis del Código Procesal Civil;

TERCERO: Que, de los antecedentes se desprende que la Sala de mérito no ha cumplido con el trámite antes mencionado, originando que las suce-sivas abstenciones, incluida la que es materia de ‘consulta’, adolezcan de la misma deficiencia, más aún cuando las razones de sus abstenciones no están comprendidas dentro de los presupuestos, numerus clausus; de los artículos trescientos cinco y trescientos siete del Código Procesal Civil;

CUARTO: Que, frente al incumplimiento de normas de orden público, esta Suprema Sala está en la obligación de señalar los vicios cometidos en el proceso, cuya subsanación evitará errores como los que ha ocurrido en el caso de autos, lo que contraviene el principio de celeridad que caracteriza al proceso laboral;

QUINTO: Que, las abstenciones formuladas desde fojas trescientos cua-rentidós y siguientes no están de acuerdo con el texto y espíritu de las dis-posiciones acotadas precedentemente, debiendo oficiarse al Órgano de Con-trol de la Magistratura, a efectos que se investiguen las referidas conductas;

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SEXTO: Que, aun cuando ‘la consulta’ formulada por única decisión de un Vocal a quien se remitió los autos para dirimir la discordia no reúne las características de una resolución del Colegiado, dadas las implicancias y repercusiones que las abstenciones formuladas en la instancia de mérito tie-nen en el presente proceso, esta Suprema Sala debe impartir los lineamien-tos y pautas indispensables para que situaciones similares no se vuelvan a producir, a fin de cautelar el principio de la tutela jurisdiccional efectiva pre-visto en el artículo primero del Título Preliminar del Código Procesal Civil; por estos fundamentos: declararon NULO lo actuado desde fojas trescien-tos cuarentitrés y siguientes, debiendo la Sala de mérito resolver la absten-ción formulada por el Vocal Calixto Loza Almeida en base a lo expuesto en la presente resolución; subsanando la omisión contenida en autos sobre lo dispuesto por el artículo ciento cuarenticuatro de la Ley Orgánica del Poder Judicial; que además, teniendo en cuenta el sexto considerando de la pre-sente resolución; declararon: IMPROCEDENTE la Consulta. (...)”.

Consulta N° 0113-2002-MOQUEGUA, de fecha 26 de junio de 2002.

2.5. Principio de economía procesal

��Principio de economía procesal. Cas. Nº 16604-2013-JUNÍN.

CRITERIO DE LA CORTE SUPREMA: La Corte Suprema recono-ció que el principio de economía procesal exige tanto para las partes y el juez, realizar sus deberes, facultades u actuaciones bajo la lógica de efi-ciencia; en ese sentido, el principio de economía procesal requiere que el proceso se lleve a cabo bajo una “economía del gasto”, refiriéndose al menos costo patrimonial; “economía del esfuerzo”, para referirse al número de actos procesales por llevarse a cabo; y “economía del tiempo”, en alusión a la duración del proceso.

“(...) el principio de economía procesal exige que tanto la estructura del proceso como los deberes, facultades y actuaciones de las partes y el juez deben realizarse bajo una lógica de eficiencia que permita reducir costos directos e indirectos, o lo que doctrinariamente se ha llamado ‘economía del gasto’, refiriéndose a los costos patrimonialmente cuantificables de forma directa que sufragan en un proceso; ‘economía del esfuerza’, para referirse al número de actos procesales por llevarse a cabo; y ‘economía del tiempo’, en alusión a la duración del proceso. (...)”.

Cas. Nº 16604-2013-JUNÍN, de fecha 9 de diciembre de 2014.

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��Economía Procesal. Cas. Lab. N° 7353-2013-CUSCO.

CRITERIO DE LA CORTE SUPREMA: La Corte Suprema señaló que a través de los principios operacionales, el juez debe dirigir el pro-ceso tendiendo a la búsqueda de la restitución del bien jurídico tutelado, en el menor tiempo posible, y con la reducción de los actos procesales; ello acorde con la relevancia del derecho invocado acentuándose que el derecho laboral requiere una tutela urgente y sin afectar el carácter impe-rativo de las actuaciones que requiera el proceso.

“No debe olvidarse que en virtud a estos principios operacionales, el Juez dirige el proceso tendiendo a la búsqueda de la restitución del bien jurídico tutelado, en el menor tiempo posible, y con la reducción de los actos pro-cesales; ello acorde con la relevancia del derecho invocado (debiéndose tener en cuenta que en el presente caso la parte actora alega que se encuen-tra comprometido el derecho al trabajo), y sin afectar el carácter imperativo de las actuaciones que lo requieran; además, como lo ha precisado anterior-mente este colegiado Supremo en reiterada jurisprudencia, la celeridad pro-cesal está muy ligada a la realización de la justicia, resaltándose una vez más que la dilación de un proceso laboral, en el cual de acuerdo a la mag-nitud del derecho invocado, requiera una tutela urgente, acentúa la desi-gualdad entre el trabajador y empleador”.

Cas. Lab. N° 7353-2013-CUSCO, de fecha 15 de noviembre de 2013.

2.6. Principio de veracidad

��Principio de veracidad. Cas. Lab. N° 4646-2014-LIMA.

CRITERIO DE LA CORTE SUPREMA: La prevalencia de la oralidad, consagrada en el artículo 12 de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal de Trabajo, que dispone: “En los procesos laborales por audiencias las expo-siciones orales de las partes y sus abogados prevalecen sobre las escritas sobre la base de las cuales el juez dirige las actuaciones procesales y pro-nuncia sentencia”, demuestra que el principio de veracidad también se ve beneficiado por la oralidad al poder apreciar de manera más certera y evi-dente, a partir de la actuación de las partes, la autenticidad de sus posiciones.

“SÉTIMO: Al respecto, el artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal de Trabajo, establece que el proceso laboral,

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se inspira entre otros, en los principios de inmediación, oralidad, concentra-ción, celeridad, economía procesal y veracidad. (...)

Asimismo, la prevalencia de la oralidad, la vemos demostrada en la redac-ción del artículo 12 de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal de Trabajo, cuando señala:

‘En los procesos laborales por audiencias las exposiciones orales de las par-tes y sus abogados prevalecen sobre las escritas sobre la base de las cua-les el juez dirige las actuaciones procesales y pronuncia sentencia (...)’. Es decir, no solamente se establece una prevalencia sistémica, sino que es sobre dichas exposiciones o mejor dicho, sobre lo que se sustenta como ale-gato de apertura y lo que se propone como teoría del caso, sobre lo que el juez tiene que dirigir y resolver.

De esta manera, la preponderancia de la oralidad se constituye como el ‘principio esencial del nuevo proceso laboral’, sobre el cual se asientan y se fundamentan los demás principios. Así, la inmediación del juez requiere la oralidad del proceso laboral, a través del cual se posibilita el mayor con-tacto del juez con las partes y el material probatorio. La oralidad también permite que el proceso se desarrolle de manera más expeditiva, logrando con ello hacer efectivo el principio de economía procesal. El principio de veracidad también se ve beneficiado por la oralidad al poder apreciar de manera más certera y evidente, a partir de la actuación de las partes, la autenticidad de sus posiciones. Finalmente, los actos procesales son meno-res en un proceso oral que en uno esencialmente escriturario, con lo cual se hace efectivo el principio de concentración. (...)”.


3. Actuaciones procesales

��Actividad probatoria en el proceso laboral. Cas. Lab. Nº 221-2014-ICA.

CRITERIO DE LA CORTE SUPREMA: El derecho al debido proceso vinculado a la motivación de las resoluciones judiciales contenidos en los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado; se con-cretiza siempre y cuando, se aprecie una motivación en la que el órgano jurisdiccional al momento de evaluar las premisas jurídicas problema jurí-dico: i) Delimite con precisión, el problema jurídico que se derive del aná-lisis del caso concreto; premisas que deben extraerse de los fundamen-tos fácticos y jurídicos expuestos por las partes en la etapa postulatoria;

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ii) Desarrolle de modo coherente y consistente, la justificación de la pre-misa jurídica aplicable iii) Aprecie de modo razonado, en una valoración conjunta e integral, las pruebas actuadas en el proceso prueba y; final-mente, iv) Observe la congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.

A fin de poder apreciar que la base fáctica encuentra sustento en un análi-sis probatorio exhaustivo, conjunto e integral, basado en las pruebas aportadas al proceso.

“I.3.4. (...) 2.2 En dicha línea argumentativa, el derecho al debido proceso vinculado a la motivación de las resoluciones judiciales contenidos en los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado; se con-cretizan logrando su vigencia efectiva, siempre y cuando, se aprecie una motivación en la que el órgano jurisdiccional: i) Delimite con precisión, el problema jurídico que se derive del análisis del caso concreto; premisas que deben extraerse de los fundamentos fácticos y jurídicos expuestos por las partes en la etapa postulatoria; ii) Desarrolle de modo coherente y consis-tente, la justificación de la premisa jurídica aplicable, exponiendo las razo-nes de la adecuación del supuesto de hecho, a la consecuencia jurídica de la norma o normas elegidas; desplegando una justificación de la aplica-ción e interpretación de dichas normas al caso; iii) Aprecie de modo razo-nado, en una valoración conjunta e integral, las pruebas actuadas en el pro-ceso, exponiendo las conclusiones que se extraigan de dicha valoración, es decir explicar y fundamentar el razonamiento que se sintetice en la inferen-cia probatoria, entre hechos y medios de prueba y; finalmente, iv) Observe la congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. 2.3 Expuesto el precitado razonamiento vinculado a la infracción de carácter procesal; y de la revi-sión de la motivación de la sentencia de vista, se advierte lo siguiente: 2.3.1 La base fáctica establecida por la instancia de mérito, consiste en el des-envolvimiento de la prestación de servicios del demandante a favor de la demandada durante tres periodos independientes, estos son: - Desde el pri-mero de agosto de dos mil al dos de diciembre del dos mil uno; - Desde el cuatro de noviembre de dos mil dos al dos de diciembre de dos mil siete y; - Desde el tres de enero de dos mil ocho al once de noviembre de dos mil once. 2.3.2 Al respecto, se aprecia que la Sala superior intitula el con-siderando 2.7 de su pronunciamiento, denominándolo ‘determinación del problema jurídico’, delimitando su argumentación a la excepción de pres-cripción, lo cual guarda congruencia con el único extremo apelado por el demandante (la declaratoria de prescripción del periodo comprendido entre el cuatro de noviembre de dos mil dos al dos de diciembre de dos mil siete); seguidamente se advierte que, la base fáctica señalada en el acá-pite precedente sobre los tres periodos laborados, ha sido establecida en

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el considerando tercero, denominado ‘Marco fáctico, análisis probatorio y valoración de la excepción deducida por la Entidad demandada’, premisa de hecho determinada tras la valoración de las boletas de pago emitidas a favor del actor, obrantes a fojas sesenta y uno a ciento noventa y dos, doscientos veinticinco a trescientos cuarenta y uno, y trescientos noventa y cinco, los contratos de trabajo y liquidaciones de beneficios sociales, de folios treinta al cincuenta, y doscientos dieciséis al doscientos veintidós; estando suficientemente determinada la premisa fáctica y de prueba, al infe-rirse de una valoración de los actuados que se detalla de modo explícito en las fojas setecientos quince a setecientos veinticinco de la sentencia de vista; en tal sentido, se aprecia que la base fáctica encuentra sustento en un análisis probatorio exhaustivo, conjunto e integral, basado en las pruebas aportadas al proceso, verificándose que, la Sala de mérito cumple con jus-tificar el razonamiento en la inferencia probatoria realizada. 2.3.3 Respecto a la premisa jurídica aplicada por la Sala de mérito a la base fáctica ya pun-tualizada, se observa que, en el considerando 3.2 se desarrolla la regula-ción normativa histórica de la institución jurídica de la prescripción extin-tiva en materia laboral, desde el Código de 1936 hasta la expedición de la Ley Nº 27321, justificando el Colegiado superior en el fundamento 3.3 y 3.4, la interpretación del último dispositivo normativo en el sentido de que debe ser aplicado desde la fecha de cese laboral, concluyendo que para los derechos alcanzados a partir del veintitrés de julio del año dos mil, el plazo de prescripción correspondiente es de cuatro años, contados desde la fecha en que se extingue la relación laboral. Asimismo, tras el detalle de la valo-ración de los elementos de prueba de fojas setecientos quince a setecien-tos veinticinco, en el parágrafo 3.6 se justifica la aplicación de la premisa jurídica, exponiendo las razones de la adecuación del supuesto de hecho, a la consecuencia jurídica de la norma de prescripción, concluyendo que esta ha operado en los periodos, desde el primero de agosto de dos mil al dos de diciembre de dos mil uno; y, desde el cuatro de noviembre de dos mil dos al dos de diciembre de dos mil siete. 2.4 En tal sentido, se apre-cia en la sentencia de grado, una sustentación suficiente de la premisa fác-tica, la motivación exhaustiva de la inferencia de prueba, y, la enunciación y justificación de la premisa jurídica aplicable, que deriva en la conclusión del razonamiento judicial, encontrándose debidamente motivada la senten-cia de vista examinada por esta Sala suprema; en tal sentido, no se advierte que la infracción del artículo 139, incisos 3 y 5 de la Constitución Polí-tica del Perú relacionado al debido proceso y el deber de motivación de las resoluciones judiciales, se haya materializado en la sentencia impug-nada, al concurrir en ella, la delimitación del problema jurídico, la valora-ción de los medios de prueba, la fundamentación suficiente de las premisas fáctica y jurídica respectiva, sustentándose de forma debida, la conclusión

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de prescripción de la exigencia de los beneficios sociales, en los perio-dos reclamados entre el primero de agosto de dos mil al dos de diciem-bre de dos mil uno; y, desde el cuatro de noviembre de dos mil dos al dos de diciembre de dos mil siete, lo que resulta congruente con la pretensión impugnatoria del demandante; razones por las cuales, el recurso planteado deviene en infundado en este extremo. (...)”.

Cas. Lab. Nº 221-2014-ICA, de fecha 30 de julio de 2015.

��Reglas de conducta durante la actuación probatoria. Cas. Lab. N° 2824-2015-AREQUIPA.

CRITERIO DE LA CORTE SUPREMA: La Corte Suprema señala que el artículo 11 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, refuerza la idea de que las partes tienen el deber no solo de respetar al órgano jurisdic-cional, quedando prohibido agraviar al juez o interrumpir la audiencia mediante el uso de celulares o expresando agravios, censura o aproba-ción a lo informado; sino que también, en concordancia con las nuevas reglas procesales sobre la carga de la prueba, ahora se les impone explí-citamente el deber de colaboración con el órgano judicial en lo relacio-nado con la actuación probatoria.

Aquí cobra crucial importancia, debido a las consecuencias jurídicas que ello acarrea (multas y presunciones), el alegar hechos falsos, obstruir la actividad probatoria (por ejemplo, negándose a cumplir una exhibicio-nal) y provocar la suspensión de las audiencias (al no asistir por ejemplo, y luego pedir su reprogramación). Razón por la que, con toda certeza, el rol de las partes y los abogados de estas en este nuevo esquema proce-sal laboral debe darse en el marco de la buena fe y probidad; asimismo, el artículo 21 de la nueva norma procesal, establece como obligación de las partes el de ofrecer todos los medios de prueba que sustente sus afir-maciones, con la presentación de sus escritos postulatorios (demanda y contestación).

“NOVENO: Anótese en primer término que, según lo dispuesto en el artículo 11 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley N° 29497, se refuerza la idea de que las partes tiene el deber no solo de respetar al órgano jurisdiccional, estándoles prohibido agraviar al juez o interrumpir la audiencia sea mediante el uso de celulares o expresando agravios, censura o aprobación a lo informado; sino que también, en concordancia con las nuevas reglas procesales sobre la carga de la prueba, ahora se les impone

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explícitamente el deber de colaboración con el órgano judicial en lo relacio-nado con la actuación probatoria. Aquí cobra crucial importancia, debido a las consecuencias jurídicas que ello acarrea (multas y presunciones), el ale-gar hechos falsos, obstruir la actividad probatoria (por ejemplo, negándose a cumplir una exhibicional) y provocar la suspensión de las audiencias (al no asistir por ejemplo, y luego pedir su reprogramación). Razón por la que, con toda certeza, el rol de las partes y los abogados de éstas en este nuevo esquema procesal laboral debe darse en el marco de la buena fe y probidad. En este contexto, señálese además que en el artículo 21 del mismo cuerpo normativo, se establece como obligación de las partes el de ofrecer todos los medios de prueba que sustente sus afirmaciones, con la presentación de sus escritos postulatorios (demanda y contestación). Ello en concordan-cia con el principio de eventualidad, según el cual las partes deben presen-tar todas las armas probatorias con las que cuenten en la oportunidad legal-mente concedida para ello, con el propósito de generar un debate probatorio equilibrado y en igualdad de posibilidades defensivas. (...)”.

Cas. Lab. N° 2824-2015-AREQUIPA, de fecha 21 de enero de 2013.

��Reglas de conducta y notificaciones. Cas. Lab. Nº 586-2015-AREQUIPA.

CRITERIO DE LA CORTE SUPREMA: El II Pleno Jurisdiccional Supremo en materia Laboral de fecha nueve de mayo de dos mil catorce, Tema seis, acordó por unanimidad que el cómputo del plazo de impug-nación de una resolución judicial en la Ley Nº 29497, Nueva Ley Pro-cesal de Trabajo se inicia desde el día siguiente de la fecha programada para la notificación de sentencia, de conformidad con los artículos 32 y 33 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo; y solo en casos excepcionales cuando no se tenga certeza de la notificación en el plazo que prevé la Ley Nº 29497, se computará desde el día siguiente a la fecha de recepción de la notificación efectuada a las partes. Por lo que Corte Suprema resuelve declarar: Fundado el recurso, pues señala, que a pesar de no existir man-dato alguno que la motive, el juzgado procede a notificar la sentencia a las partes por cédula, puesto que estas fueron diligenciadas con fecha 26/05/2014, por lo que se ha tenido en cuenta para calificar el recurso interpuesto; verificándose también que dichas cédulas de notificaciones fueron impresas el mismo día de expedición de la sentencia, es decir, el 22/05/2014, lo cual da certeza que la sentencia apelada estuvo expedita para su notificación ese mismo día, quedando desvirtuado los argumen-tos expuestos en la sentencia de vista en este extremo.

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“QUINTO.- Análisis del caso concreto El primer lugar debemos seña-lar que mediante el II Pleno Jurisdiccional Supremo en materia Laboral de fecha nueve de mayo de dos mil catorce, Tema seis, acordó por unanimidad lo siguiente: El cómputo del plazo de impugnación de una resolución judi-cial en la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal de Trabajo se inicia desde el día siguiente de la fecha programada para la notificación de sentencia, de con-formidad con los artículos 32 y 33 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo; y solo en casos excepcionales cuando no se tenga certeza de la notificación en el plazo que prevé la Ley Nº 29497, se computará desde el día siguiente a la fecha de recepción de la notificación efectuada a las partes”. SEXTO: Conforme se ha señalado en el literal c) del cuarto considerando, las par-tes procesales fueron citadas para la notificación con la sentencia apelada con la debida anticipación según se advierte de los cargos de fojas cuatro-cientos noventa y tres a cuatrocientos noventa y cinco; asimismo se aprecia que llegado el día y hora de la citación, si bien no existe en autos constan-cia alguna por parte del juzgado respecto a la concurrencia o no de las par-tes para dicho objeto, lo cual no es necesario, pues, la norma no lo prevé, cierto es también que frente a dicho escenario en aplicación de la primera parte del acuerdo Supremo en materia Laboral antes citado, así como la parte in fine del artículo 32 de la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal de Trabajo, el cómputo del plazo de impugnación empezó a correr a partir del día siguiente de su citación, es decir, el veintitrés de mayo de dos mil catorce y venció el veintinueve del mismo mes y año, por lo que estando a que el recurso de ape-lación fue interpuesto el treinta el mayo de dos mil catorce, es decir al sexto día, se tiene que ha sido presentado fuera del plazo establecido, por lo que deviene en improcedente por extemporáneo, lo que no ha sido debidamente analizado por las instancias de mérito. SÉTIMO: Por otro lado, se advierte también que el Colegiado Superior ha señalado entre sus fundamentos que al no existir certeza que la sentencia estuvo lista para ser notificada el día en que se citó a las partes, el plazo debe computarse a partir del día siguiente de su notificación de conformidad con los artículos 155 y 157 del Código Pro-cesal Civil. Al respecto debemos señalar que a pesar de no existir mandato alguno que la motive, el juzgado procede a notificar la sentencia a las par-tes por cédula, las cuales fueron diligenciadas con fecha veintiséis de mayo de dos mil catorce, según aparece a fojas quinientos once y quinientos doce, lo que ha tenido en cuenta para calificar el recurso interpuesto; verificán-dose también que dichas cédulas de notificaciones fueron impresas el mismo día de expedición de la sentencia, es decir, el veintidós de mayo de dos mil catorce a las dieciséis horas con veinticuatro minutos (16:24), conforme se desprende de la parte superior derecha, lo cual da certeza que la senten-cia apelada estuvo expedita para su notificación ese mismo día, con lo cual queda desvirtuado los argumentos expuestos en la sentencia de vista en este

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extremo; por lo que de esta manera tampoco se presenta el presupuesto seña-lado en la segunda parte del Acuerdo Seis del Pleno Jurisdiccional Supremo en materia Laboral señalado en el quinto considerando. OCTAVO: Siendo ello así y estando a los fundamentos expuestos se evidencia que el Superior Colegiado al momento de expedir su pronunciamiento con fecha diecisiete de noviembre de dos mil catorce, ha incurrido en infracción normativa del artículo 32 de la Ley Nº 29487, Nueva Ley Procesal del Trabajo, por lo que la causal denunciada deviene en fundada. (...)”.

Cas. Nº 586-2015-AREQUIPA de fecha 31 de octubre 2016.

��Inasistir a la audiencia de juzgamiento no constituye conducta obstruc-cionista. Cas. Lab. N° 13634-2015-MOQUEGUA.

CRITERIO DE LA CORTE SUPREMA: La Corte Suprema declara que las presunciones legales sobre la conducta de las partes, dispuesta en el artículo 29 de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, deben ser aplicadas por el juez, bajo un criterio de razonabilidad y proporcio-nalidad, debidamente motivado. En ese contexto, la inasistencia de las partes a la audiencia de Juzgamiento, no pueden ser consideradas como conductas obstruccionistas.

“OCTAVO: Solución al caso concreto

De la revisión del expediente principal, se advierte que en el Acta de Audiencia de Juzgamiento, que corre en fojas doscientos treinta y siete a doscientos cuarenta, el juez de primera instancia tiene por desistido las excepciones planteadas por la demandada en su escrito de contestación, en aplicación del artículo 29 de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Tra-bajo, al no concurrir a la Audiencia de Juzgamiento. Asimismo, este razona-miento es confirmado por el Colegiado de mérito en su Sentencia de Vista.

De acuerdo a la doctrina, las excepciones son una manifestación del dere-cho de defensa, y se plantea como defensas de forma, y al haber sido planteadas de manera expresa, aquellas no pueden tenerse por desisti-dos en base a una presunción, tal como lo han entendido las instancias de mérito, pues, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 341 del Código Pro-cesal Civil, aplicable supletoriamente, el desistimiento no se presume, y el mismo debe ser expreso.

En ese contexto, se evidencia que las instancias de mérito aplicaron inde-bidamente el artículo 29 de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del

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Trabajo, toda vez que consideran que la inasistencia de la parte demandada a la audiencia de juzgamiento, configura un supuesto de hecho, para aplicar la presunción legal derivada de su conducta; decisión que resulta despro-porcional, pues, la no concurrencia a la audiencia no implica la rebeldía de dicha parte; además, que nuestro sistema laboral no es exclusivamente oral, tal como se ha señalado en el considerando sexto, sino es un sistema mixto.

En consecuencia, dicha decisión limita el derecho de defensa de la parte demandada, derecho reconocido en nuestra Constitución Política del Perú, lo que implica una transgresión al debido proceso; pues se debió resolver las excepciones con la Sentencia.

NOVENO: Siendo así, se determina que las instancias de mérito han trans-gredido el contenido esencial de la garantía constitucional de la observan-cia al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, contemplado en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución Política del Perú; razón por la cual, corresponde declarar la nulidad de la Sentencia de Vista e insub-sistente la Sentencia de primera instancia; así como, la nulidad de todo lo actuado desde fojas doscientos treinta y siete, que corre la audiencia de juz-gamiento de fecha diecisiete de marzo de dos mil quince, al haberse incu-rrido en vicio de nulidad insubsanable que debe ser declarada en ejercicio de la facultad nulificante del juzgador establecido en el artículo 176 del Código Procesal Civil; por lo que el juez de primera instancia debe reno-var el acto procesal afectado y resolver las excepciones deducidas por la demandada en su escrito de contestación conjuntamente con la Sentencia. En consecuencia, corresponde declarar fundada la causal de orden procesal denunciado por el recurrente. (...)”.

Cas. Lab. N° 13634-2015-MOQUEGUA, de fecha 25 de mayo de 2017.

��Inversión de la carga de la prueba en materia laboral. Cas. Lab. Nº 2399-2014-LIMA.

CRITERIO DE LA SUPREMA: Conforme los alcances de la regulación contenida en el numeral 23.2) del artículo 23 de la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, en cuanto a la carga de la prueba esta se ha inver-tido para el demandado, ya que una vez acreditada la prestación personal de servicios se presume la existencia de vínculo laboral a plazo indetermi-nado, salvo prueba en contrario, esto es, el empleador debe probar la natu-raleza civil de la relación jurídica contractual que lo vinculó con la actora, aspecto que sí ha cumplido, con el bagaje probatorio ofrecido en el proceso.

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“SEXTO: Con relación a la causal de infracción normativa del numeral 23.2) del artículo 23 de la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, corresponde citar textualmente lo preceptuado por dicha norma, la que esta-blece: ‘Acreditada la prestación personal de servicios, se presume la exis-tencia de vínculo laboral a plazo indeterminado, salvo prueba en contra-rio’. Para el análisis del pronunciamiento del Colegiado Superior, en cuanto a la acreditación de la relación laboral, conviene mencionar que la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, introduce la ‘presunción de laboralidad’. En efecto, esta presunción llamada también ‘presunción labo-ral’ o ‘presunción de existencia del contrato de trabajo’ no es una herra-mienta procesal recientemente creada, pues data de tiempo atrás y está presente en otros ordenamientos extranjeros. Según refiere Wiifredo San-guineti Raymond, citando a Rodríguez-Piñero Royo y Mario De la Cueva, ‘el origen de este peculiar instrumento se encuentra en el Derecho del Tra-bajo español histórico’. En concreto, en la Ley de Tribunales Industriales, aprobada el diecinueve de mayo de mil novecientos ocho, cuyo artículo 5.2 dispuso que: ‘El contrato de trabajo se supone siempre existente entre todo aquel que da trabajo y el que lo presta’. Esta formulación pasará luego con variaciones formales más bien escasas, tanto al Código de Trabajo de 1926 y a las Leyes de Contrato de Trabajo de 1931 y 1944, como a las legis-laciones de diversos países americanos y europeos, hasta llegar a conver-tirse en uno de los componentes característicos de esta disciplina jurídica. Con acierto, muchos de los autores nacionales han coincidido en afirmar –posición que ciertamente resulta válida– que la introducción de esta pre-sunción de laboralidad es una clara manifestación del principio protector que informa al Derecho del Trabajo y que incidiendo en el proceso laboral, permite la intervención estatal para equiparar a los desiguales, en este caso, al trabajador con el empleador.

SÉTIMO: Así, se exige únicamente al trabajador acreditar la prestación per-sonal de servicios a fin de que, activando la presunción iuris tantum a que hace referencia el numeral 23.2) del artículo 23 de la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, se presume la existencia de un vínculo laboral a plazo indeterminado. Precisa la nueva norma procesal ‘salvo prueba en con-trario’. Y es precisamente, una de las características de las presunciones iuris tantum, admitir la posibilidad de que la parte perjudicada con la con-secuencia jurídica prevista por ley, aporte al proceso otros medios de prueba que desvirtúen la conclusión a la que precedentemente se arribó al compro-barse la existencia del mismo supuesto fáctico dispuesto en la norma; por tal motivo, en el caso del empleador, este deberá acreditar que aun cuando se compruebe la existencia de prestación personal de servicios, estos no se desarrollaron bajo subordinación; este último elemento característico de una relación laboral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del

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Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Labo-ral, aprobado por el Decreto Supremo Nº 003-97TR. Siguiendo esta línea, de acreditarse la prestación personal de servicios le corresponderá al empleador en el supuesto de contradecir la pretensión, probar, según corresponda: i) la existencia de una relación civil; ii) que la relación laboral es a tiempo deter-minado (modal o plazo fijo); iii) que la relación es de naturaleza administra-tiva (CAS); y iv) que la prestación de servicios no tiene carácter personal, destruyendo así la presunción prevista en el numeral 23.2) del artículo 23 de la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. (...)”.

Cas. Lab. Nº 2399-2014-LIMA, de fecha 26 de noviembre de 2015.

��Presunción de laboralidad y principio de inversión de la carga de la prueba permiten reconocer la relación laboral. Exp. Nº 00051-2017- 0-1501-SP-LA-01-HUANCAYO.

CRITERIO DE LA SALA SUPERIOR: Según el principio de la inver-sión de la carga de la prueba en materia laboral, corresponde al empleador asumir la carga de la prueba respecto al pago de la remuneración y demás derechos del trabajador, el cumplimiento de las normas legales y contrac-tuales. En caso contrario el juez da por cierto lo afirmado por el actor.

“La carga de la prueba en la NLPT

5. La actividad probatoria para determinar si cabe verificar la existencia de vínculo laboral o no, recae principalmente en el empleador, en razón a que este es el que tiene los medios probatorios en su poder, como son las pla-nillas de remuneraciones, las carpetas personales, las disposiciones inter-nas sobre el organigrama empresarial, política y escalas remunerativas. Este criterio colaborativo y distributivo probatorio, actualmente se basa también en la doctrina de la prueba dinámica, a saber:

i. La temática del desplazamiento de la carga de la prueba reconoce hoy como capítulo más actual y susceptible de consecuencias prácticas a la denominada doctrina de las cargas probatorias dinámicas, también cono-cida como principio de solidaridad o de efectiva colaboración de las par-tes con el órgano jurisdiccional en el acopio del material de convicción.

ii. Constituye doctrina ya recibida la de las cargas probatorias dinámi-cas. La misma importa un apartamiento excepcional de las normas legales sobre la distribución de la carga de la prueba, a la que resulta

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procedente recurrir solo cuando la aplicación de aquella arroja conse-cuencias manifiestamente disvaliosas. Dicho apartamiento se traduce en nuevas reglas de reparto de la imposición probatoria ceñida a las cir-cunstancias del caso y renuentes a enfoques apriorísticos (tipo de hecho a probar, rol de actor o demandado, etc.). Entre las referidas nuevas reglas se destaca aquella consistente en hacer recaer el onus probandi sobre la parte que está en mejores condiciones profesionales, técnicas o fácticas para producir la prueba respectiva. Se debe ser especialmente cuidadoso y estricto a la hora de valorar la prueba allegada por la parte que se encuentre en mejor situación para producirla porque, normal-mente, la misma también está en condiciones de desvirtuarla o desnatu-ralizarla en su propio beneficio (...).

6. Entonces, es el dador del trabajo quien debe mostrar su máxima cola-boración en el ofrecimiento y actuación de las pruebas que contribuyan a encontrar la verdad en este tipo de conflictos. No olvidemos que en toda relación de poder (en que la tentación de abuso y exceso está presente), el que tiene mayor dominio de lo sucedido durante la existencia del vínculo jurídico que unió a las partes, está en una posición de ventaja para recibir, procesar y guardar la información del mismo, por tanto, en mejores condi-ciones de ofrecer los medios probatorios que permitan reconstruir la histo-ria de dicha relación jurídica, ahora en estado de conflicto, en que la parte más débil clama justicia.

7. Esta carga probatoria del empleador tiene como fundamento jurídico procesal, lo establecido en el artículo 23.4 de la Ley Nº 27497, Nueva Ley Procesal del Trabajo (NLPT), ya que si bien es verdad que la carga de la prueba corresponde al que afirma hechos que configuran su pretensión, en este caso a la actora, sin embargo, de modo paralelo, el empleador asume la carga de la prueba cuando afirme la existencia de un motivo razonable dis-tinto al hecho lesivo alegado por el trabajador.

8. Asimismo, el artículo 23.5 de la NLPT, prevé cómo el juzgador debe tomar los indicios que puedan advertirse al analizar la actividad probatoria, a saber:

En aquellos casos en que de la demanda y de la prueba actuada aparezcan indicios que permitan presumir la existencia del hecho lesivo alegado, el juez debe darlo por cierto, salvo que el demandado haya aportado elemen-tos suficientes para demostrar que existe justificación objetiva y razonable de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.

Los indicios pueden ser, entre otros, las circunstancias en las que sucedie-ron los hechos materia de la controversia y los antecedentes de la conducta de ambas partes.

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Presunción de laboralidad

9. El artículo 23.2 de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal de Trabajo (en adelante, NLPT) señala que “acreditada la prestación personal de servicios, se presume la existencia del vínculo laboral a plazo indeterminado, salvo prueba en contrario”.

Sostiene Puntriano Rosas que “la presunción de laboralidad se esgrime como una herramienta de facilitación probatoria al trabajador con la finalidad que resulte más sencillo poder demostrar la existencia de una relación laboral, y a su vez pueda exigir los derechos laborales que le corresponden”.

10. El profesor Puntriano, sobre el principio de la desigualdad compensato-ria en materia probatoria en el proceso laboral, anota lo siguiente: “Nuestra Ley recoge una serie de herramientas de facilitación probatoria para la parte trabajadora (...) debido al supuesto de desigualdad entre las partes, pues el trabajador posee difícil acceso a los medios probatorios. (...) Se recogen una serie de herramientas para compensar dicho desequilibrio. Una de esas herramientas son los sucedáneos de los medios de prueba previstos. Esta distribución de la carga de la prueba es una manifestación del principio tui-tivo propio del proceso laboral, pues apunta a reequilibrar la posición de desigualdad inicial del demandante y garantizar así la paridad de armas”.

11. Por otro lado, en la Recomendación N° 98 sobre la Relación de Trabajo adoptada en el año 2006 en la 95 Conferencia Internacional, la Organización Internacional de Trabajo (OIT) ha fijado líneas directrices que concordando con lo expresado por el Tribunal Constitucional en el fundamento 17 de la STC N° 02111-2010-PA/TC podrían ser sintetizadas bajo tres tópicos básicos:

La política nacional debería incluir medidas tendientes a luchar contra las relaciones de trabajo encubiertas, en el contexto de, por ejemplo, otras rela-ciones que puedan incluir el recurso a otras formas de acuerdos contrac-tuales que ocultan la verdadera situación jurídica, entendiéndose que existe una relación de trabajo encubierta cuando un empleador considera a un empleado como si no lo fuese, de una manera que oculta su verdadera con-dición jurídica, y que pueden producirse situaciones en las cuales los acuer-dos contractuales dan lugar a que los trabajadores se vean privados de la protección a la que tienen derecho.

La existencia de una relación de trabajo debería determinarse principal-mente de acuerdo con los hechos relativos a la ejecución del trabajo y la remuneración del trabajador, sin perjuicio de la manera en que se caracte-rice la relación en cualquier arreglo contrario, ya sea de carácter contractual o de otra naturaleza, convenido por las partes.

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Los Estados miembros deberían establecer medidas eficaces destinadas a eli-minar los incentivos que fomentan las relaciones de trabajo encubiertas. (...)”.

Exp. Nº 00051-2017-0-1501-SP-LA-01, Resol. 11, Huancayo, 2 de mayo de 2017.

��Principios de facilitación probatoria y prueba indiciaria se pueden uti-lizar para acreditar la nulidad de despido invocada por el trabajador. Cas. Lab. N° 10156-2013-LA LIBERTAD.

CRITERIO DE LA SUPREMA: Conforme a la distribución de las cargas probatorias dispuesta en el artículo 23 de la NLPT, corresponde al trabajador acreditar “el motivo de la nulidad invocado”; al respecto la jurisprudencia ha señalado la necesidad de mesurar tan pesada carga, mediante el empleo de fórmulas de aliteración, como el principio de faci-litación probatoria y la prueba indiciaria.

“OCTAVO.- La dimensión y trascendencia de la sanción jurídica del des-pido nulo, que otorga tutela restitutoria al trabajador, origina que la carga probatoria a efecto de acceder a esta tutela sea per se de difícil probanza; en efecto, conforme a la distribución de cargas probatorias del artículo 23 de la Ley N° 29497 Nueva Ley Procesal del Trabajo, corresponde al traba-jador acreditar “el motivo de nulidad invocado” (artículo 23, numeral 23.3, inciso b); por su parte, la jurisprudencia ha señalado la necesidad de mesu-rar tan pesada carga, mediante el empleo de fórmulas de aligeración, como el principio de facilitación probatoria y la prueba indiciaria, cuyo empleo en el proceso laboral autoriza el artículo 23, numeral 23.5, de la antes refe-rida Ley Procesal del Trabajo.

De la misma manera, el Pleno Jurisdiccional Laboral de 1997, celebrado en el Cuzco, se acordó que: “En los procesos en que se ventile la nulidad del des-pido, si bien el juez no puede utilizar las presunciones, deberá apreciar, eva-luar y determinar el mérito de los indicios que se aporten con los medios probatorios, para poder determinar objetivamente la causa real que motivó el despido”. Así, como anota Montero Aroca, las presunciones no se propo-nen ni son medios de prueba, se debe probar el indicio en la fase probatoria y luego de una valoración, se podrá indicar que entre el indicio y el hecho presu-mido hay un enlace lógico para dar por probado dicho hecho presumido. (...)”.

Cas. Lab. N° 10156-2013-LA LIBERTAD, de fecha 5 de mayo de 2014.

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��Importancia de la prueba indiciaria cuando las partes no han aportado medios probatorios plenos. Cas. Lab. N° 10867-2013-LIMA.

CRITERIO DE LA SUPREMA: El uso de la prueba indiciaria cons-tituye una herramienta válida y necesaria con relación a la optimización del derecho a la prueba de las partes intervinientes en el proceso judicial, en la medida que no se exige de las partes aportar al proceso medios pro-batorios absolutos (pleno) que acrediten los hechos en los que se funda su pretensión, sino que tan solo se le exige producir la prueba necesaria para verificar la existencia o inexistencia de los hechos que configuran su pretensión, a efectos que las mismas sean admitidos, actuados y valo-rados debidamente por el juzgador, independientemente del resultado de la apreciación final de este.

“QUINTO: SOBRE LA ACREDITACIÓN DE LA NULIDAD DE DESPISO EN EL PROCESO LABORAL REGULADO POR LA LEY N° 29497, NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO.

(...)

5.4 Efectivamente, el uso de la prueba indiciaria constituye una herramienta válida y necesaria en relación a la optimización del derecho a la prueba de las partes intervinientes en el proceso judicial, en la media que no se exige de las partes aportar al proceso medios probatorios absolutos (plenos) que acre-diten los hechos en los que funda su pretensión, sino que tan solo se le exige producir la prueba necesaria para verificar la existencia o inexistencia de los hechos que configuren su pretensión, a efectos que los mismos sean admiti-dos, actuados y valorados debidamente por el juzgador, independientemente del resultado de la apreciación final de este, pues como indica el profesor Igartúa Salaverría, el vocablo indicio no denota una probatio minor o incom-pleta, no solo porque ‘(...) nada puede conceptuarse como prueba de primera o de segunda o de tercera categoría, en el sentido de que nada posee una auto-mática y resolutiva capacidad para probar el hecho desconocido’, sino porque ‘(...) Si aceptamos que el ´indicio´ es algo menos (o incluso mucho menos) que la ´prueba´, establecemos una gradación dentro del material probatorio, lo que evoca las categorías medievales de los indicios dudosos y de los indu-bitados, de las pruebas plenas y de las semiplenas, y con ello estamos intro-duciendo un cuerpo extraño en un sistema que pivota sobre el principio del libre convencimiento del juez (ya que una jerarquía de los medios de prueba resucitara el periclitado sistema de valoración legal de las pruebas)’. (...)”.


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��La existencia de indicios de la actividad autónoma y/o independiente del trabajador que altera la aplicación del principio de presunción de labo-ralidad, exige el análisis de los presupuestos del contrato de trabajo, previstos en el artículo 4 del Decreto Supremo N° 003-97-TR. Cas. Lab. N° 14440-2013-LIMA.

CRITERIO DE LA SUPREMA: La existencia de indicios de la activi-dad autónoma y/o independiente del trabajador que alteran la aplicación del principio de presunción de laboralidad, exige el análisis de los pre-supuestos del contrato de trabajo, previstos en el artículo 4 del Decreto Supremo N° 003-97-TR.

