La Semana en Guatemala 2012 / abr 24 - 30

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    Resumen de noticias, del 24 al 30 de abril de

    2012

    MP crea fiscala contra la trata de personas

    En conferencia de prensa, la fiscal general, Claudia Paz y Paz,acompaada de la vicepresidenta de la Repblica, Roxana Baldetti,anunci que el Consejo del Ministerio Pblico (MP) aprob el martes 24la creacin de la Fiscala Contra la Trata de Personas.

    Hasta el momento, la trata de personas era investigada por una Unidad especial dentro de la FiscalaContra el Crimen Organizado, por lo que la creacin de una Fiscala especfica es un gran paso para elcombate de la criminalidad, asegur la Fiscal General.

    Por su parte, la vicepresidente de la Repblica, Roxana Baldetti, agradeci al Consejo del MinisterioPublico la creacin de la Fiscala Contra la Trata de Personas. Esta es una buena noticia para toda lapoblacin, pero especialmente para las mujeres que han sido vctimas de este delito, asegur lavicemandataria.

    La fiscal Paz y Paz, asegur que con la creacin de esta Fiscala, que tendr competencia a nivelnacional, se contar con un presupuesto y con un personal especfico para investigar los delitos de tratade personas que, en promedio, se reportan 200 al ao.

    Estado reconoce violacin a los derechos humanos

    Durante la audiencia pblica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), celebrada eljueves 26 en Guayaquil, Ecuador, sobre el caso de la desaparicin forzada del sindicalista EdgarFernando Garca, el Estado guatemalteco reconoci, por medio del secretario de la Paz de la Presidencia(Sepaz), Antonio Arenales, que durante el enfrentamiento armado interno hubo violaciones a los

    Centro de Estudios de Guatemala10a. calle "A" 6-26, Zona 2 [email protected] de Guatemala http://ceg.org.gtTelfono: (502) 2254-0880Telefax: (502) 2254-9007

    La fiscal general, Claudia Paz y Paz,acompaada de la vicepresidenta dela Repblica, Roxana Baldetti, enconferencia de prensa. Foto: MP.

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    Derechos Humanos, por lo que asegur que el Gobierno buscar alcanzar acuerdos con las familias delas vctimas.

    Guatemala, en este proceso, ya haba reconocido responsabilidad por la desaparicin. Antes de venir aGuayaquil hablamos con la familia y suscribimos un acuerdo, el cual presentamos ante la CIDH en laaudiencia, dijo el funcionario.

    Durante la negociacin del acuerdo, en el cual particip la madre de Garca y su hija, acompaadas delGrupo de Apoyo Mutuo (GAM), se acord que la 9a. calle, entre 2a. y 3a. avenidas de la zona 1, fuerallamada Edgar Fernando Garca, ya que la vctima era egresada del Instituto Rafael Aqueche.Los familiares pidieron que con ese mismo nombre tambin fuera llamada la escuela primaria de lacolonia Santa Marta, zona 5 de Mixco, donde Garca labor como maestro de grado.

    Adems, se acord que el Estado por medio del Presidente le pida perdn a la familia en un acto pblicocelebrado en el Palacio Nacional y que, cuando la CIDH emita sentencia, esta se publique en el diariooficial.

    Entre otras cosas, el Estado se comprometi a promover la aprobacin de la propuesta de ley nmero 35-90, la cual creara la Comisin Nacional de Bsqueda de Personas Desaparecidas durante la guerra

    interna que dur 36 aos.

    Mario Polanco, del GAM, quien particip como acompaante en la discusin del acuerdo, dijo que, parademostrar madurez y voluntad, se convino que el Estado presentara ante la CIDH el acuerdo alcanzado.Subray que durante el gobierno anterior sus peticiones no encontraron eco y que por el contrario huboentorpecimiento.

    Hctor Reyes, abogado del Centro de Accin Legal en Derechos Humanos (Caldh), calific como positivoel hecho de que el Estado admitiera su responsabilidad en las violaciones cometidas durante la guerra.

    Agreg que es un acto de respeto a las vctimas, pero que debe acompaarse de una peticin de perdn.

    Tribunal condena a miembros del Comit de Seguridad de Panajachel

    El Tribunal Primero A de Alto Impacto impuso condenas de 17 y 19 aos de crcel a Juan Manuel RalnSolrzano y a Vctor Manuel Anleu Mogolln, presidente y secretario del Comit de Seguridad Ciudadanade Panajachel. El grupo es sealado de haber cometido abusos contra vecinos y turistas en esemunicipio.Los delitos por los cuales los han sentenciado son lesiones graves y lesiones leves; a Anleu se le agregcoaccin. La investigacin del Ministerio Pblico dice que ambos organizaron a un grupo de personasque el 12 de septiembre de 2011 agredieron a 4 personas.Los testigos indicaron en sus declaraciones que esa noche Raln y Anleu discutieron con JorgeEstuardo Daz Escobar, eso fue en el interior del caf-bar El Gato, propiedad de este. Adems, dicen que,al no llegar a un acuerdo, ustedes se comunicaron con otra persona por medio de un radiotransmisor yque minutos despus lleg un grupo de encapuchados, dijo la jueza Patricia Isabel Bustamante Garca,

