LA RESTAURACIÓN MODERADA (1875-1902) Restauración · La revolución de 1868 no consiguió instaurar una forma estable de monarquía; ni solucionó el problema social. Faltaba una

HISTORIA DE ESPAÑA PROFESOR: DR. D. GUMERSINDO BRAVO GONZÁLEZ

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LA RESTAURACIÓN MODERADA (1875-1902) La revolución de 1868 no consiguió instaurar una forma estable de

monarquía; ni solucionó el problema social. Faltaba una auténtica burguesía en España, con conciencia unitaria, capaz de asegurar un sistema social. A esto se le unió el divorcio de la masa popular con respecto a las clases dirigentes del país. Así comenzó el período llamado de la Restauración.

Tras el golpe del general Pavía (3 de enero de 1874), el general Serrano

encabezó el gobierno y dedicó todos sus esfuerzos a poner término a la guerra carlista. Sin embargo, cobraba mayor fuerza los círculos alfonsinos del ejército, de la alta burguesía catalana que preconizaban la restauración de la dinastía borbónica.

De esta forma, el príncipe Alfonso el 1 de diciembre, dirigió desde la

academia militar de sandhurst un Manifiesto a la nación, redactado por Cánovas, en el que afirmaba que la única solución a los problemas de España residía en el restablecimiento de la monarquía tradicional. De esta forma, el general Martínez Campos proclamó en Sagunto, de forma adelantada a Alfonso XII como rey de España. Mientras Cánovas apelaba a la burguesía que había apoyado a Isabel II para que sostuviera el trono de Alfonso XII. Así, se inició la Restauración que pretendía establecer el régimen liberal moderado anterior a 1868.

Se formó un Ministerio-Regencia, presidido por Cánovas, que organizó la

llegada del rey. Además se convocan elecciones a Cortes Constituyentes, por sufragio universal (respetando la Constitución de 1869). Las nuevas Cortes aprobaron la Constitución de 1876, considerada como un intermedio entre las constituciones de 1845 y 1869. Lo cierto es que se trata de una constitución ambigua y aséptica que difería muchas cuestiones a la legislación ordinaria, por lo que ofrecía ciertas posibilidades al partido gobernante.

Según esta constitución, la soberanía reside en dos instituciones históricas:

las Corte y el Rey. El Poder Legislativo también es dualista: la potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey. Las Cortes son bicamerales: el Senado era elegido por el rey o por nivel de riqueza (es una cámara oligárquica y nobiliaria; el Congreso es elegido primero por sufragio censitario (5% de la población), luego los liberales de Sagasta consiguen el sufragio universal (1890). El Rey tiene el poder ejecutivo, tiene derecho al veto, convoca y disuelve la Cortes, es inviolable, etc, pero la responsabilidad política recae en los ministros. Por otra parte, no se habla de Poder Judicial, sino de administración de justicia, lo que puede indicar una cierta independencia de los tribunales respecto al


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ejecutivo. También se robustece la intervención del ejecutivo en los Ayuntamientos y Diputaciones.

La Constitución de 1876 reconocía diferentes derechos: seguridad ante la ley,

derecho a la propiedad, inviolabilidad de domicilio y de correspondencia, libertad de residencia, tolerancia de cultos en un Estado confesional católico, etc. Sin embargo, el artículo 17 permitía al gobierno suprimir las garantías constitucionales en ciertas circunstancias. De hecho, muchas libertades públicas serán obra de los liberales de Sagasta (derecho de reunión y asociación, 1887).

El Sistema Político Canovista: Turnismo y Bipartidismo Con la Constitución de 1876 comenzó su andadura el sistema canovista.

Se apoyaba en dos pilares: la soberanía compartida, la del Rey y las Cortes, y la de los partidos oficiales que aceptaban la legalidad constitucional. Este modelo era el puesto en práctica en Inglaterra, pero estos partidos oficiales estarían configurados por la presencia de notables que nada tendría que ver con los partidos de masas, puesto que la Ley electoral de 1878 había restablecido el sufragio censitario, reduciendo notablemente la participación ciudadana.

De esta forma, apoyados en un electorado formado por gentes burguesas

relevantes que formaban la clase política del país, serían unos partidos de cuadros cuyos diputados ocuparían los escaños del hemiciclo.

Cánovas sería el creador y presidente del partido liberal-conservador,

integrado en su totalidad por diputados de la alta burguesía terrateniente, alto funcionariado militar o civil y nobleza del Sur peninsular. Pero él pretendía un partido que se estructurara de acuerdo con la izquierda dinástica, y así convocó al nuevo partido como liberal-fusionista, estando formado por progresistas y demócratas que habían votado la Constitución de 1869 y a Amadeo I, y que tenían como jefe a Práxedes Mateo Sagasta.

Por tanto, se reforzó la coerción política y el centralismo político-

administrativo, plasmado en la igualdad de códigos y en la igualdad jurídica de todos los ciudadanos. La primera constatación fue la abolición de los fueros de las provincias vascas por Ley en 1876. El centralismo, con eje en Madrid, se hizo patente en la reorganización de las diputaciones provinciales y los ayuntamientos. La libertad de imprenta tuvo su legislación restrictiva al establecerse la censura previa a los impresos de menos de 200 páginas, lo que suponía el control de todos los folletos y periódicos del Estado. Así, de esta forma, en 1879 se promulgó la Ley de imprenta que se extendió la consideración de delito a todo ataque, e incluso a la duda, sobre el sistema político y social de la Restauración. Sin embargo, la manipulación electoral


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estaba patente en ambos partidos, por lo que se abría la posibilidad de alternancia en el gobierno de la nación.

Según ya estaba pactado, se eligió la falsificación permanente. Aceptar la

falsificación implicaba estar de acuerdo, además de con lo irrenunciable (la Corona y la Constitución), con unos planteamientos económicos y sociales; esto era, con que había que defender el sistema de producción capitalista y la propiedad privada, y la existencia de un sistema político que debía funcionar de arriba abajo.

El sistema quedaba asegurado por un liderazgo de los partidos centrados

en Madrid y por la articulación provincial de los mismos con un control del poder local mediante la práctica caciquil, de enorme trascendencia económica y social en una España rural depauperada.

Así, pues esta realidad política se denominó el encasillado para encontrar

un Parlamento adecuado, falseando la voluntad nacional. Estos candidatos oficiales tenían prácticamente ganadas las elecciones antes de que se realizara. Y cuando el pacto resultaba imposible se practicaba el pucherazo, que consistía en la aplicación de coacción, violencia, fraude, compra de votos, etc. Los caciques eran, en principio, miembros de una élite local o comarcal, caracterizada por tres notas: su arraigo en un medio geográfica, económica y socialmente concreto; su predominio personal en esa sociedad cerrada; y su función de intermediarios de esta última ante el Estado. Así, se convertían en los más influyentes de la localidad, y además eran los encargados de recopilar los votos y abarañar las elecciones.

La evolución del régimen. En 1885 murió Alfonso XII, creándose una situación de riesgo para la

continuidad del régimen. SAGASTA, antiguo progresista, tras la muerte del rey llegó a un acuerdo con Cánovas para garantizar la alternancia y el turno de partidos, y se plasmó en el PACTO DE EL PARDO. Encabezó el partido liberal-fusionista, integrando en sus filas a los sectores más avanzados en materia social. Llegando a formar gobierno en 5 ocasiones, hasta su retirada definitiva en 1901.

Comenzó así el período de la regencia de María Cristina de Habsburgo,

que duraría hasta el año 1902, fecha en que accedió al trono Alfonso XIII. A lo largo de estos años se mantuvo la alternancia entre los dos grandes partidos dinásticos: canovistas y sagastanos, que es lo mismo, conservadores y liberales, se turnaron pacíficamente en el gobierno.


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Con Sagasta en el poder se produjo una cierta democratización del sistema político español. Se aprobaron una serie de leyes: Ley de prensa de 1883, la libertad de reunión y de expresión en 1881, la libertad sindical en 1887, y sobre todo la introducción del sufragio universal masculino, en 1890.

La oposición al sistema político. Promulgada la Constitución de 1876, una de las primeras medidas que tomó

el gobierno canovista fue establecer la distinción entre los partidos políticos que estaban dentro o fuera del sistema, en función de la aceptación o no de la monarquía restaurada y su dinastía. Esto produjo escisiones entre los partidos existentes: por un lado los carlistas apoyaban a la monarquía pero no a la dinastía y estaban vencidos militarmente, y por otro lado, a los partidos republicanos. El gobierno de Sagasta de 1881 los devolvió a la legalidad y restauró la libertad de prensa, permitiendo la reaparición de algunos periódicos suprimidos.

- Los republicanos podían percibirse en tres grandes grupos: el

posibilista o republicano histórico, eran seguidores de Castelar y que en sus pretensiones se mostraba a favor de una democracia conservadora que no comprometiera ni la unidad nacional ni el orden social. Los federales, que eran los más organizados y los más cercanos a la clase obrera, buscaban un reformismo social que armonizara los intereses del capital y del trabajo. Finalmente, los republicanos progresistas-demócratas, dirigidos por Ruiz Zorrilla, que desde el principio pretendía cambiar el régimen existente por medio de las acciones subversivas.

- El Movimiento Obrero, compuesto por los obreros y campesinos

se opusieron frontalmente al sistema. El movimiento obrero en España adquirió solidez y extensión organizativa a partir del sexenio democrático. Las dos corrientes de la Internacional encontraron eco en España; pero fue sobre todo la anarquista, por medio de la visita de Giuseppe Fanelli, discípulo de Bakunin, realizó a España, la que adquirió mayor predicamento. Creó en Madrid y en Barcelona la sección española de la AIT (Federación Regional Española), en 1870. La corriente marxista se aglutinó en torno a un núcleo madrileño que entró en contacto con Paul Lafargue, yerno de Marx, en 1871.

- Los Anarquistas, en un congreso de las organizaciones afiliadas a

la Internacional celebrado en Zaragoza en 1872, la mayor parte de los congresistas habían optado por la línea anarquista. En esta opción, que significaba la separación del mundo obrero de la política


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oficial, no cabe duda que influyó la deslealtad de los políticos por cumplir las promesas de mejoras sociales hechas en la revolución de 1868, y en especial, la esperada abolición de las quintas, lo que contribuyó a empujar al obrerismo a un odio contra el Estado, sin importar el signo del gobierno, y a la desconfianza hacia todo tipo de acción política reformista. El área geográfica de este anarquismo coincidía con la del movimiento cantonal de 1873: tercio mediterráneo de la Península, desde los Pirineos hasta el Guadalquivir, Barcelona, Zaragoza y las provincias de la Baja Andalucía. Sin embargo, en 1881, Sagasta hizo que el anarquismo retornara a la legalidad. Fruto de ello, es la creación de la Federación de Trabajadores de la Región Española y la incorporación en masa de nuevos afiliados, que ya podían inscribirse en una organización legal. Pero las discrepancias internas en el partido motivó la ruptura de ambos grupos, porque la eficacia de la huelga general y solidaria, defendida por los sectores industriales de Barcelona y Madrid, resultaba ineficaz en el campo andaluz a causa de la dispersión campesina y de la imposibilidad de sostener una organización. Por todo ello, los anarquistas andaluces se constituyeron en una sociedad secreta y decidieron actuar como grupos subversivos, dando lugar a la aparición de la organización secreta LA MANO NEGRA.

- Los Socialistas, eran la otra tendencia del movimiento obrero, la

socialista, se limitaba en 1874 a unos reducidos núcleos de seguidores de la idea de Marx, para quienes la Asociación de Arte de Imprimir, convertida en sociedad de resistencia al entrar en la clandestinidad, servía de refugio. En mayo de 1874, Pablo Iglesias fue llamado a presidir la Asociación, y al mismo tiempo, fue convenciendo a sus compañeros de la necesidad de pasar a la acción y formar un partido. Dicho partido se constituyó el 2 de mayo de 1879 como Partido Socialista Obrero Español. El PSOE proponía tres bases como condiciones imprescindibles para el triunfo del proletariado. La primera, introductoria, reunía lo esencial de la teoría de clases marxista: la posesión del poder político por la clase trabajadora, la transformación de la propiedad privada o corporativa de los instrumentos de trabajo en propiedad colectiva, social o común. La segunda, contenía lo que se denominó el Programa de Máximo o aspiraciones finales del Partido, que significaba la abolición de todas las clases sociales y su conversión en una sola de trabajadores dueños del fruto de su trabajo. La tercera se refería a las medidas políticas y económicas de inmediata realización para alcanzar el fin propuesto. El socialismo tuvo su implantación en Extremadura y Castilla la Nueva,


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especialmente, Madrid, extendiéndose hacia la periferia asturiana, vizcaína y valenciana. Desde sus inicios quedó configurado como un partido de clase exclusivamente obrera, cuya finalidad sería el enfrentamiento con las clases burguesas. En la crisis económica de 1887, que trajo consigo el cierre de fábricas, el incremento del paro, etc., llevó al Partido Socialista a crear una organización capaz de proceder de forma coordinada contra el capital, y el resultado fue la fundación en Barcelona, en el año 1888 de la Unión General de Trabajadores (UGT), y que quedó constituida como un organismo que reunía las diversas sociedades y federaciones de oficios, las cuales gozarían de autonomía en sus peculiares materias. Su fin era puramente económico: la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de los obreros, y los medios para obtener las reivindicaciones precisas serían la negociación, las demandadas al poder político y la huelga.

Los Nacionalismos periféricos El sistema político liberal había nacido en una coyuntura de ruptura

nacional, dejándose controlar por unas élites militares y políticas que representaban a los sectores más conservadores del liberalismo. Dichas élites respetables crearon en provecho propio un régimen político y un modelo de Estado, a imitación del francés, uniformista, que daba por supuesta la unidad nacional. La nueva organización centralista del Estado, con la división territorial basada en las provincias, pretendió desconocer las realidades comunitarias existentes y disolverlas en un proceso de integración común.

El uso patrimonial del Estado que hicieron las élites políticas liberales dio

como resultado el desprestigio de aquellas como impulsoras de cualquier plan de cohesión nacional. En esta época es cuando proliferaron las Historias Generales de España.

Los regionalismos periféricos fueron originariamente manifestaciones de

las medianas y pequeñas burguesías. A medida que el fenómeno se fue ampliando se fueron adhiriendo las burguesías dirigentes, y lo supieron esgrimir como arma política frente a Madrid para obtener determinadas ventajas, especialmente en el terreno económico.

- El Catalanismo, surgió a raíz de un tímido e inicial

provincionalismo que contrastaba con la Restauración mediante un movimiento cultural: La Renaixença¸ logrando acaparar los diversos intereses de la burguesía: industriales, forales, descentralizadores, románticos e incluso religiosos. Aquí se produjo la definición de la lengua catalana. Destacó como regeneracionista


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de final del siglo XIX Almirall, quien centró la cuestión en el hecho del federalismo como la fórmula idónea para superar y unificar las distintas posiciones antagónicas de las burguesías particularistas. Su planteamiento era regenerador autonomista y no independentista, de modo que la unidad de los pueblos dentro del Estado no debía de ser impuesta a la fuerza desde el centro, sino que debía ser consecuencia del desarrollo industrial y comercial. La propuesta más realista que real, era una Cataluña capitalista y europea dirigida por la rica burguesía urbana e industrial dispuesta a derrocar el centralismo. Así, Almirall, en 1882 fundó el Centre Catalá, y en 1887 los conservadores catalanes fundaron la Lliga de Catalunya.

- El Nacionalismo Vasco, surgió en un clima compartido de defensa

de sus fueros, luchando por su instauración. Su propulsor fue Sabino Arana, y se propuso la plena soberanía del País Vasco, que en definitiva significaba la independencia. El 31 de julio de 1895 se fundó el primer Partido Nacionalista Vasco con una solemne declaración antiespañola y con una voluntad de restaurar en el territorio el orden jurídico tradicional, pero fracasó. Sin embargo, cuando el partido se abrió a la burguesía más moderna e industrial fue cuando se produjo una tensión interna entre los defensores de la independencia y los que buscaban la autonomía dentro del Estado Español.

- El Nacionalismo gallego, sus orígenes fueron muy débiles, solamente con Alfredo Brañas se consiguió un modelo jurídico-político de descentralización designado con el término de autonomía.

- El Regionalismo andaluz, comenzó a caminar a partir de los

movimientos cantonalistas de 1873. Para Blas Infante, esto supuso la piedra angular en la formación de la conciencia andaluza en el marco de una República Federal. El primer acto andalucista tuvo lugar en Antequera en 1883, donde se proclamó la Constitución Federalista Andaluza, donde se exigía la declaración de una Andalucía soberana y autónoma.

Sociedad y economía en la España de la Restauración

El período 1875-1898 se caracterizó en España por un aumento de la

población y una mayor prosperidad económica. Pero ni el crecimiento demográfico fue similar al del resto de Europa, ni el progreso económico fue generalizado. Por tanto, se reafirma una gran desigualdad social en cuanto al reparto de la riqueza, y un atraso intelectual que tendría consecuencias importantes en el ámbito de la cultura y de la enseñanza.


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• La demografía, durante el último cuarto del siglo XIX, la población española aumentó, pero a un ritmo inferior al de la mayor parte de los países europeos, pasando de 16,6 millones en el censo de 1877 a 18,6 millones en 1900. El atraso generalizado del país se manifestó en el comportamiento de la población; la modernización demográfica, avanzada sobre todo en Europa Occidental, llegó a España más tarde. También se produce una elevada mortalidad estaba causada por el atraso médico, económico y social. Las Guerras de Cuba y carlista, las epidemias de cólera y las hambrunas justifican el incremento de mortalidad. De igual modo, destacaremos la influencia de la corriente emigratoria que, especialmente desde Galicia y la cornisa cantábrica, se dirigía a América. En menor medida, valencianos, murcianos y mallorquines emigraron al Norte de África y Francia. En este período se aprecia también una pequeña corriente migratoria que desde las zonas rurales se dirigía a las áreas urbanas (Madrid, Barcelona, País Vasco, Valencia, etc.). La población activa confirma el atraso general, España seguía siendo un país básicamente agrario.

• La Economía durante la primera etapa de la Restauración coincidió con el período de prosperidad económica que se vivía en Europa tras la II Revolución Industrial.

El Campo: continuaba conviviendo una agricultura tradicional y otra moderna. Los grandes cultivos seguían siendo el cereal, el olivo y la vid. La expansión del ferrocarril permitió la aparición de las grandes regiones agrícolas españolas del siglo XX. La reducción del cereal se debió al abandono de algunas zonas a causa del bajo rendimiento que se obtenía en ellas y a la gran expansión del viñedo durante una parte de este período. La producción vitícola creció a finales del siglo XIX debido al aumento de su exportación, y que coincidió con la expansión de la filoxera en Francia, que destruyó el viñedo de este país, beneficiando las exportaciones españolas, pero esta época de prosperidad poco duraría al expandirse dicha plaga por España, entrando en crisis el viñedo español a partir de 1892. El olivar conoció también un aumento del área cultivada, sobre todo en Andalucía, Cataluña y el Bajo Aragón. Pero lo más importante fue el gran crecimiento de la superficie dedicada a frutales y a cultivos de regadío. Las transformaciones industriales


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En España, la Revolución Industrial afectó de lleno a dos zonas, Cataluña y el País Vasco, y, en menor medida, a algunas comarcas de Andalucía, de Asturias, de la Comunidad Valenciana y de Castilla. Pero, en conjunto, el proceso de industrialización no fu tan importante como en otros países europeos. A finales del siglo XIX, España era aún un país con un pobre desarrollo industrial.

Cuando a finales del siglo XIX, algunos países europeos iniciaban la Segunda

Revolución Industrial, nuestro país continuaba siendo eminentemente agrario. Por eso se ha afirmado que la Revolución Industrial fracasó en España, a excepción de los casos del sector textil catalán y de la siderurgia vasca.

Este retraso industrial puede explicarse por la falta de poder adquisitivo de

la población y por un proteccionismo excesivo. La población, mayoritariamente agraria, tenía un poder adquisitivo muy bajo, por tanto, esto generaba una escasa demanda de productos manufacturados. Por otra parte, los industriales vascos y catalanes consiguieron que los gobiernos liberales implantaran medidas proteccionistas. Sin estas medidas era difícil que hubiese industria. Por ejemplo, los productos catalanes eran más caros que los extranjeros, ya que en esta zona no había carbón ni hierro, ni buenos puertos. Según algunos historiadores, el excesivo proteccionismo no estimuló la renovación tecnológica, lo que hacía perder competitividad con el encarecimiento consiguiente de los productos industriales.

La falta de inversiones, las malas comunicaciones terrestres y la falta de redes

comerciales que permitieran llevar los bienes al consumidor potencial no favorecieron el desarrollo industrial. Así, mientras que el trigo castellano se pudría en los graneros, en la Comunidad Valenciana se importaba del exterior; mientras que el carbón asturiano no encontraba comprador, en Bilbao se adquiría en Gran Bretaña.

Algunos de estos problemas se resolvieron a lo largo del siglo y se generó

una moderada expansión del sector industrial, pero a un ritmo mucho más lento que en la mayoría de los países de Europa Occidental. Por lo que respecta a la evolución económica en relación con la actividad industrial, hubo una clara expansión sostenida desde 1820 hasta finales de 1850, seguida de un periodo de crisis durante el decenio siguiente. Las causas de esta crisis hay que buscarlas en las nuevas posibilidades de inversión, como la compra de tierras de la segunda desamortización, y también en el encarecimiento del algodón a causa de la Guerra de Secesión estadounidense (1861-1865), ya que, durante este periodo, Estados Unidos apenas exportó algodón, lo que hizo subir los precios en los mercados internacionales. El último cuarto de siglo, en cambio, se caracterizó por una recuperación lenta y constante hasta 1898, fecha de la independencia


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de Cuba y de Puerto Rico, mercados que entonces absorbían casi el 20% de la producción textil catalana.

La Industria Textil Para que prosperase una industria textil en el siglo XIX, eran necesarias tres

condiciones: existencia de capital, suficiente mano de obra e innovación tecnológica. Además, se debía de disponer de materias primas o fuentes energéticas abundantes y baratas y tenía que existir una demanda de tejidos suficiente. Esto es lo que ocurrió, por ejemplo, en Reino Unido. En España no se daban estas condiciones.

El mercado español tenía poca capacidad de compra para importar algodón

y carbón, pero, a pesar de esto, en Cataluña se creó una importante industria textil, sobre todo algodonera, gracias al avance de la economía catalana respecto al resto de España y al proteccionismo aplicado por casi todos los gobiernos liberales.

Los tejidos caros y bordados se sustituyeron por algodón. Los procesos

industriales hicieron de la fabricación de estos tipos de tela un producto al alcance de la mayoría de los bolsillos, mientras otras fibras tradicionales, como el lino, se estancaban, y la producción de tejidos de lana se tecnificaba con cierto retraso.

Un elemento decisivo en el desarrollo de la industria textil es el espíritu de

iniciativa y de riesgo de la sociedad catalana. Un ejemplo fueron los hermanos Bonaplata, quienes entre 1832 y 1833, construyeron la primera fábrica que funcionaba con energía procedente del vapor. La innovación y el espíritu de iniciativa, el capital y la mano de obra abundante, así como la búsqueda de un mercado para la exportación, hicieron que la Revolución Industrial llegara a Cataluña. Ya a finales de 1840 se construyeron en los edificios grandes chimeneas de vapor. El empuje inicial llegó pronto a Sabadell y Terrassa, que se especializaron en los tejidos de lana, y a Manresa, Igualada, Mataró y Vilanova i la Geltrú. En el conjunto de España, hacia 1860, el 90% del algodón importado llegaba al puerto de Barcelona y el resto al de Málaga.

La industria textil catalana siguió en sus inicios el modelo británico, basado

en el uso del carbón para conseguir la presión del vapor necesaria en el movimiento de poleas, ruecas y telares. Los empresarios catalanes también compraron o imitaron la maquinaria y la tecnología inglesas, pero a partir de 1860 el encarecimiento del carbón motivaría la búsqueda de saltos de agua en las corrientes de los ríos para mover las turbinas. Así se crearon muchas colonias industriales en las cuencas medias de los ríos Ter y Llobregat. A esta localización industrial contribuyó el hecho de que las colonias facilitaban el aislamiento y el


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control de los trabajadores, cuando ya empezaban a organizarse los primeros movimientos obreros.

Entre 1875 y 1886, los textiles vivieron su periodo de esplendor,

coincidiendo con el auge de la agricultura vinícola. La supervivencia y la expansión de esta industria fueron posibles gracias al proteccionismo comercial, para ello contó con la ayuda de la Ley de Relaciones Comerciales con las Antillas de 1882, que le aseguró el mercado colonial hasta la derrota de 1898.

La superioridad inglesa en cuanto a precios y al control del mercado obligó

a la industria catalana a proteger su producción. Por eso se evitó la importación de los tejidos británicos a España y a las colonias que aún mantenía. Este proteccionismo, que permitió la existencia de la industria textil, perjudicó la expansión de su mercado, ya que, fuera del ámbito nacional, los precios elevados le impedían competir con los tejidos británicos en otros países.

La Industria Siderúrgica En 1831 se instaló en España el primer alto horno, el de La Constancia, en

Málaga. La familia Heredia impulsó esta actividad y Andalucía, con Marbella y Sevilla, fue la primera región con siderurgia moderna. La escasez de mineral y la falta de carbón la hizo inviable en tres décadas. En la década de 1840 se desarrolló la siderurgia en Asturias: Mieres y La Felguera, con un sistema de colado que utilizaba carbón de coque. Asturias tenía la ventaja del carbón, que, gracias a los aranceles proteccionistas, era más barato que el de la importación. Aquí se desarrollaron una serie de siderurgias asociadas como las de Duro, Felguera, Mieres, Asturiana del Zinc o Trubia. En 1868, todavía un 50% del hierro español se producía en Asturias.

Los primeros altos hornos en el País Vasco se instalaron en 1841, a iniciativa

de la familia Ibarra. Los comerciantes vascos aprovecharon la política proteccionista de los gobiernos liberales y la supresión parcial de los fueros, que permitía el libre comercio con el resto de España. Por este cambio legislativo, Bilbao y Donostia-San Sebastián pudieron convertirse en puertos por los que pasaban los productos de Castilla y del Valle del Ebro.

La actividad comercial desarrollada en los puertos vascos facilitó que un

sector de los comerciantes orientara su negocio a la explotación de mineral de hierro de las tradicionales minas de la cuenca bilbaína. Este sector de la burguesía se enriqueció exportando el mineral a Reino Unido. Esta circunstancia propició la aparición de importantes astilleros en la ría de Bilbao para construir barcos que transportaran el mineral.


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Existe una causa tecnológica para explicar este despegue: la sustitución del hierro dulce por el acero. La producción de acero necesitaba menos carbón y exigía un mineral de hierro sin fósforo. La ventaja de Vizcaya con respecto a Asturias, que también había instalado fundiciones, era que las minas vascas producían abundante hierro sin fósforo y, como el carbón lo importaban de Reino Unido, a muy buen precio, la viabilidad de estas industrias era evidente. Estas circunstancias hacían que Vizcaya superase claramente los focos de industria siderúrgica que ya existían en Málaga y Asturias.

Además de este factor tecnológico, el auge de la siderurgia vasca también se

explica por el proteccionismo del último tercio del siglo XIX. La casi imposibilidad de importar acero y hierro británico o alemán, por los elevados costes arancelarios, hacía que casi todo el mercado español consumiera el acero y la mayoría de los productos derivados de las industrias metalúrgicas vascas.

También se crearon industrias subsidiarias, como el caso de las industrias

químicas y las de maquinaria industrial y de transporte, sobre todo con la potenciación de los astilleros. De esta manera, surgió una segunda isla industrial en el conjunto español, todavía eminentemente agrario, que transformó la sociedad y la economía de los territorios vascos.

Además de la industria textil y de la siderúrgica, la industrialización afectó a

otros sectores que no llegaron a alcanzar tanta importancia. La extracción minera creció, en especial a partir de la Ley de Bases Mineras

de 1868, que permitió la entrada de importantes inversiones extranjeras en el sector. Empresas foráneas, como la de los Rothschild, compraron las principales minas del centro y del sur de España. Además del carbón asturiano y del hierro vasco y andaluz, se potenció la explotación de las minas de mercurio, de cobre y de plomo. Entre 1822 y 1868, España se convirtió en la segunda exportadora mundial de plomo y en 1869 alcanzó el liderazgo.

En la industria agroalimentaria destacan las fábricas de harina, muy

importantes en Aragón y en Castilla, las empresas de elaboración de vinos y alcoholes, principalmente en Andalucía, en Cataluña y en Valencia, y la producción de aceite de oliva, proceso que avanzó técnicamente con la sustitución de la tracción animal de las prensas por la máquina de vapor.

La industria química se distingue por la producción de colorantes y lejías,

necesarios para la industria textil, y la fabricación de dinamita utilizada en las explotaciones mineras de Bilbao, Riotinto y de Asturias.

