La solución está en manos del Gobierno

SECTOR PETROLERO A LICITACIÓN

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Integrante de la Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones Marxista-Leninistas - CIPOML

edición 1962del 14 al 20 de julio de 2021

China, país capitalista-imperialista pág. 47

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Los conflictos sociales se agudizan y el Gobierno está en la obligación de dar una respuesta rápida y satisfactoria a quienes protestan. No hacerlo, no solo agudizará los problemas existentes, también acelerará su desenmascaramiento como representante de los intereses de los poderosos grupos económicos.

Varios sectores sociales han realizado demostraciones de protesta en estos días, las de mayor magnitud y trascendencia son el paro de los agricultores de la costa y la huelga de hambre declarada por la UNE.

Los campesinos reclaman precios justos a sus productos, en muchos casos el precio

LA SOLUCIÓN ESTÁEN MANOS DEL GOBIERNOED

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de comercialización es menor al costo de producción, además, la mayoría de esos productores están incapacitados de pagar las deudas adquiridas con lo bancos para producir. En la campaña electoral, Guillermo Lasso dijo que se fijarán tasas de interés del 1% y a treinta años plazo, que –por ejemplo- el saco de arroz se fijará en UDS 35. Eso piden que ahora se cumpla.

La huelga de hambre convocada por la UNE, en la que participan también estudiantes, demanda que el Presidente cumpla con sus ofrecimientos de atender el derecho a la educación de millones de niños y jóvenes y en mejores condiciones, el reconocimiento de un salario digno para los maestros, los derechos de niños, niñas y adolescentes, entre otros aspectos que contemplan las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI, que el gobierno ha pedido a la Corte Constitucional declare su inconstitucionalidad.

La inmediata respuesta del Gobierno a

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estas lucha ha sido la amenaza. «Cárcel indefinida, para quienes realicen paralizaciones indefinidas» ha dicho Lasso. No podía esperarse otra cosa de un gobierno de derecha, neoliberal, representante de los intereses de los grandes empresarios, banqueros y el capital extranjero. Este es el Lasso de toda la vida, no la marioneta del TikTok que se mueve al ritmo que le ponen sus publicistas.

Cuando los gobiernos no escuchan las demandas del pueblo, este debe encontrar los mecanismos para lograrlo, por eso la huelga de hambre, el cierre de vías, los mítines y manifestaciones en las ciudades. Si la gente protesta es porque el hambre, la falta de empleo, los bajos salarios, la imposibilidad de acceder a los sistemas de salud, etc. le afecta. Que no vengan con el discurso de que son problemas heredados, la solución está hoy en manos del Gobierno, de nadie más.

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Movilizarse para solucionar los

problemas

Una reforma fiscal fue la gota que derramó el vaso y dio origen a un levantamiento popular en Colombia, que se aproxima a los tres meses de duración, encabezado por organizaciones populares se fortaleció y continuó con la exigencia de la salida del presidente Duque. Esto da muestra de la capacidad de las organizaciones, de las masas para transformar las sociedades.

Millones de personas en toda América

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Latina, en diferentes momentos, han decidido salir a las calles superando el miedo impuesto por el temor al contagio del Covid-19, Colombia, México, Argentina, Chile, Ecuador, Brasil, Perú, Haití por solo nombrar unos pocos, han sido países en los que sus pueblos han expresado su inconformidad por las circunstancias en las que desenvuelven sus vidas, ahora peor, expuestas a las calamidades de la falta de salud y la incapacidad de sus sistemas, agobiados por la falta de presupuesto, corrupción y burocracia.

La escasez de empleo, siempre omnipresente, profundizada ahora, con sus secuelas de hambre que se expresa en miles de carteles en toda América con frases como “tengo hambre, no tengo trabajo”, en medio de graves deficiencias en los procesos educativos, que anulan el futuro de niños y jóvenes, con obra pública casi inexistente, siempre manchada por actos de corrupción en los que los poderosos acumulan más.

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Las mujeres han encabezado muchas protestas; los estudiantes con sus anhelos de cambio siempre presentes; los jubilados, los indígenas, los trabajadores han protagonizado a lo largo y ancho de América Latina pequeñas y grandes jornadas de protesta.

En unas más y otras menos, pero en todas las manifestaciones se expresan voces que cuestionan al sistema, no se conforman con que se construya un nuevo hospital o se decrete un aumento salarial, o se retroceda en una medida, su comprensión de la realidad es más profunda y encuentran en el propio sistema capitalista la razón de ser de los males que originan la protesta, que las penurias de cientos de millones son solo su resultado y, en consecuencia, sostienen que es el capitalismo el que debe ser desaparecer. Esas voces deben multiplicarse, deben amplificarse, encontrar mil y un métodos que logren explicar, motivar, conducir la reacción de los grandes grupos humanos inconformes a no solo protestar por la

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solución puntual de un problema, sino continuar hasta que todo el sistema, que es el culpable de las desgracias de la humanidad, sea eliminado.