    vocal del Tribunal.La turba ingres en el local, y con palos y otros objetos agredieron a Daz Escobar, a su hermano ByronEduardo y a Sergio Armando Lpez Rivera, quienes resultaron con heridas leves, por lo que se condena tres aos de prisin por cada caso. Otra persona identificada como Carlos Antonio Churunec resultcon heridas graves, y se conden a cada uno a ocho aos de crcel, explic Bustamante.

    A Anleu se le dictaron 2 aos de prisin conmutables a razn de Q100 diarios, por el delito de coaccincontra Jorge Daz, a quien exiga que abandonara el pueblo, concluy la jueza.

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    David Pineda, abogado de los sindicados, explic que se analizar si se presentar una apelacin a lasentencia. La ley dice que tenemos diez das hbiles para accionar contra este fallo, vamos a estudiar elcontenido de la sentencia y actuaremos de la manera que consideremos pertinente, dijo.Benedicto Tnaz, fiscal distrital de Solol, acot que an quedan pendientes 12 rdenes de capturacontra otros supuestos miembros del Comit de Seguridad Ciudadana de Panajachel. Existen varioscasos de abusos cometidos por este grupo, entre ellos lo ocurrido con Luis Gilberto Sente, quien fuesecuestrado el 4 de octubre de 2011, durante la fiesta patronal del municipio. A la fecha no ha aparecido,dijo.

    Rechazan cambiar delito a supuesto autor intelectual del asesinato deCabral

    El Juzgado Quinto Penal rechaz la pretensin de la defensa del costarricense Alejandro Jimnez, aliasel Palidejo, de cambiarle el delito de asesinato por el de homicidio, por el atentado dirigido en contra delempresario nicaragense, Henry Farias, hecho en el que perdi la vida el cantautor Facundo Cabral.Segn reportes locales, el Ministerio Pblico (MP) lo seala como autor intelectual de un atentado dirigidocontra el nicaragense Farias, en donde accidentalmente muri Cabral, en julio de 2011.

    El sindicado argument que no se le puede cargar el delito de asesinato debido a que en lasinvestigaciones de la Fiscala sealan que el ataque iba dirigido contra el nicaragense y no contra elartista.Byron Castaeda, abogado de Jimnez, dijo a la jueza que el Ministerio Pblico no tiene pruebas paraculparlo de haber ordenado el ataque contra Farias. La defensa tambin pidi a la jueza dejar fuera delproceso la declaracin del colaborador eficaz; el testimonio del colaborador eficaz es una prueba ineficazy defectuosa, por eso pedimos a la jueza desista del testimonio.

    USAID y MP firman convenio para mejorar persecucin penal encasos de corrupcin

    La fiscal general, Claudia Paz y Paz, y el director de la Agencia de los Estados Unidos para el DesarrolloInternacional en Guatemala (USAID, por sus siglas en ingls) Kevin Kelly, firmaron el mircoles 15 elconvenio Proyecto de Transparencia e Integridad, el cual persigue acompaar y apoyar a la Fiscala adesarrollar medidas para mejorar la investigacin y persecucin penal, con nfasis en los delitosrelacionados con la corrupcin.

    Kelly indic que se velar por que se apliquen medidas de transparencia y anticorrupcin dentro delMinisterio Pblico y la promocin de la coordinacin con las dems instituciones.

    CIDH escucha dos testimoniosLa Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que sesiona en Ecuador, realiz la audienciapblica por la demanda internacional interpuesta por familias de 28 de 183 vctimas, que sonacompaadas legalmente por la Fundacin Myrna Mack.

    Durante la diligencia se escuch el testimonio de la analista Katy Doyle, del National Security Archive deWashington, quien dijo con base en el Diario Militar y el Archivo Histrico de la Polica Nacional, que elEjrcito planific la estrategia, y la polica fungi como instrumento de las operaciones

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    Kate Doyle indic que es clave destacar que el Estado de Guatemala ha ocultado la informacin sobre elconflicto armado interno y la que hay se detect por casualidad al descubrir el Archivo de la PolicaNacional.

    En la audiencia tambin declar Manuel Vsquez, de la Fiscala, quien confirm que el Ejrcito no hafacilitado informacin relativa a los casos de desaparicin forzada. Esa informacin fue quemada, afirmaVsquez que le expres el Ministerio de la Defensa.

    La CIDH escuch el testimonio de Efran Garca, padre de Lucrecia Garca Escobar, secuestrada hace 30aos. Creo que est muerta, declar Garca al contar que la busc en hospitales y crceles sinresultados.

