LAS_FUERZAS_MILITARES_Y_DE_POLICIA_EN_EL (1).pdf

8/17/2019 LAS_FUERZAS_MILITARES_Y_DE_POLICIA_EN_EL (1).pdf

1/35

PERSPECTIVAS

MULTIDIMENSIONALES

DE LA PAZ EN COLOMBIA

Hu Fnn Gu SJ Ans Wls Tnjá


2/35

6 TABLA DE CONTENIDO

© Hu Fnn Gu S

© J Ans Wls Tnjá Compiladores y editores

© Gup El Ibáñz Carrera 69 Bis Nº 36-20 Sur

Teléfonos: 2300731 - 2386035

Librería: Calle 12 B No. 7-12. L. 1 Tels: 2847524 – 2835194

hp://webmail.grupoeditorialibanez.com

Queda prohibida la reproducción parcial o total de este libro por cualquierproceso reprográco o fónico, especialmente por fotocopia, microlme, oset omimeógrafo.

Ley 23 de 1982

ISBN 978-958-8561-83-7

Diseño de Portada: Santiago Moreno Gómez

Diagramación electrónica: Clara Gómez C.

® 2015

Guerrero Sierra, Hugo Fernando Perspectivas multidimensionales de la paz en Colombia / autores compiladores

Hugo Fernando Guerrero Sierra, Jaime Andrés Wilches Tinjacá. -- Bogotá : GrupoEditorial Ibáñez, 2015. 436 páginas : grácos, diagramas ; 17 x 24 cm. Incluye bibliografías. ISBN 978-958-8561-83-7

1. Paz - Colombia 2. Proceso de paz - Colombia 3. Conicto armado - ColombiaI. Wilches Tinjacá, Jaime Andrés II. Tít.303 .60986 cd 21 ed.A1475 384

CEP-Banco de la República-Biblioteca Luis Ángel Arango


3/35

7TABLA DE CONTENIDO

U S T

DvsFray Al Vln Hnánz, O.P.

Rector Seccional Tunja

Fray Js Ann Gnzálz C, O.P.Vicerrector Académico

Fray Js Bn Vllj MlnVicerrector Administrativo - Financiero

Fray Gvnn Gunz Vlnzul, O.P.

Decano de División de la Facultad de DerechoPh. D. c. J Eu Lnñ Ull

Decano de la Facultad de Derecho

Ph. D. c. E Ln Lópz PñDirector Centro de investigaciones Socio - Jurídicas

Ph. D. c. D Mu Hu JnzDirector unidad de Investigaciones

Mg. c. Dn Pl C PplnSecretaria de División facultad de derecho

C El

F Js Ann Gnzálz C, O.P.Vicerrector Académico

Gl Csn Nupqu AsDirector Centro de Investigaciones

An Sl CñDirectora Departamento de Comunicaciones

Hn Sánz Ol

Docente Departamento de HumanidadesC El Ful

P D. N Cn GnzálzUniversidad Johannes Gutenberg, Alemania

P D. An Yzín Ts TsUniversidad Carlos III, España

C. P. D. Gl Yn Vlz PzUniversidad de Antioquia, Colombia

C. P. D. Jun Ánl Sn EslUniversidad Carlos III, España


4/35

Este libro es producto de los procesos de investigación que

surgen de la colaboración académica entre el Centro deInvestigaciones Socio-Jurídicas (CIS) de la UniversidadSanto Tomás-Seccional Tunja, el Grupo Interdisciplinaren Políticas y Relaciones Internacionales (GIPRI) de laUniversidad de La Salle y la la Red Latinoamericana deEstudios sobre Juventud (RedJuventud)


5/35

TABLA DE CONTENIDO

PRÓLOGO ...................................................................................................... 13

PRESENTACIÓN .............................................................................................. 17

I NTRODUCCIÓN .............................................................................................. 21

CAPÍTULO I

PENSAR LA PAZ:

PRÁCTICAS POLÍTICAS Y MODELO ECONÓMICO

¿INSTITUCIONALIDAD PARA LA PAZ O PARA LA GUERRA?UN ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS PARA COLOMBIA 1980-2010

G INA P AOLA R ICO M ÉNDEZ ............................................................................. 29

TRANSFORMAR EL MODELO PARA LOGRAR LA PAZ;UNA APROXIMACIÓN A LA ECONOMÍA POLÍTICADEL CONFLICTO COLOMBIANO

D IEGO F ERNANDO C ARRERO B ARÓN ................................................................. 55

EL CLIENTELISMO EN COLOMBIA: UNA ARISTAINVISIBLE DEL CONFLICTO ARMADO J AVIER F ERNANDO T ORRES P RECIADO ............................................................... 87

CAPÍTULO II

CONSTRUIR LA PAZ:

RETOS DEL POSCONFLICTO

EXPERIENCIAS Y DESAFIOS: ENTRE EL CONFLICTO

Y EL POST-CONFLICTO EN EL CONTEXTO COLOMBIANO J ANIEL D AVID M ELAMED V ISBAL ...................................................................... 117


6/35


LAS FUERZAS MILITARES Y DE POLICÍAEN EL POSCONFLICTO ARMADO:

FUTUROS ESCENARIOS Y REFORMASC HRISTIAN Á LVAREZ GÓMEZ

V IVIANA G ARCÍA P INZÓN

A LEXANDER M ADRIGAL ................................................................................... 135

EL PAPEL DE LO COMUNITARIO EN LOS PROCESOSDE REINTEGRACIÓN SOCIAL DE EXCOMBATIENTES: UNASPECTO CENTRAL DEL TRÁNSITO HACIA EL POSCONFLICTO A NASCAS D EL R ÍO .......................................................................................... 163

¿PUEDEN LOS JUECES ADMINISTRATIVOS OFRECERREPARACIÓN TRANSFORMADORA A LAS VÍCTIMASDEL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN COLOMBIA?ALGUNAS PROPUESTAS EN PUNTOS SUSPENSIVOS M IGUEL A NDRÉS LÓPEZ M ARTÍNEZ .................................................................. 181

CAPÍTULO III

MOVILIZAR LA PAZ: ESCENARIOS PARALA TRANSFORMACIÓN DEL CONFLICTO

LAS VIRTUDES CÍVICAS, UNA CONTRIBUCIÓN A LA PAZ I VÁN RODRÍGUEZ B ENAVIDES ............................................................................ 231

CAPACIDADES Y ACUMULADOS DE PAZ DE LA SOCIEDADCIVIL EN COLOMBIA M AURICIO H ERNÁNDEZ P ÉREZ ......................................................................... 245

INCIDENCIA DE LA INVESTIGACIÓN ACADÉMICA EN LACONCEPCIÓN DE LA PAZ: UN ANÁLISIS DESDEEL FENÓMENO PARAMILITAR EN COLOMBIA J AIME A NDRÉS W ILCHES ................................................................................. 267

LA COMUNIDAD INTERNACIONAL Y LA GESTIÓN DEL CONFLICTOCOLOMBIANO: ANÁLISIS DESDE LA EXPERIENCIA DE LOS GOBIERNOS

DE ANDRES PASTRANA, ALVARO URIBE Y JUAN M. SANTOS H UGO F ERNANDO GUERRERO S IERRA ............................................................... 315


7/35

11TABLA DE CONTENIDO

CAPÍTULO IV

MOVILIZAR PAZ:

EL ROL DE LA CULTURA

REFLEJOS INSIDIOSOS CONTRA LA PAZ. EL ‘ETHOS MAFIOSO’Y LA EXEGESIS DE LA ILEGALIDAD EN LAS NARRATIVASDE DRAMATIZADOS SERIADOS Y TELENOVELAS EN COLOMBIA J UAN C ARLOS S ÁNCHEZ S IERRA........................................................................ 349

INTERSTICIOS DE GUERRA Y PAZ: NARRATIVA LITERARIA Y

CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA L EOPOLDO P RIETO P ÁEZ ................................................................................. 383

APROXIMACIONES A LA FORMACIÓN CIUDADANA

Y LA CULTURA DE PAZ DESDE LA BIBLIOTECA PÚBLICA J OSÉ I GNACIO C ARO ....................................................................................... 411

TABLA DE CUADROS Y GRÁFICOS

CUADRO 1.

Instrumentos legales que concedieron Indulto en el Gobiernode Belisario Betancur ................................................................................. 42

CUADRO 2.

Instrumentos legales que concedieron Indulto en el Gobiernode Virgilio Barco ....................................................................................... 42

CUADRO 3.

Instrumentos legales que concedieron Indulto en el Gobiernode Álvaro Uribe Vélez................................................................................ 47

CUADRO 4.

