La Semana en Guatemala 2012/12/5-11

7/29/2019 La Semana en Guatemala 2012/12/5-11

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Resumen de noticias, del 5 al 11 de diciembre de

2012

Navi Pillay: millones de personas en el mundo no gozan de susderechos humanos

Navi Pillay, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos salud a todos losque han sufrido luchando por lo que les pertenece por derecho propio y a todas las personas que afirman

que todos y todas tienen una voz, tienen derechos y quieren participar en la gestin de las sociedades yeconomas, como debe de ser.

A decir de Pillay, en su declaracin en el marco del Da de los Derechos Humanos, millones de personasse han lanzado a la calle en los ltimos aos en pases de todo el mundo, alentadas por hechos ocurridosen otras partes, algunas para exigir derechos civiles y polticos y otras para reivindicar derechoseconmicos, sociales y culturales.Segn la Alta Comisionada, las poblaciones piden mucho ms que el respeto a la libertad de expresarse,piden que se ponga fin a una situacin en la que los gobiernos sencillamente deciden lo que msconviene a la poblacin sin siquiera consultarla.Las sociedades reclaman su garanta a participar plenamente de las decisiones y polticas

internacionales, nacionales y locales que afectan su vida cotidiana y han expresado su rechazo a que susdirigentes las traten con desprecio y hagan caso omiso de sus necesidades, ambiciones, temores ydeseos.Pillay dijo que la poblacin exige lo que por espacio de ms de 60 aos le ha pertenecido por derechopropio en virtud del derecho internacional, sus garantas humanas enunciadas en la DeclaracinUniversal de Derechos Humanos y desarrolladas posteriormente en otros tratados internacionales

jurdicamente vinculantes.La Alta Comisionada indic que se supone que todos los derechos se aplican a todos y todas, nadiedebera ser excluido de ninguno de ellos por ser mujer, pertenecer a una minora o profesar una religindeterminada, por ser homosexual, tener alguna discapacidad o afiliacin poltica particular, ni por sermigrante o pertenecer a una etnia en particular.

Todos y todas deberan tener una voz que cuente en la sociedad y poder participar de una manera libre,activa y significativa, tanto en los asuntos econmicos como en los polticos, sin embargo millones depersonas no lo pueden hacer.Finalmente, Pillay destac que en los ltimos aos la gente en muchos pases ha fortalecido su posicin yha dejado en claro que justo lo necesario ya no es suficiente.

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Debe prevalecer el dilogo, dice el PDH

El Procurador de Derechos Humanos, Jorge DeLen Duque, llam el lunes 10 a los diversossectores del pas a resolver mediante el dilogo losconflictos de cualquier ndole. Deslegitimar a lascomunidades sobre sus reivindicaciones es negar suderecho y la interpretacin podra ser racista si setrata de pueblos indgenas precis.

Agreg: La ingobernabilidad se produce porque losconflictos no se resuelven en plazos razonables. Sicontinan dando prioridad a los intereses de lucro,tendremos un agravamiento de la conflictividad.

Uno de los conflictos mineros que ms tiempo

registra tuvo su mximo detonante el viernes de lasemana pasada, cuando la Polica intent desalojar,sin orden judicial, a un grupo de pobladores quedesde hace nueve meses impide el ingreso a lamina El Progreso VII Derivada, ubicada entre San

Jos del Golfo y San Pedro Ayampuc.

Miguel ngel Balcarcel, comisionado Presidencial para el Sistema Permanente de Dilogo Nacional,inform que an se encuentra en anlisis la forma en que se propondra la pltica con los comunitarios.

lvaro Sandoval, lder del Frente Norte del rea Metropolitana (Frenam), explic que el grupo demanifestantes contina a un costado de la entrada de la mina en San Jos del Golfo.

Un funcionario de la mina El Progreso VII Derivada explic: La empresa va a esperar a que se agotentodas las instancias, en referencia al dilogo entre la poblacin y autoridades que pretenden escuchar yresolver dudas acerca del funcionamiento de la mina.

Los encargados de la mina calculan que la planta podra quedar instalada en cuatro meses. Esta tieneprevisto procesar 150 toneladas de material diario y cada tonelada podra tener cuatro gramos de oro seinform.

Segn el magistrado de conciencia, Jorge De Len Duque, enGuatemala podra agravarse la conflictividad social. Foto:Siglo Veintiuno.

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El ministro de Gobernacin, Mauricio Lpez, dijo la semana pasada que extranjeros estaban detrs delmovimiento e increp a los lderes con que las protestas son su forma de vida. El PDH expres: Hayque ser cuidadosos de no querer invisibilizar la lucha social.

Ven violaciones en derechos humanos por actividades mineras yextractivas

En el marco del Da Internacional de los Derechos Humanos, representantes del Centro de Accin Legal,Ambiental y Social de Guatemala (Calas) y del Consejo Diocesano de Defensa de la Naturaleza, SantaRosa (Codidena), reflexionaron y criticaron la operatividad de las industrias mineras en el pas, las cualesempiezan a causar daos en el ambiente y a sus pobladores, aunado a los conflictos en los que hadetonado.

Yuri Melini, director de Calas, indic que el mayor desafo es que las autoridades y las empresas minerasentiendan que es el pas y sus pobladores quienes deben decidir si estn de acuerdo o no con lasactividades realizadas por esas instancias.

El desafo ms grande es que el Gobierno que ejerce el poder poltico y la gente que ejerce el podereconmico, entiendan que hay que concertar en el pas una democracia, la manera de cmo estos temas

se estn polarizando, estn llevando a un conflicto de mayores dimensiones y corresponde al Gobierno,al Presidente, como representante de la Repblica, llamar al dilogo a la concertacin, a la discusin, deeso trata y es posible en la medida que nosotros, los activistas ambientales de derechos humanosestamos dispuestos a platicar, indic el entrevistado.

El director de Calas dijo que lamentablemente el Gobierno no es objetivo con estos conflictos, susacciones, como lo sucedido recientemente en La Puya, donde fue desplegado un fuerte contingente deantimotines, hace pensar que las autoridades estn del lado de las mineras.

El gobierno no est siendo objetivo, no est representando la unidad de la nacin, pareciera estar dellado de las empresas, del lado de la gente econmicamente rica, pero los pobres no cuentan en esteGobierno, eso es doloroso, reiter.

El activista dijo que ms que celebrar este da, tienen muy claro que los derechos humanos son de losciudadanos que tienen la tarea de defenderlos y reclamarlos. El pas est muy lejos de cumplirestndares de derechos humanos pero somos nosotros, la sociedad, la que tiene que exigir y cumpliresos derechos, indic.

Luego de varios meses de manifestacin pacfica, el pasado viernes, un fuerte contingente de elementosde la Polica Nacional Civil (PNC) intent desalojar a los pobladores de San Pedro Ayampuc y San Josdel Golfo, argumentado que obstaculizaban la va pblica.

