José-Antonio García-Cruces Catedrático de Derecho Mercantil

Universidad de Zaragoza

LA RESPONSABILIDAD CONCURSAL

(Publicado en “La Responsabilidad de los administradores de las Sociedades Mercantiles”, dir. por A. Rojo y E. Beltrán, 4ª edición. Tirant lo Blanch, Valencia, 2011,

pp. 305-365.)

SUMARIO: I.- INTRODUCCIÓN: CALIFICACIÓN DEL CONCURSO Y RESPONSABILIDAD DEL DEUDOR. II.- LA RESPONSABILIDAD CONCURSAL. 1.- Presupuestos de la responsabilidad concursal. 2.- Criterio de imputación. 3.- Calificación jurídica de la responsabilidad concursal. 4.- Pluralidad de obligados y destinatarios del pago. 5.- El aseguramiento de la eventual responsabilidad concursal. 6.- Coordinación de la responsabilidad concursal con el régimen general de acciones de responsabilidad de administradores y liquidadores. 7.- Responsabilidad concursal y responsabilidad de los administradores y liquidadores por las deudas sociales.

I. INTRODUCCIÓN: CALIFICACIÓN DEL CONCURSO Y RESPONSABILIDAD DEL DEUDOR

Nuestro Derecho Concursal Codificado no vinculaba las interdicciones que constreñían al deudor común con el hecho de haber desarrollado una conducta que se juzgaba incorrecta e, incluso, con una concreta situación económica (insolvencia) sino, antes bien, adoptaba un criterio puramente formal, como así se derivaba del hecho de reservarlas al procedimiento de quiebra y configurarlas como un efecto necesario de su mera declaración (en relación con esta opción legislativa y su crítica, vid. Martínez Florez: Las interdicciones legales del quebrado, pág. 103 y sigs., con cita de abundante bibliografía) Rompiendo con la consideración de la que partía el Derecho ahora derogado, la nueva Ley Concursal advierte que el estado de insolvencia no sólo es un resultado posible sino, también, lícito. En el nuevo texto legal se desvincula el juicio universal de cualquier connotación meramente represora (sobre todos estos aspectos, vid. García-Cruces: El problema de la represión de la conducta del deudor común, pág.

248 y sigs.) pues el cúmulo de efectos que derivan de la declaración de concurso tiene un significado instrumental de las finalidades de la institución concursal (vid. García-Cruces: Declaración de concurso y administradores de la persona jurídica concursada, págs. 1969 y sigs.) Ahora bien, el legislador no olvida que el estado de insolvencia que padece el deudor puede tener su origen —o haber sido agravado— en una conducta seguida por éste y que pudiera resultar merecedora del oportuno reproche jurídico. Ante esta posibilidad, dentro del procedimiento universal se dispone una sección —la sexta o de calificación del concurso— dirigida a depurar las pertinentes responsabilidades. De este modo, el concurso no supone de por sí una sanción pero no por ello ha de ser ocasión —en este caso, civil— para obviar la represión de conductas que no puedan ser amparadas por el Derecho (sobre todas estas cuestiones vid., con amplitud, García-Cruces: La Calificación del Concurso, passim.)

Por otra parte, la Ley Concursal también se adorna con un encomiable realismo, pues a diferencia del protagonismo que la normativa codificada otorgaba al deudor persona física, viene a ajustarse a la realidad del tráfico en el que el predominio de la persona jurídica —en especial, bajo forma de sociedad mercantil— es indudable. Así, en los supuestos en que el deudor común, a cuya insolvencia se quiere poner remedio con el expediente concursal, fuera una persona jurídica, el enjuiciamiento de conductas ha de referirse a la actuación seguida por sus administradores o, en su caso, liquidadores, pues son éstos quienes con su proceder han determinado la voluntad del ahora concursado (vid. García-Cruces: Concursado, cómplices y personas afectadas por la calificación (en torno al ámbito subjetivo del concurso culpable), pág. 1969 y sigs.) Pero, además, ese realismo de la Ley Concursal se acentúa —entre otros lugares (ad ex. arts. 48, 3 y 93, 2, 2º LC)— en sede de calificación del concurso. En efecto, siguiendo una tendencia constatada en el ámbito de la legislación especial (cfr. art. 95, 1 LMV; art. 40, a) LOSSP) y generalizada en las normas generales (cfr. art. 236.1 Texto Refundido de la Ley de Sociedades de capital), la valoración de las conductas desarrolladas de cara al origen o agravamiento del estado de insolvencia incluye la de aquellos sujetos que, a despecho de un nombramiento formal y vigente, han actuado como administradores o liquidadores de la persona jurídica en concurso (administrador o liquidador de hecho)

La sección de calificación se configura en el nuevo texto legal como una pieza separada y regida por dos criterios. En primer lugar, al despojarse al instituto concursal de una función represora de la mera insolvencia y confiar a esta sección el enjuiciamiento de las conductas seguidas, se hace preciso fijar un criterio de valoración de la actuación que desencadenara —o agravara— la insolvencia del ahora concursado. Y este criterio no es otro que el que señala el artículo 164, 1 de la Ley Concursal, norma a cuyo tenor

El concurso se calificará como culpable cuando en Ia generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los tuviere, de sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, de

sus administradores o liquidadores, de derecho o de hecho.

Pero, junto con este criterio de culpabilidad, la norma concursal adopta —de forma más discutible— otro de oportunidad, pues la apertura de la sección de calificación no siempre resulta procedente, ya que se reserva para determinados supuestos. El artículo 163, 1, 1º delimita la procedencia de la apertura de la Sección de calificación por referencia a dos supuestos. En primer lugar, procederá la apertura de esta Sección cuando, habiéndose aprobado el correspondiente convenio, se establezca, para todos los acreedores o para los de una o varias clases, una quita superior a un tercio del importe de sus créditos o una espera superior a tres años. De igual modo, este proceder ha de seguirse en todos los supuestos de apertura de la fase de liquidación (art. 163, 1, 2º).

La limitación de los supuestos en que debe abrirse la sección de calificación no es coherente con la nítida separación entre el ilícito civil que se depurará en este trámite y la consideración jurídico-penal de las mismas conductas (sobre estos aspectos, vid. últimamente, Cugat: El impacto de la nueva Ley Concursal en el delito de quiebra, pág. 1 y sigs. Sobre la represión penal de los ilícitos en este ámbito, vid., con carácter monográfico, Ocaña: El delito de insolvencia punible del art. 260 CP a la luz del nuevo Derecho Concursal. Aspectos penales y civiles, passim) Dada la vigencia del artículo 260 del Código Penal. y su reforma por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (BOE, de 26 de noviembre de 2003) —siempre será posible, aunque difícil, que una concreta actuación— seguida en relación con el origen o agravamiento del estado de insolvencia pueda merecer el reproche penal y, pese a ello, no ser ni siquiera objeto de consideración en el plano civil, pues por no alcanzarse las quitas y esperas dispuestas en el artículo 163, 1, 1º de la Ley Concursal, no pueda abrirse la sección de calificación en el concurso.

La solución acogida en el texto legal no deja de estar exenta de críticas pues, probablemente, hubiera sido posible una solución distinta y más acertada. Con carácter informativo puede recordarse cómo en la Propuesta de Anteproyecto de Ley Concursal de 1995, que elaborara el Prof. Rojo, el planteamiento seguido a fin de concretar los criterios que determinaban la procedencia de la Sección de calificación obedecía a una orientación distinta. En efecto, el artículo 208 del citado texto advertía el carácter necesario de la apertura de la Sección de calificación en todo caso, señalando como excepciones a tal regla general los supuestos en que el concurso fuera voluntario —lo que pudiera resultar discutible— y aquellos en que se hubiera aprobado un convenio que permitiera la íntegra satisfacción de los créditos concursales en un plazo no superior a tres años o, en caso de liquidación, que de lo actuado resultara la suficiencia de los medios propios del deudor común para satisfacer todas las obligaciones.

Por todo ello, y sin menoscabo alguno de coherencia con la opción de política jurídica asumida por la Ley Concursal, podría haber resultado más acertado este otro proceder.

La razón de esta afirmación radica en la finalidad de, sin perjuicio de la necesaria tipificación de los supuestos, no limitar en exceso la posibilidad de actuar la calificación del concurso, ya que siempre son posibles otros casos distintos de los acogidos en el artículo 163, 1 del texto legal y en los que pudiera resultar conveniente la apertura de esta Sección. La razón última a que obedece esta opinión estriba en el hecho de que, de acuerdo con la caracterización de la calificación del concurso y su configuración como instrumento al servicio —con carácter principal, entre otros— de los legítimos intereses de los acreedores, siempre son dables supuestos en que, sin estar incluidos en la norma que nos ocupa, exista la necesidad de indemnizar un daño o, bien, resulte insatisfecho el crédito de tercero, pudiendo merecer, en ambos casos, un reproche la conducta antecedente del deudor común o de quienes le hubieran representado o conforman su voluntad. En estos supuestos, sin embargo, y conforme con el tenor literal del texto legal, no será posible —pese a su conveniencia— la apertura de la Sección de calificación ni actuar las consecuencias derivadas de ésta. En definitiva, hubiera sido —probablemente— más acertado sentar una regla general de apertura de la calificación concursal para, a continuación, especificar aquellos supuestos en que, por no mediar un daño relevante y lograrse la satisfactoria realización del crédito de los acreedores, carece de sentido el desarrollo de la Sección de calificación.

El enjuiciamiento civil, dentro del proceso concursal, de las conductas seguidas respecto de la causación o agravamiento del estado de insolvencia del ahora deudor común se hará de conformidad con el trámite dispuesto (vid. arts. 167 a 171 LC), pudiendo llegarse a la declaración de concurso culpable en virtud de sentencia. Esta resolución judicial, si con fundamento en los hechos adverados calificara el concurso como culpable, contendrá determinados pronunciamientos pues, tras constatar el dolo o la culpa lata que requiere aquella calificación, dispondrá los sujetos —deudor, cómplices y personas afectadas por la calificación (sobre este concepto, vid. García-Cruces: La Calificación del Concurso, pág. 114 y sigs.)— cuya conducta responde a tal elemento intencional y que justifica las oportunas declaraciones de condena. Éstas, y en razón de las concretas circunstancias, consistirán tanto en efectos personales como patrimoniales. En lo que hace a los primeros, tanto el deudor como las personas afectadas por la calificación (pero no el cómplice. Cfr. art. 172, 2, 2º y 3º LC), sufrirán su inhabilitación para administrar los bienes ajenos durante un periodo de dos a quince años, así como para representar o administrar a cualquier persona durante el mismo periodo, atendiendo, en todo caso, a la gravedad de los hechos y a la entidad del perjuicio (el alcance de la inhabilitación dispuesto en esta norma ha de completarse con la prohibición de ejercicio de comercio que sanciona el art. 13, 2 C. de C., en su nueva redacción dada por la dis. final. 2ª LC. En el ámbito societario, vid. disp. final. 20ª y 21ª LC) Por otra parte, y de acuerdo con el concreto supuesto de hecho, la sentencia de calificación dispondrá la pérdida de cualquier derecho que las personas afectadas por la calificación o declaradas cómplices tuvieran como acreedores concursales o de la masa y la condena a devolver los bienes o derechos que hubieran obtenido indebidamente del patrimonio del deudor o hubiesen recibido de la masa activa, así como a indemnizar los

daños y perjuicios causados.

Pero, también, el artículo 172, 3 de la Ley Concursal advierte la posibilidad de un último efecto que se vincula a la calificación culpable del concurso. Así, la sentencia de calificación puede disponer, de igual modo, la responsabilidad concursal de los administradores o liquidadores de la persona jurídica en concurso. Pues bien, esta posible responsabilidad concursal es el objeto de estas páginas. Desde luego, no estará de más advertir de las dificultades que presenta cualquier análisis de esta norma, al igual que la polémica que su reconocimiento ha generado entre nosotros. Por otro lado, también ha de reseñarse la novedad que el reconocimiento de la responsabilidad concursal —o, quizás, mejor, por el fallido concursal— supone en nuestro Derecho, aun cuando siempre es posible buscar algún antecedente en el Derecho comparado (así l’action en comblement du passif del Derecho francés. Sobre la misma vid. Sortais: Les contours de l’action en comblement de l’inssufisance d’actif, pág. 321 y sigs.�; y Verougstraete: L’action en comblement du passif, pág. 425 y sigs.)

II. LA RESPONSABILIDAD CONCURSAL

1. Presupuestos de la responsabilidad concursal

El artículo 172,3 de la Ley Concursal sanciona la previsión de una responsabilidad concursal que ha sido acogida de forma positiva pero, también, con grandes críticas. En concreto, la citada norma dispone que:

«Si la sección de calificación hubiera sido formada o reabierta como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación, la sentencia podrá, además, condenar a los administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, de la persona jurídica cuyo concurso se califique como culpable, y a quienes hubieran tenido esta condición dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración del concurso, a pagar a los acreedores concursales, total o parcialmente, el importe que de sus créditos no perciban en la liquidación de la masa activa».

Desde luego, la novedad e importancia de una regla de este tipo es más que evidente. Nuestro Derecho Concursal tradicional no conocía un pronunciamiento semejante y su trascendencia práctica no puede discutirse pues, en definitiva, con tal previsión viene a permitirse a los acreedores concursales que puedan exigir el pago del fallido concursal a terceros, cuyo patrimonio personal no constituye garantía alguna en favor de la persona jurídica concursada (parecen negar la pertinente justificación a este reconocimiento de responsabilidad, Rodríguez Ruiz de Villa y Huerta Biesca: ¿Más

responsabilidad de los administradores en el Anteproyecto de Ley Concursal de 2001?, pág. 13)

Pero, antes de nada, y sin perjuicio de una posterior valoración de esta opción de política jurídica, me gustaría destacar cómo la norma que nos ocupa parece estar dirigida por una exquisita prudencia, pues no viene a referir esta posible responsabilidad concursal a cualquier supuesto, sino que, antes bien, lo reserva para aquellos que entiende como más graves. Esta observación viene impuesta por el tenor literal del citado artículo 172,3 de la Ley Concursal, pues limita la posibilidad de esta responsabilidad concursal requiriendo con carácter necesario la concurrencia de ciertos presupuestos. Estos presupuestos son tres. En primer lugar, se exige la concurrencia de un presupuesto material, pues no basta con que la calificación del concurso fuera la de culpable, sino que la Ley Concursal limita la procedencia de la condena por responsabilidad concursal a aquellos supuestos en que se llegara a tal calificación por haberse abierto o, en su caso, reabierto, la sección sexta como consecuencia de la apertura la liquidación concursal. Por otra parte, resulta también necesario respetar un presupuesto cuantitativo, ya que deviene necesario a estos fines que la masa activa a liquidar no permita la íntegra satisfacción del crédito de los acreedores concursales. Y, en último lugar, debe observarse un presupuesto de orden subjetivo, pues esta condena por responsabilidad concursal sólo podrá recaer sobre los administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, de la persona jurídica cuyo concurso fuera calificado como culpable (no cabe la extensión de este pronunamiento a los cómplices. Vid. SAP Madrid (Sección 28) 5 de febrero de 2008 ADCo., 17, 2009, pp. 533 y ss., SAP Barcelona (sección 15) 21 de febrero de 2008 (Sentencia 67/2008; Rollo 694/2007), SAP León 25 de junio de 2007, JUR 2007/337218; y SAP Málaga (Sección 6) 19 de diciembre de 2007, JUR 2008/246026). Ahora bien, respecto de este último presupuesto de carácter subjetivo sí conviene realizar una importante advertencia, pues el texto legal señala expresamente una extensión del mismo. Así, también podrán sufrir tal condena quienes hubieran tenido esta condición dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración del concurso.

La concreción de estos presupuestos —material, cuantitativo, subjetivo— que hacen posible la llamada responsabilidad concursal no está, empero, exenta de problemas y dudas. En primer lugar, pudiera llamar la atención la exigencia legal que reserva la posibilidad de esta responsabilidad por el fallido concursal a aquellos supuestos en que la sección de calificación hubiera sido formada o reabierta como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación. Desde luego, y en atención a su significado material, no cabe excluir supuestos en que la adopción de un convenio pueda llegar a implicar un sacrificio de los acreedores que materialmente pudiera amparar la posible responsabilidad concursal de las personas afectadas por la calificación. De hecho, y a efectos de sentar los supuestos en que procede la apertura de la sección de calificación, la Ley Concursal limita su procedencia a los supuestos más graves pero equiparando —desde este punto de vista— los casos en que se diera la apertura de la liquidación con

cierto tipo de convenios caracterizados por un elevado importe en la quita o una relevante espera. Ahora bien, quizás pudiera explicarse el proceder de legislador si se recuerda su generosidad para con el concursado al posibilitarle, de forma más que importante, la solicitud de apertura de la liquidación concursal (cfr. art. 142, 1º LC) De este modo, el presupuesto material que ha de respetarse para declarar la responsabilidad concursal ex artículo 172, 3 de la Ley Concursal vendría a tener el significado de ser un mecanismo de presión sobre el deudor, a fin de que éste no acudiera alegremente a la liquidación del concurso y así se favorezca la adopción de un convenio, que es la solución primada en la propia Ley. De igual manera, también es posible una segunda razón que amparara la procedencia de reservar esta responsabilidad concursal a los supuestos de apertura de la liquidación. Y ésta no es otra que el mayor grado de protección que tienen los acreedores en los supuestos en que se alcanzara un convenio frente al expediente liquidatorio. Su posible iniciativa y participación en el convenio (arts. 99, 1; 102, 1; 103, 1; 108, 1; 110, 2 y 121, 4 LC), el limitado efecto novatorio que tiene el convenio respecto de la quita (cfr. art. 136 LC), así como la posibilidad de devengo de interés para la espera si mediara remanente tras la liquidación (art. 59, 2 in fine LC), son razones que quizás pudieran justificar la distinta —y probablemente más favorable— posición de los acreedores en el convenio respecto de la liquidación concursal. De todos modos, y pese a las razones anteriores, el proceder del legislador al sentar esta limitación no deja de estar exento de reparos.

Mayor complejidad pudiera presentar una correcta inteligencia del que hemos denominado como presupuesto subjetivo de la responsabilidad por el fallido concursal. Como se recordará, tal condena sólo puede recaer sobre los administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, de la persona jurídica concursada pero, también, el apartado tercero de este artículo 172 de la Ley Concursal viene a hacer una extensión, pues el mismo pronunciamiento podrá acordarse en la sentencia de calificación respecto de quienes hubieren tenido esta condición dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso.

Con esta opción de política legislativa, parece querer introducirse un criterio de seguridad jurídica, a fin de delimitar el período temporal en que los administradores y liquidadores pueden ver enjuiciadas sus actuaciones al frente de la sociedad luego declarada en concurso. Pese a ello, no cabe desconocer lo discutible de tal opción y que no ha dejado de suscitar ciertos reparos entre nosotros. Así, se ha observado que «no nos parece en cambio congruente con la propia configuración legal de la responsabilidad concursal el limitar el posible alcance subjetivo de la misma a quienes hayan ostentado la condición de administrador, de hecho o de derecho, dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso, pues del presupuesto material o sustantivo de la responsabilidad se deriva, que lo único relevante es quiénes sean los administradores a los que quepa imputar la generación o agravamiento del estado de insolvencia mediando dolo o culpa grave, sin perjuicio, eso sí, de la prescripción de la responsabilidad concursal de los administradores en base al artículo.

949 del Código de comercio, es decir, cuando ya haya transcurrido cuatro años desde que por cualquier motivo cesaren en el cargo de administrador; no apreciamos motivos para establecer a este respecto un régimen diferenciado del general o común aplicable a los administradores sociales por el referido artículo 949 del Código de comercio». (Alonso Ureba: La responsabilidad concursal de los administradores de una sociedad de capital en situación concursal. El art. 172, 3 de la Ley Concursal y sus relaciones con las acciones societarias de responsabilidad, págs. 538 y 539).

La citada regla aboca a una primera observación pues, con la finalidad de salvaguardar exigencias elementales y evitar que estos sujetos se vean expuestos a un cierto riesgo de indefensión, resultará necesario su emplazamiento en la forma dispuesta en el artículo 170, 2º de la Ley Concursal. Por otra parte, no estará de más advertir que, de acuerdo con la literalidad de la norma, y aún cuando tal opción pudiera resultar criticable, la procedencia de la condena por responsabilidad concursal sólo puede recaer sobre quienes merecieran la consideración de administrador o liquidador, excluyéndose de tal efecto a otros sujetos que en la sentencia de calificación pudieran haber sido condenados como «personas afectadas por la calificación», sin perjuicio de que, en su caso, pudieran ser considerados como administradores o liquidadores de hecho y a ellos se extendiera la aplicación de cuanto dispone el artículo 172, 3 de la Ley Concursal.