Cercanía y complementariedad entre la noción de RETRA yel estándar internacional ............................................................................ 200


8/35


CUADRO 5.Líneas de fuga para alcanzar reparaciones transformadoras en

el ámbito judicial ........................................................................................ 217

CUADRO 6.

Número de iniciativas de paz de la sociedad civil en Colombia ............... 258

CUADRO 7.

Relación entre Gobierno – Sociedad Civil en procesos de paz ................. 262

GRÁFICO 1.

Ayuda militar de Estados Unidos a América Latina y el Caribe.Por país o región (Ayuda total desde 1996 hasta abril de 2013) ............... 44

GRÁFICO 2.

Ayuda económica y social de Estados Unidos a América Latina y el Caribe.Por país o región (Ayuda total desde 1996 hasta abril de 2013) ............... 45

GRÁFICO 3.

Percepción de corrupción en los países de las Américas .......................... 91

GRÁFICO 4.

Percepción de corrupción en Colombia, 2004-2012 .................................. 92

GRÁFICO 5.

Enfoques de construcción de paz ............................................................... 253

GRÁFICO 6.

Movilidad de líderes intermedios en iniciativas de paz ............................ 254

GRÁFICO 7.

Zonas de constantes combates entre fuerzas ociales y guerrilla ............. 259

GRÁFICO 8.

Securitización de la estrategia frente al conicto colombiano .................. 328


9/35

LAS FUERZAS MILITARES Y DE POLICÍA ENEL POSTCONFLICTO ARMADO: FUTUROS

ESCENARIOS Y REFORMAS

C HRISTIAN Á LVAREZ GÓMEZ *

V IVIANA G ARCÍA P INZÓN **

A LEXANDER M ADRIGAL G ARZÓN ***

RESUMEN

Este artículo analiza la agenda de seguridad colombiana en un eventualescenario de posconicto armado con el n de describir las perspectivasde reforma de la naturaleza y el rol de las Fuerzas Armadas y de Policíaen dicho contexto. Luego de una aproximación teórica a las reformas del

sector seguridad y defensa (RSSD), se pasa a la caracterización de un posible escenario de seguridad tras el n del conicto armado violentoen donde se registrarían las principales reformas y transformaciones de lafuerza pública. Se concluye la necesidad de un mantenimiento operativoy preventivo de las Fuerzas Militares en la etapa de transición y el forta-

* Politólogo de la Universidad Nacional de Colombia y especialista en Finanzas y Ad-ministración Pública de la Universidad Militar Nueva Granada. Actualmente cursala Maestría en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales de la

Academia Diplomática San Carlos – IAED. Miembro del Grupo de Investigación enSeguridad y Defensa (GISDE) de la Universidad Nacional de Colombia.

** Politóloga de la Universidad Nacional de Colombia y Magister en Ciencia Política dela Universidad de Chile, con estudios de posgrado en métodos de análisis socio-políticode la Universidad de Salamanca. Docente de la Facultad de Ciencias Económicas ySociales de la Universidad de La Salle y miembro del Grupo de Investigación enSeguridad y Defensa (GISDE) de la Universidad Nacional de Colombia.

*** Politólogo de la Universidad Nacional de Colombia y candidato a Magíster en Re-laciones Internacionales con mención en Negociaciones Internacionales y Manejode Conictos de la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB). Analista político e

investigador del Grupo en Seguridad y Defensa (GISDE) de la Universidad Nacionalde Colombia.


10/35

136 CAPÍTULO II - CONSTRUIR LA PAZ: POSIBLES ESCENARIOS DE POSCONFLICTO

lecimiento y profesionalización de la Policía Nacional para garantizar la protección de los derechos y libertades ciudadanas y la no recurrencia de

factores que perpetúen la violencia.Palabras clave: Reformas al sector seguridad y defensa, Posconicto

armado, Fuerzas Militares y de Policía.

INTRODUCCIÓN

El proceso de nalización de un conicto armado y la garantía deno retorno a la violencia no se restringen tan solo al cese denitivo de

hostilidades entre las partes enfrentadas1, sino que se trata de un procesoque implica un conjunto de reformas político-institucionales necesarias paradar lugar a una etapa de construcción de paz. En la mesa de conversacionesinstaurada en 2012 por el Gobierno Nacional y las FARC-EP2, uno de lostemas no contemplados fue la agenda de seguridad tras la rma de unAcuerdo de Paz. Sin embargo, la superación de la violencia y la construcciónde la paz territorial implican una revisión institucional de este asunto, dadala importancia del ámbito de la seguridad para el asentamiento y garantía de

la paz. En consecuencia, el desarrollo de un análisis sobre la naturaleza y elrol que deberán asumir las Fuerzas Armadas y de Policía en un escenario

1 El conicto interno armado y los procesos de paz son una constante histórica en ladinámica socio-política del Estado-nación en Colombia, la cual se mantiene en ladialéctica entre la permanencia de la violencia y los intentos por encontrar salidasnegociadas al conicto.

2 Luego del fracaso de los diálogos del gobierno Pastrana y dos periodos presidencialesde “mano dura” en donde se intentó la derrota político-militar de las guerrillas y seadelantó un cuestionado proceso de desmovilización de los grupos paramilitares, el

gobierno de Juan Manuel Santos comenzó una negociación con las FARC-EP. Así,el proceso de paz fue estructurado en tres (3) fases: 1) Fase exploratoria: encuentrocondencial desarrollado entre el 23 de febrero y el 26 de agosto de 2012 en elque sostuvieron reuniones que dieron lugar al documento “Acuerdo general parala terminación del conicto y la construcción de una paz estable y duradera” quecontempla cinco puntos de agenda para la negociación: desarrollo rural, garantías para el ejercicio de la oposición política y la participación ciudadana, el n delconicto armado, el narcotráco, y los derechos de las víctimas; 2) Fase de diálogos:entre el 27 de agosto de 2012 y mediados de junio de 2013 (con inicio el 19 denoviembre) se llevarían a cabo las negociaciones para llegar a acuerdos sobre lostemas de la agenda que terminarían con la rma de un documento nal; y 3) Fase de

cumplimiento simultáneo de las obligaciones: las partes implementarán lo acordadocon los correspondientes mecanismos de vericación.


11/35

137LAS FUERZAS MILITARES Y DE POLICÍA EN EL POSCONFLICTO ARMADO: FUTUROS ESCENARIOS Y REFORMAS

de posconicto constituye uno de los aspectos más trascendentales para laconstrucción de una paz territorial estable (segura) y duradera (sostenible).

La categoría posconicto remite a “aquel periodo de tiempo que seinicia con el cese de hostilidades entre las partes previamente enfrentadas”(R ETTBERG y CAMACHO, 2002, XIX), y supone un punto de quiebre para lassociedades a través de un proceso de construcción de paz. Según Ugarriza,“una vez superado el conicto, sea vía negociación, victoria militar u otra

forma, las sociedades entran en un período de posconicto” dando lugar a

los retos de la construcción de paz: “el fortalecimiento y la solidicación de

la paz para evitar una recaída en el conicto” (UGARRIZA, 2013, 144). En este

sentido, el ex Secretario General de la ONU, Boutros Boutros-Ghali, hacíaénfasis en que el posconicto conlleva la creación de un nuevo clima para la

consolidación de la paz, “vale decir las medidas destinadas a individualizary fortalecer estructuras que tiendan a reforzar y consolidar la paz a n de

evitar una reanudación del conicto” (ONU, 1992, 6). En consecuencia, el

periodo de posconicto armado supone llevar a cabo reformas institucionales

sobre las estructuras involucradas en el conicto con el n de garantizar las

condiciones para el mantenimiento de la paz.

Una de las estructuras sujetas a reforma en un escenario de posconicto

es la fuerza pública, dado que la construcción y consolidación de la pazrequiere de Fuerzas Armadas y de Policía con la capacidad de hacer frente anuevos riesgos y amenazas. Como sostiene Schultze-Kraft, la construcciónde la paz duradera en Colombia

“solamente puede darse si el país logra dar el paso crucial hacia el posconicto pleno, es decir, cuando se logre poner n al enfrentamiento

armado con las guerrillas por medio de una estrategia de resoluciónintegral del conicto y cuando se avance de manera certera hacia uncontrol del narcotráco y del crimen organizado, con la expansión

funcional y territorial del Estado civil (SCHULTZE-K RAFT, 2009, 2010).Junto con las demás entidades del Estado y la sociedad, la fuerza públicatendrá que desempeñar un papel importante en ese proceso” (2012, 426).

