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la tutela del consumidor
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“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento
de la Educación”
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DERECHO
Facultad:
Derecho
Asignatura:
Derecho Administrativo
Tema:
La tutela jurídica del consumidor
Ciclo:
II
Docente:
Daniel Moscol Aldana
Alumno:
Anticona Fajardo Sarita
Chimbote:
2015
AGRADECIMIENTO
A todas aquellas personas con sed de conocimiento y deseos de superación, que leen hoy estas
páginas y premian el esfuerzo de este trabajo.
Agradecemos en primer lugar, al ser Supremo, único dueño de todo saber
y verdad, por iluminarnos durante este trabajo y por permitirnos finalizarlo con éxito; y en segun
do lugar, pero no menos importante, a nuestros queridos padres, por su apoyo incondicional y el
esfuerzo diario que realizan por brindarnos una buena educación.
Los esfuerzos mayores, por más individuales que parezcan, siempre están acompañados de
apoyos imprescindibles para lograr concretarlos.
En ésta oportunidad, nuestro reconocimiento y agradecimiento a nuestro profesor; Daniel Moscol
Aldana por su oportuna, precisa e instruida orientación para el logro del presente trabajo.
INDICE
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS......................................................... 1
INTRODUCCION ........................................................................................................................... 4
Por consiguiente, podemos indicar que la necesidad de proteger los derechos e intereses de los
consumidores nace, principalmente, por: ........................................................................................ 5
1. Desarrollo de la protección del Consumidor.- ................................................................... 5
2. Hechos jurídicos relevantes en la evolución de la tutela del Consumidor. ...................... 6
a. Nivel Internacional.......................................................................................................... 6
Resolución 39/246 de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas.
(16 de abril de 1985). ................................................................................................................. 7
3. ¿CÓMO AFRONTAR LA PROBLEMÁTICA DE LAS FALLAS EN EL MERCADO? 8
4. ¿POR QUÉ EL SISTEMA TUTELA AL CONSUMIDOR? ............................................. 8
5. ASIMETRÍA INFORMATIVA ........................................................................................ 9
6. DEBER DE INFORMACIÓN............................................................................................ 9
7. IDONEIDAD .................................................................................................................... 10
8. PEQUEÑAS EMPRESAS Y LA LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR .......... 10
9. UNA PRIMERA APROXIMACIÓN: .............................................................................. 12
Conclusiones ................................................................................................................................ 13
ANEXOS....................................................................................................................................... 14
BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................................... 15
INTRODUCCION
El ser humano se interrelaciona en un mundo socio-económico, donde el mercado es cada día
más dinámico y, para la masa consumidora, en muchos de los casos resulta difícil o casi
imposible poder seguirle los pasos. Esto genera constantes frustraciones e inseguridades, lo cual,
de puede generar en violencia si los mismos encuentran los canales para expresar esas pequeñas
pero constantes frustraciones.
Por eso, la política de defensa a los consumidores, no debe únicamente servir para la simple
corrección de imperfecciones de mercado, sino toda una estrategia en busca de la justicia
socioeconómica del consumidores.
Por lo anterior, la adecuada articulación de la misma contribuye a la paz social del país. Dentro
de la realidad económica que vivimos, el consumidor tiene escasas posibilidades de defender sus
legítimos intereses, dado que él casi nunca esta en condiciones de juzgar por sí mismo sobre la
bondad de los bienes o servicios que se le ofrecen.
Como sujeto individual no tiene la más mínima posibilidad de influir en el mercado, ni en
cuanto a precios ni en cuanto a calidades.
La capacidad de crítica es reducida al máximo por los mismos oferentes con técnicas
especializadas de mercadeo como la publicidad, ventas a crédito, ventas directas, generación de
necesidades artificiales, etc. La diferencia entre los medios que cuenta un consumidor con los
que disponen las empresas es que apenas pueden en la realidad hacer meridianamente respetar
sus derechos.
Esta realidad hace que los consumidores constantemente se conviertan en víctimas de abusos,
daños, engaños, contra los cuales las reglas de derecho tradicional constituyen en vez de una
solución otra frustración dado el reducido efecto positivo que tiene en la corrección de los
problemas de la vida diaria.