Atendida esta exigencia, la regla de extensión que nos ocupa plantea un segundo problema, ya que es imprescindible sentar un criterio que permita enjuiciar la conducta seguida por quienes fueron administradores y liquidadores del ahora concursado a fin de considerar la procedencia de que sobre ellos recaiga una condena por responsabilidad concursal. En mi opinión, creo que ese criterio de enjuiciamiento no puede ser otro que el requerido para los administradores y liquidadores con cargo vigente y que, en su caso, justificara tal condena. Esto es, ese criterio de enjuiciamiento de la conducta de quien fue administrador o liquidador, de hecho o de derecho, no puede ser otro que el del dolo o la culpa lata con que hubieran participado en la causación o agravamiento del estado de insolvencia de la persona jurídica ahora concursada (vid., en relación con el entonces Anteproyecto de Ley, Llebot: La responsabilidad concursal de los administradores, pág. 7565) Las previsiones del artículo 164, 1 de la Ley Concursal impiden otra conclusión.

Resueltos los anteriores problemas queda, sin embargo, una cuestión de no menor dificultad, pues resulta necesario interrogarse acerca de cual es la ratio a que obedece esta extensión de responsabilidad. Desde luego, esta previsión permite poner coto a ciertas prácticas, en virtud de las cuáles quienes materialmente hubieran originado o empeorado el estado de insolvencia de la persona jurídica deudora quedarían al margen de cualquier efecto anudado a la calificación concursal como consecuencia del hecho de haber cesado en su nombramiento o abandonado su capacidad de decisión con anterioridad a la declaración del concurso. Ahora bien, si esta es la finalidad a la que obedece tal previsión, la duda que pudiera surgir hace referencia a que es lo que añade

el hecho de haberla acogido de forma expresa en el artículo 172.3 de la Ley Concursal. En mi criterio, la extensión adoptada por el citado precepto no es necesaria para atender a la finalidad señalada y, a la par, puede generar confusión. En efecto, bastará con recordar cómo el criterio de enjuiciamiento de la conducta de los ex-administradores y los ex-liquidadores no es otro que el dolo o la culpa grave con que participaron en la causación o agravamiento del estado de insolvencia de la persona jurídica deudora. Pero tal criterio no sólo justificará —en su caso— la responsabilidad por el fallido concursal de estos sujetos sino, también y sobre todo, tal y como antes indicara, su consideración como personas afectadas por la calificación concursal. Por lo tanto, y a resultas del dolo o la culpa lata con que actuaron, sobre los antiguos administradores podrá recaer la condena por responsabilidad concursal pero, de igual modo, se actuarán los efectos personales y patrimoniales que tiene anudada la calificación culpable del concurso, pues merecen también la consideración de personas afectadas por la calificación dada al concurso. Dicho de otro modo, no tiene sentido alguno extender la posible responsabilidad concursal sobre personas ya sujetas a ese riesgo, dada su previa calificación como personas afectadas por la calificación. Por todo ello, quizás pudiera considerarse el carácter asistemático de esta extensión ex artículo 172.3 de la Ley Concursal.

2. Criterio de imputación

Examinadas las anteriores cuestiones, ha de señalarse que, si concurrieran todos los presupuestos antes indicados, el Juez del concurso estará facultado —podrá, dice el texto legal— para acordar la responsabilidad concursal de estos sujetos (Alguna jurisprudencia ha advertido que la expresión “podrá” no se refiere a una facultad del juez sino a potencialidad del contenido de la sentencia. Vid. SAP Madrid (Sección 28) 5 de febrero de 2008, ADCo., 17, 2009, pp. 533 y ss., SAP Madrid (sección 28) 30 de enero de 2009, AC 2009/294 y SAP Madrid (Sección 28) 6 de marzo de 2009, JUR 2009/236331). Esta previsión no significa que la condena de responsabilidad concursal no le venga impuesta al juez del concurso (en contra parecen manifestarse (Rodríguez Ruiz de Villa y Huerta Biesca: ¿Más responsabilidad de los administradores en el Anteproyecto de Ley Concursal de 2001?, pág. 11) El significado que ha de darse al expresivo podrá con que texto se refiere a la imposición de tal condena significa, tan sólo, que éste no es, a diferencia de cuanto se dispone en los apartados 1 y 2 del artículo 172 de la Ley Concursal, un pronunciamiento que resulte necesario en todo caso de concurso culpable. Tal calificación permitirá la posible condena por responsabilidad concursal pero, a diferencia de lo que sucede respecto de los efectos personales y patrimoniales que ha de tener la sentencia de calificación y que antes analizáramos, será precisa una justificación adicional que, en razón de las circunstancias concurrentes en el particular concurso calificado como culpable, le lleve al juez concursal a sentar la procedencia de esta última condena. La calificación del concurso como culpable es condición necesaria pero no suficiente para fundamentar tal condena, pues la procedencia de la responsabilidad concursal deberá asentarse en las particulares circunstancias que rodeen aquel concurso culpable. De esta manera, el legislador ha confiado

al arbitrio judicial la concreción de los supuestos en que ha de resultar procedente la condena por responsabilidad concursal, y que habrán de referirse, en todo caso, a aquellos casos en que, por sus particulares circunstancias, encierren una mayor gravedad.

Debe observarse, en todo caso, que la derivación de la responsabilidad por el déficit concursal que pueda recaer sobre ciertos sujetos encierra una condena de carácter cumulativo (en contra y proponiendo su carácter excluyente vid. Alonso Ureba: La responsabilidad concursal de los administradores de una sociedad de capital en situación concursal. El art. 172, 3 de la Ley Concursal y sus relaciones con las acciones societarias de responsabilidad, págs. 539 y 540) y sujeta a un principio de rogación o de justicia de rogada, pues no cabe su imposición de oficio (SAP Córdoba (Sección 3) 11 de julio de 2008, JUR 2009/95720 y SAP Alicante (Sección 8) 13 de enero de 2009, JUR 2009/129977. En contra, y de forma extraña, vid. SAP Vizcaya (Sección 4) 6 de octubre de 2009, Sentencia 704/2009; Rollo 283/2009). Con ese carácter lo que queremos poner de relieve es el hecho de que la responsabilidad concursal será soportada sin perjuicio de los otros efectos personales y patrimoniales que para tales sujetos tiene la calificación del concurso como culpable. Expresamente, y a diferencia de cuanto se dispone para los efectos personales y patrimoniales que tiene anudado el concurso culpable, el artículo 172, 3 de la Ley Concursal nos dice que además podrá acordarse por el juez del concurso esta responsabilidad concursal. Por ello, esta observación nos reafirma en la idea antes expresada de que la procedencia de la responsabilidad por el déficit concursal no podrá obedecer a la misma justificación que legítima la declaración de persona afectada por el concurso, pues ello tiene como consecuencia los efectos personales y patrimoniales previstos en el artículo 172, 2, 2º y 3º de la Ley Concursal, sino que requerirá, al menos, un agravamiento de tal fundamentación en razón de las circunstancias concurrentes en aquel concurso culpable.

Pero, también, conviene advertir de la amplia extensión que el artículo 172.3 de la Ley Concursal da al arbitrio judicial (de hecho algún autor ha afirmado a mi juicio equivocadamente el carácter facultativo de esta condena. Vid. Fernández de la Gándara: La responsabilidad concursal de los administradores de sociedades de capital, pág. 714) y que ha sido objeto de crítica. Así, se ha denunciado que, en relación con el entonces Anteproyecto de Ley que ya acogía este particular, el texto «adolece de una falta de tipificación intolerable: no se dice en virtud de que causas o razones puede el juez condenar a los administradores o liquidadores de derecho o de hecho y a los que hubiesen tenido tal condición dentro de los dos años anteriores a la fecha de declaración del concurso a pagar total o parcialmente a los acreedores concursales el importe de los créditos no satisfechos con la liquidación; no se entiende por qué se condena a personas que no se ven afectadas por la calificación, como son los ex administradores y ex liquidadores; no hay criterio legal alguno para determinar cuando el pago debe ser total y cuando parcial, y, en definitiva, nada se dice sobre el carácter, solidario o mancomunado, de la obligación impuesta» (Alcover: Introducción al régimen jurídico de la calificación concursal, pág. 502.) Estos defectos de la norma ha llevado a algún autor a calificar el precepto como un «cheque en blanco» que se concede al juez concursal (Pérez de la Cruz: Reflexiones sobre la calificación del concurso y sus

consecuencias en la nueva Ley Concursal, pág. 5012)

Ahora bien, un detenido repaso de la previsión ex artículo 172.3 de la Ley Concursal puede ofrecernos suficientes criterios para llegar a obtener una respuesta satisfactoria a muchas de las cuestiones planteadas. La regla acogida en el texto nos advierte expresamente que la responsabilidad concursal podrá recaer sobre todos los administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, de la persona jurídica concursada, pero también que puede reducirse su alcance a algunos de ellos. Por otra parte, y en lo que hace a su contenido material, la condena por responsabilidad concursal —que por su naturaleza siempre encierra una prestación pecuniaria— podrá extenderse a todo el déficit del concurso o, bien, limitarse a una parte del fallido en la liquidación. De este modo, puede afirmarse lícitamente que la labor del juez del concurso será extraordinariamente delicada, debiendo verificar cuál ha sido la conducta seguida por cada uno de esos administradores o liquidadores de la persona jurídica concursada y, en consecuencia, justificando la particular condena —o, en su caso, absolución— de forma individualizada y en razón de aquella actuación antes adverada, a fin de concretar en la sentencia de calificación el alcance subjetivo y cuantitativo de la responsabilidad concursal que se declarara (en este sentido parece manifestarse Fernández de la Gándara: La responsabilidad concursal de los administradores de sociedades de capital, pág. 713). Este parecer es el que ha expresado nuestra jurisprudencia, para quien el criterio que deberá presidir en todo momento la graduación de esta responsabilidad y los límites de la condena deberá venir dado por la gravedad de las conductas que han servido para la calificación misma del concurso como culpable y por el grado de culpa imputable a cada una de las personas afectadas, lo que a su vez exigirá atender a la participación que hubieran tenido y a la mayor o menor intencionalidad, culpa o negligencia con que hubieran actuado” (SAP Asturias 13 de noviembre de 2009, JUR 2010/7949).

3. Calificación jurídica de la responsabilidad concursal

Una cuestión de extraordinaria importancia, y que ha de conducir a resultados más que relevantes en orden a la aplicación práctica de cuanto dispone el artículo 172, 3 de la Ley Concursal, es la relativa a la calificación jurídica que ha de merecer la llamada responsabilidad concursal o responsabilidad por el fallido concursal. Este problema merece una solución con carácter previo y fundamental, pues en razón de la caracterización de este supuesto de responsabilidad podrá, entonces, concretarse su régimen jurídico, resultado que, si siempre es importante, más lo es aún en nuestro caso dadas las imprecisiones de que adolece el artículo 172.3 de la Ley Concursal. Por otro lado, cabe advertir que este tema no sólo no tiene una fácil solución sino que, también, ha sido objeto de una cierta polémica en la que he tenido ocasión de participar (vid. García-Cruces: La Calificación del Concurso, pág. 170 y sigs. En relación con los antecedentes, vid. García-Cruces: El problema de la represión de la conducta del

deudor común, pág. 247 y sigs., en particular, pág. 304 y sigs.)

Primero en relación con el Anteproyecto de Ley Concursal y luego respecto del texto legal he venido afirmando que la configuración jurídica de la responsabilidad concursal se hace bajo el esquema de una sanción civil. Esta opinión ha devenido abrumadoramente mayoritaria en nuestra doctrina, afirmándose el significado punitivo de la responsabilidad concursal, destacando su caracterización como una «responsabilidad-sanción» (Rodríguez Ruiz de Villa y Huerta Biesca: ¿Más responsabilidad de los administradores en el Anteproyecto de Ley Concursal de 2001?, pág. 13.) y sin dudar en la calificación de esta previsión legal como la propia de un «régimen sancionatorio» (Fernández de la Gándara: La responsabilidad concursal de los administradores de sociedades de capital, pág. 711) (Vid., en igual sentido, Vicent Chuliá: La responsabilidad de los administradores en el Concurso, pág. 15 y sigs.; Llebot Majó: La responsabilidad concursal de los administradores, pág. 7559 y sigs.; Viñuelas: El problema de la naturaleza de la condena a la cobertura del déficit patrimonial, pág. 265 y sigs.; Guerrero Lebrón y Gómez Porrúa: La responsabilidad de los administradores de las sociedades de capital en situación conursal, pág. 1965 y sigs.; Bello Martín-Crespo: Responsabilidad civil de administradores de sociedades de capital y Ley concursal, pág. 1679; Marín de la Bárcena Garcimartín: Deberes y responsabilidad de los administradores ante la insolvencia de las sociedades de capital, pág. 91 y sigs.) La configuración de la responsabilidad por el fallido concursal no parece que pueda ser otra. De hecho, ya en relación con su precedente en la Propuesta de Anteproyecto de Ley Concursal de 1995 se observó que «lo primero que debe señalarse es que estamos ante una sanción y que no se trata en absoluto de una acción más que los síndicos o los interventores puedan ejercitar contra los administradores con el fin de reintegrar el patrimonio social. El carácter sancionador de la medida queda manifiesto si se observa el carácter punitivo de la misma. En efecto, la obligación de cubrir todo o parte del déficit patrimonial del deudor está absolutamente desvinculada del daño que la conducta de los administradores haya causado al patrimonio del deudor, pues este daño será, en su caso, objeto de reintegración mediante el ejercicio de la acción social de responsabilidad. Es claro, por tanto, que la medida no puede tener carácter indemnizatorio y que, dada la hipotética amplitud de la misma, puede ser correctamente calificada como sanción de carácter punitivo» (Llebot: La responsabilidad concursal de los administradores, pág. 7564)

Frente a este parecer, no ha faltado el criterio de quien entiende el carácter puramente resarcitorio a que obedece la responsabilidad ex artículo 172, 3 LC (En la jurisprudencia, vid. SAP Barcelona de 19 de marzo de 2007; Auto AP Barcelona de 6 de febrero de 2006; Sts. JM-3 Barcelona de 5 de octubre de 2007; Sts. JM-2 Barcelona de 19 de enero de 2007; y Sts. JM-2 Barcelona de 9 de mayo de 2006). Esta consideración de la responsabilidad concursal, junto con plantear el problema de su difícil justificación al amparo de cuanto dispone la LC, además es causa de gravísimos problemas de coordinación entre esta responsabilidad por el fallido concursal y el régimen, así como su procedencia, de las acciones generales de responsabilidad de los

administradores – y, en su caso, liquidadores – de la sociedad ahora en concurso, como luego después habrá ocasión de comprobar. Pese a estas consideraciones, y frente a la opinión mayoritaria, no ha faltado quien afirmara el carácter indemnizatorio de la responsabilidad concursal. En este sentido, se ha manifestado que “el régimen legal en materia de responsabilidad concursal que acabamos de analizar y, en particular, los aspectos relativos a sus presupuestos, alcance y exoneración, permiten considerar que estamos en el ámbito más general de la responsabilidad civil subjetiva o por daños de los administradores sociales, si bien con las particularidades de régimen que derivan de su ubicación y juego en sede concursal y, además, siempre que el concurso derive en la liquidación. (…) De lo expuesto se deriva que en esencia estamos ante una responsabilidad por daño, concretamente el causado a la sociedad al generar o agravar el estado de insolvencia de la misma, daño que en cuanto tal dará lugar a que los acreedores puedan no ver satisfechos íntegramente sus créditos, siendo por tanto el daño a los acreedores derivativo del daño causado a la sociedad. La Ley Concursal sólo hace jugar esta responsabilidad concursal cuando el daño a la sociedad provoca efectivamente que los créditos de sus acreedores resulten total o parcialmente fallidos, siendo este un aspecto singular de esta responsabilidad, que sin embargo no es óbice a su calificación como responsabilidad por daños. No se está por tanto ante una responsabilidad-sanción que opere al margen de la noción de daño, como en cambio si ocurre en el ámbito de los arts. 262, 5 LSA y 105,5 LSRL” (Alonso Ureba: La responsabilidad concursal de los administradores de una sociedad de capital en situación concursal [el art. 172.3 de la Ley Concursal y sus relaciones con las acciones societarias de responsabilidad”], pp. 544 y 545. Comparten esta calificación indemnizatoria de la responsabilidad concursal, Blasco Gascó: Responsabilidad Concursal y embargo de los bienes de los administradores, Valencia, 2007, pp. 45 y ss.; Sancho Gargallo: Calificación del Concurso, en Quintana, Bonet y García-Cruces, Las Claves de la Ley concursal, Cizur Menor, 2005, pp. 545 y ss.; y Verdú Cañete: La responsabilidad civil del administrador de sociedad de capital en el concurso de acreedores, Madrid, 2008, pp. 79 y ss.). En la anterior cita viene a resumirse la configuración de la responsabilidad concursal como responsabilidad por daños, cuya especificidad derivaría de las particularidades de la situación concursal en que procede. Esta opinión, no obstante, pudiera ser objetada por, al menos, dos razones, ya que vendría a constituir una previsión superflua, dada la vigencia del régimen general de las acciones de responsabilidad frente a los administradores de la sociedad ahora concursada (cfr. art. 48.2LC), a la par que implicaría una restricción injustificada de la procedencia de la súplica resarcitoria, ya que la misma – frente a cuanto previene el citado régimen general – sólo resultaría procedente en los supuestos de liquidación y bajo los presupuestos que anteriormente se señalaran, excluyéndose así su posibilidad – y, por tanto, la reparación del daño – en los casos en que se alcanzara convenio, pudiendo – además – limitar cuantitativamente la reparación debida, ya que la condena por responsabilidad concursal podrá ser total o parcial en relación con el fallido habido tras la liquidación (desde luego, la posibilidad de una condena

reparatoria parcial queda referida en nuestro Derecho a los supuestos de concurrencia de culpas que, obviamente, carece de sentido en el supuesto que consideramos). Ahora bien, para mejor comprender y valorar esta posible caracterización de la responsabilidad ex artículo 172.3 LC como una responsabilidad por daño, será necesario atender a aquellos argumentos que les permite a sus defensores llegar a tal conclusión. En primer lugar, y con un limitado valor argumentativo, se advierte que “no basta sin embargo con el estado de insolvencia que abre la vía concursal para que entre en juego la responsabilidad concursal de los administradores. Es preciso, además, la imputabilidad a los administradores de la generación o agravación del estado de insolvencia de la sociedad mediando dolo o culpa grave al respecto (art. 172.3 en relación con el art. 164.1 LC) Este presupuesto pone de manifiesto que se está en el ámbito de la responsabilidad civil subjetiva o por daños que exige la imputabilidad, aún cuando en este caso se trate de una imputación agravada en tanto se exige el dolo o al menos la culpa grave” (Alonso Ureba: La responsabilidad concursal de los administradores de una sociedad de capital en situación concursal [el art. 172.3 de la Ley Concursal y sus relaciones con las acciones societarias de responsabilidad”], pp. 533 y 534). Sin embargo, me parece que con tal argumento lo único que viene a hacerse es recordar alguno de los presupuestos que requiere la aplicación de cuanto dispone el artículo 172.3 LC, para añadir – a continuación – la necesidad de que la conducta que la norma contempla sea imputada a los administradores sobre los que puede recaer tal condena. Pero, tales afirmaciones no pueden llevar a la conclusión pretendida, pues también la construcción de esta responsabilidad por el fallido concursal como una responsabilidad-sanción viene a requerir un criterio de imputabilidad, aún cuando sea título de culpa cualificada (dolo, culpa lata). En nuestro Derecho positivo, y pese a la ocasional e incorrecta terminología de alguna jurisprudencia, los supuestos reconocidos como instrumento punitivo civil – ad ex., artículo 367 Texto Refundido de la Ley de Sociedades de capital – no encierran una estricta responsabilidad objetiva, dado el carácter imprescindible del elemento subjetivo o intencional (criterio de imputación) (Este es ya un lugar común en la doctrina y jurisprudencia, pues si el incumplimiento de los deberes de promoción o de remoción de la disolución no fuera imputable a los administradores, éstos se verían exonerados de la responsabilidad por las deudas sociales que sanciona el art. 367 Texto Refundido de la Ley de Sociedades de capital. Ad ex., y de modo expreso, en relación con los derogados arts. 262.5 LSA y 105.5 LSRL, STS de 29 de septiembre de 2007. Vid., con abundante cita de jurisprudencia, García-Cruces: La responsabilidad de los administradores por no promoción o remoción de la disolución de la sociedad: consideraciones en torno al debate jurisprudencial, pp. 48 y ss. Últimamente, vid. Beltrán: La responsabilidad de los administradores por obligaciones sociales, 2ª edcn., pp. 227 y ss.). Con idéntica finalidad de adverar el carácter indemnizatorio de esta responsabilidad concursal, también se señala que ”el criterio de medida de imputabilidad de la responsabilidad personal e individualizada a cada uno de