En ese sentido y, atendiendo a la nueva estructura del proceso judicial laboral prevista en la Nueva Ley Procesal del Trabajo es necesario que los jueces actúen sesudamente en la aplicación de la presunción de labo-ralidad, exigiendo verdaderos indicios a los trabajadores que la invoquen, pues no se trata de eximir de toda prueba al demandante, sino solamente facilitarle dicha actividad.

“(...), si bien el artículo 23.2 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo N° 29497, señala que, si la parte demandante acredita la existencia de una prestación personal de servicios, consecuentemente el juzgador debe pre-sumir la concurrencia de los otros elementos (remuneración y subordina-ción) para la configuración de una relación laboral salvo prueba en contra-rio; cierto es que dicha facilitación probatoria no implica una ausencia de probanza de parte del trabajador demandante, toda vez que por lo menos debe aportar indicios razonables del carácter laboral de la relación bajo dis-cusión. En ese sentido y, atendiendo a la nueva estructura del proceso judi-cial laboral prevista en la Nueva Ley Procesal del Trabajo es necesario que los jueces actúen sesudamente en la aplicación de la presunción de laborali-dad, exigiendo verdaderos indicios a los trabajadores que la invoquen, pues no se trata de eximir de toda prueba al demandante, sino solamente facili-tarle dicha actividad (...)”.

Cas. Lab. N° 14440-2013-LIMA, de fecha 29 de setiembre de 2014.

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��Conclusión del proceso. Improcedencia del recurso de casación, pues no prevé los requisitos de Ley, debido a que se ha interpuesto contra un auto que no se pronuncia acerca de la controversia jurídica principal. Cas. Lab. Nº 3901-2014-AREQUIPA.

CRITERIO DE LA CORTE SUPREMA: La Corte Suprema resuelve declarar: Improcedente recurso de casación al considerar que no cumple con los requisitos que prevé la Ley Procesal de Trabajo, toda vez que el recurso ha sido interpuesto contra un auto que no resuelve el conflicto sus-citado entre las partes, en la medida en que no se pronuncia acerca de la controversia jurídica principal, sino que revoca una resolución expedida en audiencia única, que declaró infundada la excepción de prescripción y reformándola declararon nulo todo lo actuado y por concluido el proceso.

“SEGUNDO: Cuando el ordenamiento procesal señala estrictos requisitos de forma y fondo que debe cumplir todo recurso de casación, lo hace por-que este es un medio impugnatorio extraordinario, a través del cual la Corte Suprema ejerce su facultad casatoria en base a lo estrictamente denunciado como vicio o error en el recurso, y no actúa como una instancia final de fallo donde se analiza primero el proceso y luego el recurso.

TERCERO: En primer lugar, corresponde verificar si el recurso cum-ple con los requisitos de procedencia señalados en el artículo 55 de la Ley Nº 26636, Ley Procesal de Trabajo, modificada por Ley Nº 27021, y pos-teriormente si reúne los requisitos de forma y de fondo establecidos en los artículos 57 y 58 de la mencionada ley.

CUARTO: El literal a) del artículo 55 de la Ley Nº 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por la Ley Nº 27021, establece: ‘Este recurso pro-cede únicamente en los siguientes supuestos: a) Sentencias expedidas en revisión por las Salas Laborales o Mixtas de las Cortes Superiores de Justi-cia que resuelvan el conflicto jurídico planteado por las partes’.

QUINTO: Del análisis de la norma precisada, se concluye que con la modificatoria de la Ley Nº 26636, Ley Procesal del Trabajo, establecida por la Ley Nº 27021, se ha determinado que el recurso de casación en mate-ria laboral se restringe únicamente al cuestionamiento de sentencias que resuelvan el conflicto jurídico planteado entre las partes.

SEXTO: En tal sentido, se advierte que el recurso de casación no cum-ple con el requisito que prevé el literal a) del artículo 55 citado preceden-temente; toda vez que el recurso ha sido interpuesto contra un auto que no resuelve el conflicto jurídico suscitado entre las partes, en la medida en que

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no se pronuncia acerca de la controversia jurídica principal, sino que revoca la Resolución número cuarenta y dos expedida en audiencia única que corre en fojas quinientos cincuenta a quinientos cincuenta y dos, que declaró infundada la excepción de prescripción y reformándola declararon fundada, nulo todo lo actuado y por concluido del proceso.

SÉTIMO: Por otro lado, al haber concedido la Sala Superior el recurso mediante Resolución Nº 241-2014(05-2SL) de fecha diez de marzo de dos mil catorce, se ha incurrido en causal de nulidad, conforme al artículo 171 del Código Procesal Civil. Por estas consideraciones: Declararon NULA la Resolución Nº 241-2014(05-2SL), de fecha diez de marzo de dos mil catorce, que corre en fojas ochocientos noventa y ocho, e IMPROCE-DENTE el recurso de casación interpuesto por el demandante, don Javier Aliaga Quispe. (...)”.

Cas. Nº 3901-2014-AREQUIPA, de fecha 15 de diciembre de 2014.

4. Medios impugnatorios

4.1. Nulidad

��Nulidad. Cas. Lab. Nº 835-2006-LA LIBERTAD

CRITERIO DE LA CORTE SUPREMA: Los plazos de caducidad los fija la Ley sin admitir pacto en contrario conforme el artículo 2004 del Código Civil, y siendo que no es posible advertir para el ejercicio de la acción iniciada por el Estado, pues ni en el texto primigenio del Regla-mento de Normas Generales de Procedimiento Administrativos ni aún en su texto modificado por Decreto Ley Nº 26111, Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, existía plazo alguno de caducidad para el ejercicio de esta acción de lesividad, es evidente que las resolucio-nes de mérito se encuentran afectadas por causal de nulidad prevista en el artículo ciento setentiuno del Código Procesal Civil. Por lo que la Corte Suprema resuelve declarar FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la Municipalidad Provincial de Trujillo.

“CUARTO: Que, siendo así y teniendo en cuenta conforme el artículo 2004 del Código Civil, los plazos de caducidad los fija la Ley, sin admitir pacto en contrario, no sería posible en el presente caso advertir la caduci-dad para el ejercicio de la acción iniciada por el Estado, pues ni en el texto primigenio del Reglamento de Normas Generales de Procedimiento Admi-nistrativos ni aún en su texto modificado por Decreto Ley Nº 26111, Ley de

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Normas Generales de Procedimientos Administrativos, publicado el treinta de diciembre de mil novecientos noventidós, existía plazo alguno de cadu-cidad para el ejercicio de esta acción de lesividad; sin embargo, en lo refe-rente a la excepción de prescripción, deberá tenerse en cuenta que si bien la norma antes citada igualmente tampoco reguló plazo de prescripción alguna para el ejercicio de esta acción judicial, pero partiendo de la regla general que toda acción es prescriptible, salvo disposición distinta de la Ley, debe con-cluirse que la acción en el caso sub examine se encuentra sometida al plazo de prescripción delimitado en el inciso primero del artículo dos mil uno del Código Civil; QUINTO: Que, por las razones expuestas es evidente, que las resoluciones de mérito se encuentran afectadas por causal de nulidad prevista en el artículo ciento setentiuno del Código Procesal Civil, por lo que corresponde al ad quem resolver la presente con arreglo a Ley. RESO-LUCIÓN: Por estas consideraciones; declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la Municipalidad Provincial de Trujillo, (...)”.

Cas. Lab. Nº 835-2006-LA LIBERTAD, de fecha 15 de agosto 2007.

4.2. Casación

��Finalidad dikelógica del recurso de casación. Cas. Lab. Nº 3575-2014-DEL SANTA

CRITERIO DE LA CORTE SUPREMA: La Corte Suprema resuelve declarar: Fundado el recurso de casación pues indica que de la revisión de la sentencia de vista, el colegiado superior interpretó el artículo 23 de la Ley Nº 29497, nueva Ley Procesal del Trabajo, argumentando que es el demandante quien debe probar de manera fehaciente no solo que reali-zaba labores administrativas sino que estas las realizaba dentro del hora-rio que indica en su demanda. Al haber emitido la sala superior una valo-ración arbitraria de los medios de prueba que obran en el expediente, y a fin de velar por la exacta aplicación del derecho, en virtud de la finalidad dikelógica del recurso de casación, la sala suprema ejerce su actividad correctora para el caso en concreto.

“NOVENO: Si bien la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley Nº 29497 no establece cuáles son los fines del recurso de Casación, supletoriamente el artículo 384 del Código Procesal Civil, establece los siguientes: 1) nomofi-láctica, se refiere a la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, y 2) dikelógica, consistente en la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso en concreto, encaminada a la búsqueda de la

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justicia. DÉCIMO: Respecto a la finalidad dikelógica del recurso de casa-ción, Loredo señala lo siguiente: ‘parece claro que el principio inspirador, el objetivo que ha de presidir el edificio casacional, ha de ser, necesaria-mente, la potestad del recurrente para solicitar y obtener la determinación del Derecho para el caso concreto’. Asimismo, la jurisprudencia establece que dentro de los fines de la Casación ‘comprende el control para evitar la violación de normas y principios que regulan lo relativo a los medios pro-batorios, cumpliendo así el recurso con la finalidad dikelógica (...)’ (Casa-ción Nº 3889-2000-Lima de fecha dos de setiembre de dos mil). DÉCIMO PRIMERO: Siendo ello así, la Corte Suprema tiene la facultad de revi-sar la razonabilidad de la valoración de la prueba, en mérito a la finali-dad dikelógica del recurso de casación, debido a que la valoración de los medios probatorios no son ajenos al control casatario, esta finalidad exige a los magistrados la adecuada aplicación del derecho al caso en concreto a fin de emitir un fallo justo. Sin embargo, ello no significa que ejerza como una tercera instancia, ya que la primera y segunda instancia conti-núan siendo autónomas en su actividad probatoria; mientras que la Corte Suprema de forma excepcional, puede ejercer una actividad correctora, cuando se verifique que las instancias de mérito han emitido una arbitraria valoración de los medios de prueba, a fin de aplicar el derecho al caso en concreto. DÉCIMO SEGUNDO: Estando a lo expuesto precedentemente y a la revisión de la Sentencia de Vista, se aprecia que el Colegiado Supe-rior interpretó el artículo 23 de la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, argumentando que es el demandante quien debe probar de manera fehaciente no solo que realizaba labores administrativas, sino que estas las realizaba dentro del horario que indica en su demanda. Al haber emitido la Sala Superior una valoración arbitraria de los medios de prueba que obran en el expediente, y a fin de velar por la exacta aplicación del derecho, en virtud de la finalidad dikelógica del recurso de casación, la Sala Suprema ejerce su actividad correctora para el caso en concreto.

(...)

DÉCIMO SEXTO: De otro lado, en la Continuación de Audiencia de Juz-gamiento de fecha dieciséis de enero de dos mil trece, entre los minutos 66:42 a 87:10, el demandante manifestó que las labores como administra-tivo las realizó entre las cinco de la tarde a nueve de la noche, de lunes a viernes, mientras que las labores como docente las realizó los sábados y domingos desde las ocho de la mañana hasta la una de la tarde y a par-tir de las tres de la tarde a nueve de la noche. Hechos que fueron oraliza-dos por el recurrente en la Audiencia de Juzgamiento y que no fueron des-virtuados por la parte demandada, y conforme a la distribución establecida en el artículo 23 de la Ley Nº 29497, la carga de la prueba corresponde a la

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demandada en virtud del inciso a) del artículo 23.46 de la Ley Nº 29497, dado a que la demandada no acreditó el cumplimiento de las normas lega-les, en este caso, la obligación de tener un registro de control de asisten-cia, en el que los trabajadores consignen el tiempo de labores, de conformi-dad con lo previsto en el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 004-2006-TR, modificado por el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 010-2008-TR, por lo que se acredita la infracción normativa del artículo 23 de la Ley Nº 29497, al haber trasladado de forma arbitraria la carga de la prueba al demandante, cuando corresponde a la demandada acreditar sus afirmaciones, habiéndose infringido el artículo 23 de la Ley Nº 29497, motivo por el cual, la causal de Casación debe declararse fundada. Por estas consideraciones: FALLO: Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el deman-dante, Santos Edilberto Ávalos Aurora (...)”.

Cas. Lab. Nº 3575-2014-DEL SANTA, de fecha 17 de mayo 2016.

��Fines del recurso de casación. Cas. Lab. N° 1908-2012-LAMBAYEQUE.

CRITERIO DE LA CORTE SUPREMA: El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácti-cas o de revaloración probatoria; en ese sentido, vía recurso de casación, no es posible volver a revisar los hechos establecidos en las instancias de mérito ni valorar nuevamente los medios probatorios actuados en el pro-ceso, puesto que tal pretensión colisionaría frontalmente con la natura-leza y fines del recurso extraordinario de casación.

“TERCERO.- Que, antes del análisis de los requisitos de fondo, es nece-sario precisar que el recurso de casación es un medio impugnatorio extraor-dinario de carácter formal que sólo puede fundarse en cuestiones eminente-mente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; en ese sentido, su fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, pre-cisa y concreta indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que con-figuran la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento de los preceden-tes vinculantes dictados, sea por el Tribunal Constitucional o por la Corte Suprema de Justicia de la República. (...)”.

Cas. Lab. N° 1908-2012-LAMBAYEQUE, de fecha 6 de julio de 2012.

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4.3. Apelación

��Procedencia del recurso de apelación. Queja Nº 250-2003.

CRITERIO DE LA CORTE SUPREMA: La Corte Suprema resuelve declarar improcedente la queja interpuesta por Globoper Sociedad Anó-nima Cerrada, pues de conformidad con el artículo trescientos sesenti-cinco, inciso dos, del Código Procesal Civil, no procede recurso de ape-lación contra autos que se expidan en la tramitación de una articulación, por lo que en el presente caso no procede la apelación contra la improce-dencia de la nulidad planteada por Globoper Sociedad Anónima Cerrada.

“PRIMERO.- Que, de la revisión del cuaderno de queja se advierte que, el proceso principal versa sobre beneficios sociales, seguido por Alejandro Reyes Murgado, contra Lottery Service Sociedad Anónima - hoy Globoper Sociedad Anónima Cerrada;

SEGUNDO.- Que, la Tercera Sala Laboral de Lima conoce del citado pro-ceso en mérito al recurso de apelación formulado contra la sentencia de pri-mera instancia; y, en su calidad de órgano judicial de segunda instancia, expide la sentencia de vista de fecha dieciocho de octubre del dos mil dos, que contra dicha resolución, Globoper Sociedad Anónima Cerrada, formula nulidad, el mismo que es declarado improcedente por resolución del dos de diciembre del dos mil dos, corriente a fojas diez, formulando contra esta resolución Globoper Sociedad Anónima Cerrada, recurso de apelación, el mismo que es declarado inadmisible, por resolución del siete de enero del dos mil tres de fojas quince, la misma que es objeto de la presente queja;

TERCERO.- Que, de conformidad con el artículo trescientos sesenticinco, inciso dos, del Código Procesal Civil, no procede recurso de apelación con-tra autos que se expidan en la tramitación de una articulación;

CUARTO.- Que, por aplicación del artículo quinto, numeral primero de la Ley Procesal del Trabajo, esta Sala Suprema es competente para conocer en razón de función: Del recurso de casación, del recurso de apelación, de las resoluciones pronunciadas por las Salas Laborales en primera instancia y de los conflictos de competencia entre los Juzgados Laborales de distinto distrito judicial; por estas consideraciones, declararon IMPROCEDENTE la queja interpuesta a fojas dieciséis por Globoper Sociedad Anónima Cerrada, contra la resolución de fecha siete de enero del dos mil tres expedida por la Tercera Sala Laboral de Lima; en los seguidos por Alejandro Reyes Murgado sobre

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beneficios sociales; mandaron transcribir la presente resolución a la Corte Superior de su Procedencia; archivándose los de la materia. (...)”.

Queja Nº 250-2003, de fecha 17 de marzo de 2003.

4.4. Queja

��Queja por incumplimiento de presupuesto procesal Queja Nº 1621-2006.

CRITERIO DE LA CORTE SUPREMA: La Corte Suprema resuelve declarar infundado el recurso de queja, pues la decisión de la Sala Supe-rior de rechazar el recurso de casación interpuesto por la emplazada resulta correcta al no superar la cuantía de cien unidades de referencia procesal, exigidas para su procedencia, presupuesto procesal vinculado a los fines asignados al recurso de casación, que guarda absoluta propor-ción con el principio pro actione que impone a los juzgadores, la exigen-cia de interpretar y aplicar los requisitos y presupuestos procesales de modo flexible y atendiendo a su finalidad.

“SEXTO: Que, bajo este marco jurídico, la decisión de la Sala Superior de rechazar el recurso de casación interpuesto por la emplazada resulta correcta al no superar el monto cuyo abono se le impone en la sentencia de vista que en fotocopia corre a fojas diecinueve, la cuantía de cien uni-dades de referencia procesal, exigidas para su procedencia, y si como se ha relevado en la segunda considerativa de este pronunciamiento es un presu-puesto que se encuentra vinculado a los fines asignados al recurso de casa-ción, guarda absoluta proporción con el principio pro actione que impone a los juzgadores, la exigencia de interpretar y aplicar los requisitos y presu-puestos procesales de modo flexible y atendiendo a su finalidad; por estas consideraciones: declararon INFUNDADO el recurso de queja interpuesto a fojas veinticuatro por doña Elsa Mercedes Palacios Seminario contra el auto número noventa y uno del seis de Junio del dos mil seis, expedida por la Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Piura, que declara improcedente su recurso de casación; CONDENARON a la recurrente a la multa de tres unidades de referencia procesal; así como al pago de las cos-tas y costos originados de la tramitación del recurso; en los seguidos por doña Dioselina Clara Hernández Palacios sobre beneficios sociales: MAN-DARON transcribir copia de la presente resolución a la Corte Superior de su procedencia; con citación; archivándose los de la materia. (...)”.

Queja Nº 1621-2006, de fecha 20 de junio de 2008.

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��Queja por incumplimiento de requisito de admisibilidad. Queja Nº 1620-2006.

CRITERIO DE LA CORTE SUPREMA: La Corte Suprema resuelve declarar inadmisible el recurso de queja, pues de conformidad con el artículo cuatrocientos dos del Código Procesal Civil, de aplicación suple-toria al proceso laboral, se deben adjuntar al escrito de Queja: el escrito que motivó la resolución recurrida, las resoluciones expedidas en primera y segunda instancia, así como la que origina esta última, el escrito en que se recurre y la Resolución denegatoria del recurso impugnatorio en copia simple con sello y la firma del abogado del recurrente en cada una, y bajo responsabilidad de su autenticidad; sin embargo, de la revisión de los actuados se advierte que el recurrente no cumplió con presentar el recurso de apelación que da origen a la resolución de vista, ni la resolu-ción denegatoria del recurso de casación, conforme se aprecia de la razón emitida por la jefa de Mesa de Partes de la Suprema Sala, incumpliendo de esta manera con las exigencias contenidas en el artículo cuatrocientos dos de la norma adjetiva antes citada, la cual es indispensable para los efectos de la admisibilidad del recurso de queja.

“PRIMERO.- Que, el artículo sesenta de la Ley Procesal del Trabajo señala que el recurso de queja procede contra la denegatoria de apelación o de casación;

SEGUNDO.- Que, el artículo cuatrocientos dos del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al presente caso, dispone que se deben adjuntar al escrito de Queja: el escrito que motivó la resolución recurrida, las resoluciones expedidas en primera y segunda instancia, así como la que origina esta última, el escrito en que se recurre y la Resolución dene-gatoria del recurso impugnatorio en copia simple con sello y la firma del abogado del recurrente en cada una, y bajo responsabilidad de su autenticidad;

TERCERO.- Que, sin embargo, de la revisión efectuada a las copias que forman el presente cuaderno se advierte que el recurrente no cumple con presentar el recurso de apelación que da origen a la resolución de vista, ni la resolución denegatoria del recurso de casación, conforme se aprecia de la razón emitida por la jefa de la Mesa de Partes de esta Suprema Sala que corre a fojas diecinueve, incumpliendo de esta manera con las exigen-cias contenidas en el artículo cuatrocientos dos de la norma adjetiva antes citada, la cual es indispensable para los efectos de la admisibilidad del recurso de queja: por estas consideraciones Declararon INADMISIBLE

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el recurso de queja interpuesta a fojas dieciséis por José Edison Castillo Vences contra la resolución de vista de fojas doce su fecha veintiocho de diciembre del dos mil cinco; en los seguidos contra Pacific Fishing Socie-dad Anónima Cerrada sobre reintegro de remuneraciones; ORDENARON que con conocimiento de las partes y oficiándose a la Sala de origen, se archive el presente cuaderno conforme a Ley. (...)”.

Queja Nº 1620-2006, de fecha 20 de julio de 2010.

5. Debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva

��El debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva. Cas. Lab. N° 9895-2013-LIMA NORTE.

CRITERIO DE LA CORTE SUPREMA: El Tribunal Constitucional ha señalado que la observancia al debido proceso y la tutela jurisdiccio-nal suponen tanto el derecho de acceso a los órganos de justicia como la eficacia de lo decidido en la sentencia.

En efecto, la tutela judicial efectiva supone el derecho de acceso a los órganos de justicia como la eficacia de lo decidido en la sentencia, es decir, una concepción garantista y tutelar que encierra todo lo concer-niente al derecho de acción frente al poder-deber de la jurisdicción; mien-tras que el derecho al debido proceso, en cambio, significa la observancia de los derechos fundamentales esenciales, principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela de los derecho subjetivos.

Asimismo, el debido proceso tiene, a su vez, dos expresiones; una formal y otra sustantiva; en la de carácter formal, los principios estatuidas, tales como las que establecen el juez natural, el procedimiento preestablecido, el derecho de defensa, la motivación; su faz sustantiva, se relaciona con los estándares de justicia como son la razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer.

“QUINTO: Siendo así, resulta necesario recalcar que, el artículo 139 inciso 3 de la constitución Política del Estado ha establecido como un principio y derecho de la función jurisdiccional ‘la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional’. Sobre esta, el Tribunal Consti-tucional ha señalado que supone tanto el derecho de acceso a los órganos

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de justicia como la eficacia de lo decidido en la sentencia; mientras que sobre aquel ha expresado que significa la observancia de los principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela de los derechos subjetivos; en esa misma línea el Tribunal Cons-titucional, en Sentencia N° 09727-2005-PHC/TC, del seis de octubre del dos mil seis, fundamento 7, establece que ‘(...) mientras que la tutela judi-cial efectiva supone tanto el derecho de acceso a los órganos de justicia como la eficacia de los decidido en la sentencia, es decir, una concepción garantista y tutelar que encierra todo lo concerniente al derecho de acción frente al poder-deber de la jurisdicción, el derecho al debido proceso, en cambio, significa la observancia de los derechos fundamentales esencia-les (...) principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela de los derecho subjetivos. El debido proceso tiene, a su vez, dos expresiones; una formal y otra sustantiva; en la de carác-ter formal, los principios estatuidas, tales como las que establecen el juez natural, el procedimiento preestablecido, el derecho de defensa, la moti-vación; su faz sustantiva, se relaciona con los estándares de justicia como son la razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer’ (sic).

SEXTO: Que, uno de los componentes esenciales del derecho fundamental al debido proceso, lo constituye la motivación de las resoluciones judicia-les, preceptuada expresamente en el inciso 5) del artículo 139 de la Consti-tución Política del Estado; respecto del cual la Corte Suprema en la Casa-ción N° 2139-2007-Lima, publicada el treinta y uno de agosto del mil siete, fundamento sexto, ha establecido lo siguiente: “(...) además de constituir un requisito formal e ineludible de toda sentencias constituye el elemento intelectual de contenido crítico, valorativo lógico, y está formado por el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en los que el magistrado ampara su decisión; por ende, la exigencia de la motivación constituye una garantía constitucional que asegura la publicidad de las razones que tuvie-ron en cuenta los jueces para pronunciar sus sentencias; además, la moti-vación constituye una forma de promover la efectividad del derecho a la tutela judicial, y así, es deber de las instancias de revisión responder a cada uno de los puntos planteados por el recurrente, quien procese en ejerci-cio de su derecho de defensa y amparo de la tutela judicial efectiva’. (sic). (...)”.

Cas. Lab. N° 9895-2013-LIMA NORTE, de fecha 16 de junio de 2014.

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��El derecho al debido proceso previsto en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condi-ciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Cas. Lab. N° 620-2012-PUNO.

CRITERIO DE LA CORTE SUPREMA: La Corte Suprema resuelve declarar fundado el recurso de casación, pues advierte que la deficiencia advertida contraviene el debido proceso, toda vez que estos hechos son pasibles de incidir en la decisión final de amparar o no la demanda de incumplimiento de normas y disposiciones laborales; en las sentencias emitidas en el presente proceso, consecuentemente, la causal de afec-tación del debido proceso debe ser estimada, por lo que la sentencia de vista debe ser declarada nula, e insubsistente la apelada en aplicación de lo dispuesto en los artículos 171 y 176 del Código Procesal Civil, a fin de que el a quo emita nuevo fallo.

“CUARTO: Que el derecho al debido proceso previsto en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimien-tos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en con-diciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos, siendo una de sus expresiones, el derecho que tiene todo justiciable a conocer las motivaciones suficientes que conlle-varon al juzgador a emitir un fallo judicial, tal como así lo dispone ade-más el inciso 5) del artículo 139 de la Carta Política.

QUINTO: Que el Tribunal Constitucional en la STC Nº 728-2008-PH-TC ha establecido que el derecho a la debida motivación de las resolucio-nes judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judi-cial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso, precisando que el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimi-tado, entre otros, en la motivación aparente, la cual se configura cuando la resolución no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en fra-ses sin ningún sustento fáctico o jurídico. Asimismo, se ha señalado que la

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motivación aparente se expresa en la arbitraria evaluación de la prueba por la instancia inferior, lo que origina un fallo con motivación que no corres-ponde a los criterios legales, ni para la selección del material fáctico ni para la apreciación lógica y razonada de la prueba. (...)”.

Cas. Lab. N° 620-2012-PUNO, de fecha 28 de setiembre de 2012.

��La Tutela procesal efectiva. Cas. Lab. N° 12882-2013-LIMA.

CRITERIO DE LA SUPREMA: La Corte Suprema señala que el segundo párrafo del artículo 139 inciso 3) de la Constitución Política del Perú, consagra el derecho a no ser desviado de la jurisdicción predetermi-nada por Ley. Dicho atributo es una manifestación del derecho al “debido proceso legal” vinculado a la “tutela procesal efectiva”. Asimismo, señala que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece que: “toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley (...)”, queda evidenciado que la tutela procesal efectiva tiene como una de sus manifestaciones que el órgano jurisdiccional que resuelve el conflicto sea el “competente” para avocarse a dicha causa; dicho de otro modo, debe entenderse como aquel que, de acuerdo a determinadas reglas previamente establecidas (territorio, materia, cuantía, etc.), es el llamado para conocer y resolver una contro-versia. También conocido como el derecho al “juez natural”, esta garantía presenta dos alcances: por un lado, la imposibilidad de ser sometido a un proceso ante la autoridad de quien no es juez o que carece de competencia para resolver una determinada controversia; y por otro, que la competencia de los jueces y tribunales se encuentre previamente establecida por la Ley.

“TERCERO: En dicho contexto, es necesario señalar que el segundo párrafo del inciso 3) del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, consagra el derecho a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada por la ley. Dicho atributo es una manifestación del derecho al ‘debido proceso legal’ vinculado a la ‘tutela procesal efectiva’. La citada disposición cons-titucional tiene correlato en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece que: ‘toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con ante-rioridad por la ley (...)’, De la definición establecida en la norma interna-cional, se evidencia que la tutela procesal efectiva tiene como una de sus

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manifestaciones que el órgano jurisdiccional que resuelva el conflicto sea el ‘competente’ para avocarse a dicha causa; dicho de otro modo, debe enten-derse como aquel, de acuerdo a determinadas reglas previamente estableci-das (territorio, materia, cuantía, etc.), es el llamado para conocer y resolver una controversia. También conocido como el derecho a un juez natural, esta garantía presenta dos alcances: por un lado, la imposibilidad de ser sometido a un proceso ante la autoridad de quien no es juez o que carece de compe-tencia para resolver una determinada controversia; y por otro, que la com-petencia de los jueces y tribunales se encuentre previamente establecida por la ley. Por ende, el contenido de este derecho (tutela jurisdiccional efectiva) plantea dos exigencias muy concretas: en primer lugar, que quien juzgue sea un juez u órgano con potestad jurisdiccional, garantizándose así la interdic-ción de ser enjuiciado por un juez excepcional o por una comisión especial creada ex profesamente para desarrollar funciones jurisdiccionales o, que dicho juzgamiento pueda realizarse por comisión o delegación, o que cual-quiera de los poderes públicos pueda avocarse al conocimiento de un asunto que debe ser ventilado ante un órgano jurisdiccional; y, en segundo lugar, que la jurisdicción y competencia del juez sean predeterminadas por la ley, lo que implica que dicha asignación debe haberse realizado con anterioridad al inicio del proceso y, que tales reglas estén previstas en una ley orgánica, conforme se desprende de una interpretación sistemática de los artículo 139 inciso 3 y 106 de la Constitución Política vigente. (...)”.

Cas. Lab. N° 12882-2013-LIMA, de fecha 11 de agosto de 2014.

��Sustentar la resolución judicial que confirma la sentencia con dispo-sitivos legales derogados, incumple con los principios de motivación y debido proceso. Cas. Lab. 4533-2009-LAMBAYEQUE.

CRITERIO DE LA CORTE SUPREMA: La Corte Suprema resuelve declarar fundado el recurso de casación, pues sustenta que la resolu-ción judicial que confirma la sentencia con dispositivos legales deroga-dos, incumple con los principios de motivación y debido proceso, al no haberse efectuado el análisis sobre la base legal específica.

“SÉTIMO: Que, de la revisión de los actuados, se aprecia que la senten-cia recurrida, obrante a fojas ciento sesenta, no contiene una debida funda-mentación al haber emitido una resolución no fundada en derecho en tanto los dispositivos invocados en el tercer considerando como fundamento para confirmar la sentencia se encuentran derogados por la Duodécima Disposi-ción Final de la Ley Nº 28806; por lo que cabía efectuar un análisis sobre

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este punto, en el que se tenga presente las normas legales vigentes respecto a los hechos denunciados por los demandantes; por lo que, la Sala Supe-rior debe emitir nuevo pronunciamiento, realizando un análisis exhaustivo de los hechos de los derechos peticionados, con la debida fundamentación e interpretación de las normas pertinentes.

OCTAVO: Que consecuentemente queda claro (como ya se ha establecido en el considerando anterior), que la sentencia de mérito expedida en la pre-sente causa, lesiona el principio y derecho de la función jurisdiccional a la debida motivación de las resoluciones judiciales que forman parte a su vez del contenido esencial del derecho al debido proceso legal y que garantiza que la decisión expresada en el fallo o resolución sea consecuencia de una deducción razonada de los hechos del caso, las pruebas aportadas y su valo-ración jurídica, exigencias que como se desprende de los defectos expresa-dos adolece la recurrida, razones por las cuales resulta inválida e ineficaz correspondiendo a la Sala Superior renovar este acto procesal. (...)”.

Cas Lab. Nº 4533-2009-LAMBAYEQUE, de fecha 4 de mayo de 2011.

6. Motivación de las resoluciones y el principio de congruencia

��La motivación de las resoluciones judiciales garantiza que la decisión expresada en el fallo o resolución sea consecuencia de una deducción razonada de los hechos. Cas. Lab. N° 4423-2013-LIMA.

CRITERIO DE LA CORTE SUPREMA: La Corte Suprema resuelve declarar fundado el recurso de casación, al precisar que la motivación de las resoluciones judiciales forma parte del contenido esencial del dere-cho al debido proceso legal, que garantiza que la decisión expresada en el fallo o resolución sea consecuencia de una deducción razonada de los hechos del caso, las pruebas aportadas y su valoración jurídica, en tal vir-tud esta garantía se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto.

“OCTAVO.- La motivación de las resoluciones judiciales forma parte del contenido esencial del derecho al debido proceso legal, que garantiza que la decisión expresada en el fallo o resolución sea consecuencia de una deduc-ción razonada de los hechos del caso, las pruebas aportadas y su valoración jurídica, en tal virtud esta garantía se respeta siempre que exista fundamen-tación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma la resolución judicial exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada.

NOVENO.- La observancia irrestricta de este derecho en el desarrollo del proceso no solo es impuesta en la actuación de los órganos de primera

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instancia, sino que se proyecta en toda su secuela, lo cual obviamente invo-lucra la intervención de la instancia revisora como así lo reconoce el artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modi-ficado por el artículo único de la Ley Nº 28490, que desarrollando la garan-tía de motivación de las resoluciones judiciales determina expresamente que todas las resoluciones, con exclusión de las de mero trámite, son motivadas, bajo responsabilidad, con expresión de los fundamentos en que se sustentan. Esta disposición alcanza a los órganos jurisdiccionales de segunda instancia que absuelven el grado, en cuyo caso, la reproducción de los fundamentos de la resolución recurrida, no constituye motivación suficiente. (...)”.

Cas. Lab. N° 4423-2013-LIMA, de fecha 9 de agosto de 2013.

��El deber de la debida motivación, no garantiza una determinada exten-sión de la motivación, por lo que su contenido se respeta siempre que exista una fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, más aún si esta es breve o concisa o se presenta el supuesto de motivación por remisión. Cas. Lab. N° 6072-2012-DEL SANTA.

CRITERIO DE LA CORTE SUPREMA: El deber de la debida moti-vación, conforme lo ha señalado el Tribunal Constitucional peruano en el fundamento jurídico cuatro de la sentencia del Tribunal Constitucional N° 00966-2007-AA/TC: “No garantiza una determinada extensión de la moti-vación, por lo que su contenido se respeta siempre que exista una fundamen-tación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, más aun si esta es breve o concisa o se presenta el supuesto de motivación por remisión.

“CUARTO: El deber de debida motivación, conforme lo ha señalado el Tribunal Constitucional peruano en el fundamento jurídico número cua-tro de la Sentencia del Tribunal Constitucional N° 00966-2007-AA/TC ‘no garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido se respeta siempre que exista una fundamentación jurídica, con-gruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma, exprese una sufi-ciente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión. Tampoco garantiza que, de manera pormenorizada, todas las alegaciones que las partes puedan formular dentro de proceso sean objeto de pronunciamiento expreso y deta-llado. (...) En suma, garantiza que el razonamiento guarde relación y sea proporcionado con el problema que al juez (...) corresponde resolver’.

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QUINTO: Asimismo, así en el expediente Nº 0728-PHC-TC (Caso LLa-moja), de fecha trece de octubre de dos mil ocho, el Supremo Intérprete de la Constitución remarco la necesidad de distinguir dos distintos, pero a la vez complementarios, planos de la argumentación jurídica, en especial la empleada en las resoluciones, a saber: ‘una justificación interna (corrección lógica) y una justificación externa de la decisión (hechos probados)’, líneas más adelante señala que: ‘solo completado este doble ejercicio argumenta-tivo se puede considerar satisfecho y cumplido el deber de motivación de las resoluciones judiciales; se trata sin duda de una hiper valoración cons-titucional del derecho – deber consagrado en el artículo 139 inciso 5 de la Constitución del Estado, según la cual, toda persona tiene derecho, en el marco de un proceso, a la motivación escrita de las resoluciones judicia-les en todas las instancias (...); por su parte, la Corte Suprema en reiterados pronunciamientos, entre ellos el recaído en la sentencia casatoria número 645-2005 Callao, del trece de agosto del 200, ha señalado que: (...) uno de los contenidos del derecho al debido proceso es el derecho a obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de procesos. La exigencia que las decisiones judiciales sean motivadas en pro-porción a los términos del inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Polí-tica del Estado garantiza que los jueces cualquiera se ala instancia a la que pertenezcan expresen el proceso mental que los ha llevado a decidir la con-troversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justi-cia se haga con sujeción a la Constitución Política y a la Ley, pero también con la finalidad de facilitar una adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables. Que, en ese sentido, el contenido esencial del derecho y principio de motivación de las resoluciones judiciales se respeta siem-pre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma la resolución judicial expresa una suficiente justifi-cación de la decisión adoptada, aún si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión. (...)’”.

Cas. Lab. N° 6072-2012-DEL SANTA, de fecha 15 de abril de 2013.

��Motivación defectuosa en sentido estricto. Cas. Lab. N° 12034- 2013-PUNO.

CRITERIO DE LA CORTE SUPREMA: La Corte Suprema, señaló que la sentencia materia de casación adolecía de motivación defectuosa en sen-tido estricto, pues no analizó debidamente los alcance del artículo 1 de la

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Ley N° 24041; sin tomar en cuenta que la demandante había desarrollado de manera ininterrumpida, durante 1 año y 8 meses, labores de carácter permanente como Auxiliar en la Gerencia de Programa Sociales y Apoyo al Policlínico Municipal, Obstetriz del Policlínico Municipal, Promotor Social de la Oficina del vaso de Leche y Técnico Administrativo II de la Gerencia Municipal de Huancané - Puno. Por el contrario, la Sala Supe-rior incorporó de manera indebida, un requisito, no exigido por el artículo 1 de la Ley N° 24041, como es el desempeño de una función a lo largo de todo el récord laboral. La trascendencia del análisis obviado, imposibilita la existencia de una decisión arreglada a derecho, dotada de logicidad, y con observancia de las normas que garantizan el derecho al debido proceso.

“CUARTO.- Que, la motivación o fundamentación de las resoluciones judiciales se traduce en la explicación detallada que debe realizar el juez de los motivos que han conllevado a la decisión final. En esta fundamen-tación debe existir conexión lógica entre los hechos narrados por las partes (demandante y demandada), y las pruebas aportadas por ellos; coherencia y consistencia en sus razonamientos. Para que una motivación sea fiel reflejo de una aplicación racional del ordenamiento jurídico debe necesariamente fundarse en derecho, lo que significa que la norma seleccionada debe estar en estricta correspondencia con el petitorio y los fundamentos, dispositivo legal que debe ser válido, vigente, y en caso de no se vigente, si corres-ponde su aplicación o no al caso concreto.

QUINTO.- Que, el control de logicidad, es el examen que efectúa la Corte de Casación o Tribunal Superior para conocer si el razonamiento que rea-lizaron los jueces inferiores es formalmente correcto y completo desde el punto de vista lógico, esto es, se quiere verificar el cumplimiento de las reglas que rigen el pensar, es decir, los errores in cogitando, estando a ello, existen: a) La falta de motivación y b) la defectuosa motivación, dentro de esta última encontramos la motivación aparente, la insuficiente y la defec-tuosa en sentido estricto.

SEXTO.- Que, mediante demanda de fojas 118 a 134, la demandante soli-cita se declare la nulidad de la Resolución de Alcaldía N° 032-2011-MPH/A, de fecha 24 de enero de 2011 (por la cual se desconoce sus derecho laborales adquiridos conforme a la Ley N° 24041, los mismos que fue-ron reconocidos por Resolución de Alcaldía N° 275-2010-MPH/AL); asi-mismo, el cese de la actuación material consistente en el despido efectuado el 31 de enero de 2012. Y como consecuencia de ello, se restablezca su derecho conforme a la Resolución de Alcaldía N° 275-2010-MPH/AL del 23 de diciembre de 2010, ordenándose su reposición en su puesto de trabajo

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como Técnico Administrativo II de la Gerencia Municipal de la Municipali-dad Provincial de Huancané-Puno.

SÉTIMO.- Que, de la revisión de los actuados se advierte que, la deman-dante ingresó a laborar el 20 de abril de 2009 (fojas 03) y fue cesada el 3 de enero de 2011, por acto material, obteniendo un récord total de 01 año, y 08 meses ininterrumpidos; en dichos lapso, desarrolló labores de carácter permanente como: Auxiliar en la Gerencia de Programas Sociales y Apoyo al Policlínico Municipal (fojas 15 a 19), Promotor Social en la Oficina del Vaso de Leche (fojas 20), y Técnico Administrativo II de la Gerencia Muni-cipal de Huancané (fojas 86), todas ellas bajo Contratos de Locación de Servicios (fojas 08 a 26).

Siendo el caso que, mediante Resolución de Alcaldía N° 275-2010-MPH/AL del 23 de diciembre de 2010 (de fojas 96 a 99), se le reconoció la cali-dad de contratada de naturaleza permanente (al amparo del artículo 1 de la Ley N° 24041), incorporándosele en la Planilla Única de Pagos de la muni-cipalidad demandada.

Posteriormente, por resolución de Alcaldía N° 032-2011-MPH/A de fecha 24 de enero de 2011 (de fojas 115 a 116), es decir cuando ya se había efec-tivizado el acto material de despido, se declaró la nulidad de oficio de la Resolución de Alcaldía N° 275-2010-MPH/AL del 23 de diciembre de 2010, declarando extinguido el vínculo contractual habido entre la deman-dante y la municipalidad demandada.