Visto lo anterior, en los últimos años muchos países han generado un moderno desarrollo
legislativo de disposiciones en protección de los consumidores que en la mayoría de los casos
constituye un conjunto heterogéneo de normas tanto de Derecho Privado como de Derecho
Público.
Esto ha afectado campos jurídicos como el Derecho Civil, Comercial, Administrativo, Penal, de
la Competencia, Financiero, y en muchos casos hasta la propia Constitución Política del país.
Por consiguiente, podemos indicar que la necesidad de proteger los derechos e intereses de
los consumidores nace, principalmente, por:
Cambios en la estructura de mercado a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. P.E.
Fusiones, consumo en masas, nuevos sistemas de mercadeo, indeterminación del sujeto
responsable del daño, técnicas empresariales que dificultan la capacidad de elección del
consumidor, diversificación “artificiosa” de los productos, etc.
Protección al libre mercado. El complemento y condicionante para mercados libres y
competitivos es la vigencia de un sistema político-jurídico de protección a los
consumidores.
Avances tecnológicos. (P.E.Alimentos trasgénicos).
Disminución o negación del poder de negociación de los consumidores. (P.E. Contratos
por adhesión).
Se parte de un hecho que el consumidor es la parte más débil de la relación.
Función Social del Estado. Protección al segmento de la población más vulnerable. (P.E.
Trabajadores, menores de edad, mujeres, consumidores, etc.)
1. Desarrollo de la protección del Consumidor.-
Se indica que las primeras medidas que se conocen en protección al consumidor fue la tutela de
la salud mediante leyes y reglamentos que imponían ciertas condiciones de calidad para
productos de primera necesidad. (Francia 1905 adulteración de la leche e Inglaterra 1893). Para
mediados del siglo XX se perfila un movimiento en defensa de los derechos del consumidor
donde se pone énfasis en los aspectos contractuales y los efectos de la publicidad todo con el fin
de promover las relaciones mercantiles, lo cual, genera importantes reformas al ordenamiento
jurídico interno.
Es decir, el movimiento de consumidores nace no como un movimiento subversivo contra los
empresarios, todo lo contrario, nace como un elemento vital del mercado mismo con el fin de
otorgar mayor seguridad a los consumidores y facilitar el intercambio de bienes y servicios.
El impulso definitivo al movimiento de los consumidores se da con el discurso del Presidente
J.F. Kennedy a los ciudadanos norteamericanos el 15 de marzo de 1962, en el cual, indicó:
“Consumidores, por definición, nos incluye a todos, es el grupo más grande de la economía, que
afecta y que está afectando por casi todas las decisiones públicas y privadas, es el único grupo
importante en la economía que no está organizado de manera efectiva, y cuyos intereses muy a
menudo no son escuchados.”
En esa ocasión el presidente norteamericano mencionó y estableció cuatro derechos básicos del
consumidor:
1. El derecho a la seguridad,
2. El derecho a la información,
3. El derecho a la elección,
4. El derecho a ser oídos y representados.
2. Hechos jurídicos relevantes en la evolución de la tutela del Consumidor.
a. Nivel Internacional.
Declaración Universal de Derechos Humanos. (1948).
Se proclamó el derecho de toda persona a un nivel de vida que le asegurara a ella y a su
familia la salud y el bienestar, y en especial, la alimentación, la vivienda, la asistencia
técnica y los seguros sociales necesarios, así como los seguros necesarios en caso de
desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios
de subsistencia, por circunstancias independientes de su voluntad.
Resolución 39/246 de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas.
(16 de abril de 1985).
Se reconoce que el consumidor generalmente está en una posición de inferioridad con
respecto a aquellos entes o personas que le ofrecen lo que necesita. Esto conlleva
numerosos desequilibrios en el mercado y promueven un inestable desarrollo económico
y social, de manera que las normas buscan los siguientes objetivos:
1. Facilitar las modalidades de producción y distribución que respondan a las
necesidades y los deseos de los consumidores
2. Instar a quienes se ocupen de la producción de bienes y servicios y de su
distribución a los consumidores a que adopten estrictas normas éticas de conducta.
