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La Seguridad Privada como Herramienta de Apoyo y Complemento Frente a la
Criminalidad. Estudio de Caso Bogotá D.C Administración Alcaldesa Claudia
López (2020-2021).
Juan Camilo Guerrero Grimaldo
Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad,
Universidad Militar Nueva Granada
Programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos
Diplomado Gerencia de la Seguridad
Juan Carlos García Perilla
2021
Universidad Militar Nueva Granada
Bogotá D.C.
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Resumen
La seguridad tomada como la ausencia y prevención de peligros o amenazas frente a la
materialización de un riesgo potencial es fundamental para el individuo y la sociedad en general,
y más aún en el ámbito de la seguridad ciudadana que presenta limitaciones de recursos,
proliferación de actores ilícitos y falta de planeación de políticas integrales. Al realizar el
presente ensayo se busca entender desde la perspectiva de la administración y ejecución de
recursos operativos, económicos y logísticos la importancia que adopta la seguridad privada
como prestadora de servicio, apoyo y complemento frente a las diversas problemáticas en
materia de seguridad que afectan a la ciudadanía en general por medio de la materialización de
delitos de alto impacto en la administración de la alcaldesa Claudia López (2020-2021);
posteriormente entender las posibles áreas de operación y de aplicabilidad del sector de la
seguridad privada dentro de la estrategia gubernamental por prevenir el crimen y fortalecer la
seguridad de una forma integral ante los delitos de alto impacto que más atentan contra la
sociedad en la capital.
Palabras clave: Delitos de alto impacto, seguridad privada, seguridad ciudadana,
amenazas, seguridad, administración local, políticas integrales.
Objetivo General
Identificar y establecer las capacidades que posee el sector de la seguridad privada como
herramienta y complemento de la seguridad ciudadana frente a la prevención de la criminalidad y
afectación de los delitos de alto impacto en la ciudad de Bogotá en la administración de la
alcaldesa Claudia López (2020-2021).
Objetivos Específicos
• Identificar las funciones, alcance normativo y capacidades operativas de la seguridad
privada como prestadora de servicio frente a la disminución de amenazas y riesgos
ciudadanos.
• Analizar las capacidades operativas y económicas de la actual administración distrital
frente a la seguridad ciudadana y la prevención del delito.
• Identificar la articulación que se da entre la seguridad privada, la administración distrital
y las herramientas técnicas, operativas y administrativas de los sectores comprometidos
para la lucha frontal contra la criminalidad.
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Introducción
El presente ensayo tiene como finalidad entender las capacidades que pueden llegar a
tener las empresas del sector de la seguridad privada con el fin de reducir la negatividad que
genera los delitos de alto impacto en la ciudad de Bogotá. A lo largo del presente trabajo se
realizaran acercamientos conceptuales referentes a la seguridad pública y a la seguridad
ciudadana para posteriormente ingresar en las problemáticas que aquejan actualmente a la
sociedad en general; dando continuidad a ello y bajo los parámetros legales de asignación de
funciones se planteara una visión más a fondo sobre la seguridad privada vista desde la
prestación de servicios y el aporte operativo e institucional que puede brindar a la seguridad
ciudadana como complemento y herramienta en materia de seguridad. Teniendo un poco más de
claridad conceptual y dando continuidad al objetivo general de identificar las capacidades del
sector de la seguridad privada como complemento de la seguridad ciudadana para frenar la
inseguridad, se tomaran aspectos como el plan de seguridad de la alcaldesa Claudia López, el
presupuesto asignado y las capacidades operativas de la administración en torno a la seguridad
pública y ciudadana, para finalmente conocer los aportes del sector de la seguridad privada en
Bogotá y la relación con las diversas estrategias de políticas distritales para contener y reducir el
crimen de alto impacto en la ciudad.
La seguridad privada siempre se ha visto como un medio de protección de privados para
privados que están ligadas a la supervisión y preservación de bienes individuales, hoy día esa
percepción ha mutado gracias a los constantes cambios que como sociedad se han generado, y
sin duda uno de esos cambios es la profesionalización de la prestación de servicio y el amplio
portafolio de asistencias técnicas, operativas y tecnológicas que ofrecen, logrando así convertirse
en una oportunidad de extensión como herramienta operacional de políticas y estrategias en pro
del bienestar de la población ante la cobertura limitada que pueden ofrecer los entes
gubernamentales en una sociedad que avanza de forma acelerada con recursos limitados.
Desarrollo
Para cada escenario de análisis de la seguridad y la prevención y protección de peligros
que atenten contra la institucionalidad y la población en general, se deben implementar acciones
por parte de las entidades nacionales y/o locales específicos según corresponda a la necesidad y
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el grado de compromiso que se le tenga asignado o acorde a la jurisdicción designada para no
centralizar la operatividad y desarrollo de funciones. En el siguiente ensayo se tomará la
prevención del delito desde la administración local de la alcaldesa Claudia López como estudio
de caso y la importancia de la seguridad privada para desarrollar los planes en contra de las
diferentes modalidades de delitos de alto impacto que se desarrollan en la ciudad de Bogotá,
dejando como constancia que se realiza el presente trabajo de forma parcial ya que es una
administración en desarrollo y podrían llegar a presentarse cambios o variaciones en los posibles
hallazgos.
