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LA REPUBLICA DE LAS | LA REPUBLICA | DOMINGO 10.06.2012 | Nº 983 | MUJERES El Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo Uruguay (Ciedur) conjuntamente con la Red de Género y Familia, actualmente están trabajando en un proyecto que pretende, VISIÓN DE GÉNERO, LO QUE NO PUEDE FALTAR EN UN SISTEMA DE CUIDADOS además de generar insumos para su construcción, incidir en la política de cuidados del país. Clara Fassler y Alma Espino dialogaron con La República de las Mujeres sobre el rol que han jugado y deben continuar jugando las organizaciones de mujeres, en el proceso de implementación de un sistema nacional integrado de cuidados. APORTES DE ORGANIZACIONES SOCIALES

La Republica de Las Mujeres

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Suplemento Uruguayo del 10/06/2012

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Page 1: La Republica de Las Mujeres

1DOMINGO 03.06.12

LA REPUBLICA DE LAS

| LA REPUBLICA | DOMINGO 10.06.2012 | Nº 983 |

MUJERES

El Centro Interdisciplinario de Estudios

sobre el Desarrollo Uruguay (Ciedur)

conjuntamente con la Red de Género y

Familia, actualmente están trabajando

en un proyecto que pretende,

VISIÓN DE GÉNERO,LO QUE NO PUEDE FALTAR EN UN SISTEMA DE

CUIDADOSademás de generar insumos para su construcción, incidir en la política de cuidados del

país. Clara Fassler y Alma Espino dialogaron con La República de las Mujeres sobre el rol

que han jugado y deben continuar jugando las organizaciones de mujeres, en el proceso

de implementación de un sistema nacional integrado de cuidados.

APORTES DE ORGANIZACIONES

SOCIALES

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2 LA REPÚBLICA DE LAS MUJERES LA REPÚBLICA DOMINGO 10.06.12

MUJERESLA REPUBLICA DE LAS

Editora: Isabel Villar E.mail: [email protected]. Redacción: Garibaldi 2579 Teléfono: 2487 3565. Fax.: 2487 2419www.diariolarepublica.net

ISABEL PÉREZ

“Cuidemos junt@s” es el nombre de un proyecto que cuen-

ta con el apoyo de la Unión Europea y tiene por objetivo “lograr que el diseño y la im-plementación del futuro Siste-ma Nacional de Cuidados, in-cluya las necesidades e intere-ses de las mujeres uruguayas, y promueva la equidad entre hombres y mujeres”.El sistema que está en cons-trucción (ver La República de las Mujeres, domingo 25 de marzo de 2012), pretende co-responsabilizar tanto al Esta-do y a la sociedad a nivel ma-cro, como a varones y mujeres en los hogares, respecto de las tareas de cuidado de personas que no pueden autovalerse.En la visión de Alma Espino, investigadora de Ciedur, “hay muchas razones por las cua-les es importante construir un sistema de cuidados, pero para las feministas hay una razón que es fundamento de nuestro quehacer, que es la igualdad de género”.Según el módulo de uso del tiempo y trabajo no remunera-do incorporado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2007 a la Encuesta de Hoga-res, las mujeres dedican al tra-bajo no remunerado (domésti-co y de cuidados) más del do-ble de tiempo que los hombres.Desde esta certeza es que, para las organizaciones que ejecutan el referido proyecto, pensar en que exista un sis-tema que garantice los servi-cios de cuidados para toda la población que hoy no existen o son escasos, y que al mismo tiempo incorpore la perspecti-va de que el problema afecta especialmente a las mujeres en la división del trabajo, son dos requisitos fundamentales para este proceso.“Objetivamente, la sociedad no ofrecía alternativas para

pretende incidir directamente en el diseño de la política.Una de sus propuestas es la necesidad de incorporar, tanto en la institucionalidad del sis-tema, en los criterios de priori-zación de las personas benefi-ciarias como en las prestacio-nes y servicios que se brinden, el enfoque de género.