los administradores no es otro sino el de imputabilidad a cada uno de ellos del daño generado a la sociedad al contribuir a la generación o agravamiento del estado de insolvencia. Es el grado de participación de cada uno de los administradores en ese daño directo a la sociedad y derivativo a los acreedores, lo que servirá de criterio a la sentencia de calificación respecto del alcance subjetivo y cuantitativo de la responsabilidad concursal. Esto no es responsabilidad-sanción-punitiva, sino responsabilidad por daños y en función de la contribución de cada uno de los administradores a ese daño” (Alonso Ureba: La responsabilidad concursal de los administradores de una sociedad de capital en situación concursal [el art. 172.3 de la Ley Concursal y sus relaciones con las acciones societarias de responsabilidad”], p. 556). Desde luego, y por las razones que antes expusiera, es absolutamente acertado advertir que el criterio de imputación a los administradores va a hacerse depender de la particular actuación seguida por cada uno de ellos, pues en razón de cuál haya sido ésta (dolo, culpa lata), se concretará en la sentencia de calificación, de forma individualizada, el alcance que tal pronunciamiento ha de tener. Ahora bien, este argumento poco ayuda a la finalidad pretendida, pues ese criterio de valoración individualizada de la conducta resulta ser más adecuado para los supuestos de responsabilidad-sanción que no respecto de aquellos otros que responden a una simple finalidad resarcitoria. La caracterización del régimen general de responsabilidad de los administradores en nuestro Derecho positivo (arts. 236 y ss. Texto Refundido de la Ley de Sociedades de capital), y del que, desde luego, no hay duda alguna acerca de su significado indemnizatorio, no discrimina en atención al grado de culpa que en relación con la producción del daño caracteriza el actuar de cada administrador, viniendo todos ellos a ser responsables del que efectivamente se causara a la sociedad, socios y terceros, según los casos. De hecho, así lo advierte, de forma poco coherente, el autor citado al recordar la caracterización del régimen general de responsabilidad (“en sede de nuestro Derecho de Sociedades al configurar el régimen de la responsabilidad social de los administradores no se hace exoneración alguna en base al grado de culpa. Es un principio asumido en nuestro Derecho de Sociedades que los daños generados a la sociedad por el incumplimiento del deber de diligencia que incumbe a los administradores, genera en todo caso una responsabilidad cualquiera que sea el grado de culpa que les sea imputable a los administradores, siendo éste un principio que se ha asumido en nuestra praxis a raíz de la reforma de 1989, siendo incongruente como decimos, que en los supuestos precisamente de mayor daño para la sociedad y derivativamente para los acreedores (concurso), se pretenda precisamente una exoneración en base al grado de culpa sobre la base de que ello constituiría un coste difícilmente asumible por los administradores”. (Alonso Ureba: La responsabilidad concursal de los administradores de una sociedad de capital en situación concursal [el art. 172.3 de la Ley Concursal y sus relaciones con las acciones societarias de responsabilidad”], cit., p. 538). La relevancia del distinto proceder de los administradores sólo es posible en un contexto muy distinto al propio de una responsabilidad indemnizatoria, en donde el grado de culpa deviene irrelevante. Por el contrario, si la construcción de la responsabilidad exigible por este concepto responde a cánones propios de la sanción civil, entonces cobra todo su significado, y resulta posible, un criterio de imputación diferenciado, en razón del dolo o la culpa lata que adorna la

actuación con que tales sujetos han participado en la causación o agravamiento del estado de insolvencia de la sociedad ahora concursada. Dicho de otra manera, resulta irrelevante la concurrencia de dolo o culpa grave si de lo que se trata es de reparar un daño pero no, desde luego, si estamos ante una sanción. De todos modos, se sigue insistiendo en la afirmación de la responsabilidad ex artículo 172.3 LC como una responsabilidad indemnizatoria, ya que, como una nueva razón para tal conclusión, frente a la consideración de que la responsabilidad por el fallido concursal se desvincula en el texto legal del daño que los administradores hubieran ocasionado al patrimonio del deudor-concursado (García-Cruces: El problema de la represión de la conducta del deudor común, p. 310. En igual sentido, vid. Llebot Majo: La responsabilidad concursal de los administradores, p. 7564), se manifiesta que “será el grado de imputación a cada uno de los administradores de la generación o agravación del estado de insolvencia (daño) lo que determinará cuáles de ellos responderán concursalmente y, a su vez, será el daño causado directamente a la sociedad y derivativamente a los acreedores (dando lugar al fallido de sus créditos) como consecuencia de esa actuación generadora o agravadora del estado de insolvencia, lo que permitirá determinar el cuantum de la responsabilidad personal o individual de cada uno de ellos, (…) (el estado de insolvencia) en cuanto presupuesto de la responsabilidad concursal, es el criterio conforme al cual el juzgador deberá determinar qué administradores son los que responden y hasta cuánto responden” (Alonso Ureba: La responsabilidad concursal de los administradores de una sociedad de capital en situación concursal [el art. 172.3 de la Ley Concursal y sus relaciones con las acciones societarias de responsabilidad”], p. 538). Pese a estas consideraciones, parece más acertada la afirmación de que, conforme con el texto legal, en la responsabilidad concursal el origen o empeoramiento del estado de insolvencia es un mero presupuesto que, con independencia de su significado como daño para la sociedad concursada, permite atender a una finalidad distinta, cómo es el de sancionar la conducta seguida por los administradores, procurando un mecanismo de cobertura del fallido concursal. La existencia del daño y su imputación no justifica la responsabilidad sancionada en el artículo 172.3 LC, pues – en todo caso – la imputación requerida ha de ser cualificada (dolo, culpa lata) y, además, la procedencia de aquella responsabilidad se reserva para los supuestos de liquidación. Entiendo que esta conclusión no sólo es respetuosa, y la dota de pleno significado, con la previsión del artículo 172.3 LC sino que, además, es la única que permite una interpretación sistemática de tal regla respecto de otras normas acogidas en la LC, a la par que posibilita la adecuada inserción de aquella en nuestro Derecho privado. La construcción de la acción ex artículo 172.3 LC como la derivada de una responsabilidad resarcitoria vendría a suponer el carácter manifiestamente superfluo de la norma, dada la regla expresa de compatibilidad en el concurso entre aquélla y el régimen general de responsabilidad de los administradores que acoge el artículo 48.2 LC. En efecto, con tal caracterización de la responsabilidad por el fallido concursal se estaría afirmando una duplicidad de

regímenes para conseguir un mismo resultado; esto es, la reparación del daño causado a la sociedad ahora concursada y, de forma derivada, a sus acreedores. Obsérvese que tal resultado ya se alcanzaría con las previsiones de los artículos 236 y ss. Texto Refundido de la Ley de Sociedades de capital, pues allí se viene a configurar una responsabilidad indemnizatoria que han de soportar los administradores por el daño que como tales causaran. Dada la vigencia del régimen general que sancionan las disposiciones societarias, la previsión del citado artículo 172.3 LC carecería de sentido. Pero, además, la afirmación del carácter meramente reparatorio de la responsabilidad concursal lleva a ciertas conclusiones de muy difícil justificación. En primer lugar, y a fin de mantener tal construcción de este tipo de responsabilidad, resultaría necesario – en puridad - excluir la aplicación del régimen general de responsabilidad resarcitoria acogido en la normativa societaria en los supuestos en que fuera declarado el concurso de la sociedad a la que estos administradores sirven, a fin de evitar una duplicidad – innecesaria – de regímenes con igual finalidad. Desde luego, podría compartirse la bondad de tal solución, pero frente a ella nos encontraríamos el tenor literal del artículo 48.2 LC, norma en cuya virtud ha de afirmarse que la declaración de concurso no afecta al posible ejercicio de las pertinentes acciones de responsabilidad que, conforme al régimen general, puedan ejercerse frente a los administradores de la sociedad concursada, y sin que las ya ejercitadas queden afectadas como consecuencia de la sección de calificación del concurso (Vid. Beltrán: Comentario art. 48, pp. 971 y ss.). De igual modo, también cabe señalar, si se entendiera salvado – lo que no es posible – el anterior obstáculo, que las conclusiones a las que nos llevaría una configuración de la responsabilidad ex artículo 172.3 LC como responsabilidad indemnizatoria serían seguramente inaceptables. En efecto, no podría justificarse, pues resulta contrario a elementales exigencias de nuestro Derecho positivo, que la procedencia de la reparación del daño quedara limitada a los supuestos en que el agente hubiera procedido con dolo o culpa lata, viniéndose a excluir toda suerte de resarcimiento en cualquier otro supuesto en que se hubiera procedido con distinto grado de culpabilidad. Por otro lado, e incluso por referencia al actuar doloso o con culpa grave, no podría aceptarse que el distinto grado de culpabilidad llegara a justificar una extensión diferente de la indemnización, pues la cobertura reparadora del daño ha de ser total, a no ser que medie concurrencia de culpas, circunstancia que no es posible en el supuesto que nos ocupa. En último lugar, no puede aceptarse, y sería una conclusión necesaria derivada de la configuración de esta responsabilidad concursal como responsabilidad resarcitoria, que la reparación del daño quedara limitada por el hecho de que la solución dada al concurso fuera la liquidación, quedando excluidos los supuestos de convenio. Todas estas razones obligan a una conclusión, y ésta no puede ser otra que la de negar el carácter indemnizatorio de la responsabilidad por el fallido concursal que dispone el artículo 172, 3 LC. Pero, no sólo existen razones suficientes para rechazar la consideración de la responsabilidad ex artículo 172.3 LC como un supuesto indemnizatorio sino que, también, el propio texto legal ofrece motivos más que relevantes para

concluir en su tipificación como un supuesto de responsabilidad-sanción. En este sentido, habrá que atender al resto de previsiones que dispone la LC en sede de calificación concursal, pudiéndose entonces comprobar cómo, entre otros pronunciamientos que contendrá la sentencia de calificación, en tal resolución el juez del concurso condenará, en su caso, a las “personas afectadas por la calificación”, entre los que necesariamente habrá que incluir a los administradores, “a indemnizar los daños y perjuicios causados”, tal y como ordena el inciso final del artículo 172.2.3º LC. Esta pretensión indemnizatoria a favor de la masa activa permite deducir las pertinentes peticiones resarcitorias que, en razón de las concretas circunstancias, pudieran hacerse valer (ad ex. indemnización ex art. 73.2 LC) Desde luego, no parece que el legislador, al sancionar la procedencia de esta condena resarcitoria, haya pretendido una suerte de acumulación de pretensiones indemnizatorias que, superpuestas entre sí, deriven en un resultado que carece absolutamente de sentido. Si, a todo ello, se añade la procedencia del régimen general de responsabilidad de los administradores, que también cabe hacer valer en el expediente de calificación al amparo del artículo 172.2.3º LC, podrá llegar a concluirse en la necesidad de dar una explicación necesariamente distinta de la responsabilidad por el fallido concursal. Y, en este sentido, parece que tal explicación sólo puede ser aquélla que manifiesta el carácter sancionatorio de la responsabilidad ordenada por el artículo 172.3 LC. Esta configuración del tipo de responsabilidad que nos ocupa parece obedecer a una concreta finalidad de política jurídica, pues viene a mostrar la constatación de las insuficiencias del régimen general de responsabilidad de los administradores durante la vigencia del Derecho Concursal codificado. Las disposiciones del C.com. reguladoras de la institución concursal no excluían la posible aplicación de las previsiones acogidas en el régimen general de responsabilidad que para los administradores disponían las normas societarias, tal y como venía a destacarse por nuestra doctrina más autorizada. Nuestra experiencia concursal no era, precisamente, satisfactoria en lo que hace a la valoración de las conductas, en particular respecto de los administradores sociales, que se habían seguido con ocasión del estado de insolvencia. El resultado a que conducía la aplicación de aquellas normas generales y de carácter indemnizatorio distaba mucho de los resultados que serían deseables. Por ello, cabe lícitamente entender que la responsabilidad concursal obedece a una finalidad distinta, pues responde a un deseo de moralización de las conductas, a fin de reprimir aquellas que, actuadas con ocasión de la producción o del empeoramiento del estado de insolvencia, pudieran considerarse más graves. Esto es, estamos ante una responsabilidad sanción con la que quiere asegurarse la vigencia de unas exigencias éticas mínimas (dolo, culpa lata)

Esta calificación como pena civil no ha de plantear, en principio, mayores problemas, dada su tradición en el ámbito del Derecho Privado (Desde luego la cita obligada es el artículo 367 Texto Refundido de la Ley de Sociedades de capital, así como su antecedente en los artículos 262.5 LSA y 105.5 LSRL. Pero no cabe desconocer antecedentes de tal técnica legislativa en el propio Código, como así ocurre con la previsión de su art. 147 C.com. al sancionar la responsabilidad del socio comanditario por las deudas sociales cuando

“incluyese su nombre o consintiese su inclusión en la razón social”). La pena o sanción civil es un instrumento de Derecho Privado por el que se vinculan el interés general y legítimos intereses privados, que se caracteriza por la doble nota de que la iniciativa para instar su aplicación puede, incluso, hacerse descansar en los particulares quienes, a su vez, obtienen - o pueden obtener - una ventaja patrimonial con la aplicación de aquélla. Se trata, de este modo, de garantizar la eficacia de la medida frente a las sanciones tradicionales que provienen del Derecho Público. La responsabilidad sanción, en el ámbito del Derecho Privado, toma como presupuesto el incumplimiento, con la exigencia del grado de culpa que se estime oportuno, de determinados deberes. De igual modo, puede atender – aunque no necesariamente – al resultado dañoso derivado de aquel proceder, pero no para alterar su propio significado sino, mejor, para modular el alcance de la sanción. Ello explica que, en el contexto del artículo 172.3 LC, y pese a la dualidad de grados de culpa en la imputación (dolo, culpa lata), la sanción resulte procedente. Pero, también, justifica que en función del grado de culpa que en cada caso concurra el alcance de la sanción pueda tener un contenido distinto (fallido total o parcial). De este modo, se entenderán mejor las opciones, también las de política jurídica, que hace la LC y que llevan a encomendar al arbitrio judicial la concreción del alcance – total o parcial – de la condena de los administradores a satisfacer el déficit concursal.

El problema de la naturaleza de la responsabilidad concursal también

está teniendo un cierto protagonismo en la jurisprudencia que se está formando en la aplicación de la LC. La discusión acerca de su naturaleza indemizatoria o sancionadora se ha plasmado en distintos pronunciamientos jurisprudenciales, resultando mayoritaria la línea jurisprudencial que afirma su carácter sancionador. A fin de que estas páginas tengan una extensión razonable, ceñiremos el estudio de la Jurisprudencia recaída sobre la responsabilidad concursal a aquélla que ha sido dictada por las Audiencias Provinciales, no sin dejar de advertir de la excelente calidad de muchas de las resoluciones dictadas en primera instancia.

En este sentido, ha de hacerse constar cómo existen importantes decisiones jurisprudenciales que afirma la naturaleza indemnizatoria de la responsabilidad acogida en el art. 172.3 LC, viniendo a requerir, por tanto, cumplida prueba acerca de la relación de causalidad que ha de mediar entre la conducta dolosa seguida por los administradores y liquidadores y el daño representado, tras la liquidación, por el impago, parcial o total, de los créditos frente al concursado. En este sentido, cabe destacar la jurisprudencia formada por la Audiencia Provincial de Barcelona (esta Audiencia avanzó su criterio en el Auto AP Barcelona Secc. 15ª de 6 de febrero de 2006, ADCo, 8, 2006, pp. 361 y ss. Este criterio se reitera, entre muchas, en SAP Barcelona Secc. 15ª de 29 de noviembre de 2007, ADCo., 14, 2008, pp. 509 y ss.; SAP Barcelona Secc. 15ª de 25 de marzo de 2008, ADCo., 16, 2009, pp. 432 y ss.; SAP Barcelona Secc. 15ª de 22 de mayo de 2008, ADCo., 16, 2009, pp. 437 y ss.; SAP Barcelona (Sección 15) 15 de enero de 2009, JUR 2009/411760; SAP Barcelona (Sección 15) 30 de enero de 2009, JUR 2009/173357; SAP Barcelona (Sección 15) 11 de marzo de 2009, JUR 2009/411527; SAP Barcelona (Sección 15) 27 de marzo de 2009, JUR 2009/411331; SAP Barcelona (Sección 15) 04 de junio de 2009, JUR 2009/420669; SAP Barcelona (Sección 15) 14 de septiembre de

2009, JUR 2009/406403; SAP Barcelona (Sección 15) 30 de octubre de 2009, JUR 2010/78605; y SAP Barcelona (Sección 15) 28 de enero de 2010, JUR 2010/179976), a la que se ha unido alguna que otra Audiencia (vid. SAP Jaén de 10 de marzo de 2008, Id Cendoj: 23050370012008100028, SAP Girona 30.03.2009, JUR 2009/395394 y SAP La Rioja 17.10.2008, JUR 2009/106547), y que viene manifestando que “se trata de un supuesto de responsabilidad por daño y culpa, pues presupone su concurrencia. Por una parte, la responsabilidad procede únicamente cuando se opte por la liquidación como solución al concurso, y el objeto de la condena es el pago de la totalidad o parte de los créditos concursales no satisfechos con la liquidación. En realidad, estos créditos no satisfechos con la liquidación son el perjuicio sufrido por los acreedores concursales como consecuencia del estado de insolvencia del deudor. Y la condena a indemnizar procede imponerla sólo en el caso de concurso culpable, esto es cuando en la generación o agravación de la insolvencia hubiere mediado dolo o culpa grave de los administradores o liquidadores de derecho o de hecho del deudor persona jurídica (art. 172.3 en relación con el art. 164.1 LC ). Contribuye a argumentar así el tenor literal del art. 172.3 LC que no se refiere a la imposición de una sanción automática consecuencia de la calificación de concurso culpable, sino que otorga al Juez la facultad de poder condenar o no a los administradores: "la sentencia podrá, además, condenar a los administradores...". Luego, si el Juez puede condenar, es que también puede no condenar. Y tanto si lo hace como si no, debe acudir a un criterio y éste responde al esquema de la responsabilidad por daño y culpa. Condenará al administrador de derecho o de hecho que con su actuación hubiere generado o agravado la insolvencia y, en este segundo caso, valorará su participación en la agravación para moderar el alcance de la responsabilidad y con ello la parte de los créditos insatisfechos a que debe ser condenado a pagar el administrador. En la medida que el administrador declarado persona afectada por la calificación culpable del concurso es responsable de los hechos que han justificado tal calificación, en la misma medida también lo es de las consecuencias de la insolvencia generada o agravada por su conducta, y en concreto de la insatisfacción de los créditos concursales. Todo lo cual prueba la existencia de la relación de causalidad entre la conducta culposa y el daño o perjuicio objeto de indemnización” (SAP Barcelona Secc. 15ª de 19 de marzo de 2007, ADCo., 12, 2007, pp. 442 y ss.). El criterio jurisprudencial mayoritario se decanta, sin embargo, por afirmar la naturaleza sancionadora de la responsabilidad dispuesta en el art. 172.3 LC. Nuestras Audiencias califican la responsabilidad concursal como una suerte de responsabilidad sanción en virtud de distintos argumentos que conviene señalar (Vid., ad ex., SAP Alicante (Sección 8) 18 de diciembre de 2008, AC 2009/262; SAP Alicante (Sección 8) 13 de enero de 2009, JUR 2009/129977; SAP Alicante (Sección 8) 27 de enero de 2009, JUR 2009/192847; SAP Alicante (sección 8) 24 de febrero de 2009, JUR 2009/250974; SAP Alicante (sección 8) 27 de febrero de 2009, JUR 2009/250594; SAP Alicante (Sección 8) 11 de marzo de 2009, AC 2009/902; SAP Alicante (Sección 8) 12 de marzo de 2009, AC 2009/907; SAP Asturias 13 de noviembre de 2009, JUR 2010/7949; SAP Baleares (Sección 5) 09 de noviembre de 2009, JUR 2010/27260; SAP Baleares (Sección 5) 10 de diciembre de 2009, JUR 2010/43168; SAP Córdoba (Sección 3) 11 de julio de 2008, JUR 2009/95720; SAP Córdoba (Sección 3) 15

de julio de 2008, JUR 2009/95657; SAP Granada (Sección 3) 14 de octubre de 2008, JUR 2009/52030; SAP Granada (Sección 3) 5 de junio de 2009, JUR 2009/370821; SAP Granada (Sección 3) 15 de mayo de 2009, AC 2009/1091; SAP Huesca (sección 1) 29 de enero de 2008, JUR 2008/124208; SAP La Coruña (sección 4) 26 de junio de 2009, AC 2009/1742 - y que parece rectificar el criterio expresado en SAP La Coruña (Sección 4) 13 de octubre de 2008, JUR 2009/122694) - ; SAP Lleida (Sección 2) 4 de enero de 2010, AC 2010/318; SAP Madrid (Sección 28) 5 de febrero de 2008, ADCo., 17, 2009, pp. 533 y ss.; SAP Madrid (Sección 28) 26 de junio de 2009, AC 2009/2065; SAP Pontevedra 20 de noviembre de 2008, JUR 2009/145217; SAP Pontevedra 27 de noviembre de 2008, AC 2009/121; SAP Pontevedra 27 de mayo de 2009, AC 2009/1577; SAP Pontevedra 8 de enero de 2010, JUR 2010/83330; SAP Tarragona 7 de febrero de 2008, JUR 2008/183846; SAP Valladolid (Sección 3) 22 de julio de 2009, JUR 2009/361916; SAP Valladolid (Sección 3) 15 de diciembre de 2009, JUR 2010/76267; SAP Murcia (Sección 4) 31 de julio de 2008, AC 2008/1743).