El anterior argumento se traduce en que las Fuerzas Armadas y dePolicía indefectiblemente tendrán un papel en el posconicto y que para ello

el gobierno deberá adelantar un proceso de Reforma al Sector Seguridad yDefensa que dena el futuro de la fuerza pública y que, valga subrayar, se


12/35


encuentra intrínsecamente ligado al proceso de consolidación y éxito de la paz territorial.

De tal manera es acertado proponer este análisis como un aporteacadémico para la ampliación del campo temático de la reexión sobre la

construcción de paz desde la inclusión y el posicionamiento de la agendade seguridad en el posconicto. Para cumplir con tal acometido, el presente

trabajo se encuentra estructurado a través de tres apartados: en primerlugar, se desarrolla una aproximación teórica a las reformas al sectorseguridad y defensa (RSSD) como marco general donde se ubican procesosinternacionales similares. En segundo lugar, se aborda la particular situación

colombiana ubicando los principales aspectos de la agenda de seguridad,teniendo en cuenta las características propias del país. Finalmente, en tercer yúltimo lugar, se exponen algunas consideraciones generales sobre las posiblesreformas y transformaciones en la Fuerza Pública colombiana, necesarias para asumir institucionalmente los retos que en materia de seguridad tienela etapa de construcción de la paz estable y duradera.

1. POSCONFLICTO Y FUERZAS ARMADAS Y DE POLICÍA

EN EL MARCO DE LAS REFORMAS AL SECTOR SEGURIDADY DEFENSA (RSSD)

Las guerras civiles y conictos armados internos ocurridos tras laterminación de la Guerra Fría posicionaron el concepto de Reformas alSector Seguridad y Defensa (RSSD) como un campo relevante de análisis enlos estudios sobre Paz y Conicto. Sin embargo, el concepto y la discusiónsobre RSSD no nacieron en el ámbito académico, sino que surgieron enel mundo de la cooperación y la asistencia internacional. El concepto fue

propuesto por primera vez en 1998 en un discurso del entonces Ministrode Desarrollo Internacional del Reino Unido, Clare Short. Desde entonces,éste se ha convertido en una pieza clave en los programas de asistencia aldesarrollo, la promoción democrática y la construcción de paz en contextosde conicto y postconicto, particularmente a partir de su incorporación enel discurso de las Naciones Unidas y otros organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo -OECD (BRYDEN & HÄNGGI, 2004, 24).

De forma general, “la reforma al sector seguridad es la transformación

del sistema de seguridad, lo cual incluye todos los actores, sus roles,responsabilidades y acciones, de tal manera que sean administrados y operen


13/35


de una manera más consistente con las normas democráticas y los principiosde buena gobernanza (…) Las fuerzas de seguridad responsables reducen

el riesgo del conicto, proveen seguridad para los ciudadanos y crean elcontexto adecuado para el desarrollo sostenible” (WULF, 2004).

Principalmente, la RSSD está enfocada a la provisión de seguridadestatal y humana en el marco de gobernanza democrática. Según la OECD(2007) el denominado “sector seguridad” incluye “los actores de seguridadcentrales (fuerzas armadas, policía, gendarmería e inteligencia); loscuerpos de administración y control (ministerios de defensa, organismosde administración nanciera y las comisiones de veeduría ciudadana); las

instituciones de justicia y aplicación de la ley y las fuerzas de seguridad noestatales (compañías de seguridad privada, milicias y guerrillas). A partir delos actores, Bryden & Hänggi (2004) establecen dos categorías de reformas:la primera, las medidas encaminadas a la reestructuración de aparato deseguridad, las cuales incluyen reformas parciales como las militares, y demanera más general, la aplicación de reformas en la defensa, la policía, lainteligencia, el sistema judicial, etc. La segunda, son las medidas dirigidasal fortalecimiento de la administración civil y la supervisión democráticadel aparato de seguridad. Estas actividades incluyen las reformas a losministerios relevantes y su capacidad de gerencia, como también a losmecanismos parlamentarios y judiciales de supervisión y control. La RSSDapunta a la promoción de la democracia y diverge de las tradicionalesreformas al sector defensa.

El diseño e implementación de medidas de RSSD depende del procesode democratización del país y de su estabilidad. Así, las RSSD no serestringen a sociedades en situación de conicto y posconicto, sino quetambién son implementadas en países con democracias consolidadas que buscan implementar medidas institucionales que estén en línea con los principios democráticos en el sector seguridad y defensa. Para el caso delos primeros, Boone (2013) señala que “los esfuerzos de RSSD en zonasconictivas o “bajo fuego” priorizan la construcción de fuerzas militaresy de policía incluyentes y capaces de conducir operaciones y garantizarseguridad. La RSSD en el posconicto se enfoca en acciones que puedan prevenir el retorno a la confrontación armada, a conducir procesos dedesarme, desmovilización y reinserción (DDR), programas para el control

de armas pequeñas y construcción de iniciativas para la justicia transicionaly la democratización a largo plazo” (p. 30).


14/35


La literatura sobre RSSD se estructura en dos frentes, que bien podríandenominarse el práctico y el investigativo. Respecto al primero, se encuentra

la producción por parte de actores del sistema internacional involucrados en procesos de asistencia al desarrollo y cooperación internacional, donde ladiscusión se centra principalmente en las variables de la Reforma al SectorSeguridad (RSS), su implementación, desarrollo y relación con la política pública de acuerdo a los diversos contextos (BALL, 2000; ONU, 2008). Porejemplo, la OECD cuenta con un Manual de Reforma al Sector Seguridaddirigido a donantes internacionales y actores encargados de diseñar eimplementar estos procesos.

La investigación sobre las RSSD se ha desarrollado principalmente através del estudio de casos concretos en Asia, África y Centro América. Eneste sentido, hay dos textos que a partir de un ejercicio de compilación dediversos casos formulan algunos elementos comunes a los procesos de RSS.Por un lado, el texto titulado Reform And Reconstruction of the SecuritySector (BRYDEN & HÄNGGI, 2004) es una compilación donde se esbozan los principales elementos del concepto de RSS y luego se presentan los análisisen casos como la región Euro-Atlántica, los Balcanes, Liberia, Sierra Leona,Afganistán, Medio Oriente y África del Este. A partir de ello, el libro busca

profundizar en el estudio del papel de los donantes internacionales, el tipode reformas implementadas y la construcción de paz. Un segundo textoque ofrece una mirada diversa sobre los procesos de RSS es el editado porAlbrecht Schnabel & Hans-Georg Ehrhart, bajo el título Security sectorreform and post-conict peacebuilding . Mientras el de Bryden & Hänggiaborda el estudio de la RSS en contextos diversos (países relativamenteestables, regímenes post-autoritarios y contextos de posconicto), este librose centra en las experiencia de RSSD en el posconicto con un universo de

casos mucho más variado.En general, en la producción sobre RSSD se reconoce una brecha

entre la práctica y la investigación (COOPER y PUGH, 2002). Una críticaconstante apunta a que, pese a la gran difusión del concepto de RSS ysu implementación durante las dos últimas décadas, existe poco análisisempírico para determinar la efectividad de las reformas o la forma en que lasRSS se relacionan con indicadores más amplios de estabilidad democrática(BRYDEN & HÄNGGI, 2004; BOONE, 2013). Un aporte signicativo para superaresta falencia lo constituye el estudio de Boone (2013) quien a través deun análisis de regresiones lineales con un conjunto de datos que aborda


15/35


iniciativas de RSS entre los años 1991 y 2010 concluye que las reformas estánestrechamente relacionadas con indicadores positivos de democratización

y avances en la seguridad humana.Adentrándose en el estudio de RSSD en escenarios de postconicto

para América Latina, la mayoría de la literatura se ha desarrollado en tornoa las experiencias de América Central, particularmente en El Salvador yGuatemala (SLABY, 2003; CALL, 2003; O’ NEILL, 2005; GONZÁLEZ, 2005 y 2008;AMAYA, 2012). En Colombia, la reexión sobre RSSD desde una perspectivade posconicto armado se ha desarrollado a partir del proceso de desarme,desmovilización y reincorporación (DRR) que comenzó a nales de 2003

con estructuras paramilitares, y que hoy incluye también a miembros de lasguerrillas. La discusión se ha centrado en diversas aristas del tema, talescomo la efectividad del proceso (Nussio, 2011), las continuidades y cambioscon la violencia y la relación con estructuras y formas de criminalidad(GRANADA, R ESTREPO y TOBÓN, 2009), la justicia transicional y los estándaresinternacionales (HERRERA y GONZÁLEZ, 2013) y el análisis de la política pública (LABRADOR y GÓMEZ, 2010). Sin embargo, debido al contexto y a lacontinuidad del conicto armado, la discusión se ha centrado en el área deDDR, sin considerar las demás áreas que comprenden la RSSD y una visión

integral de las transformaciones necesarias en el sector.