OCTAVO.- Que, LA Sala Revisora revoca la sentencia de primera instancia, que declara fundad la demanda, y reformándola la declara infundada; tras considerar que, la demandante afirma que prestó servicios para la emplazada desde el 20 de abril de 2009 hasta el 3 de enero de 2011, hecho que se evi-dencia de los anexados a la demanda, consistente en memorandos, contratos de locación de servicios, recibos por honorarios profesionales girados por la actora, las órdenes de servicios que acreditan el pago de las retribucio-nes así como los certificados de trabajo, expedidos a su favor, desempeñán-dose en diferentes cargos. Por otra parte, conforme al certificado de trabajo de fojas 85, se aprecia que desde abril a diciembre de 2009, la demandante se desempeñó como Auxiliar en la Gerencia de Programas Sociales y Apoyo al Policlínico Municipal, lo cual se encuentra corroborado con los contratos de Locación de Servicios de fojas 8 a 14; asimismo, conforme al certificado de trabajo de fojas 85, desde el 1 de enero hasta el 30 de mayo de 2010, la actora laboró en el Policlínico Municipal desempeñándose en el cargo de obstetriz, lo que se corrobora con los Contratos de Locación de Servicios de fojas 15 a 19, y los informes de fojas 34 a 37, en los que se detallan las labo-res realizadas; luego, conforme al certificado de trabajo de fojas 86, desde

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el 1 al 30 de junio de 2010, se aprecia que la demandante ha prestado servi-cios en la Oficina del Programa del Vaso de Leche, en el cargo de promotor social, lo que se corrobora con el Contrato de Locación de Servicios de fojas 20, así como con el informe de fojas 39, donde se detallan las labores reali-zadas; finalmente, conforme el certificado de trabajo de fojas 86, desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2010, la demandante se desempeñó en el cargo de Técnico Administrativo II de la Gerencia Municipal, lo que se corrobora con los contratos de locación de Servicios de fojas 21 al 26.

Siendo ello así, señala la Sala Superior que, para los efectos del pre-sente caso, habiendo el demandante desempeñado en diferentes unida-des y distintas funciones corresponde tomar como base de referencia el último cargo, esto es, de Técnico Administrativo II en la Gerencia Muni-cipal, cargo que pos sí es de naturaleza permanente y subordinada. Por tal motivo, refiere la Sala Revisora que, respecto al requisito de labores reali-zada por más de un año ininterrumpido, se advierte en el presente caso que la demandante no cumple con este requisito, esto es, las labores de Téc-nico Administrativo II desarrolladas en la Gerencia Municipal, durante seis meses, si bien son de naturaleza permanente pero no supra el plazo exigido por la norma legal en mención.

Puntualiza además que, al plazo de seis meses laborados como Técnico Administrativo II en la Gerencia Municipal, no es posible acumular las labo-res anteriores realizadas por la actora, debido a que tales laborales han sido de distinta naturaleza; es decir, las laborales desarrolladas como profesional de salud en el Policlínico de la emplazada pese que han sido continuados no pueden ser acumulados al último cargo desempeñado por la actora, porque son de distinta naturaleza permanente, a que se refiere el artículo 1 de la Ley N° 24041, deben están referidas a aquellas laborales desarrolladas por el tra-bajador público en una misma plazo vacante y presupuestada aunque en dife-rente cargos pero dentro del mismo grupo ocupacional-

NOVENO.- Que, de los fundamentos expuestos por la Sala Superior, se evi-dencia que la sentencia materia de casación adolece de motivación defectuosa en sentido estricto, puesto que no ha analizado debidamente los alcances de la disposición contenida en el artículo 1 de la Ley N° 24041, que otorga pro-tección contra el despido injustificado, a los trabajadores estatales que hayan desempeñado labores de carácter permanente, por más de 1 año; teniendo en cuenta que, en el caso de autos, la demandante ha desarrollado de manera ininterrumpida, por 1 y 8 meses, labores de carácter permanente en cada uno de los cargos que ha ocupado como: Auxiliar en la Gerencia de Programas Sociales y Apoyo al Policlínico Municipal, Obstetriz del Policlínico Munici-pal, Promotor Social de la Oficina del Vaso de Leche, y Técnico Administra-tivo II de la Gerencia Municipal de Huancané - Puno.

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Mas por el contrario, la Sala Superior, ha incorporado de manera indebida un requisito adicional, no exigido por el artículo 1 de la Ley N° 24041, como es el desempeño de una única función a lo largo de todo el récord laboral.

Siendo ello así, y dada la trascendencia del análisis obviado, corresponde concluir que la sentencia materia de casación, no contiene una decisión arreglada a derecho, dotada de logicidad, y con observancia de las normas que garantizan el derecho al debido proceso.

DÉCIMO.- Que, los vicios procesales anotados, afectan además la garantía y principio, no solo del debido proceso y la Tutela jurisdiccional efectiva, sino también de motivación de las resoluciones, consagradas en el artículo 139 incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Estado, que encuentran su desa-rrollo legal en el artículo 122, inciso 3) del Código Procesal Civil, en tanto para la validez y eficacia de las resoluciones se exige, bajo sanción de nuli-dad, que estas contengan de manera congruente los fundamentos de hecho que sustentan la decisión y los de derecho con la cita de la norma o normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo actuado y lo invocado por las partes; en consecuencia, frente a la invalidez insubsanable de la sentencia de vista, corresponde disponer que la instancia de mérito emita nuevo pronun-ciamiento, conforme a lo expuesto en los considerandos precedentes. (...)”.

Cas. Lab. N° 12034-2013-PUNO, de fecha 9 de abril de 2015.

��El principio de congruencia y sus manifestaciones. Exp. Nº 1638-2009 ND (S).

CRITERIO DE LA SALA SUPERIOR: La Sala señala que por el principio de congruencia las resoluciones deben cumplir con la ade-cuación, correlación o armonía entre las peticiones de tutela efectuadas por las partes y lo que se decide en el fallo emitido; tal decisión debe recaer sobre todas las pretensiones de las partes de modo que, sino ocu-rre así, la resolución estará viciada de incongruencia por omisión de pronunciamiento.

“6. Por el principio de congruencia las resoluciones deben cumplir con la adecuación, correlación o armonía entre las peticiones de tutela efectuadas por las partes y lo que se decide en el fallo emitido; tal decisión debe recaer sobre todas las pretensiones de las partes de modo que, sino ocurre así, la resolución estará viciada de incongruencia por omisión de pronunciamiento.

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7. El principio de congruencia tiene las siguientes manifestaciones: El objeto del proceso (thema decidendum) lo fijan las partes y es dentro de esos límites como el juez debe decidir; el juez deberá fallar de conformidad con lo alegado y probado por las partes (secundum allegata e probata) y; la sentencia debe fijarse dentro de los límites de las pretensiones deducidas por el actor y aquello que reconoce o controvierte el demandado. En otras palabras, el juez debe resolver lo que las partes piden, pero no más, esto es, conforme (congruente) con lo que solicita la parte. (...)”.

Exp. Nº 1638-2009 ND (S) de fecha 31 de agosto de 2009.

��Vulneración al principio de congruencia procesal. Cas. Lab. N° 1969- 2014-PIURA.

CRITERIO DE LA CORTE SUPREMA: Se vulnera el principio de congruencia procesal y, consecuentemente, el deber de motivación de las resoluciones judiciales, toda vez que, no obstante haber formulado el demandante como pretensión principal el despido nulo, la Sala Superior declaró fundada la demanda por despido fraudulento, pese a que dicha pretensión no formó parte del petitorio de la demanda.

“b) La infracción normativa del inciso 3 del artículo 139 de la Cons-titución Política del Estado, por vulneración al debido proceso así como a la pluralidad de instancias, alegando que la sentencia de vista presenta una incongruencia extra petita, al declarar fundad una pretensión no solici-tada por el demandante en su escrito de demanda o indemnización por des-pido; precisa que, como se puede apreciar de los antecedentes, la demanda interpuesta vía jurisdiccional laboral pretendía por parte del demandante la declaración de la existencia de un despido nulo con la consecuente reposi-ción o, la declaración de la existencia de un despido arbitrario con su con-secuente indemnización; agrega que, al haberse declarado la existencia de un despido fraudulento, se ha ido más allá del petitorio del demandante, lo que demuestra la emisión de un fallo incongruente.

(...)

CUARTO: Existe contravención a las normas que garantizan el derecho a un debido proceso cuando en el desarrollo del mismo no se han respetado los derechos de las partes, se ha obviado o alterado actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones, o lo hace en forma incoherente, en clara trasgre-sión de la normatividad vigente y de los principios procesales.

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QUINTO: La motivación de las resoluciones judiciales, entonces, forma parte del contenido esencial del derecho al debido proceso legal, que garan-tiza que la decisión expresada en el fallo o la resolución sea consecuencia de una deducción razonada de los hechos del caso. Las pruebas aportadas y su valoración jurídica, en tal virtud esta garantía se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma la resolución judicial exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada.

(...)

NOVENO: Al respecto, resulta evidente la vulneración del principio de congruencia procesal y, consecuentemente, el deber de motivación de las resoluciones judiciales toda vez que no obstante haber formulado el demandante como pretensión principal la de despido nulo, la Sala Supe-rior revocando la sentencia apelada, declaró fundada la demanda por despido fraudulento, pese a que este último no formó parte del petitorio de la demanda incoada el tres de diciembre de dos mil nueve por parte del demandante, tanto más si no se sustenta en forma clara y coherente las razones por las que se emite pronunciamiento sobre dicho extremo; debiendo dejarse claramente establecido que el petitorio de la demanda es el que determina la congruencia del fallo, por lo que, aun cuando a fojas quinientos noventa y nueve, en el desarrollo de la demanda el actor haya referido que se encuentra probado su despido fraudulento debió emitirse pronunciamiento congruente en relación al petitorio, tal y como ha sido planteado.

DÉCIMO: Estando a lo señalado, la sentencia materia del recurso deviene en nula al haberse infringido el derecho de motivación de las resoluciones judiciales y, consecuentemente, el derecho a un debido proceso reconocidos en el artículo 139, numerales 3 y 5 de la Constitución Política del Estado, razón por la que el Colegiado Superior deberá subsanar la omisión incurrida, careciendo de objeto emitir pronunciamiento respecto a las demás causales.

IV. DECISIÓN

Por dichas consideraciones, declararon: FUNDADO el recurso de casa-ción interpuesto por la demandada Petróleos del Perú Sociedad Anónima, de fecha dos de diciembre de dos mil trece, obrante a fojas mil ciento sesenta y cinco; en consecuencia, NULA la sentencia de vista de fecha treinta de octubre de dos mil trece, obrante a fojas mil ciento cuarenta y cuatro; DISPUSIERON que la Sala Superior expida nuevo fallo conforme

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a lo expresado en la presente resolución; ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución en el diario oficial El Peruano conforme a ley; en los seguidos por don Carlos Fernando Piedras Rojas, sobre Nulidad de Despido y otro; y los devolvieron. Juez Supremo Ponente: Walde Jáure-gui. (...)”.

Cas. Lab. N° 1969-2014-PIURA, de fecha 3 de octubre de 2014.

��Contravención al principio de congruencia, en virtud del cual el juez no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diver-sos de los que han sido alegados por las partes, al no condecirse con los actuados los hechos y las pruebas existentes en el proceso. Cas. Lab. N° 7142-2012-LIMA.

CRITERIO DE LA CORTE SUPREMA: La Corte Suprema resuelve declarar Fundado el recurso de casación, pues precisa que el supremo tribunal verifica una motivación incongruente en la sentencia recurrida que no se condice con los actuados (hechos y pruebas) existentes en el proceso, contraviniendo así el principio de congruencia, a través del cual el juez no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes.

“SEXTO.- El deber de debida motivación, conforme lo ha señalado el Tri-bunal Constitucional peruano en el fundamento jurídico número cuatro de la Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 00966-2007-AA/TC ‘no garan-tiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido se respeta siempre que exista una fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma, exprese una suficiente justifi-cación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión. Tampoco garantiza que, de manera pormenorizada, todas las alegaciones que las partes puedan formular den-tro del proceso sean objeto de pronunciamiento expreso y detallado. (...) En suma, garantiza que el razonamiento guarde relación y sea proporcionado con el problema que al juez (...) corresponde resolver’ (resaltado es nues-tro). (...)”.


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7. Medios probatorios

��El Derecho a la prueba es un derecho constitucional. Cas. Lab. N° 608-2017-LIMA.

CRITERIO DE LA CORTE SUPREMA: El derecho a la prueba es un derecho constitucional implícito que se encuentra acogido en el derecho al debido proceso contenido en el artículo 139, inciso 3, de la Constitu-ción Política del Perú, el cual exige que el medio probatorio admitido, sometido al contradictorio y actuado, sea valorado adecuadamente y con la motivación debida por el órgano jurisdiccional.

“CUARTO: Que el derecho a la prueba es un derecho constitucional de carácter implícito que se encuentra acogido en el derecho al debido pro-ceso contenido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, el cual exige que el medio probatorio admitido, sometido al con-tradictorio y actuado, sea valorado adecuadamente y con la motivación debida por el órgano jurisdiccional. La vulneración del derecho a la valo-ración de la prueba aportada, se manifiesta por la falta de apreciación del material probatorio o por la valoración arbitraria y/o irracional, puesto que los medios probatorios deben ser valorados no en forma exclusiva o aislada sino en forma integral o conjunta y razonada de conformidad con el artículo 197 del Código Procesal Civil, empero en la resolución solo serán expresa-das las valoraciones esenciales y determinantes que sustenten su decisión. (...)”.

Cas. Lab. N° 608-2017-LIMA, de fecha tres de octubre de dos mil diecisiete.

��El Derecho a la prueba, como derecho fundamental reconocido en la Constitución Política del Perú. Cas. Lab. N° 13261-2013-DEL SANTA.

CRITERIO DE LA CORTE SUPREMA: La Corte Suprema señaló que el contenido esencial del derecho a probar, se encuentra reconocido en el artículo 139, inciso 3, de la constitución Política del Perú, y como derecho fundamental consiste en el derecho de todo sujeto procesal legiti-mado para intervenir en la actividad probatoria a que se admitan, actúen y valoren debidamente los medios probatorios aportados al proceso para acreditar los hechos que configuran su pretensión o su defensa; cierta-mente, es menester mencionar que dicho derecho es considerado contem-poráneamente como un auténtico derecho fundamental.

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“SEXTO: Respecto del derecho a la prueba, este es una de las garantías inte-grantes del debido proceso, recogido en el citado numeral 3 del artículo 139 de la Constitución del Estado, y consiste, según lo reconoce la jurispruden-cia y la doctrina en ‘el derecho a: 1) ofrecer los medios probatorios desti-nados a acreditar la existencia o inexistencia de los hechos que son objeto concreto de prueba; 2) que se admitan los medios probatorios ofrecidos; 3) que se actúen adecuadamente los medios probatorios y los que han sido incorporados de oficio por el juzgador; 4) que se aseguren la producción o conservación de la prueba a través de la actuación anticipada y adecuada de los medios probatorios; y 5) que se valoren en forma adecuada y motivada todos los medios de prueba que han sido actuados y que han ingresado al proceso o procedimiento’; así lo ha dejado establecido la Casación número 2808-2006-La Libertad del 18 de abril de 2007; en igual sentido, apunta la Casación número 3012-2006-Lima, del 23 de abril de 2007, al señalar que: ‘Que, el contenido esencial del derecho a probar consiste en el derecho de todo sujeto procesal legitimado para intervenir en la actividad probatoria a que se admitan, actúen y valoren debidamente los medios probatorios apor-tados al proceso para acreditar los hechos que configuran su pretensión o su defensa; ciertamente, es menester mencionar que dicho derecho es con-siderado contemporáneamente como un auténtico derecho fundamental’. Ya que forma parte de otros derechos fundamentales como son la tutela juris-diccional efectiva y el debido proceso, y su infracción afecta el orden cons-titucional, pues, como reseña el procesalista español Joan Picó I Junoy ‘el derecho a probar aparece como un elemento garantista presente, sustancial-mente, en el panorama de las diversas convenciones internacionales sobre derechos humanos’ (PICÓ I JUNOY, Joan. El derecho a la prueba en el Proceso Civil. Editorial Bosch; Barcelona- España, 1996; págs. 32-33); en ese mismo sentido véanse la sentencia expedidas por el Tribunal Constitu-cional en los expedientes N° 9598-2005-PHC/TC, N° 04831-2005-HC/TC, N° 6712-2005-HC/TC y N° 1014-2007-PHC/TC, entre otros. (...)”.

Cas. Lab. N° 13261-2013-DEL SANTA, de fecha 21 de julio de 2014.

��El Derecho a la prueba. Cas. Lab. N° 6072-2012-DEL SANTA.

CRITERIO DE LA CORTE SUPREMA: La Suprema reconoció que el derecho a la prueba es una de las garantías integrantes del debido pro-ceso, recogido en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, y consiste según lo reconoce la jurisprudencia y la doctrina en “el derecho a: 1) ofrecer los medios probatorios destinados a acreditar

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la existencia de los hechos que son objeto concreto de prueba; 2) que se admitan los medios probatorios ofrecidos; 3) que se actúen adecua-damente los medios probatorios y los que han sido incorporados de ofi-cio por el juzgador; 4) que se asegure la producción o conservación de la prueba a través de la actuación anticipada y adecuada de los medios probatorio; y 5) que se valoren en forma adecuada y motivada todos los medios de prueba que han sido actuados y que han ingresado al proceso o procedimiento”: así lo ha establecido la Casación N° 2808-2006-La Libertad de fecha dieciocho de abril de dos mil siete; en igual sentido, apunta la Casación N° 3012-2006-Lima, del veintitrés de abril de dos mil siete, al señalar que: ‘Que, el contenido esencial del derecho a probar consiste en el derecho de todo sujeto procesal legitimado para intervenir en la actividad probatoria que se admitan, actúen y valoren debidamente los medios probatorios aportados al proceso para acreditar los hechos que configuran su pretensión o su defensa; ciertamente, es menester que dicho derecho sea considerado contemporáneamente como un auténtico derecho fundamental, ya que forma parte de otros dos derechos funda-mentales como son la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso, y su infracción afecta el orden constitucional’”.

“SEXTO: Por su parte, el derecho a la prueba, este es una de las garantías integrantes del debido proceso, recogido en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución del Estado, y consiste, según lo reconoce la jurisprudencia y la doctrina en ‘el derecho a: 1) ofrecer los medios probatorios destinados a acreditar la existencia o inexistencia de los hechos que son objeto concreto de prueba; 2) que se admitan los medios probatorios ofrecidos; 3) que se actúen adecuadamente los medios probatorios y los que han sido incorpora-dos de oficio por el juzgador; 4) que se asegure la producción o conservación de la prueba a través de la actuación anticipada y adecuada de los medios probatorios; y, 5) que se valoren en forma adecuada y motivada todos los medios de prueba que han sido actuados y que han ingresado al proceso o procedimiento; así lo ha dejado establecido la Casación número 2808-2006-La Libertad del dieciocho de abril de dos mil siete; en igual sentido, apunta la Casación número 3012-2006-Lima, del veintitrés de abril de dos mil siete, al señalar que: ‘Que, el contenido esencial del derecho a probar consiste en el derecho de todo sujeto procesal legitimado para intervenir en la actividad probatorio a que se admitan, actúen y valoren debidamente los medos proba-torios aportados al proceso para acreditar los hechos que configuran su pre-tensión o su defensa; ciertamente, es menester mencionar que dicho derecho es considerado contemporáneamente como un auténtico derecho fundamen-tal, ya que forma parte de otros dos derechos fundamentales como la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso, y su infracción afecta el orden

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constitucional’; en ese mismo sentido véanse las sentencias expedidas por el Tribunal Constitucional en los expedientes números 9598-PHC/TC, 04831-2005-HC/TC, 6712-2005-HC/TC y 1014-2007-PHC/TC, entre otros (...)’”.

Cas. Lab. N° 6072-2012-DEL SANTA, 15 de abril del 2013.

��El Derecho a la prueba según la jurisprudencia y la doctrina. Cas. Lab. N° 14559-2013-CALLAO.

CRITERIO DE LA SUPREMA: La Suprema señala que el derecho a la prueba consiste, según lo reconoce la jurisprudencia y la doctrina, en “el derecho a: 1) ofrecer los medios probatorios destinados a acredi-tar la existencia de los hechos que son objeto concreto de prueba; 2) que se admitan los medios probatorios ofrecidos; 3) que se actúen adecua-damente los medios probatorios y los que han sido incorporados de ofi-cio por el juzgador, 4) que se asegure la producción o conservación de la prueba a través de la actuación anticipada y adecuada de los medios probatorio; y 5) que se valoren en forma adecuada y motivada todos los medios de prueba que han sido actuados y que han ingresado al proceso o procedimiento”: así lo ha establecido la Casación N° 2808-2006 La Libertad de fecha dieciocho de abril de dos mil siete.

“SEGUNDO: Bajo dicho contexto, teniendo en consideración que el sus-tento de la causal señalada precedentemente está directamente relacionada con el derecho a la prueba (indirecta), la cual a su vez tiene correlato en la norma constitucional contenida en el artículo 139, numeral 3, de la Cons-titución Política del Estado, pues, forma parte del debido proceso, corres-ponde precisar que este –derecho a la prueba– consiste, según lo reconoce la jurisprudencia y la doctrina, en ‘el derecho a: 1) ofrecer los medios pro-batorios destinados a acreditar la existencia o inexistencia de los hechos que son objeto concreto de prueba; 2) que se admitan los medios probato-rios ofrecidos; 3) que se actúen adecuadamente los medios probatorios y los que han sido incorporados de oficio por el juzgador; 4) que se asegure la producción o conservación de la prueba a través de la actuación anticipada y adecuada de los medios probatorios; y 5) que se valoren en forma ade-cuada y motivada todos los medios de prueba que han sido actuados y que han ingresado al proceso o procedimiento’; así lo ha dejado establecido la Casación N° 2808-2006-La Libertad de fecha dieciocho de abril de dos mil siete; en igual sentido, apunta la Casación N° 3012-2006-Lima, de fecha veintitrés de abril de dos mil siete, al señalar: Que, el contenido esencial del derecho a probar consiste en el derecho de todo sujeto procesal legitimado

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para intervenir en la actividad probatoria a que se admitan, actúen y valoren debidamente los medios probatorios aportados al proceso para acreditar los hechos que configuran su pretensión o su defensa; ciertamente, es menester mencionar que dicho derecho es considerado contemporáneamente como un auténtico derecho fundamental, ya que forma parte de lo otros dos dere-chos fundamentales como son la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso, y su infracción afecta el orden constitucional, pues, como reseña el procesalista español Joan Picó I Junoy ‘el derecho a probar aparece como un elemento garantista presente, sustancialmente, en el panorama de las diversas convenciones internacionales sobre derecho humanos’ (PICÓ I JUNOY, Joan. El derecho a la prueba en el proceso civil. Editorial Bosch; Barcelona - España, 1996; págs. 32-33); en ese mismo sentido, véanse las sentencias expedidas por el Tribunal Constitucional en los expedientes N° 9598-2005- PHC/TC, N° 04831-2005-HC/TC, N° 6712-2005-HC/TC y N° 1014-2007-PHC/TC, entre otros. (...)”.

Cas. Lab. N° 14559-2013-CALLAO, de fecha 11 de agosto de 2014.

��El Derecho a la prueba exige la valoración conjunta de todos los medios probatorios aportados. Cas. Lab. N° 9895-2013-LIMA NORTE.

CRITERIO DE LA CORTE SUPREMA: Otro de los derechos fun-damentales comprendidos en el contenido esencial del derecho al debido proceso, es el derecho a la prueba, que tiene protección constitucional. En ese sentido, Michel Taruffo afirma que las garantías procesales serían meramente formales y vacías si se les impiden presentar todos los medios de prueba relevantes que necesitan para acreditar sus versiones de sus hechos en el litigio. Por consiguiente, el derecho a presentar todos los medios de prueba relevantes que estén al alcance de las partes es un aspecto esencial del derecho al debido proceso y debe reconocerse que pertenece a las garantías fundamentales de las partes.

Asimismo, el Tribunal Constitucional ha delimitado el contenido del derecho a la prueba: como un derecho complejo que está compuesto por el derecho a ofrecer medios probatorios que se consideren necesarios; a que estos sean admitidos, adecuadamente actuados, que se asegure la producción o conservación de la prueba a partir de la actuación antici-pada de los medios probatorios, y que estos sean valorados de manera adecuada y con la motivación debida, con el fin de darle el mérito proba-torio que tengan en la sentencia a fin de no vulnerar el derecho constitu-cional de la prueba de las partes procesales.

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Así, lo estableció en la sentencia del Tribunal Constitucional Expediente N° 6712-2005- HC/TC, fundamento 15, al señalar que la valoración de la prueba debe estar debidamente motivada por escrito, con la finalidad de que el justiciable pueda comprobar si dicho mérito ha sido efectiva y adecuadamente realizado.

“SÉTIMO: Asimismo, otro de los derechos fundamentales comprendi-dos en el contenido esencial del derecho al debido proceso, es el derecho a la prueba, que tiene protección constitucional. En ese sentido, Michele Taruffo afirma que las garantías procesales de las partes serían meramente formales y vacías si se les impidiera presentar todos los medios de prueba relevantes que necesitan para acreditar sus versiones de sus hechos en liti-gio. Por consiguiente, el derecho a presentar todos los medios de prueba relevantes que estén al alcance de las partes es un aspecto esencial del derecho al debido proceso y debe reconocerse que pertenece a la garantías fundamentales de las partes. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha delimitado el contenido del derecho a la prueba: (...) Se trata de un dere-cho complejo que está compuesto por el derecho a ofrecer medios pro-batorios que se consideren necesarios; a que estos sean admitidos, ade-cuadamente actuados, que se asegure la producción o conservación de la prueba a partir de las actuación anticipada de los medios probatorios, y que estos sean valorados de manera adecuada y con la motivación debida, con el fin de darle el mérito probatorio que tengan en la sen-tencia. La valoración de la prueba debe estar debidamente motivada por escrito, con la finalidad de que el justiciable pueda comprobar si dicho mérito ha sido efectiva y adecuadamente realizado (Sentencia del Tribu-nal Constitucional Expediente N° 6712-2005- HC/TC, fundamento 15) (lo resaltado es nuestro).

(...)

DUODÉCIMO: Al respecto, corresponde señalar que, de la revisión de autos se aprecia que efectivamente el a quem no ha valorado dicho medio probatorio invocado por el recurrente, referido al ‘manifiesto de pasaje-ros’, obrante a fojas veintidós, como anexo quince-F y únicamente valoró el ‘manifiesto de pasajeros’, obrante a fojas diecisiete, de fecha diecisiete de abril de dos mil nueve, obrante a fojas nueve, como anexo seis; documentos que debieron haber sido valorados de manera adecuada y con la motivación debida, con el fin de darle mérito probatorio que tengan en la sentencia, a fin de no vulnerar el derecho constitucional a la prueba de las partes procesales,

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y establecer con certeza la fecha de cese del actor, a efectos de realizar un adecuado cómputo del plazo de la excepción de prescripción extintiva. (...)”.

Cas. Lab. N° 9895-2013-LIMA NORTE, de fecha 5 de mayo de 2014.

��Alcances de la prueba y la carga de la prueba. Cas. Lab. N° 16281- 2015-LIMA

CRITERIO DE LA CORTE SUPREMA: La Corte Suprema señaló que la finalidad de la prueba es alcanzar la verdad material o la indaga-ción de la realidad de la que versa una litis, formando en el juzgador la convicción de que las alegaciones que las partes afirman son situaciones ciertas o concretas (hechos); de conformidad con lo previsto en el artículo 188 del Código Procesal Civil, norma de aplicación supletoria al proceso laboral. Así, la carga de la prueba se entiende como el conjunto de reglas de juicio que le señala al magistrado de manera cómo resolverá en aque-llos casos de omisión de pruebas o pruebas insuficientes que no puede salvar siquiera con la actuación de prueba de juicio. Asimismo, menciona que el objeto de la prueba se halla restringido a la comprobación que debe recaer exclusivamente sobre los hechos alegados en los escritos constitu-tivos del proceso, o bien sobre los aludidos y admitidos oportunamente como hechos nuevos para no transgredir el principio de congruencia.

“La finalidad de la prueba es alcanzar la verdad material o la indagación de la realidad de la que versa una litis, es formarle al juzgador la convic-ción sobre las alegaciones que las partes afirman son situaciones ciertas o concretas (hechos); de conformidad con lo previsto en el artículo 188 del Código Procesal Civil. La carga de la prueba se entiende como el conjunto de reglas de juicio que le señala al magistrado de manera cómo resolverá en aquellos casos de omisión de pruebas o pruebas insuficientes que no puede salvar siquiera con la actuación de prueba de juicio. De otro lado, se define también como una situación jurídica instituida en la Ley consistente en el requerimiento de una conducta de realización facultativa, normalmente establecida en interés del propio sujeto, y cuya omisión trae aparejada una consecuencia gravosa para él. En atención al principio dispositivo, el objeto de la prueba se halla restringido a la comprobación debe recaer exclusiva-mente sobre los hechos alegados en los escritos constitutivos del proceso, o bien sobre los aludidos y admitidos oportunamente como hechos nuevos para no transgredir el principio de congruencia. (...)”.

Cas. Lab. N° 16281-2015-LIMA, de fecha 24 de mayo de 2017.

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��La carga de la prueba. Cas. Lab. N° 10160-2015-LA LIBERTAD.

CRITERIO DE LA CORTE SUPREMA: El artículo 23 de la nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley N° 29497, se encarga de determinar qué corresponde probar a cada parte y ello nace de la regla general que esta-blece la obligación de probar a quién afirma determinado hecho (...)”. En esa línea, en el literal a) del numeral 23.4 del artículo 23 de la nueva Ley Procesal del Trabajo, prevé que al empleador le corresponde la carga de la prueba de: “a) El pago, el cumplimiento de las normas legales, el cum-plimiento de sus obligaciones contractuales, su extinción o inexigibili-dad, así se invierte la carga de la prueba en contra del empleador, al ser el responsable indiscutible de su acatamiento.

“En relación a la carga de prueba, el doctor Toyama Miyagusuku, refiere que: ‘(...) el artículo 23 de la NLPT se encarga de determinar que corres-ponde probar a cada parte y ello nace de la regla general que establece la obligación de probar a quien afirma determinado hecho (...)’. En esa línea, en el literal a) del numeral 23.4 del artículo 23 de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, prevé que al empleador le corresponde la carga de la prueba de: ‘a) El pago, el cumplimiento de las normas legales, el cum-plimiento de sus obligaciones contractuales, su extinción o inexigibili-dad’. De conformidad con lo previsto en el artículo acotado, corresponde al demandado probar el cumplimiento de sus obligaciones contractua-les, en extinción o inexigibilidad. De conformidad con lo previsto en el artículo acotado, corresponde al demandado probar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, en este caso el pago íntegro de las utilidades, de conformidad con lo establecido en la ley. En ese sentido, el jurista Gómez Valdez señala que: ‘el cumplimiento de las obligaciones contractuales está vinculado en buena medida con las del pago de las remu-neraciones y accesorios salariales (...), epicentro natural del contrato de tra-bajo. (...) Como se sabe, todo contrato genera obligaciones que han sido establecidas en su conclusión o son precisadas por la ley, normas reglamen-tarias, usos y costumbres. (...) el incumplimiento de cualquier obligación contractual laboral, establece la natural reclamación para que se restituyan las condiciones primigenias en las que se suscribió. Ante tales hechos, el empleador tendrá que probar que el precitado contrato no ha merecido trasgresión alguna: se invierte, (...) la prueba en contra del principal, al ser el responsable indiscutible de su acatamiento. (...)”’.

Cas. Lab. N° 10160-2015-LA LIBERTAD, de fecha 18 de julio de 2017.

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��La carga probatoria. Exigencias. Cas. Lab. N° 14559-2013-CALLAO.

CRITERIO DE LA CORTE SUPREMA: El artículo 23 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley N° 29497, regula los aspectos relacionados con la carga de la prueba en el nuevo modelo procesal laboral, prescri-biendo: “23.1 la carga de la prueba corresponde a quien afirma los hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos, sujetos a las siguientes reglas especiales de distribución de la carga probatoria, sin perjuicio de que por ley se disponga otras adicionales. (...) 23.3 Cuando corresponda, si el demandante invoca la calidad de trabaja-dor o extrabajador, tiene la carga de la prueba de (...) b) El motivo de nuli-dad invocado (...) 23.4. De modo paralelo, cuando corresponda, incumbe al demandado que sea señalado como empleador la carga de la prueba de (...) b) la existencia de un motivo razonable distinto al hecho lesivo alegado (...); asimismo en su último numeral establece que en aquellos casos en que de la demanda y los medios probatorios actuados se adviertan indi-cios que permitan presumir la existencia del hecho lesivo alegado, el Juez debe darlos por cierto salvo que el demandado aporte elementos suficiente para demostrar que existe causa objetiva y razonable de las medidas adop-tadas, así como de su proporcionalidad, precisando que los indicios pueden ser, entre otros, las circunstancias en las que sucedieron los hechos mate-ria de la controversia y los antecedentes de la conducta de ambas partes”.

“PRIMERO: El artículo 23 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley Nº 29497, regula los aspectos relacionados con la carga de la prueba en el nuevo modelo procesal laboral, prescribiendo: ‘23.1. La carga de la prueba corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos, sujetos a las siguientes reglas especiales de distribución de la carga probatoria, sin perjuicio de que por ley se dispon-gan otras adicionales (...) 23.3 Cuando corresponda, si el demandante invoca la calidad de trabajador o extrabajador, tiene la carga de la prueba de: (...) b) El motivo de nulidad invocado (...) 23.4 De modo razonable distinto al hecho lesivo alegado. (...)’; asimismo, en su último numeral establece, que en aque-llos casos en que de la demanda y los medios probatorios actuados se advier-tan indicios que permitan presumir la existencia del hecho lesivo alegado, el juez debe darlo por cierto, salvo que el demandado aporte elementos suficien-tes para demostrar que existe causa objetiva y razonable de las medidas adop-tadas, así como de su proporcionalidad, precisando que ‘los indicios pueden ser, entre otros, las circunstancias en las que sucedieron los hechos materia de la controversia y los antecedentes de la conducta de ambas partes’. (...)”.

Cas. Lab. N° 14559-2013-LA LIBERTAD, de fecha 11 de agosto de 2014.

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��Precisiones sobre la carga de la prueba. Cas. Lab. N° 10852-2016-LA LIBERTAD.

CRITERIO DE LA CORTE SUPREMA: La Corte Suprema señaló que de conformidad con el artículo 23 de la NLPT, establece que la carga de la prueba corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegado nuevos hechos, sujetos a las siguientes reglas especiales de distribución de la carga probatoria similar a lo que prevé una conducta que debe cumplir la parte que ofrece una prueba para así procurar una probabilidad de obtener un pronunciamiento favorable, por parte del juzgador. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que dicho dispositivo no puede ser entendido de manera aislada, ya que dicha carga de la prueba se somete a las reglas especiales de distribución de la carga probatoria; sin perjuicio de que por ley se dispongan otras adicionales.

“En cuanto a la casual referida a la infracción normativa del numeral 23.1 del artículo 23 de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, dicho dispositivo legal prescribe: Artículo 23.- carga de la prueba corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegado nuevos hechos, sujetos a las siguientes reglas especiales de distri-bución de la carga probatoria similar a lo que prevé una conducta que debe cumplir la parte que ofrece una prueba para así procurar una probabilidad de obtener un pronunciamiento favorable, por parte del juzgador. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que dicho dispositivo no puede ser entendido de manera aislada, debido a que el párrafo final nos remite a exigir que dicha carga de la prueba se somete a las reglas especiales de distribución de la carga probatoria contenidas en los incisos siguientes del mismo disposi-tivo legal; sin perjuicio de que por ley se dispongan otras adicionales (...)”.

Cas. Lab. N° 10852-2016-LA LIBERTAD, de fecha 25 de abril de 2017.

��Es nula la sentencia cuando se valora medios de prueba ingresados extemporáneamente. Cas. Lab. N° 9499-2013-LIMA NORTE.

CRITERIO DE LA CORTE SUPREMA: Las partes intervinientes en la litis pueden ofrecer medios probatorios con sus postulados y, excepcio-nalmente, hasta antes de la etapa de actuación probatoria, siendo que la omisión de valoración de aquellos medios de prueba presentados fuera de estas dos oportunidades, por parte de la judicatura, no acarrea la nulidad de la sentencia emitida, empero ello (el vicio de nulidad) sí se materializa cuando el órgano jurisdiccional sustenta en los referidos medios de prueba.

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“SEGUNDO: Del artículo 21 de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo

(...)

2.6. Del análisis de las normas derivadas del primer grupo de dispositi-vos normativos contenidos en el artículo 21 de la Ley N° 29497, tenemos que las partes intervinientes en la litis, puede ofrecer medios probatorios con sus actos postulatorios y, excepcionalmente, hasta antes de la etapa de actuación probatoria, siendo que la omisión de valoración de aquellos medios de prueba presentados fuera de estas dos oportunidades, por parte de la Judicatura, no acarrea la nulidad de la sentencia emitida, empero ello (el vicio de nulidad) si se materializa, cuando el órgano jurisdiccional sus-tenta en los referidos medios de prueba. Siendo ello así, corresponde eva-luar si, en el caso concreto el Colegio Superior ha cumplido con las reglas establecidas en el artículo 21 de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, a efectos de verificar la validez de la sentencia de vista expedida pues, como se anotó previamente, estas reglas constituyen una garantía mínima del debido proceso que debe ser observada por todo órgano juris-diccional. (...)”.

Cas. Lab. N° 9499-2013-LIMA NORTE, de fecha 27 de enero de 2014.

��La carga de acreditar el cumplimiento de las cláusulas normativas en materia colectiva. Cas. Lab. N° 10852-2016-LA LIBERTAD.

CRITERIO DE LA CORTE SUPREMA: La Corte Suprema señala que el artículo 28 del Decreto Supremo N° 011-92-TR, establece que la fuerza vinculante de lo concertado, implica que en la convención colec-tiva las partes pueden establecer el alcance, las limitaciones o exclu-siones que automáticamente acuerden con arreglo a ley, y en tal sen-tido es que el artículo 29 del mismo dispositivo legal, prevé que son clausulas normativas aquellas que se incorporan automáticamente a los contratos individuales de trabajo y lo que aseguran o protegen el cum-plimiento durante su vigencia se interpretan como normas jurídicas; del mismo modo, no debe perderse de vista que el literal a) del artículo 23.3 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo aprobada mediante Ley Nº 29497, establece que el demandante tiene la carga de la prueba sobre la fuente del derecho que invoca de origen distinto al constitucional y legal, lo que implica que en materia colectiva, el cumplimiento de las condiciones descritas en las cláusulas normativas.

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“El artículo 28 del Decreto Supremo N° 011-92-TR, establece que la fuerza vinculante de lo concertado, implica que en la convención colectiva las par-tes pueden establecer el alcance, las limitaciones o exclusiones que automá-ticamente acuerden con arreglo a ley, y en tal sentido es que el artículo 29 del mismo dispositivo legal, prevé que son cláusulas normativas aquellas que se incorporan automáticamente a los contratos individuales de trabajo y lo que aseguran o protegen el cumplimiento durante su vigencia se interpre-tan como normas jurídicas; del mismo modo, no debe perderse de vista que el literal a) del artículo 23.3 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo aprobada mediante Ley N 29497, establece que el demandante tiene la carga de la prueba sobre la fuente del derecho que invoca de origen distinto al constitu-cional y legal, lo que implica que en materia colectiva, el cumplimiento de las condiciones descritas en las cláusulas normativas, de ser el caso. (...)”.

Cas. Lab. N° 10852-2016-LA LIBERTAD, de fecha 25 de abril de 2017.

��La carga de la prueba en las horas extras. El incumplimiento de la exhi-bición de los libros de planillas del empleador no impedirá el pago del trabajo realizado en sobretiempo, si el trabajador acredita mediante otros medios su real y efectiva realización. Cas. Lab. Nº 2702-2016-LA LIBERTAD.

CRITERIO DE LA CORTE SUPREMA: Al respecto, se debe señalar que, el mencionado Colegiado ha inobservado el artículo 10-A del Texto Único Ordenado de la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo aprobado por Decreto Supremo N° 007-2002-TR que esta-blece que en el caso de la existencia de alguna deficiencia en el sistema de registro del sobretiempo, no impedirá el pago del trabajo realizado en dicha situación si el trabajador acredita mediante otros medios su real y efectiva realización, es decir, que en estos casos quien tiene la carga de la prueba es el trabajador demandante y no la empleadora demandada.

