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El enfoque jurdico dikelgico de la ac-tividad judicial posee
gran importan-cia para reconocer la exigencia dejusticia, porque el
juez es la garantaltima e imprescindible de que los va-lores, y en
lugar destacado la justicia,sean apreciados en todas sus
exigen-cias como guardin ltimo del huma-nismo.
El proceso es, por s mismo, un instru-mento de tutela del
derecho. Pero lograve es que ms de una vez, el dere-cho sucumbe
ante el proceso y el ins-trumento de tutela falla en su cometi-do,
es decir, ha sido desnaturalizado(Eduardo J. Couture, Fundamentos
deDerecho Procesal Civil, 3 edicin,Depalma, 1954, pg. 148). As
sefrustran los bienes jurdicos ampara-dos por esa tutela, que son
la rectaadministracin de justicia y la libertadindividual.
En todo estado democrtico de dere-cho, al ciudadano lo ampara la
ga-ranta fundamental, que es de la esen-cia de la naturaleza
humana, un esta-do jurdico de inocencia que perduraen todas sus
dimensiones y alcanceshasta que declare su culpabilidad oinocencia
por una sentencia, conclu-
sin fundada de un proceso penal re-gular sustanciado con arreglo
a las le-yes procesales y la Constitucin Nacio-nal (Jos Ignacio
Cafferata Nores,Proceso Penal y Derechos Humanos,pg. 184). La
presunta comisin de undelito no determina la prdida de ladignidad
de la persona y, por lo tan-to, la reaccin del derecho penal de-be
partir de ste axioma por cuantode ella surgen los primeros lmites
pa-ra el derecho penal (Enrique Baciga-lupo, Derecho Penal Parte
Gene-ral, ed. Hammurabi, pgs. 79 y8 0 ) .
A mediados del siglo XVIII, Cesar deBeccara sealaba que la pena
debeser cierta y pronta, lo cual tiene estre-cha relacin con el
principio Nullumcrimen nulla poena sine lege, llevadopor aqul a su
ms viva expresin, ex-poniendo la gnesis racional del dere-cho de
castigar.
En el estado de derecho el sistema ju-rdico en general y por
ende el penal,pese a dirigirse a asegurar el ordenpacfico de la
sociedad, debe preser-var el respeto de la persona. Ello por-que es
indispensable guardar un equi-librio entre aqul inters y el del
justi-
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La tutela jurisdiccionalen el proceso penal
Por
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ciable. Ello tiene ntima relacin con elrespeto de la garanta del
debido pro-ceso, con su haz de garantas y su ne-cesaria limitacin
al ius puniendi. Laduracin del mismo tiene ntima rela-cin con
cumplimiento de los fines dela pena (Carlos Creus, Introduccin ala
nueva doctrina penal La teora delhecho ilcito como marco de la
teoradel delito, ed. Rubinzal Culzoni,1992, pag. 143/44). El
proceso, paraser adecuado a la Constitucin, deberespetar la
personalidad del imputado,tan slo limitada por concesin al inte-rs
pblico, en cuanto persiga la rectaadministracin de justicia.
Pero ms all de la distorsin que pro-duce la dilacin del proceso
en laeventual aplicacin de la pena, lo cier-to es que el
justiciable queda duranteaos sometido a la verdadera penaque
conspira contra su personalidadafectando su honra y la esfera de
li-bertad limitada por las medidas decoercin propias del procesal
penal(Eugenio Ral Zaffaroni, AlejandroAlagia y Alejandro Slokar ,
DerechoPenal Parte General, ed. Ediar,2.000, pg. 162; Jos I.
Cafferata No-res, La excarcelacin, ed. pg. 5;Jorge Clari Olmedo,
Derecho Proce-sal Penal, ed. Rubinzal Culzoni, T.I,pg. 322; Julio
Maier, Derecho Pro-cesal Argentino, Bs. As. 1989, T. I,pg. 275). As
pues, el proceso nopuede perseguir objetivos del derechopenal
material, pues slo est limitadoa objetivos legtimos del
aseguramien-to y de la ejecucin, so pena de con-vertirse en una
injerencia que lesionala libertad (Winfried Hassemer Crtica
del derecho Penal de Hoy, traduccinde Patricia Ziffer, ed.
Ad-hoc. Pgs.118/120). Ante la grosera alteracinque sufre el debido
proceso es necesa-rio dar prioridad al derecho de ms je-rarqua en
la escala axiolgica que,por cierto, es el respeto de los dere-chos
humanos del justiciable con suje-cin a lo dispuesto por la
ConvencinAmericana sobre Derechos Humanosque, al regular la
garantas judiciales,establece que toda persona tiene de-recho a ser
oda, con las debida ga-rantas y dentro de un plazo razonablepor un
juez o tribunal competente, in-dependiente e imparcial. Sin dudaque
dicha garanta no es ms que unaregulacin ms precisa del
debidoproceso consagrado por el artculo 18de la Constitucin
Nacional.