2. LAS FUERZAS ARMADAS EN COLOMBIA: ENTRE LA LUCHACONTRAINSURGENTE Y LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS

Una de las constantes de la historia colombiana ha sido la persistenciade múltiples violencias en cabeza de diversos actores, los que incluso,desaando el poder del Estado, han llegado a formar verdaderos estados

paralelos o proto-estados. Debido a la persistencia de estas violencias comouna fuente permanente de inseguridad y la ausencia de confrontaciones bélicas con los Estados vecinos3, para el Estado colombiano las principalesamenazas usualmente han tenido su origen en el interior y no en el exteriorde sus fronteras. Por ello, desde su formación, las Fuerzas Militares hanestado abocadas principalmente a tareas y misiones de seguridad interna.

3 La última guerra interestatal que Colombia tuvo fue con Perú entre 1932 y 1933. Si bien posteriormente se han manejado hipótesis de confrontación bélica por disputas

territoriales con países como Venezuela o Nicaragua, la principal fuente de amenaza para el Estado colombiano ha provenido del interior de su territorio.


16/35


Esta característica que Vargas (2008) denomina la singularidad colombiana,ha llevado a una indiferenciación de los roles entre fuerzas militares y de

policía, dando lugar a la “policialización” del Ejército y la “militarización”de la Policía.

A diferencia de los casos presentados en el Cono Sur o en Centroamérica,las Fuerzas Militares en Colombia se han caracterizado por no tener unaintervención directa en el ámbito político. Desde mediados del siglo XX,la piedra angular del modelo de relaciones cívico-militares radica en ladenominada Doctrina Lleras4, según la cual los militares no deberáninvolucrarse en los asuntos del gobierno y los partidos políticos, en tanto

que los civiles no deberían involucrarse en los temas de seguridad y defensa.Si bien los militares han respetado el devenir de la democracia colombiana,ello supuso la autonomía militar en la conducción de la seguridad y defensa(VARGAS, 2008a). A pesar del nombramiento de civiles como ministrosde defensa, esto no ha supuesto la efectiva conducción política de la deseguridad y defensa –entre otras razones por la falta de preparación civil yla politización de los cargos del Ministerio–.

Desde mediados del siglo XX, el mantenimiento del orden público y la

seguridad interior han constituido tareas prioritarias de los militares. Lasguerrillas han sido consideradas como la principal amenaza a la seguridadnacional y, por lo tanto, la lucha contrainsurgente se convirtió en su misión principal. Sin embargo, con el crecimiento y consolidación del narcotrácoen Colombia, y en buena medida por presión de Estados Unidos, los militares progresivamente fueron involucrados en la “guerra contra las drogas”.

En Colombia, la conuencia de factores estructurales y coyunturales, permitieron el crecimiento y consolidación del complejo coca-cocaína a lo

largo de la década de 1980 y de 1990, algunas de estas son: las condicionesgeográcas del país, una arraigada cultura del contrabando, la precariedadestatal, la creciente deslegitimación del régimen político, la crisis económicaen ciertos sectores (tales como la industria textil), múltiples violencias quetienen como correlato la existencia de actores que desafían el poder estataly/o actúan como una suerte de para-estados (guerrillas como el Ejércitode Liberación Nacional –ELN– y las Fuerzas Armadas Revolucionarias

4 Llamada así porque surge a partir de un discurso del entonces Presidente AlbertoLleras Camargo en 1958.


17/35


de Colombia –FARC–, y posteriormente, el surgimiento y crecimiento deagrupaciones paramilitares contrainsurgentes y carteles de narcotracantes).

A su vez, esta industria ilegal tuvo un efecto catalizador que aceleróel proceso de deslegitimación institucional, fortaleciendo la economíasubterránea, la violencia creciente y la corrupción. De tal manera, no es posible comprender el conicto armado colombiano y la dinámica deldesarrollo de las guerrillas y las agrupaciones paramilitares sin tener encuenta el narcotráco; elemento que ha hecho más compleja la confrontación,contribuyendo a dilucidar los actores, degradar la guerra y enturbiar laslíneas del conicto.

La participación de las Fuerzas Militares en la política antidrogas haseguido una trayectoria irregular, puesto que los esfuerzos en materiaantinarcóticos son tarea de la policía mientras que en los militares ha primadola idea que su misión prioritaria es la lucha contrainsurgente (VARGAS, 2008a).Sin embargo, en las dos últimas décadas hay un involucramiento mayor delos militares, en parte, por el interés de Estados Unidos de militarizar laguerra contra las drogas.

A nales de la década de los noventa, y las evidencias de participación

de la guerrilla en el negocio del narcotráco, se generó el concepto denarcoguerrilla bajo un discurso que relacionaba la guerra contra las drogasy la estrategia contrainsurgente y justicaba así la participación militar enlos esfuerzos contra el narcotráco, sobre todo en lo que hace referenciaa erradicación de cultivos ilícitos e interdicción aérea y marítima decargamentos. De esta forma, para el gobierno la institucionalidad military policial, sectores políticos colombianos y formuladores de políticaestadounidenses, tras la desaparición de los grandes carteles del narcotráco,las guerrillas –especialmente las FARC – se habrían convertido en el

tercer cartel . Esta vinculación entre narcotráco y guerrillas implican eldesdibujamiento de éstas últimas como organizaciones insurgentes, lascuales habrían perdido sus bases políticas e ideológicas para convertirseen agrupaciones criminales.

Esta visión de lucha contrainsurgente y guerra contra las drogas comofenómenos entrelazados se consolidó con el Plan Colombia –si bien solo hasta2002, en el marco de la guerra mundial contra el terrorismo, el gobierno deEstados Unidos aprobó la utilización de los recursos de la ayuda contra las

drogas en actividades contrainsurgentes–. En el marco de esta estrategia,fue creada la Brigada Antinarcóticos dentro del Ejército colombiano,


18/35


conformada por 2.300 hombres en 3 nuevos batallones, el primero de ellosinaugurado en 1999, los dos restantes en 2000 y 2001 respectivamente. La

misión de la Brigada Antinarcóticos era crear condiciones de seguridadnecesarias para llevar a cabo operaciones antidrogas en el Putumayo. Lacreación de este organismo armó el compromiso de las Fuerzas Armadas

en la ejecución de la Política Antinarcóticos. Asimismo, de forma paralelaal Plan Colombia, se inició un proceso de modernización y fortalecimientode las capacidades militares de cara a una guerra irregular.

a) DEL FARCENTRISMO A LAS BANDAS CRIMINALES

Los hechos del 11 de septiembre de 2001 redireccionaron la políticainternacional de Estados Unidos de manera denitiva. A partir de aquelmomento el binomio narcotráco y terrorismo fue inseparable. La Políticade Seguridad Democrática, bandera de la administración de Álvaro Uribe(2002-2010), se encuadró en la cruzada mundial contra el terrorismo,haciendo de las FARC su objetivo principal. En el documento que formulala política, el término terrorismo es empleado en dos sentidos: para señalarel método de acción de los grupos al margen de la ley y para indicar que

estas agrupaciones, especialmente las guerrillas, obedecen a una lógica deacción terrorista, lo que las desliga de los fundamentos políticos y socialesque tiene la confrontación armada en Colombia.

Entre las amenazas que enuncia la Política de Defensa y SeguridadDemocrática se encuentran: a) El terrorismo, b) El negocio de las drogasilícitas, c) Las nanzas ilícitas, d) El tráco de armas, municiones yexplosivos, e) El secuestro y la extorsión, y g) El homicidio. En la práctica,el grueso de los esfuerzos se enfocó en el combate a las FARC. Tanto en

el terreno como en el discurso sobre la seguridad se dio una suerte de farcentrismo, lo que en términos de resultados llevo a que, en efecto, estaagrupación insurgente se viera debilitada, pero a la vez invisibilizó otras problemáticas de seguridad, igualmente graves y que en este período sefortalecieron, tal es el caso de las agrupaciones de crimen organizadovinculado al narcotráco.

Mientras que la respuesta frente a la guerrilla fue la confrontaciónmilitar, durante la presidencia de Uribe se llevó a cabo el proceso de

negociación y desmovilización de las agrupaciones paramilitares. Si bienestos grupos reivindicaban la lucha contrainsurgente como objetivo político,


19/35


el narcotráco es un elemento central tanto en su origen como en su posteriorconsolidación. El paramilitarismo no es un fenómeno que se restrinja a lo

militar sino que también existe una estructura política y económica que locongura. De este proceso se concluye que dada la fragmentación de losgrupos paramilitares, hubo algunos que no se acogieron a la desmovilizacióno que se recompusieron posteriormente, para continuar con las actividadesde tráco de drogas ilícitas, manteniendo las estructuras de control territorialy social.