La seguridad ha mutado a gran velocidad y ha generado la inclusión de nuevos factores a
proteger y a garantizar su libre y seguro desarrollo, lo que obliga a la seguridad a actuar en la
órbita de la protección del peligro, por lo tanto el presente documento iniciara presentando un
acercamiento conceptual referente a la seguridad pública y a la seguridad ciudadana para darle
espacio y continuidad a la relación que se genera con seguridad privada y el uso que se le puede
otorgar para la prevención del delito dentro del margen funcional, operativo reglamentario.
1. Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana
Existe una estrecha relación entre la seguridad pública y la seguridad ciudadana desde la
perspectiva de la búsqueda del objetivo primario que es la disminución del riesgo, incertidumbre
y peligro frente a la criminalidad, pero esa relación y aplicación del área de trabajo no los hace
equivalentes, por tal motivo se ampliaran los conceptos y su campo de acción para tener una
noción más concreta del tema a desarrollar.
1.1 Seguridad Pública
En el marco del mantenimiento de la paz, el orden público y supervisión de la sociedad
dentro del ejercicio de la gobernabilidad y el Estado de derecho, la seguridad pública se puede
abordar desde dos perspectivas, por un lado netamente a la administración y ejecución de la
justicia, es decir en el ámbito organizacional de las instituciones competentes (Guerrero, 2007), y
por otro lado más dirigido a las herramientas gubernamental de planeación integral, y la
administración y asignación de recursos. Hablando a groso modo la seguridad pública se toma
como la administración, gestión y medio de impartir justicia para preservar la paz y el orden
público con un campo de acción establecido en el cual se desarrollara y aplicara la mayoría de la
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labor operativa, siendo los delitos de alto impacto como el hurto a personas, hurto de
automotores, hurto a residencias, hurto a comercio y lesiones personales los temas que estén
establecidos como prioritarios en la agenda de las administraciones en materia de seguridad, ya
que uno de los problemas más sentidos por la población sea el de la inseguridad, principalmente
el riesgo y el miedo frente a la delincuencia (Del Olmo, 2000).
1.2 Seguridad Ciudadana
Cuando se habla de seguridad ciudadana se tiene una concepción no muy lejana de la
realidad o de la búsqueda de un concepto universal en el cual se materializa como un todo en
cuestión de seguridad que puede ir desde la administración y asignación de recursos, hasta la
ejecución gubernamental e institucional de políticas públicas que buscan la estabilización y
disminución de los riesgos y amenazas frente al crimen y cada una de sus tipologías. Lo
anteriormente mencionado desde una perspectiva de resultado final de “búsqueda de la
seguridad” se puede tomar como acertada, pero desde una visión más técnica de planeación y
ejecución, estaría incurriendo en algunas imprecisiones y puede estar interfiriendo en el concepto
que se puede adoptar de la Seguridad Pública.
La seguridad ciudadana es el resultado de la administración gubernamental planificada
por medio de políticas públicas y de acción coordinada interinstitucional para proteger a la
sociedad en general, donde se garantiza la convivencia y la seguridad de cada individuo dentro
de un territorio determinado; al interior de la seguridad ciudadana se pueden identificar tres
grupos, los cuales son los actores, las instituciones y los procesos:
En los actores se encuentran los grupos implicados tantos legales como delincuenciales y
organismos de seguridad nacionales e internacionales de carácter público o privado según
corresponda; en cuanto a las instituciones se encuentran aquellas entidades judiciales y policiales
que requieran reformas o reestructuraciones; y por último los procesos, los cuales dan los
fundamentos estructurales operativos y jurídicos necesarios para cumplir las labores asignadas en
materia de seguridad. En estos procesos están las políticas públicas en seguridad ciudadana,
control comercio de armas, presupuestos asignados y violencia de genero (Torres, Alvarado, &
González, 2012) .
El ejercicio de garantizar la seguridad implica un amplio abanico de conceptos, métodos
de operatividad y ejecución que van asociados a las características de momento, modo y lugar
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dados los cambios constantes que experimenta la sociedad en un mundo globalizado que no
excluye a la criminalidad de interactuar con ella. Se pude concluir en este apartado que la
Seguridad ciudadana es la continuidad del planeamiento estratégico de la seguridad pública,
donde se establecen los lineamientos de carácter administrativo de la seguridad, dando paso a la
seguridad ciudadana como ejecutora y planificadora de las políticas públicas que se ciñen a las
necesidades o requerimientos de importancia estratégica institucional y gubernamental.
2. ¿Qué es Seguridad Privada?
Por último, y como conclusión de esta breve reflexión sobre las inquietudes que despierta
el abordaje de la problemática de la violencia en la actualidad, es importante mencionar una de
las nuevas modalidades de control social que se ha venido desarrollando en los últimos 25 años,
el llamado modelo de justicia privada (Del Olmo, 2012).