3. Colaborar con los países para poner freno a las prácticas comerciales desleales y
abusivas de todas las empresas, tanto a nivel nacional como internacional, que
perjudiquen a los consumidores.
4. Fomentar la cooperación internacional en la esfera de la protección del consumidor y
en todas las relaciones en que éste intervenga en calidad de tal.
Se establecieron los siguientes principios generales:
a) El acceso de los consumidores a una información adecuada que les permita hacer
elecciones bien fundadas conforme a los deseos y necesidades de cada cual.
b) La protección de los consumidores frente a los riesgos para su salud, su seguridad e
integridad físicas, y sus intereses económicos.
c) El deber de cada país y sus gobiernos de establecer o mantener una infraestructura
adecuada que permita formular, aplicar y controlar el funcionamiento de las políticas
de defensa del consumidor.
d) Tener en consideración el papel positivo de las universidades y las empresas
públicas y privadas a la hora de elaborar políticas de protección al consumidor. Las
anteriores, directrices de la ONU fueron las bases, por las cuales, se construyó la
reforma integral a la Ley de Protección del Consumidor de 1975 y la del artículo 46
Constitucional.
3. ¿CÓMO AFRONTAR LA PROBLEMÁTICA DE LAS FALLAS EN EL MERCADO?
Desde la perspectiva de la tutela al consumidor se puede afrontar dicha problemática de
modo concreto y directo: incentivando la competencia y la información en el mercado.
Es decir, reduciendo costos de acceso y salida del mercado, costos de transacción y
dando una solución a las externalidades.
Si bien la Ley de Protección al Consumidor confiere el derecho del consumidor a tener
opciones en el mercado, cabe resaltar que éstas sólo serán posibles en la medida que se
eliminen las barreras de acceso burocráticas, así como las barreras de acceso
provenientes de prácticas exclusorias o de prácticas restrictivas de la competencia.
Asimismo, se deben sancionar todas aquellas prácticas que se constituyan en desleales,
así como las que atenten contra las prácticas de buena conducta en el mercado, o todas
aquellas que causen desinformación al consumidor. Cabe destacar que es con dicho fin
que se reconoce la titularidad del consumidor para denunciar infracciones respecto de
las leyes reguladoras de la Competencia (Libre Competencia, Competencia Desleal,
Publicidad y Protección al Consumidor).
.
4. ¿POR QUÉ EL SISTEMA TUTELA AL CONSUMIDOR?
La defensa y protección de los consumidores es una pieza clave del sistema de libre
mercado consagrado en nuestra Constitución Política.
“El rol de los consumidores en el mercado es esencial. No es posible imaginar un
sistema económico de este tipo sin entender que su figura central es el consumidor. El
mercado existe por y para los consumidores. Nada se justifica en términos de su 4
funcionamiento sin comprender su rol. El consumidor es soberano del mercado porque
en el fondo el desarrollo no es otra cosa que aumentar el nivel de bienestar que
atraviesan la sumatoria de los consumidores”
5. ASIMETRÍA INFORMATIVA
La Asimetría Informativa es una característica intrínseca a cualquier transacción
económica (e incluso a otros aspectos sociales), en tanto que siempre en un intercambio
de bienes y servicios habrá un actor mejor informado que otro. En efecto, dicho actor
suele tener mayor y mejor información sobre los productos y servicios que ofrece en el
mercado, lo que genera que ciertas prácticas puedan distorsionar excepcionalmente el
buen funcionamiento del mismo.
En términos económicos, la asimetría informativa genera costos de transacción en el
mercado, los cuales deben entenderse como aquéllos en los que las partes deben incurrir
para llegar a celebrar un contrato que satisfaga de la mejor manera posible sus intereses,
tendiendo así a maximizar la utilidad social.