En primer lugar, se justifica tal criterio en razón de las insuficiencias a

que conduce la afirmación de la naturaleza resarcitoria de la responsabilidad por el déficit concursal, no sólo por el alcance que quiere darse al término “podrá” que se utiliza en la redacción dada al art. 172.3 LC sino, también, por el hecho de que la posibilidad de graduar la intensidad de la condena se corresponde mejor con una sanción que no con un modelo de corte reparador del daño. En este sentido, viene a afirmarse que “es más, la referencia al sistema de sanción societario permite advertir, no sólo que el caso concursal no es exorbitante sino que al contrario, que está incluso más justificado dado que en todo caso, se presenta en el caso de una insolvencia ya declarada y dentro de ella, en su proyección más intolerable, esto es, en los casos de efectiva apertura de liquidación y apreciación de irregular conducta del órgano gestor que es la que en principio le hace merecedor del calificativo de culpable, con reproche de dolo o culpa grave en la generación o agravación del estado de insolvencia del deudor. Se aduce por quienes defienden que la norma contempla un caso de responsabilidad por daño, que la norma no contempla una condena al pago automática y que esto sólo se explica porque la condena al pago de las deudas pendientes se ha de fundamentar en la relación de la conducta del administrador o liquidador. Sin embargo, tal conclusión no es en absoluto tan unívoca como se pretende. En efecto, también en el sistema sanción son dables la concurrencia de causas justificativas de una decisión absolutoria o de graduación de responsabilidad a que se refiere la ley porque sin duda, como ha destacado la doctrina con acierto, también los conceptos de culpa e imputación se encuentran en el marco de la sanción o pena civil en el que incluso la facultad de graduación o moderación judicial en uso del principio de equidad, tiene expreso reconocimiento legal en el artículo 1154 del Código Civil . Por tanto, y sin desdeñar otros argumentos, tanto comparativos (el caso de la "acción de complemento de pasivo" del Derecho Francés) como de otra índole (articulación del sistema en el ámbito de la vigencia general de las acciones de responsabilidad frente a los administradores), la conclusión que alcanzamos es que la responsabilidad que contempla el artículo 172.3 de la Ley Concursal se articula como un caso de responsabilidad sanción claramente finalista, la de ser garantía última para los acreedores, eliminando los

obstáculos que se les presentarían de tener que acudir a las acciones de responsabilidad societaria, al cobro de sus créditos con cargo a los administradores declarados culpables de la situación impeditiva de la ordinaria satisfacción de los mismos”. (SAP Alicante Secc. 8ª de 27 de enero de 2009, Id Cendoj: 03014370082009100058. En el mismo sentido, vid. SAP Huesca Secc 1ª de 29 de enero de 2008, Id Cendoj: 28079370282008100034).

De igual modo, en estas decisiones jurisprudenciales se acude a un

criterio de interpretación literal como justificación que respalda la calificación como sanción de la responsabilidad concursal. Así, se advierte que se llega a tal conclusión “por una interpretación literal del artículo 172.3 de la Ley Concursal , que no hace mención alguna a la conducta del sujeto como determinante de la imposición de la obligación de pago a los acreedores del déficit concursal; y que tampoco contiene indicación de ningún tipo referente a la relación de causalidad entre la conducta y el daño; sino que establece una atribución legal de responsabilidad por deudas ajenas (las de la sociedad de la que se es o ha sido administrador o liquidador), exigible cuando concurre un determinado supuesto de hecho” (SAP Córdoba Secc. 3ª de 28 de marzo de 2008, ADCo., 15, 2008, pp. 488 y ss. Comparte este criterio la SAP Madrid Secc. 28ª de 5 de febrero de 2008, ADCo., 17, 2009, pp. 533 y ss., en la que se señalan distintas razones en amparo de su decisión, manifestando que “una de ellas sería la propia literalidad de la norma. En el art. 172.3 de la Ley Concursal no se contienen los elementos propios de una responsabilidad civil resarcitoria o por daños. A diferencia de preceptos que regulan, según opinión pacífica de la doctrina y la jurisprudencia, una responsabilidad civil resarcitoria, como es el caso del art. 133.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, en el art. 172.3 de la Ley Concursal no se prevé la indemnización del daño causado por la conducta del sujeto al que se atribuye la responsabilidad. No hay mención alguna a la exigencia de causalidad entre una conducta y un daño, sino una previsión legal de responsabilidad por deudas ajenas (las de la sociedad de la que es administrador o liquidador) exigible cuando concurre un determinado supuesto de hecho”. Vid., también, SAP Madrid Secc. 28ª de 6 de marzo de 2009, ADCo., 18, en prensa).

También acuden estas decisiones jurisprudenciales al argumento

sistemático a fin de fundamentar su decisión. Este argumento sistemático se plasma de dos maneras diferentes, según sea la norma de referencia. En primer lugar, se acude a cuanto dispone el art. 172.2.3º LC, para destacar que “la norma contenida en dicho art. 172.2.3º regula una serie de consecuencias derivadas de la calificación del concurso como culpable, en todos los casos (ya se haya abierto la sección de calificación como consecuencia de un convenio gravoso o por la apertura de la fase de liquidación, con o sin déficit) y que afectan a todas las personas que han intervenido en la conducta determinante de la calificación del concurso como culpable, bien directamente (personas afectadas por la calificación), bien como cómplices. Tales consecuencias consisten en la pérdida de sus derechos como acreedores, la devolución de los bienes indebidamente obtenidos del patrimonio del deudor o de la masa, y la indemnización de (todos) los daños y perjuicios causados, como régimen no agravado de responsabilidad civil, de naturaleza resarcitoria por contener la exigencia de relación causal entre la conducta y el daño a indemnizar propio de

este tipo de responsabilidad. Pues bien, tras esta previsión del art. 172.2.3º de la Ley Concursal, la norma del art. 172.3 de la Ley Concursal contiene una previsión más severa para aquellos casos más graves de concurso culpable, como son los que han desembocado en la fase de liquidación con insuficiencia patrimonial. En tales casos, se establece, “además”, un régimen agravado de responsabilidad civil de quienes hubieran sido administradores o liquidadores de la persona jurídica concursada en los dos años previos a la declaración de concurso. Carece de sentido, pues, que la responsabilidad civil del art. 172.3 de la Ley Concursal sea de la misma naturaleza, resarcitoria, que la del art. 172.2.3º de la Ley Concursal, pues entonces aquélla sería superflua, redundante e innecesaria” (SAP Madrid Secc. 28ª de 5 de febrero de 2008, ADCo., 17, 2009, pp. 533 y ss.. En igual sentido, se manifiesta la SAP Córdoba Secc. 3ª de 28 de marzo de 2008, ADCo., 15, 2008, pp. 488 y ss. Por el contrario, la SAP Barcelona Secc. 15ª de 21 de febrero de 2008, ADCo., 16, 2009, pp. 427 y ss. parece querer contestar el argumento expuesto, manifestando – de forma, a mi juicio, forzada y muy discutible – que “esta condena a indemnizar daños y perjuicios no sólo va dirigida a la persona afectada por la calificación sino que también puede alcanzar a los cómplices; y es consecutiva a la sanción de pérdida de los créditos de todos ellos, ya sean concursales o contra la masa, y, sobre todo, a la condena a devolver los bienes o derechos indebidamente obtenidos del patrimonio del deudor -lógicamente antes de la declaración de concurso - y los recibidos de la masa activa -obviamente durante el concurso . Los daños y perjuicios a que se condenara a pagar a la(s) persona(s) afectada(s) por la calificación y/o a los cómplices van ligados a la referida condena restitutoria, como por ejemplo la devaluación realizada por el uso y el tiempo transcurrido de los bienes o derechos que deben restituirse o la imposibilidad de verificarse dicha devolución por haber perecido los bienes o haber ido a parar a terceros de buena fe o que gozan de irreivindicabilidad o de protección registral. Sin embargo, el apartado 3 no afecta a los cómplices sino sólo a las personas afectadas por la calificación, y no necesariamente a todas, sino sólo a "los administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, de la persona jurídica cuyo concurso se califique como culpable, y a quienes hubieren tenido esta condición dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso "; y, además, por su carácter potestativo y no necesario, sólo tiene sentido si va justificada por una vinculación entre la(s) conducta(s) que ha(n) permitido calificar culpable el concurso , imputable(s) a los referidos administradores o liquidadores, y la generación o agravación de la insolvencia, lo que además también suministra un criterio objetivo para graduar el alcance de la condena. Y esta responsabilidad resarcitoria se diferencia claramente de la contenida en el artículo 172.2.3º LC, sin que pueda advertirse ninguna duplicación”).

Por otro lado, el argumento sistemático viene también a utilizarse en

relación con el régimen que acogen las normas societarias respecto de la responsabilidad que cabe exigir a los administradores y liquidadores. La jurisprudencia que califica a la responsabilidad concursal como una responsabilidad sanción, no duda en manifestar que “por evidentes razones de orden sistemático, cabe relacionar el tan citado artículo 172.3 de la Ley Concursal con las normas societarias sobre responsabilidad de los administradores sociales. La legislación societaria establece un doble régimen

legal, según se trate de responsabilidad por daños (artículo 133 de la Ley de Sociedades Anónimas , al que puede asimilarse la previsión del artículo 172.2.3º de la Ley Concursal ), o de responsabilidad por deudas (artículos 262.5 de la Ley de Sociedades Anónimas y 105.5 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, a los que se asimila el régimen del artículo 172.3 de la Ley Concursal ). De considerarse que la responsabilidad regulada en este último precepto es resarcitoria y no indemnizatoria, se daría la paradoja de que el régimen "general" de responsabilidad de los artículos 262.5 de la Ley de Sociedades Anónimas y 105.5 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, sería más severo que el supuesto agravado que contempla dicho precepto (concurso culpable e insuficiencia patrimonial). Incluso sería más severo el régimen subjetivo del artículo 133 de la Ley de Sociedades Anónimas, ya que éste no requiere una especial cualificación de la negligencia del causante del daño, mientras que en artículo 172.3 de la Ley Concursal sí concurren factores que implican mayor reprochabilidad (conductas previstas en los artículos 164 o 165 de la Ley Concursal)” (SAP Córdoba Secc. 3ª de 28 de marzo de 2008, ADCo., 15, 2008, pp. 488 y ss. Vid. también, SAP Madrid Secc. 28ª de 5 de febrero de 2008, ADCo., 17, 2009, pp. 533 y ss.. Sobre esta importante resolución, vid. Beltrán: En torno a la naturaleza de la responsabilidad concursal (Comentario de la Sentencia de la Secc. 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 5 de febrero de 2008), ADCo., 14, 2008, pp. 329 y ss.).

Sin dejar de lado la importancia de los argumentos expuestos, parece

oportuno destacar el carácter principal que tienen otras dos consideraciones jurisprudenciales a fin de justificar el carácter sancionador de esta responsabilidad por el déficit concursal. En este sentido, se advierte la inserción de esta particular sanción dentro del régimen dispuesto para la calificación del concurso en el texto legal, destacándose la inexigibilidad de cualquier enlace causal dada su previa necesidad en la anterior decisión judicial por la que se califica el concurso como culpable. En efecto, este primer pronunciamiento que, con carácter necesario ha de contener la sentencia de calificación, ya advera – en su caso – la concurrencia de tal relación de causalidad que debe darse entre la conducta dolosa o con culpa lata de los administradores y liquidadores y, de otro lado, la producción o agravación del estado de insolvencia. Por ello, no resulta necesaria una nueva acreditación de relación causal alguna. Así, se considera que “habida cuenta de la expresada regulación de las causas de calificación del concurso como culpable, en los casos en que la calificación se haya realizado en base a la cláusula general del art. 164.1 o a las presunciones iuris tantum del art. 165 de la Ley Concursal, la exigencia legal de que en tales casos se aprecie la existencia de una relación de causalidad entre la conducta genérica dolosa o gravemente culposa del deudor o de su representante, art. 164.1, o entre las conductas previstas en los distintos apartados del art. 165 de la Ley Concursal, y la generación o agravamiento de la insolvencia, supone que la propia calificación del concurso como culpable contiene la determinación de la relación de causalidad entre tal conducta y el déficit patrimonial del concurso. Y en los casos en los que el concurso se califique como culpable por concurrir alguno de los supuestos del art. 164.2 de la Ley Concursal, la previsión de que el concurso ha de calificarse “en todo caso” como culpable lleva implícito el enlace causal ex lege entre la

conducta del deudor o su representante y la insolvencia. Por ello, una vez que la sentencia que se dicta en la sección de calificación ha declarado el concurso culpable (art. 171.1), no se exige una nueva determinación de esa relación causal para proceder en tal sentencia a la imposición de la responsabilidad concursal del art. 172.3 a los administradores o liquidadores a los que subjetivamente pueda imputarse la conducta determinante de la calificación del concurso como culpable” (SAP Madrid Secc. 28ª de 5 de febrero de 2008, ADCo., 17, 2009, pp. 533 y ss.).

Pero, también, en este grupo de resoluciones judiciales se acude al principal criterio de interpretación de las normas, atendiendo a su interpretación teleológica o finalista. Atendiendo a esta hermeneútica, no se duda en destacar que “la responsabilidad concursal aludida se reserva para los supuestos de mayor gravedad y riesgo de ver satisfecho su crédito de los acreedores, que implican los supuestos de liquidación. Pero además, hemos examinado como la calificación del concurso como culpable se funda en conductas dolosas o de culpa grave con que actuaron los que tenían el poder de actuar en nombre de la sociedad y concretar su voluntad, con infracción de elementales y básicos deberes que la ley sanciona en la nueva regulación de la calificación. De esta forma, junto con otros efectos y medidas complementarios, como señala la mejor doctrina, se articula una particular responsabilidad concursal para aquellos supuestos en que el incumplimiento de los deberes generales dé lugar a la agravación o empeoramiento del estado de insolvencia del deudor por el que actúan. Se articula así una responsabilidad sanción que responde a una doble finalidad. Por un lado sirve para animar y convencer a los implicados en el gobierno de las sociedades al cumplimiento y respeto de las obligaciones que deben cumplirse de forma diligente. Pero además establece las consecuencias anudadas a su infracción en los supuestos con relevancia concursal valorando los intereses en juego, de forma que, en supuestos donde existe mas riesgo de que los acreedores concursales puedan ver satisfechos sus créditos, se fija una responsabilidad que afecta al patrimonio propio de los que deben responder de su conducta en la generación o agravación de la insolvencia. Supuestos similares en su concepción ya existen en nuestro Derecho como la responsabilidad sanción o pena civil que de forma reiterada ha visto nuestra Jurisprudencia en la responsabilidad por deudas regulada en los arts. 262.5 LSA y 105.5 LSRL” (SAP Pontevedra Secc. 1ª de 20 de noviembre de 2008, Id Cendoj: 36038370012008100837. Vid., también y de modo expreso, SAP Madrid Secc. 28ª de 5 de febrero de 2008, ADCo., 17, 2009, pp. 533 y ss.; SAP Córdoba Secc. 3ª de 11 de julio de 2008, ADCo., 17, 2009, pp. 545 y ss.; y SAP Alicante Secc. 8ª de 27 de enero de 2009, Id Cendoj: 03014370082009100058, entre otras).

En definitiva, atendiendo a los argumentos expuestos y otros que

también se hacen valer (ad ex., se hace referencia al Derecho Comparado y, en particular, a la “acción de complemento del pasivo” regulada en el Derecho francés [cfr. SAP Alicante Secc. 8ª de 27 de enero de 2009, Id Cendoj: 03014370082009100058], al igual que al debate habido durante la tramitación parlamentaria que dio lugar a la vigente LC [SAP Madrid Secc. 28ª de 5 de febrero de 2008, ADCo., 17, 2009, pp. 533 y ss.]), el criterio jurisprudencial mayoritario concluye considerando que “nos encontramos ante una

responsabilidad por deudas, ex lege, en la que, siendo necesaria una imputación subjetiva y no automática a determinados administradores o liquidadores sociales, no es preciso otro reproche culpabilístico que el resultante de la atribución a tales administradores o liquidadores de la conducta determinante de la calificación del concurso como culpable, ni que se pruebe la existencia de una relación de causalidad entre la conducta del administrador y el déficit patrimonial que impide a los acreedores el cobro total de su deuda, o por decirlo más precisamente, no es necesario otro enlace causal distinto del que resulta de la calificación del concurso como culpable según el régimen previsto en los arts. 164 y 165 de la Ley Concursal y la imputación de las conductas determinantes de tal calificación a determinados administradores o liquidadores sociales” (SAP Madrid Secc. 28ª de 5 de febrero de 2008, ADCo., 17, 2009, pp. 533 y ss.).

4. Pluralidad de obligados y destinatarios del pago

No obstante lo anterior, si conviene destacar las imprecisiones de la norma sobre dos extremos. En primer lugar, el criterio de imputación y determinación de la extensión de esta responsabilidad concursal que se hace radicar en la conducta seguida por cada concreto administrador o liquidador no resuelve la duda de cómo calificar la obligación asumida en los casos de pluralidad de obligados. Obviamente, dada la imprevisión de la LC, resultarán de aplicación las reglas generales vigentes en nuestro Derecho (art. 1.137 CC) Sin embargo, ese rechazo de la regla de solidaridad no puede ampararse —en algunos supuestos— más que en la imprevisión del texto pues, pese a lo afirmado en alguna ocasión (Fernández de la Gándara: La responsabilidad concursal de los administradores de sociedades de capital, pág. 719), no obedece a justificación específica alguna. Así, y a fin de ofrecer esa fundamentación excluyente de la regla de solidaridad se nos dice que la ratio a que obedece esta previsión en otros supuestos (ad ex. art. 237 Texto Refundido de la Ley de Sociedades de capìtal) «no se da en cambio, como decimos, en sede concursal, dado que la apertura del concurso va a determinar un amplio acceso a la contabilidad, documentos complementarios, actas de órganos ejecutivos, …, información que se va a ver completada a través del propio desarrollo de la pieza de calificación, de forma que los interesados van a disponer de una amplísima información, no dándose tampoco en sede concursal la perspectiva de control de la dirección que tiene la acción social de responsabilidad, razones todas ellas que fundamentan, como decimos, la exclusión de la solidaridad en sede de responsabilidad concursal» (Alonso Ureba: La responsabilidad de los administradores de una sociedad de capital en situación concursal. El art. 171, 3 del Anteproyecto de Ley Concursal y sus relaciones con las acciones societarias de responsabilidad, pág. 308).

Sin embargo, no puede olvidarse otro extremo más. En este sentido, el argumento que acabamos de recoger decaería en aquellos supuestos en que la calificación culpable del concurso viniera impuesta como consecuencia de la falta de la necesaria información (vid., ad ex., art. 164, 2, 1º, 2º, 5º y 6º LC) (parece hacerse eco de esta

consideración, aunque de forma confusa, Puyol Martínez-Ferrando: La responsabilidad concursal de los administradores, págs. 280 y 281) Por otra parte, el criterio de imputación que atiende al concreto proceder de cada administrador no evitaría la posible identidad de la condena entre varios de ellos o, simplemente, la coincidencia parcial respecto del importe de dicha responsabilidad (parcial para uno de ellos y total o por un importe superior para otro), dándose lugar a situaciones en que el interés de los acreedores abogaría en favor del reconocimiento de tal regla de solidaridad.

En contra de este parecer se ha afirmado que «nos parece un acierto la exclusión que hace el art. 172, 3 de la Ley Concursal respecto de la solidaridad en la responsabilidad concursal de los administradores frente al régimen general de las acciones social e individual de responsabilidad que como sabemos parte del carácter solidario de la misma (art. 133 LSA) Como se ha expresado por nuestra doctrina más autorizada, la solidaridad es el efecto de una presunción de imputabilidad colectiva que alcanza a todos los miembros del órgano de administración y que invierte la carga de la prueba en su contra, de modo que la exoneración sólo beneficiará al administrador que individualmente destruya la presunción mediante la prueba de unos hechos suficientes para estimar que no le es imputable el incumplimiento del deber de diligencia que le es exigible» (Alonso Ureba: La responsabilidad de los administradores de una sociedad de capital en situación concursal. El art. 171, 3 del Anteproyecto de Ley Concursal y sus relaciones con las acciones societarias de responsabilidad, pág. 541) Sin embargo, la lectura de la norma y su interpretación sistemática pudiera llevar a una consideración distinta. En efecto, lo primero que ha de constatarse es que el artículo 172, 3 de la Ley Concursal no excluye la regla de la solidaridad respecto de la responsabilidad concursal sino que, simplemente, estamos ante la ausencia de un pronunciamiento expreso. Por otro lado, puede considerarse que la solidaridad es el efecto de una presunción de imputabilidad colectiva que alcanza a todos los miembros del órgano de administración y que invierte la carga de la prueba en su contra, pero ello no impide —mejor, vendría a ratificar— la afirmación de que si, en razón de las concretas circunstancias se adverara ese actuar común, el juez del concurso estaría facultado para que la condena por responsabilidad concursal tuviera carácter solidario. Desde luego, no hay una norma que presuma la actuación colectiva dolosa o con culpa lata en la causación o agravamiento del estado de insolvencia y, en consecuencia, no hay una inversión de la carga de la prueba. Pero estas observaciones no impiden, y es cosa distinta, que el pronunciamiento judicial sancione la solidaridad entre aquellos administradores sobre los que recayera la condena por responsabilidad concursal, cuando así se justificara en la prueba alcanzada y que acreditara un actuar —doloso o con culpa grave— común a todos ellos.