La industria papeleta muy potente en el siglo XVIII en Valencia, Cataluña y

Aragón, tuvo que renovarse, lo que supuso una reorganización de la


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producción. Otras industrias de la época fueron las fábricas de paños de Castilla y León y la industria lanera de Sabadell y Terrassa.

La creación de un mercado nacional Entre 1837 y 1892 se produjo en España un proceso de unificación del

sistema económico de gran importancia histórica. La creación de un mercado único fue posible gracias a la organización de redes comerciales y de transporte, a una nueva legislación mercantil y a la unificación del sistema financiero y del sistema fiscal.

El transporte terrestre mejoró considerablemente a la llegada de los

Borbones en el siglo XVIII. A mediados del siglo XIX mejoró nuevamente la situación. En 1850 se estableció el servicio de correos y, en 1852, se inauguró el servicio de telégrafos, que permitió un importante desarrollo de la prensa diaria.

Pero el principal reto seguía siendo el transporte de mercancías, que hasta

entonces solo era efectivo en las ciudades costeras con puerto marítimo. La creación de redes comerciales exigía disponer de facilidades para trasladar mercancías en grandes cantidades y con cierta rapidez. Sólo así, podían unificarse los precios de los productos, condición indispensable para hacer funcionar un amplio mercado. Hacia 1850, Madrid era la única capital europea que disponía de caminos para carros. En el Bienio Progresista (1854-1856) se dio un impulso a la construcción del ferrocarril, con una legislación que permitió la entrada de capital extranjero para financiarlo. Una nueva Ley de Ferrocarriles de 1877 favoreció la formación de nuevas empresas, que duplicaron el tendido existente. Se incrementó la presencia de capital español y las subvenciones del Estado. Y el ferrocarril comenzó a ejercer cierto arrastre de la industria siderúrgica y metalúrgica nacional: en 1833 se fabricó la primera locomotora y el material ferroviario incrementó su producción. Pero el diferente ancho de las vías con respecto a las europeas fomentó el aislamiento. El trazado radial ignoraba la localización periférica de la industria. Además, la limitada demanda existente hizo del ferrocarril un negocio poco lucrativo.

A inicios del siglo XIX, España tenía numerosas normas comerciales, así

como una gran diversidad de sistemas de pesos, medidas y cuentas monetarias. Para la creación de un sistema único, era imprescindible regular la legislación comercial y suprimir las aduanas interiores. Los gobiernos del siglo XIX promulgaron leyes tendentes a conseguir la uniformidad. Así, se reguló el sistema de sociedades por acciones (sociedades anónimas) y en 1841 se suprimió la última aduana interior en Miranda de Ebro. Pero se mantuvo el impuesto de consumo a la entrada de las ciudades.


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En 1848 se publicó el Código Penal y en 1889 el Código Civil. Así, durante la primera mitad del siglo XIX en España existía un auténtico caos monetario. En 1848 se estableció la creación de un sistema decimal unificado, con el doblón como unidad básica que equivalía a cien reales. En 1864 se estableció como unidad efectiva el real, dividido en cien partes o céntimos. Por fin, en 1868, se creó un sistema totalmente unificado; Laureano Figuerola, ministro de Hacienda, instauró una moneda única con una equivalencia con el valor del oro y de la plata: la Peseta, que se dividía en cuatro reales (25 céntimos) y en cien céntimos, y el Estado asumió, de forma efectiva, el monopolio de creación de moneda. El nuevo sistema se implantó de forma paulatina.

En 1874, otro ministro de Hacienda, José de Echegaray, estableció la emisión

exclusiva por el Banco de España de billetes de papel moneda con la nueva unidad de cuenta, la peseta. Los billetes, que ya existían desde principios de siglo y que solían emitir los bancos u otras instituciones, se fueron generalizando y, junto con los cheques bancarios, desempeñaron un papel destacado en el nuevo mercado español.

Sin embargo, el sistema impositivo vigente en España estaba atrasado. Así,

en 1845, el ministro de Hacienda, Alejandro Mon, se empezó a crear un nuevo tipo de sistema fiscal. Lo más destacable era la inclusión de todos los impuestos que había en cinco grandes grupos: inmuebles, cultivos y ganados; producción industrial y actividad comercial; consumo; inquilinatos e hipotecas. Durante todo el siglo XIX el déficit de la Hacienda Pública fue un serio problema para el gobierno, que se veía obligado a emitir continuamente deuda pública y a emplear un 25% de sus ingresos en pagar intereses. Además, solo una cuarta parte de los impuestos eran directos; la carga impositiva recaía sobre la mayoría de la población a través de los odiados consumos, contribución indirecta que gravaba el consumo.

Sociedad de Clases A mediados del siglo XIX, la sociedad española experimentó cambios en su

estructura de acuerdo con el sistema liberal capitalista. En la nueva sociedad, el principio de diferenciación social fue la propiedad y no el linaje. La clase dominante se componía de la nueva burguesía industrial y financiera unida a la vieja nobleza y era la propietaria de los medios de producción y también de gran parte de la tierra. Dos grupos sociales daban apoyo y legitimación a esta oligarquía: los eclesiásticos, que habían disminuido en número pero vivían a la sombra del Estado, y el Ejército, continuamente implicado en la vida política. La pequeña burguesía del comercio, los servicios y el funcionariado, no tenía mucho peso, y su desarrollo iba unido a la lenta expansión urbana.


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Las clases populares constituían el 80% de la población; el proletariado industrial tenía entonces poco peso, pero, junto al proletariado agrícola, tuvieron una importancia creciente en la dinámica social española de ese siglo.

Las condiciones de vida de los trabajadores seguían siendo muy duras, a esto

se le añade el despido libre, la rebaja de los salarios en épocas de crisis, el analfabetismo y la inexistencia de cualquier clase de protección social. Su salud era tan débil que, a mediados del siglo XIX, su esperanza de vida era casi la mitad (30 años) que la de una persona burguesa (50 años).

El desinterés por la cuestión social puede detectarse en los dirigentes

políticos, que no se preocupaban por las condiciones de vida de la clase obrera. Masas a menudo iletradas, por cuya formación no mostraban ningún interés, trabajaban trece o catorce horas diarias, incluso los domingos.

En España, el feminismo tuvo menos envergadura que en los países más

desarrollados y se centró en reivindicaciones de tipo social. La reivindicación política tardaría más en llegar, destacando como las dos grandes figuras del feminismo español a las gallegas Concepción Arenal (1820-1893) y Emilia Pardo Bazán (1851-1921).

EL DESASTRE DE 1898

1.- El conflicto cubano. Reflexión inicial Hasta la regencia de María Cristina de Habsburgo, tiempo en que se

consumó la independencia de las islas del Caribe, Cuba había sido una colonia muy especial, más rica incluso que la metrópoli en muchos aspectos desde el primer tercio del siglo XIX, momento en el que se implanta en la isla una nueva forma de explotación basada en el sistema de plantaciones, especialmente de azúcar, tabaco y café. De la prosperidad cubana habla, a título de ejemplo, el primer ferrocarril que funcionó en España, que no fue, contra lo que suele creerse, el de Barcelona-Mataró, sino el de La Habana-Güines. El problema de la secesión cubana no puede ser considerado, por tanto, de la misma manera que el de la América continental, la que se perdió tras la batalla de Ayacucho.

A la hora de entender el porqué de la popularidad del problema cubano-

español, en Cuba y en los Estados Unidos, conviene tener en cuenta algunos datos objetivos acerca de los vínculos no sólo culturales sino familiares, económicos y sociales entre España y las islas de las Antillas, Cuba y Puerto Rico eran sentidas desde la Península de manera similar a como eran las Baleares o las Canarias. No obstante, para tener previamente una idea más exacta de la situación conviene tener en cuenta cómo era percibido el conflicto por la otra


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parte: los rebeldes cubanos y los Estados Unidos: como guerra de liberación e independencia por los primeros y como imperialista por los segundos.

1.1.- La Guerra desde el punto de vista popular En Cuba, la guerra independentista era un fenómeno popular entre las clases

inferiores, especialmente entre los campesinos. La lucha de los mambises (los alzados contra el dominio español en la segunda mitad del siglo XIX) contra España se hacía para mejorar su situación económica y social, que a su entender tenía que pasar por la independencia nacional de Cuba, a ejemplo de la Guerra de la Independencia norteamericana emprendida por las trece colonias contra los ingleses en el siglo XVIII. El ejemplo y el apoyo de este país contribuyó a incrementar y a hacer más popular el alzamiento entre los criollos.

- Por cuanto se refiere a los campesinos, el recuerdo de la esclavitud y la

persistencia del esclavismo en la isla hasta tiempos muy recientes fue un factor decisivo para que la mayoría de la población, especialmente los campesinos negros o mulatos, se sumaran a la rebelión. La esclavitud en Cuba no dejaba de ser un hecho sorprendente, habida cuenta de que esta práctica, como tal, había sido un fenómeno extraño en la América española hasta el siglo XVIII, si bien a partir de entonces se incrementó notablemente cuando los negreros ingleses o portugueses introdujeron grandes cantidades de población africana.

- el General Martínez Campos se dio cuenta rápidamente de que dicha

revuelta era no sólo popular, sino también revolucionaria y con escasas posibilidades de poder ser sofocada. En España, la popularidad de la guerra era prácticamente unánime. Sólo el Partido Socialista Obrero Español se manifestaba contrario a ella. Y es que en Cuba confluían muchos sentimientos y demasiados intereses económicos, especialmente catalanes. Todo esto propició unas jornadas de auténticas tormentas políticas.

1.2.- Cuba en la órbita económica de los Estados Unidos En otro apartado social, el oficial o el de oligarquías económicas (criollos o

norteamericanas), el interés era también manifiesto, toda vez que a partir de la presidencia de Bill McKinley la economía cubana había entrado progresivamente en la órbita económica de los Estados Unidos. El desarrollo del mercado norteamericano, la proximidad a la isla de Cuba y la capacidad de la economía norteamericana para absorber la producción cubana hacían de los Estados Unidos el mercado natural de la isla. No es extraño, pues, que, en virtud de esta situación, la derrota española en Santiago de Cuba viniera a confirmar de otra manera lo que ya era un hecho económico: que la vinculación y dependencia de la producción de la isla respecto del mercado de los Estados


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Unidos había desplazado a nuestro país del centro de los intereses económicos de la burguesía cubana.

Tanto en Cuba como en España o en Norteamérica se era consciente de que

la guerra independentista cubana podría desembocar en un enfrentamiento directo entre ambos países. El dilema era por tanto terrible y casi irresoluble para España; o bien se iba a una guerra segura contra los norteamericanos para defender lo que se suponía indefendible; o, por el contrario, se corría el riesgo del enfrentamiento con el ejército propio en el caso de vender, abandonar o entregar la isla, arriesgando además lo que era intocable: la monarquía y el equilibrio constitucional tan laboriosamente conseguido. Tampoco hay que excluir la posibilidad de que estallara en España una nueva guerra civil: la última del siglo XIX.

2.- Los hechos: La Guerra de las Trochas y la intervención de EE.UU. A partir de la Paz de Zanjón (1878), que había puesto fin a la Guerra de los

Diez Años, el comercio cubano se orientaba cada vez más hacia los Estados Unidos, que habían realizado grandes inversiones de capital en la isla, especialmente en la industria azucarera. Añádase a esto el que España anduviera remisa a cumplir los acuerdos pactados en Zanjón y se tendrán dos elementos fundamentales a la hora de entender el recelo y la hostilidad que se suscitó en la isla contra la metrópoli. Durante la Restauración se fundaron en Cuba dos partidos, el Liberal Autonomista, que recogía las aspiraciones de autogobierno, y la Unión Constitucional, el partido de los grandes hacendados que dominaban la isla, que se fueron distanciando de España en la misma medida en que los gobernantes de la Restauración, Cánovas y Sagasta, desoían sus peticiones.

Antonio Maura, que se dio cuenta de la gravedad de la situación, propuso la

concesión del autogobierno para Cuba en el año 1892, nada más ser nombrado Ministro de Ultramar, pero su proyecto fracasó por causa de las presiones ejercidas por los hacendados cubanos y por los españoles con intereses en las Antillas, grupos oligárquicos con gran influencia en el parlamento español.

El año 1895 se reinició la sublevación con el grito de Baire, siendo enviado

el general Martínez Campos para dominar. El militar español comprendió que la revuelta cubana no era un asunto de bandolerismo, sino todo lo contrario: una sublevación que contaba además con el apoyo de los campesinos.

Martínez Campos comprendió igualmente que, con la sola represión militar,

aunque fuera tan intensa y generalizada como la rebelión, no podría solucionarse el conflicto. No quiso afrontar esta responsabilidad y presentó su renuncia, aconsejando el nombramiento de un general duro, Valeriano Weyler, que sí se encontraba dispuesto a combatir la guerra con la guerra. Weyler dio la


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vuelta completamente a la situación militar, gravemente comprometida con Martínez Campos, utilizando para ello una inteligente estrategia de lucha contra las guerrillas de Antonio Maceo, el verdadero caudillo de la independencia cubana, y la de Máximo Gómez. Consistía en compartimentar el territorio de la isla por medio de trochas, o líneas fortificadas que impedían el paso de los insurrectos, con lo que se facilitaba su eliminación. Con la muerte de Manceo la guerra estaba prácticamente ganada por España, pero entonces se produjo la intervención norteamericana.

La intervención de los Estados Unidos se había producido realmente antes

en forma de presiones para que España les vendiera la isla, (el gobierno de Sagasta había concedido a los cubanos una amplia autonomía en 1897). España se negó a la venta de la isla por múltiples razones, no siendo la menor la posibilidad de que se provocara con ello un nuevo estallido de la guerra civil, tanto en Cuba y en España, según se ha dicho. En el mes de febrero de 1898 se produjo el hundimiento del barco de guerra estadounidense Maine en el puerto de La Habana, pero fue atribuido a un sabotaje español. Estados Unidos declaró la guerra a España. En la batalla naval de Santiago de Cuba (3 de Julio de 1898), la flota española cayó derrotada por la potencia de los barcos americanos y el gobierno español no tuvo más remedio que pedir la paz. En la Paz de París (10 de diciembre de 1898), España perdía definitivamente todas sus posesiones de ultramar: Cuba y Puerto Rico, en las Antillas y Filipinas –donde la flota española fue derrotada por la estadounidense en la batalla naval de Cavite- y las Islas Marianas, en el Pacífico.

Estas derrotas tan espectaculares conmovieron a la opinión pública española

y acabaron con las esperanzas del sistema de la Restauración. Se produjo la crítica al sistema y la aparición de la idea de regeneracionismo del país mediante el saneamiento de la Hacienda, el crecimiento económico, la mejora de la educación, etc. La pérdida de las colonias supuso un duro golpe para las exportaciones de algunas industrias españolas, que tenían en estas posesiones importantes mercados y eran lugar de producción de determinados productos y materias primas. Un grupo de intelectuales y escritores, la Generación del 98, se planteó la necesidad de regenerar la sociedad española, mediante la exaltación del nacionalismo español y de los valores de España, destacando Unamuno, Ortega y Gasset, Maeztu, Pío Baroja, etc.


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SIGLO XX


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ALFONSO XIII: LA CRISIS DE LA RESTAURACIÓN I.- INTRODUCCIÓN

El reinado de Alfonso XIII puso de manifiesto que el régimen de la Restauración del siglo XIX era incapaz de adaptarse al siglo XX. Pese al inicial impulso reformador y regeneracionista, encarnado políticamente en Antonio Maura y José Canalejas, la monarquía fue incapaz de superar los retos que hubo de afrontar: el nacionalismo catalán, la Guerra de Marruecos, la conflictividad sindical y la alternancia democrática. Se sucedieron numerosas crisis, algunas muy graves: la Semana Trágica (1909), las revueltas de 1917, la oleada huelguística de 1919 y el desastre de Annual (1921). Todas ellas obligaron al Gobierno a depender cada vez más del ejército; finalmente, un general, Miguel Primo de Rivera, estableció un régimen dictatorial, durante siete años. La incapacidad del dictador para encontrar un nuevo sistema político e institucional convirtió su etapa de gobierno en un mero paréntesis que, al cerrarse, dejó el camino libre a la alternativa democrática que la monarquía no había logrado instaurar y que habría de traer la II República en 1931.

II.- Regeneracionismo y revisionismo político 2.1.- Las facetas del regeneracionismo El impacto del 98 en la opinión pública española hizo aflorar el descontento

del régimen de la Restauración había provocado en la mayor parte de la clase media y de los intelectuales. Se produjo un movimiento intelectual y social crítico con el sistema y sus prácticas políticas que se conoce como regeneracionismo. Nacido a fines del siglo XIX, permaneció vigente durante las primeras décadas de lXX e inspiró a toda una generación de políticos y pensadores de distintas tendencias. El regeneracionismo tuvo varias vertientes social y económica, intelectual y literaria, y política.

El regeneracionismo social y político aglutinaba el malestar de las clases

productoras que no se sentían representados en el régimen de la Restauración. El ideólogo principal de esta corriente fue Joaquín Costa, autor del Colectivismo agrario en España (1898) y Oligarquía y caciquismo como forma actual de gobierno en España (1901-1902). Costa censuró el sistema político y el falseamiento de la democracia, y propuso una serie de reformas económicas y educativas que se resumían en el lema Despensa y Escuela. Aunque no llegó a intervenir activamente en política, organizó en Zaragoza una Liga Nacional de Productores en 1899, formada por agricultores castellanos descontentos. A esta entidad se unió otro


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movimiento empresarial, las cámaras de comercio, que constituyeron la Unión Nacional (1900). Posteriormente, Costa se inclinó al republicanismo.

Sin embargo, el regeneracionismo intelectual y literario estuvo representado,

entre otros, por Ángel Ganivet, Miguel de Unamuno y Ramiro de Maeztu, que expresaban un pesimismo existencial e irracionalista y reflexionaban sobre la decadencia de España. Este espíritu dio lugar a la constitución de la Generación del 98.

Finalmente, esta corriente de pensamiento empleó los argumentos

regeneracionistas para dar un nuevo impulso a la política de la Restauración. Los primeros en adoptar estos puntos de vista fueron los políticos conservadores, liderados por Francisco Silvela, quien ya habían expresado la necesidad de cambiar el rumbo del país en un célebre artículo periodístico titulado Sin pulso (1898). Posteriormente, cuando presidió el Gobierno (1899-1900), anunció su propósito de emprender reformas radicales y una verdadera revolución desde arriba. Para ello creó dos nuevos ministerios, separados de Fomento, que encarnaban las reivindicaciones del regeneracionismo: el de Instrucción Pública (Educación) y el de la Agricultura.

Entre los miembros del gabinete de Silvela destacaron Raimundo Fernández

Villaverde, que reformó la Hacienda estatal, y Eduardo Dato, que retomó la legislación social iniciada en la I República y reguló los accidentes laborales y el trabajo de mujeres y niños. El Gobierno conservador intentó atraerse a un sector del catalanismo. La tarea política de Silvela fue continuada por Antonio Maura, que se pasó del Partido Liberal al Conservador en 1902.

Los políticos de la izquierda liberal también adoptaron el espíritu

regeneracionista: Santiago Alba, José Canalejas y Melquíades Álvarez se acercaron o se integraron en el ala izquierda del Partido Liberal y fueron los impulsores de su renovación. Proponían, además, la reforma del régimen monárquico desde la izquierda y se granjearon las simpatías de muchos intelectuales liberales, como José Ortega y Gasset y Manuel Azaña, así como de discípulos de la Institución Libre de Enseñanza, así como de discípulos del a Instituto Libre de Enseñanza, Gumersindo de Azcárate.

Por encima de ambos partidos dinásticos estaba la figura del soberano

Alfonso XIII, que inició su reinado efectivo al alcanzar la mayoría de edad en 1902. La Constitución de 1876 le otorgaba un papel relevante para nombrar y destituir gobiernos y dirigir las fuerzas armadas. Además, el joven rey tenía una personalidad activa y dinámica y un espíritu moderno; era amante del deporte, los viajes y las grandes inversiones económicas. Todo ello parecía anunciar una nueva era de cambios, reformas y modernización realizada desde arriba. El


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propio Alfonso XIII encarnaría, más tarde, el regeneracionismo aplicado al régimen monárquico.

III.- El Reformismo conservador y la crisis de 1909 3.1.- El revisionismo de Maura Antonio Maura personificó la renovación del Partido Conservador a

comienzos del siglo XIX. En 1902 había sido nombrado ministro de Gobernación y, con posterioridad, presidió el Gobierno en dos ocasiones: el Gobierno Corto (1903-1904) y el Gobierno Largo (1907-1909). Tras perder el poder en 1909, ejerció una fuerte oposición crítica frente a su propio partido, dirigido en esa época por Eduardo Dato. El programa político de Maura fue denominado maurismo, cuyo contenido esencial es el siguiente:

• Conservadurismo católico de masas. En estas fechas fue necesario defender la influencia social de la Iglesia católica frente a las pretensiones de la izquierda de crear un Estado laico. La sociedad española era mayoritariamente católica y conservadora y debía movilizarse para expresar su opinión en las elecciones y en los actos públicos.

• Conectar a la monarquía con la realidad social. Era preciso implantar un corporativismo social de carácter católico, es decir, un sistema político en el que estuvieran representados los ciudadanos por corporaciones. Para ello era necesario acabar con el caciquismo, que controlaba el sufragio universal; este sistema de voto, además, no representaba a toda la sociedad española. Este punto del programa entrañaba una crítica directa al parlamentarismo liberal y a la democracia.

• Incorporar nuevas fuerzas políticas al sistema. En concreto, el catalanismo conservador de la Lliga. Para ello, Maura proyectó una Ley de Administración Local que permitía la formación de mancomunidades; sin embargo, esta Ley no llegó a aprobar.

• Llevar a cabo una política exterior nacionalista y expansionista en Marruecos para olvidar la derrota de 1898 y dar un nuevo impulso a los militares. Estos se habían convertido en un poderoso grupo de presión que contaba con las simpatías del propio Alfonso XIII. Durante el Gobierno de Maura sea probó la construcción de una escuadra naval y comenzaron las operaciones bélicas en el norte de África (1909). Ambas medidas incrementaron de manera espectacular los gastos adicionales.


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3.2.- La Semana Trágica (1909) En julio de 1909 estalló en Barcelona una crisis conocida como la Semana

Trágica, cuyas secuelas terminaron con el gobierno largo de Maura. En este conflicto convergieron varios problemas políticos y sociales: el del catalanismo político, el de los republicanos y el del movimiento obrero.

El problema del catalanismo estaba representado a comienzos del siglo XX

por la Lliga Regionalista, fundada en 1901 y liderada por Enric Prat de la Riba y Francesc Cambó. Su objetivo era lograr cierto grado de autonomía administrativa; a cambio, la Lliga colaboraría con la monarquía. En este contexto, en noviembre de 1905 se produjo un grave incidente en Cataluña: unos oficiales del ejército, ofendidos por una caricatura aparecida en la revista satírica nacionalista Cu-Cut, asaltaron los locales de la publicación y también los de la Veu de Catalunya, el periódico de la Lliga Regionalista. Este tipo de ataques protagonizados por los militares contra la prensa se habían producido con frecuencia en varios lugares de España desde la Guerra de Cuba, pero en esta ocasión provocaron la aprobación, con apoyo del rey, de la Ley de Jurisdicciones (1906), por la que los delitos contra la patria y el ejército serían juzgados por tribunales militares. Las fuerzas políticas catalanas reaccionaron constituyendo Solidaritat Catalana, una coalición de todos los partidos antidinásticos que aglutinaba desde republicanos federales hasta carlistas, y que obtuvo resultados espectaculares en las elecciones de 1907, pese al fraude electoral habitual. Los enfrentamientos en Cataluña demostraron que las relaciones entre el ejército, que no comprendía el fenómeno del nacionalismo, y el pueblo catalán eran muy difíciles.

El problema de los republicanos fue de integración en Solidaritat Catalana.

Un grupo se reunió en torno a Alejandro Lerroux, antimonárquico y enemigo del nacionalismo catalán que estaba respaldado por parte de la burguesía. En 1901 fue elegido diputado por Barcelona y en 1908 creó su propio grupo, el Partido Republicano Radical.

Otro problema fue el movimiento obrero. El sindicalismo catalán,

tradicionalmente apolítico e influido por el anarquismo, había encontrado un nuevo instrumento de lucha, la huelga general; con ella se podía paralizar la sociedad y derribar al capitalismo. En 1902 ya se había organizado una huelga general en Barcelona y sus alrededores; aunque no tuvo éxito, mostró la capacidad de movilidad sindical. En 1907, los sindicatos formaron una Federación de Sociedades Obreras a la que llamaron Solidaridad Obrera; aunque nació en Barcelona, se extendió después por el resto de Cataluña. A pesar de que la federación era apolítica, los anarquistas y los radicales de Lerroux pugnaban por su control. Por su parte, el sindicato socialista UGT, muy


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influyente en Asturias, Vizcaya y Madrid, era minoritario en Cataluña y se mostraba reacio a convocar huelgas generales.

La crisis estalló en julio de 1909 cuando el Gobierno de Maura obligó a

reclutar tropas con destino a la Guerra de Marruecos, llamando a filas a los reservistas, muchos de ellos casados y con hijos. La medida provocó numerosas protestas, especialmente, en Cataluña: el 26 de Julio, las organizaciones obreras convocaron una huelga general de protesta en Barcelona y las localidades vecinas. La huelga, que no tuvo éxito en el resto de España, degeneró en un motín que duró aproximadamente una semana, donde se produjeron violentos enfrentamientos entre los insurrectos y el ejército, se proclamó varias veces la República, se incendiaron edificios religiosos y se produjeron centenares de detenciones.

Tras estos sucesos, la represión fue espectacular: se dictaron cinco penas de

muerte, la campaña contra las ejecuciones traspasó las fronteras españolas y provocó una repulsa internacional. Maura se vio obligado a dimitir para dejar paso a los liberales, a los que acusó de aliarse con los enemigos de la monarquía para desplazarlo del poder (octubre de 1909).

IV.- El reformismo liberal y la crisis de 1917 La Semana Trágica tuvo consecuencias políticas para las fuerzas de

izquierda, que sometieron a revisión su programa de gobierno. 4.1.- El revisionismo de la izquierda: Canalejas y los socialistas El Partido Liberal renovó sus propuestas y, a la muerte de Sagasta, encontró

un nuevo líder en José Canalejas, un político del ala izquierda del partido con el que sintonizaban muchos republicanos. Canalejas fue presidente del Gobierno entre 1910 y 1912, etapa en la que se dedicó a renovar el programa liberal, admitiendo el intervensionismo del Estado en la economía y la sociedad, la reforma social, la separación de la Iglesia y el Estado y la democratización del régimen. El dirigente liberal se mostró riguroso en la represión de una nueva oleada de huelgas (1911-1912), empleando para ello al ejército. En noviembre de 1912 fue asesinado por un anarquista.

La izquierda política antidinástica, por su parte, constituyó una coalición

electoral, la Conjunción Republicano-Socialista, que reunía, entre otros, a Pablo Iglesias, Alejandro Lerroux e incluso a intelectuales como el catedrático Melquíades Álvarez y el escritor Benito Pérez Galdós. Era la primera vez que el PSOE, hasta entonces un partido de escasa relevancia política, salía de su aislamiento y colaboraba con facciones que consideraba burguesas.


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En las elecciones de 1910, la Conjunción obtuvo numerosos votos en Bilbao, Valencia, Madrid, Málaga y Barcelona; Pablo Iglesias fue elegido diputado, lo que significaba que, por vez primera, el movimiento obrero entraba en las Cortes.

De la Conjunción, sin embargo, se apartaron más tarde el Partido Radical de

Lerroux, que perdió progresivamente parte de su influjo entre las masas obreras de Barcelona y fue moderando su discurso. Melquíades Álvarez, por su parte, formó en 1912 el Partido Reformista, un grupo republicano posibilista, es decir, más interesado por aplicar su programa democrático que por instaurar una república; a él se aproximaron intelectuales liberales como Manuel Azaña y José Ortega y Gasset. El Partido Reformista colaboró incluso con un Gobierno liberal en los últimos años del reinado de Alfonso XIII.

4.2.- El crecimiento sindical En las primeras décadas del siglo XX, los sindicatos crecieron de forma

significativa. La UGT creó el Sindicato Minero Asturiano (1910), su organización más disciplinada, y se extendió también al grupo de los ferroviarios (1911). La expansión del sindicato socialista le permitió organizar huelgas de ámbito nacional, como las de Vizcaya (1910-1911) y la de los ferroviarios (1912).

En Cataluña, Solidaridad Obrera pasó a convertirse en un organismo

sindical nacional, la Confederación Nacional del Trabajo o CNT (1910-1911), que se autodefinía como anarcosindicalista, partidaria del comunismo libertario y apolítica. Solo empleaba una táctica, la acción directa, y tenía como objetivo último la revolución social y la supresión del Estado y los partidos políticos, que debían ser sustituidos por agrupaciones libres de trabajadores.