Tras la mediacin de la Procuradura de los Derechos Humanos (PDH) se logr tranquilizar la situacin,pero antes de eso, tres personas entre ellas dos nias resultaron intoxicadas y cuatro personas fuerondetenidas.

Los vecinos pretendan evitar el ingreso de maquinaria de la empresa minera, la cual, segn ellos,contaminara las fuentes de agua y expulsara a los vecinos de sus comunidades.

El 18 de septiembre deton un hecho similar en San Rafael Las Flores, un contingente policial fuedesplegado; al menos tres personas resultaron heridas, hubo unas 19 capturas y dos vehculos de laempresa minera fueron quemados.

Aniseto Lpez, del Frente de Defensa Miguelense (Fredemi), indic que la semana pasada presentaronuna denuncia ante el Ministerio Pblico (MP), derivado de que personas que residen a inmediaciones de

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la Mina Marlin, sufren problemas respiratorios, y al menos seis reses que beban agua del ro Cuilco, hanmuerto.

Vecinos de San Pedro Ayampuc y San Jos del Golfo continan en protesta pacfica en La Puya, luegode que el pasado viernes antimotines intentaran desalojarlos, bajo el argumento que obstaculizaban la vapblica.

Yolanda Oquel, una de las manifestantes, dijo a La Hora, que la reunin prevista este da en laProcuradura de los Derechos Humanos (PDH) podra realizarse maana o en los prximos das, puesaparentemente hoy no se llevara a cabo.

La activista dijo que un grupo de elementos policacos continuaba resguardando la entrada a la mina,mientras que en los alrededores del lugar se haba observado un despliegue de seguridad ms amplio.

Antonio Reyes, vecino de San Pedro Ayampuc, por otro lado, lament la criminalizacin de la protesta,as como la divisin que genera entre los pobladores. Nos tratan de gente demente, que estamos encontra del desarrollo, que somos comunistas, terroristas, lo nico que estamos defendiendo es el derechoa la vida. El dao social divide a las comunidades, ponen a pelear a padres, madres, hijos, refiri.

Exigen aprobar de urgencia nacional Ley de Desarrollo Rural Integralen Guatemala

Diversas organizaciones que trabajan a favor de los derechos humanos en Guatemala demandaron alCongreso de la Repblica que apruebe de urgencia nacional la Ley de Desarrollo Rural Integral ygarantice los fondos necesarios para su inmediata implementacin.En un comunicado, las entidades exigieron a las Cmaras Empresariales que depongan su actitud ypermitan la aprobacin e implementacin de las polticas de desarrollo, las que contribuirn a que lapoblacin guatemalteca logre salir de la pobreza.De acuerdo con la informacin, es urgente que el Presidente de la Repblica reitere su respaldo a la

actuacin de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Guatemala yde su representante, Alberto Brunori.Las agrupaciones recordaron que la Ley de Desarrollo Integral, iniciativa 4084, es un compromiso de los

Acuerdos de Paz que ha tomado demasiado tiempo en concretarse y que busca abordar la problemticaestructural de la pobreza y la pobreza extrema en el campo que afecta mayoritariamente a los pueblosindgenas, a la mujer y a la niez.La actual propuesta de Ley es producto de un largo proceso de debate y negociacin, donde miembrosde las cmaras empresariales han participado, pero preocupa la actitud que tiene la Cmara del Agro dedesconocer los consensos de la mesa para dilatar el desarrollo de los pueblos y mantener la dependenciade la personas a sus intereses.Las entidades lamentaron que en el proceso de aprobacin de la normativa, personeros de la Cmara del

Agro y otras personas se dediquen a criminalizar al movimiento campesino e indgena y a utilizar unaretrica del pasado para desinformar a la poblacin y provocar un miedo que no tiene fundamento.De acuerdo con la publicacin, preocupa que las Cmaras Empresariales utilicen una serie demecanismos formales e informales para limitar, obstaculizar y comprometer la autonoma del Congresode la Repblica, que constituye un logro de la dbil democracia en Guatemala.

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Las organizaciones rechazaron el planteamiento utilizado pblicamente en contra del representante delOACNUDH en Guatemala, Alberto Brunori, quien realiza un anlisis desde la perspectiva de los derechoshumanos de la citada Ley y de la conflictividad social.Finalmente, el comunicado destaca el repudio a la actitud de ciertos actores y sectores desistemticamente bloquear y rechazar cualquier poltica pblica tendiente al desarrollo rural, a laproteccin del ambiente y del respeto a la voluntad de los pueblos.Las entidades que firman el comunicado son la Convergencia por los Derechos Humanos, el MovimientoSocial por los Derechos de la Niez, la Adolescencia y la Juventud, la Mesa de Municipalizacin y laCoordinadora Interinstitucional de Promocin por los Derechos de la Niez (CIPRODENI).

Cuatro bloques del Congreso condicionan su apoyo para aprobacinde iniciativa de ley de desarrollo rural

Los bloques legislativos de Todos, Unin del Cambio Nacional (UCN), Gran Alianza Nacional (Gana) yUnionista, que suman 34 votos, condicionaron su apoyo para aprobar la ley de desarrollo rural integralcon la aceptacin de tres enmiendas y que se conozca el prximo ao.

Segn un comunicado conjunto de estas agrupaciones, los cambios buscan disipar cualquier posibilidadde tergiversacin de la Constitucin y lograr su aprobacin en el prximo perodo de sesiones ordinarias,de urgencia nacional, con 105 votos. La propuesta surgi cuando el presidente Otto Prez Molina insisteen pedirle al Congreso que apruebe la ley rural este mes, mientras en varios departamentos,gobernadores y alcaldes tambin clamaron por esa normativa.

Entre las enmiendas propuestas, Felipe Alejos, secretario general del bloque de Todos, resalt precisar ladefinicin de poltica agraria, incluir la participacin del sector cooperativo y ecologista en la normativa, yque el ministerio de desarrollo rural sustituya por absorcin al Ministerio de Agricultura, Ganadera y

Alimentacin (Maga).

Jaime Martnez, jefe de bloque de la Gana, afirm que con estas enmiendas se busca alcanzarconsensos entre los distintos partidos para la aprobacin de la ley de desarrollo rural y conseguir su

aprobacin de urgencia nacional con los otros partidos.Mario Estrada Ruano, jefe de la bancada de UCN, indic que la propuesta cuenta con el apoyo de suagrupacin y que la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) tambin dio su respaldo.

De concretarse la nueva alianza, se llegara a 104 votos, al sumar los 63 del Partido Patriota (PP), ya queTodos tiene 15; UCN, ocho; Gana, siete; Unionista, cuatro, y la UNE, siete. Les faltara uno para laaprobacin de urgencia nacional.

