La situación de libertad de prensa en México

Informe elaborado por WAN-IFRA y el IPI

Abril 2013

WAN-IFRA, con sedes en París, Francia, y Darmstadt, Alemania, es la asociación mundial de periódicos y editores de noticias, que representa a más de 18.000 publicaciones, 15.000 páginas web y más de 3.000 empresas en más de 120 países. Su misión principal es defender y

promover la libertad de prensa, el periodismo de calidad y la integridad editorial, fomentando asimismo el éxito empresarial.

Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA)

96 bis, rue Beaubourg 75003 París

Francia Tel.: +33 1 47 42 85 00 Fax:+33 1 42 78 92 33

El IPI, con sede en Viena, Austria, es una red mundial de periodistas y directores de medios de comunicación dedicados a la protección de la

libertad de prensa, la promoción del libre flujo de noticias e información, y la mejora del ejercicio del periodismo.

Instituto Internacional de la Prensa (IPI)

Spiegelgasse 2 1010 Viena

Austria Tel.: +43 1 512 90 11 Fax: +43 1 512 90 14

Índice de contenidos

1. Introducción

2. Antecedentes

3. La federalización de los delitos contra periodistas y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión

4. El Mecanismo de Protección para Periodistas y

Defensores de Derechos Humanos

5. Casos de estudio: a. Chihuahua b. Veracruz

6. El papel de los medios de comunicación en la

promoción de la seguridad de los periodistas

7. Recomendaciones

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1. Introducción En febrero de 2013, una delegación integrada por representantes de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA) y del Instituto Internacional de la Prensa (IPI) realizó una misión de tres días a México con el fin de evaluar las estrategias adoptadas por el gobierno y los propios medios de comunicación con el propósito de garantizar la seguridad de los periodistas en el país. Desde el año 2000, 70 periodistas han perdido la vida en México por razones supuestamente ligadas al ejercicio de su profesión, según el registro de muertes que lleva el IPI (Death Watch). De hecho, desde 2006, México ha sido sistemáticamente el país más peligroso para los medios informativos en América Latina, registrando en 2011 más muertes de periodistas que cualquier otro lugar del planeta. Muchos de esos asesinatos son prueba de una brutalidad indescriptible: reporteros mexicanos han sido torturados, decapitados, arrojados a las cunetas de las carreteras del país o a canales de aguas residuales. En algunos casos, los cuerpos mutilados han sido hallados en plazas públicas junto a notas en las que se advierte a sus colegas que podrían correr igual suerte. Otros han desaparecido sin dejar rastro. Las instalaciones de los medios de prensa han sido también el blanco de ataques con explosivos y armas de fuego. El peligro diario es tan grande que la mayoría de los periodistas mexicanos se han “convertido en corresponsales de guerra en nuestra propia tierra”, señalaba Marcela Turati, de la revista Proceso, en un informe especial que el IPI publicó el pasado año.1 Sin embargo, mientras que las organizaciones de la sociedad civil llevan mucho tiempo denunciando la crisis que afronta la comunidad periodística en el país, el gobierno mexicano ha tardado demasiado tiempo en reconocer la gravedad de la situación y en ofrecer una respuesta satisfactoria. Igualmente, los medios también han sido lentos en desarrollar las estrategias necesarias para limitar de forma efectiva el peligro al que se enfrentan sus periodistas y otros profesionales del sector.

1 http://www.freemedia.at/press-room/public-statements/singleview/article/ipi-enfoque-dia-de-la-libertad-de-prensa-mundial-2012-la-historia-de-marcela-turati.html

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Durante su visita a México, la delegación de WAN-IFRA y del IPI investigó específicamente la eficacia de dos medidas tardías, pero de importancia crucial, concebidas para poner fin a la amenaza que se cierne sobre la libertad de prensa en el país: por un lado, la implementación de un sistema federal de protección para periodistas en peligro; por otro, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), reforzada por la reciente aprobación de una enmienda constitucional que permite a las autoridades federales investigar los delitos contra la prensa. En encuentros con diversos interlocutores, como funcionarios federales y estatales, miembros del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, embajadores extranjeros, editores, periodistas, así como representantes de la sociedad civil, la delegación recabó información sobre las expectativas, los resultados y las deficiencias de estas iniciativas. Asimismo, la delegación tuvo la oportunidad de examinar las medidas adoptadas por los propietarios de los medios informativos mexicanos para proteger a aquellos empleados que ejercen la profesión en regiones de alto riesgo. Y, si bien responsabilizó expresamente a las autoridades federales y estatales de la falta de protección brindada a los periodistas en las zonas fronterizas, también llamó la atención de los representantes mediáticos sobre la necesidad de protocolos de seguridad autorreguladores efectivos y de medidas destinadas a proteger a los periodistas en situaciones de alto peligro. Como organizaciones representantes de la prensa internacional, con una gran red de miembros asociados en todo el mundo, WAN-IFRA y el IPI insistieron ante altos representantes de la administración del presidente Enrique Peña Nieto en que el no enjuiciar a los criminales, expresando su más absoluto repudio hacia los ataques cometidos contra la integridad física de los periodistas y de los medios de información, solo engendra más violencia y fomenta la autocensura entre los periodistas quienes se ven ante una permanente amenaza. Finalmente, la delegación instó al gobierno federal de México a participar en el programa piloto del recientemente

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aprobado Plan de Acción de Naciones Unidas sobre la seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad. Integrantes de la delegación:

• Roger Parkinson, ex-presidente de WAN-IFRA, ex-editor, director general y presidente del grupo canadiense Globe & Mail, y miembro del IPI

• Larry Kilman, Director General Adjunto de WAN-IFRA • Barbara Trionfi, Responsable de Libertad de Prensa

del IPI • Rodrigo Bonilla Hastings, Responsable de misiones de

Libertad de Prensa de WAN-IFRA • Scott Griffen, Asesor de Libertad de Prensa para

América Latina y el Caribe del IPI 2. Antecedentes En opinión de WAN-IFRA y del IPI, para entender la amenaza a la que se ven expuestos los periodistas mexicanos, es preciso conocer el alcance de la crisis de seguridad y justicia a la que se enfrenta el segundo país más grande de América Latina. Las cuestiones sistémicas abordadas a continuación han tenido un impacto directo en la situación de absoluta indefensión que viven los medios de comunicación en numerosas regiones del país. En primer lugar, México ha de hacer frente a enormes desafíos para garantizar la justicia a las víctimas del crimen. Durante la misión de WAN-IFRA y el IPI, numerosas autoridades y expertos en la materia informaron a los delegados que el 98% de los actos criminales cometidos en el país quedan impunes. A lo que se añade la escasa fiabilidad de las contadas condenas que llegan a producirse: los expertos estiman que el 50% de las personas que hoy se encuentran en las prisiones mexicanas son inocentes. La burocracia pertinaz y la falta de una más adecuada formación profesional para los agentes del orden público son factores que pueden arruinar las investigaciones mejor intencionadas. A la luz de esta impunidad institucionalizada, resulta obvio que el efecto disuasorio contra los actos delictivos de cualquier tipo es escaso. De hecho, casi todas las personas con las que se entrevistó la delegación coincidieron en que no cesarán las extorsiones a los medios mientras que los