Ya en el nuevo gobierno, en vista del crecimiento de las acciones deagrupaciones de crimen organizado, la política de seguridad del presidente

Santos (2010-2014) incluyó como parte de las amenazas a las denominadas bandas criminales Bacrim. Dada la relación entre estos grupos y losmiembros de grupos paramilitares desmovilizados, hay una amplia discusiónrespecto a si estas bandas son una expresión de paramilitarismo de tercera generación o sólo organizaciones de crimen organizado. Al respecto,según cifras del Ministerio de Defensa, en el 2010, entre un 7 y 10% de losmiembros de Bacrim capturados por la Fuerza Pública fueron integrantesrasos de grupos paramilitares, mientras que de los 63 jefes de Bacrimcapturados, 53% provenían del paramilitarismo. Ello evidencia la relación

entre los dos fenómenos y la continuidad de estructuras criminales inclusodespués del proceso de desmovilización.

La Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidadestablece una diferenciación entre Grupos Armados al Margen de la Ley –GAML– y BACRIM. Entre los objetivos de la política se encuentra lareducción a un mínimo histórico de los cultivos ilícitos, la desarticulaciónde los GAML y las BACRIM, y la consolidación territorial del Estadocolombiano. Respecto al rol de las Fuerzas Militares y de Policía, se

establece un esquema de acuerdo a las condiciones territoriales, a saber: enlas denominadas zonas rojas donde hay presencia de BACRIM, guerrillasy narcotráco, se prioriza la acción militar. En las zonas amarillas, lasamenazas son las BACRIM, milicias y narcotráco y se propone laacción conjunta de militares, policías e instituciones como la FiscalíaGeneral de la Nación. Finalmente, en las zonas verdes las amenazas sonla delincuencia común y el narcotráco, y se establece que la intervencióndebe ser principalmente policial.

En principio, el combate a las BACRIM estuvo en cabeza de la Policía Nacional. Sin embargo, desde febrero de 2011 se planteó la estrategia


20/35


D6: desarticular, desmantelar, denegar, disuadir, direccionar y difundir,en el marco de la cual se involucraron elementos de las Fuerzas Militares,

el desaparecido DAS y la Fiscalía. De forma similar a como se formulóen la lucha contra las FARC, se planteó la creación de Fuerzas de TareaConjunta contra las BACRIM, conformadas por miembros de todas lasfuerzas.

En el marco de la D6 fue puesto en marcha el “Plan Troya” contralas BACRIM en el departamento de Córdoba, operación conjunta de laPolicía Nacional, el Ejército Nacional, la Infantería de Marina, la FuerzaAérea, y el DAS. Posteriormente, en mayo de 2011, se replicó el plan en

los departamentos de Cauca, Nariño y Valle, con el Comando ConjuntoPacíco. Para nales de 2011, se desarrolló una operación conjunta entrePolicía, Ejército, y Fuerza Aérea en el Vichada.

No obstante, las formas de combate contra las guerrillas y las BACRIM,no son las mismas. En el caso de las primeras, como actores del conictoarmado, se opera en el marco del Derecho Internacional Humanitario(DIH); mientras que en el caso de las BACRIM, se actúa en el marco delsistema internacional de los derechos humanos y con el mismo tratamiento

jurídico que a la delincuencia común. Así, contra las BACRIM no se puedenemprender operaciones de combate o acciones bélicas como ataques aéreoso bombardeos.

En suma, la política de seguridad del ex presidente Uribe, al estar enfocadaen las FARC, privilegió los espacios rurales como el principal escenario dedesarrollo de los esfuerzos en materia de seguridad. En el caso de la actual política de seguridad del Presidente Santos, se reconoce la dimensión urbanacomo espacio de acción de múltiples actores (narcotracantes, paramilitares

y delincuentes comunes) en el que se deben poner en marcha medidas paragarantizar la seguridad de los ciudadanos. Así, en 2010 fue formulada laPolítica Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, cuyo objetivo esla protección de los ciudadanos mediante la reducción y sanción del delito.Para ello, se contemplan medidas que incluyen la prevención situacionaldel delito, el fortalecimiento de la presencia policial, el mejoramiento delaparato de justicia y la mayor participación ciudadana.

Sin embargo, a pesar de las problemáticas de seguridad urbana y

el fortalecimiento de agrupaciones de crimen organizado, el enfoque prioritario de la política de seguridad y defensa sigue siendo el combate a


21/35


las FARC. En marzo de 2012, fue establecido el plan “Espada de Honor”con los objetivos de: “[P]rimero, reducir las tropas y frentes de las FARC

a la mitad de ahora hasta el 2014; segundo, reducir los indicadores deviolencia en 15%; y tercero aumentar la gobernabilidad y la presenciaestatal en el territorio” (ÁVILA, 2012). Para ello fueron creadas o fortalecidasFuerzas de Tarea (militares y policía) en la Guajira, Catatumbo, Nortedel Cauca, Nariño, sur del Tolima, Huila, nordeste de Antioquia, Arauca,Caquetá y Vichada, las cuales llevan a cabo operaciones con énfasis eninteligencia y poder aéreo (WOLA, 2012).

Posteriormente, en octubre de 2013, el presidente Santos anunció el plan

“Espada de Honor 2”, que contempla la creación del Comando Conjunto Número 3 Suroriente, el cual contará con más de 50.000 hombres, y cuyazona de acción considera el territorio en los departamentos de Guaviare,Vaupés, Cundinamarca, Meta, Amazonas, Putumayo y Caquetá; el principalobjetivo de este plan es debilitar las estructuras de las FARC, particularmentelos bloques sur y oriental (El Tiempo, 2013).

Como se puede colegir, la situación de seguridad en Colombia presentauna compleja dinámica donde se yuxtaponen y retroalimentan múltiples

violencias y actores. En este escenario, hay una profundización de latendencia a la participación de los militares en la seguridad interior. Enel contexto actual, esta tendencia no sólo obedece a un patrón histórico ya las condiciones propias del país, sino que es reforzado por la tendenciaregional a involucrar las Fuerzas Militares en la seguridad interior y aldesdibujamiento de las fronteras tradicionales entre misiones militares yde la policía.

3. REFORMAS Y TRANSFORMACIONES DE LA FUERZAPÚBLICA COLOMBIANA EN UN ESCENARIO DEPOSCONFLICTO

Ante un hipotético escenario de posconicto en Colombia, es claroque las instituciones militares deberán repensar su misión y objetivosestratégicos, esto es, preparar sus estructuras para cumplir con un nuevorol en la construcción de la paz y el desarrollo nacional. En el contexto delconicto armado interno, las Fuerzas Militares colombianas asumieron

objetivos que dieren de la concepción tradicional de defensa nacional –lacontención de amenazas externas y la protección– orientando su misión,


22/35


particularmente hacia una defensa relacionada con amenazas al ordenconstitucional interno5.

Partiendo de las reexiones hechas por Binkerhoff (2005) a propósitode la construcción de paz y gobernanza en escenarios de postconicto, elredireccionamiento estratégico de la Fuerza Pública en un eventual escenariode postconicto en Colombia deberá estar orientado a la consolidación dela seguridad y la reconstrucción de la legitimidad y efectividad del Estado6.Para ello, será esencial el fortalecimiento de las capacidades operacionalesy la efectividad de las fuerzas, lo cual no solo por prevenir el resurgimientode la violencia, sino además garantizar las condiciones para que el Estado

pueda prestar, bajo principios de buena gobernanza, los servicios públicosque permitan satisfacer las demandas y necesidades sociales y avanzar enla construcción de la paz.

En este orden de ideas, la eventual desaparición del enemigo interno –lainsurgencia armada– implica para las instituciones militares un proceso detransformación que parte de “reconocer nuevas misiones y roles que nuncaantes se desarrollaron o, al menos, nuevas formas de operar que anteriormenteno se conocían” (GARCÍA, 2007). Además, el postconicto implica cambios

para las Fuerzas Militares y de Policía de carácter institucional y doctrinario.Una primera premisa es que el advenimiento del acuerdo de paz con las

guerrillas obliga al Estado a iniciar un proceso de reducción –tanto del piede fuerza como del presupuesto– del aparato militar. Al respecto, FranciscoLeal Buitrago (cfr. 2014) señala que,

5 “La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas

por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las Fuerzas Militares tendrán comonalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad delterritorio nacional y del orden constitucional”. Constitución Política de Colombia,articulo 217.