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Sector petroleroa licitación

El gobierno de Guillermo Lasso hizo público los lineamientos de la política petrolera, son varios los ejes sobre los que se levanta, entre los que están: Aumento de la producción de hidrocarburos, atracción de la inversión privada internacional, cambio en la modalidad de contratos, creación de un Fondo de sostenibilidad petrolera. A estos ejes se incorpora la venta de las 48 estaciones de servicio así como, la revisión de los contratos de distribución existentes a fin de determinar su finalización.

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Lasso en el decreto ejecutivo 95 demuestra su compromiso con las trasnacionales petroleras pues, luego de las medidas que favorecieron a varias compañías extranjeras en el CIADI, se apresura a proponer un proceso de renegociación de los contratos, volviendo a las modalidades existentes antes del 2006. En esta época el Ecuador cambia la política contractual e impulsa una serie de medidas que permiten fortalecer la producción estatal de petróleo. En el año 2006 las empresas estatales producían el 46% del petróleo, en 2012, dicha participación pasó a ser del 73%. Este proceso fue cambiando en el propio gobierno de Correa, quien renegoció varias veces los contratos petroleros, permitiendo al final la privatización de 22 campos petroleros, dejando únicamente en manos de Petroecuador Sacha e ITT (Ishpingo-Tiputini-Tambococha).

La política del actual Gobierno apunta a fortalecer la inversión privada -extranjera o nativa- en el sector

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petrolero, por ello plantea cambiar las modalidades contractuales y ampliar la frontera de explotación y exploración de hidrocarburos, ya que, en el contrato de participación la compañía recibe una participación en la producción de crudo. Vale recordar que el costo de producción en el campo manejado por Petroecuador, Sacha, es de $9 por barril, mientras que en el bloque 61, manejado por una transnacional, el valor que el estado paga es de $26, lo que demuestra el perjuicio de $17 por barril, lo que significa una pérdida para el país de algunos centenares de millones de dólares anuales

La propuesta del Gobierno establece tres vías para el cambio a Contratos de Participación. En primera instancia indica que para nuevas inversiones se harán nuevos procesos licitatorios internacionales bajo contrato de Participación, observando la consulta previa para las comunidades sobre áreas intangibles y reservas naturales. En segundo lugar se plantea delegar campos

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ahora en manos de Petroecuador a la iniciativa privada y para ello se pide remitir un proyecto de ley que permita dicha delegación y la migración de los actuales contratos (de manera libre y voluntaria) a la nueva modalidad; la tercera vía es que en los contratos manejados por el ministerio, se inicie la renegociación de manera inmediata, también de manera libre y voluntaria.

Uno de los objetivos del Gobierno es convertir a Petroecuador en sociedad anónima y que sea cotizada en bolsa de valores, permitiendo de esta manera que los inversionistas privados se apoderen de la empresa pues, la podrán adquirir mediante las acciones adquiridas, siendo de esta manera los intereses de esos inversionistas los que primen sobre las necesidades y requerimientos nacionales. Para gran parte de estos cambios, se requieren de una serie de reformas legales, en las que tendrá como protagonista a la Asamblea Nacional.

La política diseñada en esta área tiene el

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objetivo de privatizar el sector petrolero, pretensión que va en contra vía de la Constitución e hipoteca la soberanía nacional a los intereses de las grandes trasnacionales petroleras.

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La lucha de moradores obliga a bajar las tarifas eléctricas

La lucha persistente de los moradores de los barrios populares de Guayaquil, cortó el abuso del cobro excesivo de las tarifas de luz y obligó a las autoridades del sector eléctrico a la rebaja de las tarifas de luz.

Han sido los plantones realizados durante varios meses, antes y durante la pandemia, principalmente ante las autoridades de la Agencia de regulación y control eléctrico (Arconel) y

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Corporación Nacional Eléctrica (CNEL) de la ciudad de Guayaquil, los que han permitido ganar esta batalla, para lo cual se organizaron alrededor de la Confederación Unitaria de Barrios del Ecuador (CUBE), la UOCPP, FEDEBA, OSCB, Frente Popular, Unidad Popular.

Los pobladores rechazaron las elevaciones injustas e injustificadas de las tarifas de energía eléctrica, con las cuales los costos se duplicaban y triplicaban sin una solución satisfactoria a los reclamos. Liderados por Guillermo Leones, uno de los dirigentes populares, han anunciado la lectura de los medidores, la posterior refacturación y el cobro correspondiente al consumo de alrededor de 630 mil usuarios.