La organización de la CNT estaba bastante más descentralizada que la de la

UGT ya glutinó a la mayoría de los sindicatos catalanes; tuvo también gran implantación en Gijón, Valencia, Andalucía Occidental y Zaragoza. Sin embargo, tras un intento de organizar una huelga general en 1911, fue ilegalizada durante cuatro años y se vio obligada a actuar desde la clandestinidad.

4.3.- Los problemas del régimen (1913-1917) La desaparición de Canalejas, la resolución del turno en el Gobierno y el

estallido de la Primera Guerra Mundial marcaron el comienzo de una etapa de graves problemas que desembocaron en la crisis de 1917.

La sucesión de Canalejas. En unos años, el Partido Liberal no sólo había

perdido a su líder, sino también a dirigentes históricos como Moret (1913) y Montero Ríos (1914). Los políticos que los sucedieron en la dirección del


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partido, Álvaro de Fiegueroa (Conde de Romanones), Manuel García Prieto y Santiago Alba, no consiguieron aunara todas las facciones del mismo ni obtener un gran respaldo electoral.

En 1913, el rey entregó el Gobierno a los conservadores para que

convocasen elecciones y fabricasen su mayoría en las Cortes. Sin embargo, en esta ocasión, Alfonso XIII decidió marginar a Maura, rechazado por la izquierda y los liberales, y llamó a Eduardo Dato como jefe del nuevo gabinete ministerial.

La desunión de ambos partidos, liberal y conservador, dificultó la

gobernabilidad del país: ningún líder político era capaz de obtener un respaldo sólido dentro de su partido. Esto condujo a una gran inestabilidad, especialmente a partir de 1917, a un bloqueo parlamentario continuo y a la casi permanente suspensión de las Cortes. Se recurrió sistemáticamente a la formación de gobiernos de concentración, en los que se incluían los dirigentes de uno de los dos partidos o los de ambos a la vez.

El conflicto bélico de la Primera Guerra Mundial (1914-1919), que sea largó

inesperadamente, modificó el panorama internacional. Aunque España permaneció neutral, sufrió los efectos de la guerra, pues las repercusiones económicas y sociales fueron importantes: las relaciones comerciales se vieron alteradas, se incrementaron las exportaciones a los países beligerantes y algunos hicieron grandes fortunas gracias a la guerra. La industrialización se aceleró y también se produjo una gran inflación: el incremento de precios hizo disminuir los ingresos de los obreros, los empleados públicos, los militares y, en general, los asalariados que no podían protegerse de la inflación.

Ante esta situación, comenzaron las protestas populares a través de motines

y disturbios, y, más tarde, de huelgas organizadas por la UGT y la CNT. Se presionó al Estado para que interviniera y controlara los precios de las subsistencias a fin de impedir que subieran más y que se especulara con ellos. El desenlace del conflicto tuvo, así mismo, una enorme repercusión. Para el movimiento obrero internacional, la guerra había sido una lucha entre trabajadores de distintos países. La desaparición de los imperios europeos y el estallido de la Revolución rusa, ocurrida en plena guerra, animaron a los republicanos españoles a luchar por una sociedad más democrática. Esos mismos acontecimientos fueron recibidos con temor por los terratenientes, la burguesía y gran parte de la clase media española. Este último grupo empezó a desear una solución militar autoritaria que pusiera orden en la sociedad española.

4.4.- La crisis de 1917 La crisis política estalló en 1917 y en ella confluyeron los siguientes factores:


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• El ejército. Desde 1905, tras la Ley de Jurisdicciones, se había convertido en un grupo de presión: a partir de 1916 organizó las juntas militares de defensa, asociaciones de oficiales que exigían al Gobierno mejoras profesionales y salariales. El descontento era mayor entre los oficiales que permanecían en la península, pues se sentían relegados frente a los que intervenían en la Guerra de Marruecos, ya que estos ascendían más rápido. El Gobierno intentó disolver las juntas y detener a sus dirigentes por rebeldía; estos se negaron a desaparecer y el Gobierno tuvo que admitir sus peticiones y reconocer oficialmente el movimiento en junio de 1917. Otros funcionarios comenzaron a constituir juntas en el ámbito civil.

• La oposición política, encabezada por la Lliga. Dado que los grupos de oposición no podían expresar su opinión al estar las Cortes constantemente suspendidas, se decidió convocar una asamblea de parlamentarios en Barcelona en julio de 1917, en la que participaron los catalanistas, los republicanos y Pablo Iglesias. En esta asamblea se exigió la autonomía para Cataluña y la convocatoria de unas Cortes Constituyentes. Fue disuelta por las autoridades.

• El movimiento obrero. Había organizado ya una campaña para solicitar el abaratamiento de las subsistencias y convocado una huelga de protesta (18 de diciembre de 1916), que fue un éxito rotundo. En colaboración con la CNT, la UGT buscó el apoyo de algunos sectores del ejército y de los parlamentarios para organizar una huelga general indefinida el 13 de agosto de 1917. Aunque el motivo alegado era protestar por el incremento de los precios de los alimentos básicos, la huelga podía desembocar en una revolución que derrocara al régimen. El conflicto duró unos cinco días; el ejército no apoyó a los huelguistas, sino que los reprimió. Los republicanos tampoco respaldaron en su totalidad la huelga y su comité organizador (formado, entre otros, por Julián Besteiro y Francisco Largo Caballero) fue detenido.

5.- Los últimos conflictos de la Monarquía Tras los acontecimientos de 1917, la crisis del régimen monárquico se

acentuó; en el Gobierno se sucedían equipos débiles, sin cohesión entre ellos, que tuvieron que afrontar la radicalización del movimiento obrero, especialmente el del sindicalismo en Barcelona, y la Guerra de Marruecos. Ante la incapacidad gubernamental para solucionar ambos conflictos, intervinieron los militares.


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5.1.- La radicalización del movimiento obrero El socialismo español se desligó de la izquierda burguesa y republicana

debido en parte a su descontento por el desenlace de la huelga de 1917, pero también por el impacto que provocó en los partidos socialistas de toda Europa la revolución bolchevique y la formación de la Tercera Internacional (1919). En el seno del PSOE se debatió la conveniencia o no de incorporarse a la nueva organización; finalmente, los socialistas decidieron no ingresar en ella. Sin embargo, del PSOE se escindieron dos grupos que acabaron formando el Partido Comunista de España (PCE, 1922). A pesar de ello, la presencia política y electoral de los socialistas siguió creciendo; llegaron incluso a relegar a los republicanos, que habían quedado bastante desacreditados después de los sucesos de 1917.

La UGT, que siguió controlada por el PSOE pese a la escisión comunista,

participó activamente en una nueva oleada huelguística (1919-1920), en especial en Madrid. En estos años alcanzó su madurez como sindicato industrial y su récord de afiliados.

La CNT, por su parte, estuvo dirigida por Salvador Seguí, Manuel Buenacasa

y Ángel Pestaña. El sindicato, en su Congreso de Sants (Barcelona, 1918), propuso la creación de sindicatos únicos que agruparan a todos los oficios de un ramo. Esta iniciativa proporcionó a la CNT un crecimiento espectacular. La implantación del a CN Ten Barcelona permitió al sindicato organizar una huelga de trabajadores deL a Canadiense (febrero-marzo de 1919), la compañía suministradora de electricidad a la ciudad. Como consecuencia, Barcelona quedó paralizada y sin luz. El conflicto desembocó en una huelga general en la que la CNT controló incluso las noticias que daba la prensa y coaccionó a obreros díscolos y patronos intransigentes.

Aunque el Gobierno concedió la jornada laboral de ocho horas (1919), se

vió desbordado por el conflicto de Barcelona, que resolvieron finalmente los militares (primero Joaquín Milans del Bosch y después Severiano Martínez Anido) y la patronal, apoyados por la Lliga.

Los empresarios colaboraron con la represión cerrando empresas,

contratando pistoleros, etc. Los directivos sindicales fueron detenidos, mientras que las autoridades apoyaban a sindicatos de extrema derecha o aplicaban la ley de fugas, que consistía en permitir la huida de los obreros detenidos para, a continuación, dispararlos.

El clima de violencia alcanzó cotas extraordinarias en Barcelona, derribó

varios gobiernos y arrojó un saldo de cerca de 300 muertos en varios puntos de


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España (1918-1923). El propio Eduardo Dato y Salvador Seguí fueron asesinados.

La conflictividad, promovida por la CNT y, en menor medida, por la UGT,

llegó incluso a la Andalucía rural. En Sevilla y Córdoba tuvo lugar el llamado Trienio Bolchevique (1918-1920), durante el que se crearon sindicatos únicos que agrupaban a todos los oficios e industrias de cada localidad.

La lucha sindical, poco organizada, se entró en la reivindicación del jornal

fijo, la abolición del destajo, la concentración de trabajadores en los locales de los sindicatos y la aplicación de la jornada de ocho horas en los trabajos del campo. Tras esta conflictiva etapa, las organizaciones sindicales del campo se debilitaron considerablemente, aunque resurgieron en la década de 1930.

5.2.- La Guerra de Marruecos: el desastre de Annual El otro gran problema de la monarquía de Alfonso XIII fue la Guerra de

Marruecos (1909-1929), cuyas causas fueron las siguientes:

• La presencia de Francia en el norte de África: Algunas potencias europeas (el Reino Unido y Alemania) recelaban de la influencia francesa en el norte de África, en especial en la costa mediterránea. Por esta razón, apoyaron la celebración de la Confederación Internacional de Algeciras (1906), por la que Francia y España se repartían la tutela sobre Marruecos: el sur del país quedaba bajo influencia francesa, mientras que el norte y la salida al mar Mediterráneo se situaban bajo protección española. La rápida intervención francesa en la zona obligó a España a hacer efectiva su ocupación.

• La necesidad de prestigio militar y orgullo nacional. A partir de 1898, el norte de África se convirtió en el espacio más adecuado para la expansión colonial española. Para el ejército, la ocupación de Marruecos podía ser una compensación por la pérdida de Cuba. El norte de África no ofrecía para España un interés económico importante; sin embargo, empresas y particulares habían hecho allí grandes negocios (minas, ferrocarriles) y estaban muy interesados en mantenerlos y protegerlos.

Las primeras expediciones españolas se introdujeron en el Rif, una región

costera que Marruecos apenas controlaba. La zona estaba habitada por tribus bereberes que vivían del pillaje y la guerrilla y combatían por motivos religiosos. Las tropas españolas de ocupación, por su parte, estaban formada por reclutas inexpertos, sin motivación alguna para invadir territorio ajeno y con un total desconocimiento del terreno. Las emboscadas fueron constantes; las represalias


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entre ambos bandos, típicas de las guerras coloniales, se caracterizaron por su crueldad. En su avance, las tropas españolas tuvieron que enfrentarse a diferentes líderes que actuaban en la región rifeña, como el Roghi, un bandido nómada; más tarde, en la zona occidental, el Raisuni, jede de kábilas que combatía indistintamente al sultán marroquí y a los españoles; y por último, en la zona oriental del Rif, Abd-el-Krim, un líder nacionalista y republicano que lideró un movimiento de masas independentistas contra los españoles.

La intervención militar propiamente dicha se inició en 1909 cuando los

rifeños atacaron a los obreros del ferrocarril que España estaba construyendo entre Melilla y las minas del Rif. En la zona conocida como el Barranco del Lobo se produjo un enfrentamiento que ocasionó numerosas bajas en el bando español.

Pese a todo, la penetración española en Marruecos continuó lentamente, e

incluso se creó un protectorado en 1913. La Primera Guerra Mundial, sin embargo, frenó este avance, que se reanudó en 1919. El conflicto pasó a ocupar el primer plano de la actualidad nacional con motivo de la operación militar conocida como el Desastre de la Annual (junio-agosto de 1921).

Los sucesos de la Annual tuvieron dos efectos importantes:

• Afectaron al ejército, muy dividido ya entre africanistas o partidarios de seguir la guerra en Marruecos, donde habían desarrollado una carrera militar brillante (Franco), y peninsulares o junteros, partidarios de abandonar el conflicto (Miguel Primo de Rivera). Las acusaciones a los políticos por parte de los militares fueron frecuentes: les reprochaban que les exigieran resultados sin proporcionarles los medios adecuados, por lo que alentaron la rebeldía del ejército contra el Parlamento, una institución a la que consideraban incompetente.

• Abrieron un debate sobre las responsabilidades del desastre. Este fue un arma política que la oposición utilizó para desacreditar al régimen. Se llegó a acusar al rey de animar al general Fernández Silvestre a emprender una operación imprudente. En este debate destacó en las Cortes y obtuvo un gran prestigio el socialista Indalecio Prieto. La Guerra de Marruecos era ya muy impopular, pero tras el desastre de Annual se hizo difícilmente tolerable para las clases medias y populares.


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5.3.- El advenimiento de la Dictadura Entre 1922 y 1923, la monarquía de Alfonso XIII tenía sólo dos alternativas

para mantenerse: la democratización real del sistema o el establecimiento de un régimen autoritario. Se hicieron algunos esfuerzos por solucionar los problemas a través de medios civiles y constitucionales: se disolvieron las juntas de defensa, se cesó a Martínez Anido como capitán general de Barcelona y se nombró a un civil para dirigir la crisis de Marruecos. No obstante, el régimen derivó en una solución autoritaria. Los sistemas dictatoriales fueron una constante en la Europa de los años veinte, sobre todo en los países agrarios y más atrasados.

6.- La Dictadura de Primo de Rivera En la noche del 12 al 13 de septiembre de 1923, el General Miguel Primo de

Rivera, Capitán General de Cataluña, declaró el estado de guerra en su región y repartió el manifiesto titulado Al país y al ejército españoles, donde, con un tono regeneracionista, prometía acabar con el terrorismo, la agitación separatista, el desorden y la utilización política de la Guerra de Marruecos. El golpe militar fue pacífico, ya que la oposición política y social fue muy escasa, empezando por la del Gobierno, entonces presidido por el liberal García Prieto. Aunque hubo un intento de huelga general, la protesta sindical fue débil. El rey accedió al golpe de estado y nombró a Primo de Rivera, Presidente de un Gobierno militar conocido como Directorio. La opinión pública acogió con agrado o indiferencia al nuevo Gobierno, que parecía hacerse eco de un clamor general contra la vieja política caciquil y las vacuas discusiones parlamentarias de una clase política fracasada.

La Dictadura instaurada por Primo de Rivera puede dividirse en dos grandes

etapas: El Directorio militar (1923-1925): fue una solución de carácter temporal,

Primo de Rivera ejercía como ministro único y el resto de los militares que lo formaban eran vocales. Se proclamó el estado de guerra en todo el país, que se mantuvo hasta 1925, y fueron suspendidas ciertas garantías constitucionales, aunque la Constitución no fue derogada. Los gobernadores civiles fueron sustituidos por militares; se nombraron delegados gubernativos, también militares, en los ayuntamientos, y los concejales electos fueron reemplazados por vocales asociados, designados por sorteo entre contribuyentes de distintas categorías. De esta manera se relegaba a todos los políticos liberales y se militarizaba la Administración.

A partir de 1924, los cargos comenzaron a ser ocupados de nuevo por

civiles, la mayoría funcionarios y algunos políticos procedentes de la derecha católica y el maurismo.


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El Directorio Civil (1925-1930): se creó en diciembre de 1925; con él

demostraba el dictador su voluntad de permanecer en el poder e instituir un régimen estable y duradero. Para ello, formó un Gobierno (1925-1930) compuesto por una mayoría de civiles de extrema derecha, muy alejados de los políticos de las etapas anteriores de la monarquía. Entre ellos, destacaba, sin embargo, un militar, Severino Martínez Anido, vicepresidente y ministro de Gobernación; entre los civiles, José Calvo Sotelo, ministro de Hacienda, y Eduardo Aunós, titular del Ministerio de Trabajo. Todos ellos se encargarían de emprender proyectos económicos y sociales.

Para afianzar su gobierno, Primo de Rivera convocó también una Asamblea

Nacional Consultiva (1927) que debería aprobar un nuevo texto legal que legitimase el nuevo régimen. Rompía así con el parlamentarismo liberal, ya que en ella no estaban representados partidos políticos, sino intereses corporativos.

Con la Asamblea, el dictador intentaba ampliar el apoyo social a su régimen;

sin embargo, la iniciativa solo fue respaldada por la derecha conservadora más autoritaria (Mauristas y Juan de la Cierva), y por los representantes de los más poderosos intereses económicos del país (banca e industria). No obstante, se llegó a elaborar un proyecto de Constitución que instituía un Estado corporativo y conservador. El texto no sea probó, lo que puso de manifiesto la incapacidad del régimen para encontrar una fórmula institucional alternativa al parlamentarismo.

Además de las acciones encaminadas a la creación de un Estado nuevo, las

medidas más destacables de la Dictadura fueron las siguientes: a. La formación del Somatén. Era una milicia cívica, constituida en

Barcelona por propietarios y promovida desde hacía años por la derecha y la patronal para combatir el sindicalismo. El dictador la hizo extensiva a toda España con la creación del Somatén Nacional (1923), una institución supeditada al ejército para controlar el orden público.

b. La represión del catalanismo. Se prohibió la utilización del idioma catalán en los actos oficiales y se suprimió la Mancomunidad de Cataluña en 1925. Como consecuencia de la represión, el catalanismo derivó hacia la izquierda. Alcanzó un gran auge un partido aún más radical que la Lliga, el Estat Catalá; su líder, Francesc Macià, tuvo que exiliarse de España y se convirtió en símbolo de la resistencia de Cataluña frente a la Dictadura. El resto de los regionalismos fueron ignorados, lo cual tuvo un coste muy alto para la monarquía en el futuro.

c. La finalización de la Guerra de Marruecos. Pese a que el General Primo de Rivera siempre se había mostrado partidario de abandonar


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Marruecos, los éxitos de Abd-el-Krim, que llegó a controlar los territorios del protectorado español, suscitaron las quejas del Ejército. El dictador rectificó su postura y pasó a la ofensiva gracias a una operación militar conjunta con Francia que se inició con el desembarco de Alhucemas (1925), en el que el adversario quedó cercado por la retaguardia. Dos años después terminaba la guerra que causó más de 25.000 bajas y más de 5.000 millones de las antiguas pesetas. La conclusión de este conflicto fue el mayor éxito de la Dictadura.

d. El diseño de una política social. Uno de los retos principales del régimen fue solucionar la conflictividad social, que disminuyó notablemente. Para ello, Eduardo Aunós creó la Organización Corporativa Nacional (1926), un nuevo marco de las relaciones laborales constituido por los comités paritarios. Estos eran órganos arbitrales existentes en las empresas cuyo fin consistía en resolver los conflictos laborales. Estaban formados por diez vocales, cinco en representación de los obreros y cinco en representación de las organizaciones patronales, además de dos miembros del Ministerio de Trabajo. Para que este sistema funcionara, el Gobierno logró la colaboración de los socialistas y de los Sindicatos Libres; estos últimos tenían cierta presencia en Barcelona y se hallaban próximos a la extrema derecha. Por el contrario, se marginó y persiguió a la CNT y al PCE, que fueron ilegalizados.

e. El establecimiento de una política económica. La Dictadura se benefició de un período de crecimiento que duró hasta 1929, lo que permitió que se incrementaran los gastos estatales, sobre todo los dedicados a obras públicas e infraestructuras. El promotor de esta política fue Calvo Sotelo; sin embargo, la financiación de las obras públicas fue insuficiente debido a la ausencia de reformas fiscales que permitieran ampliar los ingresos del Estado.

La oposición a la Dictadura La Dictadura apenas prohibió las formaciones políticas ni reprimió con

dureza la oposición, aunque sí recurrió a la censura, a los procesos judiciales, al aislamiento de algunos líderes de la oposición y, a veces, al enfrentamiento directo con políticos e intelectuales. Pocos políticos (Sánchez Guerra, Alba Macià) se exiliaron. En la oposición se encontraban los antiguos partidos de la Restauración, de cuyas filas surgieron muchos republicanos que protagonizarían el régimen político posterior, como el liberal Niceto Alcalá Zamora y el conservador Sánchez Guerra. Los republicanos históricos, como Lerroux, o los nuevos, como Manuel Azaña, no tuvieron una gran relevancia política hasta 1928; determinados sectores del ejército se enfrentaron con el dictador y organizaron conspiraciones como la Sanjuanada (1926), motivada por un


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enfrentamiento sobre los ascensos surgidos entre el cuerpo militar de artilleros y el General Primo de Rivera.

Formaban parte de la oposición la mayoría de los intelectuales. Tuvo gran

repercusión la polémica entre el dictador y el escritor y catedrático Miguel de Unamuno, que fue expulsado de la Universidad de Salamanca y desterrado a Fuerteventura. A los disidentes de la Dictadura se unieron los perseguidos por ella; el nacionalismo catalán, la CNT y el PCE.

A partir de 1928, se hizo patente la decadencia política del régimen de Primo

de Rivera, quien, además, se encontraba gravemente enfermo. Las conspiraciones contra el Gobierno aumentaron, al igual que la movilización de los republicanos; desde 1929 se incrementó la conflictividad social. En enero de 1930, de una forma sorprendente, el dictador dimitió y se exilió a Paris donde murió poco después, dejando a Alfonso XIII frente a un grave problema de gobierno.

7. De la Monarquía a la República Tras la dimisión del dictador, Alfonso XIII confió el poder al general

Dámaso Berenguer, dando paso a un período de gobierno que los comentaristas políticos bautizaron con el nombre de Dictablanda.

Berenguer buscó un retorno a la normalidad constitucional de 1876 como si

nada hubiera sucedido. En enero de 1931 fue reemplazado por el almirante Juan Bautista Aznar, que formó un gobierno monárquico de concentración compuesto por políticos que aún respaldaban al monarca (De la Cierva, el Conde de Romanones, García Prieto, regionalistas de la Lliga). El nuevo Gobierno anunció la convocatoria de elecciones, primero municipales y después a Cortes Constituyentes, y se comprometió también a conceder la autonomía a Cataluña.

No toda la derecha aceptó la vuelta a la situación política anterior a la

Dictadura; antiguos miembros de la Unión Patriótica creada por Primo de Rivera constituyeron la Unión Monárquica Nacional (1930), una formación política que rechazaba el régimen parlamentario. En ella militaba, entre otros, José Antonio Primo de Rivera, el hijo del Dictador.

Entre tanto, la oposición republicana había creado nuevos partidos, en gran

parte integrados por profesores, periodistas y abogados: Acción Republicana (1925) liderado por Azaña; el Partido Republicano Radical-Socialista (1929), por Marcelino Domingo; la Organización Republicana Gallega Autónoma (ORGA, 1929), de carácter autonomista; y la Ezquerra Republicana de Catalunya (marzo


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de 1931), una formación nacionalista y republicana dirigida por Macià y Lluis Companys.

Parte de la derecha conservadora y católica de España también encontró

acomodo en el republicanismo con la creación de la Derecha Liberal Republicana (1930), donde había antiguos liberales como Alcalá-Zamora y mauristas como Miguel Maura, hijo menor de Antonio Maura. A estas fuerzas se unió Lerroux, representante del republicanismo histórico.

Los partidos republicanos se reunieron en Agosto de 1930 y firmaron el

Pacto de San Sebastián, por el que se comprometían a llevar a cabo una insurrección que instaurara la república en España. Crearon un comité revolucionario, que era, en realidad, un Gobierno provisional clandestino, presidido por Alcalá-Zamora.

En octubre se unieron al Pacto PSOE y la UGT, que promovieron una

huelga general de apoyo a las fuerzas republicanas. La huelga fracasó y su comité fue encarcelado.

A estas fuerzas políticas y sociales se unieron los intelectuales de la

Agrupación al Servicio de la República (1931), liderados por José Ortega y Gasset y Gregorio Marañón, entre otros, y la Federación Universitaria Escolar (FUE, 1927), que promovió la agitación infantil.

La actitud de algunos sectores del ejército supuso, así mismo, un respaldo a

la causa republicana. Los capitanes Fermín Galán y García Hernández protagonizaron una sublevación en Jaca (Huesca, diciembre de 1930) que se adelantó a la insurrección proyectada por los firmantes del Pacto de San Sebastián. El levantamiento fracasó y sus dos dirigentes fueron fusilados, proporcionando a la causa republicana dos mártires cuyos retratos fueron difundidos por la imaginería de la época.

Sin embargo, la república no llegó a través de un pronunciamiento militar,

sino a través de una convocatoria electoral que los republicanos percibieron como un plebiscito a favor o en contra de ella.

Las elecciones municipales que solían convocarse antes que las generales

para controlar los ayuntamientos y, a través de ellos, manipular las elecciones a Cortes, se celebraron el 12 de abril de 1931. Los firmantes del Pacto de San Sebastián acudieron formando una coalición electoral. El sistema electoral caciquil propio de la Restauración estaba anquilosado tras ocho años de dictadura, por lo que apenas pudo controlar las áreas rurales; en estas zonas los resultados fueron favorables a los partidos monárquicos. Por el contrario, en


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las capitales de provincia, donde los votos expresaban realmente la opinión pública, triunfaron los republicanos.

Los resultados electorales sorprendieron a todo el mundo, incluso a los

líderes republicanos. El propio rey, a la vista de lo sucedido en las elecciones partió al exilio dejando un vacío de poder que solo la república y la democracia de masas podían cubrir.

8.- La Evolución económica y social 8.1.- Los rasgos generales de la economía El primer tercio del siglo XX fue en España una época de crecimiento

económico que se caracterizó, además, por los siguientes rasgos: a. Estuvo marcada por tres acontecimientos: la pérdida de las colonias

en 1898, que significó el cierre de mercados para productos españoles y permitió que parte de los capitales que antes se destinaban a América se invirtieran en la Península, en particular en la banca y la industria; la Primera Guerra Mundial, favoreció el incremento de las exportaciones de productos españoles a causa de los problemas económicos de las naciones beligerantes e impulsó la industrialización del país; y la aceleración de los cambios económicos y sociales, que hasta entonces se había producido con mucha lentitud.

b. La posguerra mundial coincidió en España con el aumento de la conflictividad social y provocó una leve crisis económica; los años veinte, por el contrario, se caracterizó por un rápido crecimiento. La crisis de 1929, por último, aunque no afectó demasiado a nuestro país, tuvo repercusiones graves en el comercio internacional y ralentizó el crecimiento económico en la década de 1930.

c. Las élites sociales y políticas profesaban un nacionalismo económico: reivindicaban la protección, el fomento y la regulación de la producción nacional y la autosuficiencia económica del país. Como consecuencia, los distintos gobiernos se vieron presionados para aumentar la intervención estatal, es decir, incrementar el gasto público y establecer normas legales, como los aranceles proteccionistas que gravaban las importaciones, a fin de preservar la economía nacional de la competencia exterior y elevar a la vez los ingresos del Estado. Dicho nacionalismo económico fue apoyado en España por numerosas personalidades, partidos y asociaciones; entre ellos, los partidos políticos de ámbito nacional, las patronales, la Lliga, el PNV y el Partido Reformista, que tenía una fuerte implantación en Asturias.


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8.2.- La evolución de la agricultura La agraria siguió siendo la actividad más importante de la economía nacional,

aunque su incidencia disminuyó notablemente. El problema social de la propiedad agraria, muy desigualmente repartida se abordó mediante la Ley de Reforma Agraria (1932), que fue bloqueada poco después de su aprobación y finalmente suprimida por completo.

En esta época, la producción agrícola experimentó algunas transformaciones, entre las que cabe destacar las siguientes:

a. El proteccionismo arancelario fue muy elevado, especialmente respecto al trigo y a los cereales. Con estas medidas se intentaba lograr que el mercado nacional fuera abastecido por agricultores españoles. Como resultado, el precio del trigo se mantuvo y la superficie cultivada aumentó. La protección de la actividad agraria, poco eficiente, retrasó los cambios que era indispensable hacer en el campo español.

b. Se establecieron instrumentos de crédito oficial a la agricultura, como el Servicio Nacional de Crédito Agrícola (1925), una institución del Estado que concedía préstamos asequibles a los agricultores con pocos recursos.

c. Se proyectó una política hidráulica que conllevaba la construcción de embalses y la extensión de los regadíos. Se apoyaba en las ideas regeneracionistas de Joaquín Costa y Ricardo Macías Picabea, y recibió el impulso de la energía hidroeléctrica, que alcanzó un gran desarrollo en las primeras décadas del siglo XX. Se crearon las Confederaciones Hidrográficas (1925), unas instituciones dependientes del Estado que promovían el mayor aprovechamiento del agua de las distintas cuencas de la Península. Sin embargo, la mayor parte de los pantanos no se construyeron hasta la segunda mitad del siglo XX. La extensión del regadío pretendía que los campesinos colonizaran tierras aún sin cultivar, medida que no logró los resultados previstos en esta época.