El concepto de seguridad privada se puede tomar desde dos puntos de vista acorde a la
interpretación y uso que se requiera o se le asigne. El primero de ellos corresponde a la manera
integral de prestación del servicio o acompañamiento por parte de terceros, y el segundo
corresponde a la acción o estado de preservación y disminución de riesgos del individuo y sus
bienes privados. A pesar de que los dos puntos de vista giran en torno a la preservación,
disminución de amenazas y protección de los bienes públicos y privados, el presente trabajo dará
continuidad a la seguridad privada desde la prestación de servicios por parte de terceros como
herramienta de preservación y disminución de amenazas que atente contra la seguridad pública y
por consiguiente contra la seguridad ciudadana.
2.1 Seguridad Privada como Prestadora de Servicio
Como concepto la seguridad y la búsqueda de la satisfacción psicológicas de
conservación, acompañadas de su ejercicio natural de protección es una necesidad fundamental
del ser humano (Maslow, 1968), quien ha estado desde tiempos inmemorables manteniendo un
constante crecimiento evolutivo de aprendizaje acorde a las nuevas amenazas (INSPQ, 2008) que
pueda comprometer los foráneos entornos y las nuevas exigencias que como sociedad se van
estructurando, donde el desarrollo organizacional de la sociedad e institucional giran en torno a
la protección de la actividad del hombre de la manera más objetiva y efectiva.
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La seguridad privada mediante el conjunto de sistemas y herramientas humanas,
tecnológicas y organizativas que están direccionadas a reducir la inseguridad y sus amenazas,
que se enmarcan en la mitigación de riesgos por medio de los procesos de seguridad física,
seguridad lógica y seguridad psicológica (González, 2017) , ciñe su cobertura acorde a una serie
de características de gran relevancia entre las cuales podemos observar aspectos claves como la
geografía, situación social, desarrollo económico y estructura institucional, permitiendo dar una
visión a groso modo de las necesidades que se requieren y la solución idónea para solventarlas.
Para cada escenario de análisis de la seguridad y la prevención y protección de peligros
que atenten contra la institucionalidad y la población en general, se deben implementar acciones
por parte de las entidades nacionales y/o locales de carácter específico según corresponda a la
necesidad y el grado de compromiso que se le tenga asignado o afín a la jurisdicción designada
con el fin de no centralizar la operatividad y desarrollo de funciones.
Hoy día cada una de las actividades humanas requieren de la necesidad de la búsqueda de
cierto nivel de tranquilidad y de certidumbre, pasando desde la seguridad netamente del
individuo hasta la seguridad de Estados y su preservación; en el presente ensayo se abordara un
instrumento que ha tomado un papel fundamental en la agenda de los Estados y las
administraciones locales, y es la Seguridad Privada vista como herramienta de apoyo y
complemento frente a la criminalidad tomando como estudio de caso la ciudad de Bogotá D.C.
en la Administración de La Alcaldesa Claudia López (2020-2021)
2.2 Aporte de la Seguridad Privada a la Seguridad Ciudadana
La seguridad privada vista desde la prestación de servicios y como herramienta auxiliar
de la seguridad pública, busca dar cumplimiento por medio de la profesionalización y
especialización de entidades privadas autorizadas a la necesidad que como individuos y sociedad
se busca y es configurar un estado de tranquilidad en un entorno personal o público de forma
remunerada. La seguridad privada es un sistema integrado por personas con acciones dispuestas
para eliminar, reducir, controlar los riesgos y las amenazas que puedan causar a las personas, a
un establecimiento, algún objeto u entidad (Corporativo Ultra, 2021).
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2.3 Legislación de Vigilancia y Seguridad Privada en Colombia
La constitución política colombiana bajo los parámetros del Título I, art. 2 en el cual manifiesta
que:
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos
y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y los
particulares. (Const., 1991, art. 2)
Lo anteriormente mencionado brinda un marco legal desde el cual nace la Ley 61 de
1993, en el que da inicio a la normatividad sobre armas, municiones y explosivos, y la
reglamentación de la vigilancia y seguridad privada (Congreso de Colombia, 1993), permitiendo
en el articulo 1, literal j, la expedición del Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada en donde
estipula lo siguiente a mencionar.
… principios generales, constitución, licencias de funcionamiento y renovación de
empresas de vigilancia privada y departamentos de seguridad, régimen laboral; régimen del
servicio de vigilancia y seguridad privada y control de las empresa; seguros, garantías del
servicio de la vigilancia privada; reglamentación sobre adquisición y empleo de armamento;
reglamento de uniformes; regulación sobre equipos electrónicos para vigilancia y seguridad
privada y equipos de comunicaciones y transporte; mecanismos de inspección y control a la
industria de la vigilancia privada; protección, seguridad y vigilancia no armada, asesorías,
consultorías en seguridad privada e investigación privada; colaboración de la vigilancia y
seguridad privada con las autoridades; régimen de sanciones, regulación de establecimientos de
capacitación y entrenamiento en técnicas de seguridad de vigilancia privada. (Ley 61, 1993, art.