La elevación abusiva se producía porque la denominada t́arifa de la dignidad ,́ implementada a favor de los sectores populares, con el transcurso de los años no se ha modificado para satisfacer el consumo sobre todo en pandemia, no se efectuaba la lectura de los medidores

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por lo cual el valor a pagar resultaba de una promediación exorbitante; el rango de 130 kw resultaba irreal al consumo en pandemia; finalmente, ese rango cuantificaba el costo como si fuera de un consumo completo, es decir, por el consumo de 1 kw, el cobro era por el rango completo de 130 kw.

Los representantes de las organizaciones barriales, sociales y políticas, han propuesto que el rango de consumo se eleve de 130 kw a 200 kw, que el cobro del consumo sea de acuerdo a los kw consumidos y que la lectura de los medidores sea obligatoria, de acuerdo con el contrato, suscrito por USD 4́ 700.000 dólares.

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La Unión Nacional de Educadores declaró, este 12 de julio de 2021, su Huelga de Hambre indefinida en Quito, Portoviejo, Guayaquil y Cuenca, para defender las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI, debido a las intenciones del gobierno de declarar su inconstitucionalidad. En Quito, la huelga se instaló en las afueras de la Asamblea Nacional, con el apoyo del

“Sin inversión en educación

no existe el desarrollodel país”

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Frente Popular y varias organizaciones.

La presidenta nacional de la UNE, Isabel Vargas, declaró que “esta acción es producto de la negativa del gobierno y la Corte Constitucional de reconocer las reformas de la LOEI, en las que se garantizan los derechos de niños, niñas y jóvenes a recibir educación de calidad, así como el derecho de docentes y estudiantes a laborar en condiciones de bienestar y seguridad”. El 28 y 29 de junio, los representantes del gobierno pidieron a la CC declarar la inconstitucionalidad de las reformas a la LOEI, durante la audiencia virtual concedida para tal fin.

Las condiciones en las que la comunidad educativa se encuentra al momento es compleja. “Lejos de revalorizar la condición de los docentes, seguimos con las mismas autoridades, que vienen arrastrándose desde el correísmo, que han demostrado su prepotencia, falta de liderazgo y su falta de compromiso con los maestros y la comunidad educativa.

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Nuestros sueldos no han sido revisados desde hace muchos años; en el año 2016 se dio la normativa de equiparación salarial para los servidores públicos a excepción del magisterio. Es decir, hemos sido discriminados, perjudicados y, en esta pandemia, se recortó de nuestros sueldos USD 73 millones, además hemos cubierto el internet y los elementos que requerimos para las clases virtuales. Por otro lado, la falta de conectividad de los estudiantes nos ha obligado a ir a buscarlos en sus casas para impartir la educación”, afirma Isabel Vargas.

Desde hace varios años, la UNE ha presentado proyectos de reformas a la Asamblea Nacional para proponer los cambios que requiere el sistema educativo. Finalmente, el anterior legislativo acogió el 80% de la propuesta del magisterio para plasmarla en la Ley que el gobierno de Lasso pretende desconocer. El 2 de junio, la UNE solicitó una audiencia con el presidente de la República y esta fue archivada el 10 de junio, una clara muestra de la negativa

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del gobierno a dialogar. “Hemos tomado más acciones, presentamos el amicus curiae y nuestros argumentos en la Corte, nos movilizamos por las reformas, nos encadenamos, nos desangramos y no recibimos respuesta. Hoy, elevamos esta lucha con la huelga de hambre, con maestros y padres de familia dispuestos a entregar su vida por el presente y el futuro de nuestros niños y jóvenes; por una educación laica y de calidad”.

Varias organizaciones se han sumado a esta medida de hecho en las cuatro ciudades en las que se lleva a cabo. Representantes del Frente Popular, FUT, UGTE, Mujeres por el Cambio, Fedecomip, FEUE Nacional, FESE, Conasep, se encuentran en la huelga de hambre junto a los docentes en esta huelga de hambre, que ha recibido la solidaridad de más de 70 organizaciones nacionales e internacionales; asociaciones de docentes y padres de familia se encuentran en los alrededores para respaldar a los huelguistas, lo que demuestra la justeza de la lucha.

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“Sin inversión en educación no existe el desarrollo del país” señala Vargas. “El gobierno cuida las fortunas de los grandes empresarios. Mientras dice que no hay financiamiento, se niega a cobrar los más de USD 1.700 millones que esas empresas le deben al Estado por concepto de impuestos”. Entre las demandas de la UNE se encuentra la entrega del 6% del PIB para educación, la creación de nuevos bachilleratos para los jóvenes, eliminar el acoso y la violencia en las aulas, invertir en educación y no en armamento. Todo esto será posible con la decisión del gobierno de respetar lo que establece la ley.