En tal sentido, se aprecia en autos que el actor no ha presentado medio probatorio alguno que acredite haber laborado en sobretiempo por el periodo laborado conforme él mismo lo ha expresado durante el proceso, no siendo de aplicación la presunción contenida en el artículo 29 de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal de Trabajo.

“QUINTO: Solución al caso concreto.

En el considerando undécimo de la sentencia de vista, el Colegiado Supe-rior expresó que en cuanto a la pretensión del demandante respecto al pago

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de horas extras, la obligada a acreditar que ha pagado correctamente las horas extras en los periodos que se ha laborado es la empleadora deman-dada por el principio de profesionalización, no habiendo cumplido esta con dicha obligación.

Al respecto, se debe señalar que, el mencionado Colegiado ha inobservado el artículo 10-A del Texto Único Ordenado de la Ley de Jornada de Tra-bajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo aprobado por Decreto Supremo N° 007-2002-TR que establece que en el caso de la existencia de alguna deficiencia en el sistema de registro del sobretiempo, no impedirá el pago del trabajo realizado en dicha situación si el trabajador acredita mediante otros medios su real y efectiva realización, es decir, que en estos casos quien tiene la carga de la prueba es el trabajador demandante y no la empleadora demandada.

En tal sentido, se aprecia en autos que el actor no ha presentado medio pro-batorio alguno que acredite haber laborado en sobretiempo por el período laborado conforme él mismo lo ha expresado durante el proceso, no siendo de aplicación la presunción contenida en el artículo 29 de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal de Trabajo. (...)”.

Cas. Lab. 2702-2016-LA LIBERTAD, de fecha 17 de julio de 2018.

��Oportunidad de los medios de prueba. Cas. Lab. N° 16281-2015-LIMA.

CRITERIO DE LA CORTE SUPREMA: La Corte Suprema ha esta-blecido en referencia al artículo 21 de la Ley N° 29497, Nueva Ley Pro-cesal del Trabajo, que la única oportunidad para que las partes puedan ofrecer los medios de prueba, es con la demanda y con la contestación de la misma, admitiéndose su ofrecimiento antes de la actuación probatoria, siempre y cuando se refieran a hechos nuevos.

“(...) Es así, que en el artículo 21 de la Ley N° 29497, Nueva Ley Proce-sal del Trabajo, ha establecido que la única oportunidad para que las partes puedan ofrecer los medios de prueba, es con la demanda y con la contesta-ción de la misma, admitiéndose su ofrecimiento antes de la actuación pro-batoria, siempre y cuando se refieran a hechos nuevos. (...)”.

Cas. Lab. N° 16281-2015-LIMA, de fecha 24 de mayo de 2017.

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��Incorporar nueva prueba sin cumplir los requisitos de la Nueva Ley Procesal Laboral vulnera el debido proceso. Cas. Lab. N° 16281- 2015-LIMA.

CRITERIO DE LA CORTE SUPREMA: El incorporar medios pro-batorios (nueva prueba) al proceso sin cumplir con las formalidades exi-gidas por la Ley N° 29497- Nueva Ley Procesal del Trabajo, infringe al derecho al debido proceso.

“SEXTO: Los correos electrónicos que cita el Colegiado Superior fueron pruebas que ofreció la demandante en su recurso de apelación y a fin de incorporarlos al proceso, la instancia de mérito se apoya en el artículo 22 de la Ley N° 29497 - Nueva Ley Procesal del Trabajo.

SÉTIMO: El artículo 22 de la Ley N° 29497-Nueva Ley Procesal del Tra-bajo, precisa:

Excepcionalmente, el juez puede ordenar la práctica de alguna prueba adicional, en cuyo caso dispone lo conveniente para su realización, pro-cediendo a suspender la audiencia en la que se actúan las pruebas por un lapso adecuado no mayor a treinta (30) días hábiles, y a citar, en el mismo acto, fecha y hora para su continuación. Esta decisión es inimpugnable.

OCTAVO: En cuanto a la infracción normativa al artículo III del Título Preliminar de la Ley N° 29497, Nueva Procesal de Trabajo, esta norma establece que en todo proceso laboral los jueces deben evitar que la desi-gualdad entre las partes afecte el desarrollo o resultado del proceso, para cuyo efecto procuran alcanzar la igualdad real de las partes, privilegian el fondo sobre la forma, interpretan los requisitos y presupuestos procesales en sentido favorable a la continuidad del proceso, observan el debido pro-ceso, la tutela jurisdiccional y el principio de razonabilidad. Señala además, que los jueces laborales tienen un rol protagónico en el desarrollo e impulso del proceso.

De acuerdo al artículo en mención, el papel del juez en este nuevo proceso es preponderante, no solo porque dirige e impulsa el proceso, sino porque incluso la norma le asigna facultades de interrogar a las partes, abogados y terceros en cualquier momento.

NOVENO: En el caso concreto, se aprecia que la demandante ofreció nue-vas pruebas con el escrito de apelación, las cuales fueron incorporadas al proceso e incluso objeto de valoración en la Sentencia de Vista, sin que el Colegiado Superior hubiera explicado las razones que lo llevaron a tal

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decisión; no obstante, que el primer párrafo del artículo 21 de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, establece que: ‘Los medios proba-torios deben ser ofrecidos por las partes únicamente en la demanda y en la contestación. Extraordinariamente, pueden ser ofrecidos hasta el momento previo a la actuación probatoria, siempre y cuando estén referidos a hechos nuevos o hubiesen sido conocidos u obtenidos con posterioridad’.

DÉCIMO: Esta Sala Suprema no puede soslayar el hecho de que se hayan incorporado medios probatorios (correos electrónicos) al proceso sin cum-plir con las formalidades exigidas por la ley procesal, circunstancia que ha afectado gravemente el debido proceso, pues se ha vulnerado el derecho de defensa de la demandada; por lo que las causales invocadas devienen en fundadas (...)”.

Cas. Lab. N° 16281-2015-LIMA, de fecha 9 de noviembre de 2016.

��Principio de preclusión y eventualidad de los medios probatorios. Cas. Lab. Nº 17059-2016-LIMA ESTE.

CRITERIO DE LA CORTE SUPREMA: Es nula la Sentencia que valora medios probatorios ofrecidos de forma extemporánea, que no se encuentren dentro de las excepciones señaladas en el artículo 21 de la Ley N° 29497.

“SÉTIMO: Principio de preclusión y eventualidad

Sobre este punto, resulta pertinente precisar el principio de Oportunidad o Preclusión en materia probatoria, consiste en el hecho de que diversas eta-pas del proceso se desarrollan en forma sucesiva mediante la clausura defi-nitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a etapas procesales ya extinguidas por no haberse observado el orden u oportunidad dada por la ley para la realización de un acto o, por haberse ejercido ya una vez, válida-mente esa facultad. Por su parte el principio de eventualidad guarda estre-cha relación con el principio de preclusión, que consiste en que las partes deben aportar de una sola vez todos los medios probatorios en una oportu-nidad, para luego pasar a la siguiente etapa, hasta la decisión final.

Respecto a estos principios, la regla general aplicable en nuestro ordena-miento procesal, es que las partes se encuentran obligadas a ofrecer sus pruebas en la etapa correspondiente; sin embargo, se permite en forma excepcional la presentación de pruebas extemporáneas, tal como lo regula los artículos 429 y 374 del Código Procesal Civil, exigiendo entre otros

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requisitos, que estas pruebas tengan relevancia jurídica, acrediten hechos nuevos surgidos posteriormente a la etapa en la que debieron ser ofreci-dos, o que quien ofrezca esta prueba no haya podido hacerlo en su debido momento por haberle sido imposible obtenerla o conocerla.

Asimismo, Alberto Hinostroza señala en cuanto a la oportunidad de la prueba, que no debe exceder el plazo legal respectivo, por cuanto contri-buye no solo al conocimiento de las partes sino también la posibilidad de contradicción de la misma. (...)”.

Cas. Lab. Nº 17059-2016-LIMA ESTE, de fecha 28 de noviembre de 2017.

��Principio de eventualidad. Cas. Lab. N° 2824-2015-AREQUIPA.

CRITERIO DE LA CORTE SUPREMA: La Corte Suprema señala que el principio de eventualidad, es aquel por el cual las partes deben presentar todos los medios probatorios con las que cuenten en la opor-tunidad legalmente concedida para ello, con el propósito de generar un debate probatorio equilibrado y en igualdad de posibilidades defensivas.

“NOVENO: Anótese en primer término que, según lo dispuesto en el artículo 11 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley N° 29497, se refuerza la idea de que las partes tiene el deber no solo de respetar al órgano jurisdiccional, estándoles prohibido agraviar al juez o interrumpir la audiencia sea mediante el uso de celulares o expresando agravios, censura o aprobación a lo informado; sino que también, en concordancia con las nuevas reglas procesales sobre la carga de la prueba, ahora se les impone explícitamente el deber de colaboración con el órgano judicial en lo relacio-nado con la actuación probatoria. Aquí cobra crucial importancia, debido a las consecuencias jurídicas que ello acarrea (multas y presunciones), el ale-gar hechos falsos, obstruir la actividad probatoria (por ejemplo, negándose a cumplir una exhibicional) y provocar la suspensión de las audiencias (al no asistir por ejemplo, y luego pedir su reprogramación). Razón por la que, con toda certeza, el rol de las partes y los abogados de estas en este nuevo esquema procesal laboral debe darse en el marco de la buena fe y probi-dad. En este contexto, señálese además que en el artículo 21 del mismo cuerpo normativo, se establece como obligación de las partes el de ofrecer todos los medios de prueba que sustente sus afirmaciones, con la presenta-ción de sus escritos postulatorios (demanda y contestación). Ello en con-cordancia con el principio de eventualidad, según el cual las partes deben presentar todas las armas probatorias con las que cuenten en la oportunidad

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legalmente concedida para ello, con el propósito de generar un debate pro-batorio equilibrado y en igualdad de posibilidades defensivas (...)”.

Cas. Lab. N° 2824-2015-AREQUIPA, de fecha 21 de enero de 2013.

��Medios probatorios ofrecidos de forma extemporánea Cas. Lab. N° 19474-2015-LIMA.

CRITERIO DE LA CORTE SUPREMA: La Corte Suprema señaló que de conformidad con el artículo 21 de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, los medios probatorios, solo pueden presentarse con la demanda o contestación, salvo las excepciones indicadas en la Ley; en concordancia, con el artículo 189 del Código Procesal Civil, norma de aplicación supletoria, de conformidad con la primera disposición comple-mentaria de la Ley N° 29497, establece que los medios probatorios deben ser ofrecidos en los actos postulatorios.

“En cuanto a la oportunidad de presentación de los medios probato-rios ofrecidos por la partes, el primer párrafo del artículo 21 de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, refiere que los medios pro-batorios, solo pueden presentarse con la demanda o contestación, salvo las excepciones indicadas en la Ley; en concordancia, el artículo 189 del Código Procesal Civil, norma de aplicación supletoria, de conformidad con la primera disposición complementaria de la Ley N° 29497, establece que los medios probatorios deben ser ofrecidos en los actos postulatorios. (...)”.

Cas. Lab. N° 19474-2015-LIMA, de fecha 5 de junio de 2017.

��La prueba de oficio es una prerrogativa del juez laboral. Cas. Lab. N° 5755-2013-LAMBAYEQUE.

CRITERIO DE LA CORTE SUPREMA: La prueba de oficio consti-tuye una herramienta auxiliar del juzgador, orientada a practicar aque-llas diligencias que considere necesarias, por motivaciones de orden público para el mejor esclarecimiento de los hechos; como tal consti-tuye una prerrogativa del juez en incorporar o no un medio probato-rio a determinado proceso que se somete a su libre determinación y no un deber que pueda imponérsele de modo alguno. La prueba de oficio es reconocida en el artículo 22 de la Nueva Ley Procesal del

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Trabajo, que señala: a) Excepcionalmente, el juez puede ordenar la práctica de alguna prueba adicional, se suspende la audiencia por no más de treinta (30) días hábiles. Se cita nueva fecha para continuarla. b) Esta decisión es inimpugnable. c) Esta facultad no puede ser invocada encontrándose el proceso en casación. d) La omisión de esta facultad no acarrea la nulidad de la sentencia.

“SÉTIMO: La prueba de oficio constituye una herramienta auxiliar del juzgador, orientada a practicar aquellas diligencias que considere necesa-rias, por motivaciones de orden público para el mejor esclarecimiento de los hechos; como tal constituye una prerrogativa del juez o no un medio proba-torio a determinado proceso que se somete a su libre determinación y no un deber que pueda imponérsele de modo alguno. Es por ello que el legislador nacional ha establecido en la parte in fine del artículo 22 de la Ley N° 29497- Nueva Ley Procesal del Trabajo, que en el caso de las Salas Superiores que deciden no hacer uso de la facultad oficiosa de la incorporación de la prueba al proceso, no debe declarase la nulidad de la sentencia, por lo que la preten-sión impugnatoria de la parte demandada no merece ser amparada. (...)”.

Cas. Lab. N° 5755-2013-LAMBAYEQUE, de fecha 28 de abril de 2014.

��En un proceso laboral, las nuevas pruebas presentadas por el deman-dante durante la etapa de juzgamiento pueden ser consideradas como pruebas de oficio, siempre y cuando así lo estime el juez y la parte demandada no cuestione el acto. Cas. Lab. Nº 15296–2014-LIMA.

CRITERIO DE LA CORTE SUPREMA: La Corte Suprema refiere que, los medios probatorios, según el artículo 22 de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo (NLPT), son ofrecidos únicamente en el momento de la presentación de la demanda y en la contestación de la misma. Sin embargo, extraordinariamente pueden ser presentados hasta el momento previo a la actuación probatoria, siempre y cuando estén refe-ridos a hechos nuevos o hubiesen sido conocidos u obtenidos con poste-rioridad. Excepcionalmente, y de oficio, el juez puede ordenar la práctica de alguna prueba adicional, siendo esta decisión inimpugnable, por lo que habiendo sido presentados los medios probatorios en la etapa de juzga-miento, y admitidos en calidad de nuevos medios probatorios de oficio y al no haber sido cuestionada la validez de dicho acto por el demandante, resulta inimpugnable.

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“QUINTO: Oportunidad de ofrecimiento de los medios probatorios. Respecto a la oportunidad para el ofrecimiento de los medios probato-rios, la Nueva Ley Procesal del Trabajo Nº 29497, en su artículo 21, pri-mer párrafo, ha dispuesto que en principio estas son ofrecidas únicamente en el momento de la presentación de la demanda y en la contestación de la misma; sin embargo, también otorga un carácter extraordinario a la pre-sentación de las mismas donde se señala que pueden presentarse en el momento anterior a la actuación probatoria si se refieren a hechos nuevos o si se refieren a hechos conocidos u obtenidos con posterioridad. El ofre-cimiento extraordinario de los medios probatorios deberá ser presentado inmediatamente después de la etapa de confrontación de posiciones salvo que el juez laboral lo solicite a través de una prueba de oficio.

SEXTO: Procedencia de la prueba de oficio en el nuevo proceso laboral. El artículo 22 de la ley procesal de trabajo, señala que excepcionalmente, el juez puede ordenar la práctica de alguna prueba adicional, en cuyo caso dispondrá lo conveniente para su realización, procediendo a suspender la audiencia en la que se actúan las pruebas por un lapso de treinta días, deci-sión que es inimpugnable, siendo que la omisión del juez de optar por esta facultad no acarrea la nulidad de la sentencia.

SÉTIMO: En el caso concreto de autos, la demandada sostiene en su recurso de casación que el demandante no ofreció en el acto de la postulación de la demanda los váucher de combustible de fecha dos de junio de dos mil trece, documentos que recién fueron incorporados en la Audiencia de juzgamiento, resultando por tanto extemporáneo su presentación por lo que no debería haber sido valorado por la Sala Laboral, la cual ha motivado su decisión en base a dichos documentos concluyendo la instancia revisora que los mismos determinan la continuidad laboral del demandante luego del vencimiento del contrato modal acaecido el treinta y uno de mayo de dos mil trece.

OCTAVO: Al respecto, si bien es cierto que el demandante presentó los documentos (váucheres) que menciona la recurrente en la etapa de juzga-miento del proceso; sin embargo, debemos señalar que se verifica del audio así como del registro de la Audiencia de Juzgamiento, que corre en fojas ciento veinte, que el juez de la causa procedió a admitir los nuevos medios probatorios ofrecidos por el demandante (minuto 28:26), amparándose para ello en la facultad prevista en el artículo 22 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, esto es incorporó y admitió tales pruebas con la calidad de prue-bas de oficio sin que la recurrente hubiera cuestionado en dicho acto la validez de dichos documentales tal como se aprecia del minuto 31:53 de la visualización del video que se tuvo a la vista, donde se admite las prue-bas ofrecidas y el minuto 49:58 donde efectúa sus alegatos el abogado de la

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recurrente. En tal sentido, cuando el Colegiado Superior meritúa las prue-bas acogidas por el juez de primera instancia como pruebas de oficio lo ha hecho válidamente, por lo que no ha incurrido en infracción del artículo 21 de la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo; deviniendo en Infun-dada la causal materia de análisis. (...)”.

Cas. Lab. Nº 15296–2014-LIMA, de fecha cuatro de mayo de 2016.

��La presunción en el Derecho Laboral. Cas. Lab. N° 13634-2015- MOQUEGUA.

CRITERIO DE LA CORTE SUPREMA: La presunción es un razona-miento lógico por medio del cual el juez, a partir de un hecho conocido, llega a tomar certeza sobre otro hecho que desconocía y que es materia de investigación en el proceso; los hechos objeto de presunción no requie-ren de medios probatorios que lo sustenten, siempre y cuando ellos estén contemplados en la Ley. Las presunciones legales pueden ser absolutas (iure et de iure) o relativas (iuris tantum); serán absolutas si no admiten prueba en contrario respecto del hecho al que refieren; y serán relativas cuando admiten que la veracidad del hecho que norman, pueda ser objeto de prueba en contrario.

“SÉTIMO: Respecto a la presunción derivada de la conducta de las partes

La presunción es un razonamiento lógico por medio del cual el juez, a par-tir de un hecho conocido, llega a tomar certeza sobre otro hecho que desco-nocía y que es materia de investigación en el proceso; los hechos objeto de presunción no requieren de medios probatorios que lo sustenten, siempre y cuando ello esté contemplado en la Ley.

Las presunciones legales pueden ser absolutas (iure et de iure) o relativas (iuris tantum); serán absolutas si no admiten prueba en contrario respecto del hecho al que refieren; y serán relativas cuando admiten que la veracidad del hecho que norman, pueda ser objeto de prueba en contrario.

En el artículo 29 de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, se expresa las siguientes presunciones legales sobre la conducta de las partes: Artículo 29.- Presunciones legales derivadas de la conducta de las partes. El juez puede extraer conclusiones en contra de los intereses de las partes aten-diendo a su conducta asumida en el proceso. Esto es particularmente rele-vante cuando la actividad probatoria es obstaculizada por una de las partes.

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Entre otras circunstancias, se entiende que se obstaculiza la actuación pro-batoria cuando no se cumple con las exhibiciones ordenadas, se niega la existencia de documentación propia de su actividad jurídica o económica, se impide o niega el acceso al juez, los peritos o los comisionados judi-ciales al material probatorio o a los lugares donde se encuentre, se niega a declarar, o responde evasivamente.

De lo expuesto, se advierte que el juez está facultado para extraer conclu-siones en contra de las partes atendiendo a su conducta en el proceso, sobre todo cuando alguna de ellas ha obstaculizado la actividad probatoria; sin embargo, esta facultad no es absoluta, pues el magistrado debe sustentar las razones por las cuales emplea la presunción legal, la cual deberá ser apli-cada bajo un criterio de razonabilidad y proporcionalidad.

Es de precisar, que la doctrina ha señalado que para la aplicación de la pre-sunción, debe coexistir tres requisitos: a) la conducta debe ser manifiesta-mente contraria a la ética, lo cual se califica por la intención que impida o entorpezca la consecuencia de la verdad o utilizar medios de ataque o defensa manifiestamente infundados; b) el magistrado debe sustentar las razones por las cuales emplea la presunción legal; y c) debe entenderse que las conclusiones que puede sacar el juez son solo de orden fáctico, para el establecimiento de los hechos, y en modo alguno puede servir como razón única o determinante de una sentencia que haga caso omiso de la cuestión de derecho.

Al respecto, resulta ilustrativo citar el fundamento 1.4 del IV Pleno Juris-diccional Supremo en materias laboral y previsional, respecto a la actuación de los medios probatorios documentales ofrecidos por el demandado, que dispone:

(...) no es criterio suficiente considerar que la inasistencia a la audien-cia constituye una conducta obstruccionista, a la cual se le deba impo-ner una carga. Es imposible presumir una inconducta pues las razones de inasistencia pueden ser diversas. En todo caso, como ya hemos ade-lantado, el demandado pierde ya muchas oportunidades de defensa al no asistir a la audiencia de juzgamiento.

Cabe señalar que no estamos propiamente ante un caso de rebeldía que merezca la imposición de cargas procesales y tampoco existe norma legal que predetermine dicha rebeldía. (...). (...)”.


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��Requisitos de la presunción. Cas. Lab. N° 13634-2015-MOQUEGUA.

CRITERIO DE LA CORTE SUPERIOR: La doctrina ha señalado que para la aplicación de la presunción, deben coexistir tres requisitos: a) la conducta debe ser manifiestamente contraria a la ética, lo cual se califica por la intensión que impida o entorpezca la consecuencia de la verdad o utilizar medios de ataque o defensa manifiestamente infundados; b) el magistrado debe sustentar las razones por las cuales emplea la presun-ción legal; y c) debe entenderse que las conclusiones que puede sacar el juez son solo de orden fáctico, para el establecimiento de los hechos, y en modo alguno puede servir como razón única o determinante de una sentencia que haga caso omiso de la cuestión de derecho.

“Es de precisar que la doctrina ha señalado que para la aplicación de la pre-sunción, deben coexistir tres requisitos: a) la conducta debe ser manifiesta-mente contraria a la ética, lo cual se califica por la intensión que impida o entorpezca la consecuencia de la verdad o utilizar medios de ataque o defensa manifiestamente infundados; b) el magistrado debe sustentar las razones por las cuales emplea la presunción legal; y c) debe entenderse que las conclusio-nes que puede sacar el juez son solo de orden fáctico, para el establecimiento de los hechos, y en modo alguno puede servir como razón única o determi-nante de una sentencia que haga caso omiso de la cuestión de derecho. (...)”.


��Presunción de laboralidad. Cas. Lab. Nº 608-2017-LIMA.

CRITERIO DE LA CORTE SUPREMA: La presunción de laboralidad prevista en el numeral 23.2 del artículo 23 de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, debe ser entendida en el sentido de que declarada la presunción, el órgano jurisdiccional no debe de abstenerse en la prác-tica de analizar los medios probatorios actuados en el proceso, ello con la finalidad de no obviar el principio de adquisición procesal, examinando los medios probatorios destinados a destruir la presunción de laboralidad.

“QUINTO: La presunción de laboralidad en el nuevo proceso laboral.

La presunción de laboralidad debe ser entendida en el sentido de que decla-rada la presunción, el órgano jurisdiccional no debe de abstenerse en la práctica de analizar los medios probatorios actuados en el proceso, ello con

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la finalidad de no soslayar el principio de adquisición procesal, examinando los medios probatorios destinados a destruir la presunción de laboralidad. Tratándose de una presunción relativa, se hace necesario por parte del juz-gador un doble análisis:

a) Por un lado al haberse invertido la carga de la prueba, le corresponde examinar los medios probatorios que puedan enervar la presunción y

b) En caso de haberse destruido la presunción, analizar la causa conforme a la carga de la prueba ordinaria.

SEXTO: En este contexto, si bien el numeral 23.2 del artículo 23 de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, señala que si la parte deman-dante acredita la existencia de una prestación personal de servicios; en con-secuencia, el juzgador debe presumir la concurrencia de los otros elementos (remuneración y subordinación) para la configuración de una relación labo-ral; cierto es, que dicha facilitación probatoria no implica una ausencia de pro-banza de parte del trabajador demandante, que por lo menos debe aportar indi-cios racionales de carácter laboral de la relación que invoca. En ese sentido y ateniendo a la nueva estructura del proceso judicial laboral prevista en la Nueva Ley Procesal del Trabajo, es necesario que los jueces actúen adecua-damente en la aplicación de la presunción de laboralidad, exigiendo verdade-ros indicios a los trabajadores que la invoquen, pues no se trata de eximir de toda prueba al demandante sino solamente de facilitarle dicha actividad. (...)”.

Cas. Lab. 608-2017-LIMA, de fecha 3 de octubre de 2017.

��Principio de adquisición procesal de la prueba, exige que se examine los medios probatorios destinados a destruir la presunción de laboralidad. Cas. Lab. N° 608-2017-LIMA.

CRITERIO DE LA CORTE SUPREMA: La presunción de laboralidad prevista en el numeral 23.2 del artículo 23 de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, debe ser entendida en el sentido de que declarada la presunción, el órgano jurisdiccional no debe de abstenerse en la prác-tica de analizar los medios probatorios actuados en el proceso, ello con la finalidad de no obviar el principio de adquisición procesal, examinando los medios probatorios destinados a destruir la presunción de laboralidad.

“QUINTO: La presunción de laboralidad en el nuevo proceso laboral.

La presunción de laboralidad debe ser entendida en el sentido de que decla-rada la presunción, el órgano jurisdiccional no debe de abstenerse en la

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práctica de analizar los medios probatorios actuados en el proceso, ello con la finalidad de no soslayar el principio de adquisición procesal, examinando los medios probatorios destinados a destruir la presunción de laboralidad Tratándose de una presunción relativa, se hace necesario por parte del juz-gador un doble análisis: a) Por un lado al haberse invertido la carga de la prueba, le corresponde examinar los medios probatorios que puedan ener-var la presunción y b) En caso de haberse destruido la presunción, analizar la causa conforme a la carga de la prueba ordinaria.

SEXTO: En este contexto, si bien el numeral 23.2 del artículo 23 de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, señala que si la parte deman-dante acredita la existencia de una prestación personal de servicios; en con-secuencia, el juzgador debe presumir la concurrencia de los otros elementos (remuneración y subordinación) para la configuración de una relación labo-ral; cierto es, que dicha facilitación probatoria no implica una ausencia de probanza de parte del trabajador demandante, que por lo menos debe aportar indicios racionales de carácter laboral de la relación que invoca. En ese sen-tido, y ateniendo a la nueva estructura del proceso judicial laboral prevista en la Nueva Ley Procesal del Trabajo, es necesario que los jueces actúen ade-cuadamente en la aplicación de la presunción de laboralidad, exigiendo ver-daderos indicios a los trabajadores que la invoquen, pues no se trata de eximir de toda prueba al demandante sino solamente de facilitarle dicha actividad.

SÉTIMO: Del análisis de la decisión arribada por las instancias de mérito se verifica que la juez de la causa ha declarado la desnaturalización de los contratos de locación de servicios, declarando la existencia de una relación laboral a plazo indeterminado entre las partes desde el uno de enero de dos mil doce al siete de julio de dos mil catorce, sosteniendo la juzgadora que se encuentra acreditada la prestación personal de servicios del actor a favor de la demandada en razón a que: i) la demandada no ha logrado desvir-tuar la presunción de laboralidad; ii) de los recibos por honorarios de fojas cinco a cuarenta y uno, así como de los documentos de fojas ochenta y dos a ochenta y nueve se verifica que se contrató al actor para que realice servi-cios periodísticos, asesoramiento y como Director de Prensa, servicios que no podían ser prestados de forma autónoma, sino sujetos a las directivas de la demandada, conforme se aprecia de los correos electrónicos de fojas cua-renta y dos a ochenta.

OCTAVO: De lo expuesto se advierte que no obstante haber admitido y actuado los medios probatorios ofrecidos por las partes; sin embargo, los mismos no han sido debidamente analizados por la juzgadora ya que no se verifica análisis respecto a que si en la prestación de los servicios presta-dos por el demandante en favor de la demandada, concurrió el elemento

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de la subordinación, aspecto que diferencia a un contrato de trabajo de un contrato de locación de servicios, el cual es entendido como la facultad del empleador de dar órdenes, instrucciones o directrices a los trabajadores con relación al trabajo para el que se les contrata (ejercicio del poder de direc-ción), así como la de imponerle sanciones ante el incumplimiento de sus obligaciones de trabajo (poder sancionador o disciplinario); toda vez que la juzgadora ha basado su decisión en el contenido de los correos electrónicos emitidos por la demandada, documentos que según refiere determinarían la prestación personal de los servicios brindados por el actor y con ello la con-currencia del elemento de la subordinación en la prestación de los servi-cios, sin emitir mayor análisis respecto al contenido y alcances de los cita-dos correos. Decisión que ha sido confirmada por el Colegiado Superior de la Cuarta Sala Laboral de Lima.

NOVENO: Resulta necesario que la juez de la causa, no solo verifique el elemento de la prestación personal de los servicios, sino además la presen-cia del elemento de la subordinación en la relación contractual mantenida entre las partes, componente laboral que se encuentra previsto en el artículo 4 del Decreto Supremo N° 003-97-TR. Siendo así, no se evidencia de los fundamentos de la Sentencia recurrida análisis de acuerdo a las reglas con-tenidas en los numerales 3) y 5) del artículo 139 de la Constitución Política del Perú. En ese orden de ideas expuesto, este Supremo Tribunal concluye que el Colegiado Superior, así como el juez de la causa han incurrido en infracción normativa de los numerales 23.1 y 23.2 del artículo 23 de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, deviniendo en fundada la cau-sal procesal bajo análisis. (...)”.

Cas. Lab. N° 608-2017-LIMA, de fecha tres de octubre de dos mil diecisiete.

��La presunción derivada de la conducta de las partes. Cas. Lab. N° 8218-2015-2015-LIMA.

CRITERIO DE LA CORTE SUPREMA: De acuerdo a lo establecido en los artículos 5 y 6 del Decreto Supremo N° 004-2006-TR es deber de los empleadores conservar los registros de asistencia hasta por cinco (5) años después de generados y poner los mismos a disposición de las enti-dades señalas por ley cuando le sean requeridos. El incumplimiento por parte del empleador de tal obligación, faculta al Juez a extraer conclusiones en contra de los intereses de la parte requerida en razón a la conducta asu-mida en el proceso, de conformidad con el artículo 29 de la Ley N° 29497.

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“DÉCIMO: En relación a la causal admitida en el ítem ii), referida a la inaplicación del artículo 29 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley N° 29497, la cual regula las presunciones legales derivadas de la conducta de las partes al otorgar facultades a los magistrados como: ‘El juez puede extraer conclusiones en contra de los intereses de las partes atendiendo a su conducta asumida en el proceso. Esto es particularmente relevante cuando la actividad probatoria es obstaculizada por una de las partes. Entre otras circunstancias, se entiende que se obstaculiza la actuación probatoria cuando no se cumple con las exhibiciones ordenadas, se niega la existencia de documentación propia de su actividad jurídica o económica, se impide o niega el acceso al juez, los peritos o los comisiona dos judiciales al mate-rial probatorio o a los lugares donde se encuentre, se niega a declarar, o res-ponde evasivamente’.

DÉCIMO PRIMERO: El articulado referido, que en armonía con lo con-cluido en el considerando noveno de la presente resolución, conlleva adver-tir un incumplimiento de obligaciones legales por parte de la demandada al no cumplir con la exhibición de los registros de asistencia, por los años dos mil ocho al dos mil nueve, bajo el supuesto de que dichos documentos tenían una antigüedad mayor a cinco años, argumento desvirtuado prece-dentemente, obstaculizando de tal modo la actuación probatoria; por lo cual nos permite extraer conclusiones en contra de los intereses de la deman-dada y admitir el fundamento de la actora respecto a la labor efectuada por más de la jornada establecida de tres horas con cincuenta minutos (3h 50m) en mayores periodos que los demostrados por los registros de asistencia presentados.

DÉCIMO SEGUNDO: Dicha presunción al no ser desvirtuada por la demandada con medio probatorio alguno, permite a este Colegiado Supremo concluir que efectivamente la actora laboró por más de tres horas con cincuenta minutos (3h50m), cumpliendo con una jornada y horario que exceden lo pactado en el contrato; conclusión a la que también arribó la juzgadora de primera instancia y que fue merituada en conjunto con los demás medios probatorios presentados en el proceso, los que determina-ron la existencia del fraude en la contratación de la demandante y la conse-cuente desnaturalización; en consecuencia, corresponde amparar la infrac-ción denunciada, declarándola fundada. (...)”.

Cas. Lab. N° 8218-2015-2015-LIMA, de fecha 4 de octubre de 2016.

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8. Incumplimientos de normas y disposiciones laborales

��Reconocimiento de vínculo laboral. Cas. Lab. Nº 09019-2015-LIMA.

CRITERIO DE LA CORTE SUPREMA: Cuando la renuncia se encuentra afectada por un vicio del consentimiento, no es equiparable al despido sin causa, sino que aquella es ineficaz y, por tanto, el contrato de trabajo debe ser restituido al mismo estado en que se hallaría de no haber existido el acto viciado de nulidad.

“DÉCIMO SEXTO: Conforme a lo anterior, si bien a primera vista la Carta de Renuncia acreditaría la dimisión voluntaria al puesto de trabajo en la empresa demandada, más aún si se encuentra suscrita por el trabajador; sin embargo, dicho medio probatorio por sí solo no genera convicción ni cer-teza plena a este Colegiado, respecto a la renuncia voluntaria, toda vez que de la revisión de los actuados se desprende la existencia de contradicción evi-dente entre lo manifestado por la demandada, respecto del motivo de cese del actor, en la diligencia de Constatación Policial por negativa de ingreso al centro de trabajo al término de sus vacaciones, de fecha dos de noviembre de dos mil once, que corre en fojas veintisiete y vuelta, en cuya acta consta que la señorita Claudia Fernández Dávila Iturri, Gerente Administrativo de la demandada, refirió que se le citó al demandante para el día viernes cua-tro de noviembre de dos mil once a las trece horas para entrevistarse con el Gerente General; los correos descritos precedentemente en los que se veri-fica la ausencia de la carta de renuncia al día treinta y uno de octubre de dos mil once, ya que la demandada hasta el día quince de noviembre requiere al demandante presente la carta de renuncia; y lo manifestado por la demandada en su escrito de contestación de demanda en fojas noventa, en el que recién invoca como motivo del cese del actor la sin renuncia voluntaria realizada el treinta y uno de octubre de dos mil once, contradicción que hace inferir razo-nablemente la suscripción con posterioridad a la constatación policial, reali-zada el día dos de noviembre de dos mil once, sin que existiera en la realidad la voluntad de renuncia por parte del trabajador.

DÉCIMO SÉTIMO: Lo que se reafirma con el Acta de Transacción Extra-judicial en el cual consta la entrega a título de liberalidad de un importe dinerario al demandante pese a la presentación de la carta de renun-cia, sin ser creíble el acto supuestamente generoso de la parte demandada al entregarle al trabajador la suma de seis mil con 00/100 nuevos soles (S/ 6,000.00), ya que como se observa del correo de fecha veintiséis de octubre de dos mil once la demandada contaba con medios idóneos para iniciar el procedimiento formal de despido y además, incentiva al deman-dante al desligue de la empresa; situación fáctica que nos permite concluir

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que la transacción extrajudicial, es decir, la entrega del dinero se vio condi-cionada a presentar la carta de renuncia, la cual fue suscrita en fecha poste-rior al treinta y uno de octubre de dos mil once.

DÉCIMO OCTAVO: A lo señalado, debe agregarse lo afirmado por el actor en el punto séptimo de su demanda, referido al goce de sus vacacio-nes por el periodo comprendido entre el doce al treinta y uno de octubre de dos mil once, luego del cual no se le permitió el ingreso a su centro de tra-bajo el día dos de noviembre de dos mil once, lo cual se encuentra acredi-tado con la constatación policial de dicho día; lo que permite afirmar que el actor fue despedido el día dos de noviembre de dos mil once, cuando proce-dió a incorporarse al centro de trabajo.

DÉCIMO NOVENO: La valoración conjunta y razonada de las prue-bas y los hechos antes referidos, permite concluir a este Colegiado que la carta de renuncia no constituye la expresión de lo ocurrido en la realidad y el motivo del cese habría sido la voluntad del empleador de rescindir el con-trato; por tanto, al no acreditarse la causal contemplada en el inciso b) del artículo 16 del Decreto Legislativo N° 003-97-TR, se puede determinar que el actor fue despedido sin alguna causal válida que permita extinguir el con-trato de trabajo; por ende existe ausencia de causa justa para la extinción del vínculo laboral; en ese sentido, este Colegiado concluye que al actor le asiste el derecho a la indemnización por despido arbitrario; encontrándose com-prendido dentro de lo previsto en los artículos 34 y 38 del Decreto Supremo N° 003-97-TR, Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, razón por la cual la causal denunciada deviene en fundada. Por estas consideraciones:

DECISIÓN: Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el demandante (...)”.

Cas. Lab. Nº 09019-2015-LIMA, de fecha 8 de abril de 2016.

��Reconocimiento del vínculo laboral a plazo indeterminado en los con-tratos modales. Cas. Lab. N° 3592-2015-CALLAO.

CRITERIO DE LA CORTE SUPREMA: Se configura la desnatura-lización de los contratos para servicio específico, cuando no se han con-signado de forma expresa el objeto del contrato, es decir, sustentado en razones objetivas, por la causal prevista en el inciso d) del artículo 77 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR, y por consiguiente debe observarse lo dispuesto en el artículo 31 del mismo cuerpo legal.

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“SÉTIMO: Para efectos de analizar la causal denunciada, se debe tener pre-sente que los contratos sujetos a modalidad para servicio específico, se defi-nen como aquella negociación jurídica celebrada entre un empleador y un tra-bajador, con el objeto previamente establecido y de duración determinada. Su duración será la que resulte necesario, motivo por el cual no se encuen-tra limitado al plazo de cinco años, previsto en el 74 del Texto Único Orde-nado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR. Asimismo, en esta modalidad contractual, se podrán realizar las renovaciones que resulten nece-sarias para la conclusión o terminación del servicio objeto de la contratación.

Esta forma de contratación solo puede ser utilizada en tareas que pese a ser las tareas habituales u ordinarias de la empresa tienen en esencia una dura-ción limitada en el tiempo –el empleador puede conocer la fecha cierta del término contratado o, en su defecto, la condición que determine la extinción del contrato de trabajo–. Adicionalmente, en el referido contrato se requiere que sea un servicio determinado, y no para que simplemente preste servi-cios durante un periodo de tiempo, es decir, se exige un resultado.

Por ello, solo podrá mantenerse en dicha calidad hasta el cumplimiento del objeto del contrato.

(...)

DÉCIMO: En síntesis, se colige que en los contratos para servicio especí-fico, deben consignarse de forma expresa, como requisitos esenciales, el objeto del contrato, es decir, sustentado en razones objetivas y la duración limitada o en su defecto, la condición que determine la extinción del contrato de trabajo.

(...)

DÉCIMO TERCERO: De lo anotado, se infiere que la contratación del actor bajo la modalidad para servicio específico, no tiene el debido sus-tento objetivo, puesto que la entidad demandada no ha cumplido con acredi-tar con algún medio probatorio que los contratos hayan sido celebrados bajo una causa justificable, toda vez que la esencia de esta modalidad es la dura-ción limitada en el tiempo. Aunado a ello, de acuerdo a las funciones que rea-lizaba el actor en el periodo laborado, se advierte que desde la fecha de su con-tratación desarrolló la misma función de mensajero, labores que constituyen carácter principal y de naturaleza permanente en la empresa demandada. (...)”.

Cas. Lab. N° 3592-2015-CALLAO, de fecha veinte de julio de dos mil dieciséis.

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��Reconocimiento de la relación laboral y reposición en el régimen laboral de obreros municipales. Cas. Lab. N° 18732-2016-AREQUIPA.

CRITERIO DE LA CORTE SUPREMA: El régimen laboral de los obreros municipales es el de la actividad privada; en consecuencia, no pueden ser contratados bajo el régimen especial del contrato administra-tivo de servicios.

“OCTAVO: Teniendo en cuenta lo expresado en los considerandos anterio-res, esta Sala Suprema, en cumplimiento a su finalidad de unificar la juris-prudencia laboral, ha establecido en la Casación Laboral N° 7945-2014-Cusco de fecha veintinueve de setiembre de dos mil dieciséis, respecto a los alcances del artículo 37 de la Ley Orgánica de Municipalidades, la siguiente doctrina jurisprudencial: Los trabajadores que tienen la condición de obreros municipales se encuentran sujetos al régimen laboral de la acti-vidad privada regulado por el Texto Único Ordenado del Decreto Legisla-tivo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR; en consecuencia, en ningún caso pue-den ser contratados bajo el régimen especial de contratación administrativa de servicios.