1, literal j)
Posteriormente a la creación de la norma del estatuto nace el Decreto Numero 356 de
1994 por el cual emana la normativa directa que rige toda actividad de la seguridad privada y es
el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada de quien da origen a la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada que se convierte en un órgano de orden nacional de carácter
técnico, adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, con autonomía financiera y administrativa,
que cumple la función de control, inspección y vigilancia sobre todos los servicios relacionados
con la vigilancia y seguridad privada (SuperVigilancia , 2019).
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3. Seguridad Privada Como Complemento para Combatir La Inseguridad
Ante las nuevas amenazas que surgen día a día y el acelerado crecimiento poblacional y
urbano, la seguridad frente a la sociedad ha generado una compleja situación de atención por
parte del Estado y los entes gubernamentales frente a las situaciones que puedan afectar el orden
público, llegando a unos ciertos niveles de desatención e insuficiencia en la cobertura operativa
que pueden llegar a generar espirales de inseguridad cada día más amplios; se argumenta
también que los gobiernos estimulan la privatización de la seguridad personal por su falta de
atención adecuada al problema y por la situación de ingobernabilidad en las ciudades y la
desconfianza social. (Del Olmo, 2000)
La inseguridad como toda acción producto de la actividad humana genera variantes o
nuevas áreas de operación en el cual puedan generar mayor productividad o mayor impacto, se
ha mutado de la convencional forma de delinquir en lugares de ambientes controlados como
comercios a puerta cerrada, viviendas sin personal en su interior y vehículos estacionados sin
supervisión, a métodos más intrusivos hacia los bienes personales de primer orden como fleteo,
hurto a motocicletas, hurto de vehículos, hurto a personas, entre otros, resaltando que estas
nuevas áreas de acción se realizan en su mayoría en la vía pública con la presencia de la victima
en zonas con bajo nivel de protección con aumentando a la agresión sobre las personas de forma
directa, demostrando que hay mayor inseguridad en los ámbitos de difícil vigilancia (Herbel,
1993).
La seguridad privada hoy desde la prestación de servicio o acompañamiento por parte de
terceros ya no se relaciona de forma directa a la protección de intereses de los privados
exclusivamente, sino que ha disminuido esa brecha adaptándose como herramienta que aporta de
forma operativa a la institucionalidad gubernamental en pro de fortalecer la seguridad para la
población en general. Del olmo (2000) señala que estamos por lo tanto ante dos instancias de
control social, una dirigida al ámbito de lo público y otra al ámbito de lo privado, una cuya
función consiste en intervenir, en ser reactiva, y la otra en prevenir, en ser proactiva, esta ultima
siendo en donde actúa y opera la seguridad privada como actividad asistencial.
Plan de Seguridad Gobierno Claudia López
El plan de seguridad por parte del gobierno de la alcaldía de Claudia López va
encaminado a reducir aquellos delitos de alto impacto que más afectan a la sociedad en general,
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donde se busca reducir los atracos en sus diferentes modalidades, disminuir la violencia basada
en genero, prevenir el trafico de armas, erradicar las organizaciones del crimen organizado y la
lucha contra el narcotráfico (López H. & Equipo Programático, 2019); a continuación se
exteriorizaran algunos aspectos presentados en el programa de gobierno de López (2019) que
giran en torno a la protección y preservación de la seguridad pública y ciudadana:
• Prevención y sanción eficaz a las violencias basadas en género y violencia
intrafamiliar.
• Respuestas efectivas a las necesidades de justicia ciudadana.
• Modelo de seguridad oportuno e inteligente mediante el uso de tecnología, de análisis
de datos, coordinación de cámaras, de denuncias ciudadanas, línea 123, botones de
pánico, alarmas comunitarias, e información.
• Fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad.
• Reducción de robo en el transporte público especialmente en Transmilenio y el SITP.
• Desarrollo de estrategia articulada entre la Secretaria de Seguridad, la Policía y las
empresas de seguridad y comunidad.
• Fortalecimiento y control en las entradas y salidas de la ciudad y de las zonas de más
alto riesgo para prevenir el ingreso de armas y drogas, y evitar el asentamiento de
estructuras de crimen organizado.
• Acción articulada con la Policía y la Fiscalía para la judicialización de las estructuras
criminales que se dedican al narcotráfico.
• fortalecimiento tecnológico para la seguridad. Optimización del sistema de video
vigilancia de la ciudad y modernización del Número Único de Seguridad (NUSE)
dotándolo de capacidad de georreferenciación y respuesta rápida y coordinada.
Dentro del plan de seguridad planteado por el gobierno López, se logran identificar
algunos aspectos y áreas en las cuales la seguridad privada podría jugar un papel fundamental
para la ejecución o elaboración de estrategias oportunas y eficientes. Entre las posibles áreas de
acción por parte de la seguridad privada estarían la conformación de un modelo en seguridad
mediante inteligencia eficiente, oportuna y uso de medios tecnológicos; protección y vigilancia
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en el trasporte público; y fortalecimiento, modernización y optimización de carácter operativo-
tecnológico.