Luis Fernndez, subjefe del PP, mencion que esta propuesta podra ser una tctica dilatoria pararetrasar la aprobacin de la ley. Todos esos jefes de bloques firmaron el acuerdo de aprobar la iniciativa,as que les pedimos que honren su palabra y cumplan, expres.

El congresista asegur que hubo tiempo suficiente para la discusin de la ley, la cual fue debatidadurante ms de seis meses con organizaciones campesinas que le dieron su visto bueno. La posturaque mantenemos es que la poltica fue consensuada con todas las organizaciones, con el designado paraeste fin, el diputado Oliverio Garca Rodas, y que la ley es la que se buscar aprobar sin ms cambios,manifest el legislador oficialista.

Partido Todos proclama a Roberto Alejos como precandidatopresidencial

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Roberto Alejos fue proclamado precandidato presidencial por el partido Todos, en el Primer EncuentroNacional de la Dirigencia de esa agrupacin. Alejos acept la nominacin y aprovech para anunciar suretiro como legislador, as como el de los secretarios General y de Organizacin, quienes tambin sondiputados, Felipe Alejos y Ovidio Monzn, respectivamente.

La actividad cont con la presencia de 400 lderes nacionales para dar su apoyo a Alejos, quien oficializsu intencin de participar en las elecciones de 2015 e indic que en sus actividades proselitistas no harcrticas a otros movimientos ni lderes polticos.

Al momento de aceptar la precandidatura, Alejos expres: No voy por la Alcalda (de Guatemala) ni porotra diputacin. Asumo el reto para luchar por la Presidencia de la Repblica para convertir a Guatemalaen el pas que todos merecemos.

En ese momento los asistentes aplaudieron y confeti de color morado sala a borbotones para inundar elrecinto. Alejos anunci que podra renunciar del Congreso en marzo de 2013 para dedicarse a fortalecersu precandidatura. Su curul y la de Felipe Alejos y Monzn seran ocupadas por suplentes que tambinforman parte de esa organizacin poltica.

Gobernador de Canad realiza visita cordial a presidente de

GuatemalaVarios ofrecimientos de recibir ms ayuda humanitaria despus del terremoto del 7 de noviembre,continuar con el programa de trabajo temporal para guatemaltecos y atraer ms inversiones de Canad aGuatemala hizo ayer el gobernador general de ese pas, David Johnston, despus de reunirse con elpresidente Otto Prez Molina.Despus de ser recibido en el Patio de la Paz del Palacio Nacional de la Cultura, cambiado la Rosa de laPaz y sostenido la reunin bilateral, Johnston enumer las reas en las que Guatemala recibecooperacin canadiense, como seguridad alimentaria y empleos temporales.

Un ejemplo es el programa de trabajadores temporales, que este ao ha permitido viajar a cuatro mil 716guatemaltecos que contribuyen a la economa de sus familias, comunidades y del pas en general,

expres Prez Molina en su discurso.

CALAS entrega informe ambiental a Gobernador de Canad

Un grupo de pobladores provenientes de comunidades en las que existen proyectos mineros de latransnacional canadiense Gold Corp manifest frente a la embajada de ese pas en Guatemala,convocado por el Centro de Accin Legal Ambiental y Social (Calas), con motivo de la visita al pas delgobernador general de Canad, David Johnston.

El director de Calas, Yuri Mellini, entreg un informe de los daos que las industrias de Gold Corp hancausado en reas de San Marcos, a travs de sus subsidiarias Entremares. S.A. y Montana Exploradora.

Adems, se refiri al proyecto El Escobal, ubicado entre cuatro municipios de Santa Rosa y Jutiapa, el

cual es propiedad de la empresa canadiense-estadounidense Tahoe Resources, y aunque an no tienelicencia de explotacin sus actividades exploratorias, causan contaminacin de las aguas de la zona.

Ejecutivo sancion reformas a la Ley de Telecomunicaciones;Diputados anuncian que actuarn contra sta

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El Presidente de la Repblica, Otto Prez Molina, sancion pese a las crticas, las reformas a la Ley deTelecomunicaciones, las que fueron publicadas ayer en el Diario Oficial, en tanto diputados de laComisin de Transparencia del Congreso anunciaron medidas legales contra esta normativa.De acuerdo con publicaciones de diarios nacionales, la referida normativa entr en vigencia el jueves 6,sin embargo los diputados manifestaron que analizarn si presentan una accin de inconstitucionalidad yadems propondrn cambios.El diputado Carlos Barreda, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), afirm que se debe establecerque la entrega de usufructos sea por medio de una subasta pblica o que se implemente un pago por surenovacin.

Asimismo indic que en Per, se aprob recientemente una ley similar que le dej ingresos anuales porun aproximado de 800 millones de dlares, adems de que tiene la obligacin de dar Internet gratis en lasescuelas pblicas; en Guatemala no pagan prcticamente nada, seal.La propuesta de cambios a la Ley de Telecomunicaciones incluye que el Estado entregue un espacio enusufructo a por lo menos una radio en cada comunidad lingstica.

Amlcar Pop, de la bancada Winaq, expres que sostuvo una reunin con integrantes del Movimiento de

Radios Comunitarias para ver la posibilidad de accionar contra el decreto sancionado por el Ejecutivo.Por su parte Carlos Meja, de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, indic que las radioscomunitarias deben reconocerse para cumplir con los Acuerdos de Paz, adems de que existe unarecomendacin de las Naciones Unidas para democratizar el espacio radioelctrico.El 20 de noviembre el Congreso de la Repblica, con el voto a favor de las bancadas del PP, Todos,LIDER, TODOS y GANA, aprob reformas a la Ley General de Telecomunicaciones para aumentar laprrroga del usufructo de radio, televisin y telefona mvil.

La redaccin final cont con el aval de 97 diputados, aunque 11 votaron en contra y 50 no estuvieronpresentes.

El Sistema de Naciones Unidas en Guatemala indic que hubo falta de discusin con los distintossectores de la sociedad, tambin seal que los cambios debilita el acceso de los pueblos indgenas afrecuencias radioelctricas.

Gobierno niega solicitud de asilo poltico de de McAfee

La solicitud de asilo poltico planteada el mircoles por John McAfee fue denegada el jueves 6 por elGobierno de Guatemala y, acto seguido, su abogado defensor interpuso un amparo contra esaresolucin, lo cual bloque la expulsin del estadounidense hacia Belice.Harold Caballeros, ministro de Relaciones Exteriores, se neg a explicar las razones por las queGuatemala adopt esa decisin, aduciendo que el Estado tiene derecho de conceder o denegar el asilo ytambin de reservarse las causas de la resolucin: El asilo ha sido denegado y no tenemos obligacin de

explicar por qu, dijo el funcionario.El presidente Otto Prez Molina s detall las razones consideradas para tomar esa decisin: Si l(McAfee) se viene de Belice despus del asesinato de un vecino, ms bien da la impresin que no es unapersecucin poltica sino lo que hay es un temor a la investigacin que se est haciendo, dijo.El mandatario agreg que para resolver esa solicitud, el Ejecutivo solicit los antecedentes del caso yapunt que el estadounidense aparece en fotografas pblicas acompaado de gente armada.