El silencio del legislador respecto de estos extremos, no parece que deba ser interpretado a favor de una solución contraria a la regla de solidaridad sino, quizás mejor, la falta de esa previsión obedezca a la confianza en la necesaria prudencia jurisprudencial (Parece sumarse a este criterio, aunque de forma confusa, Puyol

Martínez-Ferrando: La responsabilidad concursal de los administradores, pág. 281) Me parece, entonces, que habrá de concluirse señalando que quedará al arbitrio judicial la determinación del posible carácter solidario, sin que la —criticable— ausencia de un pronunciamiento expreso en la Ley Concursal constituya un argumento definitivo en sentido contrario. Las circunstancias del supuesto concreto podrán justificar la aplicación de criterios jurisprudenciales que, adoptados pese al silencio y, por ende, deviniendo aplicable la regla general, deben considerarse tradicionales en la práctica forense (ad ex., el criterio de la unidad de fin, como fundamento de la solidaridad, y que expresamente acoge la STS de 1.7.2002) Por supuesto, tal decisión deberá obedecer a un fundamento expreso que se explicite en la sentencia de calificación, de acuerdo con las circunstancias que rodeen el caso enjuiciado (ad ex., en los supuestos en que la actuación de los administradores se les hubiera confiado con carácter mancomunado y así, bajo el respeto de tal regla, hubieran procedido con el dolo o la culpa grave que permite la calificación culpable del concurso)

Quizás no deba atribuirse gran trascendencia a la segunda imprecisión de la regla acogida en el artículo 172, 3 de la Ley Concursal. Esta no es otra que la falta de determinación de los destinatarios del pago que, en virtud de la responsabilidad concursal, han de realizar los administradores condenados (esta imprecisión ya fue denunciada respecto del entonces Proyecto de Ley. Vid. Rodríguez Ruiz de Villa y Huerta Biesca: ¿Más responsabilidad de los administradores en el Anteproyecto de Ley Concursal de 2001?, pág. 12) Una lectura superficial del artículo 172, 3 de la Ley Concursal («a pagar a los acreedores concursales») nos llevaría a pensar que son los acreedores tales destinatarios pero, también, los legitimados para requerir tal proceder de los condenados por este concepto (de hecho, algún autor calificó tal responsabilidad como subsidiaria pero directa. Vid. Fernández de la Gándara: La responsabilidad concursal de los administradores de sociedades de capital, pág. 714) Sin embargo, no pueden ocultarse poderosas razones de orden funcional y que radican en la misma base de la construcción del concurso que abogarían por afirmar la conveniencia de que los administradores realizaran su responsabilidad concursal a favor de la masa activa. Con ello no se vendría a introducir alteración alguna acerca de quienes son, en último término, los destinatarios de tales pagos. Por otra parte, la ubicación sistemática y la finalidad propia del expediente de calificación, favorecen la misma conclusión. Resulta, por tanto, más que oportuno afirmar que la satisfacción de esta responsabilidad por el fallido concursal deberá actuarse en el concurso y a favor de la administración concursal, de tal modo que en la distribución de estas cantidades entre los acreedores se apliquen las reglas de pago previstas en los artículos 154 y siguientes de la Ley Concursal.

No obstante lo anterior, se ha suscitado la duda, en relación con la delimitación del objeto de la condena, de cuáles han de ser los créditos cuyo pago constituye el objeto de la condena por responsabilidad concursal. De nuevo la literalidad de la norma, unido a la dicción del artículo 84 LC, parece dar amparo a la afirmación jurisprudencial

excluyendo de tal cobertura a los créditos contra la masa (SAP Madrid (Sección 28), 21 de julio de 2009, JUR 2009/472153; SAP Barcelona (Sección 15) 14 de septiembre de 2009, JUR 2009/406403; SAP Jaén (Sección 1) 15 de noviembre de 2007, JUR 2008/93868. En contra parece pronunciarse la SAP Madrid (Sección 28) 5 de febrero de 2008, ADCo., 17, 2009, pp. 533 y ss.). Sin embargo, no puede desconocerse la grave incoherencia valorativa que supone esta afirmación, por la que se viene a negar la necesaria tutela que han de recibir los créditos contra la masa y que justifica su particular tratamiento en la LC. Por ello, considero que ha de concluirse afirmando que la prededucibilidad de los créditos contra la masa no puede hacerse venir a menos, de modo que si el fracaso del concurso fuera tal que el importe del déficit concursal fuera total y abarcara también créditos contra la masa, la condena ex artículo 172.3 LC igualmente debería englobar a éstos.

En lo que hace al plazo de prescripción de la acción para hacer valer esta responsabilidad concursal, entiendo que resultará de aplicación, dada la naturaleza del supuesto de hecho, lo previsto en el artículo 949 del Código de comercio, considerando, por tanto, que dicho plazo es el cuatrienal dispuesto en la norma. El criterio jurisprudencial formado respecto de otras normas de responsabilidad, que guardan en común con esta responsabilidad concursal la nota de su carácter no indemnizatorio, apoya tal conclusión (SSTS 29.4.1999; 20.7.2001; 30.11.2001; 7.7.2002; y 6.3.2003). Ahora bien, no habrá que olvidar la vigencia de las normas generales en materia de prescripción, dada su incidencia en lo relativo a la determinación del “dies a quo” en el cómputo de tal plazo. En efecto, la aplicación de la regla general dispuesta en el artículo 1969 C.c. (“actio nondum nata, non praescribitur”), tendrá como consecuencia que aquella referencia temporal sea la fijada para la apertura de la Sección de Calificación del concurso, dado que el ejercicio de la acción no es posible en un momento anterior.

5. El aseguramiento de la eventual responsabilidad concursal

La importancia que puede llegar a tener esta previsión de responsabilidad concursal que acoge la Ley explica, también, otra norma que aparece recogida en el texto legal. El artículo 48, 3 de la Ley Concursal advierte una regla de extraordinaria importancia práctica, pues dispone que:

«Desde la declaración de concurso de persona jurídica, el juez del concurso, de oficio o a solicitud razonada de la administración concursal, podrá ordenar el embargo de bienes y derechos de sus administradores o liquidadores de derecho o de hecho, y de quienes hubieren tenido esta condición dentro de los dos años anteriores a la fecha de aquella declaración, cuando de lo actuado resulte fundada la posibilidad de que el concurso se califique como culpable y de que la masa activa sea insuficiente para satisfacer todas las deudas. El

embargo se acordará por la cuantía que el juez estime bastante y podrá ser sustituido, a solicitud del interesado, por aval de entidad de crédito».

Esta norma ha suscitado un más que relevante interés en la práctica concursal que se viene formando tras la entrada en vigor de la Ley Concursal, como así lo acreditan las numerosas decisiones jurisprudenciales que la han aplicado. Por ello, puede resultar de interés ahora reflexionar sobre el alcance de la norma y el sentido con que está siendo aplicada por nuestro Tribunales.

Desde luego, la norma dispuesta en el artículo 48, 3 de la Ley Concursal acoge la posibilidad de una medida cautelar a fin de hacer realidad y no perjudicar la futura condena de responsabilidad por el déficit concursal.

Esa finalidad es advertida en la jurisprudencia concursal que se comienza a formar al señalar que con tal medida cautelar se quiere prevenir «cualquier posible comportamiento de los gestores de la concursada que en ciernes de serles exigidas responsabilidades por su actuación podrían tener la tentación de tratar de desprenderse de bienes o de ponerlos a salvo de una posible ejecución, lo que pudiera comprometer el buen fin de la medida cautelar, que no es otro que asegurar la posible condena que pudiera recaer sobre aquéllos» (Auto Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Madrid, Autos 064/2004, de 31 de enero de 2005, Magistrado Enrique García García, ADCo, 5, 2005, pág. 368. En igual sentido, y constituyendo ya un lugar común, vid. Auto Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Barcelona, Incidente 152/2005, de 11 de abril de 2005, Magistrado Juan F. Garnica Martín, ADCo, 5, 2005, pág.371; Auto Juzgado de lo Mercantil de Málaga, Autos 273/2005, de 25 de enero de 2005, Magistrado José Pablo Martínez Gámez, ADCo, 6, 2005, pág. 415; Auto Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Barcelona, Autos 158/2005, de 5 de mayo de 2005, Magistrado José María Ribelles Arellano, ADCo, 6, 2005, pág. 422; Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid, Autos 307/2005, de 10 de octubre de 2005, Magistrado Alberto Arribas Hernández, ADCo, 7, 2006, pág. 336; Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Barcelona, Autos 518/2005, de 16 de noviembre de 2005, Magistrado José María Ribelles Arellano, ADCo, 8, 2006, pág. 357; Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid, Autos 268/2005, de 13 de enero de 2006, Magistrado Alberto Arribas Hernández, ADCo, 8, 2006, pág. 359)

Como toda medida cautelar, no hay duda de que el embargo preventivo cuya posibilidad dispone la norma, presenta la característica de su instrumentalidad (vid. art. 730 LEC) respecto de un proceso principal, en este caso, la sección de calificación que se desarrolla como parte del proceso concursal y el posible pronunciamiento sobre responsabilidad por el fallido en el concurso.

En lo que hace al procedimiento a seguir para la adopción de esta medida cautelar, no faltó quien se pronunciara por la aplicabilidad del trámite dispuesto para el incidente concursal, en virtud de la regla acogida en el artículo 192 de la Ley Concursal (Ortells Ramos, M.: Concurso de acreedores y tutela judicial cautelar (a propósito de la nueva Ley Concursal), pág. 153) Sin embargo, la jurisprudencia ha rechazado esta solución, optando por las prescripciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Así, se ha señalado que «es cierto que el artículo 192, 1 de la Ley Concursal dice que todas las cuestiones que se susciten durante el concurso y no tengan señalada en esta Ley otra tramitación se ventilarán por el cauce del incidente concursal, y es igualmente cierto que la Ley Concursal no establece una forma especial para tramitar las medidas cautelares como las presentes, pero lo que igualmente no parece muy lógico es tramitar unas medidas cautelares por el mismo procedimiento que el pleito principal, y en este caso, la calificación se tramita parcialmente por el trámite de los incidentes (art. 171, 1 LC) Por lo tanto, y dado que la propia Ley Concursal prevé expresamente la supletoriedad de la Ley de Enjuiciamiento Civil (disp. final 5ª), parece lo más adecuado jurídicamente acudir a las normas de procedimiento de las medidas cautelares reguladas en dicha ley». Vid. Auto Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Barcelona, Autos 50/2004, de 10 de junio de 2005, Magistrado Luis Rodríguez Vega, ADCo, 6, 2005, pág. 427. En igual sentido, vid. Auto Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona, Autos 243/2005, de 18 de febrero de 2005, Magistrado José María Fernández Seijo, ADCo, 6, 2005, pág. 416 y Auto Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Bilbao, Autos 248/2005, de 23 de marzo de 2005, Magistrado Edmundo Rodríguez Achutegui, ADCo, 6, 2005, pág. 419.

La decisión de practicar esta traba con carácter cautelar se confía, pues no podía ser de otro modo, al juez del concurso, quien podrá proceder de oficio o a petición razonada, y por tanto fundamentada, de los administradores concursales.

El alcance de la legitimación activa ex art. 48, 3 de la Ley Concursal se ha cuestionado ante los tribunales, a fin de interesar su extensión a favor de cualquier acreedor. Con un criterio realista se ha resuelto afirmando que «es cierto que la norma no concede legitimación para solicitarlo a los acreedores, pero ello no significa que a éstos les esté vedada realizar cualquier solicitud. La única consecuencia de tal exclusión es que tal solicitud no merece, necesariamente, un pronunciamiento en el fondo. Ello no es incompatible con el hecho de que la solicitud pueda cumplir otra función más modesta, aunque igualmente eficaz, excitar el celo de los legitimados, esto es, de la Administración concursal y del juzgador, como en el caso ha ocurrido» (Auto

Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Barcelona, Incidente 152/2005, de 11 de abril de 2005, Magistrado Juan F. Garnica Martín, ADCo, 5, 2005, pág. 372).

El acuerdo puede adoptarse en cualquier momento tras el auto declarativo del concurso («desde la declaración de concurso de persona jurídica», advierte la norma) Sin embargo, y sin negar la posibilidad de que se den supuestos particulares que pudieran llevar a una conclusión distinta, parece razonable considerar que el momento idóneo para que sea solicitado y se acuerde la práctica de este embargo preventivo va a ser aquél en que los administradores concursales presenten su informe ex artículo 74 de la Ley Concursal, en el que, entre otros extremos, se contendrá «la exposición motivada de los administradores concursales acerca de la situación patrimonial del deudor y cuantos datos y circunstancias pudieran ser relevantes para la ulterior tramitación del concurso» (art. 75, 3 LC) En el momento de elaboración de este informe, los administradores concursales dispondrán de la mayor información posible, sin perjuicio de ulteriores noticias, pues habrán concretado en el mismo tanto el inventario de la masa activa como la composición de la masa pasiva que se refleja en la lista de acreedores que han de acompañar a tal documento. Ante la realidad de tal información, parece acertado pensar que la administración del concurso puede disponer ya de los elementos necesarios a fin de evaluar la posible concurrencia de los presupuestos que determinan la procedencia de esta medida cautelar.

El embargo preventivo ex artículo 48, 3 de la Ley Concursal ha de satisfacer los presupuestos que requiere el acuerdo de toda medida cautelar; esto es, ha de concurrir el «periculum in mora» así como la apariencia de buen derecho (art. 728 LEC) En lo que hace al peligro por la mora procesal, en los supuestos previstos en el artículo 48, 3 de la Ley viene realizado por el riesgo de inefectividad de la futura condena por responsabilidad concursal que, en el momento de acordar tal cautelar, ni siquiera puede aún solicitarse pues tal posibilidad sólo procede tras la apertura de la sección sexta. Por otra parte, y respecto de la apariencia de buen derecho, el citado artículo 48, 3 presenta mayores particularidades, ya que, en el momento de acordarse el embargo preventivo, no media —como tal— el ejercicio simultáneo de una pretensión ante el juez del concurso sino, tan sólo, la posibilidad de que, en el desarrollo del proceso concursal, pueda llegarse en un momento ulterior a la apertura de la sección de calificación y, en su caso, a la condena por responsabilidad concursal. Dadas estas particularidades, se entenderá mejor que la Ley haya objetivado cuál ha de ser la apariencia de buen derecho que requiere la adopción de esta decisión, pues el texto legal viene a tomar como referencia «la posibilidad de que el concurso se califique como culpable y de que la masa activa sea insuficiente para satisfacer todas las deudas». Desde este punto de vista se comprobará cómo la adopción de esta medida cautelar requiere que, de lo actuado, el juez concluya en la posibilidad de que la masa activa sea insuficiente a fin de satisfacer los créditos concursales al igual que ha de mediar la expectativa razonable de haber concurrido un comportamiento del deudor común —o de sus administradores o

liquidadores— que sea revelador de su proceder doloso o con culpa lata en la causación o agravamiento del estado de insolvencia que padece.

El alcance de estas circunstancias, determinantes de la procedencia del embargo preventivo que fuera solicitado, merecen sin embargo alguna matización. En primer lugar, hay que observar que la verificación de la posibilidad del concurso culpable no requiere que se advere la concurrencia en todos y cada uno de los administradores —o liquidadores— del dolo o la culpa lata que exige la calificación culpable del concurso. Bastará con la concurrencia de tal proceder respecto de alguno o algunos de ellos, e incluso con distinta intensidad, para que el juez del concurso estime la procedencia de esta medida cautelar, aunque lógicamente y en razón de la actuación desarrollada por cada uno de los administradores o liquidadores podrá acordase la práctica del embargo preventivo tan sólo respecto de aquellos en que concurriera tal elemento intencional, debiendo advertirse además la posibilidad de una diferente extensión cuantitativa de la traba en razón del grado de culpabilidad que de forma individualizada se sospechara. Por otra parte, entiendo que la exigencia legal de insuficiencia de masa activa no ha de ser objeto de una interpretación literal. En efecto, en la medida en que el embargo preventivo ex artículo 48, 3 de la Ley Concursal tiene carácter asegurativo de la futura y posible responsabilidad concursal, el juez del concurso no sólo habrá de considerar la posibilidad de que la masa activa resulte ser insuficiente a fin de atender el pago de los créditos concursales sino, también, que la solución probable de aquel concurso será la liquidatoria. No puede olvidarse que la procedencia de la responsabilidad por el fallido concursal ex artículo 172, 3 de la Ley Concursal se limita a los casos en que se hubiera abierto la liquidación concursal. Ahora bien, esta última exigencia no ha de implicar una grado de concreción excesivo, dadas las dificultades de adverar la posibilidad de que el concurso acabe en tal solución, pues la generosidad del legislador respecto de las facultades del deudor común en orden a solicitar la solución liquidatoria hacen muy difícil cualquier pronunciamiento y valoración sobre tal extremo. Quizás estas circunstancias expliquen que el propio legislador haya omitido toda referencia a la liquidación concursal en el contexto del artículo 48, 3 de la Ley.

En relación con los presupuestos que se han de respetar para acordar esta medida cautelar, el criterio jurisprudencial advierte que «los presupuestos para adoptar las medidas no hay que buscarlos en el artículo 728 de la Ley de Enjuiciamiento Civil sino en el citado artículo 48 de la Ley Concursal, ya que la aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil sólo es supletoria de la Ley Concursal (disp. final 5ª LC), aplicable sólo en lo no previsto por ella». Vid. Auto Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Barcelona, Autos 50/2005, de 10 de junio de 2005, Magistrado Luis Rodríguez Vega, ADCo, 6, 2005, pág. 429. Por ello, la labor judicial se limita a la constatación de que resulte fundada la posible calificación culpable del concurso y que la masa activa pueda resultar insuficiente para atender todas las deudas. Vid., Auto Juzgado de lo Mercantil

nº 3 de Madrid, Autos 031/2004, de 9 de febrero de 2005, Magistrado Gregorio Plaza González, ADCo, 5, 2005, pág. 370. No obstante, se ha suscitado la duda acerca de la necesidad de verificar la posibilidad de que el concurso acabe en la liquidación, dado que ésta es presupuesto de la responsabilidad concursal que en su momento pudiera ser acordada (cfr. Art. 172, 3 LC) En relación con este extremo puede observarse una cierta disparidad de criterio. Así, parece señalarse que no es presupuesto requerido que se justifique la posibilidad de una futura liquidación ni, tampoco, impide la adopción de esta medida cautelar la voluntad del deudor común de alcanzar un convenio, pues «el hecho de que la sociedad concursada tenga voluntad de alcanzar un convenio con los acreedores no es óbice para que deba considerarse que concurre tal presupuesto para la adopción de la medida cautelar porque también existe el riesgo de que no consiga alcanzar tal acuerdo, lo que es por sí mismo razón suficiente para que deba considerarse que concurre el periculum que justifica la medida». Vid. Auto Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Barcelona, Incidente 152/2005, de 11 de abril de 2005, Magistrado Juan F. Garnica Martín, ADCo, 5, 2005, pág. 374. En sentido contrario, se afirma que «también, aunque lo omite el artículo 48, 3, debe tenerse en cuenta que sólo podrá decretarse el embargo cuando exista algún indicio de que, en su momento, podría llegar a abrirse la liquidación, pues sólo en este caso, es posible la condena a la cobertura del déficit (art. 172, 3 LC) Ahora bien, dicha exigencia debe interpretarse, a juicio de este órgano judicial, de forma muy amplia, en el sentido de que no conste con un mínimo de seriedad la posibilidad de que pueda resultar aprobado un convenio, como por ejemplo, si ya se ha admitido a trámite propuesta anticipada, en cuyo caso no parece que pudiera decretarse el embargo so pretexto de una ulterior no aprobación del mismo e incluso del futuro incumplimiento en caso de que llegar a aprobarse, al no concurrir el necesario fumus boni iuris». Vid. Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid, Autos 307/2005, de 10 de octubre de 2005, Magistrado Alberto Arribas Hernández, ADCo., 7, 2006, pág. 337. En igual sentido, vid. Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid, Autos 268/2005, de 13 de enero de 2006, Magistrado Alberto Arribas Hernández, ADCo, 8, 2006, págs. 359 y 360.

La resolución judicial que acuerde esta medida cautelar, ha de tener un contenido mínimo necesario, pues deberá concretar tanto la cuantía por la que el embargo preventivo se ha de prestar como la determinación de los sujetos obligados a tal proceder. En lo que hace a la cuantía del embargo preventivo que permite el tan citado artículo 48, 3 de la Ley Concursal es necesario destacar cómo deberá especificarse ésta respecto de la estimación que, en tal momento, pudiera hacerse acerca del importe del déficit concursal. Por otro lado, el juez del concurso habrá de concretar, también, si esta medida cautelar se presta respecto de todo o parte del importe que se estimara como

cuantía del futuro déficit concursal, pues recuérdese que el artículo 172, 3 de la Ley le permite al juez del concurso modular la responsabilidad concursal y dar a ésta un alcance cuantitativo distinto.