Para encaminar el plan de seguridad formulado y posteriormente puesto en ejecución por
parte de la administración, se adelanta el Plan Integral de Seguridad Ciudadana, convivencia y
justicia, de ahora en adelante (PISCCJ) que será gerenciado por la Secretaria de Seguridad,
Convivencia y Justicia quien velara por la ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas en
materia de seguridad, convivencia, acceso a la justicia, prevención del delito, reducción de
riesgos y atención de incidentes, que junto con entidades distritales y nacionales articularan
esfuerzos para lograr el libre desarrollo de libertades y derechos de los ciudadanos del Distrito
Capital (SCJ, 2021).
El plan integral (PISCCJ) se ampara en la constitución Política colombiana en su articulo
113 en el cual se señala la relación y colaboración entre entidades del Estado para el efectivo
cumplimiento de los intereses estatales, partiendo de esto se articulan las temáticas de Políticas
de Defensa y Seguridad, y Políticas del marco de Seguridad Ciudadana y Convivencia (Alcaldía
Mayor de Bogotá, 2020).
Figura 1. Transversalidad de Política de Defensa y Seguridad, y Política del Marco de Seguridad Ciudadana y convivencia.
Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá (2020); Presidencia de la República (2011) Elaboración propia
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La ejecución de un plan o una política pública giran en torno tanto de la planeación como
la administración, ejecución y asignación de recursos de la forma más eficiente para conseguir
los mejores resultados y más aun en aquellas áreas como la seguridad en donde las problemáticas
de mayor impacto se visibilizan en un muy corto plazo. En el presupuesto asignado para el año
2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá fue de $21,06 billones, de los cuales el sector de la
Seguridad obtuvo un 2% equivalentes a 0,5 billones que se dividen entre la unidad administrativa
especial del cuerpo oficial de bomberos con $115,545,985.000 , y la secretaria distrital de
seguridad, convivencia y justicia con $409,761,597.000 (Decreto 816 de 2019, 2019).
4. Presupuesto en Seguridad
El presupuesto asignado a la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia se
divide en gastos de funcionamiento e inversión con un 20% y 80% respectivamente, esta última
destinada a la modernización de los equipos de apoyo tecnológicos como cámaras de vigilancia
convencional, video analítica de identificación facial y vehicular, equipos de
telecomunicaciones, reacondicionamiento y adquisición de nuevo parque automotor,
equipamiento y entrenamiento del personal policial, entre otros (Febres, 2021); una de las
mayores inversiones que realizan las recientes administraciones de la alcaldía de Bogotá van
encaminadas como ya se menciono anteriormente a la modernización de los equipos
tecnológicos y al parque automotor bien sea por cumplimento del ciclo de servicio o causas
como accidentes, hurtos o mal funcionamiento. Para el año 2016 la policía metropolitana de
Bogotá contaba con 2.796 vehículos entre motocicletas y automóviles de diversos usos, en donde
cerca del 14% se encontraban fuera de operación (EL ESPECTADOR, 2016), sin contar los
turnos que se encuentran en servicios y los que se encuentran en descanso, lo que puede
significar cerca de un 30% de reducción de los recursos operativos de la ciudad.
Las dificultades de operación en materia se seguridad ciudadana no son tema nuevo, cada
administración cuenta con sus propios desafíos en esta materia, algunos por déficit en el pie de
fuerza, otros por las falencias y deficiencias en recursos tecnológicos, algunos por la falta de
implementación de estrategias y otros por factores externos o circunstancias de fuerza mayor que
debilitan sus capacidades de acción. Los más recientes desafíos de intervención por parte de la
administración de forma operativa van encaminados hacia la implementación efectividad de las
herramientas judiciales, mayor efectividad tecnológica en cuanto a equipamiento y cobertura,
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implementación de estrategias conjuntas entre entidades gubernamentales y privadas, y
actualización y equipamiento por parte de las fuerzas del orden.
La inversión en seguridad tiene un alto costo y un retorno en resultados no tan veloz
como los aspectos negativos que se puedan generar a causa de la inseguridad, es aquí donde las
herramientas brindadas por la entidades prestadoras de servicios de vigilancia se convierten en
un complemento para prestar alternativas operativas ante la criminalidad; es una realidad que la
cobertura total por parte de los entes de control gubernamentales es muy lejana y más aun en una
ciudad con 1.775 km2, 20 localidades y 7,019,847 de habitantes (Departamento Administrativo
Nacional de Estadística [DANE], 2018).
La administración local encabezadas por el alcalde electo mediante su organigrama
institucional, mantiene una serie de parámetros y directrices de acción y de ejecución especificas
acorde a su competencia y jurisdicción, en la cual deberán usar las herramientas legales
concebidas para su eficiente gerencia. En el caso de la seguridad ciudadana y la preservación del
orden público las cuales se encuentra dentro del sector administrativo de Seguridad, Convivencia
y justicia, asume competencias la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, quien
actúa como ente coordinador operativo entre el distrito, instituciones privadas de diversos
sectores en seguridad y Fuerza Pública, teniendo en cuenta que se restringe la injerencia por
parte de la administración en su estructura , función y razón de ser de las instituciones
comprometidas.