6 Para Binkerhoff (2005), la reconstitución de la legitimidad implica profundizar la participación y la inclusión, reducir las inequidades, crear mecanismos de rendición decuentas (accountability) combatir la corrupción y garantizar elecciones competitivasy transparentes tanto a nivel nacional como regional. Asimismo, la legitimidad serelaciona con la efectividad de la prestación de servicios públicos, esto es la capacidady voluntad del sector público para responder a las demandas de los ciudadanos. La buena gobernanza, en esta dimensión, signica una infraestructura pública adecuada

y funcional a las necesidades de las poblaciones de salud, educación, provisión devías y redes de transporte y seguridad social.


23/35


Colombia tiene un Ejército sobredimensionado, incluso en la actualsituación de conicto armado interno. Se tienen más de 120.000 soldados

–más oficiales y suboficiales– para hacer frente a tan solo 10.000guerrilleros. En el posconicto, es importante deshacerse del lastre del

numeroso pie de fuerza militar.

Esta disminución del aparato militar estaría orientada a reducir su papel en materia de seguridad interna y control del orden público. En talsentido, para Velásquez (cfr. 2014) la actuación del Ejército al interior del país debería presentarse solo en casos excepcionales para apoyar la laborde la Policía Nacional frente al narcotráco y al crimen organizado, como

sucede actualmente en México y Brasil. Asimismo, la conscripción y elservicio militar deberían pasar a ser de carácter voluntario.

Una segunda razón para esta reducción militar, estaría encaminadaa limitar la capacidad de incidencia política que puede llegar a ostentarlas instituciones militares –en particular el Ejército– sobre las decisiones públicas. Por tal razón, Schultze-Kraft (2012: 426-427), llama la atenciónsobre la necesidad de avanzar en una mayor institucionalización del controly de la supervisión civil, lo cual no solo se reere al fortalecimientodel Ministerio de Defensa, sino también a una mayor participación delCongreso y de los diferentes sectores de la sociedad política y civil en ladenición y creación de las reglas de gobernanza del sistema de seguridady defensa.

Ahora bien, la principal lección aprendida dejada por el proceso de pazcon las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) es que la desmovilizaciónde las estructuras combatientes no implica la nalización de las actividadescriminales desarrolladas por esos grupos7. Existe entonces la posibilidadde que combatientes desmovilizados de la guerrilla continúen incursos en

actividades delictivas, que se rearmen y formen nuevos grupos criminaleso que se articulen con bandas criminales ya existentes. Se trata de personasque conocen muy bien el ocio de la guerra y la violencia, acostumbradosa detentar el poder que otorga el porte de armas, con conocimientos deterrenos selváticos y rutas para el desarrollo de negocios ilegales que, ante

7 En aquel momento, la desmovilización de las AUC “implicó una transformación en lanaturaleza de la criminalidad, que pasó de grupos ilegales con una estructura military una jerarquía de mandos denidas, a bandas criminales organizadas y dedicadasespecial, aunque no exclusivamente, al tráco de drogas y la extorsión” (BELLO, 2009).


24/35


la falta de alternativas económicas8 desde la legalidad, serán proclives acontinuar o reincidir en las prácticas criminales.

Si bien este hipotético escenario de inseguridad es una responsabilidad propia de la Policía Nacional, como institución responsable de la convivencia pacíca y la seguridad ciudadana, la reducción abrupta del número demilitares sin el necesario fortalecimiento de sus capacidades –operativas,humanas, logísticas, presupuestales–, sobre todo en el ámbito rural, podríaimplicar que la institución policial fuese eventualmente superada por losfactores y actores ilegales del posconicto.

Por esta razón, las Fuerzas Militares estarían llamadas a seguir prestando

un apoyo operativo, al menos durante un período de transición (entre 10 y 15años), para garantizar las condiciones necesarias para la desactivación de laviolencia política, así como para prevenir la aparición de grupos criminalesa partir de estructuras desmovilizadas.

Al respecto, Armando Borrero Mansilla arma que: “En los primerosaños de un período de posconicto, los militares deben continuar apoyando alas fuerzas policiales en el control, cercano y fuerte, de territorio y población.La paz tiene en Colombia muchos peligros y la violencia se puede reproducir

fácilmente si no se controlan los mecanismos de auto-perpetuación dela misma. Se necesitará una fuerza todavía numerosa para cumplir conese cometido esencial y no se puede pasar bruscamente de un dispositivoantiguerrillero a un dispositivo de disuasión estratégica, sin la transiciónadecuada” (BORRERO, 2008).

Por tal razón, no es viable una reducción inmediata del pie de fuerzamilitar, sino que esta debe obedecer a un proceso de estabilización delcrecimiento de la tropa limitando progresivamente el ingreso de nuevos

subociales y soldados conscriptos y profesionales para, posteriormente yluego del periodo de transición, licenciar a militares activos. En cualquiercaso, la reducción del aparato militar deberá ser producto de una planeación político-estratégica responsable que considere el fortalecimiento del serviciode policía rural para asumir –de forma gradual– el control territorial en

8 Nos referimos a las alternativas laborales que brinde el Estado para la reinserciónde los excombatientes a la sociedad. Sí los ingresos percibidos desde la legalidadresultan inferiores a aquellos devengados por ser miembros del grupo guerrillero

y de su participación en negocios criminales, es de esperar que los desmovilizadoscontinúen vinculados a economías ilegales.


25/35


aquellas zonas donde hoy prima la presencia militar. Pero también deberá prever programas de reinserción laboral para aquellos soldados que queden

cesantes, de lo contrario se corre el riesgo que ellos mismos se vinculen conorganizaciones del crimen organizado.

El proceso de transformación de las estructuras militares parte de“reconocer nuevas misiones y roles que nunca antes se desarrollaron o, almenos, nuevas formas de operar que anteriormente no se conocían” (GARCÍA,2007). Así, es necesario que las Fuerzas Militares recuperen la defensanacional como su misión central. Durante las últimas décadas, los procesosde modernización y reforma militar estuvieron orientados a mejorar las

capacidades de las instituciones castrenses para afrontar las exigencias delconicto armado interno –preparándolas para una guerra irregular–, perosin mayores miramientos a la construcción de una capacidad disuasivaefectiva frente a posibles agresiones internacionales o al mantenimiento deun equilibrio estratégico regional.

Esto pasa por la denición consensuada que involucre a todos lossectores políticos del país incluyendo a las fuerzas políticas resultantes dela eventual rma de paz con la guerrilla en torno a las amenazas y a los

intereses estratégicos de la nación. Se trata, en últimas, de implementar unametodología de diseño de fuerza con la participación de civiles y militares,que permita identicar y denir las variables necesarias para la concepciónde capacidades militares anticipadas para proveer la defensa (DONADIO, 2010).

En este sentido, el desafío es proteger y blindar los más de 6.300 km. defronteras terrestres, en las cuales el Estado mantiene una presencia deciente.Fronteras porosas y sin control no sólo posibilitan la irrupción territorial por parte de fuerzas externas, sino que se convierten en escenarios propicios para el desarrollo de actividades criminales de carácter transnacional,con todos los fenómenos de violencia, inseguridad y desestabilizaciónque ello conlleva para las poblaciones fronterizas. Se han de reorientarentonces algunas unidades militares dedicadas actualmente a la luchacontrainsurgente –especialmente del Ejército y la Infantería de Marina–, ala protección de las fronteras terrestres más vulnerables9. Al respecto, LealBuitrago (cfr. 2014) señala que será necesario adelantar una revisión de la

9 Nos referimos especial aunque no exclusivamente a la región del Darien fronteriza

con Panamá, los departamentos de Nariño y Putumayo fronterizos con Ecuador, ylas zonas del Catatumbo y Arauca fronterizos con Venezuela.


26/35


distribución militar en el país, para destinar su presencia a zonas estratégicasde frontera como, por ejemplo, la protección de la soberanía en el Amazonas.

Sin embargo, antes que militar, el primer recurso para hacer frente a lasamenazas transfronterizas es la inteligencia.