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Prez Molina enfatiz que el multimillonario no pas por ningn puesto de migracin sino se introdujo alpas de forma ilegal, lo que consider como una conducta anmala que nos permite deportarloinmediatamente, declar.Mauricio Lpez Bonilla, ministro de Gobernacin, explic que el estadounidense ser expulsado haciaBelice y no a Estados Unidos, adems indic que su traslado qued a cargo de esa cartera y que se harpor la va area. l, (McAfee) debe ser expulsado del pas, hay una solicitud de Belice que lo requiereporque puede ser una pieza clave para esclarecer un delito, explic.Tanto el presidente Prez Molina como Lpez Bonilla coincidieron en que esperarn la resolucin de losrecursos interpuestos por el abogado de McAfee en el Organismo Judicial, y que cuando el caso est enmanos del Ejecutivo se ejecutar la decisin que ya se adopt: no al asilo y expulsin del pas, declarel Ministro del Interior.

Gobierno busca reactivar funciones de Secretara de Transparencia

El ministro de Finanzas, Pavel Centeno, acudi el jueves 6 al Congreso para solicitar que se reactiven lasfunciones de la Secretara de Control y Transparencia, suspendida por la Corte de Constitucionalidad(CC) el pasado jueves. El funcionario pidi que la iniciativa, que ya est en el Legislativo para darlelegalidad, sea incluida dentro del paquete de leyes sobre el tema que an est en discusin.Centeno afirm que las funciones de la nueva institucin en ningn momento obstaculizar el trabajo dela Contralora General de Cuentas (CGC).Carlos Barreda, ex viceministro de Transparencia del gobierno anterior, declar que no es convenienteque el Ejecutivo d vida jurdica a la Secretara, ya que esta podra extralimitarse en las funciones.Recomend revivir el Viceministerio de Transparencia, que fue disuelto a principios de ao.

Peticin electrnica al gobierno de EE UU a favor de migrantes, ganavotos

Muchos guatemaltecos, desde cualquier parte del mundo, manifestaron su respaldo desde Internet a una

peticin al gobierno de Estados Unidos, para que otorgue a los connacionales el Estatus de ProteccinMigratoria (TPS), sin embargo, organizaciones a favor de esta poblacin coinciden en que no ha existidosuficiente difusin de esta alternativa.De acuerdo con la informacin, el sitio electrnico del gobierno federal permite que se formulen peticionesa la Casa Blanca sobre problemas que necesiten una accin en esa instancia; una de ellas, creadarecientemente, es otorgar el TPS a los migrantes guatemaltecos.Entre las polticas de la iniciativa del gobierno estadounidense se permite crear una solicitud, pero en elplazo de un mes debe contar con el respaldo de 25 mil firmas electrnicas; al alcanzar esa meta lapeticin pasa a otro nivel con las mismas condiciones y si se superan, la Casa Blanca se compromete apronunciarse sobre la solicitud formulada.

Carlos Gmez, presidente del Movimiento de Inmigrantes Guatemaltecos (MIGUA), dijo que un factor dela falta de apoyo a la solicitud se justifica por la desconfianza de algunas personas, inmigrantesprincipalmente, de que puedan ser investigados si proporcionan datos en portales federales.Gmez expres que esto crea suspicacia en la comunidad ms interesada, que es la que carece dedocumentos en Estados Unidos.

Alejandra Gordillo, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Atencin al Migrante de Guatemala(CONAMIGUA), destac que la apata es involuntaria y muchas veces los migrantes desconocen deestos beneficios federales.

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Gordillo enfatiz en que el perfil migratorio de los guatemaltecos en Estados Unidos y los problemas paracomunicarse por no hablar ingls, inciden en esa situacin.El presidente de la Coalicin Nacional de Inmigrantes Guatemaltecos en Estados Unidos (CONGUATE),Marcos Yax, ve positivo que se abran canales alternos para las necesidades y problemas de losmigrantes y aduce que la falta de informacin sobre esta peticin ha impedido hasta ahora llegar a lameta de 25 mil firmas.

Guatemala hace nueva peticin del TPS a Estados Unidos

Guatemala entreg el lunes 3 nuevos argumentos al Gobierno de Estados Unidos para que otorgue elestatus de proteccin temporal (TPS, en ingls) a los guatemaltecos que se encuentran en aquel pas,con el objetivo de que puedan trabajar sin temor a ser deportados.El canciller Harold Caballeros fue recibido en Washington DC por la secretaria de Seguridad Nacional deEstados Unidos, Janet Napolitano, donde dieron seguimiento a la solicitud guatemalteca del TPS y aasuntos de seguridad en general.

La informacin entregada ser trasladada al presidente estadounidense, Barack Obama, para que puedatomar una decisin en un tiempo prudencial.

El jefe de la diplomacia de Guatemala explic que se entregaron dos argumentos a Napolitano: el relativoa los daos por el terremoto del 7 de noviembre ltimo y el otro, sobre el efecto acumulado de losfenmenos naturales de aos anteriores.

Se presentaron los problemas que hemos tenido con el huracn Mitch, el Stan, la tormenta gatha, latormenta 12-E y ahora el terremoto, explic el canciller.

Afirm que se resalt la recurrencia de ese tipo de eventos, que agravan la situacin del pas al generarun proceso cclico que impacta a la poblacin que vive en situacin de alta vulnerabilidad.

Caballeros aprovech para mencionar otros aspectos para reforzar el argumento que sustenta la solicituddel TPS.

El canciller refiri que la poblacin ms golpeada es la del altiplano del pas, ubicada en ochodepartamentos donde rige un estado de Calamidad ya prorrogado por 30 das y que en su mayoraes poblacin indgena, la cual, a su vez, registra altos ndices de pobreza y pobreza extrema.

Esos departamentos son San Marcos, Quetzaltenango, Solol, Totonicapn, Suchitepquez, Quich,Huehuetenango y Retalhuleu.

Esos mismos departamentos colindan con Mxico y tienen serios problemas de narcotrfico. Tambinhablamos de que son los departamentos que ms contribuyen con el nmero de inmigrantes a EE. UU. y,por ende, tambin tienen el nmero ms alto de deportados. Toda esa serie de coincidencias se prestan

para que nosotros podamos usarlas como un argumento para obtener el TPS, asegur Caballeros.