Son 34 personas quienes se encuentran en la huelga de hambre y no se detendrán hasta que el ejecutivo dé paso a lo establecido en la ley. “Nuestra expectativa es que la Corte Constitucional no agache la cabeza a las órdenes del gobierno y actúe en derecho, permitiendo la puesta en vigencia de las reformas a la LOEI y acogiéndose a lo que establece el artículo 44 de la Constitución, que es velar por

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la protección del niño y el adolescente, y ese interés superior es precisamente la educación, la salud y la vida. Es lamentable que el gobierno no responda a estas necesidades y obligue a que el pueblo tome estas medidas”.

Las acciones no cesarán. El viernes 16 de julio, el magisterio está convocado a una movilización a nivel nacional en respaldo a los docentes que se encuentran en la huelga de hambre y en apoyo a las reformas de la LOEI, pues significa defender la educación. El PCMLE expresa su solidaridad hacia la UNE y las organizaciones que participan de esta huelga de hambre.

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El Frente Popularen pie de lucha

para defender al IESSLas recientes declaraciones del representante de los empleadores en el Consejo Directivo del IESS sobre el déficit económico para cubrir los gastos del seguro de salud para el siguiente mes, añadido a las declaraciones del vicepresidente de la República, en el sentido de intervenir los hospitales del IESS para superar el sinnúmero de problemas por los que atraviesan, han generado en el país una serie de reacciones de rechazo.

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El Frente Popular, a través de su presidente, Nelson Erazo, ha respondido a estas declaraciones en forma contundente rechazando las veladas intenciones que tienen los neoliberales en el gobierno, de generar un ambiente de zozobra entre afiliados y jubilados para, en medio de esta situación, aparecer como los salvadores.

Erazo sostiene que se está creando un escenario para la privatización de las prestaciones que entrega la institución de los trabajadores, que las declaraciones del representante de los afiliados y del vicepresidente están alineadas con las realizadas por Augusto de La Torre, supuesto experto en seguridad social, que sostiene que el seguro de pensiones tan solo tiene dineros para un par de años, razón por la cual el Frente Popular lo enjuició, junto con el exministro Mauricio Pozo, debido a que fomentaron el “pánico económico” entre afiliados y jubilados, acción que es sancionada por las leyes ecuatorianas.

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También cuestiona a César Rodríguez, el representante de los empleadores, ya que ha estado vinculado a esa representación por muchos años y recién ahora, cuando la crisis de la salud ya está desatada, sale a la opinión pública a informar, cuando debió tomar medidas para solucionarla. Pero, en realidad, él es uno de los responsables de esta situación, por no defender a la institución, ser promotor de la contratación de servicios privados de salud a los que el IESS debe cientos de millones de dólares y no tomar medidas para que sus representados, los empleadores, paguen sus deudas.

Desde el Frente Popular se cuestiona al vicepresidente de la República ya que ni con su alta investidura tiene capacidad para intervenir en los hospitales del IESS. Como se conoce, la Constitución reconoce a esta institución como autónoma. En contraposición, Erazo emplaza al vicepresidente para que sí intervenga los hospitales a cargo del Ministerio de Salud que son su responsabilidad, los que se encuentran

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en pésimas condiciones, sin medicinas ni equipos, lugares en los que han fallecido buena parte de las víctimas de la pandemia, que, además, como parte del gobierno nacional, pague la deuda que mantiene con el IESS que en el caso de salud son cerca de cinco mil millones de dólares, contabilizados hasta mayo de 2021, que serían suficientes para cubrir el déficit de 40 millones que tendrá este mes. Como dice Erazo, la solución a la crisis pasa porque el gobierno cumpla con sus responsabilidades de pagar la deuda en salud y entregar el 40% de para las pensiones jubilares. Decisiones que, evidentemente, los gobiernos no la tienen.

Por el lado de la administración es indispensable la elección del representante de los afiliados ante el Consejo Directivo, así como la reforma del Artículo 28 de la Ley de Seguridad Social, para que defina una elección de los integrantes de ese Consejo de manera democrática, concretamente que el representante de los afiliados

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sea electo por afiliados, jubilados y campesinos de forma directa y secreta de entre candidatos presentados por las organizaciones de trabajadores, campesinos y jubilados.