NOVENO: Por lo cual, analizando el caso concreto, se puede concluir que el trabajador recurrente solo podía ser contratado bajo el régimen laboral de la actividad privada y, por lo tanto, al no haber cumplido con esta exigencia legal su empleadora, Municipalidad Distrital de Mariano Melgar, sus contratos deben entenderse como de duración indeterminada, conforme al artículo 4 del Texto Único Ordenado del Decreto Legisla-tivo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-97-TR, el cual dispone que: “En toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados, se presume la existencia de un contrato de trabajo a tiempo indeterminado”; en con-secuencia, la relación laboral entre la entidad demandada y el demandante no puede enmarcarse dentro de los alcances de un régimen laboral dis-tinto al Decreto Legislativo N° 728, por lo que corresponde su reposición; motivo por el cual, la causal denunciada deviene en fundada. Por estas consideraciones; (...)”.

Cas. Lab. N° 18732-2016-AREQUIPA, de fecha 19 de octubre de 2017.

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��No se ha cumplido con analizar la totalidad de las diferentes normas que regulan el régimen laboral de los obreros municipales, normas que determinaron el cambio de régimen de los obreros de los muni-cipios de régimen laboral público a régimen laboral privado. Cas. N° 2943-2012-JUNÍN.

CRITERIO DE LA CORTE SUPREMA: La Corte Suprema resuelve declarar fundado el recurso de casación, pues concluye que no se ha cum-plido con analizar la totalidad de las diferentes normas que regulan el régimen laboral de los obreros municipales desde la fecha de ingreso de los demandantes, tales la derogada Ley Nº 23853; la Ley Nº 27469, y la vigente Ley Orgánica De Municipalidades - Ley Nº 27972, normas que determinaron el cambio de régimen de los obreros de los municipios de régimen laboral público a régimen laboral privado.

“QUINTO: (...) Además, la exigencia de la motivación suficiente consti-tuye también una garantía para el justiciable, mediante la cual, se puede comprobar que la solución del caso en concreto viene dada por una valo-ración racional de los elementos fácticos y jurídicos relacionados al caso y no de una arbitrariedad por parte del juez, por lo que una resolución que carezca de motivación suficiente no solo vulnera las normas legales citadas, sino también los principios constitucionales consagrados en los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado.

SEXTO: Dentro de este contexto, debe ponerse énfasis que en el caso de autos la instancia de mérito no ha cumplido con analizar de manera con-junta los siguientes hechos relevantes: 1) que, en el presente proceso de la revisión de los actuados fluye que los demandantes solicitan, principal-mente, que se declare la existencia de un contrato de trabajo a tiempo inde-terminado y se les considere como obreros permanentes desde su fecha de ingreso, esto es desde el año mil novecientos noventa y uno; así como soli-citan sean considerados en planillas como Obreros Permanentes del refe-rido municipio; y 2) Siendo esto así, la instancia de mérito no ha cumplido con analizar la totalidad de las diferentes normas que regulan el régimen laboral de los obreros municipales desde la fecha de ingreso de los deman-dantes, tales como el artículo 51 de la derogada Ley Nº 23853, Ley Orgá-nica de Municipalidades del nueve de junio de mil novecientos ochenta y cuatro; la Ley Nº 27469, del primero de junio del dos mil uno, que modi-ficó el artículo 52 de la derogada Ley Nº 23853, y la vigente Ley Orgá-nica de Municipalidades - Ley Nº 27972, del veintisiete de mayo de dos mil tres, según se aprecia en su artículo 37; a efectos de emitir pronunciamiento respecto a la procedencia de los conceptos reclamados por los accionantes;

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normas que determinaron el cambio de régimen de los obreros de los muni-cipios de régimen laboral público a régimen laboral privado desde el dos de junio de dos mil uno.

SÉTIMO: Estando a lo expuesto en los considerandos precedentes, se con-cluye que la deficiencia advertida contraviene el debido proceso, toda vez que estos hechos son pasibles de incidir en la decisión final de amparar o no la demanda de incumplimiento de normas laborales; en las sentencias emitidas en el presente proceso, consecuentemente la causal de afectación del debido proceso debe ser estimada, por lo que la sentencia de vista debe ser declarada nula, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 171 y 176 del Código Procesal Civil, a fin de que la Sala Superior emita nuevo fallo. (...)”.

Cas. N° 2943-2012-JUNÍN, de fecha 16 de noviembre de 2012.

��Se declara fundada la casación al determinarse que el causante incor-poró a su patrimonio el derecho a una pensión reajustada en los térmi-nos del artículo 1 de la Ley N° 23908, al verificarse de la ejecución de sentencia un saldo a favor. Cas. Lab. N° 10870-2013-LAMBAYEQUE.

CRITERIO DE LA CORTE SUPREMA: La Corte Suprema resuelve declarar fundado el recurso de casación, al determinar que el causante incorporó a su patrimonio el derecho a una pensión reajustada en los tér-minos del artículo 1 de la Ley N° 23908, y de verificarse la ejecución de sentencia la existencia de un saldo a favor del mismo.

“DÉCIMO: En ese sentido, al haber gozado el causante de la demandante de una pensión por jubilación a la vigencia de la Ley Nº 23908, se concluye que le asistió el derecho contenido en su artículo 1, esto es, que su pensión se determine en base a tres sueldos mínimos vitales o su concepto sustituto-rio vigente a la fecha de contingencia y se determine las pensiones deven-gadas por tanto, al configurarse la infracción de la causal invocada corres-ponde estimar el recurso casatorio y actuar en sede de instancia casando la Sentencia apelada.

DÉCIMO PRIMERO: En el presente caso, de la copia certificada en fojas dos, se advierte que mediante Resolución Nº 64410 de fecha veintitrés de noviembre de mil novecientos setenta y siete, la entidad demandada Oficina de Normalización Previsional, otorgó pensión por jubilación especial a don Miguel Irigoin Montenegro, causante de la demandante, desde el dieciocho

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de marzo de mil novecientos setenta y siete, en el régimen de jubilación del Decreto Ley Nº 19990, por la suma de seis mil trescientos trece con 26/100 soles oro (S/ 6,313.26). Como se aprecia, la fecha de contingencia del cau-sante se produjo antes de la entrada en vigencia de la Ley Nº 23908, por lo que su pensión debió ser reajusta en cada oportunidad de pago hasta un día antes de la vigencia del Decreto Ley Nº 25967, de acuerdo a las variaciones del sueldo mínimo vital y su sustitutorio, el ingreso mínimo legal, siempre que no haya sido mayor a la pensión mínima, por lo que el derecho ampa-rado ha sido confirmado por la entidad demandada al haberse allanado a la pretensión de la demanda.

DÉCIMO SEGUNDO: En consecuencia, habiéndose determinado que el causante incorporó a su patrimonio el derecho a una pensión reajustada en los términos del artículo 1 de la Ley Nº 23908, y de verificarse en ejecu-ción de sentencia la existencia de un saldo a favor del mismo por efecto de la aplicación de la Ley antes mencionada, y siendo que los derechos que correspondían al titular de los mismos antes de producida su muerte son trasmisibles a los sucesores, conforme al artículo 660 del Código Civil, corresponde amparar la demanda en el extremo referido al reajuste de la pensión. Respecto al pago de las pensiones devengadas que debieron ser cobradas por el causante más el pago de intereses legales, serán calculados desde la fecha en que se produzca la existencia de saldo a favor del cau-sante, por lo que este extremo demandado solo es amparable en parte. Asi-mismo, estando al acta de protocolización en fojas nueve, las sumas patri-moniales que se calculen como resultado del reajuste debe se otorgada a la masa hereditaria del causante. (...)”.

Cas. Lab. N° 10870-2013-LAMBAYEQUE, de fecha 19 de marzo de 2014.

��El médico que solicite la exoneración del cumplimiento de guardia hos-pitalaria deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 12 del Decreto Legislativo N° 559 - Ley del Trabajo Médico. Cas. Lab. N° 3707-2012-JUNÍN.

CRITERIO DE LA CORTE SUPREMA: La Corte Suprema resuelve declarar fundado el recurso de casación, pues el médico que solicite la exoneración del cumplimiento de guardia hospitalaria deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 12 del Decreto Legislativo N° 559 - Ley del Trabajo Médico.

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“NOVENO. - Respecto a la causal de infracción normativa material. - . El artículo 12 del Decreto Legislativo Nº 559 - Ley del Trabajo Médico - Publicado el 29 de marzo de 1990 en el diario oficial El Peruano, dis-pone: El trabajo de guardia es obligatorio y sujeto a la necesidad del ser-vicio. Los profesionales mayores de 50 años, así como los que sufran de enfermedades que los imposibiliten, están exonerados del cumplimiento de dicho trabajo, manteniendo el derecho a percibir la bonificación correspon-diente. - . El artículo 23 del Decreto Supremo Nº 024- 2001-SA - Regla-mento de la Ley del Trabajo Médico, dispone: Los profesionales mayo-res de 50 años, así como los que sufren de enfermedad que lo incapacite temporalmente para hacer el servicio de guardia, podrán ser exonerados de este servicio, a su solicitud. -

DÉCIMO.- Del análisis del caso en concreto.- Del caso de autos se advierte que el actor médico cirujano, viene laborando en el puesto de salud de Ocopilla de la Red de Salud del Valle del Mantaro en el turno Diurno 2: quien al contar con más de 50 años de edad solicita a la administración la exoneración de guardias hospitalarias, manteniendo el pago por dicho con-cepto de forma continua y permanente en la Planilla Única de Pagos mes a mes; en consecuencia corresponde a esta Sala Suprema dilucidar si corres-ponde o no, al actor, el pago por dicho concepto de manera permanente.-

DÉCIMO PRIMERO.- Se advierte de autos, que el actor mediante su soli-citud de fecha 21 de setiembre de 2009, solicita a la administración la exo-neración de trabajo de guardia hospitalaria por contar con más de 50 años, tal como es de verse a fojas 74 de autos; sin embargo la administración mediante la Resolución Directoral Nº 264-2009-DRSJ-RSVM/URRHH de fecha 11 de noviembre de 2009, declara improcedente su solicitud, soste-niendo como argumento que la Ley General del Sistema Nacional de Presu-puesto - Ley Nº 28411, en la Tercera Disposición Transitoria en el literal d) señala que: “El pago de remuneraciones solo corresponde como contrapres-tación por el trabajo efectivamente realizado, quedando prohibido, salvo disposición de Ley expresa en contrario o por aplicación de licencia con goce de haber de acuerdo a la normatividad vigente, el pago de remunera-ciones por días no laborados. Asimismo, queda prohibido autorizar o efec-tuar adelantos con cargo a remuneraciones, bonificaciones, pensiones o por compensación por tiempo de servicios. (...)”.

DÉCIMO SEGUNDO.- Al respecto, el artículo 12 del referido Decreto Supremo, establece que el trabajo de ‘guardia hospitalaria’, es obligato-rio para todos los médicos, a excepción de aquellos que son mayores de 50 años o padezcan de alguna enfermedad que lo imposibilite prestar este

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servicio, quedando así exonerados del cumplimiento de dicha labor, adqui-riendo el derecho a percibir dicha bonificación por dicho concepto.-

DÉCIMO TERCERO.- De otro lado, la Resolución Ministerial Nº 232-91-SA-P establece las Guardias Comunitarias en los Centros y Puestos de Salud del Ministerio de Salud, aprobado por la Directiva Nº 09-91, el cual señala que dichas guardias se realizarán en el ámbito jurisdiccional de los Centros y Puestos de Salud para llevar a cabo actividades preventivo y per-manente a la Comunidad.

DÉCIMO CUARTO.- Que, en efecto tal como ha interpretado la instan-cia de mérito, para que al actor le corresponda dicho concepto de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto Legislativo Nº 559 - Ley del Tra-bajo Médico, este debe contar con los siguientes requisitos concurrentes: i) Tener más de 50 años de edad o que sufra de enfermedad que lo imposi-bilite realizar el trabajo de Guardia Hospitalaria y/o Guardias Comunitarias; ii) Que, haya estado efectivamente realizando el trabajo de Guardia Hos-pitalaria y/o Guardias Comunitarias; iii) Que, haya estado percibiendo la bonificación correspondiente por dicho concepto, para mantener el derecho después de ser exonerado. Si bien es cierto la instancia de mérito entre sus argumentos ha expresado que el actor no ha cumplido con probar que efec-tivamente hasta antes de presentar su solicitud de exoneración ha venido percibiendo dicho concepto; sin embargo este no fue un argumento de defensa de la emplazada, ni debatido en el proceso, por tanto si la sala con-sidera que debe tener mayores elementos de convicción y certeza que lo lleve a la verdad procesal, debe hacer uso de sus atribuciones legales; por lo que se advierte la existencia de la infracción normativa del incisos 3) y 5) del artículo 139 de la Constitución Política del Estado; por lo tanto, debe ampararse el recurso de casación y proceder conforme a lo dispuesto en el inciso 1) del artículo 396 del Código Procesal Civil, ordenando a la Sala Superior emita nuevo pronunciamiento. (...)”.

Cas. Lab. N° 3707-2012-JUNÍN, de fecha 14 de enero de 2014.

CAPÍTULO XLey Procesal del Trabajo

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CAPÍTULO XLEY PROCESAL DEL TRABAJO

I. NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO

LEY Nº 29497 (Publicada: 15/01/2010)

(Vigente desde 15/07/2010)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICAPOR CUANTO:El Congreso de la RepúblicaHa dado la Ley siguiente:EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;Ha dado la Ley siguiente:

NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo I.- Principios del proceso laboral

El proceso laboral se inspira, entre otros, en los principios de inmediación, oralidad, concentración, celeridad, economía procesal y veracidad.

Artículo II.- Ámbito de la justicia laboral

Corresponde a la justicia laboral resolver los conflictos jurídicos que se ori-ginan con ocasión de las prestaciones de servicios de carácter personal, de natu-raleza laboral, formativa, cooperativista o administrativa; están excluidas las prestaciones de servicios de carácter civil, salvo que la demanda se sustente en el encubrimiento de relaciones de trabajo. Tales conflictos jurídicos pueden ser

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individuales, plurales o colectivos, y estar referidos a aspectos sustanciales o conexos, incluso previos o posteriores a la prestación efectiva de los servicios.

Artículo III.- Fundamentos del proceso laboral

En todo proceso laboral los jueces deben evitar que la desigualdad entre las partes afecte el desarrollo o resultado del proceso, para cuyo efecto procu-ran alcanzar la igualdad real de las partes, privilegian el fondo sobre la forma, interpretan los requisitos y presupuestos procesales en sentido favorable a la continuidad del proceso, observan el debido proceso, la tutela jurisdiccional y el principio de razonabilidad. En particular, acentúan estos deberes frente a la madre gestante, el menor de edad y la persona con discapacidad.

Los jueces laborales tienen un rol protagónico en el desarrollo e impulso del pro-ceso. Impiden y sancionan la inconducta contraria a los deberes de veracidad, pro-bidad, lealtad y buena fe de las partes, sus representantes, sus abogados y terceros.

El proceso laboral es gratuito para el prestador de servicios, en todas las instancias, cuando el monto total de las pretensiones reclamadas no supere las setenta (70) Unidades de Referencia Procesal (URP).

Artículo IV.- Interpretación y aplicación de las normas en la resolución de los conflictos de la justicia laboral

Los jueces laborales, bajo responsabilidad, imparten justicia con arreglo a la Constitución Política del Perú, los tratados internacionales de derechos huma-nos y la ley. Interpretan y aplican toda norma jurídica, incluyendo los convenios colectivos, según los principios y preceptos constitucionales, así como los pre-cedentes vinculantes del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema de Jus-ticia de la República.

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I COMPETENCIA

Artículo 1.- Competencia por materia de los juzgados de paz letrados laborales

Los juzgados de paz letrados laborales conocen de los siguientes procesos:

1. En proceso abreviado laboral, las pretensiones referidas al cumplimiento de obligaciones de dar no superiores a cincuenta (50) Unidades de Referencia

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Ley Procesal del Trabajo

Procesal (URP) originadas con ocasión de la prestación personal de servi-cios de naturaleza laboral, formativa o cooperativista, referidas a aspectos sustanciales o conexos, incluso previos o posteriores a la prestación efec-tiva de los servicios.

2. Los procesos con título ejecutivo cuando la cuantía no supere las cin-cuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP); salvo tratándose de la cobranza de aportes previsionales del Sistema Privado de Pensiones reteni-dos por el empleador, en cuyo caso son competentes con prescindencia de la cuantía.

3. Los asuntos no contenciosos, sin importar la cuantía.

Artículo 2.- Competencia por materia de los juzgados especializados de trabajo

Los juzgados especializados de trabajo conocen de los siguientes procesos:

1. En proceso ordinario laboral, todas las pretensiones relativas a la protección de derechos individuales, plurales o colectivos, originadas con ocasión de la prestación personal de servicios de naturaleza laboral, formativa o coope-rativista, referidas a aspectos sustanciales o conexos, incluso previos o pos-teriores a la prestación efectiva de los servicios.

Se consideran incluidas en dicha competencia, sin ser exclusivas, las pre-tensiones relacionadas a los siguientes:

a) El nacimiento, desarrollo y extinción de la prestación personal de servicios; así como a los correspondientes actos jurídicos.

b) La responsabilidad por daño patrimonial o extrapatrimonial, incurrida por cualquiera de las partes involucradas en la prestación personal de servicios, o terceros en cuyo favor se presta o prestó el servicio.

c) Los actos de discriminación en el acceso, ejecución y extinción de la relación laboral.

d) El cese de los actos de hostilidad del empleador, incluidos los actos de acoso moral y hostigamiento sexual, conforme a la ley de la materia.

e) Las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo.

f) La impugnación de los reglamentos internos de trabajo.

g) Los conflictos vinculados a una organización sindical y entre organiza-ciones sindicales, incluida su disolución.

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h) El cumplimiento de obligaciones generadas o contraídas con ocasión de la prestación personal de servicios exigibles a institutos, fondos, cajas u otros.

i) El cumplimiento de las prestaciones de salud y pensiones de invalidez, a favor de los asegurados o los beneficiarios, exigibles al empleador, a las entidades prestadoras de salud o a las aseguradoras.

j) El Sistema Privado de Pensiones.

k) La nulidad de cosa juzgada fraudulenta laboral; y

l) Aquellas materias que, a criterio del juez, en función de su espe-cial naturaleza, deban ser ventiladas en el proceso ordinario labo-ral. Conoce las pretensiones referidas al cumplimiento de obligacio-nes de dar superiores a cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP).

2. En proceso abreviado laboral, de la reposición cuando esta se plantea como pretensión principal única.

3. En proceso abreviado laboral, las pretensiones relativas a la vulneración de la libertad sindical.

4. En proceso contencioso-administrativo conforme a la ley de la materia, las pretensiones originadas en las prestaciones de servicios de carácter perso-nal, de naturaleza laboral, administrativa o de seguridad social, de dere-cho público; así como las impugnaciones contra actuaciones de la autoridad administrativa de trabajo.

5. Los procesos con título ejecutivo cuando la cuantía supere las cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP).

Artículo 3.- Competencia por materia de las salas laborales superiores

Las salas laborales de las cortes superiores tienen competencia, en primera instancia, en las materias siguientes:

1. Proceso de acción popular en materia laboral, a ser tramitado conforme a la ley que regula los procesos constitucionales.

2. Anulación de laudo arbitral que resuelve un conflicto jurídico de naturaleza laboral, a ser tramitada conforme a la ley de arbitraje.

3. Impugnación de laudos arbitrales derivados de una negociación colectiva, a ser tramitada conforme al procedimiento establecido en la presente Ley.

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4. Contienda de competencia promovida entre juzgados de trabajo y entre estos y otros juzgados de distinta especialidad del mismo distrito judicial.

5. Conflictos de autoridad entre los juzgados de trabajo y autoridades adminis-trativas en los casos previstos por la ley.

6. Las demás que señale la ley.

Artículo 4.- Competencia por función

4.1 La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República es competente para conocer de los siguientes recursos:

a) Del recurso de casación;

b) Del recurso de apelación de las resoluciones pronunciadas por las salas laborales en primera instancia; y

c) Del Recurso de queja por denegatoria del recurso de apelación o por haber sido concedido en efecto distinto al establecido en la ley.

4.2 Las salas laborales de las cortes superiores son competentes para cono-cer de los siguientes recursos:

a) Del recurso de apelación contra las resoluciones expedidas por los juzgados laborales; y

b) Del recurso de queja por denegatoria del recurso de apelación o por haber sido concedido en efecto distinto al establecido en la ley.

4.3 Los juzgados especializados de trabajo son competentes para conocer de los siguientes recursos:

a) Del recurso de apelación contra las resoluciones expedidas por los juzgados de paz letrados en materia laboral; y

b) Del recurso de queja por denegatoria del recurso de apelación o por haber sido concedido en efecto distinto al establecido en la ley.

Artículo 5.- Determinación de la cuantía

La cuantía está determinada por la suma de todos los extremos contenidos en la demanda, tal como hayan sido liquidados por el demandante. Los intere-ses, las costas, los costos y los conceptos que se devenguen con posterioridad a la fecha de interposición de la demanda no se consideran en la determinación de la cuantía.

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Artículo 6.- Competencia por territorio

A elección del demandante es competente el juez del lugar del domicilio principal del demandado o el del último lugar donde se prestaron los servicios.

Si la demanda está dirigida contra quien prestó los servicios, solo es com-petente el juez del domicilio de este.

En la impugnación de laudos arbitrales derivados de una negociación colec-tiva es competente la sala laboral del lugar donde se expidió el laudo.

La competencia por razón de territorio solo puede ser prorrogada cuando resulta a favor del prestador de servicios.

Artículo 7.- Regulación en caso de incompetencia

7.1 El demandado puede cuestionar la competencia del juez por razón de la materia, cuantía, grado y territorio mediante excepción. Sin perjuicio de ello el juez, en cualquier estado y grado del proceso, declara, de oficio, la nulidad de lo actuado y la remisión al órgano jurisdiccional competente si determina su incom-petencia por razón de materia, cuantía, grado, función o territorio no prorrogado.

7.2 Tratándose del cuestionamiento de la competencia del juez por razón de territorio, el demandado puede optar, excluyentemente, por oponer la incompe-tencia como excepción o como contienda. La competencia de los jueces de paz letrados solo se cuestiona mediante excepción.

7.3 La contienda de competencia entre jueces de trabajo y entre estos y otros juzgados de distinta especialidad del mismo distrito judicial la dirime la sala laboral de la corte superior correspondiente. Tratándose de juzgados de diferentes distritos judiciales, la dirime la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República.

CAPÍTULO II COMPARECENCIA

Artículo 8.- Reglas especiales de comparecencia

8.1 Los menores de edad pueden comparecer sin necesidad de representante legal. En el caso de que un menor de catorce (14) años comparezca al proceso sin representante legal, el juez pone la demanda en conocimiento del Ministe-rio Público para que actúe según sus atribuciones. La falta de comparecencia del Ministerio Público no interfiere en el avance del proceso.

8.2 Los sindicatos pueden comparecer al proceso laboral en causa propia, en defensa de los derechos colectivos y en defensa de sus dirigentes y afiliados.

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8.3 Los sindicatos actúan en defensa de sus dirigentes y afiliados sin nece-sidad de poder especial de representación; sin embargo, en la demanda o contes-tación debe identificarse individualmente a cada uno de los afiliados con sus res-pectivas pretensiones. En este caso, el empleador debe poner en conocimiento de los trabajadores la demanda interpuesta. La inobservancia de este deber no afecta la prosecución del proceso.

La representación del sindicato no habilita al cobro de los derechos econó-micos que pudiese reconocerse a favor de los afiliados.

Artículo 9.- Legitimación especial

9.1 Las pretensiones derivadas de la afectación al derecho a la no discri-minación en el acceso al empleo o del quebrantamiento de las prohibiciones de trabajo forzoso e infantil pueden ser formuladas por los afectados directos, una organización sindical, una asociación o institución sin fines de lucro dedicada a la protección de derechos fundamentales con solvencia para afrontar la defensa a criterio del juez, la Defensoría del Pueblo o el Ministerio Público.

9.2 Cuando se afecten los derechos de libertad sindical, negociación colec-tiva, huelga, a la seguridad y salud en el trabajo y, en general, cuando se afecte un derecho que corresponda a un grupo o categoría de prestadores de servicios, pueden ser demandantes el sindicato, los representantes de los trabajadores, o cualquier trabajador o prestador de servicios del ámbito.

Artículo 10.- Defensa pública a cargo del Ministerio de Justicia

La madre gestante, el menor de edad y la persona con discapacidad que tra-bajan tienen derecho a la defensa pública, regulada por la ley de la materia.

CAPÍTULO III ACTUACIONES PROCESALES

Subcapítulo I Reglas de conducta y oralidad

Artículo 11.- Reglas de conducta en las audiencias

En las audiencias el juez cuida especialmente que se observen las siguientes reglas de conducta:

a) Respeto hacia el órgano jurisdiccional y hacia toda persona presente en la audiencia. Está prohibido agraviar, interrumpir mientras se hace uso de la palabra, usar teléfonos celulares u otros análogos sin autorización del juez, abandonar injustificadamente la sala de audiencia, así como cualquier expresión de aprobación o censura.

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b) Colaboración en la labor de impartición de justicia. Merece sanción alegar hechos falsos, ofrecer medios probatorios inexistentes, obstruir la actuación de las pruebas, generar dilaciones que provoquen injustificadamente la sus-pensión de la audiencia, o desobedecer las órdenes dispuestas por el juez.

Artículo 12.- Prevalencia de la oralidad en los procesos por audiencias

12.1 En los procesos laborales por audiencias las exposiciones orales de las partes y sus abogados prevalecen sobre las escritas sobre la base de las cuales el juez dirige las actuaciones procesales y pronuncia sentencia. Las audiencias son sustancialmente un debate oral de posiciones presididas por el juez, quien puede interrogar a las partes, sus abogados y terceros participantes en cualquier momento. Las actuaciones realizadas en audiencia, salvo la etapa de concilia-ción, son registradas en audio y vídeo utilizando cualquier medio apto que per-mita garantizar fidelidad, conservación y reproducción de su contenido. Las partes tienen derecho a la obtención de las respectivas copias en soporte electró-nico, a su costo.

12.2 La grabación se incorpora al expediente. Adicionalmente, el juez deja constancia en acta únicamente de lo siguiente: identificación de todas las per-sonas que participan en la audiencia, de los medios probatorios que se hubie-sen admitido y actuado, la resolución que suspende la audiencia, los incidentes extraordinarios y el fallo de la sentencia o la decisión de diferir su expedición.

Si no se dispusiese de medios de grabación electrónicos, el registro de las expo-siciones orales se efectúa haciendo constar, en acta, las ideas centrales expuestas.

Subcapítulo II Notificaciones

Artículo 13.- Notificaciones en los procesos laborales

En las zonas de pobreza decretadas por los órganos de gobierno del Poder Judicial, así como en los procesos cuya cuantía no supere las setenta (70) Uni-dades de Referencia Procesal (URP) las resoluciones son notificadas por cédula, salvo que se solicite la notificación electrónica. Las notificaciones por cédula fuera del distrito judicial son realizadas directamente a la sede judicial de destino.

Las resoluciones dictadas en audiencia se entienden notificadas a las par-tes, en el acto.

Artículo modificado por la cuarta disposición complementaria de la Ley Nº 30229, publicado el 12/07/2014.

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Subcapítulo III Costas y costos

Artículo 14.- Costas y costos

La condena en costas y costos se regula conforme a la norma procesal civil. El juez exonera al prestador de servicios de costas y costos si las pretensiones reclamadas no superan las setenta (70) Unidades de Referencia Procesal (URP), salvo que la parte hubiese obrado con temeridad o mala fe. También hay exone-ración si, en cualquier tipo de pretensión, el juez determina que hubo motivos razonables para demandar.

Subcapítulo IV Multas

Artículo 15.- Multas

En los casos de temeridad o mala fe procesal el juez tiene el deber de impo-ner a las partes, sus representantes y los abogados una multa no menor de media (1/2) ni mayor de cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP).

La multa por temeridad o mala fe es independiente de aquella otra que se pueda imponer por infracción a las reglas de conducta a ser observadas en las audiencias.

La multa por infracción a las reglas de conducta en las audiencias es no menor de media (1/2) ni mayor de cinco (5) Unidades de Referencia Procesal (URP).

Adicionalmente a las multas impuestas, el juez debe remitir copias de las actuaciones respectivas a la presidencia de la corte superior, al Ministerio Público y al Colegio de Abogados correspondiente, para las sanciones a que pudiera haber lugar.

Existe responsabilidad solidaria entre las partes, sus representantes y sus abogados por las multas impuestas a cualquiera de ellos. No se extiende la res-ponsabilidad solidaria al prestador de servicios.

El juez solo puede exonerar de la multa por temeridad o mala fe si el pro-ceso concluye por conciliación judicial antes de la sentencia de segunda instan-cia, en resolución motivada.

El juez puede imponer multa a los testigos o peritos, no menor de media (1/2) ni mayor de cinco (5) Unidades de Referencia Procesal (URP) cuando estos, habiendo sido notificados excepcionalmente por el juzgado, inasisten sin justificación a la audiencia ordenada de oficio por el juez.

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Subcapítulo V Admisión y procedencia

Artículo 16.- Requisitos de la demanda

La demanda se presenta por escrito y debe contener los requisitos y anexos establecidos en la norma procesal civil, con las siguientes precisiones:

a) Debe incluirse, cuando corresponda, la indicación del monto total del petitorio, así como el monto de cada uno de los extremos que integren la demanda; y

b) No debe incluirse ningún pliego dirigido a la contraparte, los testigos o los peritos; sin embargo, debe indicarse la finalidad de cada medio de prueba.

El demandante puede incluir de modo expreso su pretensión de reconoci-miento de los honorarios que se pagan con ocasión del proceso.

Cuando el proceso es iniciado por más de un demandante debe designarse a uno de ellos para que los represente y señalarse un domicilio procesal único.

Los prestadores de servicios pueden comparecer al proceso sin necesidad de abogado cuando el total reclamado no supere las diez (10) Unidades de Referencia Procesal (URP). Cuando supere este límite y hasta las setenta (70) Unidades de Referencia Procesal (URP) es facultad del juez, aten-diendo a las circunstancias del caso, exigir o no la comparecencia con abo-gado. En los casos en que se comparezca sin abogado debe emplearse el formato de demanda aprobado por el Poder Judicial.

Artículo 17.- Admisión de la demanda

El juez verifica el cumplimiento de los requisitos de la demanda dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de recibida. Si observa el incumplimiento de alguno de los requisitos, concede al demandante cinco (5) días hábiles para que subsane la omisión o defecto, bajo apercibimiento de declararse la conclu-sión del proceso y el archivo del expediente. La resolución que disponga la con-clusión del proceso es apelable en el plazo de cinco (5) días hábiles.

Excepcionalmente, en el caso de que la improcedencia de la demanda sea notoria, el juez la rechaza de plano en resolución fundamentada. La resolución es apelable en el plazo de cinco (5) días hábiles siguientes.

Artículo 18.- Demanda de liquidación de derechos individuales

Cuando en una sentencia se declare la existencia de afectación de un dere-cho que corresponda a un grupo o categoría de prestadores de servicios, con

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contenido patrimonial, los miembros del grupo o categoría o quienes individual-mente hubiesen sido afectados pueden iniciar, sobre la base de dicha sentencia, procesos individuales de liquidación del derecho reconocido, siempre y cuando la sentencia declarativa haya sido dictada por el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema de Justicia de la República, y haya pasado en autoridad de cosa juzgada.

En el proceso individual de liquidación del derecho reconocido es impro-cedente negar el hecho declarado lesivo en la sentencia del Tribunal Constitu-cional o de la Corte Suprema de Justicia de la República. El demandado puede, en todo caso, demostrar que el demandante no se encuentra en el ámbito fáctico recogido en la sentencia.

Artículo 19.- Requisitos de la contestación

La contestación de la demanda se presenta por escrito y debe contener los requisitos y anexos establecidos en la norma procesal civil, sin incluir ningún pliego dirigido a la contraparte, los testigos o los peritos; sin embargo, debe indicarse la finalidad de cada medio de prueba.

La contestación contiene todas las defensas procesales y de fondo que el demandado estime convenientes. Si el demandado no niega expresamente los hechos expuestos en la demanda, estos son considerados admitidos.

La reconvención es improcedente.

Artículo 20.- Caso especial de procedencia

En el caso de pretensiones referidas a la prestación personal de servi-cios, de naturaleza laboral o administrativa de derecho público, no es exigible el agotamiento de la vía administrativa establecida según la legislación general del procedimiento administrativo, salvo que en el correspondiente régimen se haya establecido un procedimiento previo ante un órgano o tribunal específico, en cuyo caso debe recurrirse ante ellos antes de acudir al proceso contencioso administrativo.

Subcapítulo VI Actividad probatoria

Artículo 21.- Oportunidad

Los medios probatorios deben ser ofrecidos por las partes únicamente en la demanda y en la contestación. Extraordinariamente, pueden ser ofrecidos hasta el momento previo a la actuación probatoria, siempre y cuando estén referidos a hechos nuevos o hubiesen sido conocidos u obtenidos con posterioridad.

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Las partes concurren a la audiencia en la que se actúan las pruebas con todos sus testigos, peritos y documentos que, en dicho momento, corresponda ofrecer, exhibir o se pretenda hacer valer con relación a las cuestiones probatorias. Esta actividad de las partes se desarrolla bajo su responsabilidad y costo, sin necesi-dad de citación del juzgado y sin perjuicio de que el juez los admita o rechace en el momento. La inasistencia de los testigos o peritos, así como la falta de presenta-ción de documentos, no impide al juez pronunciar sentencia si, sobre la base de la prueba actuada, los hechos necesitados de prueba quedan acreditados.

En ningún caso, fuera de las oportunidades señaladas, la presentación extemporánea de medios probatorios acarrea la nulidad de la sentencia apelada. Estos medios probatorios no pueden servir de fundamento de la sentencia.

Artículo 22.- Prueba de oficio

Excepcionalmente, el juez puede ordenar la práctica de alguna prueba adi-cional, en cuyo caso dispone lo conveniente para su realización, procediendo a suspender la audiencia en la que se actúan las pruebas por un lapso adecuado no mayor a treinta (30) días hábiles, y a citar, en el mismo acto, fecha y hora para su continuación. Esta decisión es inimpugnable.

Esta facultad no puede ser invocada encontrándose el proceso en casación. La omisión de esta facultad no acarrea la nulidad de la sentencia.

Artículo 23.- Carga de la prueba

23.1 La carga de la prueba corresponde a quien afirma hechos que configu-ran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos, sujetos a las siguientes reglas especiales de distribución de la carga probatoria, sin perjuicio de que por ley se dispongan otras adicionales.

23.2 Acreditada la prestación personal de servicios, se presume la existen-cia de vínculo laboral a plazo indeterminado, salvo prueba en contrario.

23.3 Cuando corresponda, si el demandante invoca la calidad de trabajador o ex trabajador, tiene la carga de la prueba de:

a) La existencia de la fuente normativa de los derechos alegados de origen distinto al constitucional o legal.

b) El motivo de nulidad invocado y el acto de hostilidad padecido.

c) La existencia del daño alegado.

23.4 De modo paralelo, cuando corresponda, incumbe al demandado que sea señalado como empleador la carga de la prueba de:

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a) El pago, el cumplimiento de las normas legales, el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, su extinción o inexigibilidad.

b) La existencia de un motivo razonable distinto al hecho lesivo alegado.

c) El estado del vínculo laboral y la causa del despido.

23.5 En aquellos casos en que de la demanda y de la prueba actuada apa-rezcan indicios que permitan presumir la existencia del hecho lesivo alegado, el juez debe darlo por cierto, salvo que el demandado haya aportado elementos suficientes para demostrar que existe justificación objetiva y razonable de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.

Los indicios pueden ser, entre otros, las circunstancias en las que sucedie-ron los hechos materia de la controversia y los antecedentes de la conducta de ambas partes.

Artículo 24.- Forma de los interrogatorios

El interrogatorio a las partes, testigos, peritos y otros es realizado por el juez de manera libre, concreta y clara, sin seguir ningún ritualismo o fórmula preconstituida. Para su actuación no se requiere de la presentación de pliegos de preguntas. No se permite leer las respuestas, pero sí consultar documen-tos de apoyo. Los abogados de las partes también pueden preguntar o solici-tar aclaraciones, bajo las mismas reglas de apertura y libertad. El juez guía la actuación probatoria con vista a los principios de oralidad, inmediación, con-centración, celeridad y economía procesal. Impide que esta se desnaturalice sancionando las conductas temerarias, dilatorias, obstructivas o contrarias al deber de veracidad.

Artículo 25.- Declaración de parte

La parte debe declarar personalmente. Las personas jurídicas prestan su declaración a través de cualquiera de sus representantes, quienes tienen el deber de acudir informados sobre los hechos que motivan el proceso.

Artículo 26.- Declaración de testigos

Los testigos no presencian el desarrollo de la audiencia y solo ingresan a ella en el momento que les corresponda.

El secretario del juzgado expide al testigo una constancia de asistencia a fin de acreditar el cumplimiento de su deber ciudadano. Tratándose de un trabaja-dor, dicha constancia sirve para sustentar ante su empleador la inasistencia y el pago de la remuneración por el tiempo de ausencia.

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Artículo 27.- Exhibición de planillas

La exhibición de las planillas manuales se tiene por cumplida con la pre-sentación de las copias legalizadas correspondientes a los periodos necesitados de prueba.

La exhibición de las planillas electrónicas es ordenada por el juez al funcio-nario del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo responsable de brin-dar tal información. Es improcedente la tacha de la información de las planillas electrónicas remitida por dicho funcionario, sin perjuicio de la responsabilidad penal o funcional que las partes puedan hacer valer en la vía correspondiente.

Las partes pueden presentar copias certificadas expedidas por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de la información contenida en las planillas electrónicas, en lugar de la exhibición electrónica.

Artículo 28.- Pericia

Los peritos no presencian el desarrollo de la audiencia y solo ingresan a ella en el momento que corresponda efectuar su exposición.

Los informes contables practicados por los peritos adscritos a los juzgados de trabajo y juzgados de paz letrados tienen la finalidad de facilitar al órgano jurisdiccional la información necesaria para calcular, en la sentencia, los mon-tos de los derechos que ampara, por lo que esta pericia no se ofrece ni se actúa como medio probatorio.

Artículo 29.- Presunciones legales derivadas de la conducta de las partes

El juez puede extraer conclusiones en contra de los intereses de las partes atendiendo a su conducta asumida en el proceso. Esto es particularmente rele-vante cuando la actividad probatoria es obstaculizada por una de las partes.

Entre otras circunstancias, se entiende que se obstaculiza la actuación proba-toria cuando no se cumple con las exhibiciones ordenadas, se niega la existencia de documentación propia de su actividad jurídica o económica, se impide o niega el acceso al juez, los peritos o los comisionados judiciales al material probatorio o a los lugares donde se encuentre, se niega a declarar, o responde evasivamente.

Subcapítulo VII Formas especiales de conclusión del proceso

Artículo 30.- Formas especiales de conclusión del proceso

El proceso laboral puede concluir, de forma especial, por conciliación, allanamiento, reconocimiento de la demanda, transacción, desistimiento o

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abandono. También concluye cuando ambas partes inasisten por segunda vez a cualquiera de las audiencias programadas en primera instancia.

La conciliación y la transacción pueden ocurrir dentro del proceso, cual-quiera sea el estado en que se encuentre, hasta antes de la notificación de la sen-tencia con calidad de cosa juzgada. El juez puede en cualquier momento invitar a las partes a llegar a un acuerdo conciliatorio, sin que su participación implique prejuzgamiento y sin que lo manifestado por las partes se considere declaración. Si ambas partes concurren al juzgado llevando un acuerdo para poner fin al pro-ceso, el juez le da trámite preferente en el día.

Para que un acuerdo conciliatorio o transaccional ponga fin al proceso debe superar el test de disponibilidad de derechos, para lo cual se toman los siguien-tes criterios:

a) El acuerdo debe versar sobre derechos nacidos de una norma dispositiva, debiendo el juez verificar que no afecte derechos indisponibles;

b) Debe ser adoptado por el titular del derecho; y

c) Debe haber participado el abogado del prestador de servicios demandante.

Los acuerdos conciliatorios y transaccionales también pueden darse inde-pendientemente de que exista un proceso en trámite, en cuyo caso no requieren ser homologados para su cumplimiento o ejecución. La demanda de nulidad del acuerdo es improcedente si el demandante lo ejecutó en la vía del proceso eje-cutivo habiendo adquirido, de ese modo, la calidad de cosa juzgada.

El abandono del proceso se produce transcurridos cuatro (4) meses sin que se realice acto que lo impulse. El juez declara el abandono a pedido de parte o de tercero legitimado, en la segunda oportunidad que se solicite, salvo que en la primera vez el demandante no se haya opuesto al abandono o no haya absuelto el traslado conferido.