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responsables se vean arropados por la ineficiencia del sistema justicia penal mexicano. El gobierno federal se ha comprometido a priorizar la reforma penal, lo que en opinión WAN-IFRA y el IPI ayudará a procesar a quienes cometan ataques contra la prensa. En la toma de posesión de su cargo como presidente, el pasado diciembre, el mismo presidente Enrique Peña Nieto, en la misma línea de su predecesor, Felipe Calderón Hinojosa, sentenciaba: “No habrá seguridad mientras no haya justicia”2. El presidente también ha dado prioridad a una transición judicial nacional (que deberá concluir en 2016) a favor de los juicios orales, permitiendo a los abogados discutir los casos ante los jueces y formular preguntas o interrogar a los testigos. Bajo la ley anterior, los juicios se limitaban al intercambio de expedientes escritos y los jueces tomaban sus deliberaciones a puerta cerrada. La reforma judicial, aprobada por el Congreso de la Unión en 2008, pone fin a la práctica de tratar a los detenidos como culpables hasta que se demuestre su inocencia3. Asimismo, Peña Nieto ha anunciado que impulsará la unificación de los 33 códigos penales en un “solo código penal de aplicación nacional”. Los observadores esperan que estos cambios sirvan para mejorar la eficiencia y la transparencia del sistema legal, y sean una herramienta importante en la lucha contra la impunidad. En segundo lugar, el crimen organizado continúa siendo una amenaza seria y creciente para la estabilidad del país. Su evolución es conocida: en la década de los años ochenta y principios de los noventa del siglo XX, Colombia fue el principal suministrador de estupefacientes para los consumidores de Estados Unidos y Canadá. Tras el amplio desmantelamiento de los carteles de droga de ese país a mediados de los años noventa mediante acciones conjuntas llevadas a cabo por los gobiernos estadounidense y colombiano. Fue entonces que el comercio de estas sustancias se desplazó al norte de México, que hasta entonces había sido básicamente un paso fronterizo, no un foco de suministro. Al asumir la presidencia, Felipe Calderón en diciembre de 2006, su gobierno se encontró bajo la presión nacional e

2 http://www.elmundo.es/america/2012/12/01/mexico/1354396054.html 3 http://www.nytimes.com/2008/03/07/world/americas/07mexico.html

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internacional para frenar el narcotráfico, anunció el comienzo de una ofensiva militar contra los carteles de la droga, que estuvo acompañada de un recrudecimiento de la violencia contra la población civil, en general, y contra de los periodistas, en particular. Según el Death Watch del IPI, 24 periodistas fueron asesinados en México en el lapso de diez años, entre enero de 1997 y noviembre de 2006. Comparativamente, más del doble de periodistas, exactamente 49, han perdido la vida en los seis años de su gobierno, de diciembre de 2006 a diciembre de 2012. Además se estima que el número total de víctimas de la violencia durante la ofensiva oscila entre 60.000 y 100.000. Entre tanto, según aclararon los expertos de México a los delegados de WAN-IFRA y del IPI, los carteles se han transformado en una fuerza parapolítica que apunta al control territorial: varios Estados de la República, como Tamaulipas y Nuevo León, se encontrarían hoy prácticamente gobernados por los carteles del narco. Y, mientras que el comercio ilícito de drogas sigue siendo la fuente principal de ingresos de estos grupos, el negocio se ha diversificado a otras áreas de actividades delictivas como son el tráfico de armas o la trata de personas. Por esa razón, hoy resulta más adecuado hablar de “crimen organizado”. Los periodistas mexicanos reconocieron ante la delegación que la autocensura, motivada por el miedo a la violencia de los carteles, ha frenado la cobertura de estos fenómenos. “La noticia principal es que el crimen organizado lo devora todo y esa es precisamente la noticia que no podemos publicar”, comentó un periodista que ha dejado su Estado para refugiarse en la Ciudad de México. Los casos de desplazamientos internos de este tipo se han generalizado en los últimos tiempos entre el gremio de periodistas. Los responsables de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), que recientemente ha concluido un estudio sobre la seguridad de los periodistas en México, explicaron a la delegación que en muchas zonas del país el crimen organizado está “utilizando a los medios para sus fines propagandísticos”, con elementos criminales que persiguen el monopolio de la información y la propagación del miedo y la obediencia entre los ciudadanos. El “control

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informativo” es considerado como una consecuencia lógica y necesaria del control territorial4. La UNODC constata que eso se consigue a través de un conjunto de amenazas y actos de coerción. En algunos casos, la interacción entre periodistas y el crimen organizado comienza como una colaboración de ‘beneficio mutuo’: los representantes de los carteles ofrecen información exclusiva a los periodistas –sobre un delito inminente, por ejemplo– a cambio de cobertura regular que sirva para acrecentar la omnipotencia de sus carteles. En palabras de uno de los responsables, “los periodistas se ven involucrados en el crimen organizado porque éste les sirve de fuente”. Con el tiempo, los carteles han aprendido a explotar esta relación imponiendo exigencias cada vez mayores: los medios son obligados a reproducir, palabra por palabra, la información suministrada por los carteles en forma de artículos de prensa. Los periodistas y editores que osan rechazar tal práctica ponen en peligro sus vidas y las de sus familias. Finalmente, los medios y los representantes de la sociedad civil enfatizaron que las prácticas autoritarias desarrolladas durante los 71 años de dominio del Partido Revolucionario Institucional (PRI) mexicano siguen estando vigentes. Una tradición arraigada en la clase política mexicana es la imposición de contenidos a los medios de comunicación, mediante dictado o soborno, dando lugar a un entorno hostil para los periodistas que se atreven a criticar la línea oficial. “Se enfurecen cuando no pueden controlar la información” señaló otro periodista en desplazamiento interno, refiriéndose a las autoridades de una capital estatal. En efecto, estudios han revelado que las autoridades públicas, y no el crimen organizado, son responsables de la mayoría de las violaciones de la libertad de prensa en México. La Fiscal Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, Laura Borbolla, reconoció que los funcionarios públicos son el principal

4 Véase la p. 5 del informe de WAN-IFRA ‘Una amenaza de muerte a la libertad: un informe sobre la violencia contra la prensa en México’, publicado en septiembre de 2012.

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agresor en el 70% de los casos que llegan a su fiscalía. Article 19, una organización defensora de la libertad de expresión con fuerte presencia en México, calcula que el 49% de los asaltos a reporteros en 2010 habían sido perpetrados por funcionarios gubernamentales.5 Los representantes de los medios señalaron que muchas autoridades locales y estatales no están acostumbradas a ser objeto del escrutinio y emprenden medidas para poner fin a las investigaciones, procurando ocultar sus identidades. Un periodista narró un incidente en el cual un grupo de hombres, que afirmaban ser miembros de una banda criminal, le raptaron y amenazaron de muerte antes de arrojarlo a la cuneta de una carretera; pese a tener los ojos vendados, el periodista alegó reconocer que se trataba de agentes de la policía local por el uso de los códigos de comunicación del cuerpo policiaco. Los responsables de la UNODC indicaron que hay diversos factores –incluidos los bajos salarios y las duras condiciones laborales– que fomentan las relaciones corruptas entre las autoridades locales y el crimen organizado. Una situación que aísla aún más a los medios, que ya no pueden contar con los gobiernos locales para hacer valer la ley y protegerles. En las conversaciones con periodistas y editores de prensa, la delegación constató un elevado nivel de desconfianza hacia el gobierno y un denodado escepticismo a que las autoridades locales hagan lo posible por defender los intereses de los medios. “Los periodistas no creen en los procedimientos locales, por eso se abstienen de participar en los mecanismos [de protección]”, expuso Javier Hernández Valencia, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Percepción y realidad en la crisis de seguridad para los periodistas en México WAN-IFRA y el IPI creen firmemente que, pese al clima de impunidad e inseguridad, es primordial no asumir que los periodistas son simples víctimas de la violencia generalizada que se vive en el país. De otro modo, no solo se obvia la evidencia incontestable –constatada por