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La flota pesquera china y barcos de otros países depredan la fauna de las Galápagos ante la mirada indolente de los gobiernos de turno. Hay que recordar que la zona protegida comprende de 40 a 80 millas marinas, en las que existen 35 de 400 especies de tiburones. Los buques se mantienen cerca de la Zona Económica Exclusiva de Ecuador (ZEEI)

De nuevo barcos chinos amenazan la reserva

marítima delas Galápagos

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y, por ende, constituyen una amenaza porque capturan lo que hay a su paso, particularmente el atún y los tiburones, especie de la cual los pescadores chinos extraen las aletas que, por esos lares, es producto apetecido en su alimentación.

La flota pesquera internacional llega a 294 embarcaciones en lo que va del año, la mayor parte es de bandera China, frente a lo cual, al decir de las Fuerzas Armadas, se preparan controles y Cancillería continúa con diálogos bilaterales. En estas condiciones se ha hablado de la posibilidad de incrementar la reserva marítima en una acción conjunta con países vecinos que tienen el mismo problema a cuyos gobiernos hay que exigirles firmeza en la defensa de los intereses nacionales y que no vuelva a ocurrir lo del pasado, donde en las “negociaciones” se privilegió los intereses económicos de las transnacionales chinas en materia petrolera. Es de esperarse, entonces, que exista una acción internacional en defensa de nuestros intereses comunes, pues las

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embarcaciones chinas han incursionado de forma prepotente en zonas marinas de África.

La posibilidad de prohibir de forma general la pesca en la zona resultaría preocupante, pues, los más afectados serían los pescadores artesanales que viven solo de esta actividad.

Se conoce que, entre agosto y octubre próximos, la flota china podría acercarse al Archipiélago en una acción que es ya recurrente, pues llegan en una temporada donde varias especies marítimas, algunas supuestamente protegidas, inician sus migraciones lo que significa que terminan en las redes pesqueras de las embarcaciones, la mayoría de procedencia china. La intervención del Estado, al parecer, estaría restringida por acuerdos internacionales cuanto más que esas flotas pesqueras hacen espera en aguas internacionales. El Ecuador tiene jurisdicción en 200 millas marinas, de las cuales 160 corresponden a la ZEEI, frente a lo cual, las embarcaciones invasoras,

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como ya ocurrió en el pasado, ingresarán a nuestras aguas y harán lo suyo: pescar de forma indiscriminada poniendo en serio riesgo muchas especies marinas, entre las que destacan los tiburones.

El nefasto gobierno de Correa puso en marcha el acuerdo denominado CONVEMAR, Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que en la práctica no fue sino renunciar al legítimo derecho a las 200 millas de mar territorial que siempre las tuvo nuestro país. Esta circunstancia ha significado que China, como potencia capitalista mundial que es hoy en día, haya sacado sus garras para clavarlas en países como el nuestro para depredar los recursos, en este caso, marítimos sin que les importe un comino que el Archipiélago Galápagos es patrimonio no solo nacional sino mundial, pues las aguas que lo rodean constituyen reserva marina donde conviven especies únicas en el planeta.

La acción de las embarcaciones pesqueras

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chinas son el reflejo del carácter que tienen las potencias imperialistas, en este caso la China, de explotar los recursos naturales, particularmente los marítimos, con el fin de elevar su condición de explotadores a costa de la pobreza de nuestros pueblos.

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Esmeraldas:Mitin político

por En Marcha

El teatro de la Unión Nacional de Educadores, en Esmeraldas, fue el escenario en el que, el pasado 1 de julio, se realizó un acto de presentación del semanario En Marcha.

El evento, organizado por el Comité Provincial de nuestro Partido, concitó el interés de trabajadores, maestros, campesinos, estudiantes, comerciantes, pobladores de barrios populares que

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siguieron con atención las intervenciones realizadas. Linder Altafuya relievó el valor político y la importancia que tiene la prensa revolucionaria para el desarrollo de la consciencia y organización política de los trabajadores y el pueblo, Walter Góngora dedicó unos versos a nuestro semanario, Agustín Ramón San Martín y Edson Perea interpretaron hermosas melodías.

El reaparecimiento del periódico impreso, ha motivado una serie de iniciativas en todo el Partido, para su difusión entre los distintos sectores populares. Este evento es un ejemplo de ello.

Nuestra felicitación a los camaradas de Esmeraldas por el trabajo que vienen desarrollando con la prensa.

«...En Marcha periódico mío, por tí es que conozco yo / de un mayo y de un noviembre, es que escuché de tu voz / de las mitas los obrajes y las curtiembres / por tí es conozco yo, de la fuerza de

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un porfío / de las cruces sobre el agua también lo del rojo río//

En Marcha pueblo mío, que al vaivén de algo que arrulla / me voy meciendo en el tiempo con cada página tuya / con el rojo de tu piel / mi conciencia y un cincel / avancemos todos juntos a la toma del poder//»

Walter Góngora

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¿Por qué niegan consulta popular en el

Chocó Andino?