    Mientras la audiencia se desarrollaba en Guayaquil, Ecuador, familiares que no pudo viajar se concentren las oficinas de la Fundacin Myrna Mack. Ah estaba Natalia Glvez, quien reclama justicia por ladesaparicin de su hijo Carlos Guillermo Ramrez Glvez, desaparecido el 14 de febrero de 1984.

    A Willy se lo llevaron, fueron las palabras con que el esposo de Natalia le dio la noticia. La madre deGuillermo sabe que lo torturaron durante 21 das segn consta en el Diario Militar. Natalia no pierde laesperanza de abrazarlo, afirma.

    Organizaciones de la sociedad civil plantean observaciones respectoa la eleccin del PDH

    La Comisin de Derechos Humanos, recibi el mircoles25 observaciones y sugerencias de Organizaciones de laSociedad Civil, respecto a la eleccin del Procurador oProcuradora de los Derechos Humanos, que se lleva acabo en el Parlamento, cumpliendo con la ConstitucinPoltica de la Repblica.

    La sociedad civil nos ha dado acompaamiento hacindonos notar cuales son los retos, desafos,debilidades y fortalezas que tiene la Procuradura de los Derechos Humanos, recibimos informacin muyvaliosa, acerca de como ellos observan la institucin, explic el Presidente de la Sala Legislativa,diputado Luis Fernando Prez.

    La Comisin estudiar estos aspectos y los tomar en consideracin al momento en que se tom unadecisin, de quienes sern los candidatos que conformen la terna que plantearemos al Pleno Legislativo,porque estn planteando como fortalecer la institucionalidad de la Procuradura y su independencia,seal el legislador.

    El lunes 23, la Comisin escuch la defensa de los ocho aspirantes a dirigir la Procuradura de losDerechos Humanos (PDH) que tienen objeciones por parte de organizaciones de la sociedad civil.Durante la audiencia, dirigentes de varias agrupaciones y personas particulares reiteraron sus denuncias,las cuales respondieron los aspirantes criticados.

    Integrantes de la Comisin escuchan lospronunciamientos de agrupaciones sociales. Foto: PL.

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    El jueves 26 comenzaron las entrevistas con los candidatos las cuales continuarn el lunes 30. El 4 demayo se efectuar un foro con los candidatos que queden de los 19 y el 7 de mayo se formar la terna dela cual elegirn los congresistas.

    Juramentan a Jos Antonio Lemus como viceministro de Marina

    El lunes 23, el presidente Otto Prez jurament a Jos AntonioLemus Guzmn como titular del recin creado Viceministerio deMarina, el cual estar adscrito al Ministerio de la DefensaNacional.

    En el acto de juramentacin tambin fue nombrado Edwin Njera Castaeda, como viceministro de laDefensa

    El nuevo despacho, explic Prez, tendr como objetivo darles la representacin que ameritan a lasfuerzas de mar del Ejrcito y reconocer la importancia de la autoridad martima.

    El nuevo viceministro, agreg Prez Molina, deber atender el inters de todo lo que se refiere a lascostas y litorales del pas y todos sus mandos acuferos, as como contribuir con las fuerzas de are ytierra del Ejrcito en las tareas de seguridad interna y externa.

    Crean la Unidad Especial Antinarcticos

    Mediante un acuerdo, el Ministerio de Gobernacin cre la Unidad Especial Antinarcticos (UNESA)como una unidad especial dentro de esa dependencia que tiene por objeto de cumplir directricesemanadas de la Estrategia Nacional contra la Narcoactividad, a cargo del Quinto viceministerio.

    De acuerdo con el Acuerdo Ministerial 154-2012, publicado el mircoles 25 en el Diario de Centroamrica(oficial) la UNESA tendr las funciones de planificar, disear, y coordinar las actividades que realizan lasinstituciones involucradas en la lucha contra el narcotrfico en todas sus formas y actividades conexas.

    Para el cumplimiento de sus funciones, la Unidad Especial Antinarcticos (UNESA) contar con seisdirecciones como la general, administrativa financiera, tecnolgica e Informtica, de Investigacin y

    Asuntos Jurdicos, de Anlisis Financiero, de Planificacin y Coordinacin de Proyectos y de Seguimientode Bienes.

    Unesa tendr un plazo de cinco aos contados a partir de la vigencia del acuerdo de creacin y entra aregir a partir de maana jueves 26 de abril.

    Edwin Njera y Jos Lemus fueronjuramentados. Foto: PL.

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    Lanzan programa nacional Agua para todos

    El programa nacional para el saneamiento del vital lquido Agua para todos fue lanzado el lunes 23 conun fondo de $160 millones, con apoyo del Gobierno espaol y el Banco Interamericano de Desarrollo(BID), y un aporte del Gobierno de Guatemala.