As pues, el ordenamiento jurdico, yen especial la aplicacin de
la ley pe-nal, tiene sus lmites impuestos por laConstitucin
Nacional y con adecuaday racional inclusin de las imputacio-nes en
la cosa juzgada, la res iudica-ta, como fin del proceso y
realizacindel derecho sustantivo por medio delrgano jurisdiccin, no
debe ser prete-rido por la excesiva duracin del pro-ceso y sus
tiempos muertos. Y entredichas limitaciones tiene subida
impor-tancia el derecho a la jurisdiccin y elprincipio de
inocencia, que sufre des-medro por la dilacin del proceso. Elpoder
de los jueces est circunscripto ala racionalidad de los tiempos del
pro-ceso, el cual no puede ser convertidopor la parsimonia
jurisdiccional enuna verdadera pena (Corte Supremade Justicia de la
Nacin, 9 de junio de
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1977, publicado en E.D. 80-703).
En consecuencia, como apunta ClariOlmedo, La libertad ha de
estar com-prendida en la nocin de justicia, porcuanto ser injusto
sojuzgarla o res-tringirla ms all de lo tolerado por lanecesidad de
justicia. De aqu se dedu-ce que el inters social de hacer justi-cia
comprende el respeto de las garan-tas individuales en la realizacin
delorden jurdico (Jorge Clari Olmedo,Tratado de Derecho Procesal
Penal,Ed. Ediar, T. I, pg. 23).
La enmienda VI de la Constitucin delos Estados Unidos establece
que entodos los juicios criminales del acusa-do gozar del derecho a
un juicio r-p i d o y pblico. Respecto de esta ga-ranta la Corte
Suprema de aquelpas dijo: La ley nunca apoy lasacusaciones
envejecidas y mucho me-nos en los casos penales. Aunque mu-chas
personas acusadas tratan de de-morar todo lo posible la
confronta-cin, el derecho a una pronta indaga-cin de las
acusaciones penales esfundamental y el deber de la autori-dad de
acusacin es suministrar unjuicio rpido (citado por Miguel An-gel
Ekmekdjian, Tratado de DerechoConstitucional, Ed. Depalma, T.
II,pg. 338).
La Constitucin de Espaa de 1978 di-ce que constituye un Estado
social ydemocrtico de derecho que propug-na como valores superiores
de su or-denamiento jurdico, la justicia, laigualdad y el
pluralismo poltico (art.1). Aade que todas las personas
tienen el derecho a obtener la tutelaefectiva de los jueces y
tribunales en elejercicio de sus derechos e intereses le-gtimos. Y
tambin tienen el derechoa un proceso pblico sin dilacionesindebidas
y con todas las garantas(art. 24).
La Corte Suprema de Justicia de la Na-cin, en memorable
sentencia, trat losaspectos fundamentales que constitu-yen la
espina dorsal del juicio penal enel caso Mattei, Angel, el 29 de
no-viembre de 1968 (Fallos, 272: 188 ;publicado con nota de Germn
BidartCampos en La Ley, T. 133, pg.413), donde, entre otras cosas
el tribu-nal dijo que debe reputarse incluida enla garanta de la
defensa en juicio con-sagrada por el artculo 18 de la Cons-titucin
Nacional el derecho de todoimputado a obtener luego de un jui-cio
tramitado en legal forma un pro-nunciamiento que, definiendo su
posi-cin frente a la ley a la sociedad , pon-ga trmino, del modo ms
rpido po-sible a la situacin de incertidumbre yde innegable
restriccin de la libertadque comporta el enjuicimiento penal.El
destacado constitucionalista citadoen la nota titulada Aspectos
constitu-cionales del juicio penal apunta unaspecto sustancial del
fallo y expresa:Se nos ocurre que todo el razona-miento del
tribunal gira alrededor deun principio bsico: el derecho de
jus-ticiable a obtener en un lapso razona-ble la decisin judicial
que decida supretensin. Y aade: ello significaque el derecho a la
jurisdiccin quecomo punto incial importa el acceso altribunal cubre
todas las etapas subsi-
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guientes del proceso hasta la senten-cia que debe dictarse en
tiempo opor-tuno (En el mismo sentido, Fallos,297:489; 305: 413;
306: 1.075; 300:1.102; voto en disidencia de los docto-res
Nazareno, Molin OConnor yVzquez, in re, Villegas, Angel del5 de
marzo de 1997, publicado enDoctrina Judicial, 1997 - 2 - 874; G.299
XXXII, Gorriarn Merlo, Enriquey otros, del 12 de noviembre de1996;
P. 92 XXXII, Paz, Benito, del10 de octubre de 1996; Cmara Na-cional
en lo Criminal y Correccional dela Capital, Sala III, Villanueva,
Car-los, del 17 de marzo de 1983, publi-cado en La Ley, del 11 de
julio de1983; M.A. Ekmedjian Meditacionessobre la repblica, el
poder y la liber-tad, Ed. Depalma, pg. 34; AugustoM. Morello, La
teora del debidoproceso y el acceso real a la jurisdic-cin, La Ley,
1990- C - 808; Elderecho a una rpida y eficaz deci-sin judicial, El
Derecho, 79 -387). La demora en la tramitacindel proceso muestra de
por s la ter-giversacin de los contenidos consti-tucionales bsicos
en lo referente alos derechos de la personalidad, vin-culados a la
declaraciones y garan-tas concernientes a la administra-cin de
justicia.... La injusticia deun indefinicin... atenta contra
lagaranta constitucional de la defensaen juicio (Voto del doctor
PedroFras del 2 de julio de 1981 en lacausa Baliarda, Jos Luis s/
inf. Ley12.906, publicado en La Ley el 1de diciembre de 1981, con
nota deNemesio Gonzlez y Jorge R. Gon-zlez Novillo).