De igual manera, las condiciones de seguridad en el mundo de hoyimplican la promoción y la defensa de la paz en el plano internacional.Así, las Fuerzas Militares están compelidas a prepararse para participar yapoyar misiones de mantenimiento de paz y estabilización. Las experienciasadquiridas [la participación en el SINAI, por ejemplo], más el estudio dela amplia variedad de los casos internacionales y una organización para

su cumplimiento, se convierten en una necesidad futura (BORRERO, 2008).El soldado del postconicto, debe ser capaz de trabajar en grupo y con unmedio ambiente multinacional, debe estar en capacidad de entender a susaliados, compartir partes comunes de preceptos políticos y culturales, operarde acuerdo a una doctrina común y comunicarse en un lenguaje estratégico,operacional y táctico (HOLGER , citado por VARGAS, 2010). Esta proyeccióninternacional de las Fuerzas Militares es lo que parece estar detrás de losacuerdos de cooperación con la OTAN [así como con pares de EstadosUnidos y Centroamérica] (cfr. DELGADO, 2014).

Otro de los campos de acción para las Fuerzas Militares es el de lasamenazas no convencionales como los ataques cibernéticos a la seguridaddel Estado, la atención de desastres y catástrofes naturales y las guerras porrecursos naturales como el agua y la biodiversidad.

Para Medina (cfr. 2014), un escenario creciente de actuación para lasFuerzas Militares será el apoyo a la realización de los acuerdos, por ejemplo,en materia de restitución de tierras, sustitución de cultivos ilícitos, desminado

y retorno de desplazados por la violencia a sus lugares de origen.Finalmente, las Fuerzas Militares deberían tener una mayor participación

en actividades de desarrollo nacional. Ante las evidentes falencias del paísen materia de infraestructura, los ingenieros militares están llamados adesempeñar un papel cada vez más importante en la construcción de vías –especialmente terciarias–, puentes, acueductos, alcantarillados, diques,escuelas, etc. en aquellas zonas donde la dinámica del conicto ha impedido eldesarrollo de instalaciones públicas para mejorar el bienestar de las poblaciones.

Por su parte, el fortalecimiento de programas de Acción Integral desarrollados por Ejército y Armada Nacional para llevar servicios básicos como salud,


27/35


28/35


Frente al crimen y la delincuencia, sería necesario que las capacidadesen investigación e inteligencia policial en las que se ha avanzado durante

los últimos años, sean aplicadas a la seguridad en las ciudades. Ya no setrata de espectaculares operaciones contra los blancos de alto impacto (jefesguerrilleros), sino de mayores operaciones de investigación e inteligencia para desarticular las bandas de extorsionistas, eteros, ladrones que asolanal ciudadano y que son causantes de la creciente percepción de inseguridaden las grandes ciudades del país. Pero además, pasará por el fortalecimientode equipos de comunicación y seguimiento, helicópteros y demás medioslogísticos puestos al servicio de la seguridad de los ciudadanos y no en elcombate a una estructura guerrillera.

En las ciudades, la Policía ha de avanzar hacia una concepción de policía preventiva, policía mediadora de conictos sociales, capaz de anticiparse aldelito y de velar por las condiciones necesarias para la convivencia ciudadana.Para ello, la Policía tendrá que desarrollar competencias para comunicarseasertivamente con comunidades cada vez más diversas y conictivas. Esto pasa por generar mayor conanza y legitimidad de la Institución a travésde prestar un servicio de policía efectivo para contrarrestar el crimen,garantizar el cumplimiento de la ley, así como con su apego irrestricto de

los derechos humanos.Y es claro que, aun manteniéndose en las dinámicas propias de un

conicto armado interno, la Policía Nacional deberá fortalecer su capacidad para hacer frente a amenazas tales como el narcotráco, la minería ilegal,el crimen organizado transnacional, los delitos informáticos, el delitomedioambiental, entre otros.

Al igual que con los militares, el reto mayor se presenta en la educación policial. Preparar más y mejor personal del nivel ejecutivo para cumplir conlos retos del posconicto, implica la formación con nuevas competenciasy perles acondicionados a un trato más cercano a los ciudadanos, lejosde prácticas militaristas, y enfocados en la anticipación y la prevención deldelito, la resolución de conictos y la convivencia ciudadana. Implica un policía capaz de analizar y tomar decisiones frente a escenarios problemáticosde seguridad, conocedor y respetuoso de los derechos humanos –inclusode aquellos quienes transgreden la ley–. Implica, en últimas, un policíamás profesional en la prestación del servicio público que desarrolla y que,

por tanto, debe estar mejor remunerado –con lo cual se evita que éste seaseducido por prácticas corruptas o de amaño con los criminales–.


29/35


Tanto para policías como militares es necesario desarrollar las capacidadesde contrainteligencia y control interno, que permitan la identicación

y desvinculación de todos aquellos elementos que han participado enviolaciones a los derechos humanos, corrupción o complacencia con bandasdel crimen organizado. Ello pasará además por una mayor sinergia con elMinisterio Público y la Rama Judicial, que demandará profesionales civiles preparados y conocedores de la función militar y policial.

Como se evidencia, el posconicto genera para las Fuerzas Militaresy la Policía Nacional desafíos de adaptación a los nuevos contextos deseguridad. Ello implica llevar avante procesos de reforma, modernización

y transformación de estructuras que demandarán recursos y personal, y quellevan a pensar que una reducción inmediata del personal y el presupuesto para la Fuerza Pública no es viable en el futuro inmediato.

Más allá de las evidentes necesidades en materia de modernización y profesionalización de las Fuerzas Militares, el proceso debe estar articuladodentro de los requerimientos relacionados con las reformas institucionalesde la defensa y la seguridad: el fortalecimiento de las relaciones cívico-militares, el mejoramiento de la gobernanza de la seguridad y la defensa por medio de la introducción de estándares y buenas prácticas derivadas delas experiencias internacionales (SCHULTZE-K RAFT, 2012), la interiorizaciónde prácticas transparencia y rendición de cuentas11, el apego irrestrictoa los derechos humanos, la ampliación de la participación experta delCongreso de la República y la academia en la denición de reglas yobjetivos estratégicos y de control y supervisión– necesarias para mejorarla democracia, así como garantizar un sistema de justicia eciente ytransparente.

CONSIDERACIONES GENERALES

La agenda de seguridad colombiana en cualquier escenario de postconicto siempre será un componente necesario e imprescindible en elanálisis, la discusión y la formulación de política pública, dado su signicado para la construcción de la paz y su aspiración de que ésta sea estable y

11 Binkerhoff (2005) señala que unas fuerzas de seguridad sin supervisión y/o corruptas

pueden constituir una de las mayores bar reras para la construcción de paz ycontribuyen a la reanudación del conicto.


30/35


duradera, única garantía del no retorno al conicto histórico. Este capítuloanalizó la agenda de seguridad en un hipotético escenario posconicto,

describiendo las perspectivas de reforma de la naturaleza y el rol de lasFuerzas Armadas y de Policía en ese nuevo contexto de riesgos y amenazas.Tras la aproximación teórica a las reformas del sector seguridad y defensa(RSSD), la caracterización del escenario de seguridad posconicto presentóel registro de las principales reformas y transformaciones para la fuerza pública, concluyendo –sin pretender menoscabar la amplitud temática y lavariedad de reformas identicadas a lo largo de este trabajo- la necesidad deun mantenimiento operativo y preventivo de las Fuerzas Militares en la etapade transición y el fortalecimiento y profesionalización de la Policía Nacional para garantizar la protección de los derechos humanos y las libertades delos ciudadanos, al igual que la no recurrencia de factores que perpetúen laviolencia, requisito de sostenibilidad de la paz.

La exploración realizada expuso razones de peso para sostener quelas Fuerzas Militares y de Policía en el posconicto armado colombianodeberán ser readecuadas en su naturaleza, roles, estructura institucionaly doctrina. Lo anterior responde a un marco de referencia como lo es el

proceso de reforma al sector seguridad y defensa (RSSD). Se espera que esteimportante proceso garantice la provisión de seguridad en el marco de lagobernabilidad democrática para la prevención del retorno a la confrontacióny la construcción de paz.

Cabe reiterar que el n del conicto interno armado cambiaría la agendade seguridad del país en la medida en que la principal amenaza a la seguridadnacional desaparecería, abriendo la posibilidad de superar la misión decombate al binomio guerrilla-narcotráco (la lucha contrainsurgente y

la guerra contra las drogas), dando lugar a la re-comprensión tanto de lasmisiones convencionales (la defensa nacional exterior y la seguridad pública,urbana y rural) como de las no convencionales (narcotráco, operacionesinternacionales y desarrollo nacional).

Finalmente, se espera entonces que se abra ampliamente el debate en el país nacional y el país político sobre el tema de la agenda de seguridad en el posconicto en razón a su importancia para la paz territorial. La necesidad dela reforma al sector seguridad y defensa, y, en consecuencia, la reorientación

estratégica de las Fuerzas Armadas y de Policía en el posconicto, tienen un papel fundamental que cumplir en la construcción de paz.