Algunos autores, quizás con un excesivo prurito, han criticado ciertas omisiones que, a su juicio, adornan el artículo 48, 3 de la Ley Concursal. Así, y aun cuando sea en relación con los precedentes, advierten que «la cuantía del embargo se remite a la que el juez estime bastante. Pero falta aquí la previsión legal del canon de bastanteo, pues no se contempla que el juez esté vinculado por algún criterio para que pueda determinar lo que es bastante. A nuestro juicio ello es una importante laguna, susceptible de generar inseguridad jurídica para todos, los administradores y para los acreedores. Por ello defendemos que tal noción debe relacionarse con algo; se es bastante para algo. Consideramos que el artículo 47, 3 del Anteproyecto de Ley Concursal 2001 debe interpretarse en relación con el artículo 171, 3 del mismo Anteproyecto, para entender que tal suma ha de ser bastante en relación con el presumible importe del saldo de los acreedores que quedará sin abonar con cargo a la masa activa de la quiebra, pues ese es el objeto de la responsabilidad de los administradores que debe venir a garantizar el embargo» (Rodríguez Ruiz de Villa y Huerta Biesca: ¿Más responsabilidad de los administradores en el Anteproyecto de Ley Concursal de 2001?, pág. 9).

Por otro lado, ha de señalarse que la concreción de la cuantía del embargo no ha de olvidar algún extremo, conforme ha destacado la jurisprudencia. Así, ha de cubrir «tanto el pasivo real determinado por la administración concursal como la estimación realizada por ésta de los créditos contra la masa» (Auto Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Madrid, Autos 064/2004, de 31 de enero de 2005, Magistrado Enrique García García, ADCo, 5, 2005, págs.369 y 370) Pero, también, y en razón de las circunstancias de cada supuesto, deberá incrementarse la cuantía del embargo como consecuencia de la posible reducción del importe de la masa activa derivada del hecho de que la valoración de los activos se hiciera bajo un criterio de empresa en funcionamiento y que no son expresivos ante la eventual liquidación, en particular, en aquellos supuestos en que no fuera posible una liquidación global sino separada de aquellos. Vid. Auto Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Barcelona, Incidente 152/2005, de 11 de abril de 2005, Magistrado Juan F. Garnica Martín, ADCo, 5, 2005, pág. 375. Estos criterios se reiteran en otras resoluciones. Vid. Auto Juzgado de lo Mercantil de Málaga, Autos 273/2005, de 25 de enero de 2005, Magistrado José Pablo Martínez Gámez, ADCo, 6, 2005, pág. 415; y Auto Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Barcelona, Autos 50/2005, de 10 de junio de 2005, Magistrado Luis Rodríguez Vega, ADCo, 6, 2005, pág.431.

Pero, de igual modo, la resolución judicial que acordara esta traba deberá especificar

los sujetos que, en su virtud, van a sufrir tal embargo preventivo sobre bienes de los que integran su patrimonio personal. Ahora bien, en esta concreción el juez deberá pronunciarse sobre dos cuestiones, pues no sólo deberá especificar los administradores que sufrirán la medida cautelar y el importe al que cada uno de ellos ha de hacer frente sino, también, cuál ha de ser el régimen que ha de regir ese deber que recae sobre una pluralidad de obligados. Pues bien, a fin de determinar los administradores —o liquidadores— que se van a ver afectados por tal medida, el criterio no puede ser otro que aquél que presupone el artículo 172, 3 de la Ley Concursal, de tal modo que será la imputación concreta que quepa hacer a cada uno de ellos respecto del origen o empeoramiento del estado de insolvencia la referencia que habrá de seguirse. Por otra parte, y ante el silencio legal, me parece que pueden ahora reiterarse las ideas que antes se manifestaran respecto del carácter solidario o mancomunado de la responsabilidad concursal, estando facultado el juez para, en razón de las particulares circunstancias de cada supuesto, adoptar la decisión que se estime procedente (no ha faltado, sin embargo, quien defendiera la conveniencia de sancionar la regla de solidaridad en tales casos. Cfr. Rodríguez Ruiz de Villa y Huerta Biesca: ¿Más responsabilidad de los administradores en el Anteproyecto de Ley Concursal de 2001?, pág. 9).

La regla de solidaridad es acogida en la Jurisprudencia sin que, en muchas ocasiones, se especifique suficientemente la razón a la que responde. Vid. Auto Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Madrid, Autos 064/2004, de 31 de enero de 2005, Magistrado Enrique García García, ADCo, 5, 2005, pág. 369; y Auto Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Bilbao, Autos 248/2005, de 23 de marzo de 2005, Magistrado Edmundo Rodríguez Achutegui, ADCo, 6, 2005, pág. 419. En alguna ocasión, sin embargo, se ha manifestado que «la medida cautelar a adoptar procede en este caso realizarla de forma solidaria pues se entiende que los mismos —los administradores— participan en igual medida de la posible responsabilidad y por la cuantía decretada». Auto Juzgado de lo Mercantil de Málaga, Autos 273/2005, de 25 de enero de 2005, Magistrado José Pablo Martínez Gámez, ADCo, 6, 2005, pág. 415.

Llegados a este extremo cabe afrontar una cuestión particularmente delicada y de difícil solución. En lo que hace a la adopción y procedencia de medidas cautelares, el artículo 728, 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil advierte, como un presupuesto más que ha de acompañar los anteriores («periculum in mora», apariencia de buen derecho), la necesidad de que el solicitante de aquéllas preste «caución suficiente para responder, de manera rápida y efectiva, de los daños y perjuicios que la adopción de la medida cautelar pudiera causar al patrimonio del demandado» (sobre la función a que responde esta exigencia de caución, vid. Ortells: Las medidas cautelares, pág. 182) La duda que pudiera, entonces, surgir no es otra que la de la exigibilidad de caución en aquellos

supuestos en que se quisiera acordar el embargo preventivo que acoge el artículo 48, 3 de la Ley Concursal.

Ahora bien, por la fuerza de las cosas habrá que limitar el alcance de este problema, pues no en todos los supuestos en que se acordara tal medida cautelar vendría a ser exigible la caución ex artículo 728, 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, como así sucedería en aquellos supuestos en que fuera acordada de oficio. Por lo tanto, parece que un adecuado enfoque del problema nos llevaría a interrogarnos acerca de la necesidad de que se preste caución cuando el embargo preventivo, destinado a asegurar la efectividad de la futura responsabilidad concursal, fuera solicitado por los administradores concursales. Quizás pudiera ofrecerse una primera respuesta que tomara como fundamento el silencio del legislador al acoger esta medida cautelar en la propia Ley Concursal, entendiendo, en consecuencia, que la previsión del artículo 48, 3 hace inexigible la prestación de caución alguna (algunos autores advierten que la LC no requiere, para que proceda acordar el embargo preventivo ex art. 48, 3 LC, «la exigencia de prestación de fianza alguna ni tampoco de la existencia de una notoria solvencia en los solicitantes de la medida cautelar (a diferencia de lo que ocurre con el embargo preventivo clásico, previsto ya en el artículo 1402 LEC 1881 y hoy en el artículo 727, 1 LEC 2000, por lo que se viene a asimilar este supuesto al de la concurrencia de un título ejecutivo)». Rodríguez Ruiz de Villa y Huerta Biesca: ¿Más responsabilidad de los administradores en el Anteproyecto de Ley Concursal de 2001?, pág. 5) Sin embargo, parece que, entonces, se estaría desconociendo el carácter general que cabe predicar de la regla acogida en el artículo 728, 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, norma de la que se ha advertido —con acierto— que «es una forma ciertamente contundente de establecer la regla general, dado que significa que la ausencia de norma sobre este punto en el régimen jurídico de cualquier medida cautelar no debe entenderse como no exigencia de este presupuesto, sino que para ello es necesario norma expresa», norma que «puede consistir tanto en la disposición de no ser exigible caución, como en la de ser exigible pero no en virtud de regla legal estricta, sino discrecionalmente» (Ortells: Las medidas cautelares, pág. 184) Dado el silencio del legislador concursal, resultaría de aplicación subsidiaria la norma general y, por ende, devendría exigible la prestación de caución bastante a fin de acordar el embargo preventivo que asegurara la efectividad de la futura condena por responsabilidad concursal. Por lo tanto, ha de entenderse que la simple omisión legal no ha de conducir necesariamente a relevar la necesidad de la caución. Para que la ausencia de regla alguna sobre este extremo en la Ley Concursal tuviera algún valor y revelara el sentido a que responde tal omisión resulta necesaria alguna consideración más que dote de un particular sentido al silencio que guarda el texto legal.

De todos modos, parece razonable afirmar que, en razón de las concretas circunstancias que rodean el supuesto de hecho, la respuesta al interrogante inicial ha de ser negativa, considerando también la improcedencia de exigir la prestación de caución cuando el embargo preventivo que permite el artículo 48, 3 de la Ley Concursal

sea solicitado por los administradores concursales. Y la razón de tal conclusión no es otra que el hecho de que, en estos supuestos, no se realiza el fundamento que legitima la previsión del artículo 728, 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil a fin de ordenar la caución. En efecto, la «ratio» que ampara la exigencia de que el solicitante de una medida cautelar preste caución no es otra que la de disponer de una garantía específica, junto a la general constituida por el patrimonio del solicitante (art. 1911 CC), que asegure la reparación de los daños y perjuicios que la adopción de la medida cautelar pudiera suponer a la contraparte y que vendrían a realizarse en caso de que se desestimara la pretensión cuya efectividad quiere asegurarse con el embargo preventivo que se solicita. Sin embargo, este riesgo no parece que esté presente en el supuesto que nos ocupa. Así, no habrá que olvidar que los solicitantes de la medida cautelar son los administradores concursales, por lo que la caución que pudiera entenderse exigible debería prestarse no con cargo a su patrimonio personal sino, desde luego, gravando la masa activa. Ahora bien, en tales circunstancias no puede dejarse de lado un extremo más, pues —a tenor de cuanto dispone el artículo 43, 2 de la Ley Concursal— la Ley Concursal sanciona un principio de intangibilidad de la masa activa, ya que«hasta la aprobación judicial del convenio o la apertura de la liquidación, no se podrán enajenar o gravar los bienes y derechos que integran la masa activa sin autorización del juez» (repárese que las excepciones permitidas a la intangibilidad de la masa no alteran cuanto manifestamos, ya que vienen a realizarse bajo control judicial —art. 43, 2 de la Ley Concursal— o se trata de actos que obedecen a una justificación expresa y que no alteran el significado del principio —«se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior los actos de disposición inherentes a la continuación de la actividad profesional o empresarial del deudor, en los términos establecidos en el artículo siguiente»—, tal y como dispone el art. 43, 3 LC) De este modo, puede fácilmente concluirse advirtiendo que los administradores frente a los que se solicite la práctica del embargo preventivo de sus bienes probablemente no se verán afectados por el riesgo de falta de cobertura de los daños y perjuicios que la adopción de tal medida cautelar pudiera originar. Pero, además, la posición de estos administradores se ve favorecida, pues el crédito que pudiera asistirles como consecuencia de la reparación de los daños y perjuicios que sufrieran en tal caso merece la calificación como crédito contra la masa (cfr. art. 84, 2, 2º LC), con todas las consecuencias anudadas a tal consideración. Por todas estas razones, parece acertado concluir advirtiendo que la adopción del acuerdo por el que se decide el embargo preventivo ex artículo 48, 3 de la Ley Concursal no requiere como presupuesto la prestación de caución alguna por parte de los solicitantes de tal medida cautelar, de tal modo que parece exceptuarse la regla general dispuesta en el artículo 728, 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (parece aceptar tal conclusión Ortells Ramos, M.: Concurso de acreedores y tutela judicial cautelar (a propósito de la nueva Ley Concursal), pág. 151).

Este criterio ha sido ya asumido en la inicial jurisprudencia concursal, que

rechaza la necesidad de la prestación de caución alguna, circunstancia que es puesta de manifiesto para destacar las particularidades de la norma que nos ocupa frente al régimen general que la Ley de Enjuiciamiento Civil dispensa a las medidas cautelares. Así se ha señalado que «si la medida puede ser acordada e oficio no tiene sentido la petición de fianza, ni estaría justificado pedírsela a la administración concursal que sólo podría depositarla, en su caso, con dinero o bienes del propio concurso» (Auto Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Barcelona, Autos 50/2005, de 10 de junio de 2005, Magistrado Luis Rodríguez Vega, ADCo, 6, 2005, pág. 430), sin olvidar que «la medida, de adoptarse, no lo es en beneficio particular de alguno de ellos, sino de toda la masa pasiva». Auto Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Barcelona, Incidente 152/2005, de 11 de abril de 2005, Magistrado Juan F. Garnica Martín, ADCo, 5, 2005, pág. 373. En igual sentido, vid. Auto Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid, Autos 031/2004, de 9 de febrero de 2005, Magistrado Gregorio Plaza González, ADCo, 5, 2005, pág. 370; Auto Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Barcelona, Autos 158/2005, de 5 de mayo de 2005, Magistrado José María Ribelles Arellano, ADCo, 6, 2005, pág. 422; y Auto Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid, Autos 268/2005, de 13 de enero de 2006, Magistrado Alberto Arribas Hernández, ADCo, 8, 2006, pág. 361.

En lo que hace al alzamiento del embargo preventivo que hubiera sido acordado frente a los administradores de la concursada y con la finalidad de asegurar la efectividad de la eventual condena por el fallido concursal, ha de considerarse la aplicación de las normas generales (arts. 743 y sigs. LEC), sin que el tan citado artículo 48, 3 de la Ley Concursal sancione especialidad alguna. Por ello, la procedencia del alzamiento del embargo preventivo acordado obedecerá tanto a razones objetivas, cuando afecte a los presupuestos que hicieron posible la decisión (ad ex. suficiencia sobrevenida de masa, aprobación de un convenio, etc.), como subjetivas, por afectar a los propios administradores sobre cuyo patrimonio personal se trabó aquél (ad ex. absolución en la sentencia de calificación).

Por último, el embargo preventivo cuya posibilidad acoge el artículo 48, 3 de la Ley Concursal podrá ser sustituido. El tenor literal de la norma ya advierte que «podrá ser sustituido, a solicitud del interesado, por aval de entidad de crédito». El legislador acoge en la literalidad de la norma una de entre las distintas posibilidades de caución sustitutoria, mención que sin embargo no debe entenderse excluyente de la aplicación de las normas generales y, en consecuencia, de la posibilidad de acudir a otras formas de sustitución de aquél (vid. arts. 746 y 747 LEC).

La posibilidad de que los afectados soliciten y obtengan la sustitución del embargo preventivo mediante caución constituida en dinero o aval (art. 48, 3 LC en relación con el art. 746 LEC) es destacada en la jurisprudencia. (Vid.

Auto Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Madrid, Autos 064/2004, de 31 de enero de 2005, Magistrado Enrique García García, ADCo, 5, 2005, pág. 369) Curiosamente no ha faltado un pronunciamiento en que se especificara el modo de la sustitución, requiriendo un aval a primer requerimiento por la cantidad acordada (Vid. Auto Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona, Autos 110/2004, de 28 de febrero de 2005, Magistrado José María Fernández Seijo, ADCo, 6, 2005, pág. 419) Sin embargo, y a mi juicio con razón, se ha señalado que estas exigencias del aval sustitutorio que se prestara no son necesarias en el contexto del artículo 48, 3 de la Ley Concursal, dado que esta norma establece una regla especial frente a la general dispuesta en el artículo 747, 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Vid. Ortells Ramos, Concurso de acreedores y tutela judicial cautelar (a propósito de la nueva Ley Concursal), pág. 153).

6. Coordinación de la responsabilidad concursal con el régimen general de acciones de responsabilidad de administradores y liquidadores

El reconocimiento de la responsabilidad concursal en que pueden incurrir los administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, de la persona jurídica cuyo concurso fuera calificado como culpable, no impide el posible ejercicio frente a éstos de las acciones generales de responsabilidad que contemplan las normas societarias. Esta compatibilidad aparece expresamente destacada en la Ley Concursal y ha sido objeto de una valoración crítica, como más adelante veremos. En concreto, el artículo 48, 2 de la Ley Concursal intenta sentar una norma de coordinación de cara al ejercicio de las posibles acciones de responsabilidad frente a los administradores y liquidadores cuando venga a producirse dentro del procedimiento concursal. Con tal finalidad, la previsión citada dispone que:

«Sin perjuicio del ejercicio de las acciones de responsabilidad que, conforme a lo establecido en otras leyes, asistan a la persona jurídica deudora contra sus administradores, auditores o liquidadores, estarán también legitimados para ejercitar esas acciones los administradores concursales sin necesidad de previo acuerdo de la junta o asamblea de socios. Corresponderá al Juez del concurso la competencia para conocer de las acciones a que se refiere el párrafo anterior. La formación de la Sección de calificación no afectará a las acciones de responsabilidad que se hubieren ejercitado».

Me parece que no es desacertado afirmar la conveniencia de cuanto dispone esta previsión en orden a la competencia del Juez del concurso para conocer del ejercicio de

tales acciones, pues su relevancia sobre este particular resulta incuestionable. Por otra parte, la mera lectura del citado artículo 48, 2 suscita un sin fin de cuestiones que, aún cuando sea brevemente, han de ser afrontadas (Sobre estos problemas, vid. García-Cruces: Acumulación y coordinación de acciones de responsabilidad de los administradores de una persona jurídica en concurso (sobre la inserción de la llamada responsabilidad concursal en el régimen general de responsabilidad de administradores), pág. 15 y sigs.) En lo que en este momento nos interesa, podemos centrar nuestra atención respecto de la compatibilidad de las acciones generales de responsabilidad con la específica previsión de la responsabilidad concursal ex artículo 172, 3 de la Ley Concursal y, en particular, si tiene algún sentido esta última, pues el resultado a que conduciría tal responsabilidad por el fallido concursal pudiera haberse logrado mediante el ejercicio de aquellas acciones generales. En este sentido, y en relación con idéntica previsión que ya contenía el entonces Anteproyecto de Ley, se advirtió que «puede razonablemente afirmarse que siempre que entre en aplicación para los administradores de derecho el régimen del artículo 171, 3 (actual artículo 172, 3), entrará en aplicación el del artículo 133. Así, pese a la indeterminación de que adolece el artículo 171, 3, no parece posible condenar a los administradores de derecho en virtud de este artículo al pago total o parcial de las deudas sociales no satisfechas con el patrimonio social liquidado sino ha habido una actuación suya dolosa o culposa que haya dañado el patrimonio social. Lo contrario sería propiciar no ya un régimen severo, sino irracional» (Alcover: La calificación del concurso, págs. 258 y 259).

Sin embargo, frente a este parecer, puede también considerarse que la solución ha de ser otra, pues la responsabilidad concursal que previene el artículo 172, 3 de la Ley Concursal tiene pleno sentido y obedece, incluso tal y como está configurada, a acertadas finalidades de política jurídica. Ahora bien, me parece oportuno que, a fin de justificar esa conveniencia de la responsabilidad ex artículo 172, 3 de la Ley, así como su perfecta compatibilidad con el régimen de las acciones previsto en la legislación societaria, partamos de un doble presupuesto del que, a mi juicio, no habrá duda en compartir. En primer lugar, cabe señalar que el ejercicio de las pertinentes acciones de responsabilidad previstas en la normativa societaria no muda el significado dogmático de éstas cuando se viene a producir tras la declaración del concurso. La justificación y caracterización de las acciones previstas con carácter general para exigir la pertinente responsabilidad a los administradores y liquidadores no sufren alteración alguna como resultado de que la persona jurídica a la que representan sea declarada concursada. Por otra parte, no puede desconocerse el significado punitivo que cabe predicar de la responsabilidad concursal contemplada en el artículo 172, 3, tal y como poco antes se acaba de destacar.

Desde estos presupuestos me parece que puede —y debe— afrontarse el problema de la compatibilidad de las acciones generales de responsabilidad con la particular que en el orden concursal viene a afirmarse en el artículo 172, 3 de la Ley, así como la cuestión de la procedencia de esta última ante el posible ejercicio de aquéllas. Por

razones de oportunidad, y a fin de no extender en demasía estas páginas, la referencia se hará tan sólo a los administradores de una sociedad anónima o de una sociedad de responsabilidad limitada, dejando de lado las peculiaridades de otros supuestos.

En primer lugar, se hace preciso verificar la compatibilidad de esta responsabilidad concursal y su utilidad frente al ejercicio de la acción social de responsabilidad que contempla en los artículos 238 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de capital.

El artículo 48, 2 de la Ley Concursal advierte ya una primera particularidad en lo que hace al ejercicio de la acción social de responsabilidad cuando la persona jurídica a la que representan los administradores hubiera entrado en concurso. En tal supuesto, la citada previsión destaca que, para el ejercicio de la acción ex artículo 238 Texto Refundido de la Le de Sociedades de capital, «estarán también legitimados para ejercitar esas acciones los administradores concursales sin necesidad de previo acuerdo de la junta o asamblea de socios». Esta regla ha sido objeto de una contundente crítica, con fundamento en distintos argumentos.