De acuerdo con el Articulo 315 parágrafo 2 de la constitución Política de Colombia, es
atribución del alcalde:
Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones
y órdenes que reciba del Presidente de la República y del respectivo gobernador. El
alcalde es la primera autoridad de policía del municipio. La Policía Nacional cumplirá
con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del
respectivo comandante. (Const, 1991,art.315)
Lo anterior mencionado da un punto de partida para la estructuración y distribución de
función y alcance que se puedan asignar en materia de seguridad, por un lado una institución de
carácter local dirigida por su máxima autoridad, y por otro una institución de carácter nacional
que debe ser subordinada por la ya mencionada autoridad; de allí es que surge la articulación
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operacional y estructuración conjunta de las instituciones sin la necesidad ni obligación de la
centralización o unificación de organismos
Figura 2. Estructura de mando y coordinación Alcaldía de Bogotá, sector Seguridad, Convivencia y Justicia.
Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá (2020); Ejército Nacional (2021)
Elaboración propia
Actualmente la capital cuenta con cerca de 17.019 efectivos según datos presentados por
el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el Brigadier General Óscar
Antonio Gómez Heredia, una cifra por debajo de los estándares internacionales que arrojan que
por cada 100.000 habitantes deben operar 300 policiales (UNODC, 2010), es decir que Bogotá
cuenta con 243 hombres por cada 100.000 habitantes presentando un desajuste de 57 oficiales de
policía; estos 243 policiales no significa que estén operando efectivamente para la población
determinada o asignada, hay que tener en cuenta aspectos como las asignaciones de los turno que
son 3 de 8 horas diarias, lo que disminuye a 5.673 policiales en operación por turno y aquellos
que están asignados a las labores administrativas, de inteligencia y de operaciones remotas, lo
que diezma significativamente la labor operativa en seguridad de la administración por medio de
la Policía Nacional.
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4.1 Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) – Bogotá
El Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), es la herramienta
más robusta con la cual cuenta el distrito para prevenir y actuar frente a situaciones que alteren y
afecten el desarrollo individual o social en la capital del país, allí se atienden las diversas
emergencias que se deriven en materia de seguridad ciudadana, ambientales, sanitarios y de
convivencia (Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia [SCJ], 2021).
Acorde a lo establecido por Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, los objetivos
del C4 son:
1. Integrar las entidades de seguridad y emergencias, que hacen parte del C4, y aquellas
entidades públicas o privadas relacionadas que se puedan incorporar para dar respuesta
oportuna y efectiva a los incidentes reportados de seguridad y emergencias. También
busca actuar en la prevención de consecuencias mayores y aportar a la mitigación de
emergencias, del delito y reducir su impacto sobre la comunidad.
2. Actuar articuladamente para dar respuesta eficiente a los eventos de emergencias y
seguridad con la implementación de los procedimientos, protocolos y modelos de
operación e interacción que diseñó la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y
Justicia, y que fueron aprobados por el Comité Operativo de Apoyo y Seguimiento del
C4.
3. Recolectar, centralizar, procesar, compartir y analizar la información proveniente de
la operación, de los diferentes sensores (GPS, AVL, radios, recursos, dispositivos IoT,
etc.) y de los sistemas relacionados con emergencias y seguridad para la toma eficiente de
decisiones, la asignación asertiva de recursos, la unificación de esfuerzos y la
contribución al diseño de estrategias en materia de seguridad y emergencias.
4. Integrar tecnologías de los sistemas de comunicación, de información y de video
vigilancia; modelos predictivos, equipos de apoyo aéreo tripulado y no tripulado, como
los que a futuro hagan más eficiente la operación para disminuir los tiempos de atención,
generar alertas y analizar datos. (SCJ, 2021)
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Para el cumplimiento de los objetivos, el C4 cuenta con una serie de componentes
estratégicos de carácter tecnológico e institucional que articulan esfuerzos en la búsqueda de los
mejores resultados contra el delito y toda actividad que atente contra las libertades del ser
humano, allí cuentan con entidades como Policía Metropolitana de Bogotá, el Instituto Distrital
de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos de Bogotá, la Dirección de Urgencias y Emergencias en Salud y la Secretaría Distrital
de Movilidad (SCJ, 2021); adicionalmente cuenta con una red de participacion civica, y una
serie de herramientas tecnologicas de gran impacto como lo son el sistema de video vigilancia,
una amplia red de comunicaciones, un sistema de analisis de informacion, y un sistema de apoyo
aereo tripulado y no tripulado de avanzada tecnologia.
Actualmente Bogotá cuenta con 6.380 cámaras de video vigilancia de ahora en adelante
(CCTV) monitoreadas por medio del C4, ubicándose en el puesto 11 a nivel mundial de las
ciudades con mayor promedio de CCTV con 20,96 por kilometro cuadrado, donde Londres
ocupa el primer lugar con 399,27 , y ciudades de la región como Ciudad de México, Buenos
Aires y Guadalajara tiene un promedio entre 58,59 y 170,01 por Km2 (Barreto L. , 2021). A
pesar de que ha sido un amplio incremento en los últimos años pasando de 378 en 2016 a 6.380
en 2021 en la adquisición de equipos de video vigilancia, parece ser que estas cifras quedan
insuficientes frente a los grandes desafíos que presenta la capital colombiana en materia de
seguridad por su alta complejidad y extensión de cobertura territorial.