Como consecuencia, la productividad agrícola aumentó, aunque no

demasiado, ya que se mantuvo siempre por debajo de la europea: disminuyó la superficie en barbecho, se incrementó el uso de abonos minerales y se empleó maquinaria agrícola de mejor calidad.

8.3.- El despegue industrial y energético España se convirtió en un país industrializado que ofrecía estos rasgos:


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a. Un intenso proteccionismo arancelario, combinado con una política de intervención activa del Estado en la industria a través de medidas como las leyes de fomento y protección de la industria nacional, de 1907 y 1917, por las que el Estado se obligaba a comprar preferentemente productos españoles; el programa de Maura de construcciones navales, y la creación del Banco de Crédito Industrial (1920).

b. La consolidación de tres grandes centros industriales: Asturias, Vizcaya y Barcelona. Madrid se mantuvo como sede el capital financiero y del domicilio social de muchas empresas de ámbito nacional.

c. Una gran diversificación industrial. A la de bienes de consumo se incorporó la industria de bienes de producción o pesada.

Las comunicaciones estuvieron muy vinculadas al despegue industrial;

entre ellas predominaba el telégrafo Morse, pero se produjeron innovaciones muy importantes, como el teletipo, utilizado, en las redacciones de prensa en los años veinte.

En 1924, el Estado concedió el monopolio de la red de teléfonos a la

Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE), asociada con la empresa estadounidense International Telephone and Telegraph (ITT); este hecho provocó el despegue definitivo de este servicio en España.

También a principios de siglo XX (1908) apareció en nuestro país la

telegrafía sin hilos o radiotelegrafía, utilizada en los puertos marítimos. Mas tarde se introdujo la radiodifusión, que era un monopolio del Estado: en 1924 se concedieron las primeras licencias de emisoras, que acabaron concentrándose en Unión Radio, una cadena que prácticamente monopolizó el servicio nacional de emisoras de gran potencia hasta la Guerra Civil.

Las fuentes de energía: Tuvo lugar una notable decadencia del sector

minero y de las exportaciones de minerales, especialmente hierro, pirita y plomo. Hubo, no obstante, una excepción, la de la hulla asturiana: su producción estuvo muy protegida y en 1926 había sustituido casi por completo al carbón de importación. Al decaer el interés de las empresas extranjeras por la minería española, esta quedó en manos de empresas nacionales.

Se desarrollaron, además, nuevas fuentes de energía, como la electricidad,

cuya producción comenzó a ser muy significativa a partir de los años veinte, especialmente la hidroeléctrica y el petróleo. Este empezó a consumirse en España en cantidades relevantes después de la Primera Guerra Mundial. En ambos casos fue muy acusada la tendencia a la concentración de las empresas productoras y distribuidoras de energía.


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8.4.- El comercio exterior y las finanzas El proteccionismo arancelario dificultó la integración de los productos

españoles en el comercio mundial y favoreció el aislamiento económico del país incluso durante la crisis de 1929. Esta reforzó las medidas proteccionistas no solo mediante aranceles, sino a través de restricciones cuantitativas directas, es decir, la prohibición total o parcial de intercambiar algunos productos con el exterior. La balanza comercial española siguió siendo deficitaria: predominaban las exportaciones de alimentos (que suponían un 60% de las exportaciones), procedentes sobre todo de la agricultura mediterránea mientras que crecían las importaciones de maquinaria.

En el sector bancario se produjeron cambios decisivos. En primer lugar,

el peso del Banco de España disminuyó en beneficio de la banca privada. Se produjo una concentración de capital y depósitos en pocos bancos que, a su vez, financiaban un conglomerado de empresas industriales, energéticas y de transporte. Este proceso reforzaba los oligopolios industriales. Los bancos privados también financiaban el déficit del Estado adquiriendo deuda pública; a cambio, el Banco de España les concedía créditos baratos.

En el ámbito financiero se incrementó la presencia estatal a través de la

banca oficial (Banco de Crédito Industrial, Banco Exterior, Banco de Crédito Agrícola), que suministraba préstamos a diversas actividades industriales. Por su parte, se consolidó la red de Cajas de Ahorros, que se asociaron en la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA, 1926), y se convirtieron en una institución bancaria importante que reflejaba el incremento del ahorro familiar.

La Hacienda Estatal resolvió en parte el problema del déficit mediante la

reforma de Villaverde (1899-1900), llevada a cabo por el ministro Raimundo Fernández Villaverde; la solución fue temporal, ya que el déficit reapareció al comienzo de la Guerra de Marruecos. Pese a todo, la deuda pública dejó de ser tan gravosa como en el siglo XIX.

Se mantuvo el arcaico, injusto e insuficiente sistema fiscal basado en los

impuestos indirectos. Los intentos de reforma fiscal emprendidos por los diversos ministros de Hacienda fueron abortados sucesivamente por diferentes motivos, por lo general debido a la oposición de las élites sociales y económicas del país a tributar lo que se les exigía.

Las transformaciones sociales tuvieron un efecto muy considerable en la

evolución demográfica y social del país. España inició la transición al ciclo demográfico moderno, caracterizado por un pronunciado descenso de la


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mortalidad, especialmente la infantil. Las causas fueron, sobre todo, la mejora general de la calidad de vida de la población: alimentación, vivienda y vestido, incremento de los servicios sanitarios e higiénicos. La natalidad también disminuyó de forma sostenida, aunque más levemente, debido a la incorporación de la mujer al trabajo no doméstico y a la difusión de la educación y la información.

Se produjo un importante crecimiento vegetativo, compensado con la

emigración a ultramar, especialmente a Iberoamérica, que fue muy intensa entre 1905 y 1914. Se mantuvo, así mismo, la tendencia a la migración interna hacia la costa, las regiones insulares y Madrid. Hacia 1930, el nivel de urbanización del país seguía siendo bajo. En las grandes ciudades como Madrid y Barcelona se trazaron planes para ordenar su extrarradio y abrir grandes vías que comunicasen los barrios antiguos con los ensanches.

La sociedad española, aunque siguió siendo mayoritariamente rural,

presentaba núcleos importantes de obreros industriales en las grandes ciudades y áreas mineras y portuarias; una parte de la población empezó a trabajar en los transportes.

Se produjo igualmente el auge del sector de los servicios, todavía

minoritario, constituido por las oficinas, los seguros, la banca, la enseñanza, la Administración y las profesiones liberales; los trabajadores de este sector se caracterizaban por su preparación intelectual y su enorme influencia social. Tuvo lugar, además un espectacular incremento de la alfabetización y de la escolarización primaria y secundaria.

En la sociedad española del primer tercio del siglo XX surgió un

amplísimo movimiento asociativo, sindical y corporativo, formado por distintos grupos sociales y profesionales. Las asociaciones sirvieron de cauce institucional y legal para el diálogo y la negociación. Entre ellas cabe destacar las siguientes:

a. Las sindicales. Además de la UGT y la CNT, que crecieron y

se transformaron en sindicatos de industria y servicios, surgió el primer sindicalismo católico importante que intentaba crear sindicatos puros de obreros sin intervención patronal e independientes de la izquierda; estos sindicatos no rechazaban la huelga como medio de lucha. En 1917 se creó la Confederación Nacional Católica Agraria (CNCA), muy influyente en las clases populares de Castilla, Valencia y Navarra. En 1919 nacieron los Sindicatos Libres de Barcelona, cuyo objetivo era acabar violentamente con el poder de la CNT en Cataluña.


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b. Los empresariales. Se formaron grandes federaciones patronales de ámbito nacional: la Federación (luego Confederación) Gremial Española, en 1912, próxima al radicalismo republicano de clase media; y la Confederación Patronal Española (1914), en el sector de la construcción, caracterizada por su intransigencia antisindical. Tras la huelga de 1917, los patronos organizaron y financiaron agrupaciones de ciudadanos armados o guardias cívicas para defender el orden, acabar con las huelgas y amedrentar a los sindicatos, como el SOMATÉN de Barcelona y la Unión Ciudadana Madrileña (1919).


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LA SEGUNDA REPÚBLICA

(1931-1936)

I.- Consideraciones generales. EL GOBIERNO PROVISIONAL

La II República fue el intento de democratizar y renovar a fondo la vida política española. Las clases medias se hicieron con el poder, desplazando a las oligarquías de la Restauración. Emprenden un amplio programa reformista, pero este programa es obstaculizado por los sectores más conservadores del país, como por la izquierda más radical.

Por otra parte, la II República llegó en un contexto internacional poco

favorable. En efecto desde el punto de vista económico, continuaban los efectos del crak del 29: cierres de empresas, aumento del paro y retorno de emigrantes. Entonces, la afiliación a las centrales sindicales crece rápidamente, de manera que la CNT y la UGT llegan a tener, aproximadamente, un millón de afiliados cada una. Además, en aquella época, políticamente las democracias occidentales atravesaban un período de crisis, mientras cobraban fuerza los totalitarismos, tanto de izquierdas (dictadura comunista de Stalin), como de derechas (fascismo de Mussolini y ascenso del nazismo de Hitler).

Tras la proclamación de la República, se formó un Gobierno Provisional

presidido por Alcalá Zamora, un político exmonárquico y liberal. Este gobierno estaba constituido por representantes de las distintas fuerzas políticas que habían suscrito el Pacto de San Sebastián (republicanos, radicales, socialistas, autonomistas, etc.).

El Gobierno Provisional debía convocar elecciones a unas Cortes

constituyentes, pero mientras llegaba ese momento, ya se tomaron medidas importantes:

1 El ministro de trabajo Largo Caballero (socialista de la UGT) impulsó

varias leyes para mejorar las condiciones de los campesinos: jornadas de 8 horas, decreto de términos municipales (había que dar trabajo antes a los trabajadores de un municipio que a los foráneos), decreto de laboreo forzoso de la tierra (si un propietario no cultivaba sus tierras debía cedérselas a una entidad campesina), jurados mixtos para arbitrar salarios, etc.

2 El ministro de Guerra Manuel Azaña (de Acción Republicana) tomó medidas para reformar el Ejército (con exceso de oficiales, mal organizado y carente de un material moderno) y hacerlo más fiel a la República, entonces concedió a los militares que no quisieran jurar


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lealtad a la República la posibilidad de retirarse con el sueldo íntegro. Esta medida produjo un gran malestar entre los militares.

3 El ministro de Educación Marcelino Domingo (del Partido Radical Socialista) intentó combatir el analfabetismo de la época, muy elevado (32%); para ello, creó más de 10.000 escuelas en dos etapas de ministro; también subió el sueldo a los maestros.

El Gobierno Provisional también se encontró problemas relacionados con

la Iglesia, las Autonomías y las huelgas convocadas por los anarquistas. Respecto a la Iglesia, el Gobierno comienza una política de secularización

(se suprime la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en las escuelas), ya que consideraba que la Iglesia era un obstáculo para la modernización del país. La Iglesia (especialmente el Cardenal Segura, que será expulsado del país) y los católicos protestan y se va produciendo un distanciamiento entre esta institución y los republicanos.

Al proclamarse la República, Maciá declaró también “EL ESTADO

CATALÁN”, pero fue rápidamente convencido para que aceptase un sistema de autonomía provisional para Cataluña, mientras se preparaba un proyecto de autonomía. También en el País Vasco, el PNV y los alcaldes quisieron proclamar la República Vasca, pero el gobierno lo impidió.

Por otro lado, los anarquistas deciden pasar a la acción directa y efectúan

numerosas huelgas en Asturias, País Vasco, Cataluña y Andalucía (Sevilla). 2.- La Constitución de 1931 En junio de 1931, se celebraron elecciones a unas Cortes constituyentes. Se

empleó el sufragio universal masculino. Las mujeres y los sacerdotes podían presentarse como candidatos, pero el sufragio femenino se demora hasta que el asunto se estudie en el nuevo Parlamento. Las elecciones fueron ganadas por los republicanos y por los socialistas. La derecha, aunque tenía seguidores, no se organizó bien y obtuvo pocos votos. Los monárquicos alfonsinos y los anarquistas se abstuvieron.

Las nuevas Cortes elaboraron y aprobaron esta constitución, que definía al

Estado Español como “República de trabajadores de toda clase que se organizan en régimen de libertad y justicia” (Art.1).

Los artículos más debatidos de esta Comunidad fueron los referidos a las

relaciones Iglesia-Estado, a las autonomías, a las expropiaciones y al voto femenino.


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En las relaciones Iglesia-Estado, se establece una radical separación: El Estado español no tiene religión oficial (art.3). Además, se prohibía a las órdenes religiosas ejercer la industria, el comercio o la enseñanza (art. 26). Debido al debate en torno a estas cuestiones, se rompió la coalición de gobierno: Alcalá Zamora dimitió y Azaña se hizo cargo del Gobierno Provisional el 31 de octubre de 1931.

En las autonomías, la Constitución reconoce la posibilidad de que las

regiones que lo desearan pudieran acceder a un estatuto de autonomía, pero en el marco de un Estado Integral.

Se reconoce la posibilidad de realizar expropiaciones y nacionalización de

servicios (tierra, banca, minas, ferrocarriles, etc.) por causa de la utilidad pública, indemnizando a los propietarios (art. 44).

Esta Constitución establece por vez primera el sufragio femenino: “donde

los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de 23 años, tendrán los mismos derechos electorales, conforme a las leyes” (art. 36).

La formulación de derechos es amplia, ya que se reconocen, entre otros: la

igualdad ante la ley, la libertad de pensamiento y de ideas, el derecho de reunión y asociación, la libertad de domicilio y correspondencia, la libre elección de trabajo, el derecho de petición, la libertad religiosa, el derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la vivienda digna, etc.

El sistema de poderes se organiza de manera que el poder legislativo se

configura como el más importante. El Parlamento estaba constituido por una sola Cámara o Congreso de Diputados (no había Senado), elegido democráticamente por sufragio masculino y femenino, por un período de 4 años. La Cámara aprueba las leyes y controla la labor del gobierno y la del Presidente de la República. El Presidente de la República era elegido cada 6 años por la Cámara y por un número igual de compromisarios elegidos democráticamente; nombra Presidente del Gobierno, teniendo en cuenta la composición de la Cámara; también tenía facultades para disolver el Congreso.

Se establece la independencia del poder judicial, se crea el Tribunal Supremo

de Justicia, y se garantiza la asistencia judicial gratuita para los más necesitados. Además, se creó el Tribunal de Garantías constitucionales.

Se reconoce la libre elección de los Ayuntamientos por sufragio universal. En esta Constitución, inspirada en la Constitución alemana de Weimar,

respondía a los intereses de republicanos y socialistas, que la consideraban una constitución democrática y progresista; pero era rechazada por los católicos y


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por los sectores conservadores, porque consideraban que no representaba a todos los españoles. También la rechazaron los sectores más radicales de izquierda, porque la consideraban una constitución burguesa.

3.- El Bienio Reformista (1931-1933) o de Izquierdas, o Republicano-

Socialista, o Social-Azañista, o el Gobierno Constitucional (Diciembre de 1931-Noviembre de 1933.

En este período, el Presidente de la República era Alcalá Zamora, y el

Presidente del Gobierno el republicano Manuel Azaña. Se mantienen y profundizan las reformas emprendidas durante el gobierno provisional. Así, se producen reformas en distintos sectores:

1. En las relaciones con la Iglesia:

. Secularización de la enseñanza (prohibición a las congregaciones religiosas de que se dedicaran a la enseñanza). . Secularización de los cementerios. . Establecimiento del matrimonio civil y del divorcio. . Disolución de la Compañía de Jesús y confiscación de sus bienes. . Supresión del presupuesto de culto y clero (la Iglesia no recibía aportación económica del Estado).

Lógicamente estas medidas ponen en contra del Gobierno republicano-

socialista a los católicos, a la Iglesia y a los sectores más conservadores del país. 2. En la enseñanza, Marcelino Domingo mantiene su política de

secularización de la enseñanza y de la creación de escuelas; también amplió los centros de bachillerato, creó bibliotecas ambulantes, estableció misiones pedagógicas, etc.

3. En materia laboral, Largo Caballero mantiene su política favorable a los intereses de los trabajadores: regulación del derecho a la huelga, ley sobre jornada máxima, creación de seguros de paro y seguros sociales, jurados mixtos, etc. Sin embargo, el Estado no contaba con suficiente presupuesto para atender a todas estas demandas sociales.

4. En materia militar, Manuel Azaña mantuvo la política de reducir el número de oficiales y de crear un ejército leal a los principios republicanos. Para ello, se simplifican los distritos territoriales militares, se crea la Guardia de Asalto (una especie de policía urbana republicana), se suprime la ley de jurisdicciones especiales, etc.

5. En el aspecto autonómico, Cataluña consigue la aprobación de su Estatuto de Autonomía, en septiembre de 1932. Según este estatuto, Cataluña tenía un gobierno propio (la Generalitat), y el catalán se convertía en la lengua oficial junto con el castellano. El gobierno catalán estaba formado por un Presidente (Maciá), un Parlamento y un Consejo


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Ejecutivo. Cataluña tenía autonomía en economía y hacienda, educación y cultura, transportes y comunicaciones. El Gobierno Central se reservaba las relaciones exteriores, la dirección del ejército y el mantenimiento del orden público. Rápidamente, otras regiones o comunidades empezaron a estudiar sus propios proyectos de autonomía. Entre otras regiones, estaban el País Vasco, Galicia, Andalucía, Aragón, etc. Sólo el País Vasco conseguiría la aprobación de su Estatuto, pero ya en 1936 dentro del contexto de la Guerra Civil.

6. La Ley de Reforma Agraria fue una de las más importantes de este período. Fue debatida en el Parlamento y aprobada en 1932. Trataba de acabar con todos los problemas estructurales del campo español; el absentismo, el jornalerismo, el latifundismo, la insuficiente explotación de muchas tierras, la falta de racionalización en los cultivos, etc. De acuerdo con esta ley, se expropiaban con indemnizaciones las tierras no cultivadas, las tierras no explotadas directamente por sus dueños y las tierras regables que no estuvieran regadas. Además, se expropiaban sin indemnización las tierras de los nobles y las de aquellos terratenientes que habían participado en el golpe militar de Sanjurjo. Para llevar a cabo la reforma, se creó el IRA (Instituto de Reforma Agraria). Este organismo debía ocuparse de realizar las expropiaciones, de realizar los estudios pertinentes, de entregar las tierras a las entidades campesinas (para su explotación individual o colectiva). Sin embargo, la labor del IRA fue obstaculizada por los terratenientes, por la falta de estudios sobre la calidad de las tierras, por la falta de presupuestos y por la desesperación de los campesinos (que esperaban una reforma agraria mucho más rápida). El gobierno pretendía instalar a 60.000 colonos por año, pero en los dos primeros años sólo se habían instalado a 12.000. Los campesinos decepcionados por la marcha de la Reforma, y animados por la FNTT (Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra) y la CNT, protagonizaron diversos incidentes. Ya a finales de 1931 hubo un incidente en Castilblanco (Badajoz); a principios de 1932, también se produjeron enfrentamientos entre campesinos y las fuerzas del orden público en Arrendó (La Rioja). Pero el conflicto más importante tuvo lugar en Casas Viejas (Benalup, 1933). En esta localidad, los anarquistas proclamaron el comunismo libertario y hubo enfrentamientos muy graves con las fuerzas del orden, que actuaron con gran crueldad, produciéndose 25 muertos. Como consecuencia de este suceso, el gobierno de Azaña sufrió duras críticas. Debido a las críticas y a la oposición parlamentaria, Azaña acaba dimitiendo, y es sustituido primeramente por Lerroux, y luego por Martínez Barrio, que convoca elecciones para noviembre de 1933.


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4.- El Bienio Radical-Cedista (Noviembre de 1933-Febrero de 1936), o Bienio Derechista, o Conservador.

Las elecciones de noviembre de 1933 fueron ganadas por la CEDA

(Confederación Española de Derechas Autónomas) de Gil Robles; seguida por los radicales de Lerroux y los socialistas, mientras que los republicanos obtuvieron pocos escaños. En conjunto, se puede decir que la derecha estuvo mejor organizada para las elecciones que la izquierda. La pérdida de votos en la izquierda se debió al descontento de muchos sectores sociales por la política del bienio anterior, a la abstención de los anarquistas y, según algunos, a la participación de la mujer.

De acuerdo con los resultados electorales Alcalá Zamora encomendó a los

radicales de Lerroux formar gobierno. Esta decisión se explica por el hecho de que Alcalá Zamora temía tanto a una dictadura de derechas como a una revolución de izquierdas.

De esta manera, gobierna Lerroux, pero con el apoyo parlamentario de la

CEDA. Se mantienen muchas reformas del período anterior (la Constitución sigue vigente), pero otras empiezan a desmantelarse o a modificarse. Por ejemplo, se mantienen abiertos los colegios católicos, se suprime la ley de congregaciones religiosas de 1933, se restablece el culto público, se les mantiene la paga a los sacerdotes mayores de 40 años, etc.

Por otro lado, comienza la contrarreforma agraria, de modo que mediante

una ley de febrero del 34 se abolieron los decretos de intensificación de cultivos, lo que provocó el desahucio de más de 28.000 yunteros extremeños.

En materia autonómica, de momento se mantiene la autonomía catalana,

pero se frena el proyecto de autonomía del País Vasco. En octubre de 1934, entran en el gobierno 3 ministros de la CEDA. Esta

medida es interpretada por las izquierdas como un bandazo a la derecha. Entonces, los socialistas convocan una huelga general, que es secundada por comunistas y grupos separados de anarquistas. La huelga tiene éxito en la cuenca minera asturiana, Madrid, Bilbao, San Sebastián, Barcelona, Valencia, Sevilla, Córdoba, etc. En esta situación de huelga, el presidente de la autonomía catalana, Companys, aprovechó para proclamar el Estado Catalán dentro de la República Federal Española. Sin embargo, la rápida actuación del gobierno a través del General Batet, pudo restablecer el orden.

No obstante, el suceso más importante de octubre de 1934, fue la

Revolución de Asturias. Los obreros, con el apoyo de otros grupos sociales se apoderaron de toda la cuenca minera. Socialistas, comunistas y anarquistas,


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actúan unidos, constituyendo la Alianza Obrera. Se llegó a formar un Estado embrionario (con centros decisorios de poder, ejército, administración, etc.) se controlaron las comunicaciones, los abastos, la radio; se suprimió la moneda oficial, etc. Para dominar la situación, el gobierno tuvo que enviar al ejército y a la Legión. El resultado de la operación militar y de la revolución fue el siguiente: más de 1.500 muertos, más de 200 heridos y unos 30.000 detenidos. Este acontecimiento se puede considerar como el anticipo de la Guerra Civil española. La izquierda se queja de la brutal represión; la derecha, de la violencia de los revolucionarios y del asesinato de sacerdotes, incendios de edificios religiosos, etc.

Debido a estos sucesos, el gobierno de Lerroux tuvo pretextos para suprimir

la Autonomía a Cataluña y para acentuar la política contrarreformista en materia agraria. Así, en 1935 se aprobaron leyes para devolver las tierras a los nobles, se suprimió el inventario de tierras expropiables y se estableció que cualquier expropiación se hiciera caso por caso y con indemnizaciones elevadas a los propietarios. Además, se recortó el presupuesto del IRA. Con esta política, protestan los campesinos, especialmente los afiliados a la FNTT y a la CNT.

Sin embargo, el hecho concreto que propició la caída del gobierno de

Lerroux fue el escándalo del estraperlo; algunos miembros del gobierno, fueron sobornados para que consintieran el establecimiento de casinos de juego. El hecho trascendió a la opinión pública y se rompió la coalición de gobierno entre radicales y cedistas. Entonces Alcalá Zamora decidió confiar el gobierno al político centrista Portela Valladares, para que convocase unas nuevas elecciones, que se celebrarían en febrero de 1936.

5.- Las elecciones de 1936 A raíz de la profunda crisis de octubre de 1934, los gobiernos de

centroderecha quedaron relativamente erosionados desde el punto de vista político. La represión, las prohibiciones de la prensa socialista y comunista, los juicios, despertaron las simpatías de la población hacia los presos y los perseguidos políticos. Esta situación de anomalía crónica llevó al presidente de la República a disolver las Cortes y convocó elecciones para el 16 de febrero de 1936.

En Andalucía se presentaron cuatro coaliciones electorales: Falange, la

CEDA, los radicales y el Frente Popular, aglutinando los mejores resultados. Aunque el triunfo correspondió de forma aplastante al Frente Popular, con la excepción de Granada, donde venció la coalición de derechas, al presentarse unidas con radicales y con otros grupos conservadores.


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Estas elecciones dividieron en dos sectores a la opinión pública española. La izquierda se presentó unida en una coalición que, con el nombre de Frente Popular, reunía republicanos y comunistas. La derecha, en cambio no se presentó unida, y la CEDA de Gil Robles fue el partido de la derecha más concurrido en las elecciones. El Frente Popular consiguió el 34’3% de los votos, y la derecha, en coalición con el centro, el 33,2%. Pero finalmente, en virtud de la ley electoral, que otorgaba el 75% de los escaños a la lista ganadora, aunque solo fuera por un voto, el Frente Popular obtuvo la mayoría en el Congreso.

Así, a principios del mes de marzo de 1936 ya se produjeron los primeros

contactos entre generales para preparar un alzamiento militar contra la República, debido a la situación crítica del establecimiento del orden público.

6.- El Frente Popular (febrero-Julio 1936). Las elecciones de febrero de 1936 fueron ganadas por el Frente Popular, que

fue una agrupación de republicanos y marxistas de diversas tendencias en torno a un programa de mínimo. Así, el Frente Popular estaba constituido por Acción Republicana, PSOE, UGT, Juventudes Socialistas, PCE, Partido Sindicalistas y POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista). Los anarquistas van a apoyar el Frente Popular, pero no de forma organizada, sino a título personal, ya que les interesaba sacar a sus compañeros de la cárcel (si triunfaba el Frente Popular, se concedería una amplia amnistía). El programa mínimo del Frente Popular se basaba en los siguientes puntos:

1. Amnistía general. 2. Aplicación de la Reforma Agraria, según la ley de 1932. 3. Reanudación de la política autonómica (restablecimiento de la

Autonomía catalana e impulso a las demás). 4. También se proponían algunas reformas político-administrativas,

jurídicas, laborales y educativas. El triunfo del Frente Popular se produjo gracias a la unión de las izquierdas

ya que las derechas no estuvieran tan bien organizadas como en 1933. En realidad, no hubo tanta diferencia entre unas y otras, pero la ley primaba a las mayorías; por ello, el número de diputados considerados de izquierdas (257) era muy superior al de derechas (139); también hubo un cierto número de diputados de centro (57).

El Presidente Alcalá Zamora encargó a Azaña formar gobierno, que empieza

a aplicar el programa mínimo, pero poco tiempo después, las nuevas Cortes decidieron destituir (el 7 de abril) a Alcalá Zamora, y entonces, Jiménez Barrio asumió la presidencia interinamente. En mayo, Azaña fue nombrado Presidente de la República. Por tanto, quedó inutilizado para la labor de gobierno un


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político de izquierda moderada. En esta situación, se le ofrece el gobierno al socialista Indalecio Prieto, pero fue vetado por su propio partido. Finalmente, la Jefatura del gobierno recayó sobre el político autonomista gallego Casares Quiroga (de la ORGA, Organización Regionalista Gallega Autónoma).

Casares Quiroga prosigue con la aplicación del Programa del Frente Popular,

en un ambiente de gran conflictividad social. Los campesinos, aunque el IRA aceleró su actividad (se instaló a más de 100.000 campesinos en pocos meses), aún esperaban con más rapidez la aplicación de la Reforma Agraria. Por ello, efectúan ocupaciones de tierras en Castilla, Andalucía y Extremadura, donde el gobierno no quiere emplear la fuerza, por lo que tiene que legitimar las ocupaciones.

En aquellos momentos, la violencia y la alteración del orden público se

convierten en el principal problema de Casares Quiroga. Además de las ocupaciones de tierras, se producían numerosas huelgas, cierres patronales de empresas, enfrentamientos entre jóvenes socialistas y falangistas, asesinatos de políticos, asaltos e incendios de conventos, iglesias, orfanatos. Por tanto, los extremismos avanzan, tanto por la izquierda como por la derecha.

Las formaciones de izquierdas, después de ganar las elecciones, no se

mostraban unidas. Por ejemplo, el socialista Indalecio Prieto deseaba colaborar con el gobierno, mientras que el socialista Largo Caballero era partidario de aliarse con los comunistas e incluso con los anarquistas. El Partido Comunista crecía rápidamente, convirtiéndose en un partido de masas y organizado; de momento, deseaba colaborar con el gobierno. Las juventudes socialistas y comunistas se fusionan en las Juventudes Socialistas Unificadas. Los anarquistas prefieren hacer la revolución social por su cuenta.