5 http://www.article19.org/resources.php/resource/1621/en/violence-and-press-freedom-in-mexico:-still-in-the-line-of-fire

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periodistas, editores de prensa y la sociedad civil– de que los informadores son objeto de agresiones para silenciar la cobertura crítica, sino que además se sigue el juego a las fuerzas gubernamentales que eluden su responsabilidad de protección o, lo que es peor, son cómplices de los ataques a la prensa. “Algunos dicen que esto es una guerra y que, como en cualquier guerra, hay víctimas”, apuntó Roberto Rock, redactor jefe de El Universal, uno de los diarios nacionales más importantes del país. “Pero en México, se atenta contra los periodistas por lo que escriben. De modo que no hablamos de una guerra cualquiera”. Tanto WAN-IFRA como el IPI fueron exhortados en varias ocasiones por representantes del gobierno, de distinto rango, a atribuir los asesinatos de periodistas a fallos éticos. Por ejemplo, en un encuentro celebrado en Ciudad de México, Gina Domínguez Colío, coordinadora de comunicación social del gobierno de Veracruz, declaró: “La libertad de expresión no está en peligro en Veracruz”, antes bien, se encuentra “garantizada al 100%”. Sin embargo, según prácticamente la totalidad de las fuentes consultadas, Veracruz es el estado mexicano más peligroso para los periodistas (con un saldo de 11 muertes desde 2006, de acuerdo con Death Watch del IPI). Además, la credibilidad del Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas fue cuestionada en casi todas las reuniones celebradas con WAN-IFRA y el IPI. En una de ella, un editor calificó dicha comisión como “una mala broma”. Para explicar la discrepancia de opinión, las autoridades de Veracruz insistieron en que los periodistas no eran asesinados por su profesión, sino por comportamientos dudosos en sus vidas privadas –incluyendo la complicidad con el crimen organizado– o por la falta de profesionalismo. “Me siento consternada por las insinuaciones de que los periodistas mexicanos son responsables de sus propios asesinatos”, dijo Alison Bethel McKenzie, directora ejecutiva del IPI. “Sabemos que las causas inmediatas de la muerte de un periodista pueden ser complejas y que los medios mexicanos operan dentro de un sistema de criminalidad endémica, pero me temo que esta situación está sirviendo para excusar la negligencia de las

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autoridades mexicanas. Seamos francos: son demasiados los periodistas atacados por razones relacionadas con su trabajo y el gobierno tiene la obligación de impedirlo. Punto”. “Incluso si se tratase de un conflicto generalizado, el estado debería prestar especial atención a los delitos cometidos contra los medios. Una prensa silenciada –sea por la razón que sea– no puede cumplir su papel de informar a los ciudadanos de asuntos de interés público. El resultado es una democracia que no merece ese nombre”, sentenció. WAN-IFRA y el IPI convinieron en que el gobierno federal ha tomado importantes, aunque tardías, medidas para reconocer y asumir su responsabilidad por los ataques cometidos contra los medios de comunicación. Estas medidas incluyen la reciente implementación de un mecanismo federal para la protección de periodistas y defensores de los derechos humanos, que “establece la obligación concreta por parte del estado mexicano de proteger a los periodistas”, según el titular de la Unidad de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Juan Carlos Gutiérrez. Las autoridades federales fueron unánimes en expresar su compromiso con la defensa de la seguridad de los periodistas y la libertad de prensa en México. “El respeto de la libertad de expresión continuará siendo absoluto”, enfatizó Eduardo Sánchez Hernández, subsecretario federal de Normatividad de Medios. “México tiene la férrea voluntad de reducir la violencia y mejorar las condiciones de trabajo de los periodistas”. “México es conocido internacionalmente por ser uno de los países más peligrosos del mundo para los profesionales de los medios. Las nuevas autoridades federales del país tienen una oportunidad histórica de cambiar eso de una vez por todas”, subrayó Vincent Peyrègne, director general de WAN-IFRA, quien añadió que “será necesaria una auténtica voluntad política y, quizás lo más difícil de todo, la cooperación de los estados para esclarecer los ataques y poner fin a la cultura de impunidad imperante. Nos preocupa extremadamente que las medidas legales recientemente aprobadas para la protección de los periodistas y la federalización de los delitos tengan escaso o nulo efecto si los gobiernos estatales no cooperan”.

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3. La federalización de crímenes contra periodistas y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión En 2006, las autoridades mexicanas crearon la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas, que en 2010 pasó a llamarse Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra de la Libertad de Expresión. La FEADLE depende de la Procuraduría General de la República de México (PGR), órgano del poder ejecutivo que se encarga principalmente de investigar y perseguir los delitos del orden federal. La nueva FEADLE depende igual que el anterior organismo de la Procuraduría General de la República de México (PGR), órgano del Poder Ejecutivo que se encarga principalmente de investigar y perseguir los delitos de orden federal. Pese al prudente optimismo con que fue acogida la noticia de su creación, la FEADLE ha resultado ser “un fracaso absoluto”: la Fiscalía ha logrado imponer una sola condena hasta la fecha6. Según los diversos interlocutores entrevistados por WAN-IFRA y el IPI, la causa del fracaso ha sido la propia estructura federal de México. Hasta el pasado verano, el asesinato de un periodista era considerado un delito de fuero común (esto es, de jurisdicción exclusiva de las autoridades estatales y locales). Como órgano federal, la FEADLE nunca ha tenido la competencia legal para procesar los crímenes cometidos contra los medios –un hecho que suma peso a la acusación de que la creación de la Fiscalía atiende más a una cuestión de imagen que a la expectativa de resultados–. La actual Fiscal Especial, Laura Borbolla, informó a los delegados que hasta la fecha se habían “tramitado” 40 expedientes de investigación, tres de ellos relacionados con homicidios. En esos casos, según Borbolla, la Fiscalía había recabado suficiente información para justificar el arresto de un sospechoso, pero que cada vez que se presentaban las