Ante una compleja situación de cobertura efectiva mediante equipos tecnológicos, pie de
fuerza y apoyo de redes de participación e información, se deben optar por nuevas herramientas
y nuevos planes de acción que logren mejorar las capacidades operativas de la administración
local, uno de esos planes a contemplar es robustecer la colaboración por medio de convenios con
aquellas empresas legalmente constituidas en ejercicio de la seguridad privada dadas sus
capacidades y amplia cobertura.
Teniendo en cuenta los anteriores aspectos en cuanto al plan de seguridad del Gobierno
de Claudia López, el presupuesto en seguridad y las capacidades operativas de la ciudad
evidenciadas mediante el (C4), se dará continuidad a la observación de la amplia capacidad
operativa que posee el sector de la seguridad privada en Bogotá y el prometedor convenio contra
la delincuencia entre el Distrito y el sector de la Seguridad Privada, el primero postulándose
como un gran apoyo para la gestión en la preservación y estabilidad de la seguridad ciudadana, y
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el segundo como una gran acción e implementación en temas de cooperación y operatividad
conjunta entre el sector privado y el sector público.
5. Seguridad Privada en Bogotá
El sector de la seguridad privada ha demostrado un amplio crecimiento en los últimos
años a causa de necesidades que han surgido por los complejos contextos sociales, económicos y
de inseguridad en el país, demostrando ser una herramienta más que valida al momento de la
protección de bienes privados y públicos. Este crecimiento como industria ha ido de la mano con
el aumento en sus capacidades operativas y tecnológicas acorde a los elevados estándares
internacionales en los que se ve comprometido.
Actualmente en Bogotá se encuentran registradas de forma oficial ante la Súper
Intendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 472 empresas con alrededor de 150 mil
miembros, los cuales ejercen funciones principalmente en esquemas de seguridad de centros
comerciales, propiedad horizontal, establecimientos de comercio, entre otros (Barreto L. , 2021).
A la robusta capacidad que poseen las empresas de seguridad privada con personal
calificado se le suma las capacidades tecnológicas y de reacción o movilidad, la primera de ellas
por medio de centrales de comunicación, registro y control tecnológico de personal y
principalmente mediante los circuitos cerrados de televisión ya que su cobertura no solo implica
la supervisión y protección de establecimientos en su interior, sino que también hacen presencia
en las zonas perimetrales del mismo, lo que indica una mayor visión en los espacios públicos que
pueden llegar a ser vulnerables ante la criminalidad; y segundo con la capacidad de reacción o
movilidad que le brindan sus equipos de transporte como autos, motocicletas y demás.
Ante los requerimientos y voluntades de avanzar en materia de seguridad, y frente a la
correlación que existe entre el plan de seguridad del gobierno y las herramientas que pude
proporcionar el sector de la seguridad privada, la administración ha puesto en marcha el
convenio interadministrativo No. SCJ-2090 del 2020 entre la Secretaría Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, que tiene por
finalidad contrarrestar los delitos de alto impacto por medio de esfuerzos técnicos y
administrativos.
18
5.1 Distrito Capital y Seguridad Privada: convenio contra la delincuencia
El convenio No. SCJ-2090 del 2020 tiene como objetivo reducir y combatir las cifras
derivadas de los delitos de alto impacto en la capital por medio de la acción conjunta entre las ya
mencionadas agencias.
“aunar esfuerzos administrativos y técnicos entre la secretaría distrital de seguridad,
convivencia y justicia y la superintendencia de vigilancia y seguridad privada para
adelantar acciones que generen espacios de cooperación para la seguridad ciudadana, la
sana convivencia enfocada en el sector de la propiedad horizontal y disminuir los delitos
de alto impacto.” (Convenio Interadministrativo No. SCJ-2090 DEL 2020, 2020)
Los principales aspectos en los cuales el distrito junto con las entidades de vigilancia y
seguridad privada actuaria van encaminadas a: 1) brindar capacitación a los guardas de seguridad
del cómo actuar frente a los delitos; 2) generar por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá
(MEBOG) una base de datos de las empresas vinculadas para agilizar los requerimientos de
forma oportuna; 3) realizar un análisis y seguimiento de los incidentes reportados con
anterioridad por parte de las empresas se Seguridad Privada; 4) vincular los medios de CCTV y
comunicaciones de las empresas de vigilancia y centros de comercio con el C4 para dar un
oportuno seguimiento y efectiva reacción frente a los delitos que se puedan presentar o
situaciones especiales que alteren el orden público (Barreto L. , 2021).
Las distintitas herramientas de carácter privado o público para lograr una finalidad
siempre y cuando estén dentro del los parámetros de la legalidad, serán de gran aporte si se
adecuan y se ejecutan de la forma más eficiente, donde la combinación de capacidades y
elaboración de estrategias juegan un rol muy importante, es allí donde convenios como el
celebrado entre la administración distrital y el sector de la seguridad privada dan una luz como
futuras herramientas frente a las amenazas que surgen en ciudades de alta complejidad
administrativa, poblacional y territorial, convirtiéndose en la combinación de políticas públicas
de carácter reactivas y proactivas para el bien de la sociedad.