Esta garanta ha recibido ms preci-sin a travs de los Tratados
Interna-cionales incorporados a la Constitu-cin Nacional por la
reforma de1994, con jerarqua constitucional, en-tre ellos, la
Convencin Americana so-bre Derechos Humanos y el Pacto
In-ternacional de Derechos Civiles y Pol-ticos (artculo 22 de la
C.N.).
La aludida convencin en el captuloreferidos a las Garantas
Judiciales(art. 8) establece que toda personatiene derecho a ser
oda, con las debi-das garantas y dentro de un plazo ra-zonable, por
un juez o tribunal compe-tente, independiente e imparcial....
Elpacto mencionado dice que toda per-sona tendr derecho a ser
juzgadadentro de un plazo razonable....
Se echa de ver entonces que los princi-pios fundamentales del
proceso penalen un estado de derecho, como el querige en la
Repblica Argentina, se en-cuentran, entre otros: el mandato
deceleridad procesos e inclusos prisio-nes preventivas que se
prolongan du-rante aos; el estado de inocencia, cu-ya contracara la
constituyen los infor-mes de la prensa prematuros a vecesprovocados
por las autoridades de lainstruccin que es percibido por laopinin
pblica como una precondena(Hassemer, ob. citada, pg. 82).
Este irregular funcionamiento del servi-cio de la justicia
objetivamente consi-derada idea objetiva de la falta deservicio
puede dar lugar tambin a laindemnizacin por los daos y perjui-cios
sufridos por el justiciable.
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La responsabilidad del Estado por suactividad judicial es un
tema que tieneuna gran actualidad y que ha suscita-do posiciones
controvertidas en la ju-risprudencia y la doctrina. Por un ladola
doctrina tradicional considera quela accin indemnizatoria es
excepcio-nal, procediendo slo ante el error, vi -cio o desacierto
evidente, la malicia oel dolo del juez o funcionario (Jorge
L.Mairano, Responsabilidad del Estadopor los errores judiciales:
otra formade proteger los derechos humanos,La Ley, 1984 - D - 983;
Cassagne,Juan Carlos, Derecho Administrati-vo, 1988, T. I, pg.
303). Por el otro,se ha asimilado el concepto de falta des e rvicio
en el mbito de las decisionesjudiciales, con el fundamento de
laresponsabilidad por actos lcitos. Esd e c i r, que la accin tiene
apoyo en lairregularidad del funcionamiento dels e rvicio de
justicia, objetivamenteconsiderada, con abstraccin decualquier
imputacin dolosa, culposau otra clase de reproche subjetivo alrgano
judicial.
En un fallo de subida importancia dela Sala II de la Cmara
Nacional deApelaciones en lo Contencioso Admi-nistrativo Federal,
de fecha 22 de fe-brero de 2000, la Jueza de primer vo-to doctora
Marta Herrera seal:...que resultara antijurdico que lacomunidad no
reparara daos excesi-vos, es decir, aquellos que rebalsan ellmite
de lo razonable o tolerable, su-perando la carga general de
contribuiral funcionamiento posible del serviciode administracin de
justicia. En el ex-
ceso de tal lmite, objeto de prudenteapreciacin judicial, radica
la condi-cin de especialidad del dao o el sa-crificio particular
que exige la res-ponsabilidad estatal desde esta pers-pectiva. En
este sentido ha sido sea-l a d o que la cuestin se centra
espe-cialmente en analizar si los avataresde un procesamiento
penal... debesufrirlos un individuo ante el giro de-s a f o rtunado
de su vida que lo colocen un situacin del tipo, o debe lacomunidad,
a travs del Estado, re-parar el dao que las falencias e im-p e
rfecciones del propio sistema pro-ducen. Si el sistema funciona,
sernexcepcionales los casos de injusticia,pero esos casos no pueden
quedarindemnes, sino que debe hacersejusticia con la reparacin de
los da-os y perjuicios a la vctima.... Lue-go aade la opinin de
Guido Ta w i lv e rtida en su obra La responsabili-dad del Estado y
de los magistradosy funcionarios judiciales por el
malfuncionamiento de la administracinde justicia, Ed. Depalma, pg.
43,el cual expresa: El anormal funcio-namiento de la administracin
dejusticia y los perjuicios producidospor l pueden resultar
consecuenciade numerosas y variadas causas.Una de las ms graves
resulta, sinduda, aquella que reconoce comoorigen la demora en la
tramitacin oresolucin de las actuaciones judi-c i a l e s . . . .
Tal responsabilidad resulta-r... independiente de la existencia ono
de dolo, culpa o negligencia delos magistrados o funcionarios
judi-c i a l e s . . . .
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