6 WAN-IFRA, op. cit. p. 8

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pruebas ante el juez federal, el caso era desestimado por falta de jurisdicción. Generalmente, el juez en cuestión remitía el caso a las autoridades locales correspondientes. Borbolla indicó que alrededor de la cuarta parte de los 40 expedientes fueron procesados por la justicia local –sin llegar a una conclusión en ninguno de los casos–. En el momento de la visita de WAN-IFRA y del IPI, otros 326 casos registrados por la FEADLE “estaban siendo investigados” o estaban paralizados. En muchos de estos casos, las autoridades estatales se rehusaron a ofrecer información a los fiscales federales. Borbolla, quien es la cuarta persona en ocupar el cargo de Fiscal Especial en tan solo siete años, estimó que las autoridades locales son el principal agresor en el 70% de los casos que llegan la Fiscalía. La supuesta falta de presupuesto de la FEADLE ha sido considerada a menudo como el mayor impedimento para su éxito, si bien la prensa mexicana ha calificado como un verdadero “misterio”7 la asignación presupuestal exacta de la Fiscalía. Así, por ejemplo, en octubre de 2012, el Colectivo México Infórmate dio a conocer que el presupuesto de la FEADLE para 2010 era de 53.071 pesos mexicanos (3.226 euros), sin contar los salarios de la plantilla, que no fueron revelados. Sin embargo, México Infórmate advirtió que la cifra recibida a través de una solicitud de acceso a la información difería significativamente de la información suministrada a la organización de defensa de la libertad de expresión Article 19 (1.053.785,67 pesos ó 64.105 euros). Además, se pudieron constatar diferencias similares en todos los ejercicios de 2008 a 2011. Borbolla aseguró a WAN-IFRA y al IPI que el presupuesto de la FEADLE para 2012 fue de 3 millones de pesos, aproximadamente 245.000 USD (190.000 euros), e indicó que el presupuesto total para el ejercicio 2013 asciende a 14 millones de pesos, cerca de un 1 millón USD (800.000 euros).

7 http://www.animalpolitico.com/2012/10/fiscalias-de-la-pgr-con-presupuesto-rasurado-y-en-la-opacidad/

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Ante la crítica nacional e internacional por la ineficacia de la FEADLE, el Congreso de la Unión decidió ratificar (en diciembre de 2011, con 362 votos a favor, 0 en contra y dos abstenciones en la Cámara de Diputados; en marzo de 2012, por decisión unánime del Senado) una reforma constitucional que faculta a las autoridades federales a investigar, perseguir y sancionar delitos que afecten a la libertad de expresión. En junio de 2012, dicha enmienda de de la Constitución contó con la aprobación necesaria de una mayoría (16) de las legislaturas estatales, permitiendo así su entrada en vigor. Enmienda al artículo 73, fracción XXI:

[…] Las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando estos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta […]8

Esta reforma legislativa fue ampliamente celebrada como la ‘federalización’ de los delitos contra los periodistas en México, si bien tal descripción es imprecisa. La reforma constitucional no hace que los delitos contra la prensa se conviertan automáticamente en un delito federal, sino que otorga al gobierno federal la capacidad de intervenir a su discreción y bajo ciertas circunstancias especificadas en la subsiguiente legislación secundaria. En sentido estricto, lo que se consiguió con la aprobación de la enmienda fue facultar al Congreso de la Unión para crear leyes que establezcan las condiciones bajo las que las autoridades federales han de investigar y procesar los delitos contra periodistas. El decreto que adiciona el párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73 establece que el Congreso debe realizar las reformas a las leyes secundarias que correspondan en un plazo máximo de seis meses, a contar desde su aprobación final (el 7 de junio de 2012); asimismo prevé que las autoridades federales sólo podrán perseguir y sancionar los delitos contra la libertad de expresión tras la entrada en vigor de la legislación secundaria.9

8 Fragmento extraído del Diario Oficial de la Federación 9 http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=34339

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En suma, sin estas leyes, la reforma constitucional no tiene efecto práctico alguno en la labor de la FEADLE, que podría ser nuevamente criticada por priorizar la imagen frente a la acción. En el momento de la visita de WAN-IFRA y del IPI a México, en febrero de 2013, nueve meses después de que fuese aprobada la reforma constitucional, el Senado de la República aún estaba examinando la propuesta de legislación secundaria que había sido elaborada por el Centro Jurídico para los Derechos Humanos, una ONG con sede en Ciudad de México, con la colaboración de varios grupos de la sociedad civil. La legislación urge a realizar las modificaciones que se enumeran a continuación para la entrada en vigor de la reforma constitucional.

1) La reforma del Código Federal de Procedimientos Penales (artículos 6 y 10), para facultar a las autoridades federales a que investiguen y persigan delitos contra la prensa si se dan las condiciones siguientes:

• existe la presunción de que un funcionario o entidad pública puede estar implicado en el delito;

• el incidente alegado constituye una infracción o delito grave según lo tipificado por las leyes mexicanas;

• las autoridades locales competentes no han actuado con la debida diligencia;

• las autoridades locales competentes no son capaces de investigar, perseguir o sancionar el delito,

• la entidad federativa (estado) en cuestión solicita la intervención federal.

2) La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (artículo 50), para reiterar que los jueces federales tienen jurisdicción en delitos del orden federal.

3) La reforma de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (artículos 10, 11 y 14), para definir de forma más precisa el papel de la FEADLE y ofrecer apoyo legal permanente.

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4) La reforma del Código Penal Federal (artículo 430), para estipular que quien cometa un acto delictivo contra periodistas o instituciones mediáticas se enfrentará a condenas de entre uno y cinco años de prisión.

Miriam Cárdenas Cantú, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, destacó el carácter “inclusivo” del proyecto de ley, y enfatizó que “el gobierno federal podrá conocer de muchos delitos”. En la reunión que WAN-IFRA y el IPI mantuvieron con Cárdenas Cantú el pasado 12 de febrero, ella manifestó su confianza de que el Senado de la República aprobaría el proyecto de ley, remitiéndoselo a la Cámara de Diputados en el plazo de los quince días siguientes. Según explicó a la delegación, la aprobación definitiva se obtendría entre uno y cinco meses después. Sin embargo, en el momento de redactar el presente informe, el proyecto de ley aún no había sido aprobado por el Senado. Fuentes cercanas al senador Marco Antonio Blásquez Salinas, presidente de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación, informaron a los miembros de la delegación, el día 13 de febrero, que el senador esperaba la “aprobación inmediata de la legislación secundaria”. Cárdenas explicó: “Hay un interés especial en acelerar el proceso; todas las fuerzas políticas coinciden en que la ley debe ser aprobada”.

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4. El mecanismo de protección para periodistas y defensores de los derechos humanos El mecanismo mexicano para la protección de los periodistas y los defensores de derechos humanos fue oficialmente instaurado por el gobierno de Felipe Calderón, el día 22 de junio de 2012. Como se expuso en el informe de WAN-IFRA sobre la violencia contra la prensa mexicana, publicado en septiembre de 2012, la ley reguladora del mecanismo de protección prevé la creación de tres instituciones destinadas, respectivamente, a recibir quejas formales, asignar diferentes medidas de seguridad y administrar el presupuesto destinado a la implementación de tales medidas.

· Creación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, integrado por tres órganos:

- Una Junta de Gobierno; 4 miembros representantes del Ejecutivo Federal, uno de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y cuatro integrantes de la sociedad civil.

- Un Consejo Consultivo: 9 miembros de la sociedad civil, de los cuales 4 forman parte de la Junta de Gobierno;

- Una Coordinación Ejecutiva Nacional. · Elaboración de Medidas Preventivas y de Protección:

- Medidas Urgentes de Protección, como la evacuación o reubicación temporal de los periodistas y activistas amenazados, el otorgamiento de custodias, escoltas y la protección de inmuebles;

- Medidas de Protección, que comprenden la entrega de equipos de comunicación, la instalación de cámaras y cerraduras en domicilios y oficinas, así como la entrega de vehículos blindados y otros elementos de blindaje;

- Medidas Preventivas, como instructivos, manuales, cursos de autoprotección y el acompañamiento de observadores de derechos humanos y periodistas.