Segn el canciller, los funcionarios estadounidenses presentes, encabezados por Napolitano, estabanmuy abiertos a nuestros argumentos. Me pareci que ellos ya tenan bastante informacin de la quehaban hablado por telfono y la que trajimos.

Gobierno felicita a Unin Europea por Premio Nobel

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El binomio presidencial felicit a la Unin Europea (UE) por hacerse acreedora del Premio Nobel de laPaz 2012, en un acto conmemorativo llevado a cabo en la residencia de la embajadora de la UEacreditada en Guatemala.

Dicho Premio fue entregado en la ciudad de Oslo, Noruega, por el Comit Nobel del Parlamento Noruego.Se otorga a la persona que haya trabajado ms o mejor a favor de la fraternidad entre las naciones, laabolicin o reduccin de los ejrcitos existentes y la celebracin y promocin de procesos de paz, segnlo indicara en su testamento Alfred Nobel, inventor e industrial sueco.

Llevamos ms de 6 dcadas contribuyendo a la paz mundial. Desde 1945 (fin de la Segunda GuerraMundial) no ha existido ningn movimiento armado. La Unin Europea est integrada por 27 naciones,conformadas por 500 millones de personas", inform Stella Zervoudaki, embajadora de la UE enGuatemala.

La UE dedica el Premio a la niez y juventud, y los fondos de ste sern destinados a la asistencia deinfantes que viven en naciones sumidas en conflictos y guerras. La Unin Europea se ha convertido enun smbolo de concordia; representa el 50 por ciento de la cooperacin internacional.

Agradecemos el acompaamiento que dio durante la Firma de los Acuerdos de Paz Firme y Duradera,dijo el mandatario guatemalteco, Otto Prez Molina.

Jueza confirma delito de ejecucin extrajudicial a militares detenidosLa Jueza Carol Patricia Flores Polanco, del juzgado de Primera Instancia, Narcoactividad y Delitos contrael Ambiente para Casos de Mayor Riesgo, confirm que el delito de ejecucin extrajudicial se mantienecontra ocho soldados y un coronel del ejrcito de Guatemala; la defensa haba solicitado la reforma deldelito por el de homicidio culposo.El pasado 4 de octubre, en la llamada Cumbre de Alaska, kilmetro 169 de la carretera Interamericana,una unidad del ejrcito compuesta por ocho efectivos y el coronel Juan Chiroy iba en apoyo de lasfuerzas especiales de la Polica Nacional Civil, para disolver una manifestacin que obstaculizaba en elpaso.

La jueza destac que no han variado las circunstancias que originaron ligar a los imputados a procesopor los delitos referidos, por lo que resolvi no dar lugar a la solicitud de la defensa, de revisar la prisinpreventiva otorgada a los sindicados, por existir an peligro de obstaculizacin a la verdad por parte delos mismos.El 4 de octubre en la carretera interamericana en el occidente del pas, se encontraban representantes delas comunidades mayas Kiche de Totonicapn manifestando pacficamente y fueron reprimidos por lasfuerzas militares y policiales antimotines de forma violenta, dejando como resultado ocho personasfallecidas y ms de 30 heridas.El Ministerio Pblico debe dar por finalizada la investigacin el viernes 11 de enero de 2013 y presentar laacusacin el lunes 14 de enero del mismo ao.

Rechazan intencin de dar amnista por crmenes del pasadoEn conferencia de prensa, organizaciones nacionales e internacionales rechazaron la intencin delEstado guatemalteco de brindar amnista a quienes enfrentan procesos por cometer violaciones a losderechos humanos durante el conflicto armado interno; la medida constituye obstruccin a la justicia yatenta contra la jurisprudencia internacional.

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Marcela Martino, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), asegur queGuatemala es el segundo pas del continente americano que ha recibido ms condenas por parte de laCorte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).La Comisin Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conoce en la actualidad 11 casos msrelacionados con crmenes que fueron cometidos durante el conflicto armado interno, que dur 36 aos.Entre los procesos presentados a la Comisin Interamericana y la CorteIDH se encuentra el caso delDiario Militar, el de la masacre de Ro Negro, la desaparicin de Fernando Garca y el asesinato de laantroploga Myrna Mack, entre otros.Martino hizo un llamado al gobierno guatemalteco para que sea consecuente con la Constitucin Polticade la Repblico y con los mecanismos internacionales de derechos humanos que ha firmado y ratificado;la impunidad provoca una repeticin crnica de los delitos, anot.La amnista que pretende el Estado de Guatemala es un abuso a los mecanismos internacionales dedefensa de los derechos humanos, para que los culpables de los crmenes del pasado no seansentenciados, afirm la abogada de CEJIL, entidad que litiga casos ante la CIDH.Helen Mack, de la Fundacin Myrna Mac (FMM), asegur que las leyes nacionales e internacionales no

deben ser interpretadas por los funcionarios de la forma en que les convenga; pretender dar amnista poresos crmenes es una forma de obstruccin de la justicia.La pretensin de amnista es un hecho incoherente y una expresin de hipocresa por parte del gobierno;si los funcionarios no estn de acuerdo con la ley internacional que denuncien el Pacto de San Jos, perono deben jugar con la interpretacin de la jurisprudencia internacional, destac Mack.La activista record que el Consejo de Seguridad de la Organizacin de las Naciones Unidas (ONU), delcual es parte el Estado de Guatemala, estableci que no existe el perdn para crmenes de lesahumanidad y enfatiz que la impunidad socaba las bases del progreso.Wilson de los Reyes, de Impunity Watch, subray que los pases que atraviesan por la justiciatransicional, usualmente recurren al perdn de ese tipo de crmenes para lograr la reconciliacin, pero

esto es imposible si no se aplica la justicia a los criminales y se fortalece la institucionalidad.La violencia de hoy en da en Guatemala es una consecuencia de la impunidad en la que prevalecen lasviolaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno; es fundamentalgarantizar la independencia de los jueces que atienden esos casos, concluy el Coordinador en el pasde Impunity Watch.

CSJ resuelve retirar inmunidad a diputada Julia Maldonado

El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvi este lunes por unanimidadretirarle la inmunidad a Julia Maldonado, diputada de la bancada de Libertad Democrtica Renovada(Lder), inform Mynor Franco, presidente de la Cmara de Amparos y Antejuicios.

Los magistrados avalaron la sugerencia que hizo el juez pesquisidor Jorge Mario Valenzuela, quienrecomend que se le deba retirar la inmunidad a la parlamentaria, despus de haber encontrado indiciosde que hubo gastos dudosos cuando fungi como directora del Consejo Nacional de la Juventud(Conjuve), durante el gobierno de lvaro Colom.