Con voto de mayoría se negó el pedido de consulta popular anti minera en el Chocó Andino, la misma que busca detener la minería en el noroccidente de Pichincha, en una zona que abarca aproximadamente 287.000 hectáreas de bosques, páramos y ríos y que integran la Mancomunidad del Chocó Andino, donde se encuentran las parroquias de Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto.

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El 30 de junio se dio a conocer que la mayoría de jueces de la Corte Constitucional negaron la solicitud de dictamen previo de constitucionalidad. Dejando de lado la obligación de los jueces y jueces de aplicar en materia de derechos la norma e interpretación que más favorezca a la vigencia de los mismos. Esto quiere decir que la Corte debió, en lugar de rechazar la consulta por la forma, aplicar la interpretación que más favorezca a la participación de los pobladores y los derechos de la naturaleza.

La justicia constitucional de esta manera da muestra de ser un instrumento de protección de los grandes capitales mineros, pues en todos los sitios de América Latina en que se han dado consultas populares sobre minería, las poblaciones han rechazado el extractivismo.

Si bien la misma Corte ha manifestado que se puede volver a presentar el pedido de consulta antiminera con

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los correctivos del caso, la resolución de mayoría muestra un retroceso en derechos. En todo caso, como ocurrió en el Azuay, las organizaciones ambientalistas y los moradores del sector, siguen en la lucha. En el caso de las consultas populares que se dieron en el Azuay, el proceso para lograr el objetivo también tuvo dificultades que, gracias a la firmeza de las organizaciones, fueron solventadas y las consultas antimineras triunfaron en el Austro. Los pueblos tienen derecho a ser consultados sobre los aspectos que les afecta, la lucha continúa.

La lucha contra las trasnacionales mineras tiene varios escenarios, las cortes y las comunidades, la resistencia y unidad de los trabajadores y pueblos vencerán.

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Por los derechos democráticos, las

libertades públicas, la autodeterminación y un

gobierno de transición democrática en Haití

La Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones marxistas leninistas (CIPOML) deplora el magnicidio que acabó con la vida del expresidente Juvenal Moise, ocurrido hace algunos días en Haití.

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Porque este tipo de acción no es solución a los problemas políticos y sociales, y no ha sido motivado en el interés de abrir compuertas a los derechos democráticos, a la libertad del pueblo haitiano; ni tampoco a la soberanía nacional de ese país hermano, por los que las masas populares han estado luchando en las calles desde el año 2018 de manera continua.

Es un hecho de primer orden que, desde el año 2018, los trabajadores y demás sectores populares de Haití han venido desarrollando importantes jornadas de protestas en las calles y plazas de las principales ciudades; manifestaciones que iniciaron reclamando reivindicaciones sociales, pero que luego integraron reclamos políticos que se sintetizaron en el llamado de ¡Abajo el gobierno de Juvenal Moise!

Este gobierno había cumplido el período de su mandato; pero, además, mantenía una política de represión policial y de terror para mantenerse de facto en el

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poder, e imponer medidas económicas de corte neoliberal, y favorecer a grupos económicos determinados.

Las protestas continuas y en oleadas en las principales ciudades, fue la respuesta de los trabajadores y el pueblo en general, en las que sin duda también tuvieron participación sectores políticos y económicos vinculados a un sector de la oligarquía.

El poder legislativo había sido recesado, por haberse cumplido el período para el cual fu escogido. El país no tenía Poder Legislativo.

El poder judicial había quedado descabezado, por la muerte a causa de la Covid, del presidente de la Corte Suprema de Justicia y cinco jueces del mismo habían recesado. El país no tenía Poder Judicial.

El primer ministro, el mismo que ahora tiene de facto las riendas del Consejo de Ministros, había sido recesado días antes

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del magnicidio. El país tiene ahora un Poder Ejecutivo de facto.

El presidente Juvenal Moise había convocado elecciones para dentro de dos meses, pero era evidente que los sectores dominantes no habían logrado un entendimiento entre si que garantizara un gobierno estable que correspondiera a los intereses políticos y económicos en pugna.

En Haití ha habido, y hay, una crisis política. Las instituciones establecidas en la constitución, han colapsado. Las clases dominantes están en pugna entre si, y no logran un gobierno que las una y dé estabilidad política al país. Los trabajadores y demás sectores populares, incluyendo los campesinos, han estado en las calles de manera sistemática.