· Creación del Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas con el propósito de cumplir el objeto de la Ley, integrado por:

- Recursos de la Federación; - Recursos anuales que señale el Presupuesto de Egresos; - Donativos que realicen empresas y ciudadanos; - Bienes y apoyos económicos que transfieran las entidades federativas.

Fuente::Secretaría de Gobernación

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Tras intercambiar impresiones con periodistas mexicanos y representantes de la sociedad civil, WAN-IFRA y el IPI concluyeron que el mecanismo de protección presenta importantes deficiencias10:

- sólo incluye medidas reactivas, siendo necesario un sistema judicial más efectivo que sancione a los autores de los delitos;

- es demasiado lento para reaccionar a los ataques contra los profesionales de los medios. Por ejemplo, sus ‘medidas urgentes de seguridad’ no se ajustan a la realidad sobre el terreno: si bien se cuenta con una unidad especial diseñada para actuar en el plazo de nueve horas en caso de peligro inminente, los ataques contra periodistas o empresas mediáticas a menudo se producen en el espacio de 3 a 4 horas después de la primera amenaza. Y, en cualquier caso, la mayoría de los ataques tienen lugar sin previo aviso;

- presupone un grado de confianza demasiado alto en las autoridades estatales a través de los llamados ‘acuerdos de coordinación’. Sin embargo, los grupos de crimen organizado se han infiltrado en numerosos departamentos de la policía local y estatal, socavando enormemente la confianza de los ciudadanos en las fuerzas de seguridad.

WAN-IFRA y el IPI se entrevistaron con Lía Limón García, Subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y Juan Carlos Gutiérrez, titular de la Unidad de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos dentro de la mismo Secretaría, quienes reconocieron que la situación era crítica y requería de una acción urgente por parte del gobierno. Además, ambos destacaron la importancia del mecanismo de protección que finalmente se ha logrado poner en marcha (con un presupuesto de 129 millones de pesos y una partida adicional de 42 millones de pesos, procedentes del Fondo para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos y los Periodistas). Asimismo, insistieron en que se creará un sistema efectivo de contacto para periodistas lo antes posible, con una línea de atención gratuita las 24 horas, e incidieron en la necesidad de colaborar con las autoridades estatales de promover la creación de mecanismos de protección a nivel estatal. Finalmente,

10 Véanse pp. 9-10 del informe de WAN-IFRA ‘Una amenaza de muerte a la libertad: un informe sobre la violencia contra la prensa en México’, publicado en septiembre de 2012.

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subrayaron la importancia, dado lo reciente de la implementación del mecanismo de protección a periodistas, la cooperación con la sociedad civil y así como la profesionalización y especialización del personal del mecanismo. Las conversaciones que WAN-IFRA e IPI mantuvieron con periodistas y editores de prensa revelaron dos opiniones muy divergentes respecto al citado mecanismo de protección. Por un lado, se constata un sentimiento arraigado de desconfianza y falta de credibilidad. Después de todo, no es la primera vez que se crea un mecanismo de estas características: en noviembre de 2010 vió la luz un mecanismo similar que apenas tuvo impacto. Además existe el temor de que el nuevo mecanismo siga una tradición de ‘simulacro institucionalizado’ –ejemplificado, en su opinión, por la Fiscalía Especial anteriormente mencionada–, que consiste en crear oficinas e instituciones (absolutamente ineficaces) para responder a la presión local e internacional, revelando la falta total de voluntad política11. En los peores casos, los profesionales de los medios ni siquiera están al tanto de la existencia del mecanismo de protección. Por otro lado, algunos periodistas ven en el mecanismo una muestra de apertura y voluntad para encontrar soluciones por la parte de las autoridades federales. Los responsables del mismo, que antes trabajaban en organizaciones de la sociedad civil o empresas de medios, son respetados por su compromiso y dedicación. Varios periodistas distinguieron su importante labor en la atención de ciertos ataques. “Trabajan bien, definitivamente mejor que la antigua administración. Tenemos un buen trato con ellos y creemos que hacen lo que está en su mano para ofrecernos ayuda rápida”, declaró el director editorial de un periódico regional que había sido víctima de la violencia el mes pasado. Al día 21 de marzo, nueve profesionales solicitaron la asistencia del mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos, aunque sólo tres la recibieron. 11 WAN-IFRA, op. cit. p. 8

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5. Casos de estudio

a. Chihuahua Chihuahua, situado en la frontera con los Estados Unidos de América, es el estado más grande de México, y una de las regiones más peligrosas para la prensa: siete periodistas han perdido la vida desde 2006. Ciudad Juárez, la mayor ciudad del estado, se ha convertido en símbolo de los estragos causados por la violencia organizada que azota al país. Arturo Proal de la Isla, representante del gobierno de Chihuahua en el Distrito Federal, aseguró a la delegación: “Compartimos sus preocupaciones y también la indignación de los comunicadores en Chihuahua”. Proal de la Isla, quien desempeñó el cargo de coordinador de Comunicación Social de 2004 a 2010, lamentó que los chihuahuenses se hubiesen resignado al clima de criminalidad e impunidad, refiriéndose a esta última como a su “problema más serio”. “Ya no nos sorprende el crimen”, admitió, “nos hemos acostumbrado a una sociedad en la que unos pocos se han hecho los dueños de todo”. Varios informes publicados en 2012 indican que los niveles de violencia en Chihuahua se habían estabilizado.12 Sin embargo, los observadores informaron a la delegación de que ello no ha tenido efecto alguno en la prensa de la región, prácticamente silenciada en cuestiones relativas la seguridad. “Los índices estadísticos sobre la violencia pueden haber bajado, pero la impunidad y la autocensura siguen siendo problemas enormes en Chihuahua”, puntualizó Javier Hernández Valencia, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Los periodistas de Chihuahua, como ocurre en otros estados del país, tienen escasa fe en la capacidad de las autoridades estatales para protegerles de la violencia o investigar y sancionar los delitos contra la prensa. Para la mayoría, la autocensura es la única respuesta viable; una respuesta que lleva a la atomización y el silenciamiento de municipios enteros. “Cuanto mayor sea el temor, menos se

12 http://www.economist.com/news/special-report/21566774-after-five-years-soaring-murder-rates-killings-have-last-begun-level