    Del total, $100 millones corresponden a un aporte no reembolsable de Espaa, mientras $50 son paracrditos de un fondo del BID. El pas aportar, por su parte, $10 millones. Actualmente se ejecutanprogramas para este servicio por unos $38 millones.

    El proyecto pretende invertir en el sector de agua potable y saneamiento en las zonas rurales yperifricas urbanas de mayor pobreza de nuestra nacin como parte de las polticas impulsadas desde elEjecutivo.

    La vicepresidenta Roxana Baldetti inaugur la actividad y dijo lamentar que la mayora de los nios en elinterior del pas mueren por diarreas o problemas intestinales derivados de la falta de agua tratada ysana.

    Baldetti, explic que en el pas existen 31 mil 445 comunidades que carecen de acceso a agua potable, yen los ltimos aos se ha logrado abastecer solo a 1,800 asentamientos humanos.Esto es apenas el 15 por ciento, y para cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio necesitamosllegar al 70 por ciento, agrega la funcionaria.

    El embajador de Espaa en Guatemala, Manuel Lejarreta, explic los beneficios de la cooperacin queser coordinada por medio de la Agencia Espaola de Cooperacin Internacional para el Desarrollo(AECID).

    Resalt que del total del apoyo brindado por Espaa, Guatemala es el segundo pas que ms recibedespus de Hait.

    En 2007, la Cooperacin Espaola coordin una donacin para Guatemala de US$100 millones(alrededor de Q770 millones) para proyectos de agua potable y saneamiento.

    Segn Baldetti, a la fecha se ejecutan Q38 millones de un primer desembolso de US$50 millonesinvertidos en 180 proyectos en 33 municipios de San Marcos, Quetzaltenango, Solol y Chiquimula,congregados en 6 mancomunidades.

    Observatorio Indgena denuncia polticas excluyentes por parte delGobierno

    Representantes del Observatorio Indgena Nacional denunciaron el martes 24 que el presidente OttoPrez se ha mantenido con una poltica excluyente y racista hacia los pueblos indgenas, en los 100 dasque lleva de gobierno.

    Mario Itzep, coordinador de esa entidad, dijo que los pueblos indgenas no han sido visibles en esteGobierno. Ni en los ministros y secretarios de Estado, ni como actores claves en la gestin ni en laspolticas pblicas, explic Itzep.

    Agreg que la gobernabilidad y la democracia sin racismo y discriminacin, es responsabilidad delGobierno y del Estado.

    Segn el dirigente, son tareas pendientes del Gobierno la institucionalidad indgena, la inclusin polticade los pueblos indgenas y la erradicacin y eliminacin del racismo y la discriminacin. Tambin el

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    aumento de la calidad de la educacin bilinge y descentralizacin en las comunidades, la prevencin dela violencia y el desarrollo de la juventud.

    Iniciarn proceso de actualizacin de la Ley Electoral y de PartidosPolticos

    Los miembros de la Comisin Especfica de Asuntos Electorales del Congreso de la Repblica deGuatemala destacaron la importancia de actualizar la Ley Electoral y de Partidos Polticos, una de lascolumnas del sistema poltico durante 27 aos de democracia.De acuerdo con un comunicado de la institucin, en la actualidad los instrumentos normativos electoralesse ven en la necesidad de modernizarse para atender los cambios propios de la sociedad y la polticaguatemalteca, por lo que el Congreso implementar un proceso de debate nacional sobre la reforma deeste instrumento.Segn la informacin, Guatemala tiene la oportunidad de identificar vacos y retos para actualizar lasreglas que rigen tanto el sistema electoral como el sistema de partidos polticos, en tal escenario, elLegislativo liderar una nueva etapa de reforma electoral, que tendr como caractersticas fundamentalesel dilogo y la construccin de consensos.

    El Congreso de la Repblica implementar un debate nacional, para lo cual tomar como base laexperiencia y las lecciones aprendidas de los procesos de reforma que se realizaron en 2004, 2006 y2008, por tanto uno de los puntos de partida es el dictamen de la iniciativa legislativa 3826 que constituyeel ms reciente esfuerzo de reforma.La Comisin Especfica de Asuntos Electorales pondr en marcha un enfoque que combina ejestemticos alrededor de actividades de consulta externa con la sociedad civil especializada, un canal dedilogo con el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el ejercicio de deliberacin a lo interno de la institucin.El proceso combinar el dilogo y la construccin de consensos sobre el contenido de la reforma y la deconsulta ciudadana, que enriquecera el debate interno.

    Las actividades se inauguran con el foro nacional La reforma electoral en Guatemala y Amrica Latina:entre lo deseable y lo posible, posteriormente se convocar a cuatro foros pblicos en mayo, queabordan los ejes principales de la reforma.Las temticas que se abordarn sern el TSE y sus funciones, los rganos electorales intermedios, elsistema de partidos polticos, el financiamiento de las entidades electorales y campaas, participacinpoltica de los pueblos indgenas, la participacin poltica de las mujeres, el proceso electoral, la forma devotacin, la fuerza de las resoluciones del TSE y el sistema electoral y sus mtodos eleccin dediputados y alcaldes.