Son los factores que, de acuerdo con el marxismo leninismo, constituyen una crisis política. “Los de arriba no pueden seguir gobernando como antes, y los de abajo no quieren seguir gobernados como antes”.

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Es en este contexto en que se produce el magnicidio.

Un magnicidio es un hecho político, por causas políticas, es decir, referido al poder, y que sólo puede ser auspiciado por sectores de poder político y económico, con la complicidad de un poder extranjero hegemónico, en este caso los Estados Unidos de Norteamérica.

En este momento, parece confuso quiénes son los sectores específicos que están detrás de lo que tiene todos los visos de un golpe de Estado.

Lo que no puede ser confuso es la cuestión de poder, en la causa y el propósito de ese hecho. Ni puede quedar confuso el interés de los sectores oligárquicos de quitarle a la crisis el factor movilización popular, y buscar una solución con el concurso de los de arriba.

El estado de sitio ha sido declarado, y

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el propósito esencial de esta medida es impedir las manifestaciones populares.

Y así las cosas, los comunistas tenemos que dar solidaridad, y acompañar a los sectores democráticos, progresistas y revolucionarios, que en Haití reclaman la paz y el derecho de autodeterminación del pueblo haitiano. Reivindican un gobierno democrático de transición que habilite ese país en términos sociales, económicos y políticos, para un proyecto de desarrollo a mediano y largo plazo.

Un gobierno de transición en que tenga una importante participación las fuerzas populares que han venido reclamos derechos y libertades en los últimos tres años.

Rechazamos una intervención militar de los Estados Unidos, o de cualquier otra potencia extranjera, no importa el mecanismo en que pretenda ampararse dicha intervención. Porque contravendría el derecho a la autodeterminación del pueblo de Haití, y sería una amenaza a la

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soberanía de pueblos vecinos.

Consideramos de rigor, de principios, insistir en la necesidad de que la clase obrera de Haití desarrolle su partido comunista, como vanguardia combativa y revolucionaria, que la dirija en circunstancias como la actual y otras que pudieran presentarse. Porque a principio y fin de cuentas, esa vanguardia es la que falta en este momento, en que hay condiciones objetivas para el avance de la revolución popular, pero hace falta la organización y dirección política que dirija a los trabajadores y las masas populares en busca de una solución revolucionaria a la crisis.

La CIPOML que ha hecho esfuerzos por acompañar a los trabajadores y el pueblo de Haití en todas sus luchas, continuará en esta disposición militante.

Respeto a los derechos democráticos, a las libertades públicas del hermano pueblo haitiano; respeto al derecho de su autodeterminación; gobierno

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de transición democrática, y rechazo absoluto a cualquier intervención extranjera.

Comité de Coordinación de la Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones Marxistas leninistas

(CIPOML)

Julio, 2021

En Haití ha habido, y hay, una crisis política. Las instituciones establecidas en la constitución,

han colapsado. Las clases dominantes están en pugna entre si, y no logran un gobierno que las una y dé estabilidad política

al país. Los trabajadores y demás sectores populares, incluyendo los

campesinos, han estado en las calles de manera sistemática.

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China,país capitalista-

imperialista

Hacemos una segunda entrega del artículo En China se consolida el capitalismo, no el socialismo, publicado en la revista Política Nº 33, que analiza la verdadera situación económico-política de China. Lo reproducimos a propósito del gran despliegue informativo realizado por la conmemoración de los cien años del llamado Partido Comunista Chino.

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Puertas abiertas al capital privado

La presencia de capitales privados locales y extranjeros cada día es mayor en la economía de ese país, por efecto de las distintas reformas que se han venido aplicando desde la década de los años 1980 hasta la fecha. La propiedad capitalista se desarrolla libremente.

Actualmente operan tres tipos de empresas en su economía:

• Las empresas estatales, que controlan el sector banca, energía, teléfonos, transporte, aunque en algunas de ellas hay presencia privada pequeña. En el año 2015 el gobierno controlaba el 39% de los activos industriales y el 85% de los activos bancarios.

• Las empresas constituidas por capitalistas privados, mayormente extranjeros, y entidades respaldadas por el Gobierno.

• Empresas privadas, aunque con fuerte

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controles estatales y muy relacionadas con el aparato gubernamental, como BYD, Geely, Chery, Huawei.

Lo central en todas ellas es el dominio de la relación de explotación capitalista. Incluso las empresas estatales actúan y se someten a la lógica del mercado y la ganancia.