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quiere saber y contar a los demás, favoreciendo el crimen organizado”, explicó Rubí Blancas, Oficial Nacional de Programas de la Oficina de las Naciones Unidas, que visitó Chihuahua en el marco de un proyecto de investigación sobre la seguridad de los periodistas en la región. Muchos de los que rechazan la autocensura creen que la única forma de garantizar su seguridad personal es abandonar el estado en el que viven, huyendo generalmente a Ciudad de México o a los Estados Unidos. Un periodista chihuahuense, que se visto forzado a desplazarse al Distrito Federal, dijo a la delegación: “Si vuelvo a Chihuahua, me matarán a mí o a mi familia”. Dicho periodista contó que el pasado año había estado secuestrado durante ocho días. Durante ese tiempo, le golpearon brutalmente y le amenazaron con amputarle las manos y la lengua. En un momento dado, incluso le ataron un torniquete alrededor del cuello para simular su asfixia. Los secuestradores –quienes cree que eran agentes de la policía local– le preguntaron si su salario como periodista era tan bueno que merecía la pena poner en juego su vida. Finalmente, el periodista fue abandonado en la cuneta de una carretera. Una ONG de derechos humanos organizó más tarde su huída a la capital. No obstante, el informe de la UNODC destaca el estado de Chihuahua como ejemplo de buenas prácticas en materia de protección. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, una agrupación de periodistas ha organizado seminarios para enseñar a minimizar el riesgo, participando en el establecimiento de un programa académico en la Universidad Autónoma de Chihuahua. En opinión de la UNODC, este programa es de vital importancia para mejorar la ética de los medios e ir más allá del reportaje ‘empírico’. También resulta importante destacar que el citado informe considere insuficiente el apoyo que los propietarios de los medios ofrecen a las iniciativas para fomentar la seguridad de los profesionales del sector; una opinión generalizada entre los periodistas de todo el país. En 2010, sin embargo, numerosos representantes de los medios y la política –entre los que se cuentan el gobernador, miembros del Congreso y el Presidente del Tribunal Supremo– firmaron un acuerdo13 de desarrollo e 13 http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/pdf/campanias/acuerdoperiodistas.pdf

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implementación del llamado ‘Sistema Integral de Seguridad para la Protección de Periodistas del Estado de Chihuahua’.14 Como parte de este sistema, se elaboró un protocolo de seguridad con recomendaciones específicas de autoprotección para los periodistas expuestos a situaciones peligrosas, como secuestros, asaltos o amenazas. Esta suerte de guía práctica contiene igualmente recomendaciones generales para minimizar los riesgos durante la cobertura de temas ‘comprometedores’. Asimismo, el acuerdo establece que “el estado tiene la obligación de crear un programa de protección cautelar para periodistas en situación de riesgo”. Dicho programa debería prever medidas prácticas – no especificadas, pero entre las que se incluirían el uso de chalecos antibalas o la vigilancia policial, por ejemplo– a fin de “asegurar la protección integral del periodista, su familia y el medio de comunicación”. Después de tres años, aún no se ha desarrollado tal programa, pese a su evidente necesidad y el acuerdo firmado por los altos cargos políticos del estado de Chihuahua. Proal de la Isla reconoció la importancia de tal compromiso, pero afirmó que es preciso resolver problemas sistémicos, como el elevado índice de delincuencia y la inobservancia de le ley, para fomentar una mejora de las condiciones laborales de los periodistas. “Lo primero que debemos lograr es que nuestros ciudadanos conozcan la ley”, insistió. “Un país en el que no se respete la ley tiene un futuro incierto”. Durante el encuentro con la representación chihuahuense en Ciudad de México, WAN-IFRA y el IPI se informaron sobre los casos de los periodistas José Armando Rodríguez Carreón, ‘El Choco’, y Luis Carlos Santiago Orozco, de El Diario de Juárez, asesinados en 2008 y 2010 respectivamente. Proal de la Isla hizo posible una conversación telefónica con Martín Zermeño, fiscal especializado en seguridad pública y prevención del delito,

14http://cepetmexico.files.wordpress.com/2010/08/protocolofinalseguridadperiodistaschihuahua.pdf

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quien hasta ahora no ha brindado más detalles sobre los dos casos citados.

b. Veracruz El estado de Veracruz es uno de los lugares más peligrosos del mundo para los profesionales del periodismo. Con una población de nueve millones de habitantes, el estado limita al este con la capital del país y al oeste con el Golfo de México. Independientemente de lo que se haga (criticar las acciones del gobierno, cubrir el crimen organizado o la nota roja), ser periodista en la región puede tener consecuencias mortales. De hecho, nueve periodistas han perdido la vida en Veracruz en los últimos dos años. Esta ola de asesinatos ha obligado a al menos 20 profesionales de los medios de comunicación a desplazarse a otros estados de la República, sembrando el silencio en este estado. Esos asesinatos han desatado una ola de indignación y miedo en la comunidad mediática de la región, dado que entre las víctimas se encontraban algunos de los periodistas más reputados de Veracruz. “El asesinato de Milo Vela (Miguel Ángel López Velasco), Yolanda Órdaz y Regina Martínez ha sido como incendiar una librería; se ha destruido toda la historia del periodismo de Veracruz”, dijo un periodista de la región. Veracruz es gobernado por el PRI desde 1932. La Secretaría del Gobernador del Estado de Veracruz ejerce un firme control sobre todos los canales de información, poniendo al descubierto un estilo de gobierno preocupantemente autoritario. Los profesionales de los medios de comunicación de Veracruz no solo se enfrentan al riesgo que conlleva cubrir el crimen organizado, sino también al de ejercer su profesión bajo un régimen de hostil intolerancia. Se sabe que, en muchos casos, el crimen organizado actúa bajo los dictados del gobierno local. Representantes de cuerpos diplomáticos y organizaciones no gubernamentales (ONG), así como periodistas de Veracruz aún residentes en el estado o desplazados, explicaron a WAN-IFRA y el IPI que el gobierno presiona a los profesionales de los medios para impedir que realicen su labor informativa a través de la Secretaría de Comunicación Social y su directora, Gina Domínguez Colío.

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Domínguez es conocida por llamar directamente a los periodistas y propietarios de medios para obligarles a censurar ciertas noticias bajo amenaza de retirar la publicidad estatal u otras medidas más agresivas. Ya sea que cubra casos de violencia diaria que afecten a Veracruz, manifestaciones de protesta civil o de la oposición, una catástrofe natural o los resultados electorales desfavorables al gobierno estatal, todo periodista sabe que puede contar con una llamada de la ‘vice gobernadora’ (un apodo que revela su inmensa influencia política en el estado). Y, pese a no haberse registrado asesinatos en los últimos meses, los secuestros y las agresiones a los periodistas continúan, según informaron los periodistas locales a WAN-IFRA y el IPI. Las víctimas temen que la denuncia de los ataques pueda ponerles en mayor peligro. Según reportajes de prensa, en junio de 2012, la periodista María José Gamboa fue despedida del canal de televisión para el que trabajaba por presión de Gina Domínguez15. Victima de tres amenazas directas en los últimos años, que ella atribuye al gobierno estatal, Gamboa ha revelado recientemente que vive en las instalaciones del diario Notiver, porque es el único lugar en el que se siente segura16. Otro caso que recientemente ha salido a la luz pública es el de Félix Márquez, un fotoperiodista de 24 años de edad que trabaja para la agencia Cuartoscuro, quien anunció que abandonaría Veracruz a consecuencia de la intimidación y el acoso del gobernador Javier Duarte. Éste y el director de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Arturo Bermúdez Zurita, le acusaron públicamente de falsificar fotografías de grupos paramilitares que habían surgido en distintas partes del estado. Los altos cargos dijeron en televisión que Márquez merecía la cárcel. Este modus operandi pone claramente de manifiesto la intolerancia y el autoritarismo del gobierno. WAN-IFRA y el IPI se reunieron con Gerardo Buganza Salmerón, secretario de Gobierno de Veracruz, Gina Domínguez, coordinadora general de comunicación social, Namiko Matzumoto, secretaria ejecutiva de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas de

15 Despiden a conductora de ‘Meganoticias’ por órdenes del gobierno de Veracruz, Proceso, http://www.proceso.com.mx/?p=309828 16 Una periodista de Veracruz vive en su lugar de trabajo tras agresiones. CNN México - http://mexico.cnn.com/nacional/2013/03/28/una-periodista-de-veracruz-vive-en-su-lugar-de-trabajo-tras-agresiones