Ahora le corresponde al Ministerio Pblico empezar las pesquisas contra la legisladora, para determinarsi presenta una denuncia penal en su contra por lavado de dinero y fraude. Maldonado es sealada dehaber pagado en efectivo Q4.2 millones de los gastos mdicos de su hija. Para nadie era un secreto queel juez pesquisidor recomend retirar la inmunidad, y hoy ayer el pleno de magistrados resolvi queera viable retirarle la inmunidad a la congresista, expres.

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En su informe, el juez pesquisidor determin la existencia de hechos controvertidos, que se hacenecesario aclarar, en vista de que la pesquisa dentro de la tramitacin de un antejuicio nicamentepermite determinar la posibilidad de que haya hechos que deban ser investigados a profundidad despusde la auditora efectuada al Conjuve.

La parlamentaria manifest que el retiro de su inmunidad se debe a un revanchismo poltico por parte delEjecutivo, despus de que ella interpuso una accin de inconstitucionalidad contra la Secretara deControl y Transparencia, adscrita a la Vicepresidencia, la cual fue declarada con lugar por parte de laCorte de Constitucionalidad.

Visiblemente molesta respondi: Ahora la CSJ tiene un nuevo notificador y se trata del presidente OttoPrez Molina, quien desde el martes recin pasado saba cmo iban a resolver los magistrados.

MP solicitar antejuicio contra algunos jueces sealados por CICIG

Ministerio Pblico solicitar en los prximos das a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que decida sobrelos antejuicios contra los juzgadores sealados por la CICIG. El Ministerio Pblico (MP) remiti a laFiscala de Delitos Administrativos el informe/denuncia, "Los Jueces de la Impunidad" de la ComisinInternacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), donde sealan a 18 jueces de haber incurridoen supuestos actos de corrupcin.

Javier Monterroso, Asesor de la fiscal general, Claudia Paz y Paz, refiri que en los prximos das el enteinvestigador har la solicitud formal, no obstante no ser en contra de los 18 togados sealados, ya quehay tres tipos de casos: donde ya se decret con lugar el antejuicio y existen procesos penales; casosdonde la solicitud fue declarada sin lugar y otros donde procede hacer el requerimiento de antejuicio antelos magistrados de la CSJ.

El Asesor explic que ya hoy dos jueces con causa penal y otros tres casos donde ya fue declarado sinlugar el retiro de inmunidad. Tal es el caso de las juezas Patricia Anabella Veras Castillo y CoraliaCarmina Contreras Flores, donde la CSJ declar improcedente la solicitud emitida como consecuencia deabsolucin del delito de peculado en favor del Expresidente de la Repblica, Alfonso Portillo.

Ya no podemos hacer nada, all se queda, porque por los mismos hechos no se puede volver a solicitarun antejuicio, afirm Monterroso, y agreg que la misma situacin se encontr en el caso de la juezaIrma Leticia Valenzuela, de quien la Corte, ya dictamin que el recurso no proceda.

En el caso del Juez Julio Gernimo Xitumul, Monterroso dijo que aunque la CSJ tambin negar unaaccin de este tipo, la CICIG lo seala por dos hechos, lo que permite promover otro antejuicio en sucontra.

Por otro lado, dentro de los denunciados ya hay dos jueces con causa penal: Mario Fernando PeraltaCastaeda y Rosana Maribel Mena Guzmn, ambos jueces de primera instancia de niez y adolescencia,acusados de haber autorizado adopciones ilegales.

A la fecha el juez Peralta Castaeda, est prximo a enfrentar juicio por los delitos de Asociacin Ilcita,

Trata de Personas, Prevaricato y Denegacin de Justicia.

En ese sentido, los jueces sobre quienes la CSJ deber resolver si retira la inmunidad y da aprueba queel ente investigador realice las pesquisas son: Carlos Antonio Aguilar, Silvia Coralia Morales, ArtemioTnchez, Hctor Echeverra, Fausto Corado Morn, Byron de la Cruz, Dina Josefina Ochoa Escrib,Sergio Leonel Castro Romero, Silvia Violeta de Len Santos, Amlcar Enrique Colindres Hernndez,Vernica Galicia Marroqun y Jos Eduardo Cojuln.

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Capturan a exdiputado en HondurasLa captura de un exdiputado y dos pilotos guatemaltecos junto a un exjefe de fiscales hondureo, seefectu en Tegucigalpa, Honduras, producto de investigaciones de inteligencia de las autoridades deaquel pas. El hondureo Augusto Fletes, excoordinador de fiscales, fue aprehendido junto al exdiputadopor el Frente Republicano Guatemalteco (FRG) Juan Luis Gonzlez Garca y los pilotos guatemaltecos,

Dennis Omar Caldern y Howard Gilberto Suhr Castellanos.Fuentes extraoficiales informaron que este ltimo figura en la planilla de Personal de la Direccin Generalde Aeronutica Civil bajo el rengln 029, con el puesto de Servicios Tcnicos de Asesora enPlanificacin y Organizacin con salario mensual de Q20 mil. El interventor Alejandro Castaeda, norespondi a llamadas a su celular para confirmar la informacin.Las cuatro capturas se realizaron en San Pedro Sula, y los acusados fueron trasladados a una basemilitar de esa ciudad, acusados de trfico ilcito de drogas y lavado de activos.Tambin se les sindica de pertenecer a una banda del crimen organizado vinculada a la falsificacin dedocumentos pblicos y uso de documentos falsos.Juan Luis Gonzlez Garca lleg al Congreso junto con otros 62 diputados que ganaron un escao en laselecciones generales de 1999 con el FRG. Represent al departamento de Alta Verapaz.Se le recuerda por ser muy cercano al expresidente de este Organismo, Efran Ros Montt. Fue tercersecretario del Legislativo junto con la exdiputada Zury Ros y el actual legislador patriota Haroldo Quej.Integr la Comisin de la Defensa y tambin tuvo participacin en la Red de Seguridad y Defensa de

Amrica Latina (Resdal). La nica iniciativa que aparece en el registro Legislativo es la reforma a la Leydel Ejrcito.Legisladores que prefirieron el anonimato, recuerdan que Gonzlez estudi bsicos y diversificado en elInstituto Adolfo V. Hall. Cuando era diputado se movilizaba en avionetas y helicpteros de la cabeceradepartamental de Alta Verapaz hacia la ciudad capital.

Extraditado primer capo guatemalteco a Estados Unidos

Ocho meses despus de su captura en San Lucas Sacatepquez, Wlter Overdick Meja, alias el Tigre,fue extraditado el lunes 10 a Estados Unidos, sindicado de trasiego de drogas, inform en un comunicadode prensa la embajada estadounidense.Overdick, quien supuestamente tiene nexos con el cartel de los Zetas, fue trasladado en una avioneta alas 10.30 horas, resguardado por agentes del Departamento Estadounidense Antidroga (DEA), quienessalieron de uno de los hangares del Aeropuerto Internacional La Aurora rumbo a Nueva York. esde suaprehensin, en abril ltimo, Ovedick no se opuso a su extradicin, lo cual ayud a que su proceso duraramenos de un ao.