    Gobierno se rene con Grupo de Cooperantes (G-13)

    Los representantes del Grupo de Cooperantes (G-13), integrado por pases y organismos que brindan

    apoyo, se reunieron este mircoles con el Gobierno para conocer la estrategia de desarrollo rural yabordaje de la conflictividad agraria del pas.

    Manuel Lejarreta, embajador de Espaa y presidente del G-13, indic que les informaron del marcogeneral de la poltica de desarrollo rural y los lineamientos del Gobierno, as como las peticiones de lamarcha campesina y los acuerdos. Afirm que el G-13 espera para mayo el documento en el que elGobierno plantee la cooperacin que requiere y, con base en ello, el Grupo ver si es posible adaptar elapoyo a esas necesidades.

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    En la presentacin se constat que hay canales de dilogo establecidos, voluntad del Gobierno parallegar a priorizar las demandas y que se acta con mentalidad abierta y espritu de dilogo, el cualtambin se ha visto en los grupos campesinos, refiri el diplomtico.

    Adrin Zapata, comisionado presidencial para el Desarrollo Rural, dijo que al G-13 le explicaron temascomo la economa campesina y la inversin privada en el rea rural. En cuanto a los planteamientoscampesinos, expres que hay peticiones de varios grupos. Algunos temas son coincidentes y respondena problemticas histricas del pas, por ejemplo el acceso a la tierra y falta de desarrollo, afirm Zapata.

    El G-13 est formado por Alemania, Canad, Espaa, Estados Unidos, Italia, Japn, Noruega, Holanda,Suecia y la Unin Europea y cinco entidades multilaterales.

    Guatemala y Belice acuerdan celebrar consulta en el 2013

    Guatemala y Belice acordaron que el 6 de octubre del 2013 se celebrar una consulta popularsimultnea, para determinar si la disputa territorial que pende entre ambos pases se solventa a travsde la Corte Internacional de Justicia. El acuerdo fue alcanzado en la sede de la Organizacin de losEstados Americanos (OEA), en Washington, entre los cancilleres de Guatemala, Harold Caballeros, y deBelice, Wilfred Arlintong.

    Durante los prximos 15 das ambas naciones deben entregar un informe sobre el costo del diferendo,explic por telfono el ministro Caballeros. Los dos pases tambin debern hacer una campaapublicitaria para exhortar a sus ciudadanos al voto.

    Caballeros indic que para el pas el costo del referendo ser similar al de una eleccin general. Loscomicios recin pasados costaron alrededor de Q500 millones, segn informacin del Tribunal SupremoElectoral.

    A este monto se debe sumar el de la publicidad, y luego, si el resultado es positivo de parte de ambospases, el costo que implicara acudir a una corte internacional.

    Durante la reunin tambin se cre una comisin, integrada por representantes de la OEA y de losgobiernos de Guatemala y Belice, para la resolucin de conflictos, como el ocurrido el 28 de enero ltimo,

    cuando soldados beliceos asesinaron al campesino guatemalteco Juan Choc Chub.

    Carlos Ral Morales, vicecanciller y representante del pas en la Comisin, indic que se implementarnprogramas para dar seguridad alimentaria a la poblacin, los cuales son a corto plazo, y otros paraproveerles sistemas de produccin que les permitan ganarse la vida en proyectos como siembra decacao o hule. Esto con asistencia tcnica internacional.

    Exembajador de Espaa en Guatemala, Mximo Cajal rinde testimonio

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    Mximo Cajal y Lpez, de 77 aos, exembajador deEspaa en nuestro pas, relat el mircoles 25 que elGobierno de entonces Romeo Lucas Garca no evitque 37 personas murieran carbonizadas durante laquema de esa sede diplomtica el 31 de enero de 1980.

    Cerca de las 3 de la maana, su imagen se proyecta en la pantalla en la sala de audiencias. Durante unahora y 20 minutos, Cajal hablar de sus recuerdos, de sus intentos de gestionar una salida negociada a la

    toma de la sede diplomtica.Trataba de negociar, dice, y sostiene que llam, entre las 11 de la maana y las 2 de la tarde, al

    exministro de Gobernacin, Donaldo lvarez Ruiz, al excanciller Eduardo Castillo Valdez y a su exviceministro, cuyo nombre no mencion y a quien asegur que le pidi que retirara a la Polica. A eso, lme dijo que lo vea bastante difcil, dice.Pedro Garca Arredondo, exjefe del comando 6 de la Polica Nacional, el nico procesado por el hechotambin est ah. Entra a la sala a las 2:05 de la maana. El resto de presentes son periodistas, agentesde seguridad, cuatro abogados tres del MP y uno de la defensa y el juez.