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Veracruz, y María Lagunas, de la Fiscalía. Los funcionarios negaron la existencia de cualquier tipo de trabas a la libertad de expresión en Veracruz. “La libertad de expresión está garantizada al 100%”, recalcó Domínguez. Además, las autoridades alabaron el sistema judicial y el decisivo papel que había desempeñado, bajo su punto de vista, en el esclarecimiento del asesinato de Regina Martínez (una reputada periodista investigativa de la revista Proceso que fue asesinada el 28 de abril de 2012). En noviembre de 2012, el presunto asesino confesó ser culpable del delito, si bien en su primera comparecencia ante los tribunales declaró que había sido torturado y que los interrogadores le habían advertido del peligro que podía correr su familia si no asumía la autoría del crimen. Representantes de Proceso y los periodistas que conocían a Martínez se mantienen escépticos acerca de las investigaciones gubernamentales y el juicio del sospechoso. Por su parte, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) también cree que las pruebas presentadas por las autoridades veracruzanas no son concluyentes17. Cuando WAN-IFRA y el IPI plantearon la cuestión, las autoridades de Veracruz rehusaron hablar de las alegaciones de discrepancias en la investigación de la periodista, pero se ofrecieron a presentar evidencias médicas que probasen que el sospechoso no mostraba huellas de tortura. “Han confirmado nuestro profundo escepticismo”, señaló Larry Kilman, director general adjunto de WAN-IFRA, al final de la reunión. “No reconocer la magnitud del problema de la libertad de prensa en su estado y pretender que tienen una respuesta a todas las cuestiones que les hemos planteado hoy sólo aumenta nuestras reservas sobre su versión de los hechos”. La delegación se refirió igualmente a la Comisión Estatal para la Atención y la Protección de Periodistas, creada en noviembre de 2012. Los representantes de WAN-IFRA y del IPI expresaron a la directora de la comisión, Namiko Matzumoto, su preocupación ante el sentimiento compartido por varios periodistas de que dicho organismo carece de credibilidad. Los periodistas no confían en la comisión porque sienten que solo atiende los intereses del

17 ‘La PGR rechaza esclarecimiento del asesinato de Regina Martínez’. CNN México - http://mexico.cnn.com/nacional/2012/10/31/la-pgr-rechaza-el-esclarecimiento-del-asesinato-de-regina-martinez

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gobierno de Veracruz, al que, en numerosos casos, temen. Además, la comisión anterior, Comisión por la Defensa de los Periodistas, sentó un terrible precedente que alimenta su recelo: recibió 13,7 millones de pesos (unos 870.000 de euros) durante cinco años (entre 2006 y 2011), sin tener efecto alguno en la prevención de asesinatos y la erradicación del clima general de violencia contra la prensa de la región. A este respecto, Matzumoto quiso insistir primero en que la comisión que ella dirige es constitucionalmente independiente de la secretaría del gobierno, lo que, a su juicio, marca una diferencia importante respecto a la comisión anterior. Numerosos periodistas y representantes de la sociedad civil entrevistados por la delegación expresaron su escepticismo y criticaron a la comisión por atribuir la mayor parte de su presupuesto al pago de salarios, en lugar de destinarlo al necesario apoyo de los periodistas. Del presupuesto total de la comisión, cifrado en 15 millones de pesos (cerca de 1 millón de euros), 8,6 millones son asignados a los salarios, 4,4 millones al material de oficina, servicios generales e inmuebles. “Me parece una visión absolutamente parcializada decir que el dinero que va a salarios no se está destinando a la función sustancial de la comisión. Todo órgano necesita gente capacitada para funcionar; así que cada peso del presupuesto se destina al cumplimiento de esa función sustancial que es proteger a los periodistas y brindarles la atención que requieren”, aseguró Namiko Matzumoto. “Nuestra plantilla está formada por 37 personas, por lo que no podemos hablar de un exceso de personal. Además, desde el 18 de diciembre, hemos recibido 13 casos de periodistas, lo que implica que hay gente que viene a la comisión. Resulta curioso que los que hacen esas críticas jamás hayan venido. La comisión defiende una política de puertas abiertas: no hay un periodista que venga que no sea atendido”18. 18 Namiko Matzumoto Benítez percibe un sueldo de 59.531 pesos por su función al frente de la comisión, de la que forman parte otros 36 empleados. El presupuesto total de la misma asciende a 15 millones de pesos, de los cuales 8,6 millones son destinados al pago de salarios. Los cuatro directores de área reciben un sueldo de 34.000 pesos y los siete jefes de departamento una retribución de 27.000 pesos. Además, con el presupuesto de la comisión se paga el sueldo de abogados, analistas, secretarios, recepcionistas, conductores, responsables de vigilancia y un portero (que recibe uno de los salarios más bajos: 6.000 pesos). Asimismo, hay que tener en cuenta a los

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No menos curioso resulta el hecho de que quien haya aireado los detalles presupuestarios y criticado la irregular distribución de los recursos sea un periodista de la propia comisión, Jorge Morales, quien se queja de que solo 747.755 pesos del presupuesto total sean destinados al apoyo de los periodistas. 7. El papel de los medios de comunicación en la promoción de la seguridad de los periodistas Las conversaciones con representantes de los medios en Ciudad de México no dejaron duda de que los periodistas que trabajan fuera de la capital son los más afectados por la violencia. “La violencia contra los periodistas en los estados es terrible”, aseguró un editor. “Los medios nacionales salen mejor parados”. En los encuentros con distintos editores y periodistas en Ciudad de México, los delegados de WAN-IFRA y el IPI debatieron acerca de los pasos necesarios para garantizar la seguridad de los profesionales de la información, tanto en lo que se refiere a la protección brindada por las autoridades estatales como a la autoprotección. Los representantes de la prensa manifestaron cierto grado de esperanza en que el número de ataques contra los periodistas disminuya bajo el nuevo mandato del Partido Revolucionario Institucional (PRI); no tanto por las reformas específicas emprendidas por el gobierno federal para atajar el problema, sino por cierta estabilidad en la lucha contra el poder entre el gobierno y los carteles del narcotráfico. Dicha estabilidad fue parte fundamental del panorama político hasta el 2000, cuando el PRI perdió las presidenciales después de 71 años de dominio. “De alguna manera, el gobierno del PRI tiene el crimen organizado bajo control”, admitió el director de uno de las publicaciones investigativas más reputadas de México.

nueve miembros de la comisión, que se reúnen bimestralmente y cuyos salarios rondan los 20.000 pesos, y al presidente, que percibe un sueldo de 40.000 pesos. “En Veracruz, un periodista bien remunerado puede aspirar a un salario máximo de 5.000 pesos”, explicó un periodista a la delegación.