El Tribunal Tercero de Sentencia resolvi el 13 de junio que acceda a la extradicin que solicit el DistritoSur de Nueva York, para que el sindicado enfrente los cargos de distribuir una substancia controlada.Esto representa un gran avance en los esfuerzos conjuntos de Guatemala y los Estados Unidos paracombatir el flagelo del narcotrfico en Centroamrica, refiere el comunicado de prensa.

Las pesquisas sealan que Overdick traslad a EE. UU. mil 200 kilos de cocana dos mil 640 librasen el 2002, entre otros cargamentos en aos anteriores. La Corte del Distrito Sur de Nueva York pidi suextradicin desde el 19 de enero del 2012, para que enfrente a la justicia estadounidense.

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En la acusacin se explica que Overdick es uno de los mayores narcotraficantes en Guatemala. Segn lasindicacin, para mantener el control de los estupefacientes, el sindicado se habra aliado al grupomexicano los Zetas, que tiene su base de operaciones en Cobn, Alta Verapaz, de donde l es originario.

Segn la investigacin de la DEA, en 1999, el supuesto capo construy pistas clandestinas para elaterrizaje de narcoavionetas.

Entre las funciones del capo estaba supervisar los paquetes de narcticos que esconda en una finca,cerca de Mxico, para que luego siguieran su ruta al pas del norte. La droga era ingresada portoneladas, en camiones y en botes, en Guatemala, explica la acusacin que ley el Ministerio Pblico enel Tribunal.

Segn las pesquisas, el Tigre compraba la cocana proveniente de Sudamrica y luego la venda a losZetas asentados en Guatemala.

Sala retira inmunidad a Edwin Escobar, alcalde de Villa Nueva

Edwin Escobar Hill, alcalde de Villa Nueva, ser investigado por el Ministerio Pblico. La Sala Cuarta deApelaciones del Ramo Penal decidi quitarle el derecho de antejuicio luego de dar valor a lossealamientos de corrupcin en su contra.La denuncia fue presentada por Ever No Caldern Villatoro, Esteban Mollinedo Daz, Danilo RaysuriRoca Murga y Sergio Martn Ramrez Morales, todos miembros del Concejo Municipal. La accin legalindica que el edil es responsable de 11 delitos, entre ellos: abuso de autoridad, usurpacin de funciones,falsedad ideolgica, concusin, lavado de dinero y peculado.La judicatura explic que las imputaciones son veraces y reales porque Escobar no logrdesvanecerlos (durante la investigacin del pesquisidor) y que los mismos pueden suponer la existenciade un hecho que por su naturaleza deban ser conocidos por un juez del ramo penal, se indica en el falloque ya fue notificado.En dos auditorias elaboradas por la Contralora General de Cuentas, solicitadas por miembros delConcejo Municipal, se encontr que el presupuesto de la comuna fue modificado por Q1.5 millones sin

que se contara con una programacin para utilizar los fondos. Los inconformes solicitaron en variasoportunidades la informacin de los gastos hechos por la Municipalidad; sin embargo, les fue negada.

Indgenas Qeqchis demandaron a empresa minera canadienseUn grupo compuesto por cuatro mujeres y un hombre, del pueblo Maya Qeqchi, particip en audienciaspreliminares en Toronto, Canad, del 24 al 29 de noviembre pasado, como parte de las demandas civilesque interpusieron contra la empresa canadiense Hudbay Minerals, por las graves violaciones a losderechos humanos cometidas por la Compaa Guatemalteca de Nquel (CGN) en el municipio de ElEstor, Izabal, de la que Hudbay era propietaria.Diversas entidades, entre ellas la Asociacin de Mujeres de Petn Ixqik; la Alianza Poltica Sector deMujeres, el Equipo de Estudios Comunitarios y Accin Psicosocial y Mujeres Transformando el Mundo,emitieron un comunicado en el que sealan que se trata de tres demandas civiles presentadas enToronto en 2011.La primera querella fue interpuesta por once mujeres Qeqchis que fueron vctimas de violacionessexuales masiva y mltiples durante los desalojos violentos cometidos por agentes de la seguridadprivada de la CGN y de la polica y el ejrcito de Guatemala, el 17 de enero de 2007; las otras doscorresponden al asesinato del profesor Adolfo Ich, as como los disparos que dejaron parapljico al jovenGerman Chub durante una protesta pacfica que fue reprimida por las mismas fuerzas de seguridad, el 27de septiembre de 2009.

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Los demandantes, representados en Canad por la empresa de abogados Kippensteins, cuentan con elrespaldo de la organizacin Derechos en Accin; estos casos civiles estn destinados a sentarprecedentes en los tribunales de Canad, a fin de romper la impunidad que gozan las empresas de laindustria extractiva, por los crmenes, las violaciones a los derechos humanos y los daos a los recursosnaturales que sus operaciones causan en otros pases.La informacin destaca que las once mujeres vctimas de violacin sexual durante los desalojos hanparticipado activamente en las luchas campesinas por la defensa de la tierra y el territorio en lacomunidad Lote Ocho, de El Estor; adems, junto a sus familias fueron vctimas de otras violaciones a losderechos humanos, como la destruccin y quema de sus casas, alimentos y otros bienes materiales.Las organizaciones firmantes del comunicado expresaron su solidaridad con las vctimas y subrayaronque sus luchas tambin son suyas, en busca de la dignidad y la libertad de las mujeres, as como elderecho de los pueblos indgenas a la tierra y el territorio.

Guatemala est en puesto 113 de corrupcin

Guatemala ocupa el puesto 113 entre 176 pases evaluados por el ndice de Percepcin de la Corrupcin,a cargo de Transparencia Internacional (TI), divulgado en el mundo.

Esa calificacin significa que el pas contina sin encontrar la ruta de la transparencia, indic ManfredoMarroqun, presidente de Accin Ciudadana, que representa a TI en Guatemala. Seguimos malcalificados en este indicador, el ms conocido en el mundo. Desafortunadamente lo que hemos visto esque el pas no logra obtener un tercio de la calificacin sobre cien puntos, afirm.

Este ao el ndice de percepcin de corrupcin fue calculado con base en una nueva metodologa decero a cien puntos. Antes se haca de cero a 10, lo que impeda hacer comparaciones con informesprevios. En el pas hay ausencia de una poltica coherente en materia de transparencia.Desafortunadamente este nuevo gobierno no ha podido romper ese ciclo vicioso, donde se condena lacorrupcin de otros, pero cuando se llega al poder se mantiene el mismo sistema, explic el experto.