Mirada transversalRespecto a la institucionali-dad, explica Fassler, es impres-cindible que exista un “meca-nismo de género” que garan-tice que en todas las acciones, programas, organismos que se creen, sea tenida en cuenta la necesidad de la equidad. Para las entrevistadas y los equipos de trabajo en los que están inmersas, de no ser así la responsabilidad “se diluye”, siendo un problema luego para demandar y pedir cuen-tas por lo realizado.Sin embargo, no consideran que necesariamente deba crearse para ello una nueva institución: podría cumplir ese rol el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), dicen. De todos modos, el me-canismo sí debería ocupar un lugar dentro del organigrama institucional del sistema, en la

aquellas mujeres que querían hacer algo diferente (del cui-dado en el hogar), y las que hacíamos algo diferente, es-tábamos siempre haciendo las cosas complicadamente en los dos lados”, explica Cla-ra Fassler, coordinadora de la Red de Género y Familia.

El valor del cuidado De hecho, uno de los primeros avances de este sistema sería el reconocimiento del cuidado como un derecho y de quienes cuidan como trabajadores y trabajadoras, quitándole la sub-valoración que hoy tiene dedi-carse a cuidar tanto a niños y niñas como a personas adultas mayores y con discapacidad.Si bien tanto Ciedur como la Red de Género y Familia han tenido un diálogo permanen-te con quienes se encuentran

trabajando el tema desde el Estado (cabe recordar que es el movimiento de mujeres el que coloca en la agenda social el tema, que luego es tomado por la agenda de gobierno), en la actualidad los aportes se vuelven más específicos y concretos.Y esto porque el sistema na-cional de cuidados ya está en la etapa de diseño y se preveé que este año se elabore una ley que lo regule, mientras paralelamente se ejecutan los primeros programas piloto en algunas zonas de nuestro país. En este marco, el documento “Dimensiones a considerar para la incorporación del en-foque de género al Sistema Nacional Integrado de Cui-dados”, elaborado en el mar-co del proyecto “Cuidemos junt@s”, de mayo de este año,

Por dónde empezar El trabajo de las instituciones académicas y de incidencia política de mu-jeres considera que los criterios de vulnerabilidad social y funcional de la persona dependiente, no son suficientes desde la perspectiva de género.Mirando desde ella, aparece también la necesidad de pensar en la situa-ción de quien cuida, “en términos de tiempo y disponibilidad para hacerlo” y allí las personas que trabajan y tienen personas dependientes a cargo, especialmente si tienen escasos recursos económicos, aparecen como más vulnerables. Entre otros elementos, por la extensión de su jornada de trabajo, la sobrecarga de trabajo y el estrés que les generan las responsabi-lidades asociadas al cuidado.Según Ciedur y la Red de Género y Familia, priorizar a quienes trabajan y de esas personas a quienes tienen menores ingresos, “es coherente con una política de desarrollo nacional que implica un incremento de la fuerza de trabajo y de su calificación”, para lo que el ingreso de las mujeres al merca-do de trabajo es sustantivo.A su vez, y respecto de los servicios, los criterios a tener en cuenta que aportan las organizaciones son: acceso (tanto económico como en la orga-nización de horarios y duración de la atención); calidad y ruptura de este-reotipos de roles de género.En cuanto a las prestaciones, proponen medidas específicas para madres o mujeres con hijos menores a cargo, para padres o varones a cargo, para personas que cuidan en lo familiar, así como servicios de apoyo para quie-nes cuiden.De algún modo, y en coincidencia con Andrés Scagliola, director de Políti-cas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), cartera que lidera el proceso de construcción interinstitucional de la política de cuidados, las organizaciones de mujeres advierten que puede realizarse una política de cuidados sin que ello sea suficiente para que el objetivo de la equidad en el cuidado sea un hecho.

VISIÓN DE GÉNERO,LO QUE NO PUEDE FALTAR EN UN SISTEMA DE

CUIDADOS

Alma Espino: para las

feministas es fundamental la

igualdad de género.

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3LA REPÚBLICA DE LAS MUJERESLA REPÚBLICADOMINGO 10.06.12

GABRIEL LÓPEZ (*)

El pasado 4 de junio comenzaron, en el Esta-dio Municipal Charrúa de Montevideo, los trabajos de la Selección Sub 14 de Uruguay con vistas al Cam-peonato Sudamericano Sub 17 de 2014, que otorga tres plazas de nuestro continen-te a la Copa del Mundo Sub 17 que se llevará a cabo en Costa Rica.

Las tareas fueron dirigi-das por el coordinador de-portivo de las selecciones nacionales, Jorge Burgell, el asistente técnico José Luis Yeraci, la preparadora física Lucía Maissoneuve, el pre-parador físico Nicolás Sie-rra y el entrenador de gole-ras Leonardo Romay. Tam-bién colaboraron la fisiote-rapeuta Jimena Suárez y la equipier Johana Chávez.