Subcapítulo VIII Sentencia

Artículo 31.- Contenido de la sentencia

El juez recoge los fundamentos de hecho y de derecho esenciales para motivar su decisión. La existencia de hechos admitidos no enerva la necesidad de fundamentar la sentencia en derecho.

La sentencia se pronuncia sobre todas las articulaciones o medios de defensa propuestos por las partes y sobre la demanda, en caso de que la declare fundada total o parcialmente, indicando los derechos reconocidos, así como las prestaciones

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que debe cumplir el demandado. Si la prestación ordenada es de dar una suma de dinero, la misma debe estar indicada en monto líquido. El juez puede disponer el pago de sumas mayores a las demandadas si apareciere error en el cálculo de los derechos demandados o error en la invocación de las normas aplicables.

Tratándose de pretensiones con pluralidad de demandantes o demandados, el juez debe pronunciarse expresamente por los derechos y obligaciones concre-tos que corresponda a cada uno de ellos.

El pago de los intereses legales y la condena en costos y costas no requie-ren ser demandados. Su cuantía o modo de liquidación es de expreso pronuncia-miento en la sentencia.

Subcapítulo IX Medios impugnatorios

Artículo 32.- Apelación de la sentencia en los procesos ordinario, abre-viado y de impugnación de laudos arbitrales económicos

El plazo de apelación de la sentencia es de cinco (5) días hábiles y empieza a correr desde el día hábil siguiente de la audiencia o de citadas las partes para su notificación.

Artículo 33.- Trámite en segunda instancia y audiencia de vista de la causa en los procesos ordinario, abreviado y de impugnación de laudos arbitrales económicos

Interpuesta la apelación, el juez remite el expediente a segunda instancia dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes.

El órgano jurisdiccional de segunda instancia realiza las siguientes actividades:

a) Dentro de los cinco (5) días hábiles de recibido el expediente fija día y hora para la celebración de la audiencia de vista de la causa. La audiencia de vista de la causa debe fijarse entre los veinte (20) y treinta (30) días hábiles siguientes de recibido el expediente.

b) El día de la audiencia de vista, concede el uso de la palabra al abogado de la parte apelante a fin de que exponga sintéticamente los extremos apela-dos y los fundamentos en que se sustentan; a continuación, cede el uso de la palabra al abogado de la parte contraria. Puede formular preguntas a las partes y sus abogados a lo largo de las exposiciones orales.

c) Concluida la exposición oral, dicta sentencia inmediatamente o luego de sesenta (60) minutos, expresando el fallo y las razones que lo sustentan, de

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modo lacónico. Excepcionalmente, puede diferir su sentencia dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. En ambos casos, al finalizar la audiencia señala día y hora para que las partes comparezcan ante el despacho para la noti-ficación de la sentencia, bajo responsabilidad. La citación debe realizarse den-tro de los cinco (5) días hábiles siguientes de celebrada la audiencia de vista.

d) Si las partes no concurren a la audiencia de vista, la sala, sin necesidad de citación, notifica la sentencia al quinto día hábil siguiente, en su despacho.

Artículo 34.- Causales del recurso de casación

El recurso de casación se sustenta en la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitu-cional o la Corte Suprema de Justicia de la República.

Artículo 35.- Requisitos de admisibilidad del recurso de casación

El recurso de casación se interpone:

1. Contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso. En el caso de sentencias el monto total reconocido en ella debe superar las cien (100) Unidades de Referencia Procesal (URP). No procede el recurso contra las resoluciones que ordenan a la instancia inferior emitir un nuevo pronunciamiento.

2. Ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada. La sala superior debe remitir el expediente a la Sala Suprema, sin más trámite, den-tro del plazo de tres (3) días hábiles.

3. Dentro del plazo de diez (10) días hábiles siguientes de notificada la resolu-ción que se impugna.

4. Adjuntando el recibo de la tasa respectiva. Si el recurso no cumple con este requisito, la Sala Suprema concede al impugnante un plazo de tres (3) días hábiles para subsanarlo. Vencido el plazo sin que se produzca la subsana-ción, se rechaza el recurso.

Artículo 36.- Requisitos de procedencia del recurso de casación

Son requisitos de procedencia del recurso de casación:

1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso.

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2. Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento de los precedentes vinculantes.

3. Demostrar la incidencia directa de la infracción normativa sobre la decisión impugnada.

4. Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulato-rio, se precisa si es total o parcial, y si es este último, se indica hasta dónde debe alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se precisa en qué debe con-sistir la actuación de la sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos, debe entenderse el anulatorio como principal y el revocatorio como subordinado.

Artículo 37.- Trámite del recurso de casación

Recibido el recurso de casación, la Sala Suprema procede a examinar el cum-plimiento de los requisitos previstos en los artículos 35 y 36 y resuelve declarando inadmisible, procedente o improcedente el recurso, según sea el caso.

Declarado procedente el recurso, la Sala Suprema fija fecha para la vista de la causa.

Las partes pueden solicitar informe oral dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de la resolución que fija fecha para vista de la causa.

Concluida la exposición oral, la Sala Suprema resuelve el recurso inme-diatamente o luego de sesenta (60) minutos, expresando el fallo. Excepcional-mente, se resuelve dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. En ambos casos, al finalizar la vista de la causa se señala día y hora para que las partes comparezcan ante el despacho para la notificación de la resolución, bajo res-ponsabilidad. La citación debe realizarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de celebrada la vista de la causa.

Si no se hubiese solicitado informe oral o habiéndolo hecho no se concurre a la vista de la causa, la Sala Suprema, sin necesidad de citación, notifica la sen-tencia al quinto día hábil siguiente en su despacho.

Artículo 38.- Efecto del recurso de casación

La interposición del recurso de casación no suspende la ejecución de las sentencias. Excepcionalmente, solo cuando se trate de obligaciones de dar suma de dinero, a pedido de parte y previo depósito a nombre del juzgado de origen o carta fianza renovable por el importe total reconocido, el juez de la demanda suspende la ejecución en resolución fundamentada e inimpugnable.

El importe total reconocido incluye el capital, los intereses del capital a la fecha de interposición del recurso, los costos y costas, así como los intereses

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estimados que, por dichos conceptos, se devenguen hasta dentro de un (1) año de interpuesto el recurso. La liquidación del importe total reconocido es efec-tuada por un perito contable.

En caso de que el demandante tuviese trabada a su favor una medida cau-telar, debe notificársele a fin de que, en el plazo de cinco (5) días hábiles, elija entre conservar la medida cautelar trabada o sustituirla por el depósito o la carta fianza ofrecidos. Si el demandante no señala su elección en el plazo concedido, se entiende que sustituye la medida cautelar por el depósito o la carta fianza. En cualquiera de estos casos, el juez de la demanda dispone la suspensión de la ejecución.

Artículo 39.- Consecuencias del recurso de casación declarado fundado

Si el recurso de casación es declarado fundado, la Sala Suprema casa la resolución recurrida y resuelve el conflicto sin devolver el proceso a la instan-cia inferior. El pronunciamiento se limita al ámbito del derecho conculcado y no abarca, si los hubiere, los aspectos de cuantía económica, los cuales deben ser liquidados por el juzgado de origen.

En caso de que la infracción normativa estuviera referida a algún elemento de la tutela jurisdiccional o el debido proceso, la Sala Suprema dispone la nuli-dad de la misma y, en ese caso, ordena que la sala laboral emita un nuevo fallo, de acuerdo a los criterios previstos en la resolución casatoria; o declara nulo todo lo actuado hasta la etapa en que la infracción se cometió.

Artículo 40.- Precedente vinculante de la Corte Suprema de Justicia de la República

La Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la Repú-blica que conozca del recurso de casación puede convocar al pleno de los jue-ces supremos que conformen otras salas en materia constitucional y social, si las hubiere, a efectos de emitir sentencia que constituya o varíe un precedente judicial.

La decisión que se tome en mayoría absoluta de los asistentes al pleno casa-torio constituye precedente judicial y vincula a los órganos jurisdiccionales de la República, hasta que sea modificada por otro precedente.

Los abogados pueden informar oralmente en la vista de la causa, ante el pleno casatorio.

Artículo 41.- Publicación de sentencias

El texto íntegro de todas las sentencias casatorias y las resoluciones que declaran improcedente el recurso de casación se publican obligatoriamente en el

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diario oficial El Peruano, aunque no establezcan precedente. La publicación se hace dentro de los sesenta (60) días de expedidas, bajo responsabilidad.

TÍTULO II PROCESOS LABORALES

CAPÍTULO I PROCESO ORDINARIO LABORAL

Artículo 42.- Traslado y citación a audiencia de conciliación

Verificados los requisitos de la demanda, el juez emite resolución disponiendo:

a) La admisión de la demanda;

b) La Citación a las partes a audiencia de conciliación, la cual debe ser fijada en día y hora entre los veinte (20) y treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de calificación de la demanda; y

c) El emplazamiento al demandado para que concurra a la audiencia de conci-liación con el escrito de contestación y sus anexos.

Artículo 43.- Audiencia de conciliación

La audiencia de conciliación se lleva a cabo del siguiente modo:

1. La audiencia, inicia con la acreditación de las partes o apoderados y sus abogados. Si el demandante no asiste, el demandado puede contestar la demanda, continuando la audiencia. Si el demandado no asiste incurre auto-máticamente en rebeldía, sin necesidad de declaración expresa, aun cuando la pretensión se sustente en un derecho indisponible. También incurre en rebeldía automática si, asistiendo a la audiencia, no contesta la demanda o el representante o apoderado no tiene poderes suficientes para conciliar. El rebelde se incorpora al proceso en el estado en que se encuentre, sin posibi-lidad de renovar los actos previos.

Si ambas partes inasisten, el juez declara la conclusión del proceso si, dentro de los treinta (30) días naturales siguientes, ninguna de las partes hubiese solicitado fecha para nueva audiencia.

2. El juez invita a las partes a conciliar sus posiciones y participa activamente a fin de que solucionen sus diferencias total o parcialmente.

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Por decisión de las partes la conciliación puede prolongarse lo necesa-rio hasta que se dé por agotada, pudiendo incluso continuar los días hábi-les siguientes, cuantas veces sea necesario, en un lapso no mayor de un (1) mes. Si las partes acuerdan la solución parcial o total de su conflicto el juez, en el acto, aprueba lo acordado con efecto de cosa juzgada; asimismo, ordena el cumplimiento de las prestaciones acordadas en el plazo estable-cido por las partes o, en su defecto, en el plazo de cinco (5) días hábiles siguientes. Del mismo modo, si algún extremo no es controvertido, el juez emite resolución con calidad de cosa juzgada ordenando su pago en igual plazo.

3. En caso de haberse solucionado parcialmente el conflicto, o no haberse solucionado, el juez precisa las pretensiones que son materia de juicio; requiere al demandado para que presente, en el acto, el escrito de contesta-ción y sus anexos; entrega una copia al demandante; y fija día y hora para la audiencia de juzgamiento, la cual debe programarse dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes, quedando las partes notificadas en el acto.

Si el juez advierte, haya habido o no contestación, que la cuestión deba-tida es solo de derecho, o que siendo también de hecho no hay necesidad de actuar medio probatorio alguno, solicita a los abogados presentes exponer sus alegatos, a cuyo término, o en un lapso no mayor de sesenta (60) minu-tos, dicta el fallo de su sentencia. La notificación de la sentencia se rea-liza de igual modo a lo regulado para el caso de la sentencia dictada en la audiencia de juzgamiento.

Artículo 44.- Audiencia de juzgamiento

La audiencia de juzgamiento se realiza en acto único y concentra las etapas de confrontación de posiciones, actuación probatoria, alegatos y sentencia.

La audiencia de juzgamiento se inicia con la acreditación de las partes o apoderados y sus abogados. Si ambas partes inasisten, el juez declara la conclu-sión del proceso si, dentro de los treinta (30) días naturales siguientes, ninguna de las partes hubiese solicitado fecha para nueva audiencia.

Artículo 45.- Etapa de confrontación de posiciones

La etapa de confrontación de posiciones se inicia con una breve exposi-ción oral de las pretensiones demandadas y de los fundamentos de hecho que las sustentan.

Luego, el demandado hace una breve exposición oral de los hechos que, por razones procesales o de fondo, contradicen la demanda.

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Artículo 46.- Etapa de actuación probatoria


1. El juez enuncia los hechos que no necesitan de actuación probatoria por tratarse de hechos admitidos, presumidos por ley, recogidos en resolución judicial con calidad de cosa juzgada o notorios; así como los medios proba-torios dejados de lado por estar dirigidos a la acreditación de hechos imper-tinentes o irrelevantes para la causa.

2. El juez enuncia las pruebas admitidas respecto de los hechos necesitados de actuación probatoria.

3. Inmediatamente después, las partes pueden proponer cuestiones probatorias solo respecto de las pruebas admitidas. El juez dispone la admisión de las cuestiones probatorias únicamente si las pruebas que las sustentan pueden ser actuadas en esta etapa.

4. El juez toma juramento conjunto a todos los que vayan a participar en esta etapa.

5. Se actúan todos los medios probatorios admitidos, incluidos los vinculados a las cuestiones probatorias, empezando por los ofrecidos por el deman-dante, en el orden siguiente: declaración de parte, testigos, pericia, reco-nocimiento y exhibición de documentos. Si agotada la actuación de estos medios probatorios fuese imprescindible la inspección judicial, el juez sus-pende la audiencia y señala día, hora y lugar para su realización citando, en el momento, a las partes, testigos o peritos que corresponda. La inspección judicial puede ser grabada en audio y vídeo o recogida en acta con anota-ción de las observaciones constatadas; al concluirse, señala día y hora, den-tro de los cinco (5) días hábiles siguientes para los alegatos y sentencia.

6. La actuación probatoria debe concluir en el día programado; sin embargo, si la actuación no se hubiese agotado, la audiencia continúa dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes.

Artículo 47.- Alegatos y sentencia

Finalizada la actuación probatoria, los abogados presentan oralmente sus alegatos. Concluidos los alegatos, el juez, en forma inmediata o en un lapso no mayor de sesenta (60) minutos, hace conocer a las partes el fallo de su senten-cia. A su vez, señala día y hora, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, para la notificación de la sentencia. Excepcionalmente, por la complejidad del caso, puede diferir el fallo de su sentencia dentro de los cinco (5) días hábiles

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posteriores, lo cual informa en el acto citando a las partes para que comparezcan al juzgado para la notificación de la sentencia.

La notificación de la sentencia debe producirse en el día y hora indicados, bajo responsabilidad.

CAPÍTULO II PROCESO ABREVIADO LABORAL

Artículo 48.- Traslado y citación a audiencia única

Verificados los requisitos de la demanda, el juez emite resolución disponiendo:


b) El emplazamiento al demandado para que conteste la demanda en el plazo de diez (10) días hábiles; y

c) La citación a las partes a audiencia única, la cual debe ser fijada entre los veinte (20) y treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de calificación de la demanda.

Artículo 49.- Audiencia única

La audiencia única se estructura a partir de las audiencias de conciliación y juzgamiento del proceso ordinario laboral. Comprende y concentra las etapas de conciliación, confrontación de posiciones, actuación probatoria, alegatos y sentencia, las cuales se realizan, en dicho orden, una seguida de la otra, con las siguientes precisiones:

1. La etapa de conciliación se desarrolla de igual forma que la audiencia de conciliación del proceso ordinario laboral, con la diferencia de que la con-testación de la demanda no se realiza en este acto, sino dentro del plazo concedido, correspondiendo al juez hacer entrega al demandante de la copia de la contestación y sus anexos, otorgándole un tiempo prudencial para la revisión de los medios probatorios ofrecidos.

2. Ante la proposición de cuestiones probatorias del demandante el juez puede, excepcionalmente, fijar fecha para la continuación de la audiencia dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes si, para la actuación de aquella se requiriese de la evacuación de un informe pericial, siendo carga del demandante la gestión correspondiente.

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CAPÍTULO III PROCESO IMPUGNATIVO

DE LAUDOS ARBITRALES ECONÓMICOS

Artículo 50.- Admisión de la demanda

Además de los requisitos de la demanda, la sala laboral verifica si esta se ha interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de haberse notifi-cado el laudo arbitral que haciendo las veces de convenio colectivo resuelve el conflicto económico o de creación de derechos, o su aclaración; en caso con-trario, declara la improcedencia de la demanda y la conclusión del proceso.

Esta resolución es apelable en el plazo de cinco (5) días hábiles.

Los únicos medios probatorios admisibles en este proceso son los docu-mentos, los cuales deben ser acompañados necesariamente con los escritos de demanda y contestación.

Artículo 51.- Traslado y contestación

Verificados los requisitos de la demanda, la sala laboral emite resolución disponiendo:


b) El emplazamiento al demandado para que conteste la demanda en el plazo de diez (10) días hábiles; y

c) La notificación a los árbitros para que, de estimarlo conveniente y dentro del mismo plazo, expongan sobre lo que consideren conveniente.

Artículo 52.- Trámite y sentencia de primera instancia

La sala laboral, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de contestada la demanda, dicta sentencia por el solo mérito de los escritos de demanda, con-testación y los documentos acompañados. Para tal efecto señala día y hora, den-tro del plazo indicado, citando a las partes para alegatos y sentencia, lo cual se lleva a cabo de igual modo a lo regulado en el proceso ordinario laboral.

Artículo 53.- Improcedencia del recurso de casación

Contra la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la República no pro-cede el recurso de casación.

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CAPÍTULO IV PROCESO CAUTELAR

Artículo 54.- Aspectos generales

A pedido de parte, todo juez puede dictar medida cautelar, antes de iniciado un proceso o dentro de este, destinada a garantizar la eficacia de la pretensión principal. Las medidas cautelares se dictan sin conocimiento de la contraparte.

Cumplidos los requisitos, el juez puede dictar cualquier tipo de medida cau-telar, cuidando que sea la más adecuada para garantizar la eficacia de la preten-sión principal.

En consecuencia, son procedentes además de las medidas cautelares regu-ladas en este capítulo cualquier otra contemplada en la norma procesal civil u otro dispositivo legal, sea esta para futura ejecución forzada, temporal sobre el fondo, de innovar o de no innovar, e incluso una genérica no prevista en las nor-mas procesales.

Artículo 55.- Medida especial de reposición provisional

El juez puede dictar, entre otras medidas cautelares, fuera o dentro del pro-ceso, una medida de reposición provisional, cumplidos los requisitos ordinarios. Sin embargo, también puede dictarla si el demandante cumple los siguientes requisitos:

a) Haber sido al momento del despido dirigente sindical, menor de edad, madre gestante o persona con discapacidad;

b) Estar gestionando la conformación de una organización sindical; y

c) El fundamento de la demanda es verosímil.

Si la sentencia firme declara fundada la demanda, se conservan los efectos de la medida de reposición, considerándose ejecutada la sentencia.

Artículo 56.- Asignación provisional

De modo especial, en los procesos en los que se pretende la reposición, el juez puede disponer la entrega de una asignación provisional mensual cuyo monto es fijado por el juez y el cual no puede exceder de la última remunera-ción ordinaria mensual percibida por el trabajador, con cargo a la Compensa-ción por Tiempo de Servicios (CTS). Si la sentencia firme ordena la reposición, el empleador restituye el depósito más sus intereses y, en caso de ordenarse el pago de remuneraciones devengadas, se deduce la asignación percibida.

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CAPÍTULO V PROCESO DE EJECUCIÓN

Artículo 57.- Títulos ejecutivos

Se tramitan en proceso de ejecución los siguientes títulos ejecutivos:

a) Las resoluciones judiciales firmes;

b) Las actas de conciliación judicial;

c) Los laudos arbitrales firmes que, haciendo las veces de sentencia, resuelven un conflicto jurídico de naturaleza laboral;

d) Las resoluciones de la autoridad administrativa de trabajo firmes que reco-nocen obligaciones;

e) El documento privado que contenga una transacción extrajudicial;

f) El acta de conciliación extrajudicial, privada o administrativa; y

g) La liquidación para cobranza de aportes previsionales del Sistema Privado de Pensiones.

Artículo 58.- Competencia para la ejecución de resoluciones judiciales firmes y actas de conciliación judicial

Las resoluciones judiciales firmes y actas de conciliación judicial se eje-cutan exclusivamente ante el juez que conoció la demanda y dentro del mismo expediente. Si la demanda se hubiese iniciado ante una sala laboral, es compe-tente el juez especializado de trabajo de turno.

Artículo 59.- Ejecución de laudos arbitrales firmes que resuelven un conflicto jurídico

Los laudos arbitrales firmes que hayan resuelto un conflicto jurídico de naturaleza laboral se ejecutan conforme a la norma general de arbitraje.

Artículo 60.- Suspensión extraordinaria de la ejecución

Tratándose de la ejecución de intereses o de monto liquidado en ejecución de sentencia, a solicitud de parte y previo depósito o carta fianza por el total ordenado, el juez puede suspender la ejecución en resolución fundamentada.

Artículo 61.- Multa por contradicción temeraria

Si la contradicción no se sustenta en alguna de las causales señaladas en la norma procesal civil, se impone al ejecutado una multa no menor de media (1/2) ni mayor de cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP).

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Esta multa es independiente a otras que se pudiesen haber impuesto en otros momentos procesales.

Artículo 62.- Incumplimiento injustificado al mandato de ejecución

Tratándose de las obligaciones de hacer o no hacer si, habiéndose resuelto seguir adelante con la ejecución, el obligado no cumple, sin que se haya orde-nado la suspensión extraordinaria de la ejecución, el juez impone multas sucesi-vas, acumulativas y crecientes en treinta por ciento (30%) hasta que el obligado cumpla el mandato; y, si persistiera el incumplimiento, procede a denunciarlo penalmente por el delito de desobediencia o resistencia a la autoridad.

Artículo 63.- Cálculo de derechos accesorios

Los derechos accesorios a los que se ejecutan, como las remuneraciones devengadas y los intereses, se liquidan por la parte vencedora, la cual puede solicitar el auxilio del perito contable adscrito al juzgado o recurrir a los pro-gramas informáticos de cálculo de intereses implementados por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

La liquidación presentada es puesta en conocimiento del obligado por el término de cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación. En caso de que la observación verse sobre aspectos metodológicos de cálculo, el obligado debe necesariamente presentar una liquidación alternativa.

Vencido el plazo el juez, con vista a las liquidaciones que se hubiesen pre-sentado, resuelve acerca del monto fundamentándolo.

Si hubiese acuerdo parcial, el juez ordena su pago inmediatamente, reser-vando la discusión solo respecto del diferencial.

CAPÍTULO VI PROCESOS NO CONTENCIOSOS

Artículo 64.- Consignación

La consignación de una obligación exigible no requiere que el deudor efec-túe previamente su ofrecimiento de pago, ni que solicite autorización del juez para hacerlo.

Artículo 65.- Contradicción

El acreedor puede contradecir el efecto cancelatorio de la consignación en el plazo de cinco (5) días hábiles de notificado. Conferido el traslado y absuelto el mismo, el juez resuelve lo que corresponda o manda reservar el pronuncia-miento para que se decida sobre su efecto cancelatorio en el proceso respectivo.

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Artículo 66.- Retiro de la consignación

El retiro de la consignación se hace a la sola petición del acreedor, sin trá-mite alguno, incluso si hubiese formulado contradicción.

El retiro de la consignación surte los efectos del pago, salvo que el acreedor hubiese formulado contradicción.

Artículo 67.- Autorización judicial para ingreso a centro laboral

En los casos en que las normas de inspección del trabajo exigen autoriza-ción judicial previa para ingresar a un centro de trabajo, esta es tramitada por el inspector de trabajo o funcionario que haga sus veces. Para tal efecto debe pre-sentar, ante el juzgado de paz letrado de su ámbito territorial de actuación, la respectiva solicitud. Esta debe resolverse, bajo responsabilidad, en el término de veinticuatro (24) horas, sin correr traslado.

Artículo 68.- Entrega de documentos

La mera solicitud de entrega de documentos se sigue como proceso no con-tencioso siempre que esta se tramite como pretensión única. Cuando se presente acumuladamente, se siguen las reglas establecidas para las otras pretensiones.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

PRIMERA.- En lo no previsto por esta Ley son de aplicación supletoria las normas del Código Procesal Civil.

SEGUNDA.- Cuando la presente Ley hace referencia a los juzgados espe-cializados de trabajo y a las salas laborales, entiéndese que también se alude a los juzgados y salas mixtos.

TERCERA.- Los procesos iniciados antes de la vigencia de esta Ley conti-núan su trámite según las normas procesales con las cuales se iniciaron.

CUARTA.- Las tercerías de propiedad o de derecho preferente de pago, así como la pretensión de cobro de honorarios de los abogados, se interponen ante el juez de la causa principal y se tramitan conforme a las normas del proceso abreviado laboral.

QUINTA.- La conciliación administrativa es facultativa para el trabajador y obligatoria para el empleador. Se encuentra a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el cual proporciona los medios técnicos y profesiona-les para hacerla factible.

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El Estado, por intermedio de los Ministerios de Justicia y de Trabajo y Pro-moción del Empleo, fomenta el uso de mecanismos alternativos de solución de conflictos. Para tal fin, implementa lo necesario para la promoción de la conci-liación extrajudicial administrativa y el arbitraje.

SEXTA.- Las controversias jurídicas en materia laboral pueden ser someti-das a arbitraje, siempre y cuando el convenio arbitral se inserte a la conclusión de la relación laboral y, adicionalmente, la remuneración mensual percibida sea, o haya sido, superior a las setenta (70) Unidades de Referencia Procesal (URP).

SÉTIMA.- En los procesos laborales el Estado puede ser condenado al pago de costos.

OCTAVA.- Los expedientes que por cualquier razón reingresen a los órga-nos jurisdiccionales tienen preferencia en su tramitación.

NOVENA.- La presente Ley entra en vigencia a los seis (6) meses de publi-cada en el diario oficial El Peruano, a excepción de lo dispuesto en las Disposi-ciones Transitorias, que entran en vigencia al día siguiente de su publicación.

La aplicación de la presente Ley se hará de forma progresiva en la oportu-nidad y en los distritos judiciales que disponga el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. En los distritos judiciales, en tanto no se disponga la aplicación de la presente Ley, sigue rigiendo la Ley Nº 26636, Ley Procesal del Trabajo, y sus modificatorias.

DÉCIMA.- Conforme a lo establecido en la cuarta disposición final y tran-sitoria de la Constitución Política del Perú, los derechos laborales, individua-les o colectivos se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre la mate-ria ratificados por el Perú, sin perjuicio de consultar los pronunciamientos de los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los criterios o decisiones adoptados por los tribunales internacionales constituidos según tratados de los que el Perú es parte.

UNDÉCIMA.- Precísase que hay exoneración del pago de tasas judiciales para el prestador personal de servicios cuando la cuantía demandada no supere las setenta (70) Unidades de Referencia Procesal (URP), así como cuando las pretensiones son inapreciables en dinero.

DUODÉCIMA.- Autorízase al Poder Judicial la creación de un fondo de formación de magistrados y de fortalecimiento de la justicia laboral. El fondo tendrá por objeto la implementación de medidas de formación específicamente dirigidas a los magistrados laborales, así como el otorgamiento de incentivos que les permitan desarrollar de manera óptima la función judicial.

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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- El Poder Judicial implementa una red electrónica que per-mita la notificación de las resoluciones mediante correo electrónico y publica-ción simultánea en la página web del Poder Judicial. Los interesados solicitan al Poder Judicial la asignación de un domicilio electrónico, el cual opera como un buzón electrónico ubicado en el servidor. El acceso al buzón es mediante el uso de una contraseña localizada en la página web del Poder Judicial. De igual modo, implementa un soporte informático para el manejo de los expedientes electrónicos.

SEGUNDA.- El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, con la colaboración del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, implementa una base de datos pública, actualizada permanentemente, que permita a los jue-ces y usuarios el acceso a la jurisprudencia y los precedentes vinculantes y que ofrezca información estadística sobre los procesos laborales en curso.

TERCERA.- El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, con la colaboración del Poder Judicial, implementa un sistema informático, de acceso público, que permita el cálculo de los derechos o beneficios sociales.

CUARTA.- El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo implementa un sistema de remisión electrónica de información de las planillas electrónicas. El requerimiento de información es enviado por el juzgado al correo electrónico habilitado para tal fin por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. El funcionario responsable da respuesta, también por correo electrónico, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. Dicha respuesta debe contener la informa-ción solicitada presentada en cuadros tabulados, agregándose las explicaciones que fuesen necesarias.

QUINTA.- El Poder Judicial dispone la creación e instalación progresiva de juzgados y salas laborales en los distritos judiciales de la República que lo requieran, para fortalecer la especialidad laboral a efectos de brindar un servicio de justicia más eficiente.

SEXTA.- El Poder Judicial dispone el desdoblamiento de las salas labora-les en tribunales unipersonales que resuelvan en segunda y última instancia las causas cuya cuantía de la sentencia recurrida no supere las setenta (70) Unida-des de Referencia Procesal (URP).(*)

SÉTIMA.- El Poder Judicial aprueba los formatos de demanda para los casos de obligaciones de dar sumas de dinero cuyo monto no supere las setenta (70) Unidades de Referencia Procesal (URP).

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OCTAVA.- Las acciones necesarias para la aplicación de la presente norma se ejecutan con cargo a los presupuestos institucionales aprobados a los plie-gos presupuestarios involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

DISPOSICIONES MODIFICATORIAS

PRIMERA.- Modifícanse los artículos 42, 51 y la parte referida a la com-petencia de los juzgados de paz letrados en materia laboral del artículo 57 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, en los siguientes términos:

Artículo 42.- Competencia de las salas laborales

Las salas laborales de las cortes superiores tienen competencia, en primera instancia, en las materias siguientes:

a. Proceso de acción popular en materia laboral.

b. Anulación de laudo arbitral que resuelve un conflicto jurídico de natu-raleza laboral.

c. Impugnación de laudos arbitrales derivados de una negociación colectiva.

d. Conflictos de competencia promovidos entre juzgados de trabajo y entre éstos y otros juzgados de distinta especialidad del mismo distrito judicial.

e. Conflictos de autoridad entre los juzgados de trabajo y autoridades administrativas en los casos previstos por la ley.

f. Las demás que señale la ley.

Conocen, en grado de apelación, de lo resuelto por los juzgados especiali-zados de trabajo.

Artículo 51.- Competencia de los juzgados especializados de trabajo

Los juzgados especializados de trabajo conocen de todas las pretensiones relativas a la protección de derechos individuales, plurales o colectivas origina-das con ocasión de las prestaciones de servicios de carácter personal, de natura-leza laboral, formativa, cooperativista o administrativa, sea de derecho público o privado, referidas a aspectos sustanciales o conexos, incluso previos o poste-riores a la prestación efectiva de los servicios.

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Se consideran incluidas en dicha competencia las pretensiones relacionadas a:

a) El nacimiento, desarrollo y extinción de la prestación personal de servicios; así como a los correspondientes actos jurídicos.

b) La responsabilidad por daño emergente, lucro cesante o daño moral incu-rrida por cualquiera de las partes involucradas en la prestación personal de servicios, o terceros en cuyo favor se presta o prestó el servicio.

c) Los actos de discriminación en el acceso, ejecución y extinción de la rela-ción laboral.

d) El cese de los actos de hostilidad del empleador, incluidos los actos de acoso moral y hostigamiento sexual, conforme a la ley de la materia.

e) Las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo.

f) La impugnación de los reglamentos internos de trabajo.

g) Los conflictos vinculados a un sindicato y entre sindicatos, incluida su disolución.

h) El cumplimiento de obligaciones generadas o contraídas con ocasión de la prestación personal de servicios exigibles a institutos, fondos, cajas u otros.

i) El cumplimiento de las prestaciones de salud y pensiones de invalidez, a favor de los asegurados o los beneficiarios exigibles al empleador, a las entidades prestadoras de salud o a las aseguradoras.

j) El Sistema Privado de Pensiones.

k) La nulidad de cosa juzgada fraudulenta laboral.

l) Las pretensiones originadas en las prestaciones de servicios de carácter per-sonal, de naturaleza laboral, administrativa o de seguridad social, de dere-cho público.

m) Las impugnaciones contra actuaciones de la Autoridad Administrativa de Trabajo.

n) Los títulos ejecutivos cuando la cuantía supere las cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP).

o) Otros asuntos señalados por ley.

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Artículo 57.- Competencia de los Juzgados de Paz Letrados

Los Juzgados de Paz Letrados conocen:

(...)

En materia laboral:

a) De las pretensiones atribuidas originalmente a los juzgados especializados de trabajo, siempre que estén referidas al cumplimiento de obligaciones de dar no superiores a cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP).

b) De los títulos ejecutivos cuando la cuantía no supere las cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP);

c) De las liquidaciones para cobranza de aportes previsionales del Sistema Privado de Pensiones retenidos por el empleador.

d) De los asuntos no contenciosos, sin importar la cuantía.

SEGUNDA.- Modifícase el artículo 38 del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, aprobado por Decreto Supremo Nº 054-97-EF, en los siguientes términos:

Artículo 38.- Proceso de ejecución

La ejecución de los adeudos contenidos en la liquidación para cobranza se efectúa de acuerdo al Capítulo V del Título II de la Ley Procesal del Tra-bajo. Para efectos de dicha ejecución, se establecen las siguientes reglas especiales:

(...).

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

PRIMERA.- Quedan derogadas las siguientes disposiciones:

a) La Ley Nº 26636, Ley Procesal del Trabajo, y sus modificatorias, la Ley Nº 27021, la Ley Nº 27242 y la quinta disposición final y complementaria de la Ley Nº 27942.

b) La Ley Nº 8683 y el Decreto Ley Nº 14404, sobre pago de salarios, rein-tegro de remuneraciones y beneficios sociales a los apoderados de los trabajadores.

c) La Ley Nº 8930 que otorga autoridad de cosa juzgada y mérito de ejecución a las resoluciones de los tribunales arbitrales.

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d) El Decreto Ley Nº 19334, sobre trámite de las reclamaciones de los trabaja-dores que laboran en órganos del Estado que no sean empresas públicas.

e) El Título III del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Formación y Promoción Laboral, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-97 -TR, sobre competencia en los conflictos entre cooperativas de trabajo y sus socios-trabajadores.

SEGUNDA.- Déjase sin efecto las siguientes disposiciones:

a) El artículo 8 del Decreto Supremo Nº 002-98-TR, sobre competencia en las acciones indemnizatorias por discriminación.

b) El artículo 52 del Decreto Supremo Nº 001-96-TR que prohíbe la acumula-ción de la acción indemnizatoria con la de nulidad de despido.

TERCERA.- Deróganse todas las demás normas legales que se opongan a la presente Ley.

Comunícase al señor Presidente de la República para su promulgación.

En Lima, a los treinta días del mes de diciembre de dos mil nueve.

LUIS ALVA CASTRO Presidente del Congreso de la República

MICHAEL URTECHO MEDINA Segundo Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los trece días del mes de enero del año dos mil diez.

ALAN GARCÍA PÉREZ Presidente Constitucional de la República

JAVIER VELÁSQUEZ QUESQUÉN Presidente del Consejo de Ministros

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II. ANTERIOR LEY PROCESAL DEL TRABAJO

LEY Nº 26636 (Publicado: 24/06/1996)

(Vigente desde 23/09/1996)

No obstante que esta norma fue derogada, por la primera disposición derogatoria de la Ley Nº 29497 publicada el 15/01/2010, sigue en aplicación ultractiva según lo dispuesto en el segundo párrafo de la novena disposición complementaria de dicha ley.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICAPOR CUANTO: El Congreso de la República ha dado la Ley siguiente:EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;Ha dado la ley siguiente:

LEY PROCESAL DEL TRABAJO

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo I.- El proceso laboral se inspira, entre otros, en los principios de inmediación, concentración, celeridad y veracidad.

Las audiencias y actuación de los medios probatorios se realizan ante el juez, siendo indelegables bajo sanción de nulidad.

El proceso se realiza procurando que su desarrollo ocurra en el menor número de actos procesales. El juez podrá reducir su número sin afectar la obli-gatoriedad de los actos que aseguren el debido proceso.

El juez dirige e impulsa el proceso para lograr una pronta y eficaz solución de las controversias que conoce.

Artículo II.- El juez, en caso de duda insalvable sobre los diversos senti-dos de una norma o cuando existan varias normas aplicables a un caso concreto, deberá interpretar o aplicar la norma que favorezca al trabajador.

Artículo III.- El juez debe velar por el respeto del carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la Ley.

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SECCIÓN PRIMERA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

TÍTULO I JURISDICCIÓN

Artículo 1.- Potestad Jurisdiccional

La potestad jurisdiccional del Estado en materia laboral se ejerce por los órganos judiciales que contempla la Ley Orgánica del Poder Judicial.

TÍTULO II COMPETENCIA

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 2.- Formas de determinación de la competencia

La competencia se determina por razón de territorio, materia, función y cuantía.

Artículo 3.- Competencia por razón de territorio

Por razón del territorio y a elección del demandante, es juez competente el del lugar donde se encuentra:

1. El centro de trabajo en el que se haya desarrollado la relación laboral.

2. El domicilio principal del empleador.

Artículo 4.- Competencia por razón de la materia

La competencia por razón de la materia se regula por la naturaleza de la pretensión y en especial por las siguientes normas:

1. Las Salas Laborales de la Corte Superior conocen de las pretensiones en materia de:

a. Acción popular en materia laboral.

b. Impugnación de laudos arbitrales emanados de una negociación colectiva.

c. Acción contencioso administrativa en materia laboral y seguridad social.

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d. Conflictos de competencia promovidos entre juzgados de trabajo y entre éstos y otros juzgados de distinta especialidad del mismo distrito judicial.

e. Conflictos de autoridad entre los juzgados de trabajo y autoridades administrativas en los casos previstos por la ley.

f. Las quejas de derecho por denegatoria de recurso de apelación.

g. La homologación de conciliaciones privadas.

h. Las demás que señale la Ley.

2. Los Juzgados de Trabajo conocen de las pretensiones individuales o colec-tivas por conflictos jurídicos sobre:

a. Impugnación del despido.

b. Cese de actos de hostilidad del empleador.

c. Incumplimiento de disposiciones y normas laborales cualquiera fuera su naturaleza.

d. Pago de remuneraciones y beneficios económicos, siempre que exce-dan de diez (10) URP.

e. Ejecución de resoluciones administrativas, sentencias emitidas por las Salas Laborales, laudos arbitrales firmes que ponen fin a conflictos jurí-dicos o títulos de otra índole que la Ley señale.

f. Actuación de prueba anticipada sobre derechos de carácter laboral.

g. Impugnación de actas de conciliación celebradas ante las autoridades administrativas de trabajo, reglamentos internos de trabajo, estatutos sindicales.

h. Entrega, cancelación o redención de certificados, pólizas, acciones y demás documentos que contengan derechos o beneficios laborales.

i. Conflictos intra e intersindicales.

j. Indemnización por daños y perjuicios derivados de la comisión de falta grave que cause perjuicio económico al empleador, incumplimiento del contrato y normas laborales cualquiera fuera su naturaleza por parte de los trabajadores.

k. Materia relativa al sistema privado de pensiones.

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l. Las demás que no sean de competencia de los Juzgados de Paz Letra-dos y los que la Ley señale.

3. Los Juzgados de Paz Letrados conocen las pretensiones individuales sobre:

a. Pago de remuneraciones, compensaciones y derechos similares que sean de obligación del empleador y tengan expresión monetaria líquida hasta un máximo de diez (10) URP.

b. Impugnación de las sanciones disciplinarias impuestas por el emplea-dor durante la vigencia de la relación laboral.

c. Reconocimiento de los derechos comprendidos en el régimen de tra-bajo del hogar, cualquiera que fuere su cuantía.

d. Las demás que la Ley señale.

Artículo 5.- Competencia por razón de función

Son competentes para conocer por razón de la función:

1. La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema:

a. Del recurso de casación en materia laboral.

b. Del recurso de apelación de las resoluciones pronunciadas por las Salas Laborales en primera instancia.

c. De los conflictos de competencia entre juzgados laborales de distinto distrito judicial.

2. Las Salas Laborales o mixtas de las Cortes Superiores, del recurso de apela-ción contra las resoluciones expedidas por los Juzgados de Trabajo.

3. Los Juzgados Especializados de Trabajo, del recurso de apelación contra las resoluciones expedidas por los Juzgados de Paz Letrados en materia laboral.

Artículo 6.- Competencia por razón de la cuantía

La competencia por razón de cuantía se determina con sujeción a las siguientes reglas:

1. El valor económico de la pretensión es el que resulta de la suma de todos los extremos que contenga la demanda, en la forma en que hayan sido liqui-dados por el demandante.

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2. El valor comprende solo la deuda principal de cada extremo, no así los intereses, costas, costos ni conceptos que se devenguen en el futuro.

CAPÍTULO II CUESTIONAMIENTO DE LA COMPETENCIA

Artículo 7.- Cuestionamiento de la competencia

La incompetencia por razón de materia, función o cuantía puede declararse de oficio. También puede deducirse como excepción por la parte demandada en la oportunidad debida.