Entre las formaciones de derechas, los planteamientos eran éstos: la CEDA

de Gil Robles estaba dispuesta a respetar la legalidad, aunque poco después muchos cedistas empezaron a intervenir en los preparativos de un golpe militar. El bloque monárquico de Calvo Sotelo reclamaba un gobierno fuerte y con autoridad. Los carlistas se preparaban una vez más para echarse al monte y organizaban milicias. Los falangistas de José Antonio Primo de Rivera pretendían instaurar un Estado de corte autoritario y fascistas; para ello no dudaban en utilizar la violencia (por lo que la Falange será declarada ilegal y su jefe, encarcelado).

En aquellas circunstancias, llegaron noticias al gobierno de una conjura

militar. Entonces, el gobierno trasladó a los militares sospechosos: Mola a Pamplona, Poded a Baleares y Franco a Canarias. En Pamplona, Mola empieza a coordinar los preparativos para un golpe militar. Busca apoyos entre los carlistas, la CEDA y la Falange. Mientras se realizaban estos preparativos, se


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produjeron los asesinatos del 12 y del 13 de Julio de 1936, que precipitaron el estallido del golpe. Al día siguiente, como represalia, fue asesinado el político monárquico Calvo Sotelo. Por ello el golpe se anticipó al día 17 en Melilla y al día siguiente en la Península.


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LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA (1936-1939)

1.- Aspectos Generales La Guerra Civil fue el enfrentamiento de los españoles, divididos en dos

bandos, debido a las diferencias político-ideológicas, económicas, sociales, etc. Esta división se había ido produciendo desde la época de la Restauración. Sin embargo, durante la II República se agravan las diferencias y las tensiones, con episodios violentos como la revolución de Asturias de 1934. Finalmente, el fanatismo ideológico y la intolerancia van a desembocar en una guerra fratricida. Los asesinatos del 12 y del 13 de julio fueron solo el detonante final (ya que el Golpe de Estado estaba preparado desde antes).

El bando republicano es el bando legítimo, ya que ha llegado

democráticamente al poder. Contra la República se levantan los nacionales, que forman el bando sublevado o insurgente. Este último bando está respaldado por la aristocracia, los terratenientes, la alta burguesía, la Iglesia, gran parte de la oficialidad del ejército y, en general, por los sectores más conservadores del país. En cambio, la República cuenta con el apoyo de la gran masa de los trabajadores, de los intelectuales, de gran parte del ejército y la Guardia Civil. Las clases medias por razones ideológicas, económicas y religiosas, se muestran divididas entre los dos bandos, y según zonas.

Las regiones que tenían intereses autonómicos, especialmente Cataluña y el

País Vasco se mantuvieron en el lado republicano. Así, en Cataluña se transigió con los anarquistas, para conservar el Estatuto de Autonomía. El País Vasco, tenía una tradición carlista y conservadora, pero también se mantuvo junto a la República (excepto Álava), con la esperanza de obtener su Estatuto de Autonomía, que sería aprobado poco después.

2.- EL FRENTE POPULAR (febrero-Julio 1936). Las elecciones de febrero de 1936 fueron ganadas por el Frente Popular, que

fue una agrupación de republicanos y marxistas de diversas tendencias en torno a un programa de mínimo. Así, el Frente Popular estaba constituido por Acción Republicana, PSOE, UGT, Juventudes Socialistas, PCE, Partido Sindicalistas y POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista). Los anarquistas van a apoyar el Frente Popular, pero no de forma organizada, sino a título personal, ya que les interesaba sacar a sus compañeros de la cárcel (si triunfaba el Frente Popular, se concedería una amplia amnistía). El programa mínimo del Frente Popular se basaba en los siguientes puntos:


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1. Amnistía general. 2. Aplicación de la Reforma Agraria, según la ley de 1932. 3. Reanudación de la política autonómica (restablecimiento de la

Autonomía catalana e impulso a las demás). 4. También se proponían algunas reformas político-administrativas,

jurídicas, laborales y educativas. El triunfo del Frente Popular se produjo gracias a la unión de las izquierdas

ya que las derechas no estuvieran tan bien organizadas como en 1933. En realidad, no hubo tanta diferencia entre unas y otras, pero la ley primaba a las mayorías; por ello, el número de diputados considerados de izquierdas (257) era muy superior al de derechas (139); también hubo un cierto número de diputados de centro (57).

El Presidente Alcalá Zamora encargó a Azaña formar gobierno, que empieza

a aplicar el programa mínimo, pero poco tiempo después, las nuevas Cortes decidieron destituir (el 7 de abril) a Alcalá Zamora, y entonces, Jiménez Barrio asumió la presidencia interinamente. En mayo, Azaña fue nombrado Presidente de la República. Por tanto, quedó inutilizado para la labor de gobierno un político de izquierda moderada. En esta situación, se le ofrece el gobierno al socialista Indalecio Prieto, pero fue vetado por su propio partido. Finalmente, la Jefatura del gobierno recayó sobre el político autonomista gallego Casares Quiroga (de la ORGA, Organización Regionalista Gallega Autónoma).

Casares Quiroga prosigue con la aplicación del Programa del Frente Popular,

en un ambiente de gran conflictividad social. Los campesinos, aunque el IRA aceleró su actividad (se instaló a más de 100.000 campesinos en pocos meses), aún esperaban con más rapidez la aplicación de la Reforma Agraria. Por ello, efectúan ocupaciones de tierras en Castilla, Andalucía y Extremadura, donde el gobierno no quiere emplear la fuerza, por lo que tiene que legitimar las ocupaciones.

En aquellos momentos, la violencia y la alteración del orden público se

convierten en el principal problema de Casares Quiroga. Además de las ocupaciones de tierras, se producían numerosas huelgas, cierres patronales de empresas, enfrentamientos entre jóvenes socialistas y falangistas, asesinatos de políticos, asaltos e incendios de conventos, iglesias, orfanatos. Por tanto, los extremismos avanzan, tanto por la izquierda como por la derecha.

Las formaciones de izquierdas, después de ganar las elecciones, no se

mostraban unidas. Por ejemplo, el socialista Indalecio Prieto deseaba colaborar con el gobierno, mientras que el socialista Largo Caballero era partidario de aliarse con los comunistas e incluso con los anarquistas. El Partido Comunista


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crecía rápidamente, convirtiéndose en un partido de masas y organizado; de momento, deseaba colaborar con el gobierno. Las juventudes socialistas y comunistas se fusionan en las Juventudes Socialistas Unificadas. Los anarquistas prefieren hacer la revolución social por su cuenta.

Entre las formaciones de derechas, los planteamientos eran éstos: la CEDA

de Gil Robles estaba dispuesta a respetar la legalidad, aunque poco después muchos cedistas empezaron a intervenir en los preparativos de un golpe militar. El bloque monárquico de Calvo Sotelo reclamaba un gobierno fuerte y con autoridad. Los carlistas se preparaban una vez más para echarse al monte y organizaban milicias. Los falangistas de José Antonio Primo de Rivera pretendían instaurar un Estado de corte autoritario y fascistas; para ello no dudaban en utilizar la violencia (por lo que la Falange será declarada ilegal y su jefe, encarcelado).

En aquellas circunstancias, llegaron noticias al gobierno de una conjura

militar. Entonces, el gobierno trasladó a los militares sospechosos: Mola a Pamplona, Poded a Baleares y Franco a Canarias. En Pamplona, Mola empieza a coordinar los preparativos para un golpe militar. Busca apoyos entre los carlistas, la CEDA y la Falange. Mientras se realizaban estos preparativos, se produjeron los asesinatos del 12 y del 13 de Julio de 1936, que precipitaron el estallido del golpe. Al día siguiente, como represalia, fue asesinado el político monárquico Calvo Sotelo. Por ello el golpe se anticipó al día 17 en Melilla y al día siguiente en la Península.

3.- La internacionalización del conflicto. La Guerra tuvo una gran repercusión internacional, y fue muy seguida a

través de los medios informativos. Estos medios presentaron básicamente dos visiones de la Guerra: los periódicos y medios más conservadores consideraban que la guerra era necesaria para acabar con la anarquía y la revolución social. En cambio, los medios más democráticos y progresistas consideraban que la guerra española era un enfrentamiento entre la democracia y el fascismo.

Al estallar la contienda civil, el panorama europeo era el siguiente: en

Alemania, Hitler tenía ya poderes absolutos y desarrollaba continuamente su potencial militar incumpliendo los Acuerdos de Versalles; en Italia, Mussolini había emprendido una política expansiva por África, y su modelo de Estado Corporativo y fascista ejercía un cierto atractivo sobre las derechas occidentales; en la URSS, Stalin había implantado una férrea dictadura; en Francia, gobernaba el Frente Popular, pero con la oposición de la derecha que miraba más hacia Alemania e Italia.


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En este contexto, Gran Bretaña temía que la guerra de España se transformara en un conflicto internacional, por lo que propició un Comité de No Intervención. No obstante, este Comité fue una auténtica farsa, ya que muchos países firmantes (Alemania, Francia, Italia, URSS, etc.) van a intervenir en el conflicto.

El bando nacional recibió ayudas de la Alemania Hitleriana, de la Italia de

Mussolini y del Portugal de Salazar, Italia, aportó gran parte de su aviación y el Cuerpo de Tropas Voluntarias; Alemania colaboró con la Legión Cóndor y unos 20.000 hombres; Portugal envió a soldados conocidos como los Viriatos. Para pagar estas ayudas, Franco recibió créditos de Alemania e Italia, que estuvieron pagándose durante muchos años.

La República recibió, sobre todo, ayuda de la URSS y más intermitentemente

de Francia. En Moscú, se organizaron las Brigadas Internacionales, un Ejército de Voluntarios procedentes de diversos países y que estaban dispuestos a luchar contra el fascismo. La República gastó una gran cantidad de dinero (900 millones de dólares) en comprar armamento, material blindado y aviones a la URSS, pagando con el oro del Banco de España (el Oro de Moscú), con productos minerales y agrícolas.

La intervención internacional fue importante a la hora de decidir el resultado

final de la contienda, puesto que el bando sublevado contó con más ayuda exterior que el bando republicano.

4.- La Guerra y sus etapas El golpe militar, como dijimos, fue coordinado por el General Mola desde

Pamplona. El plan consistía en una declaración de guerra por los capitanes generales y oficiales comprometidos, y en una acción política inmediata con la ayuda de los elementos civiles implicados. Los asesinatos del 12 y del 13 de Julio (del teniente Castillo y del político Calvo-Sotelo) lo anticiparon para el 17 en Melilla y para el 18 en la Península. Al frente de los sublevados debía ponerse el general Sanjurjo, pero murió en accidente de aviación. Este hecho facilitó el ascenso de Franco al poder.

Al producirse el golpe, España queda dividida entre los dos bandos;

entonces se plantea una situación de guerra que va a durar mucho más de lo previsto. El bando sublevado, controla rápidamente Galicia, Castilla La Vieja, Navarra, Aragón, Baleares (excepto Menoría), algunas provincias andaluzas (Cádiz, Sevilla, Córdoba y Granada), Canarias y las ciudades españolas del Norte de África. Se trataba de las zonas agrarias y menos pobladas del país. En cambio, la República mantiene el control sobre las principales ciudades (Madrid,


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Barcelona, Valencia y Bilbao), las zonas industriales del norte, toda la franja mediterránea desde Málaga hasta Cataluña, Castilla La Nueva, etc.

Con esta situación, parecería que la República debía ganar la guerra, teniendo

en cuenta que también controlaba el oro del Banco de España. Sin embargo, el bando nacional contaba con el potente ejército de Marruecos, además de la ayuda de Alemania e Italia, factores decisivos para el triunfo de este bando.

En la guerra distinguimos las siguientes etapas: 1. Julio de 1936 a marzo de 1937: Se desarrolló la Guerra de Columnas y

la Batalla de Madrid. Las tropas de Franco efectúan el paso del Estrecho con ayuda de medios de transportes alemanes e italianos; dominan Andalucía Occidental y avanzan hacia Extremadura. Allí el general Yagüe, logra tomar Badajoz (14 de agosto), tras vencer la dura resistencia de los republicanos, que son fusilados en la plaza de toros. En esta región, el ejército nacional del sur y del norte entran en contacto. Después, Franco decide avanzar por el valle del Tajo y, conquista Talavera y Toledo (27 de septiembre), pues consideraba que si tomaba la capital de España, la guerra acabaría en poco tiempo. Pero Madrid, estaba bien defendida por el general Miaja y por las milicias populares. No obstante, el gobierno republicano se trasladó en octubre a la ciudad de Valencia. El asedio de Madrid fue largo y duro; combates de la Casa de Campo y la Ciudad Universitaria, batallas de la carretera de La Coruña, del Jarama (primera victoria de los republicanos en campo abierto) y de Guadalajara (primero los italianos que rompen el frente republicano, pero luego, ante la contraofensiva republicana, huyen en desbandada).

2. Marzo de 1937 a octubre de 1937: La Guerra en el Norte. Cuando Franco observa que no puede tomar Madrid, pese a haber atacado a esta ciudad por los frentes citados, entonces decide conquistar la zona republicana del norte de la Península: País Vasco, Cantabria y Asturias. Se trataba de una zona republicana aislada, pero de importancia estratégica, ya que poseía industrias y fábricas de armas. En esta campaña, el ejército nacional recibe la ayuda de la aviación alemana (Legión Cóndor), que efectúa los salvajes bombardeos de Durango y Guernica, utilizando un sistema combinado de fuego de ametralladoras, bombas incendiarias y ordinarias. En poco tiempo, el ejército nacional conquista de Este a Oeste esta zona (País Vasco, Cantabria y Asturias); de nada valieron las ofensivas lanzadas por el ejército republicano desde el centro (Segovia, Brunete y Belchite), para aliviar la presión sobre el norte y distraer la atención de las tropas de Franco.


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3. Octubre de 1937 a diciembre de 1938: La Guerra en el Este. A finales del 37, los republicanos lanzan una ofensiva en el Bajo Aragón y logran tomar Teruel (diciembre del 37), pero los nacionales vuelven a recuperar esta ciudad poco tiempo después (febrero del 38). Entonces Franco, ordena al ejército nacional avanzar hacia el Mediterráneo, alcanzando el mar por Vinaroz (Castellón, el 14 de abril), de manera que la zona republicana había quedado partida en dos. Los republicanos, dirigidos por el general Enrique Líster, reaccionan con la durísima ofensiva del Ebro, tal vez la batalla más decisiva de la contienda. Fue una batalla de desgaste, duró tres meses y medio (julio-noviembre del 38). El avance sorpresa de los republicanos fue detenido por los nacionales, que obtuvieron la victoria final. El balance final de esta batalla fue de unas 70.000 bajas en el ejército republicano y de unas 33.000 entre los nacionales (teniendo en cuenta muertos y heridos). Se puede decir que después de esta batalla la guerra se había decidido claramente a favor de los nacionales.

4. Diciembre del 38 a abril del 39: La conquista de Cataluña y el final de la Guerra. Tras la Batalla del Ebro, y con un ejército republicano completamente desgastado y mal equipado. Franco se apodera fácilmente de Cataluña (Barcelona es tomada en enero), mientras que miles de españoles huyen al exilio por la frontera de los Pirineos. La situación se complica aún más para la República, porque los gobiernos extranjeros (Francia, Inglaterra y EEUU) comenzaron a reconocer el régimen de Franco. Con todo, los ejércitos republicanos del centro y del sur mantenían sus posiciones. En esta situación, el presidente del gobierno republicano, Negrín, que vuelve a Madrid para organizar la resistencia, intentaba a toda costa, bien para conseguir una paz honrosa, bien para enlazar con un previsible conflicto internacional. Sin embargo, el golpe de Estado del Coronel Casado puso la capital en manos de los nacionales. De esta manera, Franco anunciaba el final de la Guerra el día uno de abril de 1939.

La Guerra causó numerosos muertos (unos 270.000) y provocó el exilio de

varios cientos de miles de españoles. Las consecuencias económicas, ideológicas, políticas, etc., fueron enormes.

5.- Evolución de la España Republicana Al estallar la guerra, el Presidente del Gobierno era el autonomista gallego

Casares Quiroga. Desde los primeros días, se produce el cambio de gobierno, ya que Casares Quiroga fue sustituido por el político izquierdista José Giral. Este político entrega armas a los sindicatos para que se formen las milicias populares, pero tiene grandes dificultades para imponer su autoridad a nivel


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estatal. En la práctica, el gobierno de Giral, estuvo desbordado por los poderes populares, en manos de los sindicatos socialistas y anarquistas.

En septiembre y noviembre de ese mismo año (1936), Largo Caballero formó gobiernos de concentración izquierdista. El último estaba constituido por socialistas, azañistas, autonomistas catalanes Ezquerra, comunistas e incluso cuatro anarquistas. Este gobierno adoptó diversas medidas:

- Creación de la Junta de Defensa de Madrid con representantes de todos los partidos.

- Aprobación del Estatuto de Autonomía del País Vasco. - Conversión de la Guardia Civil en Guardia Nacional Republicana. - Nacionalización de bancos, minas, compañías ferroviarias, etc. El gobierno controla todo el sistema bancario y monetario y prohíbe la exportación de oro y divisas. - Incautación de tierras y fábricas abandonadas por sus dueños. Así se reactiva la Reforma Agraria, de manera que en pocos meses se reparten cuatro millones de hectáreas. No obstante, el gobierno se ve desbordado por las ocupaciones de tierras y las colectivizaciones espontáneas. Los anarquistas realizan la revolución por su cuenta, colectivizando las fábricas y tierras sin contar con la aprobación del gobierno. La CNT incauta el 70% de las fábricas catalanas. También hay colectivizaciones espontáneas de tierras en Ciudad Real, Córdoba, Jaén, Zonas de Aragón, Valencia, etc. En mayo de 1937 se produce una crisis en el gobierno de Largo Caballero,

debido a la pequeña guerra civil que se produce en Barcelona entre comunistas, anarquistas y POUM. Entonces, se forma el gobierno del doctor Negrín, un socialista próximo a las tesis del comunismo. En efecto, Negrín y los comunistas defendían la idea de que primero había que ganar la guerra y después se haría la revolución (frente a la postura de los anarquistas que querían hacer las dos cosas al mismo tiempo). Por ello, frena la revolución (suprime las colectivizaciones de Aragón) y favorece el ascenso político y militar de los comunistas. Entonces, los anarquistas le tachan de contrarrevolucionario.

Al año siguiente, tras los acontecimientos de abril (Negrín es aclamado en

Barcelona; los nacionales llegan a Vinaroz y parten la zona republicana; Prieto abandona el Gobierno), Negrín vuelve a formar gobierno y presenta sus famosos trece puntos, en los que recogía las bases sobre las que se debía sentar la convivencia futura, una vez terminada la guerra; gobierno basado en el sufragio universal, respeto de las libertades regionales dentro de la unidad de España, respeto a la propiedad privada dentro de los límites de los intereses superiores de la nación, libertad de conciencia y religión, reforma agraria radical, respeto a los derechos de los trabajadores, política de paz y apoyo a la Sociedad de Naciones, amnistía, etc.


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Sin embargo, los reveses militares (batalla del Ebro y caída de Cataluña) y la progresiva disolución del gobierno (huida de sus miembros al extranjero) dificultan la labor de Negrín. Finalmente, su autoridad será suplantada por la Junta de Defensa de Madrid (Casado, Besteiro, Cipriano Mera) que dará un auténtico Golpe de Estado contra la República, entregando la capital a los nacionales.

6.- La evolución de la España Nacional o Franquista La España nacional se mostró más unida que la España republicana. Ya

desde principio de la guerra, se constituyó la Junta de Defensa de Burgos, que asumía todos los poderes del Estado Nacional. Esta Junta estaba presidida por el General Cabanellas y formaban parte de ella otros militares como Mola, Dávila, Queipo de Llano o el propio Franco. La Junta sustituyó a los gobernadores civiles por militares, prohibió los partidos políticos y sindicatos, declaró el estado de guerra en todo el territorio nacional, emprendió la contrarreforma agraria, etc. Además, en el mes de septiembre, nombró a Franco como Jefe del Gobierno del Estado y Generalísimo de las Fuerzas Nacionales. De esta manera, Franco se convertía en la máxima autoridad política y militar de la España Nacional.

Poco después, Franco adopta el título de Caudillo (Jefe o Guía político

militar), similar al que había adoptado Mussolini en Italia (Duce) o Hitler en Alemania (Führer). Con estos títulos, los fascismos lo que pretendían era fomentar la obediencia y el culto al jefe.

En abril de 1937, Franco sigue concentrando poderes en su persona,

mediante el decreto de Unificación de la Falange y JONS y los Carlistas en un partido único, denominado Falange Española Tradicionalista y de la JONS (Movimiento Nacional). De esta manera, Franco ponía fin a las luchas por el poder entre los falangistas y los carlistas, ya que todas las tendencias políticas de la España nacional quedan subordinadas a la máxima autoridad política-militar, es decir, a Franco. Para vencer resistencias a la unificación se condena a la pena de muerte al falangista Hedilla y se destierra al tradicionalista Fal Conde. Además, para potenciar el partido único, se exige su pertenencia al mismo para ocupar cargos públicos.

En enero-febrero de 1938, Franco formó un gobierno en Burgos, presidido

por él mismo, y del que formaban parte algunos civiles (destacando la figura de Serrano Súñer, cuñado de Franco). Este gobierno nacional, de composición heterogénea, practicó una política inspirada en los principios de la Falange y las doctrinas del carlismo, y en contra de lo legislado durante las etapas del Bienio de izquierdas y el Frente Popular. Así, adopta las siguientes medidas:


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- Deroga la legislación laboral y social de la República y aprueba el Fuero del Trabajo (marzo de 1938), un documento inspirado en la Carta del Trabajo Italiana. Pretendía ser una especie de carta magna, que definía al nuevo Estado como Nacional y Sindicalista y establecía el derecho y el deber de todos los españoles al trabajo. No obstante, prohíbe las huelgas y los sindicatos libres o de clase, ya que trabajadores y empresarios quedaban integrados en un sindicato único o vertical. El Estado intervenía en la legislación laboral, en la solución de conflictos laborales (Magistratura de Trabajo) y en el fomento de la actividad económica.

- Abole la legislación laicista de la II República y busca un mayor acercamiento con la Iglesia. Esta Institución, muy castigada durante la República, tomó partido rápidamente por el bando sublevado, considerando a la Guerra como una Cruzada Nacional. Entonces, la Iglesia recupera su control sobre la enseñanza y participa en los actos públicos, vuelve la Compañía de Jesús, se suprimen el matrimonio civil y el divorcio, etc. El Vaticano, que primeramente había adoptado una actitud de prudencia (Pío XI), acaba reconociendo al régimen de Franco como legítimo en 1938. Esto conduce a lo que se ha denominado el Nacional-Catolicismo, un régimen basado en un exaltado nacionalismo y en una rígida educación sujeta a las normas religiosas.

- Anula la Reforma Agraria y crea el Servicio Nacional de Reforma Económica y Social de la Tierra, que fue devolviendo las tierras expropiadas por el IRA a sus antiguos propietarios.

- Se suprimen las autonomías del País Vasco y de Cataluña, y se establece la uniformidad lingüística, basada en el Castellano.

- Establece la Ley de Prensa (abril de 1938), que supone la implantación de la censura y la desaparición de la libertad de pensamiento y de ideas.

7.- Consecuencias Como las guerras carlistas en el siglo XIX, la Guerra Civil fue el episodio

más traumático que vivió la sociedad española durante el siglo XX. Durante tres años, conciudadanos, e incluso miembros de una misma familia, luchaban entre sí; el odio entre los españoles se acrecentó, resultando inevitable el deseo de aniquilación del contrario. Los que vencieron excluyeron y persiguieron a quienes no se habían sumado de manera entusiasta a su bando. El dolor de la mayoría y el rencor de muchos era el denominador común de la España de los años posteriores a la contienda.

En los últimos meses de la guerra, millares de combatientes republicanos y

de familias enteras que habían defendido públicamente al gobierno legal tuvieron que abandonar España de manera precipitada, dejando atrás sus pertenencias y propiedades. Miles de combatientes, intelectuales, militantes de partidos y sindicatos se agolpaban en el puerto de Alicante, última ciudad de ser


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tomada por los franquistas, esperando tener plaza en uno de los barcos que los llevarían a algún país que los quisiese acoger. La frontera catalana con Francia era un río de personas que tuvieron que sufrir las penalidades del exilio; mucho jamás regresaron.

En resumen, casi medio millón de muertos, de los que una buena parte

corresponde a los asesinatos de las retaguardias o en las cárceles de los vencedores. Acabada la guerra, más de 250.000 personas ingresaron en prisiones o en campos de trabajo forzado. Decenas de miles de españoles exiliados se concentraron en campos de internamiento en el sur de Francia, más tarde se dispersaron por países europeos, del norte de África y Latinoamérica.

Las consecuencias en la cultura española fueron importantísimas. Quedó

destruido todo el esfuerzo de regeneración cultural y educativa de la Edad de Plata de la cultura española (1898-1936). Los componentes de la Generación del 27 marcharon al exilio o fueron ejecutados.

En el plano económico las consecuencias fueron desastrosas para el país: la

pérdida de reservas, la disminución de la población activa, la destrucción de infraestructuras viarias y fabriles, así como de viviendas y la caída del nivel de renta. La mayoría de la población española hubo de sufrir a lo largo de las décadas de 1940 y 1950 los efectos del racionamiento y la privación de bienes de consumo.

En el aspecto político fue el final de la más importante experiencia

modernizadora y democratizadora que tuvo la España Contemporánea y el inicio de un proceso de represión que duró cuatro décadas, donde la falta de libertad política y la supresión de los derechos fundamentales de las personas era lo sustancial.

Internacionalmente, España inició veinte años de aislamiento político, con

excepción del reconocimiento que obtuvo de algunos estados como el Vaticano y Argentina, quedando fuera el fuerte impulso europeo tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial.


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EL FRANQUISMO (1939-1975)

1.- Balance y huella de la Guerra

La Guerra Civil provocó grandes pérdidas humanas y económicas. Sobre las pérdidas humanas no se ponen de acuerdo los investigadores: por ejemplo, Ramón Salas afirma que murieron unos 270.000 españoles; en cambio Tussell señala que las pérdidas se elevaron a 650.000 personas; otros historiadores hablan de 800.000 e incluso 1 millón. En realidad, no existe tanta discrepancia en las cifras como podría parecer a primera vista, puesto que Salas se refiere sólo a los muertos en el campo de batalla, mientras que otros investigadores tienen en cuenta también a los muertos en la posguerra por hambre y enfermedad, o por ejecuciones (unas 30.000); y a los exiliados; e incluso a los no nacidos por causa de la guerra.

El número de exiliados pudo oscilar entre las 300.000 y las 500.000 personas.

La mayoría de ellos atravesaron los Pirineos con destino a Francia, aunque otros muchos emigraron a América (sobre todo a Méjico, Argentina, Santo Domingo, Chile y Cuba). Como la II Guerra Mundial estalló pronto (1939), algunos españoles exiliados en Francia fueron capturados y conducidos a campos de concentración por los nazis. En cambio, otros decidieron regresar a España, arriesgándose a la marginación, al encarcelamiento o incluso a la ejecución.

Entre los exiliados, había un gran número de intelectuales, escritores,

artistas, científicos, etc. Por tanto, la pérdida humana fue importante no sólo desde el punto de vista cuantitativo sino también cualitativo. Se marcharon personas muy válidas para la formación de las futuras generaciones españolas. Por otro lado, estos contribuyeron al progreso y al desarrollo de los países sudamericanos. Algunos de estos países como la Argentina de Perón mantuvieron buenas relaciones con el régimen de Franco; pero Méjico se negó a mantener relaciones diplomáticas con la dictadura e incluso apoyó la instalación del Gobierno y las Cortes de la República en el exilio.

Las pérdidas materiales fueron enormes: la producción agrícola descendió

un 20% y la industrial en un 30%, se perdió gran parte del material y equipo ferroviario, se redujo ostensiblemente el número del parque automovilístico del país. En conjunto, la renta nacional descendió un 28% y más de un 8% de las viviendas particulares que fueron destruidas. Por otra parte, la reconstrucción se hacía más difícil porque se había perdido también una gran parte importante de la población activa. A todo esto, hay que añadir el pago de las deudas de guerra por parte del régimen de Franco a Alemania e Italia, y la pérdida de 510 toneladas de oro del Banco de España que fueron utilizadas por el Gobierno republicano para pagar el armamento y víveres, procedentes de la URSS, Francia y Méjico.


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Por tanto, el nivel de vida de los españoles descendió bruscamente con

respecto a la época de la República. La situación de penuria, escasez y de hambre de la posguerra, obligó al gobierno a establecer la célebres cartillas de racionamiento, que daban derecho a adquirir semanalmente una determinada cantidad de víveres, por ciudadano. Esto provocó el desarrollo del mercado negro.

Desde el punto de vista político-ideológico, también se producen

importantes transformaciones. El bando vencedor impone sus criterios y su visión del mundo, y celebra la victoria, mientras que el bando vencido sufre la humillación y la persecución. En definitiva, se implanta un sistema dictatorial y falto de libertades democráticas.