El primer grupo de 30 jóvenes pertenece mayor-mente a los clubes que ac-tualmente están participan-do del Torneo Preparación Metropolitano Sub 15. Tam-bién estuvo una invitada del City Park de Canelones y otra de la Escuela de Fútbol Femenino de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) que dirigen Maissoneuve y Sierra.

Para la previa a los ensa-yos físicos y tácticos, fueron invitados familiares de las adolescentes, que acudie-ron en cantidad cercana a los 35, entre madres, padres, abuelos y hermanos.

En el inicio de la orato-ria, Burgell hizo hincapié en que padres y madres son

tan importantes como las jóvenes futbolistas, ya que desde sus respectivas casas surge el envión hacia el éxi-to deportivo.

Dentro del cuerpo técni-co hizo su debut el ex golero Leonardo Romay, varias ve-ces campeón de certámenes uruguayos con Nacional y Defensor Sporting, quien entre su trayectoria también militó en la selección cha-rrúa y en el fútbol mexica-no. Recientemente y a sus 42 años de edad, Romay se vinculó por primera vez a tareas en fútbol femenino, por lo que el balompié de las mujeres recibió un salto de calidad inesperado, ya que el ex golero aplicará sus experiencias en diferentes escenarios por más de vein-te años. Desde ya, las cuatro guardametas convocadas tuvieron la oportunidad de trabajar junto a Romay du-rante cuarenta minutos.

Las demás jóvenes tra-bajaron con Maissoneuve y Sierra en la actividad física; mientras que Yeraci las divi-dió en tres equipos para así desempeñar tareas tácticas y de juego en campo.

Este grupo de treinta jó-venes fue el primero en ser evaluado, las citaciones conti-nuarán llegando hasta fin de año y se harán efectivas en la última semana de cada mes.

Posiblemente el núme-ro de futbolistas citadas supere las cien, un hecho de carácter histórico y por demás significativo ya que facilitará que en 2014 se vea la mejor selección uruguaya de fútbol femenino de todos

TREINTA JÓVENES EMPEZARON A ENTRENAR

En marcha la Selección de Fútbol Femenino Sub 15

los tiempos. A esto se debe agregar que

las deportistas llegan con una importante base técnica del baby fútbol, merced al nota-ble trabajo de la Organización Nacional de Fútbol Infantil (ONFI), que desde el año 2005 viene realizando campeona-tos de niñas entre 5 y 13 años, con un promedio anual de 1.200 activas no solo en con-juntos exclusivamente feme-ninos sino también movilizán-dose en diferentes categorías mixtas.

Para el balompié charrúa femenino es un hecho muy importante la organización de un Campeonato Nacional, donde tendrán acción unas 380 jóvenes futbolistas naci-das en los años 1997, 1998 y 1999.

Además, el certamen con-tará seguramente con un buen número de árbitras mujeres, ya que el referato uruguayo está recibiendo cada vez más jóvenes juezas, que también están ganando su espacio en este deporte.

Por otra parte, aquellas chicas que cuenten con edad Sub 15 y que no integren los 19 clubes participantes del torneo, también serán toma-das en cuenta para futuras convocatorias de la selección celeste, sin importar el pun-to cardinal en el que residan dentro de nuestro país.

En la zona metropolitana hay cerca de 30 clubes de fút-bol de mujeres y en el resto del país pueden contarse otros 50.

(*) Integrante de la Mesa de Trabajo para el Campeona-to Nacional Sub 15.