    Dice que todo estaba ms fresco cuando escribi su libro. Ahora, no. Se esfuerza en recordar cuando lasllamas iniciaron. Le cuesta. Dice que lo que sabe ahora es una mezcla de lo que vivi, de lo que olvid yrecord tras salir de un shock nervioso y lo que ha odo y visto en artculos y documentales en estos

    aos.

    An as recuerda a los policas armados hasta los dientes, que las llamas empezaron despus deescuchar un disparo, que se extendieron en la barricada de muebles frente a la puerta de su despacho,que salt sobre ellas y le produjeron quemaduras en diferentes partes del cuerpo. Del resto, no sabedecir mucho, solo que en su opinin no se intent una salida pacfica a la crisis y que no se movi undedo para salvar a los ocupantes ni tan siquiera vio bomberos intentando apagar el fuego.

    Al momento que la Polica me lleva a un furgn y me mantiene retenido por unos 20 minutos escucho losgritos de las vctimas que se estn quemando y nadie las auxiliaba, ya que ni a los bomberos dejaroningresar, expres Cajal.

    La forma en que irrumpieron las autoridades en la cancillera pareca como una pelcula de terror en que

    a travs de una rendija que se va ampliando se vean las metralletas, y lo que quedaba de la puerta loderribaron para el asalto, dijo.

    Imparten curso de kiche a operadores de justicia en Totonicapn

    Con el objetivo de que los operadores de justicia de Totonicapn presten mejor atencin a la poblacin,reciben un curso de idioma maya kiche, impartido por la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala(ALMG). Los coordinadores informaron que el curso durar 60 horas, distribuidas en das alternos, params de 80 participantes.

    El exembajador de Espaa en Guatemala, Mximo Cajaly Lpez, rindi su declaracin en videoconferencia. Foto:EP.

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    Explicaron que se impartir lo esencial para comunicarse con la poblacin procedente de las diferentescomunidades del departamento.

    Victoria Casia, de la aldea Chimente, fue citada a declarar en uno de los juzgados y tuvo que esperarvarias horas para ser escuchada por un juez, porque no haba traductor.

    Segn los organizadores, con este curso que se imparte a los operadores de justicia la poblacin ser lams beneficiada, ya que ser atendida en su idioma.

    Alfonso Nolasco, director de la ALMG en este departamento, mencion que es una oportunidad de estainstitucin para cumplir con los objetivos de investigacin, promocin, difusin y enseanza de laslenguas mayas.

    Pedro Ixchiu, de la Defensora Pblica Penal, dijo que la nica intencin es que los operadores de justiciay personas vinculadas con ese servicio puedan mejorar su comunicacin con el pblico.

    Explic que a raz de este curso nace la implementacin de traductores judiciales.

    Fedecocagua solicita al MP investigar a empresarios y a CarlosCastresana

    Los abogados de la Federacin de Cooperativas Agrcolas de Productores de Caf de Guatemala(Fedecocagua), Wilve Salazar y Jos Toledo, presentaron el mircoles 25 una denuncia en el MinisterioPblico (MP), para que se deduzcan responsabilidades a las personas del caf que arremetieron contrala gremial durante la investigacin sobre la muerte del abogado Rodrigo Rosenberg, el 10 de mayo del2009.

    En la denuncia aparecen los nombres del expresidente de la Asociacin Nacional del Caf (Anacaf)Chistian Rasch; el expresidente del Comit Coordinador de Asociaciones Agrcolas, Comerciales,Industriales y Financieras (Cacif) Carlos Ziga, y el exjefe de la Comisin Internacional contra laImpunidad en Guatemala (Cicig) Carlos Castresana, dijo Toledo.

    Salazar explic que despus de que la gremial fue investigada por supuestos actos de lavado de dineroque seal Castresana y de haber sido desvinculada de las muertes de Rosenberg y del empresarioKhalil Musa y su hija Marjorie, ahora piden al MP investigar quines buscaron hacerle dao.

    Estamos solicitando que el MP investigue quines fueron las personas del sector del caf quemalinformaron a Rosenberg para que expusiera hechos falsos en su video post mrtem, en el quevinculaba a dirigentes de Fedecocagua con la muerte de los Musa por el supuesto nombramiento que sehaba emitido del empresario en el Banco de Desarrollo Rural y Anacaf, afirm Salazar.

    Los delitos por los que se present la denuncia son violacin a la Constitucin, obstruccin a la justicia,injuria y falso testimonio.

    Fedecocagua solicita que se investigue a Castresana por los sealamientos vertidos el 12 de enero del2010, cuando present los resultados de la investigacin del crimen contra Rosenberg la cual concluyque l pudo haber planificado su propia muerte, sobre que se deba investigar a esa Federacin por laexistencia de zonas oscuras en sus finanzas.