SECCIÓN SEGUNDA COMPARECENCIA AL PROCESO

Y ACUMULACIÓN

TÍTULO I

CAPÍTULO I COMPARECENCIA AL PROCESO

Artículo 8.- Capacidad para ser parte material de un proceso

Tiene capacidad para ser parte material en un proceso toda persona natu-ral o jurídica, órgano o institución, sociedad conyugal, sucesión indivisa y otras formas de patrimonio autónomo, y en general toda persona que tenga o haya tenido la condición de trabajador o empleador.

Artículo 9.- Capacidad de las organizaciones sindicales

Las organizaciones sindicales y asociativas constituidas y reconocidas de acuerdo a ley, tienen legitimación para la defensa de los derechos colectivos que les son propios.

Artículo 10.- Comparecencia

Las partes deben comparecer por sí mismas. Pueden conferir su representa-ción a persona civilmente capaz, mediante poder extendido con las formalidades que la ley permite.

Los trabajadores menores de edad podrán comparecer por sí mismos con-forme a las disposiciones vigentes sobre la materia, debiendo ser asistidos por

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la defensa gratuita que se les provea conforme a Ley, en caso de carecer de ella.

Los trabajadores pueden conferir su representación en los conflictos jurídi-cos individuales a las organizaciones sindicales de las que son miembros.

La comparecencia de las organizaciones sindicales se efectivizará a tra-vés de sus representantes legales quienes deberán acreditar su condición con la copia del acta de designación correspondiente.

Artículo 11.- Patrocinio por abogado

Es obligatorio el patrocinio por abogado, salvo exoneración expresa que conceda la Ley.

CAPÍTULO II ACUMULACIÓN

Artículo 12.- Acumulación objetiva

Hay acumulación objetiva cuando las pretensiones o extremos de la demanda correspondan al mismo titular del derecho y sean de competencia del mismo juez.

Artículo 13.- Acumulación subjetiva

Hay acumulación subjetiva cuando una pluralidad de demandantes interpo-nen una sola demanda fundamentada en los mismos hechos o en títulos conexos que requieren un pronunciamiento común o uniforme. El juez puede ordenar la desacumulación cuando se afecte el principio de economía procesal por razón de tiempo, gasto o esfuerzo humano.

Es requisito de admisibilidad de la demanda que se designe entre los demandantes un apoderado común que los represente y un domicilio procesal único donde se efectúen las notificaciones.

Artículo 14.- Acumulación sucesiva

El juez, de oficio o a pedido de parte, puede ordenar la acumulación suce-siva de procesos cuando las pretensiones reclamadas reúnen las características señaladas en el artículo anterior. Solo procede hasta antes que cualquiera de los procesos sea sentenciado.

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SECCIÓN TERCERA POSTULACIÓN DEL PROCESO

TÍTULO I

CAPÍTULO I DEMANDA Y EMPLAZAMIENTO

Artículo 15.- Requisitos de la demanda

La demanda se presenta por escrito y debe cumplir los siguientes requisitos:

1. La designación del juez ante quien se interpone.

2. El nombre o denominación, datos de identidad, dirección domiciliaria y domicilio procesal del demandante o el de su representante, si no pudiera comparecer o no comparece por sí mismo.

3. El nombre o denominación de la persona natural o jurídica demandada, con indicación de la dirección domiciliaria donde debe ser notificada.

4. La situación laboral del demandante, si es un trabajador individual, con indicación del tiempo de servicios, función o cargo desempeñados y la última remuneración percibida.

5. La determinación clara y concreta del petitorio contenido, con indicación de montos cuando los derechos tengan naturaleza económica o expresión monetaria.

6. La enumeración de los hechos y los fundamentos jurídicos de la pretensión.

7. Los medios probatorios.

8. La firma del demandante, su representante legal o su apoderado y del abo-gado patrocinante. En caso que el demandante sea analfabeto, certificará su huella digital ante el Secretario de Juzgado.

Artículo 16.- Anexos de la demanda

A la demanda deberá acompañarse:

1. Copia legible del documento de identidad del demandante o en su caso, el del representante.

2. Copia del documento que contiene el poder para iniciar el proceso cuando se actúe por apoderado.

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3. Copia del documento que acredite la representación legal del demandante, si se trata de personas jurídicas o naturales que no pueden comparecer por sí mismas. Tratándose de organizaciones sindicales, se estará a lo previsto en el artículo 10 de esta Ley.

4. Todos los medios probatorios destinados a sustentar el petitorio. Se adjun-tará por separado, a este efecto, pliego cerrado de posiciones, interrogato-rio para cada uno de los testigos y pliego abierto especificando los puntos sobre los que versará el dictamen pericial, de ser el caso.

Artículo 17.- Inadmisibilidad de la demanda

La demanda presentada sin los requisitos o anexos antes señalados será admitida provisionalmente, pero no tramitada, debiendo el juez indicar con claridad los que se hayan omitido para que sean presentados en un plazo de hasta cinco días, vencido el cual, sin haber satisfecho el requerimiento, se tiene por no presentada, ordenándose su archivamiento y la devolución de los recaudos.

Artículo 18.- Improcedencia de la demanda

El juez declara la improcedencia de la demanda mediante resolución espe-cialmente fundamentada, cuando no reúna los requisitos de procedibilidad seña-lados en esta Ley y en el Código Procesal Civil.

Artículo 19.- Traslado de la demanda

Si el juez califica la demanda positivamente, tendrá por ofrecidos los medios probatorios, corriendo traslado al demandado para que comparezca al proceso y conteste la demanda en el plazo fijado para cada proceso.

Artículo 20.- Emplazamiento del demandado

El emplazamiento del demandado se realiza por medio de cédula que se entrega en su domicilio real, en forma personal si es persona natural o a través de sus representantes o dependientes, si es persona jurídica, haciendo constar con su firma el día y hora del acto.

CAPÍTULO II CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA, EXCEPCIONES Y REBELDÍA

Artículo 21.- Contestación de la demanda

La demanda se contesta por escrito. El demandado debe:

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1. Observar los requisitos previstos para la demanda en lo que corresponda.

2. Exponer los hechos en que funda su defensa en forma precisa, ordenada y clara, contradiciendo cada una de las pretensiones expuestas o allanándose a las mismas, de ser el caso.

3. Proponer la compensación de los créditos exigibles al demandante, de ser el caso.

4. Ofrecer los medios probatorios.

5. Proponer o deducir las oposiciones o tachas contra los medios probatorios ofrecidos por el demandante, así como el reconocimiento o negación de los documentos que se le atribuyen.

6. Incluir su firma o la de su representante o apoderado y la del abogado patrocinante. En caso que el demandado sea analfabeto, deberá certificar su huella digital ante el secretario del juzgado.

7. En el caso de las personas jurídicas que cuenten con más de un represen-tante con facultades suficientes, al apersonarse al proceso deberán indicarlo a fin de que cualquiera de ellos pueda asistir a la audiencia.

Artículo 22.- Anexos de la contestación

A la contestación se acompañan los mismos anexos exigidos para la demanda en el artículo 16 de esta Ley, en lo que corresponda.

Artículo 23.- Excepciones

La excepción de transacción será apreciada por el juez, atendiendo al prin-cipio de irrenunciabilidad de derechos y las circunstancias que rodean dicha transacción. Lo resuelto por el juez no implica prejuzgamiento.

Lo resuelto en un litigio en el que es parte un sindicato produce los efectos de la cosa juzgada para todos aquellos a los que representó.

Artículo 24.- Rebeldía

Si transcurrido el plazo para contestar la demanda, el demandado no lo hace, incurre en rebeldía. Esta declaración causa presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos expuestos en la demanda, salvo que habiendo varios emplazados en forma solidaria alguno conteste la demanda o cuando el juez declare en resolución motivada que no le producen convicción. El rebelde puede incorporarse al proceso para continuar con este en el estado en que se encuentre, pagando una multa equivalente a dos (2) URP.

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TÍTULO II ACTIVIDAD PROCESAL

CAPÍTULO I MEDIOS PROBATORIOS

Subcapítulo I Disposiciones generales

Artículo 25.- Finalidad

Los medios probatorios en el proceso laboral tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el juez respecto de los hechos controvertidos y fundamentar sus decisiones.

Es admisible todo medio probatorio que sirva a la formación de la convic-ción del juez, siempre que no esté expresamente prohibido ni sea contrario al orden público o a la moral.

Artículo 26.- Oportunidad

Los medios probatorios deben ser ofrecidos por las partes en los actos pos-tulatorios, salvo disposición legal distinta.

Artículo 27.- Carga de la prueba

Corresponde a las partes probar sus afirmaciones y esencialmente:

1. Al trabajador probar la existencia del vínculo laboral.

2. Al empleador demandado probar el cumplimiento de las obligaciones con-tenidas en las normas legales, los convenios colectivos, la costumbre, el reglamento interno y el contrato individual de trabajo.

3. Al empleador la causa del despido; al trabajador probar la existencia del despido, su nulidad cuando la invoque y la hostilidad de la que fuera objeto.

Artículo 28.- Pruebas de oficio

El juez, en decisión motivada e inimpugnable, puede ordenar la actuación de los medios probatorios que considere convenientes, cuando los ofrecidos por las partes resulten insuficientes para producirle certeza y convicción.

Artículo 29.- Medios probatorios

Los medios probatorios que se pueden ofrecer en el proceso laboral son todos los previstos en el Código Procesal Civil, con las precisiones que se

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señalan en esta Ley. Se actúan en la audiencia única con excepción de la inspec-ción judicial, la pericia y la revisión de planillas cuando se realice en el centro de trabajo.

Artículo 30.- Valoración de la prueba

Todos los medios probatorios son valorados por el juez en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada.

Artículo 31.- Impertinencia, improcedencia de las pruebas y prueba innecesaria

El juez no debe admitir una prueba cuando ésta resulte impertinente, impro-cedente o innecesaria.

Subcapítulo II Declaraciones

Artículo 32.- Declaración de parte

La declaración de parte se lleva a cabo personalmente y en presencia del juez, bajo sanción de nulidad. Las personas jurídicas prestan su declaración a través de cualquiera de sus representantes.

Artículo 33.- Declaración de testigos

En el proceso laboral también pueden prestar declaración como testigos los trabajadores que tengan relación laboral con el empleador que es parte en el proceso.

Subcapítulo III Documentos

Artículo 34.- Presentación de boletas de pago

El demandante deberá presentar con la demanda las boletas de pago que tenga en su poder necesarias para sustentar su pretensión.

Artículo 35.- Exhibición de planillas

Ante requerimiento judicial la exhibición y revisión de las planillas o de sus copias legalizadas se practica en el local del juzgado, en cuyo caso el juez verificará los datos y procederá a dejar constancia en acta de la información necesaria.

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Cuando se trate de empresas con más de 50 trabajadores o la complejidad y magnitud de la información así lo ameriten, la revisión de las planillas puede llevarse a cabo en el centro de trabajo. Para la actuación de esta prueba no se requiere la entrega del expediente principal al revisor de planillas, bastando que el juzgado establezca de manera clara y precisa los puntos a ser constatados, pudiendo adjuntarse copia de las piezas pertinentes.

El informe revisorio de planillas contendrá la transcripción de los asientos o los datos contenidos en los libros o documentación correspondiente, referidos a la materia señalada por el juez y será puesto en conocimiento de las partes, las que podrán observarlo por escrito fundamentado dentro de los tres días de noti-ficados. Solo si hubiera error o deficiencia en el acopio de datos, el juez ordena una nueva revisión para completar o subsanar el informe.

El plazo máximo de emisión del informe del revisor de planillas es de veinte (20) días, bajo responsabilidad.

Subcapítulo IV Pericia

Artículo 36.- Pericia en materia laboral

La pericia en materia laboral es esencialmente contable y es practicada por peritos e inspectores judiciales dependientes de los Juzgados de Trabajo.

Su finalidad es presentar al órgano jurisdiccional la información obtenida de los libros y documentación contable que sirvan para calcular los montos de los beneficios en litigio.

Si se requiere de otros conocimientos de naturaleza científica, tecnológica, artística o análoga, puede actuarse la prueba pericial correspondiente, solici-tando la intervención de entidades oficiales o designando a peritos en la forma prevista por la ley.

El juez debe señalar en forma precisa los puntos que serán objeto de pericia.

En ningún caso los peritos emiten opinión legal sobre la materia que se les somete a informe.

Artículo 37.- Plazo del informe pericial

El informe pericial debe ser emitido en un plazo no mayor de treinta (30) días. Es puesto en conocimiento de las partes, las que pueden formular sus observaciones en el término de cinco (5) días, acompañando de ser pertinente,

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pericias de parte. Las observaciones deben ser resueltas por el juez y solo en el caso de ser declaradas fundadas total o parcialmente se ordenará que se emita un nuevo informe sobre las modificaciones o aclaraciones que precise.

Subcapítulo V Inspección judicial

Artículo 38.- Inspección judicial

La inspección judicial procede cuando subsistan las circunstancias materia-les que debían constatarse. En casos excepcionales y en resolución fundamen-tada, el juez puede encargar a la Autoridad Administrativa de Trabajo la rea-lización de una inspección de carácter especial, señalando con precisión los aspectos a ser constatados.

Subcapítulo VI Prueba anticipada

Artículo 39.- Prueba anticipada

La prueba anticipada se admite solo en los casos en que exista un riesgo inminente de desaparición o adulteración de los hechos que deban ser constatados.

No son materia de esta actuación la pericia laboral y la exhibición de plani-llas de remuneraciones.

Subcapítulo VII Sucedáneos de los medios probatorios

Artículo 40.- Presunciones legales relativas

Se presumen ciertos los datos remunerativos y de tiempo de servicios que contenga la demanda, cuando el demandado:

1. No acompañe a su contestación los documentos exigidos en el artículo 35.

2. No cumpla con exhibir sus planillas y boletas de pago en caso le hayan sido solicitadas.

3. No haya registrado en planillas ni otorgado boletas de pago al trabajador que acredita su relación laboral.

Artículo 41.- Indicios

Los actos, circunstancias o signos suficientemente acreditados a tra-vés de los medios probatorios, adquieren significación en su conjunto cuando

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conducen al juez a la certeza o convicción en torno a un hecho relacionado con la controversia. En el proceso laboral, los indicios pueden ser, entre otros, las circunstancias en las que sucedieron los hechos materia de la controversia y los antecedentes de la conducta de ambas partes.

Subcapítulo VIII Cuestiones probatorias

Artículo 42.- Tacha

Se puede interponer tacha contra los testigos y documentos. La oportunidad para formular la tacha o absolverla se rige por lo dispuesto en la presente Ley, debiendo indicarse con claridad los fundamentos que la sustentan, ofreciéndose o acompañándose la prueba respectiva, según el caso. El juez deberá correr tras-lado a la otra parte para que absuelva. La absolución debe cumplir con los mis-mos requisitos de la formulación de la tacha.

La tacha o absolución que no cumpla con todos estos requisitos deberá ser declarada inadmisible de plano por el juez en decisión inimpugnable.

La actuación de los medios probatorios de la tacha o de la absolución se realizará en la audiencia única, en la que el juez podrá declarar fundada o no la tacha, salvo decisión debidamente motivada e inimpugnable.

Artículo 43.- Oposición

Puede formularse oposición a la actuación de una declaración de parte, exhibición o cotejo de documentos, pericia o inspección judicial, señalando con claridad los fundamentos que la sustentan, ofreciéndose o acompañándose la prueba respectiva, según el caso.

El juez correrá traslado a la otra parte la cual deberá absolverla cumpliendo los mismos requisitos de la oposición. La oposición o absolución que no cumpla con todos estos requisitos deberá ser declarada inadmisible de plano por el juez en decisión inimpugnable.

La actuación de los medios probatorios de la oposición o de la absolución se realizará en la audiencia única, en la que el juez declarará fundada o no la oposición, salvo decisión debidamente fundamentada e inimpugnable.

Artículo 44.- Conocimiento sobreviniente

Cuando por excepción, se tiene conocimiento de la causal de tacha u opo-sición con posterioridad a la oportunidad para su interposición, se informará al juez acompañando el documento que lo sustente. El juez, sin más trámite que el conocimiento a la otra parte, apreciará el hecho al momento de sentenciar.

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SECCIÓN CUARTA CONCLUSIÓN DEL PROCESO

TÍTULO I CONCLUSIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO

Artículo 45.- Conciliación

La conciliación puede ser promovida o propuesta después de la audiencia única, en cualquier estado del proceso, antes de la sentencia. La conciliación se formaliza mediante acta suscrita ante el órgano jurisdiccional respectivo al final de la audiencia conciliatoria que se fije para el efecto. Aprobada por el juez, adquiere el valor de cosa juzgada.

Artículo 46.- Desistimiento

El desistimiento de la pretensión, del proceso o de algún acto procesal, se formula antes de que surtan sus efectos. Cuando el demandante lo proponga debe motivar su pedido para obtener la aprobación del juez, quien cuida que no se vulnere el principio de irrenunciabilidad respecto de los derechos que tengan ese carácter.

TÍTULO II LA SENTENCIA

Artículo 47.- Sentencia

El proceso se encuentra expedito para sentencia cuando:

1. Ha concluido la actuación de todos los medios probatorios admitidos y actos de investigación ordenados por el juez.

2. La cuestión debatida sea de puro derecho o, siendo de hecho, no haya nece-sidad de actuar medio probatorio alguno en la audiencia respectiva.

3. Saneado el proceso, la rebeldía del demandado produzca convicción al juez respecto de los hechos y pretensiones contenidos en la demanda.

4. Se haya producido allanamiento o reconocimiento admitidos por el juez.

Artículo 48.- Contenido de la sentencia

La sentencia debe contener:

1. La exposición resumida de los argumentos expresados por las partes.

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2. Las consideraciones, debidamente numeradas, a las que llega el juez sobre los hechos probados en el proceso y las normas que le sirven de fundamento.

3. El pronunciamiento sobre la demanda, señalando, en caso la declare fun-dada total o parcialmente, los derechos reconocidos así como las obliga-ciones que debe cumplir el demandado, estableciendo el monto líquido o su forma de cálculo si son de pago o el pago de sumas mayores a las reclamadas, si de lo actuado apareciere error en los cálculos de las liqui-daciones demandadas y el mandato específico si son de hacer o de no hacer.

4. La condena o exoneración de costas y costos, así como la imposición de multa si la demanda ha sido declarada fundada en su integridad acreditán-dose incumplimiento laboral o el emplazado hubiese procedido de mala fe o atentado contra deberes de lealtad procesal.

TÍTULO III COSTAS PERSONALES Y COSTOS PROCESALES

Artículo 49.- Costas personales y Costos procesales

Los trabajadores están exentos de la condena en costos y costas.

SECCIÓN QUINTA MEDIOS IMPUGNATORIOS

TÍTULO I MEDIOS IMPUGNATORIOS

Artículo 50.- Medios impugnatorios

Los medios impugnatorios son el recurso de reposición, apelación, casación y queja.

CAPÍTULO I REPOSICIÓN

Artículo 51.- Reposición

El recurso de reposición procede contra los decretos en el plazo de dos (2) días, ante el mismo órgano que los expide. El auto que lo resuelve es inapelable.

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CAPÍTULO II APELACIÓN

Artículo 52.- Apelación

Constituye requisito de procedencia del recurso su debida fundamentación, la cual debe precisar el error de hecho o de derecho presente en la resolución y el sustento de la pretensión impugnativa. Únicamente se presentarán documen-tos en el recurso de apelación o en su absolución, cuando hayan sido expedidos con posterioridad al inicio del proceso.

El recurso de apelación se interpone en el plazo de cinco (5) días desde la notificación de la resolución que se impugna, a excepción del proceso sumarí-simo, que se rige por sus propias normas.

Artículo 53.- Procedencia de la apelación

Procede la apelación contra:

1. Las sentencias de primera instancia.

2. Los autos que pongan fin a la instancia.

3. Los autos que se expidan en el curso del proceso antes de la sentencia, en cuyo caso se concede con la calidad de diferida.

4. Los autos que se expidan después de dictada la sentencia, en cuyo caso se concede sin efecto suspensivo, salvo que el juez decida concederla con efecto suspensivo en resolución debidamente fundamentada.

El plazo para la apelación de autos es de tres (3) días

CAPÍTULO III CASACIÓN

Nota: El presente capítulo fue modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 27021, publicada el 23/12/1998, cuyo texto es el siguiente:

Artículo 54.- Fines

El recurso de casación tiene como fines esenciales:

a) La correcta aplicación e interpretación de las normas materiales del Dere-cho Laboral, Previsional y de Seguridad Social y,

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b) La unificación de la jurisprudencia laboral nacional por la Corte Suprema de Justicia de la República.

Artículo 55.- Procedencia

Este recurso procede únicamente en los siguientes supuestos:

a) Sentencias expedidas en revisión por las Salas Laborales o Mixtas de las Cortes Superiores de Justicia que resuelvan el conflicto jurídico planteado por las partes.

b) Si la pretensión es de naturaleza económica y está expresada en dinero, solo procederá si dicha cuantía supera las 100 (cien) Unidades de Referencia Procesal determinada conforme lo establece el artículo 6 de esta Ley, si el recurso es interpuesto por el demandante y, como lo establece la sentencia recurrida, si lo interpone el demandado.

El recurso de casación en materia laboral es gratuito cuando es interpuesto por el trabajador o extrabajador. Cuando es interpuesto por el empleador es apli-cable la tasa determinada para los procesos civiles.

Artículo 56.- Causales

Son causales para interponer el recurso de casación:

a) La aplicación indebida de una norma de derecho material.

b) La interpretación errónea de una norma de derecho material.

c) La inaplicación de una norma de derecho material.

d) La contradicción con otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente simi-lares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de las causales anteriores.

Artículo 57.- Requisitos de forma

El recurso de casación se interpone:

a) Ante la Sala que expidió la resolución impugnada.

b) Dentro del plazo de 10 (diez) días de notificada.

c) Contra la sentencia a que se refiere el artículo 55.

d) Acreditando el pago o la exoneración de la tasa judicial respectiva.

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e) Siempre que la resolución adversa de primera instancia que haya sido con-firmada por la recurrida no hubiere sido consentida.

f) Presentando copia de las resoluciones contradictorias, si invocara la causal señalada en el inciso d) del artículo 56.

La Sala Superior solo admitirá el recurso que cumpla estos requisitos y rechazará el que no satisfaga.

Artículo 58.- Requisitos de fondo

El recurso deberá estar fundamentado con claridad señalando con precisión las causales descritas en el artículo 56 en que se sustenta y, según el caso:

a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió aplicarse.

b) Cuál es la correcta interpretación de la norma.

c) Cuál es la norma inaplicada y porqué debió aplicarse.

d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué consiste la contradicción.

La Sala Casatoria califica estos requisitos y, si los encuentra conformes, en un solo acto, se pronuncia sobre el fondo del recurso. En caso de no cumplir con alguno de tales requisitos, lo declarará improcedente.

Artículo 59.- Pronunciamiento

La sentencia casatoria declarará fundado o infundado el recurso que cumple con los requisitos de fondo. Si lo declara fundado, casa la resolución recurrida y se pronuncia sobre las causales que son procedentes, resolviendo el conflicto, sin devolver el proceso a la instancia inferior. El pronunciamiento debe limitarse a lo siguiente:

a) Indicar la debida aplicación o interpretación de las normas de derecho material que hayan sido objeto de impugnación.

b) Restablecer el derecho conculcado por la resolución recurrida, sin pronun-ciarse sobre los aspectos económicos del fallo, si los hubiere, los que debe-rán liquidarse por el Juzgado de origen.

c) Actuar en sede de instancia con respecto a la sentencia apelada, si fuere el caso.

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CAPÍTULO IV QUEJA

Artículo 60.- Tramitación

El recurso de queja procede contra la denegatoria de apelación o de casa-ción. Se interpone en el plazo de tres (3) días de notificada la resolución dene-gatoria, ante el órgano superior que debe conocer del recurso denegado. No pro-cede por razón del efecto en que se concede la apelación. El recurso de queja por denegatoria del recurso de casación en materia laboral está sujeto al pago de la tasa determinada para procesos civiles cualquiera que sea la parte que lo interponga.

SECCIÓN SEXTA PROCESO ORDINARIO LABORAL

TÍTULO I DISPOCIONES GENERALES


Se tramitan en proceso ordinario laboral todos los asuntos contenciosos y no contenciosos que son de competencia de los juzgados especializados de tra-bajo, salvo disposición legal distinta.

Artículo 62.- Plazos para la contestación a la demanda y para emitir sentencia

El plazo para contestar la demanda es de diez 10 días.

El plazo para emitir sentencia es de quince 15 días luego de la audiencia única o de concluida la actuación de pruebas.

TÍTULO II AUDIENCIA ÚNICA

CAPÍTULO I CITACIÓN Y EFECTOS DE LA INASISTENCIA

Artículo 63.- Señalamiento de fecha para Audiencia

Contestada la demanda, el juez notifica la misma al demandante con-cediéndole un plazo de 3 días para la absolución escrita de las excepciones y

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cuestiones probatorias propuestas por el demandado, quien absolverá las cues-tiones probatorias propuestas contra sus pruebas en la audiencia única. En la misma resolución señala día y hora para dicha diligencia, la que debe realizarse dentro de un plazo máximo de quince (15) días.

Artículo 64.- Inasistencias

Si a la audiencia concurriera una de las partes, esta se realizará solo con ella. La inconcurrencia de ambas partes determinará el archivamiento del pro-ceso si transcurridos 30 días naturales desde la fecha de la audiencia, el proceso no ha sido activado por ninguna de ellas.

CAPÍTULO II SANEAMIENTO PROCESAL

Artículo 65.- Saneamiento procesal

Iniciada la audiencia el juez actúa las pruebas referidas a las excepcio-nes que hubieran sido propuestas; luego, de oficio, y aún cuando el empla-zado hubiese sido declarado rebelde, emitirá en el mismo acto resolución declarando:

1. La validez de la relación jurídico procesal.

2. La nulidad y consiguiente conclusión del proceso por invalidez insubsana-ble de la relación, precisando sus defectos.

3. La suspensión de la audiencia, concediendo un plazo de cinco días para la subsanación de los defectos si estos lo permitieran.

Subsanados los defectos, el juez señalará fecha para la audiencia; en caso contrario, declarará concluido el proceso.

CAPÍTULO III CONCILIACIÓN

Artículo 66.- Conciliación

Saneado el proceso, en la misma audiencia, el juez invita a las partes a con-ciliar el conflicto.

Se puede conciliar en forma total o parcial el petitorio contenido en la demanda. El juez dejará constancia en el acta de la invitación a conciliar y de la falta de acuerdo si fuere el caso.

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Al aprobar la fórmula conciliatoria, el juez deberá observar el principio de irrenunciabilidad respecto de los derechos que tengan ese carácter.

Artículo 67.- Fijación de puntos controvertidos

De no haber conciliación, con lo expuesto por las partes, el juez procederá a enumerar los puntos controvertidos y, en especial, los que serán materia de prueba, resolviendo para tal efecto las cuestiones probatorias. A continuación, ordenará la actuación de los medios probatorios ofrecidos relativos a las cues-tiones controvertidas en la misma audiencia.

CAPÍTULO IV ACTUACIÓN DE PRUEBAS

Artículo 68.- Actuación de pruebas

La actuación de pruebas es dirigida personalmente por el juez. Cuando corresponda, el juez toma a cada uno de los convocados juramento o promesa de decir la verdad.

Artículo 69.- Alegatos

Dentro de un plazo de cinco (5) días de concluida la actuación de pruebas las partes pueden presentar alegatos. En este alegato las partes pueden proponer un proyecto de sentencia, que puede ser o no considerado por el juez.

SECCIÓN SÉPTIMA PROCESOS ESPECIALES

TÍTULO I PROCESO SUMARISIMO


Se tramitan en proceso sumarísimo conforme a las normas del Código Pro-cesal Civil, los asuntos contenciosos que son de competencia de los Juzgados de Paz Letrados de acuerdo al artículo 4 numeral 3 de esta Ley.

Artículo 71.- Normas aplicables

Son de aplicación en este proceso las normas sobre postulación, compare-cencia, medios probatorios, sentencia contenidas en esta Ley. Para la concilia-ción rigen las reglas del artículo del proceso ordinario laboral.

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TÍTULO II PROCESO DE EJECUCIÓN

Artículo 72.- Títulos ejecutivos

Son títulos ejecutivos:

1. El acta suscrita entre trabajador y empleador ante la Autoridad Administra-tiva de Trabajo, que contenga el reconocimiento de obligación exigible en vía laboral.

2. El acta de conciliación extrajudicial debidamente homologada.

3. Liquidación para Cobranza de aportes previsionales del Sistema Privado de Pensiones.

Artículo 73.- Obligaciones que se pueden demandar ejecutivamente.

1. Dar sumas de dinero.

2. Dar bienes determinados.

3. Hacer.

4. No hacer.

Artículo 74.- Proceso de ejecución de obligación de dar suma cierta de dinero

La apelación del mandato ejecutivo se concederá sin efecto suspensivo. La apelación de la sentencia que declara fundada esta demanda, sólo se concederá al demandado si es que previamente ha cumplido con consignar judicialmente el monto demandado o con ofrecer una carta fianza.

Artículo 75.- Proceso de ejecución de obligaciones de hacer y no hacer

La apelación del mandato ejecutivo se concederá sin efecto suspensivo. Si el demandado se resiste a cumplir las obligaciones de hacer o de no hacer, el juez adoptará las siguientes medidas:

1. Impondrá multas sucesivas, acumuladas y crecientes hasta que el deman-dado cumpla con el mandato judicial. El monto de las multas será de 1 a 20 URP.

2. Si persistiera en el incumplimiento, denunciar penalmente al demandado por el delito contra la libertad de trabajo o resistencia a la autoridad.

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Artículo 76.- Títulos de ejecución

Son títulos de ejecución:

1. Las resoluciones judiciales firmes.

2. Las actas de conciliación judicial o extrajudicial.

3. Las resoluciones administrativas firmes.

4. Los laudos arbitrales firmes que resuelven conflictos jurídicos.

Artículo 77.- Ejecución de resoluciones, actas y laudos

El juez inicia la ejecución requiriendo al ejecutado a cumplir con la obli-gación establecida, bajo apercibimiento de afectar los bienes en la forma que señale el demandante, si es una obligación de dar suma líquida, o de aplicar lo dispuesto en el artículo 75, si es una obligación de hacer o de no hacer. Es com-petente el mismo juez que conoció la demanda, salvo que ésta se haya iniciado en una Sala Laboral, en cuyo caso lo será el juez de Trabajo de Turno.

El demandado solo puede oponerse si acredita con prueba documental el cumplimiento de la obligación.

Artículo 78.- Calculo de los Derechos Accesorios

Los derechos accesorios a los que se ejecutan, como las remuneraciones devengadas, los intereses y otros similares se liquidan por la parte vencedora con el auxilio pericial respectivo de ser necesario. La otra parte puede observar dicha liquidación sólo si sustenta su observación en una liquidación de similar natura-leza. El juez decide cuál es la liquidación correcta, recurriendo sólo si fuera indis-pensable a los peritos contables con los que cuenta el juzgado o los que designe.

TÍTULO III PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Artículo 79.- Regulación y Objeto

El proceso contencioso administrativo en materia laboral se regula por las normas previstas para el proceso ordinario laboral y por las contempladas por este Capítulo y tiene por objeto la declaración de nulidad del acto o resolución administrativa que se impugna.

Nota: Este artículo quedó derogado por el numeral 2 de la primera disposición deroga-toria de la Ley Nº 27584, publicada el 07/12/2001.

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Artículo 80.- Procedencia

Procede la impugnación de acto o resolución de la Autoridad Administra-tiva de Trabajo o de la Administración en general, que haya causado estado, se refieran a derechos del régimen laboral de la actividad privada o del régimen público cuando en este último caso, se haya agotado y seguido la vía adminis-trativa correspondiente.


Artículo 81.- Plazo

El plazo para interponer la demanda es de tres (3) meses de notifi-cada la resolución impugnada o de producida resolución ficta por silencio administrativo.


Artículo 82.- Emplazamiento

La demanda se dirige contra la Autoridad que realizó el acto o dictó la reso-lución materia de impugnación, emplazando, si fuera el caso, al Procurador General de la República. Se cita también con ella al tercero que tenga legítimo interés en el acto o resolución.


Artículo 83.- Anexo especial de la demanda

El demandante debe acompañar a su demanda copia autenticada de las resoluciones que impugna, con la respectiva constancia de notificación a fin de acreditar el fin de la instancia administrativa.


Artículo 84.- Remisión de actuados administrativos

Al admitir a trámite la demanda se ordena que la autoridad emplazada remita el expediente, los informes y documentos relativos a la resolución o acto impugnado.

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Artículo 85.- Saneamiento procesal

Contestada la demanda o las excepciones, si estas se hubieran deducido, o vencido el plazo para hacerlo, se dicta el correspondiente auto de saneamiento procesal, en el que además se convoca o prescinde de la audiencia de actuación de pruebas.


Artículo 86.- Dictamen del Ministerio Público

Emitido el auto de saneamiento o culminada la audiencia única, el Juez remite el proceso al Ministerio Público para su dictamen el que deberá ser eva-cuado en un plazo máximo de 15 días.


Artículo 87.- Plazo y efectos de la sentencia

La sentencia se expedirá en el plazo de 15 días de concluida la actuación de pruebas o de evacuado el dictamen del Ministerio Público de ser el caso. La sentencia que declare la nulidad o anulación total o parcial del acto o resolu-ción, manda que la autoridad emplazada expida nueva resolución subsanando los defectos que contiene. La que revoque su contenido expresa los términos en los que se reforma dicho acto o resolución.


TÍTULO IV PROCESO DE IMPUGNACIÓN

DE LAUDOS ARBITRALES

Artículo 88.- Impugnación de laudos arbitrales

Cualquiera de las partes que haya intervenido en un procedimiento arbitral derivado de la negociación colectiva, puede impugnar el laudo recaído en aquel, ante la Sala Laboral o Mixta de la jurisdicción correspondiente.

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Artículo 89.- Plazo

El plazo para la impugnación es de cinco (5) días de notificado el laudo o aclaración si fuera el caso.

Artículo 90.- Remisión de expediente administrativo

Admitida la demanda, se oficia a la Autoridad Administrativa de Trabajo que ha intervenido en la negociación colectiva, para que remita el expediente respectivo, corriendo traslado a la otra parte del procedimiento arbitral, para que la conteste en el plazo de tres (3) días, con conocimiento del árbitro o tribunal que haya expedido el laudo, para que coadyuven en su defensa, si lo consideran conveniente.

Artículo 91.- Tramite y plazo de sentencia

El proceso es de puro derecho. La Sala se pronuncia por el mérito de los alegatos de las partes y del expediente remitido, en el término de diez (10) días de la última actuación ocurrida.

Artículo 92.- Pronunciamiento de la Corte Suprema

La Corte Suprema de Justicia se pronuncia por el solo mérito del expe-diente en el plazo de quince (15) días de ingresado éste.

TÍTULO V PROCESOS NO CONTENCIOSOS

Artículo 93.- Consignación

La consignación de una obligación exigible no requiere que el deudor efec-túe previamente su ofrecimiento de pago, ni que solicite autorización del juez para hacerlo.

Artículo 94.- Contradicción

El acreedor puede contradecir el efecto cancelatorio de la consignación en el plazo de tres días de notificada. Conferido el traslado y absuelto el mismo, el juez atendiendo a su naturaleza, resuelve lo que corresponda o manda reservarla para que se decida sobre su efecto cancelatorio en el proceso respectivo.

Artículo 95.- Retiro de la consignación

El retiro de la consignación se hace a la sola petición del acreedor, sin trá-mite alguno, aun cuando se haya formulado contradicción.

312


TÍTULO VI MEDIDA CAUTELAR

Artículo 96.- Oportunidad y finalidad

Todo juez puede, a pedido de parte, dictar medida cautelar dentro de un proceso, destinada a asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva.

Son procedentes en el proceso laboral las medidas cautelares que contem-pla esta ley.

Artículo 97.- Requisitos de la solicitud

El que pide la medida debe:

1. Exponer los fundamentos y modalidad de la pretensión cautelar.

2. Indicar, si fuere el caso, los bienes sobre los que debe recaer la medida y el monto de su afectación.

3. Ofrecer contracautela. El juez, tomando en consideración la condición eco-nómica del solicitante, puede considerar suficiente la caución juratoria.

4. Designar el órgano de auxilio judicial correspondiente.

Artículo 98.- Acreditación del fundamento de la pretensión cautelar

Se acredita la pretensión cautelar y se presume el peligro en la demora en los siguientes casos:

1. Cuando un acta de inspección elaborada por la Autoridad Administrativa de Trabajo constata el cierre no autorizado del centro de trabajo.

2. Cuando el empleador ha sido declarado insolvente por la autoridad admi-nistrativa o judicial competente.

Nota: Inciso derogado por la primera disposición derogatoria del D. Leg. Nº 845, publi-cado el 21/09/1996.

3. Cuando el empleador ha sido denunciado penalmente por el Ministerio Publico por delito contra la libertad de trabajo en los supuestos de simula-ción de causales para el cierre del centro de trabajo y de abandono de éste para extinguir las relaciones laborales.

Artículo 99.- Caso especial de procedencia

Procede la medida cautelar cuando la sentencia de primera instancia ha sido favorable al demandante, aunque la misma fuera impugnada.

313


Artículo 100.- Medidas para futura ejecución forzada

Cuando la pretensión principal es apreciable en dinero, se puede solicitar embargo bajo la modalidad de inscripción o administración.

Artículo 101.- Medidas temporales sobre el fondo

El juez puede disponer el pago de una asignación provisional y fijar su monto, que no podrá exceder la remuneración ordinaria del demandante y con cargo a su compensación por tiempo de servicios, en los procesos de impugna-ción del despido y de pago de beneficios sociales.

SECCIÓN OCTAVA SOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL

DE LAS CONTROVERSIAS JURÍDICAS

CAPÍTULO I DE LA CONCILIACIÓN

Artículo 102.- Promoción de la conciliación

El Estado promueve la conciliación, sea privada o administrativa, como un mecanismo de solución de los conflictos jurídicos a que se refiere este Ley.

Artículo 103.- Clases

La conciliación privada es voluntaria y puede realizarse ante una entidad o ante un conciliador individual, debiendo, para su validez, ser homologada por una Sala Laboral ante solicitud de cualquiera de las partes, caso en el cual adquiere autoridad de cosa juzgada.

La conciliación administrativa es facultativa para el trabajador y obligato-ria para el empleador. Se encuentra a cargo del Ministerio de Trabajo y Promo-ción Social, el cual proporciona los medios técnicos y profesionales para hacerla factible.

CAPÍTULO II DEL ARBITRAJE

Artículo 104.- Sometimiento al arbitraje

Las controversias jurídicas en materia laboral pueden ser sometidas a arbi-traje, pudiendo las partes acogerse a lo dispuesto en la Ley General de Arbitraje en lo aplicable u optar por otro procedimiento arbitral.

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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Los procesos iniciados antes de la vigencia de esta Ley conti-nuarán su trámite según las normas procesales con las cuales se iniciaron, salvo en lo relativo al recurso de casación, aplicable a todo proceso no sentenciado en segunda instancia. Los que se inician a partir de su vigencia, se tramitan con-forme a sus disposiciones.

SEGUNDA.- La presente Ley entra en vigencia a los noventa (90) días de su publicación.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS, SUSTITUTORIAS Y FINALES

PRIMERA.- Déjase sin efecto los Decretos Supremos Nº 03-80-TR, 037-90-TR y todas las normas que se opongan a la presente Ley.

SEGUNDA.- Sustitúyanse los Artículos 42, 51 y la parte pertinente del Artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por los numerales 1, 2 y 3 del Artículo 4 de la presente Ley.

TERCERA.- En lo no previsto por esta Ley son de aplicación supletoria las normas del Código Procesal Civil.

CUARTA.- Interprétase que los servidores y funcionarios públicos a que se refiere el inciso b) del Artículo 21 del Decreto Legislativo Nº 817, son aquellos comprendidos en el régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 276.

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.

En Lima, a los catorce días del mes de junio de mil novecientos noventa y seis.

MARTHA CHÁVEZ COSSÍO DE OCAMPO Presidenta del Congreso de la República VÍCTOR JOY WAY ROJAS Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA POR TANTO: Mando se publique y cumpla. Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiún días del mes de junio de mil novecientos noventa y seis.