El número de empresas estatales ha rebajado ostensiblemente en los últimos años, y las políticas que el PCCh aplica están orientadas a disminuir su presencia y a abrir sus puertas al capital privado local y extranjero. Se estima que en la actualidad las empresas estatales generan solo el 17% del empleo urbano, mientras que en el pasado el porcentaje era mucho más alto. Entre el 80% y el 90% de los despidos del sector estatal entraron al sector privado o se establecieron por su cuenta; en el 2004, el empleo en el sector privado representaba 2/3 del empleo urbano total. La ola de privatizaciones en la década de los 90, bajo el primer ministro Zhu Rongji, acabó con el cierre

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de 60 mil empresas y el despido de 30 millones de trabajadores.

China ocupa el tercer lugar en el mundo como receptor de flujos de Inversiones Extranjeras Directas, según señala un informe de la UNCTAD (2017) (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo), luego de Estados Unidos y Reino Unido. En el 2016 recibió 133 mil millones de dólares de inversiones, un poco menos de su máximo histórico de 135 mil millones de dólares en el 2015.

Pero no solo recibe inversiones, también exporta capitales al extranjero. En el 2016 sus flujos de capital hacia fuera ascendieron a 183 mil millones de dólares.

Las resoluciones del XI congreso del PCCh (octubre 2017), en lo que corresponde a este análisis, establecen medidas para permitir una mayor presencia de capitales privados extranjeros. Chen Fengying, experto del

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Instituto de Relaciones Internacionales Contemporáneas de China, declaró al periódico Global Times (17 de nov. 2017) que «la relación entre las compañías extranjeras y el mercado chino será más fluido, ya que el 19 Congreso del PCCh señaló que China suavizará en gran medida el acceso al mercado para el capital extranjero». El mismo periódico, tres días antes reportaba que, según un boletín del Ministerio de Asuntos Exteriores, «se permitirá la participación extranjera mayoritaria en empresas conjuntas en el negocio de vehículos de nueva energía» el próximo año.

En el 2016, las directrices publicadas por la Comisión de Supervisión y Administración de Activos Estatales (Csaae) del Consejo de Estado establecían que los «empleados calificados de empresas estatales seleccionadas en la industria completamente abiertas a la competencia podrán comprar acciones de la compañía». El Estado debería mantener por lo menos el 34% del total de acciones de cada compañía, mientras

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que los empleados deben tener menos de 30% combinado. En las décadas de los 80 y 90 de siglo anterior ya se ensayó algo así, el resultado fue que gran cantidad de acciones fueron compradas por los funcionarios administrativos y del partido.

Crece la brecha social

El capitalismo y la acumulación capitalista se asienta con altísimos niveles de explotación de la fuerza de trabajo y ha significado la ampliación de la brecha entre capitalistas, trabajadores, campesinos y desempleados.

Seiscientos mil trabajadores mueren al año por explotación laboral, según información aparecida en el diario de la Liga de la Juventud Comunista de China. Los trabajadores chinos sufren bajos salarios, extensas jornadas de trabajo y escasos derechos sociales y sindicales. En el año 2000, el viceministro de salud, Yin Dakui, reconoció que en muchas empresas los dueños «sacrifican la salud

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de los trabajadores para hacer dinero».

Los desniveles en los ingresos son mayores que los existentes en los países capitalistas más avanzados: los ingresos de los residentes urbanos son 3,3% superiores a los ingresos de los residentes en el campo; los ingresos de los empleados de la industria con salarios más altos son 15 veces superiores a los que tienen ingresos más bajos; los ingresos de los principales directivos de las empresas estatales son 18 veces superiores a los de sus empleados.

En promedio, los ingresos de los funcionarios más altos son 128 veces más altos que el salario promedio del país. La diferencia de ingresos entre el 10% más rico y el 10% pobre era de 23 veces en el 2007, según Li Shi, Director del Centro de Investigación Sobre Distribución de Ingresos y Pobreza de la Universidad Normal de Beijing.

En el año 2015 se estableció que el 1% más acomodado de la población en

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China poseía un tercio de la riqueza del país, mientras que el 25% de la población con menos recursos solo detenta el 1% de esa riqueza.

China superó ya a los Estados Unidos como el país con más multimillonarios del mundo. En el año 2011, según la Lista Hurun (el Instituto de Investigaciones Hurun realiza estudios de las personas más ricas) en el país asiático había 271 super millonarios chinos, es decir, gente con más de mil millones de dólares de riqueza; en 2016 se estableció la existencia de 596 multimillonarios, frente a 537 existentes en EEUU. El informe de 2017 establece que el magnate de bienes raíces Xu Jiayin, fundador de la compañía China Evergrande, se convirtió en el hombre más rico de ese país: su fortuna ascendió a los 43 mil millones de dólares.

Las inscripciones para participar en el Seminario Internacional

Problemas de la Revolución en América Latina están abiertas, y se las puede realizar a través del link

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