2.- Fundamentos sociales e ideológicos del régimen franquista Se ha discutido mucho sobre la naturaleza política del régimen franquista.

Algunos autores lo identifican con los modelos fascistas de entreguerras; otros lo consideran una simple dictadura militar o personal, o bien un régimen autoritario.

J.J. Linz considera al franquismo como un régimen autoritario, alejado de

las democracias, pero también de los regímenes totalitarios, porque existía un pluralismo limitado, y no tenía una ideología elaborada.

J. Tussell cree también que es una dictadura no totalitaria, porque se aleja de

los fascismos. Propone el empleo de término franquismo, debido a que es una dictadura personal, no colectiva de un partido o de un estamento profesional militar. Entre sus rasgos, destaca su pragmatismo, su voluntad de permanencia, su componente militar y católico fundamental, su pluralismo peculiar.

R. Tamames sostiene que Franco ejerció un poder autocrático y omnímodo,

porque las clases e instituciones dominantes de la estructura económica y social delegaron en una sola persona todos los resortes de mando. Según él, la historia política del régimen de Franco es fundamentalmente la de su poder ejecutivo. El protagonismo de Franco se basa en la adhesión de su persona de todo un bloque de fuerzas, de una coalición equivalente a la concentración de toda la derecha tradicional.

Fontana y Payne señalan cómo el régimen intenta adaptarse a las

circunstancias, al menos formalmente, y realiza varios virajes en sus 40 años. Primero, hay un proceso de desfascistización al finalizar la II Guerra Mundial; segundo, un proceso de apertura al mundo en los 50; tercero, una mayor tolerancia a partir de los 60.


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El pensamiento político de Franco no se caracteriza por su complejidad,

sino que se basa en unas cuantas ideas, que tenía muy claras: - Autoritarismo. Obsesión típicamente militar por mantener el orden y la

disciplina. - Patriotismo y exaltado nacionalismo: la unidad de la Patria era

indiscutible; por ello, rechaza cualquier tipo de autonomía o separatismo. - Catolicismo: la religión católica debía impregnar la vida de los españoles.

La fusión del nacionalismo y el catolicismo dio lugar a un régimen nacional-catolicista.

- Modesto imperialismo: se recuerda con nostalgia la España de los Reyes Católicos y de los Austrias Mayores, y se intentan conservar las posesiones norteafricanas.

- Rechazo de la democracia liberal y de sus principios básicos. - Obsesión por reprimir a las fuerzas enemigas de España, sobre todo a la

masonería y el comunismo. El régimen se fundamenta sobre las medidas aprobadas por la Junta de

Defensa Nacional a principios de la guerra, que nombró a Franco Jefe del Gobierno del Estado y Generalísimo de los Ejércitos. Posteriormente, para reforzar su poder asumió el título de Caudillo y la dirección del partido único, el Movimiento Nacional, surgido para eliminar las diferencias entre falangistas y tradicionalistas. Al finalizar el conflicto, Franco conserva todos estos poderes, y establece una dictadura personal, apoyándose sobre la coalición conservadora e informal, que le había aceptado como jefe indiscutible. Franco ejercía un arbitraje sobre esta coalición, y nombraba a los ministros teniendo en cuenta que hubiera representación de las distintas familias del régimen, sobre todo, católicos, falangistas y carlistas.

Dentro del bloque dominante, hay que distinguir entre las instituciones y las

citadas familias. Las instituciones son el Ejército, la Iglesia y la Falange; las familias, los monárquicos, los tecnócratas y los franquistas puros. Cada uno de estos grupos tuvo más o menos peso a lo largo de la dictadura, pero era siempre Franco quien tenía la última palabra.

El Ejército (ya depurado de elementos republicanos) apoyó a Franco

durante toda la dictadura, convirtiéndose en uno de los pilares del régimen. Los militares compartían con Franco su amor a la disciplina y del orden, y su rechazo del comunismo y de las autonomías, defendían la unidad de España. Su misión fundamental era la defensa del país y el mantenimiento del orden institucional. Participa en los Consejos de Ministros controlando los ministerios de Gobernación, Ejército, Marina y Aire, y en las Cortes, y tiene un elevado


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prestigio social. También interviene en la represión política, mediante los Consejos de Guerra.

La Falange proporcionó al régimen algunas ideas y símbolos (el yugo y las

flechas, el saludo con el brazo en alto, etc.) y fue otro de los pilares del régimen. Sin embargo, aunque hubo ministros y altos cargos falangistas (Serrano Súñer, José Antonio Girón, Nemesio Fernández Cuesta, etc.), la Falange nunca llegó a tener la hegemonía en el régimen franquista. Franco controló a la Falange a través del Movimiento Nacional. No obstante, la Falange controló los sindicatos verticales y participó activamente en el régimen a través de las Cortes Orgánicas y el Consejo Nacional del Movimiento.

La Iglesia colaboró con el régimen desde la época de la Guerra Civil. El

Vaticano, pese a la actitud de prudencia inicial, reconoció al régimen franquista en 1938, Franco procuró que la Iglesia participara con intensidad en la vida política y social de la España franquista. Así, la Iglesia participa en la Cortes, ocupa un lugar privilegiado en la enseñanza, y en los gabinetes ministeriales siempre hay ministros procedentes del mundo católico (Educación y Exteriores). Estas buenas relaciones entre la Iglesia y el Estado se plasmó en el Concordato de 1953, mediante el cual, la Iglesia participa en las instituciones políticas (Consejo del Reino y Cortes), y Franco interviene en el nombramiento de obispos (presentando una terna al Papa). Más concretamente, la Iglesia va a participar en la vida política a través de dos organizaciones: la Asociación Católica Nacional de Propagandistas y el Opus Dei. No obstante, a partir del Vaticano II, una parte de la Iglesia comienza a distanciarse del régimen franquista y a hacerse más crítica.

Grupos Sociales: En lo que se refiere a los grupos sociales que apoyaron al

régimen de Franco, hay que aclarar que algunos de esos grupos variaron sus posturas a lo largo del régimen.

Los monárquicos estuvieron en un principio al lado del régimen, y nunca

fueron un grupo de oposición muy combativo. Estaban divididos en donjuanistas y Carlistas. Los donjuanistas, partidarios de Don Juan de Borbón (hijo de Alfonso XIII) esperaban el rápido restablecimiento de la monarquía; sin embargo, cuando observan que Franco pretende perpetuarse en el poder, entonces se distancian del régimen y empiezan a criticarlo. El propio don Juan suscribió el Manifiesto de Lausana en el que reclamaba el restablecimiento de la monarquía constitucional y democrática. Más tarde, una parte de los monárquicos apoyará una futura monarquía, encarnada en la figura de Don Juan Carlos (actual Rey). Por otra parte, estaban los carlistas, que llegaron a ocupar altos cargos y ministerios durante la dictadura. Deseaban que Franco entregase el trono al candidato Javier. Pero las intenciones de Franco eran otras: conceder la Jefatura del Estado al príncipe Juan Carlos, como sucesor a título de rey.


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Los Tecnócratas eran monárquicos franquistas (partidarios de Juan

Carlos), o bien miembros del Opus Dei. Estos últimos llegaron a desempeñar un papel importante en la etapa desarrollista del régimen. En efecto, los tecnócratas del Opus Dei (Ullastres, Navarro Rubio, y sobre todo López Rodó) van a desempeñar un papel fundamental en la vida política española desde finales de los 50 y en los años 60. Contaron con el apoyo de Carrero Blanco y se ocuparon de las carteras económicas, impulsando el Plan de Estabilización y los Planes de Desarrollo. El objetivo era conseguir el bienestar y la modernización, dentro de un régimen autoritario.

Los franquistas puros eran los incondicionales de Franco, al que

consideraban el salvador de la patria. Entre ellos, destacaba el almirante Carrero Blanco, el delfín de Franco (siempre desempeñó altos cargos junto al general: secretario, vicepresidente del Gobierno, y presidente ya en 1973), y se prepararía para sucederle, cuando murió en atentado de ETA (1973). Estos franquistas se oponían a la transición a la democracia, querían perpetuar el régimen de Franco después de su muerte, pero tuvieron que ceder ante la presión de las fuerzas sociales y políticas.

3.- La Autarquía (1939-1953) La política económica del régimen franquista durante su primera etapa fue

de carácter autárquico e intervencionista. El Estado interviene en la economía, para conseguir el autoabastecimiento, controlando la producción, los precios, la distribución y el consumo. Sin embargo, esta política va a encontrar serias dificultades por la falta de materias primas básicas (algodón, petróleo, caucho, abonos, etc.), la coyuntura internacional (II Guerra Mundial y posterior aislamiento), el endeudamiento del Estado, la situación de hambre y miseria de la posguerra, el desarrollo del mercado negro…

Existen varias razones que explican esta política de autarquía del régimen

franquista: - Los precedentes de la época de Primo de Rivera. - La propia ideología nacionalista y exaltada del régimen. - La situación creada por la II Guerra Mundial (escaseaban muchos

productos en los mercados internacionales). - El país estaba destrozado y arruinado. - El régimen fue sometido a un cerco internacional o aislamiento, al

finalizar la II Guerra Mundial, por haber prestado una cierta colaboración al Eje.


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Por tanto, se puede afirmar que la autarquía, por una parte, fue una política basada por el régimen, y por otra, una política impuesta por las circunstancias internacionales.

La política agraria: Dicha política se centró en mejorar la producción, para

combatir el problema del hambre; devolver las tierras expropiadas durante la República y la Guerra Civil a sus antiguos propietarios; y realizar una reforma técnica del campo español. Sin embargo, el problema del hambre no se solucionó debido a la irregularidad de las cosechas por causa de la sequía, de manera, que desde el año 1941-1945 hubo que importar trigo (en una cantidad cinco veces superior a la del período republicano) desde Argentina, país bien relacionado con España.

La intervención del Estado en la agricultura se efectuó a través de varios

organismos: - El Servicio Nacional de Reforma Económica y Social de la Tierra, creado

en - La época de la Guerra, y cuya misión era devolver la tierra a sus antiguos

propietarios (contrarreforma agraria). - El Servicio Nacional del Trigo (1937), que tenía como función aumentar

y controlar la producción de este cereal. - El Instituto Nacional de Colonización (1939), que debía realizar el

asentamiento de colonos en zonas de regadío (convirtiendo tierras de secano). Este organismo instaló a unos 46.000 colonos entre 1939-1962.

- El Servicio Nacional de Concentración Parcelaria (1952), que debía realizar estudios para solucionar el problema del minifundio y procurar la creación de explotaciones más rentables.

- El Patrimonio Forestal del Estado, creado para cuidar los bosques y ocuparse de las repoblaciones forestales.

La Política industrial: Desde 1939, aparecen disposiciones relativas a la

protección de industrias de interés nacional, propias de una economía de guerra, y que pretendían conseguir el autoabastecimiento de España en productos básicos y en armamento. El Estado dirige una política a través del INI (Instituto Nacional de Industria, 1941), que era una especie de holding estatal, que canalizaba las inversiones públicas y privadas hacia los sectores considerados prioritarios. Así, se efectúan inversiones en siderurgia, metalurgia, aluminio, electricidad, carburantes, textil. El INI participa, en el transporte (Iberia y RENFE), en la siderurgia (ENSIDESA) y en el sector eléctrico (ENDESA). Esta política contaba con la dificultad de la escasez de materias primas básicas, la falta de bienes de equipo y de tecnología, la excesiva protección de los precios agrícolas con respecto a los industriales, etc.


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Por otra parte, se fomentó la tendencia al monopolio, a favor del propio Estado o de la gran banca. Se calcula que hasta un 40% del sector industrial estuvo controlado por el Estado, a través de las inversiones públicas.

La Política Comercial: el Estado no sólo controlaba la producción agrícola

e industrial, sino que también intervenía en la distribución, los precios, el consumo. Para ello creó múltiples organismos como la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes, la Fiscalía de Tasas, la Junta Superior de Precios, etc. Estos organismos se encargaban de repartir las materias primas básicas y racionaba los alimentos (cartillas de racionamiento). No obstante esta política dio lugar al desarrollo del mercado negro, puesto que muchos productos escaseaban y alcanzaban un precio muy superior en el mercado negro al marcado oficialmente. Por ello, un producto básico como el trigo se comercializaba en un 30%-50% mediante el estraperlo.

El comercio exterior estaba rígidamente controlado por el Estado, que

intervenía limitando las importaciones, fijando el cambio oficial de la peseta, controlando las divisas, etc. En el contexto de la II Guerra Mundial, la balanza comercial española llegó a ser positiva. Pero después se le impuso a España el cerco internacional y aumentaron las dificultades para el comercio exterior español.

En resumen, el periodo de la autarquía económica fue un periodo de

estancamiento en el que la economía española creció poco: la agricultura sufría el problema de las cosechas irregulares y disponía de un elevado porcentaje de población activa; la industria carecía de materias primas, bienes de equipo, tecnología, y sus índices de producción no prosperaban; el comercio contaba con las dificultades ya citadas: excesivo control público, desarrollo del mercado negro, falta de alimentos, hambre y penuria.

En estas circunstancias, la renta nacional y por habitante disminuyó con

respecto a la época de la República. Además, el estancamiento económico coincidió con un proceso inflacionista, provocado en parte por la colocación de la deuda pública a través de los bancos.

El Gobierno intentó combatir también la penuria y el hambre, mediante una

política social. Así, el ministro falangista José Antonio Girón impulsó medidas como la creación del Seguro Obligatorio de Enfermedad (1943), el Seguro de Vejez, la reglamentación del trabajo, la creación de una magistratura especial para asuntos laborales, la fijación de salarios, etc. No obstante, esta política, inspirada en el Fuero del Trabajo, no alivió demasiado la situación indicada.

4.- La influencia de la coyuntura internacional en los años 40


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En 1939, estalló la II Guerra Mundial, que afectó intensamente a la política española. Efectivamente, este conflicto se produce en un contexto poco favorable para España; el país acababa de salir de su propia contienda y se encontraba completamente arruinado; sin embargo, las potencias del Eje esperaban la colaboración española (Alemania e Italia).

Así, la política exterior de estos años está muy conectada con el conflicto

bélico mundial y sus consecuencias. Al iniciarse la guerra, el régimen franquista mantiene una postura de neutralidad, aunque muestra simpatías hacia Alemania. Cuando en 1940, Italia se incorpora al conflicto y los alemanes invaden Francia, España para a una postura de no beligerancia. Franco y Hitler se entrevistaron en Hendaya, el 23 de octubre de 1940, pero esta entrevista no dio lugar a una nada entrada efectiva de España en el conflicto, puesto que Franco exigía garantías de suministros de materias primas que hasta entonces procedían del Reino Unido y de Estados Unidos, así como demasiadas compensaciones territoriales (territorios norteafricanos), y Hitler sólo ofrecía Gibraltar.

Sin embargo, el ministro español de Exteriores, Serrano Súñer, falangista,

era partidario de intervenir en la guerra, colaborando con las Potencias del Eje (Alemania e Italia), de manera que, al iniciarse la Operación Barbarroja, consiguió el envío de la División Azul (1941) al frente ruso. Se trataba de una división de voluntarios (unos 18.000 hombres, que combatían con uniforme alemán; murieron 6.000), dirigidos por el general Muñoz Grandes y dispuestos a luchar contra el comunismo.

En 1942, Alemania comienza a sufrir derrotas, y EEUU se ha incorporado

al conflicto; entonces, Franco aproxima posturas hacia el bando aliado, aunque manteniendo la amistad con las potencias del Eje. Al mismo tiempo, Serrano Súñer es sustituido por el general Jordana, más partidario de la no intervención en el conflicto. Por ello, la diplomacia española proclama la neutralidad vigilante y se produce la retirada de la División Azul (1943), en 1945 acaba la guerra y se le impone a España el cerco internacional, de manera que el régimen queda aislado. El Estado español no es admitido en la ONU por haber sido instaurado con la ayuda de las potencias del Eje, y la mayoría de los países retiran a sus embajadores de España. Por otra parte, España tampoco se va a beneficiar del Plan Marshall (programa norteamericano para ayudar a la reconstrucción de los países que han participado en la II Guerra Mundial), de manera que su economía no participa del crecimiento que van a experimentar las economías occidentales de la posguerra.

No obstante, esta situación de aislamiento cambiará en el contexto de la

Guerra Fría, ya que España contará con la ayuda de EEUU, para romper el cerco internacional. La política interior también sufre modificaciones de acuerdo con la evolución de la guerra. En los primeros años, existe una gran


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influencia de la Falange en el régimen de legislación laboral y sindicatos verticales (Fuero del Trabajo, marzo de 1938), saludo con el brazo en alto, desfiles, símbolos, etc. Este período de fascistización del régimen es conocido como la época de los Gobiernos Azules (1939-1945), por el predominio de la Falange y los militares en los gabinetes ministeriales. Sin embargo, ya desde 1942, Franco, al observar el futuro incierto de las potencias del Eje, va introduciendo algunas reformas, para mejorar la imagen exterior de España. Por ello, se crean unas Cortes Españolas (17 de Julio de 1942), consideradas como el órgano superior de participación del pueblo español en las tareas del Estado. Estaban constituidas por una sola Cámara, llamada de Procuradores. Sin embargo, estas Cortes no eran realmente democráticas, porque su composición estaba controlada por el Poder Ejecutivo y tenían un carácter consultivo. Este mismo año, aprovechando las tensiones entre falangistas y monárquicos (atentado de Begoña), efectúa una remodelación ministerial, destituyendo al falangista Serrano Súñer y al carlista General Varela.

En 1945, el régimen, al finalizar la II Guerra Mundial, se encuentra en una

situación difícil. Por un lado, la ONU le impone el aislamiento; por otro, don Juan en su manifiesto de Lausana (Suiza) pedía el restablecimiento de la monarquía constitucional y democrática, al tiempo que los comunistas emprenden la invasión guerrillera por el Valle de Arán y el maquis se mantiene en diversas zonas montañosas del país. El régimen reacciona enviando al Ejército y a la Guardia Civil contra los guerrilleros, y convocando grandes manifestaciones a favor de Franco. Además, efectúa cambios institucionales con el fin de ganar simpatías en el exterior. Así, se forma un nuevo gobierno (Gobierno de la Autarquía 1945-1951), en el que la principal novedad es la ausencia de los monárquicos y el control de las carteras de Exteriores y Educación por los católicos (Acción Católica), aunque la Falange sigue ocupando carteras importantes (Trabajo y Justicia). Se concede amnistía política imparcial y se procede a una desfascistización en las formas. Entre las leyes aprobadas en estos años destacan:

- El Fuero de los Españoles (1945): pretendía ser como una Constitución,

ya que reconocía los derechos y deberes de los españoles. Sin embargo, en el artículo 12, se reconocía la libertad de expresión, siempre que no atentara contra los principios fundamentales del Estado. Así, el Gobierno podía suspender total o parcialmente esos derechos mediante decretos sin contar con las Cortes.

- Ley de Administración Local, en la que se reconocía la elección de concejales, pero mediante un sistema corporativo a través de los cabezas de familia, sindicatos y asociaciones familiares.

- Ley de Enseñanza Primaria, inspirada en la doctrina católica. - Ley del referéndum, para consultar al pueblo en cuestiones importantes

(votarían los ciudadanos mayores de 21 años); y una nueva Ley electoral


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para las Cortes corporativas (se amplía la representación de las diputaciones, Canarias y los colegios profesionales).

- Ley de Sucesión (1947), para determinar la forma del Estado tras la muerte de Franco. Se aplicó por primera vez el referéndum y se declaró a España como un Estado social, representativo, y constituido como Reino (Franco tenía derecho a elegir a su sucesor real con la aprobación de las Cortes). Además, se crean el Consejo del Reino (asesora al Jefe del Estado) y un Consejo de Regencia (asume la jefatura del Estado en caso de vacante). Tras la protesta de don Juan de Borbón, se produce un encuentro entre éste y Franco (1948) y ambos acuerdan que el príncipe Juan Carlos sea educado en España.

Aunque el régimen intentó adoptar un ropaje democrático, seguía siendo

una dictadura, ya que el Jefe del Estado ostentaba todos los poderes de forma vitalicia, se mantenía la censura, no había libertad de asociación, etc.

5.- El fin del aislamiento. El Plan de Estabilización y el crecimiento

económico de los años 60. En los años 50, el régimen de Franco va a ser reconocido internacionalmente

gracias a la ayuda de EEUU, que estaba en plena Guerra Fría con la URSS. Los dirigentes norteamericanos consideraban que Franco podía ser un buen aliado en la lucha contra el comunismo. Entonces, con la colaboración de los EEUU, España va ingresando en diversos organismos internacionales:

- 1950: en la FAO. - 1951: en la OMS. - 1953: en la UNESCO. - 1953: Se firma el Concordato con la Santa Sede, mediante el que se

estrechan las relaciones Iglesia-Estado (Franco interviene en el nombramiento de obispos, presentando la terna al Papa, y la Iglesia participa en las Cortes y en el Consejo del Reino). Este mismo año, EEUU y España firman acuerdos de colaboración, que permiten la creación de las bases militares norteamericanas de Rota, Torrejón de Ardoz, Morón y Zaragoza (bases de utilización conjunta). A cambio, España recibe ayuda militar y económica y el respaldo internacional para el régimen de Franco.

- 1955: España ingresa en la ONU, que le retira el veto internacional. Esta política de apertura al exterior, es conducida por el Gobierno Bisagra de 1951-1957, en el que ya ocupaba el cargo de Secretario del Consejo de Ministros Carrero Blanco, hombre de confianza de Franco. Además, se efectúan diversas remodelaciones ministeriales, pero los falangistas siguen controlando un buen número de carteras ministeriales (Trabajo, Agricultura, Obras Públicas, y las recién creadas de Información y


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Turismo, y FET): los militares conservan sus ministerios tradicionales, y el resto de las carteras se las reparten los técnicos y los católicos destacando el nombramiento del liberal-católico Ruiz Giménez, al frente de Educación. Entre los acontecimientos de estos años, destacan la crisis estudiantil de 1956 y la independencia de Marruecos (del mismo año). La crisis estudiantil estuvo provocada por el monopolio de representación del SEU (Sindicato Español Universitario, controlado por la Falange) y el nuevo clima aperturista. Franco destituyó a los dos ministros. La independencia de Marruecos se produce como consecuencia del reconocimiento de la independencia de este país por parte de Francia en 1956, sin consultar con España. Entonces, Franco decide también retirarse definitivamente de los territorios del protectorado y reconoce a Mohamed V como rey de Marruecos. Por otra parte, al finalizar el aislamiento, la economía española empieza a relacionarse con otras economías (en 1951, se aprueban medidas parcialmente liberalizadoras), produciéndose fuertes desequilibrios, debido a problemas estructurales. Además de los efectos positivos de la ayuda norteamericana también pasaron rápidamente, y en 1956 hubo malas cosechas como consecuencia de la pertinaz sequía. Entonces aparecen la inflación y el paro que desencadenó huelgas en Madrid y Barcelona en 1957. En este contexto, se efectúa una nueva remodelación ministerial y se aprueban medidas liberalizadoras.

En efecto, en Gobierno de 1957 se caracteriza por la pérdida de poder de la

Falange y la llegada al poder de miembros del Opus Dei, que van a ocupar las carteras de Hacienda (Mariano Navarro Rubio) y de Comercio (Alberto Ullastres); y van a tener un importante apoyo de Carrero Blanco (Laureano López Rodó, también del Opus, se convierte en el principal consejero del almirante).

El nuevo gobierno promulgó la Ley de Principios Fundamentales del

Movimiento Nacional, que vuelve a insistir en que los cauces de participación de los españoles siguen siendo el municipio, la familia y el sindicato. Por otra parte, no se hace referencia a la Falange y sí a la Comunión que representa para todos los españoles el Movimiento. El juramento de esta ley era obligatorio para desempeñar los cargos públicos.

Sin embargo, la actuación más importante de este gobierno fue la

aprobación del Plan de Estabilización (1959), que era un plan de ajuste de la economía española, para adaptarla a la economía internacional; pretendía estabilizar los precios, relanzar la industria y controlar el fuerte déficit de la balanza de pagos. El Plan de Estabilización fue obra de los tecnócratas del Opus Dei (Ullastres, Navarro Rubio y López Rodó) y contó con la ayuda de organismos internacionales (FMI) y de EEUU, que aportaron 544 millones de


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dólares. Este plan de ajuste tuvo una doble dirección, ya que se tomaron medidas para sanear la economía interior y también para mejorar su competitividad e integración de cara al exterior.

Medidas para mejorar la economía interior: - Se liberalizan los precios. - Se suprimen los órganos interventores. - Se limitan los créditos a la banca privada. - Se recorta el gasto público. - Se suben los impuestos sobre la gasolina y el tabaco. - Se efectúa una reforma agraria. Medidas para favorecer el sector exterior: - Se rebajan progresivamente los impuestos aduaneros. - Se aprueba una ley sobre inversiones extranjeras. - Se liberalizan las importaciones de capitales públicos y privados. - Se devalúa la peseta de 40 a 60 ptas. por dólar (de manera que mejoran

la competitividad de los productos españoles y entran más divisas por el turismo).

Estas medidas rompen definitivamente con el modelo autárquico y tienen

efectos económicos positivos: mejora de la balanza de pagos, equilibrio presupuestario, acumulación de divisas, aumento de los beneficios bancarios. Sin embargo, a corto plazo, tuvieron también efectos sociales negativos, ya que la deflación aumentó el paro y la emigración, y los salarios reales perdieron hasta un 50% de su capacidad adquisitiva. Con todo, el Plan de Estabilización permitió crear unas sólidas bases de despegue de la economía nacional (take off); así, desde finales de 1960 ya se empiezan a notar los efectos positivos, iniciándose una etapa de fuerte crecimiento de la economía española, que dura hasta 1973.

Este crecimiento va a permitir que España se convierta en un país

desarrollado (desde 1965). Por los años 60, la economía española creció a ritmos muy elevados: más del 12% anual entre 1961-64 y más del 7,8% entre 1965-71, siendo éste último crecimiento más elevado que países como Gran Bretaña y Alemania. Los motores de este desarrollo económico fueron los siguientes:

- El Turismo: la devaluación de la peseta convirtió a España en un país

barato. Además, España ofrecía un gran atractivo para los turistas: sol, playa, monumentos, folklore, etc., entonces, el turismo crece de tal manera que los turistas pasan de 7 millones en 1961 a 24 millones en 1970. Las divisas aportadas por el turismo eran muy necesarias para equilibrar la balanza comercial, claramente deficitaria (el valor de las importaciones duplicaba al de las exportaciones). Los turistas, además,


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contribuyeron a difundir nuevas ideas y formas de vida. Sin embargo, el turismo también tuvo sus aspectos negativos, como la creación de empleo estacional o las destrucciones medioambientales.

- Las remesas de los emigrantes: a partir del Plan de Estabilización, muchos españoles comenzaron a emigrar al extranjero en busca de trabajo. La economía de los países occidentales estaba en fase expansiva y necesitaba mano de obra, lo que facilitó la emigración. En los años 60, más de 100.000 españoles salían cada año para trabajar en países como Francia, Alemania, Suiza, Países Bajos, Bélgica y Reino Unido. Por tanto, la emigración en esta década superó el millón de españoles. Las comunidades más afectadas por la emigración fueron Andalucía, Galicia, Castilla-León, Valencia y Extremadura. Las divisas o remesas enviadas por los emigrantes también contribuyeron decisivamente al desarrollo económico de los 60. además, estos españoles contribuyeron a disminuir la tasa de paro en España y a elevar indirectamente los salarios rurales.

- Las inversiones extranjeras: el Plan de Estabilización facilitó las inversiones extranjeras en España, que crecieron de manera considerable entre 1960-1973, pasando de 100 millones de dólares a 600 millones. Los inversores extranjeros consideraban a España un país seguro, con mano de obra barata y en expansión económica; por ello, veían una buena ocasión de realizar beneficios. Los inversores norteamericanos, británicos, franceses, alemanes, etc., invirtieron parte de sus capitales en actividades como el comercio, la industria química y la alimentación. Estas inversiones favorecen el crecimiento económico y la entrada de nuevas tecnologías.

- Los Planes de Desarrollo fueron planes económicos de los tecnócratas del Opus Dei, que tenían como objetivo orientar y estimular el desarrollo industrial del país. Los dirigentes del régimen consideraban que estos planes fueron los causantes del milagro económico español. Sin embargo, muchos estudiosos afirman que el desarrollo había comenzado ya antes de la implantación del primer plan (1963). Lo cierto es que los planes (1963-67, 1968-71, 1972-75) crearon un marco económico favorable a los negocios y permitieron el desarrollo de ciudades como Huelva, Valladolid, Burgos, Vigo, etc., y se conocían como los polos de desarrollo, donde el Estado favorecía el desarrollo industrial de determinadas zonas del país, para corregir los desequilibrios con respecto a otras zonas más desarrolladas.