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Otros observadores, sin embargo, se mostraron menos optimistas sobre este viraje del nuevo gobierno, aduciendo que la guerra contra los carteles del narcotráfico llevada a cabo por el gobierno del anterior presidente, Felipe Calderón Hinojosa, había causado una “atomización del narcotráfico”. Como consecuencia, hoy existen un mayor número de grupos criminales más pequeños en el país, cuyo control es aún más difícil. Al ahondar en las medidas específicas adoptadas por el gobierno federal para frenar los ataques a la prensa y poner fin a la impunidad de los crímenes, los periodistas mexicanos destacaron ante la delegación de WAN-IFRA y del IPI que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se ha comprometido a implementar reformas iniciadas por el gobierno anterior para permitir a las autoridades federales investigar y procesar crímenes contra periodistas. Asimismo, incidieron en que Peña Nieto se ha comprometido a establecer un mayor control sobre las fuerzas policiales estatales, que muchos periodistas consideran como poco fiables por su implicación en casos de corrupción y crimen organizado. No obstante, también fue perceptible cierto escepticismo acerca de la capacidad del gobierno para implementar las reformas emprendidas, logrando reducir visiblemente los peligros a los que se ven expuestos los periodistas, sobre todo en los estados. Durante su visita a México, los delegados de WAN-IFRA y el IPI animaron a las editoras de noticias a desarrollar protocolos autorreguladores de seguridad con los que minimizar en lo posible el peligro de los periodistas en misiones peligrosas. Los editores del país contaron que las organizaciones estaban adoptando algunas medidas para promover la seguridad, como la publicación de artículos sin nombre o la retirada de los corresponsales y la apuesta por la colaboración de redes reporteros freelance y de medios locales. Con todo, los editores de noticias todavía no han conseguido desarrollar los protocolos de seguridad esperados, por lo que la ola de violencia les ha “agarrado desprevenidos”. “La prensa mexicana no está preparada para esta situación”, constató Leonardo Valero Robles, subdirector editorial del diario nacional Reforma.

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Rafael Rodríguez, del Proceso, también admitió que hasta el asesinato de la corresponsal Regina Martínez, en abril de 2012, el semanario creía que podía garantizar la seguridad de sus periodistas al reaccionar con rapidez a cualquier amenaza o señal de violencia, generalmente con la relocalización del profesional a otras zonas: “Sacábamos a los periodistas de una región en cuanto empezaban a recibir amenazas”, explicó Rodríguez. En el caso de Regina Martínez, “fuimos incapaces de prevenir la violencia, porque pensamos que no pasaría nada si reaccionábamos con suficiente rapidez”, lamentó. “Su muerte ha sido un duro golpe para Proceso. Nos sentimos vulnerables”. En algunas regiones se publican artículos sin firma para proteger a los autores. Con todo, Rodríguez y otros editores coincidieron en que esta medida no mejora la seguridad de los periodistas, dado que todo el mundo conoce su identidad en las ciudades de provincia. En marzo de 2011, 715 medios mexicanos, periódicos, cadenas de radiodifusión y páginas web firmaron el Acuerdo para la Cobertura de la Violencia, que comprende diez principios encaminados a evitar la glorificación de los criminales y minimizar el riesgo que encaran los periodistas. Algunos editores de prensa explicaron a los delegados que se habían negado a firmar el acuerdo por considerar que éste constituía una interferencia ilícita en su línea editorial; otros destacaron que muchos de los medios que sí firmaron el acuerdo aún no lo habían aplicado19. En general, los representantes de los medios y de la sociedad civil subrayaron la incapacidad mediática de desarrollar protocolos adecuados y establecer una cooperación más estrecha en materia de seguridad periodística. Muchos atribuyeron esa falta de solidaridad a la competencia de intereses económicos y políticos. Los periodistas de medios nacionales, que a menudo se desplazan a otros estados para cubrir casos de violencia y crimen, advirtieron la indiferencia con la que eran acogidos sus intentos de concientizar a sus redacciones en México

19 Véase WAN-IFRA, op. cit. p. 13

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D.F. de la precaria seguridad de los periodistas en la provincia. Los representantes de medios nacionales con sede en México, D.F. admitieron que la falta de conciencia acerca de la violencia vivida en distintas regiones podría ser una de las razones por las que la seguridad no ha sido suficientemente tematizada por los medios nacionales, que son los que dispondrían de los recursos necesarios para ofrecer la formación y el equipamiento debidos. “No hay ataques contra los medios en Ciudad de México; de ahí que muchos medios nacionales que tienen su sede aquí no se sientan directamente afectados”, comentó Roberto Rock, director editorial de El Universal, a la delegación. “En México, todo está centralizado: los medios nacionales casi siempre tienen su sede en la capital. Por eso no siempre se toma en serio el peligro al que se hallan expuestos los periodistas”, convino Valero Robles, de Reforma. 8. Recomendaciones A las autoridades federales

• Acelerar la aprobación de la legislación necesaria para facultar al gobierno federal a investigar los delitos contra los profesionales de los medios de comunicación.

• Facilitar urgentemente cursos de capacitación, personal y todos los recursos necesarios para reforzar la Unidad de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos.

• Crear canales de comunicación de emergencia entre las empresas de medios en zonas de riesgo, la Unidad de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y los miembros locales confiables de las fuerzas armadas, con el fin de garantizar acciones rápidas y efectivas sobre el terreno en caso de amenaza o ataque inminente.

• Que el gobierno federal promueva una actividad más tolerante por parte de los gobiernos estatales frente a los medios críticos a través de:

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o Exigir públicamente a las autoridades estatales que lleven a cabo investigaciones más exhaustivas sobre los ataques contra los profesionales de los medios de comunicación

o Denunciar a los estados que no colaboren en tal labor.

• Participar en el Plan de Acción de Naciones Unidas sobre la seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad.

Al Congreso de la Unión

• Aprobar de inmediato la legislación secundaria requerida para la entrada en vigor de la reforma constitucional que permite al gobierno federal investigar delitos contra periodistas.

A las autoridades estatales

• Investigar exhaustivamente los casos de ataques contra los profesionales de los medios de comunicación.

• Trabajar en estrecha y transparente colaboración con la Unidad de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos y la Fiscalía para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).

• Acabar con la criminalización de los medios críticos y de sus colaboradores.

• Cesar las presiones directas e indirectas sobre los medios.

A los medios • Adoptar e implementar los protocolos de seguridad

encaminados a garantizar la seguridad de los periodistas –tanto empleados como ‘freelancers’– que trabajan en las regiones peligrosas del país.

• Asegurar que todos los periodistas –incluso los que no se desplazan a regiones peligrosas– conozcan las medidas básicas de autoprotección y las formas de brindar apoyo a los profesionales que trabajan en lugares de riesgo.

• Incentivar una mayor comunicación y la celebración de encuentros entre periodistas de distintas partes del país, incluido el Gobierno del D. F., a fin de favorecer una mayor concientización sobre las condiciones en

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las que trabajan los profesionales del sector en la provincia.

• Fortalecer los lazos de cooperación y la solidaridad entre los medios en cuestiones relacionadas con la seguridad de los periodistas.

• Exponer, siempre que sea posible, los resultados de las investigaciones sobre los delitos cometidos contra periodistas; o denunciar su falta.

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“La situación de la prensa en México”

Autores Scott Griffen, Asesor de libertad de prensa

para América Latina y el Caribe del IPI Rodrigo Bonilla Hastings, Responsable de misiones

de libertad de prensa de la WAN-IFRA

La Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (SIDA) y WAN-IFRA acordaron en 2010 una alianza estratégica, que permite a WAN-IFRA

ampliar e intensificar sus actividades favoreciendo la labor de los medios independientes y económicamente sostenibles en todo el

mundo. Más información en http://www.wan-ifra.org/pressfreedom.