La primera crítica se centra en las imprecisiones de que —según se nos dice— adolece el artículo 48, 2 de la Ley Concursal. Así, se advierte que «parece que esta nueva legitimación activa jugaría en caso de declaración del concurso al margen de que el mismo concluya en liquidación o en convenio, y no tendría carácter subsidiario respecto del ejercicio de la acción social por la propia sociedad a través de la Junta («.. sin necesidad de previo acuerdo de la junta o asamblea de socios») pero no se aclara si se mantiene o no su subsidiariedad respecto del ejercicio de la acción social por los socios minoritarios, tal y como se establece en el artículo 134, 4 de la Ley de Sociedades Anónimas» (Alonso Ureba: La responsabilidad de los administradores de una sociedad de capital en situación concursal. El art. 171, 3 del Anteproyecto de Ley Concursal y sus relaciones con las acciones societarias de responsabilidad, pág. 288)

Sin embargo, no parece que deba compartirse esta crítica. Es indudable, por el propio tenor literal de la norma, que la legitimación de la administración concursal no es subsidiaria respecto de un posible acuerdo de la Junta general de la sociedad concursada. Es más, la legitimación activa que corresponde a la propia sociedad a través de la adopción del pertinente acuerdo para el ejercicio de la acción social ex artículo 238.1 Texto Refundido de la Ley de Sociedades de capital nunca se va actuar sin la participación de los administradores concursales, pues la declaración del concurso supone la intervención o la suspensión de las facultades patrimoniales de la sociedad concursada (art. 40 LC), trasladándose dichos efectos sobre los órganos de la persona jurídica concursada (art. 48, 1 LC), deviniendo así innecesario el previo acuerdo del órgano asambleario para que la administración concursal pudiera ejercitar tal acción social, y sin perjuicio de lo dispuesto para el ejercicio de acciones por el concursado (art. 54 LC)

El citado autor, aceptando que la legitimación de la administración concursal deriva

de los efectos de la declaración de concurso sobre los órganos sociales, también advierte que «no se entiende por qué el propio art. 48, 2 de la Ley Concursal hace expresa la salvedad de que la legitimación de los administradores concursales juega “sin necesidad de previo acuerdo de la Junta o asamblea de socios”, pues habría bastado simplemente con atribuir la legitimación al órgano concursal sin necesidad, por tanto, de la referida salvedad. Pero, además, la Junta General no se ve afectada por el concurso en su facultad de acordar el ejercicio de la acción social, pues dicho acuerdo no implica por sí mismo el ejercicio de ninguna facultad patrimonial» (Alonso Ureba: La responsabilidad concursal de los administradores de una sociedad de capital en situación concursal. El art. 172, 3 de la Ley Concursal y sus relaciones con las acciones societarias de responsabilidad, pág. 549) Ahora bien, bajo tal argumentación parecen concurrir varios errores. El primero de ellos, y más evidente, es afirmar que el acuerdo de ejercicio de la acción social no implica el de una facultad patrimonial, pues con el ejercicio de tal acción —y, por tanto, con el previo acuerdo social— se pretende la reparación del daño sufrido por la propia sociedad y, por tanto, un incremento del patrimonio social y, en definitiva, un incremento de masa activa. Además, se olvida el distinto significado que tiene la intervención y la suspensión de facultades. Desde luego, si mediara la suspensión de facultades patrimoniales, el acuerdo de la Junta no es exigible. Si, por el contrario, se decidiera la intervención, tal acuerdo sería —en principio— necesario pero la Ley Concursal lo excepciona en atención a las particularidades del supuesto de hecho y ante el potencial conflicto de intereses, dada la frecuencia con que los administradores podrían tener el control o la confianza de la Junta.

Por ello, carece de sentido dudar acerca de sí la legitimación activa de la administración concursal es o no subsidiaria respecto de la que, en segundo grado, asiste a los socios minoritarios (vid. art. 239.1 Texto Refundido de la Ley de Sociedades de capital). La razón es obvia, pues la administración concursal no ejercita la acción social de responsabilidad en virtud de la legitimación activa, subsidiaria y de tercer grado, que corresponde a los acreedores sociales sino que actúa por la sociedad y, por tanto, con carácter principal. Así lo confirma la misma naturaleza de la acción y las previsiones del artículo 54, 1 y 2 de la Ley Concursal. Entre los pocos pareceres que se han manifestado sobre este extremo no se ha dudado en considerar que la legitimación activa que se atribuye en el artículo 48, 2 de la Ley a los administradores concursales para el ejercicio de la acción social de responsabilidad supone una legitimación extraordinaria pues ésta corresponde a la propia sociedad y «la atribución de semejante legitimación es una consecuencia de la suspensión o limitación de la capacidad de obrar del deudor» (Llebot: La responsabilidad concursal de los administradores, pág. 7562, en relación con la Propuesta de Anteproyecto de Ley Concursal de 1995 que contenía la misma disposición.)

Descartada esta primera crítica, debemos hacer referencia a una segunda y en la que se viene a poner de manifiesto ciertas incongruencias en la atribución de la

legitimación activa en favor de la administración concursal a fin de poder ejercitar la acción ex artículo 238 Texto Refundido de la Ley de Sociedades de capital. En este sentido, se afirma que «al margen de las imprevisiones referidas, no nos parece adecuada esta opción del Anteproyecto en el sentido de ampliar la legitimación a los administradores judiciales («estarán también legitimados ..») Declarado el concurso, lo procedente sería que sólo la administración judicial estuviese legitimada para la interposición de la acción social de responsabilidad, pues en sede concursal debe primar el principio de protección de los acreedores como criterio rector del concurso, lo que desaconseja que sea la propia sociedad o socios minoritarios los que puedan ejercitar la acción social. Ésta fue, además, la posición de la Propuesta de Anteproyecto de 1.995, cuyo artículo 57, 1 se refiere expresamente a la acción social estableciendo que su ejercicio corresponde «exclusivamente» a los síndicos o a los interventores» (Alonso Ureba: La responsabilidad de los administradores de una sociedad de capital en situación concursal. El art. 171, 3 del Anteproyecto de Ley Concursal y sus relaciones con las acciones societarias de responsabilidad, pág. 288).

Quizás pudiera considerarse más acertada la solución acogida en la Propuesta de Anteproyecto de Ley Concursal de 1995. Pero, también, es posible una consideración distinta. En efecto, en la crítica que contestamos parece olvidarse que la atribución a la propia sociedad de la legitimación activa para el ejercicio —a través de sus órganos— de la acción social de responsabilidad no tiene consecuencia práctica alguna. La razón no es otra que la exigencia de que tal ejercicio de la acción por la propia concursada requiere la participación de la administración concursal, dados los efectos personales que acarrea la declaración del concurso para el deudor común y sus efectos sobre sus órganos sociales (vid. arts. 40; 48, 1; y 54, 1 y 2 LC) Pero, también, mantener la legitimación activa de segundo grado a favor de los socios minoritarios no perjudica el interés del concurso, ya que de la misma conocerá el juez del concurso, y puede derivar en un efecto positivo, pues permitirá —en su caso— una suerte de remedio ante los supuestos de inacción de los administradores concursales. Otro tanto cabe afirmar respecto de la atribución de la legitimación activa y de tercer grado que atribuye el artículo 134 de la Ley de Sociedades Anónimas a los acreedores sociales.

En su argumentación, el Prof. Alonso Ureba llega a afirmaciones que difícilmente pueden compartirse. Así, también afirma que «si la acción social la ejercitan los minoritarios en base al art. 134,2 de la Ley de Sociedades Anónimas, lo harán en defensa de unos intereses ajenos a la par conditio que preside la institución concursal». (cfr. Alonso Ureba: La responsabilidad concursal de los administradores de una sociedad de capital en situación concursal. El art. 172, 3 de la Ley Concursal y sus relaciones con las acciones societarias de responsabilidad, pág. 557). Esta afirmación no es, en absoluto, correcta y contradice el carácter subsidiario de la legitimación activa que se atribuye a estos sujetos. No es posible una actuación al margen de la «par condicio creditorum» si la legitimación de los minoritarios es para requerir la cobertura del daño sufrido por la sociedad, ya que nada piden para sí sino que consiguen, si la

acción tuviera éxito, un incremento de masa activa. Desde luego, no cabe que ese incremento de masa activa quede al margen del concurso, máxime cuando del ejercicio de la acción vendrá a conocer, tras la declaración del concurso, el juez concursal. Por otro lado, y respecto de la crítica que señala la conveniencia de atribuir exclusivamente la legitimación para el ejercicio de la acción social a los administradores concursales, se ha advertido que «no se ve, francamente, ninguna razón que aconseje privar de esa facultad al resto de legitimados. Si, como regla, debe primar el principio de protección de los acreedores, ¿por qué restringir una vía que puede conducir a una solución más satisfactoria del concurso? A accionistas y acreedores les interesará más, por razones económicas evidentes, que la ejerciten los administradores concursales, pero si no lo hacen, podrán entablarla ellos. Quién lo haga, además, resulta irrelevante, pues una sentencia estimatoria produciría en todo caso los mismos efectos beneficiosos». (Muñoz Planas y Muñoz Paredes: Repercusiones del concurso de la sociedad sobre la responsabilidad de los administradores, págs. 1347 y 1348)

Tras estas críticas, ha de afrontarse directamente el principal problema que suscita la relación entre la acción social de responsabilidad y la posible responsabilidad concursal, pues se denuncia que entre ambas media el riesgo de confusión y solapamiento. De esta manera, viene a afirmarse que «se plantea el problema de cuando los mismos hechos (incumplimiento doloso o con culpa grave del deber de diligencia por los administradores que determina la generación o el agravamiento del estado de insolvencia en la sociedad) permiten tanto la responsabilidad social como la concursal, conociendo además el juez del concurso de ambas responsabilidades. En estos casos, se produce una confusión entre la responsabilidad social y concursal, pues las dos contribuirán al resarcimiento de los acreedores, dado que la responsabilidad social, vía resarcimiento a la sociedad en concurso, a lo que conduce es a un aumento de la masa activa en beneficio de los acreedores y, a su vez, la responsabilidad concursal también perseguiría el mismo fin de resarcimiento de los acreedores, creando la posibilidad del ejercicio de ambas acciones la posibilidad de una doble condena a los administradores por los mismos hechos» (Alonso Ureba: La responsabilidad de los administradores de una sociedad de capital en situación concursal. El art. 171, 3 del Anteproyecto de Ley Concursal y sus relaciones con las acciones societarias de responsabilidad, pág. 290. Esta opinión parece compartirse por otros autores que no dudan en advertir que «de las consideraciones anteriormente expuestas luce con claridad la posibilidad de que los mismos hechos —incumplimiento doloso o con culpa grave del deber de diligencia por los administradores con el corolario de generación o agravamiento del estado de insolvencia— den lugar, al mismo tiempo, al ejercicio de acciones de responsabilidad social y concursal, conociendo, además, el juez del concurso de ambas responsabilidades. En la medida en que ambas contribuyen al resarcimiento de los acreedores, se produciría una confusión entre una y otra y con ello la posibilidad de una doble condena por los mismos hechos. Este extremo hubiera podido evitarse simplemente configurando la responsabilidad concursal con la amplitud necesaria para abarcar no sólo los casos de liquidación, sino también de convenio, sin exoneración en

caso de culpa, previendo incluso la posibilidad de que el resarcimiento del daño por los administradores pudiese contribuir a superar el estado de insolvencia». Fernández de la Gándara: La responsabilidad concursal de los administradores de sociedades de capital, pág. 719).

En mi opinión, por el contrario, no hay confusión posible entre ambas acciones. A ese resultado de confusión no contribuye el hecho de que conozca del ejercicio de las dos acciones el Juez del concurso, pues me parece que tal circunstancia es irrelevante a los fines de determinar la naturaleza y finalidad de cada acción, ni justifica tal opinión el resultado material a que conduce el ejercicio de una u otra acción, pues el incremento de la masa activa no es sólo resultado de aquéllas sino, también, de otras muchas acciones que pudieran ejercitarse contra los administradores (piénsese en el posible ejercicio de las acciones de reintegración concursal ex arts. 71 y sigs. LC) así como en los efectos patrimoniales que tiene la calificación del concurso para los administradores que resultaran considerados como personas afectadas por ésta (vid. art. 172, 2, 3º LC) Obviamente, pese al resultado material —incremento de la masa activa— que se produce en estos últimos supuestos, nadie afirmaría, por tal motivo, una confusión de acciones. Pero, entiendo que el principal punto de desacuerdo con la crítica que rechazamos radica en que con la misma se viene a dejar de lado la distinta naturaleza y finalidad —resarcitoria y sancionatoria, en cada caso— a que responden la acción social de responsabilidad y la prevista en el artículo 172, 3 de la Ley Concursal. De ahí que, pese a la posible coincidencia en alguno de sus presupuestos, el éxito en el ejercicio de las dos acciones no pueda suponer nunca una doble condena a los administradores por los mismos hechos.

Por las razones expuestas, se entenderá que afirmemos la procedencia de la solución dispuesta en el artículo 48, 2 de la Ley Concursal. Con tal previsión se viene a respetar la naturaleza tanto de la acción social de responsabilidad que pueda ejercitarse frente a los administradores (carácter indemnizatorio) como de la acción derivada de cuanto previene el artículo 172, 3 de la Ley Concursal (finalidad sancionadora) Por otra parte, al atribuirse la competencia para el conocimiento de ambas acciones al juez del concurso y, de igual modo, reconocerse la legitimación activa extraordinaria en favor de la administración concursal, se coordina suficientemente el ejercicio de las mismas y se evita cualquier disfuncionalidad en perjuicio del concurso. Esta previsión del artículo 48, 2 de la Ley es la más acorde con la distinta naturaleza y finalidad de cada una de las acciones en juego, cuyos presupuestos, además, pese a lo afirmado de contrario, no coinciden, pues la causación o el agravamiento del estado de insolvencia vendría a constituir el daño que ha de ser objeto de reparación con el ejercicio de la acción social de responsabilidad, mientras que en la responsabilidad concursal, ese origen o empeoramiento del estado de insolvencia es un mero presupuesto que, con independencia de su significado como daño para la sociedad concursada, permite atender a una finalidad distinta, como es el de sancionar la conducta seguida por los administradores, procurando un mecanismo de cobertura del fallido concursal.

Pudiera suscitarse, también, la posible colisión y la necesidad de coordinar la acción derivada de la responsabilidad concursal ex artículo 172, 3 de la Ley respecto del posible ejercicio de la acción individual de responsabilidad que frente a los administradores de la sociedad concursada asiste a los socios y terceros. Algún autor se ha manifestado en tal sentido, advirtiendo la necesidad de una regla particular que obviara cualquier disfunción que el ejercicio de la acción ex artículo 241 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de capital pudiera causar respecto del juicio universal. En este sentido, no ha faltado quien señalara que «a pesar de que en principio la acción individual sólo afecta a quien la ejercita (socio o tercero) y a los administradores, y por tanto no a la sociedad, el artículo. 48,2 de la Ley Concursal debería haber previsto también la competencia del juez del concurso para conocer de la acción individual de responsabilidad cuando el concurso sea calificado de culpable y por tanto entre en concurrencia la responsabilidad individual de los administradores frente a determinados terceros en base al artículo 135 de la Ley de Sociedades Anónimas con la responsabilidad concursal de los administradores frente a los terceros acreedores en base al artículo 172, 3 de la Ley Concursal» (Alonso Ureba: La responsabilidad concursal de los administradores de una sociedad de capital en situación concursal. El art. 172, 3 de la Ley Concursal y sus relaciones con las acciones societarias de responsabilidad, pág. 560. Insiste en esta idea en págs. 562 y 563).

Sin embargo, parece más acertado sostener una opinión distinta y que acoge, con su silencio sobre este extremo, la Ley Concursal. No cabe olvidar que el crédito derivado del ejercicio de la acción ex art. 241 Texto Refundido de la Ley de Sociedades de capital le asiste al acreedor no como acreedor concursal sino como tercero frente a un deudor también ajeno al concurso. La «par condicio creditorum» y sus exigencias derivadas podrían llegar a referirse, en su caso, a los créditos que puedan asistir frente a los administradores como consecuencia de su responsabilidad concursal pero, desde luego, no puede extenderse más allá y afectar a créditos ajenos. El crédito que asiste al socio o acreedor frente a los administradores y que le permite el ejercicio de la acción ex artículo 241 Texto Refundido de la Ley de Sociedades de capital no es un crédito concursal. Si se atiende a todas estas precisiones, puede señalarse que carece de sentido establecer previsión alguna de coordinación por resultar ésta innecesaria. Por todo ello, parece razonable concluir, tal y como se ha hecho entre nosotros, que «la posición de la Ley para con la acción individual es, por el contrario, pensamos, la única que podía mantenerse. No tendría sentido restringir en modo alguno el derecho de los socios o acreedores a dirigirse contra los administradores por los actos que lesionaron directamente sus derechos, ni parece tampoco necesario que de tales procesos conozca el juez del concurso» (Muñoz Planas y Muñoz Paredes: Repercusiones del concurso de la sociedad sobre la responsabilidad de los administradores, pág. 1349).

7. Responsabilidad concursal y responsabilidad por las deudas sociales

La necesaria coordinación entre la responsabilidad que en el ámbito concursal sanciona la Ley en relación con el fallido habido en la liquidación y, por otra parte, las acciones de responsabilidad que configura nuestro ordenamiento societario, nos ha de obligar a adentrarnos en una última cuestión de extraordinaria importancia y sobre la que nuestra doctrina, en las primeras manifestaciones sobre el proceso de reforma del Derecho de las crisis económicas, no ha dejado de manifestar un enconado debate. Me refiero a la necesidad de coordinar las reglas concursales y, en particular, la responsabilidad ex artículo 172, 3 de la Ley Concursal con distintas previsiones de nuestro Derecho de sociedades en las que, tras las reformas de 1.989 y de 1995, se han incorporado diferentes supuestos de responsabilidad de los administradores y liquidadores por las deudas sociales. Los supuestos son de todos conocidos, y entre ellos habrá que recordar la previsión recogida en el artículo 367 Texto Refundido de la Ley de Sociedades de capital (y que acogieran los derogados artículos 262, 5 de la Ley de Sociedades Anónimas y 105, 5 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada), que disponen la responsabilidad de los administradores por las deudas sociales ante la falta de promoción o de remoción de la disolución social, la disposición adicional Tercera, 3 de la Ley de Sociedades Anónimas, que acoge igual sanción ante la inadaptación estatutaria requerida por la nueva legalidad y, por último, la posible responsabilidad derivada para los administradores por la aplicación —a mi juicio, bastante discutible— de cuanto sanciona el artículo 120 del Código de comercio en los supuestos de irregularidad societaria ex artículo 16 de la Ley de Sociedades Anónimas.

No obstante esa pluralidad de supuestos, y a fin de simplificar la exposición de las cuestiones más relevantes, me referiré tan sólo a la responsabilidad ex artículo 367 Texto Refundido de la Ley de Sociedades de capital, dado que será el supuesto más frecuente y, por tanto, de mayor relevancia práctica a los efectos de su necesaria coordinación con el concurso, pudiendo trasladarse los criterios que manifestaremos al resto de los casos antes enunciados. De todas las maneras, y a fin de situar estos problemas en sus justos términos, no puede desconocerse que «en muchos de los casos en que proceda la calificación del concurso como culpable es previsible que los acreedores puedan ejercitar acciones individuales y, especialmente, del 262, 5, (por lo que) puede anticiparse que la eficacia práctica del artículo 172, 3 de la Ley Concursal será reducida. Los acreedores tratarán de adelantarse a la solución concursal por cualquiera de esas vías extraconcursales, más sencillas y no sometidas a la par conditio» (Muñoz Planas y Muñoz Paredes: Repercusiones del concurso de la sociedad sobre la responsabilidad de los administradores, pág. 1351). Sin embargo, quizás ese pronóstico no resulte siempre cumplido como consecuencia del tenor literal del artículo 367 Texto Refundido de la Ley de Sociedades de capital (cuyo origen ha de situarse en la previa modificación de los artículos 262,5 de la Ley de Sociedades Anónimas y 105,5 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada efectuada por la Ley 19/2005, de

14 de noviembre, sobre la Sociedad europea domiciliada en España, BOE de 15 de noviembre de 2005). Probablemente, al atractivo que para los acreedores tenía esta posibilidad de exigir la responsabilidad por las deudas sociales, ante determinadas circunstancias, a los administradores sociales se verá aguado como consecuencia de la drástica reducción de su ámbito objetivo. En efecto, y reenviando sobre estos extremos al excelente trabajo del prof. Beltrán que se incluye en este libro, no habrá que olvidar que aquella responsabilidad de los administradores sociales se circunscribe ahora a «las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal» de disolución o al incumplimiento del deber de instar el concurso. Ante esta modificación del régimen de responsabilidad de los administradores por las deudas sociales, parece razonable pensar en un mayor protagonismo, en su caso, de la responsabilidad concursal, pues a ella acudirán aquellos acreedores que no pudieran, en razón de la fecha de su crédito, requerir la responsabilidad por deudas ex artículo 367 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de capital.