Debido a todos estos factores, la economía del país creció hasta el extremo

de situar a España entre los 10 o 12 primeros países del mundo. La estructura de nuestro comercio exterior también se modificó: si en 1960 España exportaba sobre todo materias primas y productos agrícolas, en 1970, cobran más peso los bienes de equipo y de consumo. Paralelamente, creció la renta nacional per cápita, que pasó de unas 31.000 pesetas en 1960 a 98.000 en 1973.


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Sin embargo, la economía española de este período también padecía algunos

problemas como la falta de una reforma fiscal adecuada, el INI se estaba convirtiendo en una carga para el Estado, la agricultura progresaba muy lentamente, la dependencia tecnológica extranjera y la escasa inversión en investigación, la falta de fuentes de energía (sobre todo petróleo), no se lograba el pleno empleo pese a la emigración de españoles al extranjero, los desequilibrios regionales, la inflación, etc.

- Evolución de la agricultura: - Los planes de desarrollo se preocuparon sobre todo de potenciar la

industria, pero no se cuidó tanto la agricultura. El primer plan preveía unos índices de mecanización y abonado que no se cumplieron. También avanzaban lentamente las colonizaciones y la concentración parcelaria. No obstante, el éxodo rural y la emigración al extranjero van a propiciar indirectamente las transformaciones en la agricultura. En efecto, al quedar menos mano de obra en el campo, tiende a subir los salarios rurales, que eran muy bajos; además, muchos propietarios empiezan a mecanizar las tareas agrícolas; y las explotaciones menos rentables y las pequeñas propiedades, en algunos casos, tienden a desaparecer. No durante la década de los 60, con respecto a períodos anteriores: una minoría de grandes propietarios conserva la propiedad sobre la mitad del suelo nacional. De todas formas, la agricultura española fue creciendo aunque muy lentamente. En 1973, España era autosuficiente en productos básicos.

6.- Las transformaciones sociales Las transformaciones económicas de los años 60 estuvieron acompañadas

también de cambios sociales. Estos cambios están en relación con la industrialización, el incremento de la renta, el desarrollo del turismo, la elevación del nivel cultural, la influencia de los medios de comunicación de masas, etc.

Todos estos factores intervienen en el paso de una sociedad rural,

tradicional, estática, conservadora, sumisa y con baja capacidad de consumo, a una sociedad urbana, abierta, dinámica, crítica y con un espíritu más consumista. Esto se observa también al analizar la estructura de la familia tradicional, más amplia en efectivos, que la nueva familia, que tiende a ser de tipo nuclear. Además, la mujer empieza a incorporarse al mundo laboral, lo que conlleva cambios en las relaciones familiares.


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Por otro lado, la mayoría de la sociedad se sigue reconociendo católica, pero se tiende a abandonar muchos preceptos y valores religiosos, de manera que la Iglesia va perdiendo influencia social.

La modernización de la sociedad española se plasma de la siguiente manera: - Se produce un considerable aumento demográfico, ya que la población

en los años 60 pasó de 30 a 33 millones de habitantes. Este aumento poblacional se debe a la etapa del baby boom, al desarrollo económico, a la política pronatalista y a la diferencia de la tasa de natalidad (18 y el 21 por mil) y la tasa de mortalidad (entre el 8 y el 9 por mil), que permitió una tasa de crecimiento en torno al 12-13 por mil.

- Hay importantes movimientos de población tanto internos como externos. Los movimientos externos se dirigieron a Europa (1´5 millones de españoles entre 1960-75). Los movimientos internos son el éxodo rural y la emigración desde las zonas del interior hacia la periferia. Se calcula que unos 4 millones de habitantes cambiaron de domicilio en estos años. Como consecuencia de estos movimientos internos, las ciudades crecieron de forma rápida, a veces sin un desarrollo adecuado de sus infraestructuras. Al mismo tiempo, la redistribución de la población provocó el crecimiento de la periferia peninsular y de Madrid, mientras que muchas zonas del interior quedaban vacías.

- El consumismo: El crecimiento de la renta de los españoles permitió un aumento de la capacidad de consumo, del nivel de vida. A este periodo se le conoce como la Era del Seiscientos, auténtico símbolo de esta época. Muchas familias pueden acceder, por primera vez, a la compra de electrodomésticos, automóvil, el piso a plazos, etc.

- Transformaciones en la estructura social. Estas transformaciones se constatan al analizar los datos de la población activa y su evolución. Así, entre 1960-1975, la población activa del sector primario bajó del 42% al 22%; en cambio, aumentó en el sector secundario (del 28% al 38%) y en el terciario (del 30% al 40%). Estos datos revelan claramente el fenómeno del éxodo rural, el crecimiento urbano y el desarrollo de la industria y del sector servicios.

- En la primera etapa del franquismo, los grupos sociales con más poder eran los terratenientes, los nobles, los banqueros, los empresarios y los nuevos ricos. Por debajo, se encontraban, médicos, ingenieros, abogados, jueces, notarios, etc., que formaban el estrato superior de las clases medias. Todos ellos formaban parte de las clases dirigentes y tenían un buen nivel de vida.

- Con los cambios de los años 60, el grupo que más se beneficia es el de las llamadas clases medias, que duplicaron sus efectivos con respecto a los años 50. Dentro de las clases medias estaban los funcionarios, los oficinistas, los técnicos medios, los profesores, los pequeños


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comerciantes, etc. Dentro de este sector social se extienden rápidamente las nuevas ideas y formas de vida y se adoptan actitudes más críticas ante la vida.

- Las clases trabajadoras se caracterizan por su variedad. En general., los salarios de los trabajadores urbanos eran más elevados que los del campo. Al mismo tiempo había diferencias entre las zonas desarrolladas y las zonas deprimidas y entre los obreros especializados y los peones. Desde 1963-64, las huelgas de los trabajadores empiezan a ser más frecuentes, y hay una mayor tolerancia por parte de las autoridades. Muchos obreros empiezan a organizarse al margen del sindicato vertical (por esta época nace CC.OO). En general, la oposición al franquismo aumenta nuevamente a partir de los 60.

A pesar de estos cambios, existían fuertes desequilibrios entre ricos y pobres.

Así, al terminar la época de Franco (1975), el 1,2% de la población poseía más de un 22% de la riqueza nacional, mientras que el 52% poseía el 21%.

7.- Implicaciones políticas de los cambios socio-económicos Los cambios socioeconómicos de los 60 influyeron de manera importante

en la vida política del país. Dentro del régimen, se producen tensiones entre los partidarios del reformismo y los continuistas. Se practicó finalmente, una política de tímidas reformas, buscando un cambio de imagen, pero en realidad la estructura política del franquismo se mantenía intacta. Entretanto, la oposición se desarrollaba en diversos frentes (obreros, estudiantes, intelectuales, activistas, católicos, sindicatos y partidos clandestinos, etc.), y crecía la oleada reivindicativa.

Los gobiernos de 1962 y 1965, presentaban un mayor número de

tecnócratas, pero el régimen seguía actuando con dureza ante las huelgas (minería asturiana, 1963) o ante los delitos políticos (creación del Tribunal del Orden Público, 1963).

Entre las principales leyes de este periodo, destacan: - La Ley de Prensa (1966). Fue una Ley de cierto carácter liberal en un

régimen autoritario. Fue creada por el ministro Manuel Fraga (cartera de Información y Turismo). La ley de prensa suprimía la censura previa, aunque se mantenían unas altas posibilidades de sanción con la finalidad de proteger al Gobierno o a la Iglesia. No obstante, esta ley permitió el aumento de publicaciones periodísticas, de revistas, de libros, etc. También hay una mayor tolerancia en teatro y cine. De esta manera se fueron introduciendo en España nuevas ideas y formas de vida.


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- La Ley Orgánica del Estado (1966) LOE. Se trataba en realidad de un conjunto de leyes fundamentales del régimen. Eran 6 leyes de época anterior que se presentaban con una nueva redacción, eliminando términos autoritarios y fascistas. Según, esta ley, se separaba la jefatura del Gobierno de la del Estado. Sin embargo, nadie ocupaba la Jefatura del Gobierno (en 1967) se nombró vicepresidente del gobierno al almirante Carrero Blanco, y en 1973, llegó a alcanzar la presidencia.

- La Ley Orgánica insistía nuevamente en el concepto de democracia orgánica, como sistema de participación basado no en el individuo, sino en entidades naturales como la familia, el sindicato y el municipio. Así, se aumentó el número de procuradores de las Cortes, que pasaron de 460 a 568.

Pese a estos intentos tímidos de reformas, el régimen seguía basado en el

sistema del partido único: el Movimiento Nacional controlaba gran parte de los cargos importantes del país, y frenaba los intentos reformistas.

En 1969, Franco, se decidió por fin a reconocer a Juan Carlos como su

sucesor en la Jefatura del Estado a Título de Rey. Juan Carlos recibió la noticia por sorpresa y no tuvo tiempo de dialogar con su padre.

Paralelamente a todos estos tímidos intentos de reformas, sigue aumentando

la oposición al régimen de Franco, tanto en su vertiente pacífica como en la violenta protagonizada por la banda terrorista ETA, cuyo primer atentado se produjo en 1968.

En política exterior, hay que destacar el acercamiento a Europa,

obstaculizado por las fuerzas democráticas (Congreso de Munich, 1962), que exigían como condición previa la legitimidad democrática; el cierre de la verja de Gibraltar (1965); la descolonización e independencia de Guinea (1968) y la cesión de Ifni a Marruecos en 1969.

En el tardofranquismo (1969-75), los acontecimientos más destacables son: - El escándalo financiero Matesa (se realizaban préstamos a una empresa

que exportaba maquinaria textil, beneficiándose de ello altos cargos de la administración), que provocó un nuevo cambio en el gobierno en 1969, reforzándose los tecnócratas.

- El nombramiento de Carrero Blanco como Presidente del Gobierno, en mayo de 1973, ante el deterioro de la salud de Franco. El almirante debía asegurar la transición hacia la monarquía del 18 de Julio, sin embargo, fue asesinado por ETA en diciembre de ese mismo año.

- El inicio de la crisis de 1973 o crisis del petróleo que tendrán importantes repercusiones en España.


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- El Gobierno de Arias Navarro (enero de 1974) que anunciaba grandes cambios que no llegaron a materializarse. Es más, los atentados violentos, la presión de la oposición democrática y la Revolución de los Claveles en Portugal (abril 1974) provocan la reacción en contra de la supuesta apertura política.

- El año de la muerte de Franco, en el que concurren diversas circunstancias: el incremento de la violencia de ETA y el Proceso de Burgos (cinco condenados a muerte, muy criticadas internacionalmente); la ofensiva de Hassán II de Marruecos por hacerse con el Sáhara español (La Marcha Verde); el estado terminal de Franco; la presión de las fuerzas sociales y políticas; el telón de fondo de la crisis del petróleo, etc.

Franco Murió el 20 de noviembre de 1975. En su testamento político

reiteraba las ideas básicas que habían sido la esencia de su régimen desde 1939; el catolicismo como base del ideario político, el patriotismo, el autoritarismo, el rechazo de las ideas de democracia y libertad, la identificación plena entre España y su figura. Con la muerte de Franco, acabó la dictadura más larga de España, y el país se abría a un destino incierto. Sin embargo, el régimen político del franquismo desapareció con una sorprendente rapidez. Los partidos políticos que se presentaron a las primeras elecciones explícitamente como herederos de la herencia franquista apenas obtuvieron diputados. La oposición franquista fracasó. Hay que destacar el esfuerzo de las mujeres y los hombres de la oposición, que llevaron a buen puerto la transición democrática de España, recuperando después de casi cuarenta años la democracia.


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LA ESPAÑA ACTUAL: EL PROCESO DE TRANSICIÓN A LA

DEMOCRACIA Y A LA CONSTITUCIÓN DE 1978. LOS GOBIERNOS DEMOCRÁTICOS (1979-2000).

I.- Introducción

El 20 de noviembre de 1975 moría el general Franco, que había gobernado

España de manera dictatorial durante treinta y seis años. En la escena política y en la opinión pública aparecían diferentes bloques:

por un lado, la oposición democrática, que buscaba la ruptura con el régimen anterior y seguía en la ilegalidad y en la clandestinidad; por otro, dentro del franquismo figuraban los partidarios de que el nuevo rey, Juan Carlos, mantuviera la dictadura como heredero del régimen franquista: eran los continuistas, denominados el búnker. Junto a estos, dentro de la Administración y la clase política del franquismo aparecían grupos reformistas o evolucionistas, partidarios de reformas y de la concesión lenta de libertades ciudadanas.

El paso de un régimen autoritario a otro democrático, conocido como

transición democrática, se produjo por la vía del pacto, la tolerancia y la reconciliación. La aprobación en referéndum de la Constitución de 1978 dotó a España de un sistema democrático con la Monarquía parlamentaria como forma de gobierno. A partir de aquel momento se iniciaba uno de los períodos de libertad y de democracia más largos e intensos de la historia contemporánea española.

1.- El primer gobierno de la Monarquía: La continuidad de la

Dictadura sin Franco (noviembre de 1975 – julio de 1976) Dos días después de la muerte de Franco, Juan Carlos fue coronado rey.

Tanto su discurso como el del cardenal Tarancón, oficiante de la ceremonia, incluían palabras de apertura y reconciliación que podían presagiar voluntad de profundos cambios políticos. El primer gobierno de la monarquía, sin embargo, continuó presidido por Carlos Arias Navarro, si bien se incorporaron algunos políticos franquistas, como Manuel Fraga y José María de Areilza, que propugnaban la evolución de la dictadura hacia un régimen más o menos democrático. El Gobierno inició una tímida apertura que supuso la legalización de las llamadas asociaciones políticas, que debían reunir algunos requisitos, como, por ejemplo, aceptar las leyes políticas.

Los principales partidos democráticos de izquierda, algunos tolerados por el

Gobierno, reclamaban una ruptura política con el régimen franquista y con el gobierno continuista de Carlos Arias Navarro. Esos partidos, que inicialmente


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no aceptaban el nuevo régimen monárquico, exigían la libertad para todos los presos políticos encarcelados por sus ideas o actividades políticas contra la dictadura y el retorno de los exiliados, reclamaban libertades políticas y sindicales, y pedían elecciones libres. En Cataluña y el País Vasco se pretendía, además, el reconocimiento de los estatutos de autonomía abolidos por el bando ganador de la Guerra Civil.

La mayoría de las organizaciones de izquierda se habían agrupado en dos

plataformas: la Junta Democrática, fundada en 1974 por el PCE, liderado por Santiago Carrillo y la Plataforma de Coordinación Democrática, organizada alrededor del PSOE en 1975, dirigido por Felipe González. En 1976, muerto el dictador, estas dos plataformas se unificaron, pasando a denominarse Coordinación Democrática, y popularmente conocida como la Platajunta.

En los primeros meses de 1976 se produjeron numerosas manifestaciones

en demanda de libertad política y mejoras sociales, a lo que el gobierno respondió endureciendo la represión a cotas máximas.

Adolfo Suárez y la Ley de Reforma Política En julio de 1976, Arias Navarro presentó su dimisión al rey, cuando

comprobó que no contaba con su apoyo. Este de manera imprevista, nombró Jefe de Gobierno a Adolfo Suárez, uno de los ministros de Arias Navarro, que ocupaba la Secretaría General del Movimiento. Se trataba de un político joven, con gran experiencia en las instituciones del régimen, especialmente bien relacionado desde su etapa como director general de RTVE.

La elección de Adolfo Suárez para formar gobierno fue recibida con

reticencias por la opinión pública nacional y extranjera. La oposición sentía desconfianza por su trayectoria política en la dictadura, durante la que ocupó varios cargos; entre los franquistas más radicales despertaba recelo porque veían en él un personaje demasiado contemporizador y poco fiel a los principios en los que se había basado la dictadura del general Franco.

Suárez formó gobierno con personas jóvenes, que provenían en su mayor

parte de los cuadros secundarios del régimen franquista. También se rodeó de personas procedentes de los sectores democratacristianos, que habían manifestado el deseo de una reforma del régimen. Eran políticos que habían comprendido la imposibilidad de un régimen franquista sin Franco y que pretendían una salida pacífica de la situación. Algunos de ellos habían influido en el gobierno anterior para evitar la radicalización de la represión que en algunos momentos parecía querer imponer Arias Navarro. Además, estaban dispuestos a dialogar y a negociar con la oposición, que, aunque era ilegal, aparecía en actos públicos y difundía comunicados de prensa.


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El punto principal del programa del nuevo gobierno fue la preparación de un referéndum por el que la población tenía que dar el visto bueno a una ley para reformar el sistema político heredado de la dictadura franquista.

La Ley de Reforma Política, que preveía la celebración de elecciones

generales con sufragio universal directo, fue propuesta a las Cortes franquistas por el gobierno de Suárez y aprobada con escasa oposición. Después se sometió a votación popular el 15 de diciembre de 1976. A pesar de la campaña en contra de la oposición, que proponía la abstención, y de los franquistas, que pedían el voto negativo, hubo un alto porcentaje de participación (77%) y un número elevadísimo de votos afirmativos (94%). Los votos en contra no llegaron al 30%, lo que parecía indicar un deseo de cambio general en el país. Esta Ley se puede considerar la frontera entre el régimen franquista y la nueva etapa que permitía el establecimiento de un sistema plenamente democrático en España. A los pocos días de aprobada la Ley, Suárez decretó la supresión del Tribunal del Orden Público y comenzó el desmantelamiento de las instituciones del Movimiento Nacional.

2.- Un año clave: 1977. Las Primeras Elecciones Democráticas La difícil situación que vivió el país en los primeros meses de 1977 puso en

peligro la transición a la democracia. Así, grupos extremistas iniciaron una campaña de desestabilización del nuevo régimen. La extrema derecha asesinó en enero a cinco abogados laboralistas vinculados al PCE al Sindicato de CC.OO., en lo que pasó a la historia como la matanza de Atocha. Las manifestaciones por la muerte de estos abogados fueron multitudinarias y permitieron la salida masiva a la luz pública de la organización del Partido Comunista. Esos grupos de ultraderecha, que se presentaban como Guerrilleros de Cristo Rey, estaban financiados por funcionarios franquistas y contaban con la permisividad de un sector de la policía en sus continuos atentados contra librerías y contra instituciones sociales que se habían manifestado a favor de un sistema democrático y autonomista, recurriendo a veces al asesinato de militantes antifascistas. En el otro extremo del arco político, tanto ETA como los GRAPO secuestraron a militares y asesinaron a miembros de la policía y de las instituciones del Estado. El Gobierno intentó salvar la situación y no se dejó arrastrar por las provocaciones del terrorismo extremista.

El Gobierno de Suárez toleró la celebración de un Congreso del PSOE en

diciembre de 1976 y legalizó de hecho a los sindicatos UGT y CC.OO. Solo quedaba un obstáculo, la legalización del Partido Comunista de España (PCE), liderado por Santiago Carrillo, quien había entrado clandestinamente en España y había sido detenido tras haberse presentado a la prensa. El Gobierno no estaba por la labor de su legalización por temor a una reacción del Ejército y de los políticos franquistas. Pero al final, a pesar de las fuertes presiones en contra


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por parte de los militares, Adolfo Suárez tomó la decisión personal de declarar legal al PCE. Los comunistas, por su parte, moderaron sus posiciones y aceptaron la reforma aprobada en el referéndum e incluso la institución monárquica y la bandera bicolor, renunciando a la enseña histórica republicana.

En octubre de 1977 tuvo lugar la concesión de la amnistía definitiva de

presos políticos y exiliados. Un claro ejemplo, fue el regreso de Dolores Ibárruri, Pasionaria, exiliada largos años en Moscú, tenían un papel simbólico fundamental en la nueva situación predemocrática.

En junio de 1977 se celebraron en España las primeras elecciones libres

desde junio de 1936. Antes se habían constituido dos coaliciones políticas importantes: Suárez había creado la UCD, una coalición que incluía quince grupos diferentes de centro (democristianos, socialdemócratas y evolucionistas del régimen franquista); Manuel Fraga, antiguo ministro de Franco, había fundado Alianza Popular, que incorporaba diversas personalidades y formaciones del franquismo posibilista.

Ente estas dos coaliciones, se situaban los partidos históricos: el PSOE y el

PCE, además de contar con una larga lista de grupos que, bien fueron literalmente barridos en las urnas, bien se integraron en las formaciones políticas de mayor dimensión.

Los grupos nacionalistas obtuvieron importantes resultados. En el País

Vasco, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) fue el más votado y EE (Euskadiko Ezquerra) consiguió un diputado. En Cataluña, el Pacte Democràtic per Catalunya fue la segunda formación más votada tras el PSC. Por último, la extrema derecha, representada por el partido Fuerza Nueva, se presentó sin éxito a los comicios.

Las elecciones de 1977 dieron el triunfo a los partidos que utilizaron un

lenguaje moderado y que no se mostraron radicales. La UCD, que se configuró como coalición de centroderecha, ganó seguida del PSOE.

Los Acuerdos Sociales: Los Pactos de la Moncloa La situación económica y social de España era muy delicada desde la mitad

de la década de 1970. La crisis general del capitalismo occidental a partir del año 1973 estaba generando un estancamiento económico, acompañado de una fuerte inflación, en todas las economías de Occidente. Las consecuencias fueron especialmente graves en España: descenso de la producción, aumento de precios y crecimiento del desempleo.

La economía española, más débil y con una gran intervención del Estado, era menos competitiva y necesitaba un reajuste importante; pero la situación


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política no había permitido realizar las reformas necesarias que otros países comenzaron en 1973.

La conflictividad laboral, con un trasfondo político en los primeros años de

la transición, no solo no había acabado, sino que había aumentado. En 1977, la inflación rozaba el 30%, el paro no paraba de crecer y la inversión en los sectores productivos era muy escasa; además, había fugas de capitales y desconfianza general en la marcha de la economía. La prioridad del gobierno de Suárez era conseguir el paso del régimen dictatorial al democrático, y no se habían tomado las medidas sociales y económicas para combatir la crisis económica internacional que afectaba a todos los países occidentales.

Era necesario reducir la conflictividad laboral y acordar las medidas

necesarias para parar la inflación. Los grupos políticos, las organizaciones sindicales y patronales y el Gobierno firmaron, el 27 de octubre de 1977, los llamados Pactos de la Moncloa, por los que se acordaba reducir la conflictividad laboral, se aceptaba que los aumentos salariales no fueran superiores a la inflación y, como contrapartida, que el Gobierno elaborase un plan de ampliación de servicios sociales en el que se diera prioridad a la construcción de escuelas y a la realización de diversas inversiones públicas, así como plantear una reforma fiscal moderna. Los efectos de este primer pacto social de la democracia fueron inmediatos y en 1978 se había reducido la inflación en diez puntos, aunque el paro continuaba creciendo debido al cierre de empresas.

3.- La Constitución de 1978 En la redacción de la Constitución, que tenía que establecer las reglas del

juego en el nuevo sistema democrático, intervinieron representantes de los principales grupos del Congreso de los Diputados, con tres diputados centristas, uno socialista, uno comunista, uno nacionalista y otro de Alianza Popular. La comisión de los padres de la Constitución integraba desde la derecha procedente del franquismo (Fraga) a la izquierda comunista de Solé Tura.

El primer borrador quedó listo en noviembre de 1977 y fue fruto de un

ejercicio político de comprensión y de generosidad por parte de todos los partidos. El 31 de octubre de 1978; la propuesta fue votada favorablemente por la mayoría de los diputados y de los senadores. Poco después, el 6 de diciembre de 1978, se aprobó en referéndum con casi el 88% de votos afirmativos y un 8% negativo. El 27 de diciembre, el rey juraba la Constitución en una sesión conjunta del Congreso de los Diputados y del Senado. España pasaba a ser una monarquía parlamentaria con un sistema plenamente democrático.

Los principales acuerdos recogidos en la Constitución de 1978


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La Constitución fue, por tanto, fruto del consenso, palabra que presidiría las cuestiones fundamentales de los primeros años de la vida democrática: la izquierda renunciaba al carácter republicano del Estado, la derecha admitía el pleno juego democrático y la existencia de autonomías, los nacionalistas catalanes aceptaban el término de nación española a cambio de que se reconociera el de nacionalidad para Cataluña, etc. Pero el PNV no aceptó la Constitución porque afirmaba la unidad indisoluble de la nación española y propuso la abstención en el referéndum, aunque después la acató públicamente como hecho democrático. Por su parte, la izquierda abertzale propugnó el voto negativo.

La Constitución de 1978 consta de tres partes: en la primera, dogmática, se

establecen los primeros básicos, los derechos fundamentales, los principios de política social y económica, las garantías de los derechos y los mecanismos de su suspensión; en la segunda, orgánica, se desarrollan las funciones y los mecanismos de los poderes fundamentales (legislativo, ejecutivo y judicial), junto a las cuestiones fiscales, de organización territorial del Estado y del Tribunal Constitucional; la última parte se dedica al sistema mediante el que se pueden introducir reformas, reforma constitucional.

Los elementos configuradores en la parte dogmática de la Constitución de

1978 son los siguientes: a. El Estado se define como social y democrático, organizando en una

monarquía parlamentaria como forma de gobierno. En este nuevo Estado tiene cabida el autogobierno de las nacionalidades y de las regiones. En virtud de este principio, se establecen dos caminos para llegar a la autonomía: uno rápido, dirigido inicialmente a las llamadas nacionalidades históricas, es decir, Cataluña, País Vasco y Galicia, regulado en el artículo 151, y uno lento, aplicado a las regiones que asumirían las competencias de una manera más pausada, recogido en el artículo 143.

b. El Estado deja de definirse como católico. Aunque expresa la importancia de la Iglesia católica como la más seguida entre los creyentes españoles, el Estado se mantiene ajeno a cualquier confesionalidad se declara implícitamente laico.

c. Se reconocen los derechos civiles de todo tipo en una enumeración minuciosa: la libertad de asociación, de reunión y de expresión, el derecho a la intimidad, el derecho al honor, etc. Entre estos derechos se incluye el derecho al divorcio y la supresión de la pena de muerte.

En lo que respecta a la parte orgánica, las disposiciones fundamentales son

las siguientes:


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a. Se limitan las facultades de la Corona para garantizar que el poder reside en las Cortes y el Gobierno. El Rey ostenta el mando supremo de las fuerzas armadas y desempeña básicamente funciones de representación.

b. Se organiza la representación política en unas Cortes Generales integradas por dos Cámaras: el Senado y el Congreso de los Diputados.

c. Se establece la división de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. El poder legislativo reside en las Cortes. El poder ejecutivo lo ejerce el Gobierno, que dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado. El Gobierno responde de su gestión ante el Congreso de los Diputados. Los tribunales controlan la legalidad de las actuaciones administrativas.

A diferencia de las constituciones más explícitamente liberales, la de 1978

declara el nuevo Estado como social, lo que significa el reconocimiento de los derechos ciudadanos, que han de ser procurados por los gobiernos, sean de la tendencia política que sean. En esta línea, en la parte dogmática se reconocen, entre otras cosas las cuestiones siguientes:

a. El derecho del Estado a intervenir en la economía y, si es por interés

general, a expropiar propiedades y bienes. b. El derecho a la educación de los españoles y las españolas. La

enseñanza se considera un servicio público que el Estado ha de promover y controlar. Además, los poderes han de procurar el acceso a la cultura de toda la población y promocionar la conservación y el respeto del patrimonio cultural y nacional.

c. El derecho a una vivienda digna y adecuada. d. El deber y el derecho al trabajo y a la libre elección de profesión u

oficio. El Estado ha de hacer todo lo posible para que cualquier ciudadano pueda ganarse la vida con un trabajo retribuido.

e. El derecho de la juventud a participar libre y eficazmente en el desarrollo político, social, económico y cultural del país.

4.- Una democracia débil y acosada Una vez aprobada la Constitución se volvieron a convocar elecciones

generales para el 1 de marzo de 1979. Los resultados de los comicios fueron similares a los de 1977. Entre 1979 y 1982 se produjeron dos fenómenos de gran importancia: por una parte, el primer desarrollo legislativo de la Constitución recién aprobada, que suponía la continuación del consenso básico entre las fuerzas políticas democráticas; por otra, el inicio de un periodo de dificultades para el gobierno de la UCD, a causa de las fuertes presiones de los sectores nostálgicos de la dictadura franquista, que culminó en el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. además de la presión involucionista,


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el terrorismo de ETA y de los GRAPO contribuyó a debilitar la ya frágil democracia.

El Primer desarrollo legislativo Una de las cuestiones fundamentales para la democratización de España era

resolver el problema histórico de la organización territorial y política del Estado. La exigencia social de autonomía era muy fuerte en las comunidades que habían aprobado estatutos de autonomía en la Segunda República: Cataluña, País Vasco y Galicia.