Este sentido, del concepto de Asimetría Informativa se desprenden dos aspectos que se
encuentran estrechamente vinculados como dos caras de la misma moneda: el deber de
Información y el deber de garantizar la idoneidad.
6. DEBER DE INFORMACIÓN
El deber de información de los proveedores debe ser entendido como el derecho de los
consumidores a recibir de los proveedores toda la información necesaria y oportuna para
tomar una decisión adecuada en la adquisición de un producto.
Stiglitz señala que el objeto del derecho a la información “versa, en esencia, sobre el
adecuado conocimiento de las condiciones de la negociación y, en su caso, las
características de los productos comercializados.
Visto del lado del proveedor, consiste en la obligación de poner en conocimiento de los
consumidores toda la información relevante, con la finalidad de que éstos puedan
realizar una adecuada decisión de consumo o, más bien, un uso correcto de los bienes y
servicios ya adquiridos. Esta información debe cumplir tres requisitos: ser veraz,
suficiente (o adecuada) y oportuna.
7. IDONEIDAD
De otro lado tenemos a la Idoneidad, que constituye otra de las manifestaciones de la
Asimetría Informativa. Así se presenta un supuesto de falta de idoneidad cuando no
existe coincidencia entre lo que el consumidor espera y lo que el consumidor recibe;
naturalmente lo que el consumidor espera depende de la calidad y cantidad de
información que le ha brindado el proveedor.
Si la prestación no corresponde a lo esperado por un consumidor razonable, quien
justamente ha fundado sus expectativas en la información brindada por el proveedor,
éste tendrá que asumir la responsabilidad por la falta de correspondencia entre la
prestación ejecutada y la prestación ofrecida (y esperada por el consumidor).
Ello en buena cuenta significa que si quien brinda información abre o crea una serie de
expectativas que cualquier consumidor razonable podría esperar, entonces tiene que
asumir el costo de las mismas, dado que es su información la que ha movilizado dicha
demanda, información que no debe adolecer de defectos.
8. PEQUEÑAS EMPRESAS Y LA LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Las interrogantes que inmediatamente este título produce son las siguientes:
¿Cómo ingresan los pequeños empresarios a la legislación de protección al
consumidor?, ¿qué interés se está tutelando?, ¿qué tiene en común este consumidor
intermedio con un destinatario final?.
Algunos sostendrán que los pequeños empresarios también son destinatarios finales de
algunos bienes y que por ello se debe generalizar su defensa, o que también se hallan en
asimetría informativa y que incluso ésta –en ciertos casos- puede ser equivalente a la de
los destinatarios finales.
Si se quiere ser justo debe tenerse en cuenta que el pequeño comerciante carece de
capacidad negociadora frente a la empresa vendedora, por lo que concurren
circunstancias que justificarían en supuestos de esta naturaleza equiparar al pequeño
empresario con el consumidor.”
Los proveedores tienen la ventaja de un acceso menos costoso a la información, la cual
facilita las condiciones de prestación y estructuración de su oferta en cuanto a la
cantidad y calidad de información que van a brindar al consumidor, sea sobre la
situación del mercado, los productos a ser ofrecidos o las percepciones de los propios
consumidores. En este orden de ideas, es lógico que la tutela al consumidor se encuentre
dirigida a proteger a aquellos individuos afectados por la desigualdad informativa que
puede afectar negativamente la asignación de recursos a través de las relaciones de
consumo, es decir, a los consumidores, entendidos como destinatarios finales de bienes
o servicios.
En tal sentido, el término “destinatarios finales” limita la noción de consumidor
únicamente a aquellas personas naturales o jurídicas que puedan ser consideradas como
“últimos compradores” o “consumidores finales”.
Para tal efecto, la noción de consumidor final implica que se adquiere un producto o se
usa un servicio como último eslabón de la cadena de circulación del bien. En esta última
parte de la cadena de circulación está el consumo o uso personal del adquirente, así
como el consumo o uso colectivo, ya sea de su familia o de su grupo social inmediato.