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI Presidente Constitucional de la República CARLOS HERMOZA MOYA Ministro de JusticiaJORGE GONZÁLEZ IZQUIERDO Ministro de Trabajo y Promoción Social

CAPÍTULO XINormas internacionales

de trabajo vinculadas a la prueba en el proceso laboral

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CAPÍTULO XINORMAS INTERNACIONALES DE TRABAJO

VINCULADAS A LA PRUEBA EN EL PROCESO LABORAL

I. CARGA DE LA PRUEBA EN LOS DESPIDOS LESIVOS A DERE-CHOS CONSTITUCIONALES

“9.2. A fin de que el trabajador no esté obligado a asumir por su sola cuenta la carga de la prueba de que su terminación fue injustificada, los métodos de aplicación mencionados en el artículo 1 del presente Convenio deberán prever una u otra de las siguientes posibilidades, o ambas:

(a) incumbirá al empleador la carga de la prueba de la existencia de una causa justificada para la terminación, tal como ha sido definida en el artículo 4 del presente Convenio” (CONVENIO 158 de la OIT).

Nota: Se adjunta Convenio 158 de la OIT no ratificado por el Perú, referencial para efectos prácticos.

CONVENIO SOBRE LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO POR INICIATIVA DEL EMPLEADOR

Adopción: Ginebra, 68ª reunión CIT (22-06-1982)

Fecha de entrada en vigor: 23-11-1985

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 2 junio 1982, en su sexagésima octava reunión;

Habiendo tomado nota de las normas internacionales que contiene la Reco-mendación sobre la terminación de la relación de trabajo, 1963;

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Habiendo tomado nota de que desde la adopción de la Recomendación sobre la terminación de la relación de trabajo, 1963, se han registrado noveda-des importantes en la legislación y en la práctica de numerosos Estados Miem-bros relativas a las cuestiones abarcadas por dicha Recomendación;

Considerando que en razón de esas novedades es oportuno adoptar nuevas normas internacionales en la materia, habida cuenta en particular de los graves problemas que se plantean en esta esfera como consecuencia de las dificulta-des económicas y de los cambios tecnológicos sobrevenidos durante los últimos años en gran número de países;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la ter-minación de la relación de trabajo por iniciativa del empleador, cuestión que constituye el quinto punto del orden del día de la reunión, y

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio, adopta, con fecha 22 de junio de mil novecientos ochenta y dos, el presente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982:

PARTE I MÉTODOS DE APLICACIÓN,

CAMPO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES

Artículo 1

Deberá darse efecto a las disposiciones del presente Convenio por medio de la legislación nacional, excepto en la medida en que esas disposiciones se apli-quen por vía de contratos colectivos, laudos arbitrales o sentencias judiciales, o de cualquier otra forma conforme a la práctica nacional.

Artículo 2

1. El presente Convenio se aplica a todas las ramas de actividad económica y a todas las personas empleadas.

2. Todo Miembro podrá excluir de la totalidad o de algunas de las disposicio-nes del presente Convenio a las siguientes categorías de personas empleadas:

a) los trabajadores con un contrato de trabajo de duración determinada o para realizar determinada tarea;

b) los trabajadores que efectúen un período de prueba o que no tengan el tiempo de servicios exigido, siempre que en uno u otro caso la dura-ción se haya fijado de antemano y sea razonable;

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Normas internacionales de trabajo vinculadas a la prueba en el proceso laboral

c) los trabajadores contratados con carácter ocasional durante un periodo de corta duración.

3. Se deberán prever garantías adecuadas contra el recurso a contratos de trabajo de duración determinada cuyo objeto sea eludir la protección que prevé el presente Convenio.

4. En la medida en que sea necesario, y previa consulta con las organizacio-nes de empleadores y de trabajadores interesadas, cuando tales organizacio-nes existan, la autoridad competente o el organismo apropiado de cada país podrá tomar medidas para excluir de la aplicación del presente Convenio o de algunas de sus disposiciones a ciertas categorías de personas empleadas cuyas condiciones de empleo se rijan por disposiciones especiales que en su conjunto confieran una protección por lo menos equivalente a la que prevé este Convenio.

5. En la medida en que sea necesario, y previa consulta con las organizacio-nes de empleadores y de trabajadores interesadas, cuando tales organiza-ciones existan, la autoridad competente o el organismo apropiado de cada país podrá tomar medidas para excluir de la aplicación del presente Conve-nio o de algunas de sus disposiciones a otras categorías limitadas de perso-nas empleadas respecto de las cuales se presenten problemas especiales que revistan cierta importancia habida cuenta de las condiciones de empleo par-ticulares de los trabajadores interesados o de la dimensión o naturaleza de la empresa que los emplea.

6. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá enumerar, en la primera memoria sobre la aplicación del Convenio que someta en virtud del artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, las categorías que hubieren sido excluidas en virtud de los párrafos 4 y 5 del presente artículo, explicando los motivos de dicha exclusión, y deberá indicar en las memorias subsiguientes el estado de su legislación y práctica respecto de las categorías excluidas y la medida en que aplica o se propone aplicar el Convenio a tales categorías.

Artículo 3

A los efectos del presente Convenio, las expresiones terminación y termina-ción de la relación de trabajo significan terminación de la relación de trabajo por iniciativa del empleador.

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PARTE II NORMAS DE APLICACIÓN GENERAL

SECCIÓN A JUSTIFICACIÓN DE LA TERMINACIÓN

Artículo 4

No se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a menos que exista para ello una causa justificada relacionada con su capacidad o su con-ducta o basada en las necesidades de funcionamiento de la empresa, estableci-miento o servicio.

Artículo 5

Entre los motivos que no constituirán causa justificada para la terminación de la relación de trabajo figuran los siguientes:

a) la afiliación a un sindicato o la participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o, con el consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo;

b) ser candidato a representante de los trabajadores o actuar o haber actuado en esa calidad;

c) presentar una queja o participar en un procedimiento entablado contra un empleador por supuestas violaciones de leyes o reglamentos, o recurrir ante las autoridades administrativas competentes;

d) la raza, el color, el sexo, el estado civil, las responsabilidades familiares, el embarazo, la religión, las opiniones políticas, la ascendencia nacional o el origen social;

e) la ausencia del trabajo durante la licencia de maternidad.

Artículo 6

1. La ausencia temporal del trabajo por motivo de enfermedad o lesión no deberá constituir una causa justificada de terminación de la relación de trabajo.

2. La definición de lo que constituye una ausencia temporal del trabajo, la medida en que se exigirá un certificado médico y las posibles limitaciones a la aplicación del párrafo 1 del presente artículo serán determinadas de con-formidad con los métodos de aplicación mencionados en el artículo 1 del presente Convenio.

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SECCIÓN B PROCEDIMIENTOS PREVIOS

A LA TERMINACIÓN O EN OCASIÓN DE ESTA

Artículo 7

No deberá darse por terminada la relación de trabajo de un trabajador por moti-vos relacionados con su conducta o su rendimiento antes de que se le haya ofre-cido la posibilidad de defenderse de los cargos formulados contra él, a menos que no pueda pedirse razonablemente al empleador que le conceda esta posibilidad.

SECCIÓN C RECURSO CONTRA LA TERMINACIÓN

Artículo 8

1. El trabajador que considere injustificada la terminación de su relación de tra-bajo tendrá derecho a recurrir contra la misma ante un organismo neutral, como un tribunal, un tribunal del trabajo, una junta de arbitraje o un árbitro.

2. Si una autoridad competente ha autorizado la terminación, la aplicación del párrafo 1 del presente artículo podrá variar de conformidad con la legisla-ción y la práctica nacionales.

3. Podrá considerarse que el trabajador ha renunciado a su derecho de recu-rrir contra la terminación de su relación de trabajo si no hubiere ejercido tal derecho dentro de un plazo razonable después de la terminación.

Artículo 9

1. Los organismos mencionados en el artículo 8 del presente Convenio estarán facultados para examinar las causas invocadas para justificar la terminación de la relación de trabajo y todas las demás circunstancias relacionadas con el caso, y para pronunciarse sobre si la terminación estaba justificada.

2. A fin de que el trabajador no esté obligado a asumir por su sola cuenta la carga de la prueba de que su terminación fue injustificada, los métodos de aplicación mencionados en el artículo 1 del presente Convenio deberán pre-ver una u otra de las siguientes posibilidades, o ambas:

a) incumbirá al empleador la carga de la prueba de la existencia de una causa justificada para la terminación, tal como ha sido definida en el artículo 4 del presente Convenio;

b) los organismos mencionados en el artículo 8 del presente Convenio estarán facultados para decidir acerca de las causas invocadas para jus-tificar la terminación habida cuenta de las pruebas aportadas por las

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partes y de conformidad con los procedimientos establecidos por la legislación y la práctica nacionales.

3. En los casos en que se invoquen para la terminación de la relación de tra-bajo razones basadas en necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio, los organismos mencionados en el artículo 8 del presente Convenio estarán facultados para verificar si la terminación se debió realmente a tales razones, pero la medida en que esos organismos estarán facultados también para decidir si esas razones son suficientes para justificar la terminación deberá determinarse por los métodos de aplicación mencionados en el artículo 1 de este Convenio.

Artículo 10

Si los organismos mencionados en el artículo 8 del presente Convenio lle-gan a la conclusión de que la terminación de la relación de trabajo es injustifi-cada y si en virtud de la legislación y la práctica nacionales no estuvieran facul-tados o no consideraran posible, dadas las circunstancias, anular la terminación y eventualmente ordenar o proponer la readmisión del trabajador, tendrán la facultad de ordenar el pago de una indemnización adecuada u otra reparación que se considere apropiada.

SECCIÓN D PLAZO DE PREAVISO

Artículo 11

El trabajador cuya relación de trabajo vaya a darse por terminada tendrá derecho a un plazo de preaviso razonable o, en su lugar, a una indemnización, a menos que sea culpable de una falta grave de tal índole que sería irrazonable pedir al empleador que continuara empleándolo durante el plazo de preaviso.

SECCIÓN E INDEMNIZACIÓN POR FIN DE SERVICIOS

Y OTRAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LOS INGRESOS

Artículo 12

1. De conformidad con la legislación y la práctica nacionales, todo trabajador cuya relación de trabajo se haya dado por terminada tendrá derecho:

a) a una indemnización por fin de servicios o a otras prestaciones análogas, cuya cuantía se fijará en función, entre otras cosas, del tiempo de servi-cios y del monto del salario, pagaderas directamente por el empleador o por un fondo constituido mediante cotizaciones de los empleadores; o

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b) a prestaciones del seguro de desempleo, de un régimen de asistencia a los desempleados o de otras formas de seguridad social, tales como las prestaciones de vejez o de invalidez, bajo las condiciones normales a que están sujetas dichas prestaciones; o

c) a una combinación de tales indemnizaciones o prestaciones.

2. Cuando el trabajador no reúna las condiciones de calificación para tener dere-cho a las prestaciones de un seguro de desempleo o de asistencia a los de-sempleados en virtud de un sistema de alcance general, no será exigible el pago de las indemnizaciones o prestaciones mencionadas en el párrafo 1, apartado a), del presente artículo por el solo hecho de que el trabajador no reciba prestaciones de desempleo en virtud del apartado b) de dicho párrafo.

3. En caso de terminación por falta grave podrá preverse la pérdida del dere-cho a percibir las indemnizaciones o prestaciones mencionadas en el párrafo 1, apartado a), del presente artículo por los métodos de aplicación mencionados en el artículo 1 del presente Convenio.

PARTE III DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS SOBRE LA TERMINACIÓN

DE LA RELACIÓN DE TRABAJO POR MOTIVOS ECONÓMICOS, TECNOLÓGICOS, ESTRUCTURALES O ANÁLOGOS

SECCIÓN A CONSULTA DE LOS REPRESENTANTES

DE LOS TRABAJADORES

Artículo 13

1. Cuando el empleador prevea terminaciones por motivos económicos, tecno-lógicos, estructurales o análogos:

a) proporcionará a los representantes de los trabajadores interesados, en tiempo oportuno, la información pertinente, incluidos los motivos de las terminaciones previstas, el número y categorías de los trabajadores que puedan ser afectados por ellas y el período durante el cual habrían de llevarse a cabo dichas terminaciones;

b) de conformidad con la legislación y la práctica nacionales, ofrecerá a los representantes de los trabajadores interesados, lo antes posible, una oportunidad para entablar consultas sobre las medidas que deban adop-tarse para evitar o limitar las terminaciones y las medidas para atenuar las consecuencias adversas de todas las terminaciones para los trabaja-dores afectados, por ejemplo, encontrándoles otros empleos.

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2. La aplicación del párrafo 1 del presente artículo se podrá limitar, mediante los métodos de aplicación mencionados en el artículo 1 del presente Conve-nio, a los casos en que el número de trabajadores cuya relación de trabajo se prevea dar por terminada sea por lo menos igual a una cifra o a un por-centaje determinados del personal.

3. A los efectos del presente artículo, la expresión representantes de los traba-jadores interesados se aplica a los representantes de los trabajadores reco-nocidos como tales por la legislación o la práctica nacionales, de conformi-dad con el Convenio sobre los representantes de los trabajadores, 1971.

SECCIÓN B NOTIFICACIÓN A LA AUTORIDAD COMPETENTE

Artículo 14

1. De conformidad con la legislación y la práctica nacionales, el empleador que prevea terminaciones por motivos económicos, tecnológicos, estructu-rales o análogos las notificará lo antes posible a la autoridad competente, comunicándole la información pertinente, incluida una constancia por escrito de los motivos de las terminaciones previstas, el número y las cate-gorías de los trabajadores que puedan verse afectados y el período durante el cual habrían de llevarse a cabo dichas terminaciones.

2. La legislación nacional podrá limitar la aplicabilidad del párrafo 1 del pre-sente artículo a los casos en que el número de trabajadores cuya relación de trabajo se prevea dar por terminada sea por lo menos igual a un número o a un porcentaje determinados del personal.

3. El empleador notificará a las autoridades competentes las terminaciones a que se hace referencia en el párrafo 1 del presente artículo con un plazo mínimo de antelación a la fecha en que se procederá a las terminaciones, plazo que será especificado por la legislación nacional.

PARTE IV DISPOSICIONES FINALES

Artículo 15

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.

Artículo 16

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organiza-ción Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Direc-tor General.

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2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el Director General.

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.

Artículo 17

1. Todo miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un periodo de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su regis-tro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya registrado.

2. Todo miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año después de la expiración del periodo de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez años, en las condiciones previstas en este artículo.

Artículo 18

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los miembros de la Organización Internacional del Trabajo el regis-tro de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización.

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación que le haya sido comunicada, el Director General llamará la atención de los Miembros de la Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio.

Artículo 19

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de con-formidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una informa-ción completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes.

Artículo 20

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Ofi-cina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir en el orden del día la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial.

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Artículo 21

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio con-tenga disposiciones en contrario:

a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las dis-posiciones contenidas en el artículo 17, siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor;

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el pre-sente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los miembros.

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el con-venio revisor.

Artículo 22

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas.

II. PRINCIPIO DE INMEDIATEZ

“II.10. Se debería considerar que el empleador ha renunciado a su dere-cho de dar por terminada la relación de trabajo de un trabajador a causa de una falta de este si no hubiera adoptado esta medida dentro de un periodo razonable desde que tuvo conocimiento de la falta” (RECOMENDACIÓN 166 de la OIT).

Nota: Se adjunta la Recomendación 166 de la OIT, para efectos prácticos.

RECOMENDACIÓN SOBRE LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO POR INICIATIVA DEL EMPLEADOR, 1982

Adopción: Ginebra, 68ª reunión CIT (22-06-1982)

Fecha de entrada en vigor: 23/11/1985

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 2 junio 1982, en su sexagésima octava reunión;

327


Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la ter-minación de la relación de trabajo por iniciativa del empleador, cuestión que constituye el quinto punto del orden del día de la reunión, y

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de una recomendación que complete el Convenio sobre la terminación de la rela-ción de trabajo, 1982, adopta, con fecha 22 de junio de mil novecientos ochenta y dos, la presente Recomendación, que podrá ser citada como la Recomenda-ción sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982:

I. MÉTODOS DE APLICACIÓN, CAMPO

DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES

1. Las disposiciones de la presente Recomendación se podrán aplicar mediante la legislación nacional, contratos colectivos, reglamentos de empresa, laudos arbitrales o sentencias judiciales, o de cualquier otra forma conforme con la práctica nacional y que resulte apropiada según las condiciones nacionales.

2.

1) La presente Recomendación se aplica a todas las ramas de actividad económica y a todas las personas empleadas.

2) Todo Miembro podrá excluir de la totalidad o de alguna de las disposi-ciones de la presente Recomendación a las siguientes categorías de per-sonas empleadas:

a) los trabajadores con un contrato de trabajo de duración determinada o para realizar determinada tarea;

b) los trabajadores que efectúen un período de prueba o que no tengan el tiempo de servicios exigido, siempre que en uno u otro caso la duración se haya fijado de antemano y sea razonable;

c) los trabajadores contratados con carácter ocasional durante un período de corta duración.

3) En la medida en que sea necesario, y previa consulta con las organiza-ciones de empleadores y de trabajadores interesadas, cuando tales orga-nizaciones existan, la autoridad competente o el organismo apropiado de cada país podrá tomar medidas para excluir de la aplicación de la presente Recomendación o de algunas de sus disposiciones a ciertas categorías de personas empleadas cuyas condiciones de empleo se rijan por disposiciones especiales que en su conjunto confieran una protec-ción por lo menos equivalente a la que prevé la Recomendación.

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4) En la medida en que sea necesario, y previa consulta con las organiza-ciones de empleadores y de trabajadores interesadas, cuando tales orga-nizaciones existan, la autoridad competente o el organismo apropiado de cada país podrá tomar medidas para excluir de la aplicación de la pre-sente Recomendación o de algunas de sus disposiciones a otras catego-rías limitadas de personas empleadas respecto de las cuales se presen-ten problemas especiales que revistan cierta importancia habida cuenta de las condiciones de empleo particulares de los trabajadores interesados o de la dimensión o naturaleza de la empresa que los emplea.

3.

1) Se deberían prever garantías adecuadas contra el recurso a contratos de trabajo de duración determinada cuyo objeto sea eludir la protección que prevén el Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982, y la presente Recomendación.

2) Con este fin, se podría, por ejemplo, prever una o varias de las siguien-tes medidas:

a) limitar la utilización de los contratos de duración determinada a los casos en que, a causa de la índole del trabajo que haya de reali-zarse, a causa de las condiciones en que deba realizarse o en razón de los intereses del trabajador, la relación de trabajo no pueda ser de duración indeterminada;

b) salvo en los casos mencionados en el apartado precedente de este subpárrafo, considerar los contratos de duración determinada como contratos de trabajo de duración indeterminada;

c) considerar que, salvo en los casos mencionados en el apartado a) del presente subpárrafo, los contratos de trabajo de duración deter-minada, cuando se renueven una o varias veces, tendrán los mismos efectos que los contratos de duración indeterminada.

4. A los efectos de la presente Recomendación, las expresiones terminación y terminación de la relación de trabajo significan terminación de la relación de trabajo por iniciativa del empleador.

II. NORMAS DE APLICACIÓN GENERAL

JUSTIFICACIÓN DE LA TERMINACIÓN

5. Además de los motivos mencionados en el artículo 5 del Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982, los siguientes tampoco deberían constituir causa justificada para la terminación de la relación de trabajo:

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a) la edad, sin perjuicio de la legislación y la práctica nacionales con res-pecto a la jubilación;

b) la ausencia del trabajo debido al servicio militar obligatorio o al cum-plimiento de obligaciones cívicas de conformidad con la legislación y la práctica nacionales.

6.

1) La ausencia temporal del trabajo por motivo de enfermedad o lesión no debería constituir una causa justificada de terminación de la relación de trabajo.

2) La definición de lo que constituye una ausencia temporal del trabajo, la medida en que se exigirá un certificado médico y las posibles limi-taciones a la aplicación del subpárrafo 1) del presente párrafo deberían determinarse de conformidad con los métodos de aplicación menciona-dos en el párrafo 1 de la presente Recomendación.

PROCEDIMIENTOS PREVIOS A LA TERMINACIÓN O EN OCASIÓN DE ESTA

7. No debería darse por terminada la relación de trabajo de un trabajador por una falta cuya índole, en virtud de la legislación o la práctica nacional, solo justifi-caría la terminación en caso de reincidencia una o varias veces, a menos que el empleador haya prevenido por escrito al trabajador de manera apropiada.

8. No debería darse por terminada la relación de trabajo de un trabajador por desempeño insatisfactorio, a menos que el empleador le haya dado las ins-trucciones apropiadas y le haya advertido por escrito y el trabajador siga realizando su labor en forma insatisfactoria después de haber transcurrido un periodo razonable para que la mejore.

9. Todo trabajador debería tener derecho a contar con la asistencia de otra per-sona cuando, de conformidad con lo previsto en el artículo 7 del Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982, se defienda de cargos acerca de su conducta o su trabajo que puedan llevar a la terminación de su relación de trabajo; este derecho puede ser regulado por los métodos de aplicación previstos en el párrafo 1 de la presente Recomendación.

10. Se debería considerar que el empleador ha renunciado a su derecho de dar por terminada la relación de trabajo de un trabajador a causa de una falta de este si no hubiera adoptado esta medida dentro de un periodo razonable desde que tuvo conocimiento de la falta.

330


11. El empleador podría consultar a los representantes de los trabajadores antes de adoptar una decisión definitiva en los casos de terminación individual de la relación de trabajo.

12. El empleador debería notificar por escrito al trabajador la decisión de dar por terminada su relación de trabajo.

13.

1) El trabajador a quien se haya notificado la terminación de su relación de trabajo o cuya relación de trabajo se haya dado por terminada debe-ría tener derecho a que su empleador le extienda, a su pedido, una constancia por escrito en la que se exponga el motivo o los motivos de tal terminación.

2) No será necesario aplicar la disposición del subpárrafo 1) del presente párrafo en los casos de terminación colectiva que se produjeren por los motivos mencionados en los artículos 13 y 14 del Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982, a reserva de que se obser-ven los procedimientos en ellos previstos.

RECURSO CONTRA LA TERMINACIÓN

14. Se podrá prever un procedimiento de conciliación antes de interponer un recurso contra una terminación de la relación de trabajo o durante el mismo.

15. Las autoridades públicas, los representantes de los trabajadores y las orga-nizaciones de trabajadores deberían esforzarse por asegurar que los trabaja-dores estén plenamente informados acerca de las posibilidades de recurso de que disponen.

TIEMPO LIBRE DURANTE EL PERIODO DE PREAVISO

16. Durante el plazo de preaviso previsto en el artículo 11 del Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982, el trabajador debería tener derecho a períodos de tiempo libre razonables, sin pérdida de remunera-ción, que tomará en momentos convenientes para ambas partes, con el fin de buscar otro empleo.

CERTIFICADO DE TRABAJO

17. Todo trabajador cuya relación de trabajo se haya dado por terminada debe-ría tener derecho a recibir, a solicitud suya, un certificado del empleador en que se indiquen sólo las fechas de comienzo y de terminación de la relación de trabajo y la naturaleza de las tareas que desempeñaba. Sin embargo, a solicitud del trabajador, podría incluirse una evaluación de su conducta y de su trabajo en ese mismo certificado o en un segundo certificado.

331


INDEMNIZACIÓN POR FIN DE SERVICIOS Y OTRAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LOS INGRESOS

18.

1) De conformidad con la legislación y la práctica nacionales, todo traba-jador cuya relación de trabajo se haya dado por terminada debería tener derecho:

a) a una indemnización por fin de servicios o a otras prestaciones análogas, cuya cuantía se fijará en función, entre otras cosas, del tiempo de servicios y del monto del salario, pagaderas directamente por el empleador o por un fondo constituido mediante cotizaciones de los empleadores; o

b) a prestaciones del seguro de desempleo, de un régimen de asisten-cia a los desempleados o de otras formas de seguridad social, tales como las prestaciones de vejez o de invalidez, bajo las condiciones normales a que están sujetas dichas prestaciones; o

c) a una combinación de tales indemnizaciones o prestaciones.

2) Cuando el trabajador no reúna las condiciones de calificación para tener derecho a las prestaciones de un seguro de desempleo o de asis-tencia a los desempleados en virtud de un sistema de alcance general, no sería exigible el pago de las indemnizaciones o prestaciones men-cionadas en el subpárrafo 1), apartado a), del presente párrafo por el solo hecho de que el trabajador no reciba prestaciones de desempleo en virtud del apartado b) de dicho subpárrafo.

3) En caso de terminación por falta grave podría preverse la pérdida del derecho a percibir las indemnizaciones o prestaciones mencionadas en el subpárrafo 1), apartado a), de este párrafo, por los métodos de apli-cación mencionados en el párrafo 1 de la presente Recomendación.

III. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS SOBRE LA TERMINACIÓN

DE LA RELACIÓN DE TRABAJO POR MOTIVOS ECONÓMICOS, TECNOLÓGICOS, ESTRUCTURALES O ANÁLOGOS

19.

1) Todas las partes interesadas deberían tratar de evitar o limitar en todo lo posible la terminación de la relación de trabajo por motivos económi-cos, tecnológicos, estructurales o análogos, sin perjuicio para el funciona-miento eficaz de la empresa, establecimiento o servicio, y esforzarse por

332


atenuar las consecuencias adversas de toda terminación de la relación de trabajo por estos motivos para el trabajador o los trabajadores interesados.

2) Cuando proceda, la autoridad competente debería ayudar a las partes a buscar soluciones a los problemas que planteen las terminaciones previstas.

Consultas sobre cambios importantes en la empresa

20.

1) El empleador que prevea la introducción en la producción, el programa, la organización, la estructura o la tecnología de cambios importantes sus-ceptibles de provocar terminaciones debería consultar lo antes posible a los representantes de los trabajadores interesados, entre otras cosas, sobre la introducción de tales cambios, sus posibles repercusiones y las medi-das para prevenir o atenuar sus efectos perjudiciales.

2) A fin de que los representantes de los trabajadores interesados puedan participar eficazmente en las consultas a que se hace referencia en el subpárrafo 1) del presente párrafo, el empleador debería proporcionar-les en tiempo oportuno toda la información pertinente sobre los cam-bios importantes previstos y sus posibles repercusiones.

3) A los efectos del presente párrafo, la expresión representantes de los trabajadores interesados se aplica a los representantes de los trabajado-res reconocidos como tales por la legislación o la práctica nacionales, de conformidad con el Convenio sobre los representantes de los traba-jadores, 1971.

MEDIDAS PARA EVITAR O LIMITAR AL MÁXIMO LAS TERMINACIONES

21. Entre las medidas que deberían considerarse con miras a evitar o limitar al máximo las terminaciones por motivos económicos, tecnológicos, estructu-rales o análogos podrían figurar la restricción de la contratación de perso-nal, el recurso a la disminución natural del personal sin reponer las bajas durante cierto período, los traslados internos, la formación y el readiestra-miento de los trabajadores, el retiro anticipado voluntario con la adecuada protección de los ingresos, la disminución de las horas extraordinarias y la reducción de la duración normal del trabajo.

22. Cuando se estime que una reducción temporal de la duración normal del tra-bajo podría evitar o limitar las terminaciones de la relación de trabajo debi-das a dificultades económicas pasajeras, convendría tomar en consideración

333


el otorgamiento de una compensación parcial por la pérdida de los salarios correspondientes a las horas normales no trabajadas, financiada según méto-dos adecuados conformes a la legislación y la práctica nacionales.

CRITERIOS DE SELECCIÓN A EFECTOS DE LA TERMINACIÓN

23.

1) La selección por el empleador de los trabajadores cuya relación de tra-bajo vaya a darse por terminada por motivos económicos, tecnológi-cos, estructurales o análogos debería efectuarse según criterios, en lo posible fijados de antemano, que tengan debidamente en cuenta tanto los intereses de la empresa, establecimiento o servicio como los de los trabajadores.

2) Estos criterios, su orden de prelación y su importancia relativa deberían determinarse por los métodos de aplicación mencionados en el párrafo 1 de la presente Recomendación.

Prioridad de readmisión

24.

1) Los trabajadores cuya relación de trabajo se haya dado por terminada por motivos económicos, tecnológicos, estructurales o análogos debe-rían gozar de cierta prioridad para ser readmitidos si el empleador vuelve a contratar trabajadores con calificaciones comparables, a con-dición de que hubieran indicado su deseo de ser readmitidos dentro de cierto plazo a partir de la terminación.

2) La prioridad de readmisión podría limitarse a un periodo determinado.

3) El orden de prelación de los criterios de readmisión, las cuestiones relativas a la conservación de derechos, en particular de los derechos de antigüedad en caso de readmisión, y las disposiciones en materia de salario de los trabajadores readmitidos deberían determinarse de con-formidad con los métodos de aplicación mencionados en el párrafo 1 de la presente Recomendación.

ATENUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA TERMINACIÓN

25.

1) En caso de terminación de la relación de trabajo por motivos econó-micos, tecnológicos, estructurales o análogos, debería promoverse con medidas adecuadas a las circunstancias nacionales tomadas por la

334


autoridad competente, en lo posible con la colaboración del empleador y de los representantes de los trabajadores interesados, la colocación lo antes posible de los trabajadores afectados en otros empleos apropia-dos, impartiendo a dichos trabajadores, llegado el caso, la formación o el readiestramiento necesarios.

2) Siempre que sea posible, el empleador debería ayudar a los trabajado-res afectados a buscar otro empleo adecuado, por ejemplo, mediante contactos directos con otros empleadores.

3) Al ayudar a los trabajadores afectados a obtener otro empleo adecuado o a recibir la formación o el readiestramiento necesarios se podrían tener en cuenta el Convenio y la Recomendación sobre desarrollo de los recursos humanos, 1975.

26.

1) Con miras a atenuar las consecuencias perjudiciales de las terminacio-nes de la relación de trabajo por motivos económicos, tecnológicos, estructurales o análogos, se debería considerar la posibilidad de propor-cionar una protección de los ingresos durante cualquier curso de forma-ción o de readiestramiento y el reembolso parcial o total de los gastos en que se haya incurrido para la formación o readiestramiento y para la búsqueda de un empleo, así como para la incorporación al mismo, cuando ésta implique cambio de residencia.

2) De conformidad con la legislación y la práctica nacionales, la autoridad competente debería estudiar la posibilidad de otorgar recursos financie-ros que cubran en todo o en parte el costo de las medidas a que se hace referencia en el subpárrafo 1) del presente párrafo.

IV. EFECTOS SOBRE LA RECOMENDACIÓN ANTERIOR

27. Esta Recomendación y el Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982, reemplazan a la Recomendación sobre la terminación de la relación de trabajo, 1963.

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337

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ÍNDICE GENERAL

343

ÍNDICE GENERAL

Prólogo (Omar Toledo) ............................................................................... 7Introducción ............................................................................................... 9

CAPÍTULO I

LA PRUEBA: ASPECTOS GENERALES DE LA PRUEBA

I. Definición de la prueba ..................................................................... 17II. Objeto de la prueba ........................................................................... 18III. Finalidad de la prueba ....................................................................... 19IV. Los medios probatorios ..................................................................... 22

1. Medios probatorios típicos y atípicos ..................................... 231.1. Prueba directa o inmediata o principales ..................... 251.2. Prueba indirecta o mediata o accesorias....................... 26

2. Principios de los medios probatorios ...................................... 262.1. Principio de adquisición ................................................ 262.2. Principio de contradicción ............................................ 262.3. Principio de pertinencia ................................................ 27

V. Aspectos de la prueba vinculados a su concepto .............................. 271. Fuente de prueba ...................................................................... 272. Elemento de prueba ................................................................. 283. Órgano de prueba .................................................................... 284. Medio de prueba ...................................................................... 285. Objeto de prueba ...................................................................... 296. Oportunidad de la prueba ........................................................ 29

VI. El derecho fundamental a probar ...................................................... 31

344


CAPÍTULO II

ASPECTOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD PROBATORIA EN LA NUEVA LEY

PROCESAL DEL TRABAJO

I. Nueva regulación de la actividad probatoria en la Nueva Ley Proce-sal Laboral ........................................................................................ 37

II. Principios de la Nueva Ley Procesal Laboral y su relación con la actividad probatoria .......................................................................... 39

III. Oportunidad en la presentación de los medios probatorios ............. 411. El principio de oportunidad en la presentación de los medios

probatorios .............................................................................. 422. La excepción a la regla: pruebas extemporáneas .................... 433. Situaciones excepcionales relacionadas con las pruebas extem-

poráneas y posibles nulidades.................................................. 433.1. Ofrecimiento de la prueba en apelación ....................... 43

IV. El significado de la oralidad ............................................................ 44V. Objeto de la prueba ........................................................................... 47

1. Hechos objeto de prueba .......................................................... 471.1. Hechos articulados ........................................................ 47

1.1.1. Los hechos nuevos .............................................. 471.1.2. Los hechos no considerados en la demanda ....... 481.1.3. Los hechos negativos ........................................... 481.1.4. Los hechos sobrevinientes ................................... 481.1.5. Los hechos simples .............................................. 48

1.2. Hechos controvertidos .................................................. 481.3. Hechos conducentes ...................................................... 49

2. Hechos exentos de prueba........................................................ 492.1. Hechos admitidos por las partes ................................... 492.2. Hechos presumidos por la Ley ...................................... 492.3. Hechos recogidos en resolución judicial con calidad de

cosa juzgada .................................................................. 502.4. Hechos notorios............................................................. 502.5. Hechos imposibles ........................................................ 51

Índice general

345

VI. Máximas de experiencia ................................................................... 51VII. Hechos de conocimiento personal del juez ....................................... 52VIII. Etapas de la actuación probatoria y los principios que la delimitan ... 52

1. El ofrecimiento de la prueba .................................................... 541.1. Principio de eventualidad o preclusión ........................ 55

2. La admisión de la prueba ......................................................... 562.1. Las pruebas impertinentes, improcedentes e innecesarias 572.2. Principio de pertinencia de la prueba .......................... 582.3. Principio de idoneidad o conducencia de los medios

probatorios .................................................................... 582.4. Principio de utilidad de los medios probatorios ........... 582.5. Principio de licitud de los medios probatorios .............. 59

3. La actuación probatoria ........................................................... 613.1. Principio de publicidad ................................................. 623.2. Principio de inmediación y de dirección del juez en la

producción de la prueba ................................................ 633.3. Principio de concentración ........................................... 643.4. Principio de contradicción ............................................ 64

4. La valoración de la prueba ....................................................... 644.1. Principio de unidad ...................................................... 664.2. Sistema de valoración de los medios probatorios: la

prueba tasada, la libre apreciación de la prueba y la regla de la sana crítica .................................................. 664.2.1. Prueba tasada, tarifada o legal ............................ 664.2.2. Libre apreciación de la prueba............................ 674.2.3. Regla de la sana crítica ...................................... 67

5. La conservación de los medios probatorios ............................. 68

CAPÍTULO III

LA ACTIVIDAD PROBATORIA EN LA ETAPA DE LA ACTUACIÓN PROBATORIA

I. Objeto de la actuación probatoria ..................................................... 71II. Medios probatorios que pueden actuarse ......................................... 72

346


1. Orden de actuación de los medios de prueba .......................... 731.1. Declaración de parte .................................................... 73

1.1.1. Declaración asimilada ......................................... 741.2. Declaración testimonial ................................................ 751.3. Exhibición de documentos ............................................ 77

1.3.1. Las planillas de pago ...................................... 781.3.2. Las boletas de pago .......................................... 791.3.3. Registro del control de asistencia .................... 811.3.4. Registro del Sistema de Gestión de la Seguridad

en el Trabajo ..................................................... 821.3.5. Registro de accidentes de trabajo, enfermedades

ocupacionales e incidentes peligrosos ............. 831.3.6. Plazo de conservación de documentos ........... 831.3.7. Casos de ineficacia probatoria de un docu-

mento ............................................................... 831.3.8. Modalidades en la actuación probatoria de los

documentos ...................................................... 841.4. Pericia ........................................................................... 841.5. Inspección judicial ........................................................ 881.6. Prueba anticipada .......................................................... 89

1.6.1. Oposición al trámite ......................................... 911.6.2. Articulaciones improcedentes ......................... 911.6.3. Disposiciones específicas ................................. 91

2. Forma de los interrogatorios .................................................... 922.1. Técnicas del interrogatorio ........................................... 932.2. El contrainterrogatorio .................................................. 93

3. Personas que se encuentran prohibidas de declarar................. 94

CAPÍTULO IV

LA CARGA DE LA PRUEBA

I. La carga de la prueba ........................................................................ 97II. Circunstancias que el trabajador está obligado a probar .................. 99

Índice general

347

1. Acreditar la prestación personal de servicios .......................... 991.1. Acreditada la prestación personal de servicios, se pre-

sume la existencia de vínculo laboral a plazo indetermi-nado, salvo prueba en contrario .................................... 100

1.2. Presunción de la prestación o presunción de laboralidad 1002. Probar la existencia del despido .............................................. 1013. Probar la fuente normativa que sustente su reclamo de origen

distinto al constitucional o legal .............................................. 1014. Probar el motivo de nulidad del despido invocado .................. 1025. Probar los actos de hostilidad del empleador .......................... 1026. Probar la existencia del daño alegado ...................................... 103

III. Hechos que el empleador tiene a su cargo probar ............................. 1041. El pago, el cumplimiento de sus obligaciones contenidas en

las leyes, los convenios colectivos de trabajo, el reglamento interno de trabajo, el contrato individual de trabajo y la cos-tumbre laboral .......................................................................... 104

2. La existencia de un motivo razonable distinto al hecho lesivo alegado ..................................................................................... 104

3. El estado del vínculo laboral y la causa del despido ............... 104

CAPÍTULO V

LA INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA

I. La inversión de la carga de la prueba ............................................... 107II. La presunción laboral ....................................................................... 109

CAPÍTULO VI

LA PRUEBA DE OFICIO

I. Prueba de oficio ................................................................................ 1131. Su relación con los sistemas procesales: sistema dispositivo e

inquisitivo ................................................................................ 1142. Circunstancias en las que se presenta ...................................... 115

348


II. Límites a la prueba de oficio ............................................................. 115III. La prueba de oficio puede ser actuada solo hasta el trámite de

segunda instancia .............................................................................. 116

CAPÍTULO VII

SUCEDÁNEOS DE LOS MEDIOS PROBATORIOS

I. Sucedáneos de los medios probatorios ............................................. 1211. Indicios .................................................................................... 1222. Presunciones procesales .......................................................... 123

2.1. Presunción legal ............................................................... 1232.1.1. Presunción legal relativa ..................................... 1242.1.2. Presunción legal absoluta .................................... 124

2.2. Presunción judicial .......................................................... 1243. La ficción legal ......................................................................... 125

CAPÍTULO VIII

CUESTIONES PROBATORIAS

I. Cuestiones probatorias ...................................................................... 1291. Tacha ........................................................................................ 1302. Oposición ................................................................................. 1313. Tacha u oposición sobreviniente .............................................. 132

CAPÍTULO IX

JURISPRUDENCIA SOBRE LA PRUEBA EN EL PROCESO LABORAL

I. Nociones previas ............................................................................... 135II. La prueba laboral en la jurisprudencia del Tribunal Constitucio-

nal ............................................................................................. 136

Índice general

349

III. La prueba laboral en la jurisprudencia casatoria de la Corte Suprema de Justicia y del Poder Judicial ........................................................ 1571. Generalidades del proceso laboral ........................................... 1572. Principios de la Nueva Ley Procesal del Trabajo - Ley

Nº 29497 ........................................................................... 1682.1. Principio de inmediación .................................................. 1682.2. Principio de oralidad ........................................................ 1692.3. Principio de concentración ............................................... 1712.4. Principio de celeridad ....................................................... 1722.5. Principio de economía procesal ....................................... 1742.6. Principio de veracidad ...................................................... 175

3. Actuaciones procesales ............................................................ 1764. Medios impugnatorios ............................................................. 192

4.1. Nulidad ............................................................................ 1924.2. Casación ........................................................................... 1934.3. Apelación .......................................................................... 1964.4. Queja ................................................................................ 197

5. Debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva ................... 1996. Motivación de las resoluciones y el principio de congruencia ... 2047. Medios probatorios .................................................................. 2148. Incumplimientos de normas y disposiciones laborales ........... 240

CAPÍTULO X

LEY PROCESAL DEL TRABAJO

I. Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley Nº 29497 ............................... 251II. Anterior Ley Procesal del Trabajo, Ley Nº 26636 ............................ 285

350


CAPÍTULO XI

NORMAS INTERNACIONALES DE TRABAJO VINCULADAS A LA PRUEBA EN

EL PROCESO LABORAL

I. Carga de la prueba en los despidos lesivos a derechos constitucio-nales .................................................................................................. 317

II. Principio de inmediatez .................................................................... 326

Bibliografía ................................................................................................ 337Índice general ............................................................................................. 343

Este libro se terminó de imprimir en mayo de 2019 en los talleres gráficos de Imprenta Editorial El Búho E.I.R.L.

San Alberto Nº 201, Surquillo Central: 242-2281

Lima, Perú

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LA PRUEBA EN EL PROCESO LABORAL...Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley N 29497, a fin de superar las vicisitu-des surgidas con la ley anterior, Ley N 26636, regula un tipo de proceso