El gobierno de Suárez demostró su interés por esta aspiración social

tomando medidas como la legalización de las enseñanzas nacionales vasca y catalana y reconociendo a los organismos representativos de la oposición nacionalista incluso antes de la redacción de la Constitución. Pero el gesto más importante fue designar a Josep Tarradellas, exiliado presidente de la Generalitat republicano, como interlocutor válido entre Madrid y el catalanismo. De hecho, la Generalitat catalana fue el único organismo político republicano que fue reinstaurado como tal en el nuevo sistema democrático. En el País Vasco, el Consejo General Vasco, creado tras las elecciones de 1977, elaboró el primer régimen provisional de autogobierno.

En las Cortes se votaron los estatutos de autonomía del País Vasco, de

Cataluña y, más tarde, de Galicia, aprobados también en referéndum en 1979 y 1980 por las poblaciones respectivas. A estas nacionalidades históricas se añadió Andalucía, que, a través de movilizaciones populares, exigió la vía rápida del artículo 151 mediante referéndum para la aprobación de su estatuto. Con respecto al País Vasco es importante reseñar que a finales de 1980 se acordó restaurar el sistema histórico del Concierto Económico entre el Estado y el País Vasco, por el que se regulaban las relaciones fiscales entre ambas administraciones.

A mediados de 1983 todas las comunidades disponían de estatuto

promulgado. Aunque la división provincial continuaba vigente, a partir de esa fecha el territorio español quedaba organizado según un modelo que rompía con el tradicional.

A partir de la aprobación de los estatutos de autonomía las comunidades

autónomas se repartieron con el gobierno del Estado gran parte de las competencias políticas y administrativas. Así, cada comunidad autónoma pasaba a tener un parlamento propio, con competencias legislativas, y un gobierno surgido de las urnas.


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La normalización democrática se completó en 1979 con la convocatoria de elecciones municipales, que renovaron los gobiernos locales de la mayoría de las ciudades y de los pueblos de España. En estas elecciones, los socialistas vencieron ampliamente en las principales ciudades y asumieron los gobiernos municipales en las más importantes, muchas veces en coalición con el PCE. La tarea que desarrollaron los ayuntamientos democráticos fue un primer avance de las mejoras sensibles que los ciudadanos de España percibían gracias al nuevo sistema.

En el terreno económico, durante estos años se llevó a cabo una importante

reforma de la hacienda pública, diseñada por los ministros Fuentes Quintana y Fernández Ordóñez y acordada en los Pactos de la Moncloa, que comportó un primer paso para acercarse al sistema de impuestos común en los países democráticos más desarrollados. También se aprobaron leyes sobre el derecho a la educación, el derecho al divorcio, el aborto terapéutico y otras normas importantes que empezaban a concretar los principios y mandatos que contenían en la Constitución.

Los enemigos de la Democracia El periodo 1979-1982 se caracterizó por la fragilidad de la democracia a

causa de las tensiones a que la sometieron los grupos terroristas, como ETA, y los grupos involucionistas de ideología fascista, que pretendían la reinstauración de una dictadura de carácter militar. Por lo que respecta a ETA, contaba con el apoyo de un sector minoritario de la sociedad vasca, representado por la coalición Herri Batasuna.

La actividad terrorista se había incrementado desde el inicio de la transición

de la dictadura franquista a la democracia. A pesar de que las leyes de amnistía del nuevo gobierno habían permitido la excarcelación de todas las personas encerradas por razones políticas o por delitos terroristas, ni ETA ni los GRAPO aceptaron el nuevo sistema constitucional. Entre 1977 y 1981 se cometió la mayor cantidad de atentados terroristas desde finales de la dictadura franquista hasta la actualidad. Las acciones terroristas tenían como principal objetivo la desestabilización del nuevo régimen político. Como reacción a la escala terrorista, surgió entre los círculos policiales heredados del franquismo una respuesta en forma de guerra sucia con atentados contra dirigentes etarras exiliados, formados por el Batallón Vasco Español.

Grupos involucionistas de extrema derecha realizaban atentados contra

entidades democráticas y culturales, y contra personas significadas por la defensa de la libertad. Asimismo, preparaban un golpe de Estado con el objetivo de reinstaurar en España una dictadura militar. La prensa fascista animaba continuamente a la intervención militar.


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La crisis de la UCD. El 23 de febrero Adolfo Suárez tuvo que dimitir el 29 de enero de 1981. Entre los factores

que pueden explicar su dimisión se encuentra, por un lado, la división dentro de su propio grupo, la UCD, entre las diferentes tendencias políticas. Los democristianos recelaban de leyes como las de divorcio y educación. Por otro, el desprestigio de Suárez aumentaba y circulaban invitaciones a la sublevación entre los militares, principal objetivo de los atentados terroristas, alarmados ante el proceso autonómico que podía poner en peligro la unidad de la patria.

La dimisión de Suárez fue aprovechada por un grupo de militares, en

connivencia con las fuerzas de extrema derecha, para intentar un golpe de Estado.

El 23 de febrero de 1981, el día que se votaba la investidura del nuevo

presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, un grupo de militares y miembros de la Guardia Civil asaltó el Congreso de los Diputados. Los parlamentarios y el Gobierno quedaron secuestrados en manos de los golpistas durante más de catorce horas. El capitán general Jaime Milans del Bosch sacó los tanques a las calles de Valencia y ocupó diversas emisoras de radio.

En el final del golpe de Estado fue decisivo el mensaje de Juan Carlos I a

través de la televisión, ya entrada la noche. En este mensaje, el rey desautorizaba el intento golpista y ordenaba al Ejército que respetara el orden constitucional. El resultado fue la rendición de los golpistas y la vuelta a la normalidad. La democracia, que había estado en peligro, se había salvado.

Dos días después, Leopoldo Calvo Sotelo era elegido presidente del

Gobierno. Pero él no pudo evitar la descomposición progresiva del partido que le daba apoyo, la UCD, y su gestión fue muy discutida: un caso polémico fue el de la aprobación de la LOAPA (Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico), con la que se pretendía recortar las competencias de los estatutos de autonomía.

La mayoría de los artículos de esta ley, que también obtuvo el apoyo del PSOE, fueron declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. Asimismo, fue aprobado por el parlamento, con mayoría simple, el ingreso de España en la OTAN.

Un año y medio después, se convocaron nuevas elecciones generales. Estos

comicios cambiaron completamente el mapa político español y significaron el inicio de un largo período de hegemonía socialista (1982-1996).

5.- La Democracia consolidada


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En 1982, el PSOE ganaba las elecciones al Parlamento español por mayoría

absoluta, iniciando una etapa de hegemonía socialista que duraría hasta 1996. El triunfo del PSOE en 1982 se puede considerar el final definitivo de la transición, al darse el paso pacífico de un gobierno de centroderecha a otro de izquierda moderada. Simbólicamente, España se situaba en las filas de las democracias de la Europa Occidental: entraba en la modernidad del siglo XX y salía de la excepción. En este contexto, los triunfos del Partido Popular en las elecciones de 1996 y 2000, así como el del PSOE en 2004, significan la concreción de la normalidad democrática y de la alternancia política habitual en los regímenes democráticos.

Los gobiernos socialistas (1982-1996) Las grandes líneas de actuación de los gobernantes socialistas a lo largo de

las cuatro legislaturas que gobernaron atendieron a estos objetivos fundamentales: la modernización económica de España, mediante la reestructuración del sistema productivo; la extensión del llamado Estado del Bienestar, con la ampliación de derechos sociales y servicios básicos en cuanto a salud, educación y Seguridad Social; la modernización y democratización de la Administración y, en particular, de aparatos del Estado como el Ejército y la Policía, y la integración de España en instituciones supranacionales de Occidente, como la Unión Europea y la OTAN.

Los socialistas se propusieron afrontar la fuerte crisis económica de España

e iniciaron la construcción de un modelo de Estado que se aproximara al de países como Suecia y Alemania, en la etapa en la que eran gobernados por políticos socialdemócratas.

Para poder modernizar y hacer más eficiente la economía española y

financiar la política social que planteaba, el gobierno socialista aplicó dos medidas: la reconversión industrial y la reforma fiscal, que durante los primeros años provocaron cierto rechazo entre los sectores sociales que les habían dado su apoyo.

Antes de poner en práctica estas reformas fue necesario el saneamiento de

sectores productivos enteros, que se mantenían en pie gracias al fuerte proteccionismo estatal y a la tolerancia gubernativa con sus prácticas irregulares en la gestión empresarial, favorecidas por la corrupción heredada de la dictadura franquista. Por ello, el gobierno expropió el gran holding empresarial RUMASA, propiedad de la familia Ruiz Mateos, que contaba con más de 300 empresas, varios bancos y más de 65.000 empleados. Se encontraba, de hecho, en quiebra y su hundimiento hubiera provocado una grave crisis social. La expropiación fue avalada por la gran banca y, después de su saneamiento, las


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empresas fueron nuevamente privatizadas. Asimismo, los ministros Boyer y Solchaga, que dirigían la política económica, decidieron impulsar el saneamiento de diversos bancos en dificultades, como fue el caso de Banca Catalana, sistema bancario heredado del franquismo.

La reconversión industrial afectó a las empresas públicas, propiedad del

Estado, que tenían unas pérdidas enormes y no eran competitivas en el mercado internacional. El conjunto de las pérdidas llegaba al 1’5% del PIB. Los sectores más afectados fueron los astilleros, la siderurgia y la minería. La reconversión provocó graves conflictos sociales, pero también permitió sanear y liberar considerablemente al Estado de la extraordinaria carga financiera, que absorbía una gran parte de los recursos fiscales. Esta reconversión supuso decenas de miles de despidos, recortes salariales y, en consecuencia, el Gobierno tuvo que afrontar dos huelgas generales, los años 1985 y 1988 convocadas por los sindicatos Comisiones Obreras y UGT.

La segunda medida que tenía que hacer posible la financiación del Estado

del Bienestar fue la reforma fiscal, que ya se había iniciado en tiempos de Adolfo Suárez. Se trataba de aumentar los impuestos directos y distribuir el peso de la recaudación impositiva. Esta medida recibió críticas de sectores de la clase media, que vieron como, en poco tiempo, se incrementaba lo que tenían que pagar cada año a la Hacienda Pública. Una parte importante de la recaudación se destinó a los gastos sociales y a la inversión en infraestructuras y promoción de la economía. La sanidad y las pensiones de jubilación pasaron a ser una prestación universal a la que todas las personas tenían derecho, independientemente de si habían cotizado o no.

También se llevó a cabo una renovación de los sistemas de pensiones para

las personas jubiladas y en los subsidios asistenciales y las prestaciones a la población desocupada (parados). De igual modo, se invirtió mucho dinero en obras públicas, con la apertura de nuevas autopistas, la supresión de vías férreas anticuadas y la construcción del primer trazado ferroviario español de Alta Velocidad, el AVE Madrid-Sevilla.

La larga etapa socialista pasó por períodos de expansión y de contracción

económica, dependiendo en gran medida de la coyuntura internacional. La crisis de 1973 se extendió prácticamente hasta 1984. Los efectos de la política de saneamiento del primer gobierno del PSOE y el positivo influjo de la integración europea (1985) abrieron, en coincidencia con el favorable clima económico internacional de buena parte de los años ochenta, un ciclo de tres partes: hasta 1989, de fuerte expansión; la desaceleración de los años 1990-1992, y la recesión, que alcanzó su nivel más bajo en 1993; la etapa socialista finalizó con el inicio de una nueva etapa de recuperación a partir de 1994. Durante el período de gobiernos del PSOE el país se abrió a las inversiones extranjeras,


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favorecidas por los altos intereses de la Deuda Pública y la puesta en venta de centenares de empresas. Las medidas de saneamiento quedaron plasmadas en una reducción de la inflación, que bajó del 14% EN 1984 AL 5’3% en 1995.

La Educación La LODE (Ley Orgánica del Derecho a la Educación), la LRU (Ley de

Reforma Universitaria) y la LOGSE (Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo) convirtieron a la educación en un derecho fundamental. La educación pasó a ser gratuita y obligatoria desde los 6 a los 16 años. La enseñanza universitaria creció de una forma espectacular. La educación infantil, de los 3 a los 6 años, se ofreció gratuitamente en muchas escuelas públicas, aunque, de hecho, no lo era.

Esta expansión del sistema educativo fue acompañada de un esfuerzo de

inversión impresionante en instalaciones, escuelas, institutos y centros universitarios. La inversión afectó tanto al territorio que administraba el Ministerio de Educación del gobierno socialista como a las seis comunidades autónomas que tenían competencias en educación, por ejemplo, Galicia, Cataluña y el País Vasco.

El fin del aislamiento internacional El régimen franquista había mantenido a España fuera de las principales

organizaciones internacionales occidentales. Los países democráticos no podían admitir que los representantes de una dictadura se sentaran en su misma mesa. Una vez restablecida la democracia, España se integró en numerosos organismos internacionales, como el Consejo de Europa, la OTAN y la CEE.

La primera operación en este sentido fue la integración en la Alianza

Atlántica (OTAN). Esta decisión entraba en contradicción con la doctrina defendida desde el PSOE. Se trataba de adherirse a un pacto militar en el que Estados Unidos tenía un papel predominante, algo que no era bien visto por las organizaciones de izquierdas.

De hecho, el último gobierno de la UCD, presidido por Leopoldo Calvo

Sotelo, ya había aceptado formalmente la entrada de España en la OTAN, sin someter la decisión a consulta popular. El gobierno de González tuvo que decidir la permanencia en esta organización o la salida. Los socialistas estaban muy presionados por los gobiernos europeos, con los que negociaban también la entrada en otras organizaciones internacionales. Estas presiones, la oportunidad de modernizar el ejército español y de homologarlo con los de los países democráticos, y el deseo de romper el aislamiento en materia de defensa, hicieron cambiar de posición al gobierno socialista. Para justificarse ante la


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opinión pública, en 1986 se planteó un referéndum para decidir en el mantenimiento de España en la Alianza. El PSOE y otros partidos, como CIU y el PNV, pidieron el sí, aunque dieron libertad de voto a su electorado. A pesar de la intensa propaganda en contra de los comunistas, y de la ambigüedad que mantuvo Alianza Popular, que propugnaba la abstención, ganó el sí con un 52’5% de votos. Cataluña, el País Vasco, Navarra y Canarias fueron las únicas comunidades en las que triunfó en las que triunfó el no.

El Ingreso en la Comunidad Económica Europea (CEE), hoy Unión

Europea (UE), tuvo una gran trascendencia para España. La integración en Europa era uno de los principales objetivos de los socialistas en política internacional. Las negociaciones, que se habían iniciado en la época de Suárez, fueron largas. El acuerdo tardó seis años en llegar, a causa del problema de la financiación de la organización y de la inquietud con la que Francia veía el ingreso de un importante competidor agrícola. Finalmente, el acuerdo se cerró en 1985 y entró en vigor el 1 de enero de 1986, fecha en la que España ingresaba oficialmente en la CEE con plenitud de derechos.

La integración de España en la CEE supuso la modificación de muchas leyes

y normas, sobre todo, económicas, que regían en el país. Tuvo que homologarse el sistema de impuestos indirectos con la creación del IVA; fue necesario articular y coordinar las políticas económicas de carácter monetario y redactar normas sobre producción, consumo, aduanas, etc. La integración en Europa supuso la consagración de la democracia española y un gran impulso a la modernización de la economía y la sociedad. El 10 de junio de 1987 se celebraron los primeros comicios al Parlamento Europeo en los que participaba España.

La consolidación del sistema democrático De 1982 a 1996, en España se desactivaron las conspiraciones

antidemocráticas, se consolidó un sistema parlamentario similar a los de los países europeos más avanzados, y continuando la acción del gobierno de UCD, se impuso la descentralización política en comunidades autónomas.

El terrorismo de ETA, no se pudo resolver, aunque aumentaron las

detenciones de miembros de esta banda, realizadas por las Fuerzas del Estado español y francés. También contribuyeron al aislamiento de ETA los pactos entre las diversas fuerzas políticas, el más importante fue el de Ajuria Enea, que integraba todas las formaciones democráticas vascas contrarias a la violencia.

En las elecciones de 1982 y 1993, el PSOE obtuvo la mayoría absoluta,

aunque en cada convocatoria el apoyo fue disminuyendo. En las elecciones de


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1993 obtuvo la mayoría relativa gobernando con el apoyo parlamentario del nacionalismo moderado catalán (CiU) y en menor medida del PNV.

A partir de 1992 se hizo público que algunos altos cargos de la

Administración socialista habían cometido delitos de corrupción económica. El gran impacto que produjo a la sociedad afectó a la credibilidad del PSOE. A estos asuntos se añadieron las informaciones sobre una posible relación entre las fuerzas de seguridad del Estado y los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación), formados por policías y ex delincuentes que atentaron contra miembros de ETA entre 1983 y 1986. Las denuncias de corrupción y las acciones irregulares de los GAL crisparon el ambiente político a partir de 1992 y permitieron al PP denunciar al gobierno socialista ante la opinión pública. Esta fue una de las causas por las que la etapa socialista finalizó con una imagen política poco favorable para los gobernantes.

Los gobiernos del Partido Popular (1996-2004) El PP había llevado a cabo un rejuvenecimiento que se había plasmado en

el acceso de José María Aznar a su dirección, alejándose de esta forma de la vieja imagen del franquismo, representada por Manuel Fraga y otros dirigentes. La marcha hacia el centro del PP le permitió acceder al voto centrista, juvenil y de mayor nivel económico. En las elecciones de 1996, el PP ganó al PSOE por un pequeño margen de votos y se produjo el relevo político en el gobierno español. Con el apoyo parlamentario de CiU, PNV y Coalición Canaria, José María Aznar formó un gobierno del Partido Popular.

El PSOE sufrió después de la derrota electoral graves divisiones internas

que pusieron de manifiesto con la renuncia de Felipe González a la secretaría general. Estas divisiones han continuado hasta la elección de José Luis Rodríguez Zapatero, en julio de 2000, como secretario general del partido.

En marzo de 2000, el PP ganó nuevamente las elecciones, esta vez con mayoría absoluta. Desde 1996 se han producido importantes cambios legislativos en cuestiones sociales: leyes educativas (LOU y la Ley de Calidad de la Educación para la enseñanza infantil, primaria y secundaria. También se han producido reformas de leyes penales y civiles de gran trascendencia.

La mejora económica, iniciada a partir de 1994 con las medidas adoptadas

por el ministro Solves, continuó con una fase de recuperación y otra posterior de afirmada expansión, con Rodrigo Rato al frente del Ministerio de Economía. Esta coyuntura es muestra de la plena sincronización con Europa y de una estabilidad que permitió a España superar los criterios de convergencia económica para incorporarse al grupo de países que adoptaron la moneda única europea, el euro, de uso corriente a partir de 2002.


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Esta situación favorable se acompañó de otros aspectos positivos, como la reducción del déficit público, una relativa estabilidad de los precios y una sensible reducción del paro, a pesar de lo cual España continuó siendo el país de la UE con la tasa de paro más elevada. Este contexto comenzó a debilitarse a partir de 2001.

La ETA inició en este periodo, el asesinato de políticos municipales del PP

y del PSOE, creando un clima de inseguridad y de terror entre los concejales y políticos de estas formaciones. El 11 de marzo del año 2004 se produjo en Madrid el más sangriento atentado terrorista de la Historia de España. Casi 200 personas murieron y más de 1.500 sufrieron heridas de diversa consideración. Todos los datos apuntaban a un atentado de características integrista islamista. Este cruel atentado condicionó la normalidad ciudadana y política en los días previos a las elecciones generales del 14 de marzo.

En las elecciones del 14 de marzo de 2004, venció el PSOE, consiguiendo

Rodríguez Zapatero formar gobierno contando con el apoyo de diversos grupos minoritarios del Congreso de los Diputados.

Durante los dos primeros años de la legislatura se han producido

importantes cambios legislativos, como la suspensión de la aplicación de la Ley de Calidad de la Educación y la aprobación de la LOE. Se han producido cambios jurídicos en la consideración de las familias, permitiendo el matrimonio entre homosexuales, sin atender la clara oposición de la iglesia católica. Se han iniciado en la legislatura procesos de reforma de los estatutos de autonomía de Cataluña y otras comunidades autónomas. Todos estos cambios han supuestos fuertes enfrentamientos entre los dos partidos mayoritarios (PSOE y PP).

Los efectos de la integración en la UE y la coyuntura económica En la década de 1990 España prosiguió su proceso de integración en el

marco común de la Comunidad Europea. Tras la entrada formal en 1986, España firmó en 1987 el Acta Única por la que se reforzó la cohesión económica y política de los Estados miembro. En 1991 se firmó el Tratado de la Unión en Maastricht, por el que se fijaba la creación de una unión económica y monetaria y se señalaba el año 1999 como fecha límite para establecer una moneda común.

En 2001 se firmó el Tratado de Niza cuyo objetivo era la reforma de las

instituciones de la UE para garantizar un funcionamiento eficaz tras la incorporación de diez países a partir de mayo de 2004: Letonia, Lituania, Estonia, Eslovenia, Eslovaquia, República Checa, Polonia, Hungría, Malta y Chipre. A partir de esa fecha la UE cuenta con 25 miembros de pleno derecho y 445 millones de habitantes.


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En mayo de 1998 once miembros de la UE firmaron el acuerdo de constitución del Banco Central Europeo, creándose así la unión monetaria. El euro era una realidad desde 1999 y la etapa de adaptación a la nueva moneda culminó en 2002, cuando comenzaron a circular ya los billetes y monedas euro y a desaparecer físicamente las antiguas monedas nacionales de los once países en los que se implantó.

A lo largo de este proceso de unión monetaria, la economía española ha

acrecentado su integración en la economía europea común. Uno de los efectos más importantes ha sido la financiación de proyectos en España a partir de los fondos de cohesión europeos, formados por las aportaciones de los países más ricos. Programas como los Leader, Proder, Feoga, etc., han supuesto una inyección de capitales exteriores a iniciativas españolas, especialmente a las comunidades autónomas cuya renta no alcanzaba el 75% de la renta media europea.

En la década de los noventa, la economía española ha sufrido los siguientes

cambios: - Por un lado, ha continuado la reestructuración de sectores poco

competitivos, especialmente el agropecuario y el pesquero, con establecimiento de cuotas de producción y limitación de capturas.

- Se ha modificado la legislación laboral, estableciendo nuevos tipos de contratos de trabajo que abaratan el coste laboral y crean precariedad e inestabilidad (contratos basuras).

- Ha continuado el desmantelamiento del sector público de la economía, con la privatización de empresas (Telefónica, Iberia, Repsol, etc).

- La gran banca ha desarrollado un proceso de concentración empresarial y han aparecido grandes bancos, como el BBVA y el BSCH.

- A pesar de estas medidas, continuamos teniendo altos niveles de desempleo y la precariedad laboral, situando a España en la cola de los países de la UE.

Cambios de costumbres y mentalidad A lo largo de las últimas décadas la sociedad española ha adoptado las pautas

culturales, los valores y los comportamientos de las sociedades democráticas occidentales. La sociedad española, en general, ha modificado el tipo de vida y la mentalidad, de acuerdo con la aceptación de los usos y hábitos de la democracia como principio básico de la convivencia.

Se ha producido un rígido cambio en el comportamiento demográfico de

los españoles. Ligada a la caída de la natalidad y a la bajísima tasa de fecundidad, hay que mencionar la modificación del concepto de familia, que ha ido


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reduciendo en lo que respecta al número de componentes. Cada vez hay más parejas con un solo hijo, e incluso muchas que no tienen ninguno; también ha aumentado las llamadas familias monoparentales, que constan de uno o dos hijos que viven solo con uno de los progenitores.

Las costumbres se han liberalizado, con más tolerancia y permisividad en lo

referente a las relaciones personales. Ha crecido la aceptación social de aquellas personas que muestran su elección sexual, las relaciones prematrimoniales, el aborto, etc. También se ha producido una importante secularización de la sociedad española; por el contrario, cabe destacar el creciente protagonismo femenino con la irrupción de las mujeres en los ámbitos que tradicionalmente les estaban vedados.

A nivel cultural, diremos que se ha producido una nueva política cultural

con el traspaso de competencias en materia patrimonial a las distintas comunidades autónomas.

6.- El camino hacia la Autonomía andaluza Durante los últimos años del franquismo surgieron en Andalucía

planteamientos autonomistas. Una vez iniciada la transición, estos tomaron cuerpo en los distintos anteproyectos del Estatuto para Andalucía que elaboraron los partidos políticos con implantación en la región.

El proceso autonómico andaluz vendrá marcado por una serie de

acontecimientos que podemos resumir en los siguientes pasos: a. El 4 de noviembre de 1977 se desarrolló en Jaén la Asamblea de

Parlamentarios andaluces donde se solicitaba al Gobierno Central el reconocimiento de una autonomía provisional para Andalucía.

b. El 4 de diciembre de 1977 se produjo una manifestación masiva en toda Andalucía que puso de manifiesto la voluntad autonomista del pueblo andaluz, y la firma del Pacto de Antequera o Pacto Autonómico Andaluz.

c. El 27 de abril de 1978, el Gobierno Central aprobó el régimen preautonómico para nuestra región, siendo el senador del PSOE Plácido Fernández Viaga el primer presidente de la Junta de Andalucía.

d. El 28 de febrero de 1980 en referéndum convocado, el pueblo andaluz se pronunció favorablemente a favor del artículo 151 de la Constitución. Tras estos resultados, las negociaciones entre la Junta de Andalucía y el gobierno central concluyeron con el acuerdo de continuar el proceso autonómico por la vía rápida.


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e. El 28 de febrero de 1981, la Asamblea de Parlamentarios, reunida en Córdoba, aprobó el Estatuto de Autonomía de Andalucía, estando vigente hasta el año 2007, fecha en que se produjo la reforma del mismo y su posterior aprobación.

A partir de aquí, se inició el proceso de desarrollo de la autonomía,

celebrándose las primeras elecciones al Parlamento de Andalucía el 23 de mayo de 1982. En ellas el PSOE obtuvo una amplia mayoría.

La consolidación de la democracia en Andalucía se puede situar a partir de

las elecciones autonómicas y generales de 1982. La hegemonía política en nuestra región correspondió al PSOE, tanto en el gobierno autonómico como en los ayuntamientos. En 1994 marcó el cambio de tendencia política en la región: en las elecciones autonómicas, aunque venció el PSOE, el incremento del PP fue muy significativo; este hecho, sumado al avance de Izquierda Unida, provocó un gobierno minoritario sometido a una oposición tanto por derecha como por la izquierda. Las elecciones municipales de 1995 reafirmaron este cambio de tendencia.

En las elecciones de 1996, tanto generales como autonómicas, mientras el

PP tuvo la mayoría a escala nacional, en Andalucía volvió a triunfar el PSOE, que formó gobierno gracias al apoyo de los andalucistas. Esta situación se repitió en el año 2000 y 2004. Cuatro presidentes, todos socialistas, han estado al frente de la Junta de Andalucía durante este período: Rafael Escuredo, José Luis Rodríguez de la Borbolla, Manuel Chaves González y José Antonio Griñán Martínez.

Los distintos gobiernos socialistas han tenido que hacer frente a una

situación económica heredada de la grave crisis de comienzos de los setenta. El paro, con un porcentaje superior a la media nacional, representa un problema importante en la región. La agricultura mantiene un papel muy destacado en la economía andaluza. La pesca, otra actividad artesanal y tradicional de la economía andaluza, atraviesa una situación delicada, provocada por la escasa innovación técnica y por el agotamiento de los recursos, que vienen a sumarse a la falta de acuerdos con Marruecos.

La reconversión industrial ha afectado a los sectores que más contribuyeron

al despegue económico de períodos anteriores; la industria naval, siderúrgica y textil, han dejado a muchos trabajadores en el paro; sin embargo, esta crisis se ha visto compensada en parte por el desarrollo de nuevas industrias relacionadas con las energías eólica y solar, así como con la puesta en marcha de parques tecnológicos en las provincias de Málaga y Sevilla.


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El sector terciario, liberado por el turismo, es el más dinámico del conjunto de la economía andaluza. En él trabajan la mayor parte de la población activa andaluza. La mejora de las infraestructuras en general y de las comunicaciones en particular, destacando la puesta en marcha de la primera línea ferroviaria de alta velocidad, ha sido un importante revulsivo para el sector, que a su vez, ha contribuido a una mejora de la economía andaluza en su conjunto.

A lo largo de estos años, la Junta de Andalucía ha ido asumiendo más

competencias, que han permitido diseñar y ejecutar proyectos elaborados desde la región, y que han afectado a la educación, a la sanidad, al medio ambiente, a la protección del patrimonio, al desarrollo del turismo o a la atención a los inmigrantes. Uno de los eventos de mayor relevancia fue la celebración de la EXPO’92 en Sevilla.

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LA RESTAURACIÓN MODERADA (1875-1902) Restauración · La revolución de 1868 no consiguió instaurar una forma estable de monarquía; ni solucionó el problema social. Faltaba una