Lo curioso es que en la Ley de Protección al Consumidor la noción de consumidor
comprende tanto a las personas naturales como a las jurídicas que adquieren, utilizan o
disfrutan como destinatarios finales productos o servicios. En verdad, no cuesta mucho
imaginarse a una persona natural como destinatario final, pero sí cuesta mucho
imaginarse a una persona jurídica como consumidor final.
La razón es obvia: difícilmente una persona jurídica o incluso un pequeño empresario se
constituyen en el “último eslabón de la cadena de circulación de un bien”, pues
evidentemente ellos no se hayan en general en situación de destinatarios finales de los
bienes, lo cual los aparta de la categoría de “consumidor final”.
9. UNA PRIMERA APROXIMACIÓN:
El criterio del uso mixto Como ya adelantamos, cuando las personas naturales operan
directamente (sin crear persona jurídica alguna) como empresarios individuales (es decir
“empresas unipersonales”), la habitualidad en la intermediación es el elemento fáctico
que distingue su actividad “profesional” o “empresarial” de su acción personal o
familiar destinada al consumo e inclusive permite diferenciarla de un acto de
intermediación ocasional o aislado.
Bajo esta perspectiva debería ser muy fácil distinguir la porción o segmento de actos en
los que la persona natural opera como destinatario final de otros en el que ello no es así;
sin embargo, como en la práctica esta tarea puede resultar compleja, la Comisión de
Protección al Consumidor ha adoptado como criterio el determinar si el bien o servicio
adquirido ha sido destinado a un uso mixto. “La Sala debe reconocer que el principio, tal
como ha sido enunciado, puede enfrentarse a zonas grises, en las que no es sencillo
determinar con toda precisión si el valor del bien se agota o no con su uso por el
destinatario.
Ello ocurriría, por ejemplo, con el caso de quien adquiere un bien para su uso
simultáneo como consumidor final y como proveedor. El padre de familia que utiliza el
automóvil familiar como taxi en sus horas libres o la madre de familia que usa una
máquina de coser para prestar el servicio de confección de vestidos son ejemplos
gráficos de este supuesto. En estos casos, la Comisión y esta Sala deben actuar con
cautela a fin de evitar que actividades accesorias priven a los destinatarios finales de
protección, de manera que en caso de duda sobre la naturaleza del destino que se da al
bien, debe presumirse que el mismo es destinado al uso personal, familiar o del entorno
social inmediato del consumidor.”
Conclusiones
En conclusión la tutela del consumidor se ha apoyado eficientemente en la noción de
“asimetría informativa”, concepto que sintetiza lo costoso que puede resultar para el
consumidor informarse adecuadamente para efectuar una adquisición satisfactoria.
De ahí la importancia de establecer el deber del proveedor de brindar información
relevante y de garantizar la idoneidad del bien o servicio respectivo.
Un tema que se encuentra aún en desarrollo es cómo extender lo más objetivamente las
nociones tutelares del “consumidor final” al pequeño empresario, tratando de
circunscribirlas a los casos estrictamente necesarios con el fin de no distorsionar los
incentivos y castigos que el propio mercado impone a un “proveedor” que, justamente,
cuando actúa como un consumidor intermedio debe buscar informarse adecuadamente
para adquirir algo bueno, si es posible bonito y mejor si es barato.
Los derechos inherentes a los consumidores y usuarios son parte indispensable de la
concepción del Estado Social de Derecho y es parte integral del nuevo régimen
económico de la globalización económica. Es decir, no podemos concebir un mundo
cada vez más globalizado sin visualizar una adecuada protección al consumidor. Esta
visión creemos que claramente la sustenta la Sala, salvo el voto salvado que se
mencionó, donde el voto de minoría se confunde en el planteamiento filosófico
económico, dado la apertura comercial y la tutela del consumidor no son dos cosas
diametralmente opuesta, todo lo contrario, son complementarias.
ANEXOS
BIBLIOGRAFÍA
http://www.protectora.org.ar/procedimiento-de-defensa/tutela-procesal-del-
consumidor-beneficio-de-justicia-gratuita/21112/
Adhieren también a esta postura VAZQUEZ FERREYRA y AVALLE – La Ley
2009-C-401