    Adems, solicitan que se investigue a las personas que rindieron declaraciones falsas en el MP durantelas pesquisas por el caso Rosenberg, entre quienes se menciona al expresidente de Anacaf, quienafirm que haba problemas personales entre Khalil Musa y el gerente de comercializacin deFedecocagua, Gerardo de Len.

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    Toledo dijo que Rasch declar en la Fiscala de la Cicig que en una junta de Anacaf Musa acept quehaba problema con De Len, por lo que buscaron el acta, que no exista. Era falso. l jams haba dichoeso y el acta deca otra cosa.

    Refiri que la actuacin de Rasch fue para obstruir a la justicia, por lo que consideran que su declaracinse debi a los roces con Fedecocagua, por la acusacin en su contra, aos atrs, por el desvo de US$12millones de Anacaf hacia una financiera en Estados Unidos.

    A Ziga lo sealan por el pronunciamiento pblico que se hizo en diferentes medios de comunicacin,donde el Cacif peda la sustitucin de los representantes del presidente de la Repblica y del Ministeriode Agricultura en la Junta Directiva de Anacaf.

    Segn los abogados, quienes representaban en ese momento al Ejecutivo eran agremiados deFedecocagua y por aos buscaron un puesto de esa manera, para ser tomados en cuenta en decisionesimportantes del sector cafetalero.

    La demanda fue recibida en la Secretara General del MP, donde ofrecieron remitirla a una fiscalaespecial.

    Los abogados de Fedecocagua viajaron en julio del 2011 a la sede de la Organizacin de las Naciones

    Unidas, para pedir la carta de entendimiento a la CICIG, y tambin solicitaron que se le retirara lainmunidad a Castresana, para que sea juzgado por los sealamientos que hizo contra la gremial.

    Exagente de la PNC es ligado a proceso por ejecucin extrajudicial

    Mrtir Garca Hernndez, exagente de la Polica Nacional Civil (PNC) que cumple una condena, fueligado el mircoles 25 a otro proceso por ejecucin extrajudicial y asociacin ilcita.

    Garca es acusado por el Ministerio Pblico de haber cometido tres ejecuciones cuando integraba laestructura paralela dirigida presuntamente por la ex viceministra de Gobernacin y exdirectora de la PNC,Marlene Blanco Lapola, quien tambin enfrenta proceso.

    Miguel ngel Glvez, juez Primero B de Mayor Riesgo, resolvi ayer ligar al exagente a proceso, por la

    muerte de tres personas. Segn la Fiscala, en la estructura en la que operaba, Garca era el sicario.

    Las investigaciones de la Comisin Internacional contra la Impunidad determinaron que en esaorganizacin Blanco Lapola reciba la informacin y provea logstica para el grupo.

    El trabajo de un comisario era aportar informacin a travs de inteligencia a la cual tena acceso, y latransmita al resto de jefes de grupos operativos.

    En esas acciones pudieron haber matado a Rosa del Carmen Coyoy Ixcot, Lauro Oswaldo Andrino yJonhy Estuardo Sac Rojas, en el 2009, cuando Blanco Lapola era viceministra de Seguridad.

    Garca Hernndez tambin era guardaespaldas de Blanco Lapola, junto a Juan Carlos Rojas Salguero,quien presuntamente es ahora colaborador eficaz.

    Garca Hernndez fue juzgado por el Tribunal Primero de Alto Riesgo, el 17 de junio del 2011, junto alexoficial de la PNC Juan Carlos Rojas.

    Ambos fueron condenados a 25 aos de prisin por la desaparicin forzada de Juan de Jess GarcaLpez, alias el Tripas, presunto extorsionador.

    Hernndez y Rojas estaban asignados a la Unidad de Accin Nacional contra el Desarrollo Criminal delas Pandillas de La Polica e investigaban extorsiones de que eran vctimas pilotos de autobuses deloccidente.

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    Recuerdan a obispo Juan Gerardi

    Las actividades en conmemoracin del 14 aniversario de la muerte del obispo Juan Jos GerardiConedera finalizaron el jueves 26 con una caminata en la que participaron religiosos, activistas y fieles

    catlicos. En la marcha, decenas de personas portaban pancartas y velas en memoria de Gerardi. Elgrupo sali de la Plaza Central y lleg a la iglesia San Sebastin, donde se inaugur una exposicin quedescribe la vida contra el obispo.

    El arzobispo metropolitano, scar Vian, durante el oficio religioso en la Catedral Metropolitana, pidi alGobierno y al Ministerio Pblico esclarecer el crimen del prelado. A la ceremonia asistieron jerarcas de laIglesia Catlica, entre ellos el Cardenal Rodolfo Quezada Toruo, y cientos de fieles.