Tal y como antes advirtiéramos, resulta más que oportuno no alterar la naturaleza y finalidad de las distintas acciones de responsabilidad que configura nuestro Derecho societario como consecuencia de su mayor o menor operatividad en aquellas situaciones en que la persona jurídica se encuentre en una situación de crisis económica. Desde esta premisa, no se ha dudado en advertir de la compatibilidad (Mairata: Responsabilidad de los administradores y situaciones concursales, pág. 1388 y sigs.) que, en relación con la normativa codificada, mediaba entre las soluciones concursales y la responsabilidad sancionada en el tan citado artículo 367 Texto Refundido de la Ley de Sociedades de capital. El relieve práctico que tiene, ante la crisis de la persona jurídica, la posibilidad de requerir la responsabilidad de sus administradores por las deudas sociales es indudable. Estas normas configuran una responsabilidad «personal, ilimitada, autónoma, no objetiva, de carácter cumulativo y solidaria» (García-Cruces: La responsabilidad de los administradores por no promoción o remoción de la disolución de la sociedad: consideraciones en torno al debate jurisprudencial, pág. 48 y sigs., en concreto, pág. 67 y sigs.) de los administradores por las deudas sociales ante el incumplimiento de los deberes de promoción o remoción de la disolución social. Pero, en esta línea, tampoco resultará desacertado insistir en que la responsabilidad que tales normas sancionan no viene, de por sí, a atender necesariamente una función preconcursal. Por supuesto, «no es posible negar que, con gran frecuencia, la norma legal sobre responsabilidad de los administradores por falta de promoción de la disolución de la sociedad puede cumplir esa función preconcursal; pero no siempre es así» (Rojo: Los deberes legales de los administradores en orden a la disolución de la sociedad de capital como consecuencia de pérdidas, pág. 1454, nota 28.) La razón, en mi opinión, es obvia, pues la función que atienden estas reglas de responsabilidad es otra y, en coherencia con ello, el supuesto de hecho que desencadena la exigibilidad de ciertos deberes y, en su caso, la pertinente responsabilidad no queda circunscrito a la pérdida cualificada considerada como causa de disolución en el artículo 363.1.b Texto Refundido de la Ley de Sociedades de capital

(sin olvidar que el nuevo tenor literal de la norma parece extender tal responsabilidad respecto del incumplimiento del deber de instar el concurso. Cfr. dis. final 20ª, apartado 6 y disp. final 21ª, apartado 4 LC) En este sentido, se ha manifestado que, en la versión definitiva que fue aprobada como texto de la Ley de Sociedades Anónimas, «a una función meramente preventiva, dirigida a conseguir que existiendo causa legal o estatutaria de disolución, la sociedad no continuara actuando en el tráfico, se añadió una función esencialmente represiva, dirigida a conseguir la efectiva disolución de la sociedad. Y esta segunda función, por la importancia que tiene, habría de eclipsar la originaria función preventiva. La norma no contiene una medida de fomento de la disolución (…) sino una medida coactiva cuya efectividad se consigue a través de esa amenazante responsabilidad legal de los administradores que no promuevan oportunamente la disolución de la sociedad» (Rojo: Los deberes legales de los administradores en orden a la disolución de la sociedad de capital como consecuencia de pérdidas, pág. 1450) Por otra parte, y en coherencia con las funciones advertidas, se entenderá perfectamente el hecho de que la Ley de Sociedades Anónimas —al igual que la Ley de limitadas— no vincule la posibilidad de realizar esta responsabilidad legal con una particular causa de disolución sino, antes bien, con cualquiera de ellas, con independencia del relieve patrimonial que la misma pueda tener.

Advertida la caracterización, siquiera mínima, de la responsabilidad ex artículo 367 Texto Refundido de la Ley de Sociedades de capital, conviene ahora cuestionarse la necesidad de sancionar la pertinente coordinación entre aquélla y el hecho de que la sociedad que gestionan estos administradores esté en concurso, así como el modo de llevarla a cabo.

El artículo 57 de la Propuesta de Anteproyecto de Ley Concursal de 1.995, tras sentar similares reglas a las previstas en el artículo 48, 2 de la Ley Concursal respecto de la acción social de responsabilidad, añadía que:

«La misma regla será de aplicación al ejercicio de las acciones de responsabilidad contra los administradores que sean legalmente responsables de las deudas sociales».

Se completaba esta disposición con la previsión del apartado 3 de este artículo 57 de la Propuesta de Anteproyecto de Ley Concursal de 1.995, en donde se advertía que:

«Durante la tramitación del concurso, la competencia para conocer de las acciones contra los administradores, los auditores y los liquidadores a que se refieren los apartados anteriores corresponderá al Juez del concurso».

Con estas reglas, se ofrecía una coordinación entre el concurso y la responsabilidad derivada de la no promoción de la disolución del concursado persona jurídica, de tal

manera que el ejercicio de las acciones para exigir en ciertos casos a los administradores sociales la responsabilidad por las deudas de la sociedad se atribuía exclusivamente a la administración concursal —síndicos e interventores, en aquel texto— a la par que de su ejercicio conocería siempre, durante la tramitación del concurso, el juez concursal.

Frente a esta opción de la Propuesta de Anteproyecto de Ley Concursal de 1995, no han faltado opiniones en favor de excluir cualquier juego de la responsabilidad por no promoción de la disolución para confiar a la responsabilidad concursal de los administradores la satisfacción de los intereses presentes, advirtiendo la necesidad de reformar —con tal finalidad— las previsiones adoptadas en el artículo 172, 3 de la Ley Concural. En este sentido, se puso de manifiesto que «la solución en política y en técnica jurídica entendemos que debe ir en la línea de que en sede concursal el régimen de responsabilidad de los administradores debe ser exclusivamente el configurado en dicha sede normativa (art. 171.3 ALC), lo que exigiría que dicha responsabilidad concursal no sólo jugara en los supuestos de liquidación sino también en los de convenio, y siempre que el incumplimiento del deber de diligencia por parte de los administradores tuviese relación directa con la agravación o con la creación misma del estado de insolvencia determinante de la liquidación o del convenio, dejando en manos del juez la modulación de la responsabilidad en función precisamente de la implicación de los administradores en el estado de insolvencia. Y a su vez, (…), es preciso que la responsabilidad en sede concursal no se vincule a los supuestos de dolo o culpa grave de los administradores excluyendo los supuestos de mera culpa o culpa leve, porque ello implicaría, de un lado, el absurdo de que en supuestos de culpa leve no habría responsabilidad concursal pero sí podrían los acreedores en caso de insolvencia ejercer la acción social de responsabilidad en base a la legitimación que les otorga el art. 134, 5 de la Ley de Sociedades Anónimas y, de otro lado, porque resulta contradictorio que en sede común o general de responsabilidad de los administradores no se exija ningún grado especial de culpa (art. 133 LSA), y en cambio en un supuesto particularmente grave como es la generación o agravamiento del estado de insolvencia se exija dolo o culpa grave eximiendo a los supuestos de culpa leve» (Alonso Ureba: La responsabilidad de los administradores de una sociedad de capital en situación concursal. El art. 171, 3 del Anteproyecto de Ley Concursal y sus relaciones con las acciones societarias de responsabilidad, pág. 302) Este autor extiende las mismas consideraciones a los supuestos de responsabilidad de los administradores por no promoción de la disolución, pues advierte que «los arts. 262, 5 de la Ley de Sociedades Anónimas y 105, 5 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada dejan de tener sentido si en sede concursal, como propugnábamos anteriormente, hay un adecuado tratamiento de la responsabilidad de los administradores que abarque no sólo los casos de liquidación sino también de convenio, y, además, sobre la base de no exigir un grado especial de imputación a los administradores (dolo o culpa grave, art. 163, 1 ALC) tal y como se hace en sede general de responsabilidad de los administradores (art. 133 LSA)» (Alonso Ureba: La responsabilidad de los administradores de una sociedad de

capital en situación concursal. El art. 171, 3 del Anteproyecto de Ley Concursal y sus relaciones con las acciones societarias de responsabilidad, pág. 303) En atención a todas estas ideas, el citado autor concluye que «si concurrieran los presupuestos de uno y otro tipo de responsabilidad, en base a la universalidad del concurso y al principio de la par conditio creditorum, deberá tener prioridad la responsabilidad concursal que es respecto de todos los acreedores, frente a la responsabilidad por no instar la disolución o el concurso, que sólo juega respecto de los acreedores concretos que la hayan exigido y no frente a la totalidad de los mismos. Esta prioridad supone, en última instancia, desplazar la responsabilidad de los artículos 262 de la Ley de Sociedades Anónimas y 105 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, pues si un acreedor ha visto satisfecha la totalidad de su crédito vía responsabilidad concursal, no necesitará ya acudir a los artículos 262 de la Ley de anónimas y 105 de la de limitadas, y sólo si en sede concursal no logra la plena satisfacción de su crédito podría acudir, si se dan los presupuestos a la responsabilidad derivada de los artículos 262 de la Ley de anónimas y 105 de la de limitadas» (Alonso Ureba: La responsabilidad concursal de los administradores de una sociedad de capital en situación concursal. El art. 172, 3 de la Ley Concursal y sus relaciones con las acciones societarias de responsabilidad, pág. 569).

Esta opinión, sin embargo, me parece que no puede —ni debe— ser aceptada. En las líneas que hemos recogido entiendo que viene a confundirse la naturaleza de las distintas acciones, ya que se afirma la identidad de presupuestos y finalidades entre ellas. Por el contrario, de acuerdo con las reglas que disciplinan con carácter general la responsabilidad de los administradores en la legislación societaria así como las particulares previsiones de la Ley Concursal, podrá llegarse a alguna conclusión diferente de la criticada. Como antes advirtiera, no puede afirmarse que medie coincidencia entre los presupuestos de ambos tipos de acciones, pues su diferencia radica en que para el ejercicio de la acción social, el agravamiento o causación del estado de insolvencia debería —como es— constituir el daño que es objeto de reparación, dada la naturaleza resarcitoria de esta acción. Por el contrario, en la responsabilidad concursal el origen o empeoramiento de la insolvencia es un mero presupuesto que, con independencia de su significado como daño a la sociedad, atiende a una finalidad de cobertura de los créditos impagados en la liquidación y, por tanto, al interés de los acreedores afectados. El daño, y su valoración económica, no tiene porqué coincidir con el importe de los créditos fallidos en la liquidación. Otro tanto cabe afirmar respecto del juego de relaciones entre la acción ex artículo 367 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de capital y la derivada de la oportuna responsabilidad concursal. Su coincidencia radica en el carácter sancionatorio que de ambas puede —y debe— predicarse. Pero sus diferencias fácilmente se recordarán si se atiende a la distinta finalidad que quiere alcanzarse con ellas, pues si en la primera se sanciona el incumplimiento de los deberes de promover o remover la disolución social y, ahora también, instar la solicitud de declaración de concurso (cfr. disp. final F. 20ª, apartado 6 y diisp. final. 21ª, apartado 4 LC), en este otro caso viene a reprimirse el

incumplimiento de los deberes que resultaran exigibles y que tiene por efecto la causación o agravación del estado de insolvencia de la persona jurídica deudora.

Ante estas circunstancias, parece razonable considerar que el riesgo de que los administradores pudieran sufrir una doble condena y que, insistentemente, se denuncia por algunos autores, no es real, pues «la independencia que se predica de unas u otras vías de exigencia de responsabilidad no puede llevar a pensar que la condena obtenida por alguna de ellas carece de incidencia sobre las otras y que es posible obtener un doble resarcimiento. (…) el resarcimiento obtenido por un acreedor a través de las acciones societarias minora o extingue su crédito contra la sociedad, y por tanto la eventual responsabilidad por deudas de los administradores. Y, al revés, la asunción de la responsabilidad por la parte de los créditos no satisfecha por la liquidación reduce, obviamente, la cuantía (de daño o de deuda social) susceptible de ser reclamada mediante acción individual, social o del 262, 5» (Muñoz Planas y Muñoz Paredes: Repercusiones del concurso de la sociedad sobre la responsabilidad de los administradores, op. cit., pág. 1352).

Pero, también, cabe observar que la desvinculación de la responsabilidad concursal respecto de la liquidación y del carácter doloso o con culpa grave de la participación de los administradores en el origen o empeoramiento del estado de insolvencia, junto con suponer la traslación de los esquemas propios de una responsabilidad-función de carácter indemnizatorio a un supuesto distinto de responsabilidad-sanción, resulta además exagerada. Así, la extensión de la responsabilidad concursal a los supuestos en que se alcanzara convenio vendría a desconocer la participación —y protección que la Ley Concursal les brinda— de los acreedores en el propio convenio, al igual que la falta de eficacia novatoria que éste tiene respecto de la quita (vid. art. 136 LC) y la posibilidad de devengo de intereses en caso de espera (vid. art. 59, 2 in fine LC), reglas que pueden llegar a proteger en tales circunstancias el interés de los acreedores. De igual modo, con ese proceder vendría a dejarse de lado el carácter de mecanismo de presión, respecto de la amplia libertad que le asiste para provocar la liquidación, frente al deudor, a fin de primar el convenio en cuanto solución favorecida en el texto legal. Por otra parte, la extensión a los supuestos de culpa leve es extraordinariamente exagerada, pues —como se acaba de indicar— supone extraer reglas y criterios propios de una responsabilidad indemnizatoria, como es la prevista en los artículos 236 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de capita, y extenderlos a un supuesto de responsabilidad de carácter sancionatorio, tal y como es el acogido en el artículo 172, 3 de la Ley Concursal. Además, esta última extensión alteraría gravemente toda la estructura de la calificación concursal y de su finalidad represora, suponiendo un coste tal que difícilmente podría asumirse el riesgo por los administradores.

Pese a todo lo anterior, llama poderosamente la atención el silencio que sobre este particular guarda la Ley Concursal. La previsión acogida en sus antecedentes ha desaparecido y no se dispone nada acerca de la posible coordinación entre las acciones derivadas de la responsabilidad por la no promoción de la disolución que recae sobre

los administradores y la situación de concurso de la persona jurídica a la que sirven. Ante esta laguna, la imprevisión de la Ley sobre tal particular no puede dejar de ser criticada. Es cierto que con el juego de la acción prevista en el artículo 367 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de capital se requiere el pago de las deudas sociales —esto es, de los créditos concursales— a personas distintas del deudor principal que no es otro que la persona jurídica en concurso. Por lo tanto, prima facie podría considerarse que en nada se afecta el concurso y la adecuada protección de los intereses de los acreedores que en él han de ver su satisfacción. Sin embargo, si se repasa detenidamente el supuesto de hecho, podrá comprobarse cómo estaríamos ante una situación —eso sí, ahora dirigida contra los administradores sociales— muy similar a aquélla que, ante la pluralidad de acreedores y el riesgo de insatisfacción de los créditos, viene a darse frente al deudor común y a la que se quiere poner remedio mediante el propio juicio universal, dado que con esta exigencia de responsabilidad se permitiría la realización fuera del concurso de los créditos concursales. Por otra parte, cualquier enfoque realista del problema no podrá desconocer la incidencia y relevancia que, para una adecuada realización de los intereses presentes, puede tener en el concurso la posibilidad de requerir el pago de los créditos concursales a determinados terceros que, en concepto de administradores y tras la realidad de una causa de disolución —la pérdida cualificada— cuya verificación no han promovido, resultan responsables personales y solidarios del pago de las deudas sociales en los términos previstos en el artículo 367 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de capital.

Por todas estas razones, me parece que la Ley Concursal debería haber acompañado sus previsiones en torno a la incidencia del concurso sobre los órganos sociales con una previsión como la recogida en el artículo 57, 2 de la Propuesta de Anteproyecto de Ley Concursal de 1995, en la que se hubiera atribuido a la administración concursal la legitimación exclusiva para el ejercicio de la acción de responsabilidad frente a los administradores sociales por no promoción de la disolución y, por otra parte, viniera a reservarse en favor del juez del concurso la competencia para conocer del ejercicio de estas acciones.

Sin embargo, la falta de previsión del texto legal (el silencio de la LC sobre este extremo no deja de extrañar y es difícilmente justificable, máxime cuando dispone pronunciamientos expresos respecto de supuestos de hecho muy similares, tal y como ocurre —en algunos casos— respecto de la responsabilidad de los socios por las deudas sociales. Cfr. art. 48.5 LC), así como la ausencia de una solución expresa, nos han de obligar a buscar una interpretación de la nueva normativa que resulte adecuada para armonizar las distintas exigencias en juego. En este contexto, conviene destacar cómo resulta indudable que la Ley Concursal muestra una voluntad expresa de mantener la sanción —discutida pero, a mi juicio, acertada— que previene el artículo 367 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de capital y, en este sentido, incorpora expresamente —frente a algún aislado y manifiestamente erróneo pronunciamiento judicial— que la solicitud de concurso excluye la responsabilidad de los

administradores por las deudas sociales contemplada en aquellas normas, a la par que extiende la misma sanción para los supuestos en que los administradores sociales incumplan el deber de solicitar el concurso que les impone el artículo 5.1 de la Ley Concursal.

Ahora bien, si se quiere efectuar un enfoque realista del problema, me parece que debemos reducir su alcance exclusivamente a aquellos supuestos en que los administradores no pudieran asumir la responsabilidad que les imponen la normas citadas, pues no disponen de patrimonio suficiente como para atender íntegramente el pago de las deudas sociales. Si la solvencia de estos administradores permitiera la completa satisfacción de los créditos de terceros frente al concursado no mediaría problema alguno. Por el contrario, si el administrador no pudiera hacer frente totalmente a esta responsabilidad por deudas, el riesgo presente sería el de vaciamiento del concurso, en el sentido de que mediante las reclamaciones individuales de los acreedores frente a él pudiera darse al traste con la clasificación y prelación de créditos dispuesta en sede concursal. Bastaría, en efecto, con que el acreedor cuyo crédito fuera postergado actuara con mayor diligencia que el titular de un crédito privilegiado para que, reclamando en primer lugar y al margen del concurso frente al administrador, obtuviera la íntegra satisfacción de su crédito, de tal modo que cualquier otro acreedor, incluso con mejor derecho en el concurso, se encontrara posteriormente con la insolvencia de su deudor-garante, esto es, el administrador de la persona jurídica concursada. Todo ello abocaría a una situación insatisfactoria, en donde cualquier solución a los problemas planteados vendría dada, en la medida en que resultara posible, por la aplicación de las normas generales (ad ex. tercería de mejor derecho), conduciendo a resultados seguramente no deseables.

Sin embargo, en tal situación, tanto el administrador como sus acreedores estarían legitimados para instar la declaración de concurso de aquél (cfr. art, 3.1 LC) Producida esta declaración judicial, podría entonces llegarse a alguna solución —desde luego, no enteramente satisfactoria— del problema planteado. En efecto, el concurso del administrador permitiría revisar, a través del expediente de las acciones de reintegración, la actuación seguida por éste y que le llevó a atender el pago de los acreedores de la persona jurídica concursada y que frente a ésta y en su concurso tenían un derecho postergado respecto de los acreedores de este segundo concurso. El juego de las acciones de reintegración, cuya eficacia no requiere que concurra intención fraudulenta alguna (cfr. art. 71.1 LC. Sobre estos extremos, vid. García-Cruces: La reintegración de la masa activa en la Ley Concursal, pág. 545 y sigs.), permitiría la ineficacia de los pagos actuados, de tal modo que el tercero in bonis —esto es, el acreedor postergado de la persona jurídica que era el primer concursado— se sujetará al nuevo concurso y en el que se harán valer el orden y las preferencias que se fijaran en el concurso anterior de la sociedad deudora (sobre los efectos derivados de la reintegración de la masa activa ex art. 73 LC, así como su comparación respecto del Derecho previgente, vid. García-Cruces: De la retroacción de la quiebra a la rescisión de

los actos perjudiciales para la masa activa, pág. 43 y sigs.)

Pero, también, y a modo de solución —aunque con graves dificultades hermeneúticas— ante la omisión de una norma expresa en la Ley Concursal, la necesaria coordinación de ambas acciones podría llegar a justificarse en una interpretación amplia del artículo 25.1 de la Ley. Esta norma previene la acumulación al concurso de una persona jurídica de los concursos ya declarados de los socios, miembros o integrantes personalmente responsables de las deudas de la persona jurídica. Con una interpretación amplia, probablemente en demasía, del citado precepto, y por vía de acumulación, podrían también evitarse o minorarse, quizás, los riesgos de descoordinación a que antes nos referíamos.

Todas estas ideas nos permiten, entonces, una última observación. Así, no estará de más insistir en la importancia práctica que cabe predicar del —impropiamente denominado— embargo preventivo que previene el artículo 48.3 de la Ley Concursal y que el juez del concurso puede ordenar anticipadamente a fin de asegurar la futura responsabilidad concursal de quienes reúnen la cualidad de administrador o liquidador, de hecho o de derecho, de la persona jurídica concursada y que luego fueran declarados como personas afectadas por la calificación. La práctica de esta traba —o de la caución sustitutoria— vendría a evitar, en buena medida, algunos de los problemas que acabamos de enunciar. Esta medida, si fuera acordada, tenderá a evitar la huída del concurso por parte de los acreedores, minorando el riesgo derivado de las posibles reclamaciones que estos pudieran interesar al amparo de normas como el citado artículo 367 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de capital.