BANCO MUNDIAL

Más ingresos para las mujeres no eliminan la disparidad de géneroEn la mayoría de los países en desarrollo las mujeres se ocupan en ac-tividades económicas menos productivas que los hombres, y perciben ingresos inferiores debido a que ellas destinan más tiempo al cuidado de la familia y tienen menos acceso a propiedades y a créditos, reco-noce el Banco Mundial (BM). En el “Informe sobre el desarrollo mundial 2012; panorama general de igualdad de género y desarrollo”, el BM sostiene que además de esos factores, el trato discriminatorio que hay en los mercados e institucio-nes limitan las oportunidades de las mujeres. El estudio refiere que el aumento en los ingresos de las trabajadoras influye para disminuir la disparidad, pero no la elimina porque persiste el resto de dificultades que ellas deben afrontar. En la mayor parte del mundo, sin importar el nivel de ingresos de los países, las mujeres tienen una “responsabilidad desproporcionada” en el cuidado de otras personas y en las labores domésticas, mientras que los hombres se dedican sobre todo a ocupaciones remuneradas fuera del hogar. Ellas dedican entre una y tres horas más a las labores domésticas, y de dos a diez veces más de tiempo destinado al cuidado de sus hijas, hijos, personas adultas mayores, enfermas o con alguna discapaci-dad. Su mayor ocupación en el cuidado impacta en su bienestar y resta entre una y cuatro horas al tiempo que dedican a actividades en el mercado laboral. Aun cuando ellas dediquen más tiempo al trabajo remunerado fuera del ámbito familiar, todavía son las principales responsables de cuidar a otras personas y realizar las tareas domésticas. Otro factor que limita las oportunidades de las mujeres es su menor acceso a bienes y al crédito, el cual continúa a pesar del aumento en el nivel educativo de las mujeres. (Cimac Noticias)

visión de las organizaciones.Por otro lado, el sistema debe-ría incluir, de forma sistemá-tica, la visión de las mujeres organizadas en el monitoreo y seguimiento, para lo cual habría que contemplar un mecanismo institucional que posibilite el diálogo perma-nente de la sociedad civil con el Estado, afirman.En cuanto a la población que debe priorizar el sistema na-cional de cuidados en su apli-cación inicial, las organiza-ciones consideran que, dado que no es posible comenzar con todo el universo de inme-diato, la elección debe tener en cuenta dos criterios: “cohe-rencia con la política social y de desarrollo del país, y posi-bilidad de aumento de la via-bilidad de la propia política”.

Clara Fassler: a todo nivel debe tenerse en cuenta la equidad.

Entrenando en el Estadio Charrúa.

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4 LA REPÚBLICA DE LAS MUJERES LA REPÚBLICA DOMINGO 10.06.12

PRÁCTICA FORENSE EN VIOLENCIA DOMÉSTICA

En el marco del proyecto “Es tiempo de justicia de género”, el pasado 7 de junio se presentó una Acción de petición ante la Suprema Corte de Justicia. Fundada en el artículo 30 de la Constitución de la República, fue impetrada por personas referentes en la lucha por los derechos humanos de las mujeres y más de 90 organizaciones, grupos, colectivos y redes que las nuclean y trabajan en la materia. Al máximo órgano de Justicia se le pide un pronunciamiento mediante Acordada, en relación a prácticas forenses que no se ajustan a la legislación nacional e interna-cional vigente sobre violencia doméstica y que se pretenden erradicar de los tribunales.

Primera acción de peticiónante la Suprema Corte de Justicia

La convocatoria fue rea-lizada por la organiza-ción no gubernamental

Mujer Ahora, con el aval de la Red Uruguaya contra la Vio-lencia Doméstica y Sexual, CNS Mujeres por Democra-cia, Equidad y Ciudadanía, Red Canarias en Movimiento, Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cla-dem), Centro de Archivos y Acceso a la Información Públi-ca (Cainfo), Cotidiano Mujer, Ciudadanías en Red y el apoyo de Mujeres de Negro-Uruguay y ONU Mujeres.

En el Pasaje de los Dere-chos Humanos, frente a la Suprena Corte de Justicia, se realizó una concentración, se-guida de un plantón de silen-cio organizado por Mujeres de Negro y finalmente la lectura de una proclama y la presen-tación de la Acción de Petición ante el máximo tribunal.

El proyecto “Es tiempo de justicia de género” se viene ejecutando desde el mes de octubre de 2010, en varias fa-ses, a cargo de Mujer Ahora. Mediante mecanismos proac-tivos, colectivos y propositi-vos, el objetivo es desarrollar pensamientos e ideas que per-mitan avanzar en propuestas, acuerdos y acciones para la efectiva aplicación de la nor-mativa nacional en materia de violencia hacia las mujeres, adecuaciones legislativas que garanticen la incorporación de la perspectiva de género y el cumplimiento cabal de todos los poderes del Estado de las obligaciones internacionales

asumidas por el gobierno uru-guayo.

En octubre de 2011 el pro-yecto entró en la ejecución de su segunda fase, centrada en la referida Acción de petición sobre la respuesta ante las si-tuaciones de violencia familiar o doméstica que regula la Ley 17.514. Se trata de la primera acción de esta naturaleza que se lleva a cabo ante el máximo órgano de justicia.