Costa Rica, El Salvador y Panam ocupan los primeros tres lugares en la regin centroamericana,

Guatemala est en el cuarto, mientras que Nicaragua y Honduras cierran la lista.

El secretario de Comunicacin Social de la Presidencia, Francisco Cuevas, dijo que a su criterio el pasobtuvo una mejor calificacin. Indudablemente despus de los ltimos cuatro aos de corrupcinGuatemala requiere de un esfuerzo, el cual es el que se ha impulsado. Reconocemos que nos hacenfaltan algunas reas por seguir implementando ese esfuerzo, agreg Cuevas.

Insisti en que el Gobierno ha dado pasos importantes para mejorar la lucha contra la corrupcin, unflagelo que se incrust en aos recientes.

Comisin por la transparencia da seguimiento a denuncias decorrupcin de diferentes casos

Diputados de la Comisin Extraordinaria Nacional por la Transparencia, del Congreso de laRepblica se reunieron con la Contralora General de Cuentas, Nora Segura y Lideres delConsejo Comunitario de Desarrollo de San Bartolo Aguas Calientes de Totonicapn, para verificarlos avances de las Auditorias Especiales de 12 casos de posible corrupcin que la SalaLegislativa esta investigado y fiscalizando.

De los casos que requirieron los informes de las auditorias realizadas estn el fideicomiso delproyecto de construccin de viviendas, entre Fonapaz, Coprede y el Programa Nacional deResarcimiento, los Centros de Detencin Fraijanes II y Santa Teresa, as como el edificio de la

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Gobernacin Departamental de San Marcos, Empresa Portuaria Quetzal, las municipalidades deCobn, Huehuetenango, Taxisco y Ongs .

Hemos revisado los casos importantes en acompaamiento de la fiscalizacin y transparencia dela comisin, estamos llegando al cierre del plan de trabajo y en funcin de rendir nuestroinforme estaremos analizando los casos para emitir las resoluciones que nos permite la ley,refiri el presidente de la sala legislativa, diputado Amlcar Pop.

El diputado Hugo Morn integrante de la Comisin por la Trasparencia, coment: Es positivofortalecer la relacin de las instituciones, porque tenemos el mandato constitucional de fiscalizar laejecucin de los recursos del Estado y estamos investigando las denuncias presentadas a laContralora de Cuentas y realizaremos propuestas para mejorar la labor de esta institucin, le hesolicitado a la contralora el l istado de las Ongs que han sido sancionadas previo a la aprobacindel presupuesto de la nacin del prximo ao.

Organizaciones urgen ley para crear nuevo ente

Las organizaciones Accin Ciudadana y el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) urgieronel jueves 6 la aprobacin de la legislacin necesaria para la creacin de un ente estatal responsable deuna poltica de transparencia y combate a la corrupcin.

Segn Ricardo Barrientos, analista del ICEFI, el ente que falta debe velar por el cumplimiento y sancinpor violaciones a la Ley de Acceso a la Informacin, control interno, denuncia en casos penales yactuacin como querellante adhesivo en casos de corrupcin y opacidad, as como representacin delEstado ante convenciones, iniciativas y acuerdos y dems compromisos por la transparencia.

Pavel Centeno, ministro de Finanzas, acudi al Congreso para solicitarle al presidente de ese organismo,Gudy Rivera, promover acciones para la creacin de una secretara con las funciones de la anterior,aunque no adscrita a la Vicepresidencia.

En el mismo sentido, el presidente Prez declar que espera llegar al Congreso el prximo 14 de eneropara presentar una propuesta para autorizar la Secretara de Control y Transparencia (Secyt); sinembargo, no revel cul sera el proceso.

Antimotines intentan efectuar desalojos en San Pedro Ayampuc

Los pobladores de San Pedro Ayampuc despertaron con un movimiento de radiopatrullas que rondabanel lugar. Frente a la entrada de la mina El Tambor, elementos de la Polica Nacional Civil (PNC) y gruposde antimotines se presentaron, desde las 6:00 horas para intentar remover a los manifestantes, quienesen seal de protesta bloquean el paso a dicho proyecto desde marzo. Los elementos de seguridadlanzaron bombas lacrimgenas para dispersar a los manifestantes, cuatro personas fueron aprehendidastras los enfrentamientos, pero posteriormente fueron liberadas.

Al lugar llegaron representantes del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), el Representante delAlto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Ministerio de Gobernacin,por medio de su viceministro Edy Jurez. En la reunin se expuso el desacuerdo de las comunidades porel proyecto minero e insistieron en que mantendrn su postura.

Carlos Estrada, de la organizacin Madre Selva, asegur que la presencia policial superaba los 300elementos, la cual consider una cantidad exagerada, pues la manifestacin no superaba las 500personas, la mayora eran mujeres y nios, dijo.

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El dirigente de la cartera de Gobernacin, Mauricio Lpez Bonilla, asegur que haran lo necesario paraliberar el paso pues se limitaba el derecho a la libre locomocin, adems de poner en riesgo lafuncionalidad de un proyecto que podra garantizar ingresos y empleos en el lugar.

La ministra de Ambiente, Roxana Sobenes, explic que El Tambor cuenta con los Estudios de ImpactoAmbiental respectivos, por lo que no representa un dao para la comunidad. Por el contrario, lvaroSandoval, vecino de San Pedro Ayampuc, afirm que este proyecto pone en riesgo sus comunidades yconsumir los escasos recursos con los que ellos viven, aqu hay lugares que solo reciben agua dosveces por semana, ellos consumirn 250 metros cbicos de agua diarios, afirm.

Despus de las negociaciones se acord liberar a los cuatro detenidos, adems de reducir la presenciapolicial en el ingreso a la mina. Los manifestantes podrn mantener la vigilancia, pero desde el otro ladode la carretera.

Grupos urgen por ms dilogo social

La Convergencia por los Derechos Humanos, que rene a 12 organizaciones, advirti sobre la falta demecanismos viables de dilogo y la imposicin de polticas altamente impopulares en el ltimo ao, porlo que instan a mejorar los mecanismos de negociacin. En la antesala a la conmemoracin del 64aniversario de la Declaracin Universal de los Derechos Humanos, la convergencia seal que laconfrontacin social en el pas ha crecido.

Jorge Santos, director del Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos, indic que laconfrontacin se centra en torno a la explotacin de los recursos naturales, en donde prevalece laimpresin de que el Estado favorece a las empresas. Santos advirti de la criminalizacin de losdefensores de los derechos humanos por parte de las autoridades, en particular en relacin con losrecursos naturales.

Las Convergencia seal que la Procuradura de los Derechos Humanos parece carecer de mecanismosadecuados de dilogo para enfrentar la confrontacin.

Las agrupaciones abogaron por la defensa de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso

universal al agua.

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La Semana en Guatemala 2012/12/5-11