31/35


BIBLIOGRAFÍA

AMAYA, E. (2012). Militarización de la seguridad pública en El Salvador,1992-2012. Revista URVIO, 12, 71-82.

ÁVILA, A. (2012). Más bala que mantequilla en el Plan Espada de Honor. Arcoiris. Recuperado de: http://www.arcoiris.com.co/2012/04/mas- bala-que-mantequilla-en-el-plan-espada-de-honor/.

BASTICK , M. (2004). Integrating gender in post-conict security sectorreform. SIPRI Yearbook . Recuperado de: http://www.sipri.org/

yearbook/2008/04.BELLO, C. (2009). Posconicto en Colombia: un análisis del homicidio

después del proceso de desmovilización de los grupos de autodefensa. Revista Criminalidad, 1 (5), 163-177.

BOONE, R. (2013). Assessing Security Sector Reform: Evaluatingthe Effectiveness of a Development Strategy Targeting SecurityApparatuses Based on National Indicators. Duke Political ScienceStandard, 1 (3), 13-55.

BORRERO, A. (2008). La transformación militar: el futuro de las FuerzasMilitares Colombianas. Revista Fuerzas Armadas, 208, 18-21.

BRINKERHOFF, D. (2005). Rebuilding governance in failed states and post-conict societies: Core concepts and cross-cutting themes. Public

Administration and Development, 25, 3-14.

Bryden, A., & Hänggi, H. (2004). Reform and Reconstruction of theSecurity Sector . Centre for the Democratic Control of Security Forces:

Geneva.CALL, C. (2003). Democratization, War and State-Building: Constructing

the Rule of Law in El Salvador. Journal of Latin America Studies, 4(35), 827-862.

COOPER , N., & Pugh, M. (2002). Security-sector transformation in post-conict societies. Londres: Universidad de Londres, Working Papers ,The Conict, Security & Development Group.

Cnel. ® DELGADO, J. (2014). Bogotá. Entrevista realizada el 10 de febrerode 2013.


32/35


Departamento Nacional de Estadística (2011). Estimaciones de población1985 - 2005 y proyecciones de población 2005–2020. Recuperado de:

http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/ proyecciones-de-poblacion.

Departamento Nacional de Planeación de la República de Colombia (2011). Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Bogotá:autor.

DONADIO, M. (2010). La reconstrucción de la seguridad nacional . BuenosAires: Prometeo.

El Tiempo (10 de octubre de 2013). Espada de Honor 2, el plan de guerra para cazar 5 cabecillas de FARC. Recuperado de: http://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13113139.html.

GARCÍA, J. (2007). Los tres pilares de la transformación militar. Military Review, 21, 16-24.

GONZÁLEZ, M. (2004). Los dilemas de la evaluación en la prevenciónde conictos y la construcción de la paz . Guatemala: War – TornSocieties Project.

GONZÁLEZ, M. (2005). Security Sector Transformation and DemocraticControl in Central America. Guatemala: SIPRI/ASDR/CDD.

GONZÁLEZ, M. (2008). Reforma del Sector Seguridad y Justicia Tran- sicional en Guatemala. Tesis Maestría Derecho Humanos, México,

FLACSO.GRANADA, S., R ESTREPO, J., & TOBÓN, A. (2009). Neoparamilitarismo en

Colombia: una herramienta conceptual para la interpretación dedinámicas recientes del conicto armado colombiano. En J. R ESTREPO & D. APONTE (Eds.), Guerras y violencias en Colombia (pp.467-499).Bogotá: Ponticia Universidad Javeriana.

HENDRICKSON, D. (1999). A Review of Security-Sector Reform. Londres:

Universidad de Londres, Working Papers , The Conict, Security &Development Group.


33/35


HERRERA, D., & GONZÁLEZ, P. (2013). Estado del arte del DDR en Colombiafrente a los estándares internacionales en DDR (IDDRS). Colombia

Internacional, 77 , 272-302.LEAL, F. (2014). Bogotá. Entrevista realizada el 7 de febrero de 2013.

LABRADOR , K., & GÓMEZ, M. (2010). Desarme, desmovilización yreincorporación en Colombia. Bogotá: Fundación Restrepo Barco.

MANI, R. (2007). Contextualizing police reform: Security, the rule of lawand post conict peace building. International Peacekeeping, 6 (4),9-26.

Gral. ® MEDINA, H. (2014). Bogotá. Entrevista realizada el 5 de febrerode 2013.

Ministerio de Defensa de la República de Colombia (2003). Política deSeguridad Democrática. Bogotá: autor.

Ministerio de Defensa de la República de Colombia (2011). Política Integralde Seguridad y Defensa para la Prosperidad . Bogotá: autor.

Ministerio de Defensa de la República de Colombia (2013). Logros dela Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad – PISDP . Bogotá: autor.

MOBBICK , E. (2006). Transitional Justice and SSR: Enabling Sustainable Peace. Geneva: Centre for the Democratic Control of SecurityForces.

NIETO, P. (2004). ¿Subordinación o autonomía? El ejército colombiano,su relación política con el gobierno civil y su conguración en la

violencia, 1953-1990. En Informe nal del concurso: El papel delas fuerzas armadas en América Latina y el Caribe. Buenos Aires:Programa Regional de Becas CLACSO. Recuperado de: http:// bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/becas/2003/mili/nieto.pdf

NUSSIO, E. (2011). Learning from shortcomings: The demobilizationof paramilitaries in Colombia. Journal of Peace building anddevelopment , 2 (6), 88-92.

OECD (2007). Handbook on Security System Reform (SSR). Recuperadode: http://www.oecd.org/development/incaf/38406485.pdf.


34/35


O’NEIL, W. (2005). Police reform in post conict societies: What we Knowand what still need to know. New York: International Peace Academy.

Recuperado de: http://74.54.88.104/~ipinst/media/pdf/publications/ polreferpt.pdf.

Organización de las Naciones Unidas (1992). Un programa de paz. Diplomacia preventiva, establecimiento de la paz y mantenimiento

de la paz. Informe del Secretarlo General presentado de conformidadcon la declaración aprobada el 31 de enero de 1992 en la Reuniónen la Cumbre del Consejo de Seguridad. Asamblea General,Cuadragésimo séptimo periodo de sesiones A47/277, S/24111, 17

de junio de 1992.R ETTBERG, A., & CAMACHO, A. (2002). (Coord.). Preparar el futuro:

conicto y post-conicto en Colombia. Bogotá: Universidad de losAndes, Fundación Ideas para la Paz, Alfaomega Grupo Editor, Serie“Libros de Cambio”.

SCHNABEL A., & EHRHART, H. (2005). Security sector reform and postconict peacebuilding . New York: United Nations University Press.

SCHULTZE-K RAFT, M. (2012). La cuestión militar en Colombia: la fuerza pública y los retos de la construcción de la paz. En A. R ETTBERG (Comp.), Construcción de paz en Colombia (pp. 405-433). Bogotá:Universidad de los Andes.

SLABY, K. (2003). Security Sector Reform in Central America: Is itworking? Monterrey: Institute of International Studies.

UGARRIZA, J. (2013). LA DIMENSIÓN POLÍTICA DEL POSCONFLICTO: DISCUSIONES CONCEPTUALES Y AVANCES empíricos. Colombia Internacional, 77 ,

141-176.VARGAS, A. (Editor) (2008a). El papel de las Fuerzas Armadas en la

política antinarcóticos colombiana 1985-2006 . Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

VARGAS, A. (2008b). La singularidad colombiana: Fuerzas Armadas enseguridad interior. En Atlas Comparativo de la Seguridad y Defensa(pp. 156-164). Buenos Aires: Resdal.

VARGAS, A. (2010). Las Fuerzas Armadas en el conicto colombiano:antecedentes y perspectivas. Medellín: La Carreta Editores.


35/35


Cnel. ® VELÁSQUEZ, A. (2014). Bogotá. Entrevista realizada el 6 de febrerode 2013.

Washington Ofce on Latin America (2012). Consolidating “consolidation”.

Colombia’s “security and development” zones await a civilian handoff,

while Washington backs away from the concept . Recuperado de: http://www.wola.org/les/Consolidating_Consolidation.pdf.

WULF, H. (2004). Security Sector Reform in developing and transitionalcountries. Berghof Research Center for Constructive ConflictManagement. Recuperado de: http://www.berghof-handbook.net/documents/publications/dialogue2_wulf.pdf .

Documents

LAS_FUERZAS_MILITARES_Y_DE_POLICIA_EN_EL (1).pdf