    Vian, al finalizar su mensaje, expres: Animo a las autoridades a esclarecer el violento crimen contramonseor. Insto al Ministerio Pblico a no escatimar esfuerzo para esclarecer el hecho. La Iglesia estdispuesta a perdonar, pero necesita saber a quin y por qu perdonar.

    Durante una semana la cripta que guarda los restos de Gerardi fue abierta al pblico, y segn la Oficinade Derechos Humanos del Arzobispado, unas 10 mil personas la visitaron.

    El crimen contra el obispo ocurri en la casa parroquial San Sebastin, el 26 de abril de 1998, dos dasdespus de que Gerardi presentara el informe para la Recuperacin de la Memoria Histrica (Remhi).

    Vivimos en una sociedad de clases que no vive en paz y armona, sigue el contraste entre indgenas yno indgenas. La reconciliacin no implica olvidar el pasado. Mientras no se sepa la verdad, las heridasdel pasado no podrn cerrarse, expres en su homila el arzobispo scar Vian.

    Ambientalistas piden garantas en cierre de operaciones de mina

    Garantizar la fianza de cierre de operaciones de la mina Marlin es parte de las peticiones del MovimientoMesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4).

    El M4 considera que el futuro cierre de la Mina Marlin no cuenta con un plan adecuado de cierre, lo queimpactar gravemente la salud, el agua, la alimentacin y la vivienda de las comunidades indgenas.

    Que solo se ha destinado una fianza de un milln de dlares cuando al menos se necesitan $49 millones,para el proceso de cierre; que el estudio de impacto ambiental y social de dicha mina no provee lossuficientes detalles en cuanto a los planes de cierre. Segn este movimiento, el proyecto minero hadejado graves e irreversibles consecuencias en la salud de las comunidades

    Por lo que exigen a la Mina Marlin que asegure una fianza suficiente en proporcin a los $49 millonesestimados para el cierre, un monto que debera ser ajustado despus de la divulgacin exhaustiva de losplanes de la empresa y un anlisis independiente, e informe detallado sobre sus planes de cierre previaconsulta libre e informada a las comunidades afectadas.

    Adems el movimiento quiere la cancelacin de todas las licencias de reconocimiento, exploracin yexplotacin minera vigentes en nuestro pas, ya que son ilegales, y que fueron autorizadas en el marcode la Ley de minera que no tom en cuenta el derecho a la consulta de los pueblos y comunidades.

    El Movimiento afirm que el Modelo Extractivo Minero es intrnsecamente insustentable por suscaractersticas y por su manera de operar, ya que se trasfieren gigantescas ganancias a un puado detrasnacionales mineras a costo del despojo y empobrecimiento de los pueblos.

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    El M4 tambin demanda al Gobierno de Canad la aprobacin de una ley que permita a ciudadanosextranjeros demandar en cortes canadienses a empresas mineras de ese pas.

    En Quetzaltenango, campesinos rechazan mineras

    Ms de tres mil vecinos de la comunidad mam, que incluye ocho municipios de Quetzaltenango, con el

    apoyo de vecinos de San Marcos, realizaron este jueves una marcha pacfica denominada Caminata porla defensa de la vida, el agua y la madre Tierra, a fin de exigirle al Gobierno el cese de licencias paraminera e hidroelctricas, que aseguran daan el medioambiente.La actividad, que recorri 10 kilmetros, desde la aldea Duraznales, Concepcin Chiquirichapa,Quetzaltenango, hasta la Gobernacin Departamental, en la zona 1 de Quetzaltenango, culmin sinninguna eventualidad, aunque gener atascos vehiculares y molestias en vecinos quetzaltecos.

    Antonio Gmez, del Consejo de Pueblos de Occidente, dijo que la peticin de las comunidades es que elGobierno no extienda licencias de exploracin y explotacin de minera ni para construccin dehidroelctricas. Estamos cansados de que no nos escuchen, expres.

    Los manifestantes gritaban consignas de rechazo porque los megaproyectos han originado conflictosentre ellos y empresas transnacionales, como en San Martn Sacatepquez, en donde se est instalandola hidroelctrica Talcanac, S.A., que, afirman, perjudicar una extensa rea boscosa.

    A las demandas se unieron vecinos de Cantel, por los problemas que han tenido por la construccin de lahidroelctrica Cueva Mara, de la empresa Recursos Energticos Pasac, S.A., ya que aseguran que estdestruyendo sus recursos naturales y puentes principales, adems de no haber cumplido acuerdos conlas comunidades.

    Segn Jos Ramrez, de la Comisin Municipal para la Defensa del Territorio de Olintepeque, lasautoridades gubernamentales no han respetado las ocho consultas que se han celebrado contra laminera.

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    Fuentes consultadas: Prensa Libre, Siglo Veintiuno, La Hora, El Peridico, Nuestro Diario, Al Da, Diariode Centro Amrica, agencia Cerigua, fuentes directas.

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