Una docena decuestionamientos

La Acción de petición iden-tifica una docena de prácticas forenses cuya erradicación

demanda. Comenzando por la confrontación o compareci-miento conjunto de la víctima y el agresor, expresamente pro-hibido por el artículo 18 de la Ley 17.514 cuando se trate de víctimas menores de 18 años, y que excepcionalmente puede permitirse en caso de víctimas adultas cuando sea imprescin-dible y se certifique con ante-lación que la persona está en condiciones de afrontarla.

Otra práctica común, ca-racterizada como “medidas simbólicas”, refiere a pronun-ciamientos infundados tales como “intímese a las partes a evitar conflictos (…) o a man-

tener la armonía familiar”, inútiles e insuficientes para la protección de la víctima y que conceptualizan de manera errónea la violencia familiar, entendiendola como un con-flicto entre partes.

Las llamadas “resoluciones telefónicas” son las que se ge-neran entre tribunales y poli-cía, sea respecto de los hechos violentos o la notificación a denunciante y denunciado. Esta práctica revela la confu-sión entre lo que es una reso-lución judicial, aunque deba ser tomada con la urgencia del caso, y la forma de comunicar-la. Finalmente, la resolución

no existe e impide el ejerci-cio de la defensa por quien se sienta afectado por ella y pre-tenda recurrirla.

La multiplicidad de proce-sos que se generan cuando re-sultan involucrados en un mis-mo hecho de violencia mujeres, niños, niñas y adolescentes que son parte de una misma fami-lia, y a las personas mayores se las juzga por la Ley 17.514 y a las menores por el Código de la Niñez y la Adolescencia, determina decisiones aisladas que no dan ninguna respues-ta integral y a veces hasta son contradictorias.

Respecto del modo de fi-nalización de los asuntos, se cuestiona que los derechos humanos puedan ser objeto de transacción o negociación, así como que se ordene el archivo de las actuaciones porque la denunciante levanta la denun-cia, o porque denunciante o denunciado no concurren a la audiencia.

Otras prácticas que obser-va la Acción de Petición son la omisión de comunicación a la sede penal de conductas con apariencia delictiva que pue-dan suceder en la ejecución de actos de violencia en los que interviene el juez con compe-tencia en Familia, como abuso de firma en blanco, violación de correspondencia o domici-lio, privación de libertad, ame-nazas.

La ordinarización del pro-ceso y la arbitraria inaplica-ción de la norma por supuesta inconstitucionalidad, son otros aspectos de la práctica forense cuestionados.

Medidas cautelaresLa ley prevé que las prohibi-ciones, limitaciones, restric-ciones u obligaciones deben afectar al agresor, pero suelen ser extendidas también a la víctima mediante la adopción de las llamadas “medidas de protección recíprocas”, que en lugar de velar por la segu-ridad de la víctima, la humi-llan y fortalecen al agresor. El artículo 11 de la Ley 17.514

dispone que si las medidas cautelares dispuestas no se cumplen, el juez ordenará el arresto del agresor por un máximo de 48 horas, pu-diendo también disponer, de oficio o a pedido de la vícti-ma, sanciones pecuniarias consistente en una cantidad de dinero a pagar por cada día que el agresor demore el cumplimiento. La práctica fo-

rense revela que aún en caso de incumplimiento contumaz, reiterado y sistemático, se sustituyen esas sanciones por intimaciones al agresor bajo apercibimiento de desacato. Cuando este se juzga en sede penal, se sustituye la prisión por la prohibición de acerca-miento a la víctima, es decir por la misma medida que ya fue incumplida. Esto genera

una situación de impunidad, aún cuando se conoce el nexo causal existente entre la si-tuación descripta y el asesi-nato de mujeres amparadas por medidas de protección. Tampoco se indica quién debe-rá supervisar el cumplimiento de la medida cautelar, y en po-cos casos esa omisión se susti-tuye por un pedido de informes a la policía comunitaria.

Según la ley, debe existir re-solución fundada tanto para adoptar medidas cautelares como para no hacerlo. Sin embargo, son comunes reso-luciones como “Prohíbase al denunciado el acercamiento a la denunciante en un radio no menor a los 200 metros. Notifíquese” y punto, es decir ausencia total de fundamen-tación.

Frente a la sede de la Suprema Corte de Justicia, Haydée Gallego, Teresa Herrera y Marina Morelli, integrantes de las orga-nizaciones firmantes de la acción de petición.