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Conclusiones
La seguridad como concepto universal tiene un margen de acción extenso y con una
aplicabilidad diversa, se tiende a manejar y a interpretar las distintas tipologías de seguridad
dentro de un mismo paquete conceptual sin darle su debida división dependiendo el momento,
modo y lugar en el cual surja. En el presente documento se da una diferenciación entre seguridad
pública, seguridad ciudadana y seguridad privada como prestadora de servicio dentro del ámbito
de la protección de la sociedad frente a un riesgo, donde cada una de ellas cuenta con una
aplicación distinta y un margen de operación similar pero no igual.
Para lograr una efectiva comprensión de la problemática y de la forma en la cual se debe
actuar, hay que diferenciar y entender que la sseguridad pública es vista como la administración,
gestión y medio por el cual se imparte justicia para preservar la paz y el orden público; la
seguridad ciudadana, es el resultado de la administración gubernamental planificada por medio
de políticas públicas; y la seguridad privada es la prestación de servicio por parte de terceros con
el fin de mitigar riesgos y amenazas. Considerando las anteriores diferenciaciones, no se puede
dejar a un lado la transversalidad del ejercicio de las funciones de cada una de ellas, siendo
altamente complejas en cuanto a su administración, ejecución, asignación de recursos y
cobertura, es aquí donde se empieza a deslumbrar la complementariedad de funciones y
capacidades para brindar el mejor respaldo frente a las amenazas.
La falta de cobertura y recursos limitados del sector público y por ende de entidades
gubernamentales frente a la seguridad pública y seguridad ciudadana generan una ventana de
oportunidad y de acción en el cual la seguridad privada como prestadora de servicio mediante la
reglamentación concebida en el Decreto 356 de 1994 del Estatuto de Vigilancia y Seguridad
Privada puede realizar funciones a modo de complemento operativo, tecnológico y otros dadas
sus capacidades adquiridas como entidad independiente, más no realizar funciones transferida
suplementarias que corresponden netamente a responsabilidades y labores del Estado o entidades
gubernamentales.
La inseguridad en las principales ciudades del país es notoria mediante va pasando el
tiempo, surgen nuevas amenazas, nuevos actores y nuevas medidas de contrarrestarlas. Estos
actores ilícitos son quizás los factores que más rápido mutan su comportamiento por la misma
configuración del negocio criminal, día a día tienen nuevas formas de operar, nuevas áreas,
nuevas herramientas y nuevos servidores para conseguir su objetivo, mientras que por otro lado
20
se encuentran los organismos de control y operación gubernamental o estatal que por su
estructura formativa y jurídica tienden a prorrogar esas nuevas adaptaciones frente al crimen.
Bogotá como capital cuenta con una serie de delitos de alto impacto que afectan a la población
en general de forma directa o indirecta, entre las que están el hurto a personas, lesiones
personales, el hurto de vehículos, hurto a residencias, hurto a motos, hurto a comercio, entre
otros. Los ya mencionados delitos de alto impacto han generado un ambiente de inseguridad y
perdida de confianza en la institucionalidad de forma tangible, lo que ha puesto en la agenda
pública las posibles acciones a tomar y la asignación de los recursos frente a la problemática,
teniendo en el segundo punto una de las mayores dificultades por los elevados costos de
operatividad y de inversión que se requieren.
Las acciones coordinadas interagenciales privadas y/o públicas pueden llegar a ser un
mecanismo de alto valor estratégico para combatir la inseguridad en un entorno complejo en
cuanto a cobertura operativa, ya que las capacidades combinadas potencializan los posibles
planes de acción y políticas a ejecutar, convirtiéndose en operativos de nivel superior a los que se
pueden consumar de forma independiente. El convenio entre el Distrito y el sector de la
Seguridad Privada contra la delincuencia tiene un gran reto por ser el primer plan de este tipo en
Colombia, de ser efectivo, allí podría abrirse la posibilidad de planificar y ejecutar proyectos de
esta índole para disminuir los diversos delitos de forma local y nacional.
Bogotá cuenta con una gran extensión territorial entre zona urbana y zona rural en la cual
se vinculan e interactúan una diversidad de factores endógenos y exógenos que generan una alta
complejidad en materia de seguridad y preservación de la misma, donde los delitos más comunes
se convierten en delitos de alto impacto dada la configuración de actores. Bogotá en los últimos
años ha ido creciendo de forma acelerada tanto en infraestructura general como en su demografía
nativa y foránea, lo que se presenta como un reto en materia de administración y distribución de
recursos de la seguridad para la administración actual la cual requiere de una mayor inversión en
equipamiento y cobertura, permitiendo una ventana de oportunidad para la acción coordinada y
planeación de estrategias con entidades dedicadas a la seguridad privada en la capital, siendo esta
última una agrupación con gran capacidad de operación que pueda llegar a mejor la seguridad de
la ciudad de forma acertada.
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