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LEY SOPA
Nombre: Sheyla Fierro
Curso: Decimo “A”
INFORMACIÓN GENERAL
El proyecto 3261, también conocido como H.R. 3261, es un proyecto de ley
introducido en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos el día 26
de octubre de 2011, por el Presidente del Comité Judicial de la Cámara, el
Representante tejano Lamar S. Smith del Partido Republicano. El proyecto
inicial fue sustentado además por un grupo compuesto inicialmente por 12
copatrocinadores de ambos partidos.6 Al momento de ser presentado el
proyecto de ley se encontraba estructurado en forma similar al
Acta de protección de propiedad intelectual, un proyecto de ley presentado
ante el Senado en el año 2008, conocido por sus acrónimos en inglés PIPA' y
PROTECT IP.7
El proyecto de ley original permitía que tanto el
Departamento de Justicia de los Estados Unidos como los propietarios
de derechos de autor pudieran solicitar como una medida
administrativa órdenes judiciales contra sitios web acusados de
permitir o facilitar la infracción de los derechos de autoría; aún
encontrándose estos sitios alojados en servidores fuera de la
jurisdicción de los Estados Unidos. Adicionalmente, si la solicitud era
hecha por por el Departamento de Justicia, podía incluir una orden
judicial para impedir la financiación del sitio web infractor bloqueando
su acceso a las redes de publicidad, a los facilitadores de pago online
e impidiendo a los motores de búsqueda que enlazaran con el sitio
infractor.8 9
El proyecto de ley establecía un proceso de dos etapas para aquellos propietarios de
derechos intelectuales que requiriesen una compensación al verse perjudicados por el sitio
infractor. El propietario de los derechos debería primero enviar una notificación por escrito a
las empresas facilitadoras de pago y a las redes de publicidad online, informando la
identidad del sitio infractor. Estos últimos a su vez deberían enviar una notificación al sitio
infractor y suspender los servicios prestados; esto a menos que el sitio infractor entregue a
su vez una contra notificación explicando los motivos por los cuales considera que no se
encuentra en infracción. En esta situación el titular de los derechos podía demandar una
medida cautelar de alcance limitado contra el operador del sitio, ya sea porque el operador
del sitio hubiese entregado la contra notificación o porque los servicios de pago o anuncios
online no fueron capaces de suspender los servicios prestados en ausencia de tal contra
notificación.
La segunda sección del proyecto trata sobre la penalización del
streaming de video y la venta de medicamentos falsificados. El
proyecto incrementa las penas y extiende las ofensas a los derechos de
autor incluyendo al streaming no autorizado de contenidos y otras
ofensas a los derechos de propiedad intelectual. Penalizando al
streaming de contenidos no autorizados con hasta cinco años de prisión
por diez infracciones en un plazo de seis meses.9
El proyecto de ley otorga inmunidad a las redes de publicidad y
facilitadores de pago que se atengan a su cumplimiento, o que tomen
medidas voluntarias para cortar vínculos con tales sitios. Cualquier
titular de derechos de propiedad intelectual, que, sin fundamento y a
sabiendas acusara a un sitio web por infracción, sería responsable de
los daños ocasionados.8
Entre los promotores de la ley se encuentran la Motion Picture
Association of America (MPAA), la Recording Industry Association of
America, laboratorios farmacéuticos tales como Pfizer, negocios de
medios audiovisuales y la Cámara de Comercio de los Estados Unidos.
Quienes promueven la ley afirman que protege el mercado de la
propiedad intelectual y su correspondiente industria, empleos e
ingresos, y que es necesaria para reforzar la aplicación de las leyes de
derechos de autor, en particular contra los sitios web extranjeros.10
Citando ejemplos como el del acuerdo judicial de 500 millones de
dólares al que llegó Google con el Departamento de Justicia por su
papel en una campaña publicitaria dirigida a los ciudadanos
estadounidenses que alentaba a los consumidores a comprar drogas
de prescripción ilegal en farmacias online de Canadá.11
Los opositores argumentan que la ley infringe los derechos de la Primera
Enmienda, que es censura en Internet,12 que lisiará a Internet,13 y será una
amenaza para la denuncia de irregularidades y otras muestras de
libertad de expresión.14
En octubre del año 2011, el representante Bob Goodlatte, miembro del
Comité Judicial de la Cámara de Representantes y presidente del Subcomité de
Propiedad Intelectual, Competencia, y la Internet; dijo en una entrevista ante el
periódico The Hill que SOPA representa una versión reescrita del proyecto
PROTECT IP presentado ante el senado, en la cual se abordan algunas de las
preocupaciones de la industria tecnológica. Señalando que, en la versión de la
Cámara, los titulares de derechos de autor no podrán demandar directamente
a los intermediarios, para bloquear a los sitios web infractores ya que en su
lugar requiere de la aprobación de la corte antes de tomar medidas frente a
terceros.15 mientras que la versión en el senado PROTECT IP, no lo requiere.16 17
ARGUMENTOS EN CONTRA
A M E N A Z A S G E N E R A L E S PA R A L O S N E G O C I O S R E L A C I O N A D O S C O N L A W E B
Un análisis aparecido en la revista tecnológica eWeek sentenció, «El lenguaje de SOPA es
tan amplio, las reglas consignadas se encuentran tan desconectadas de la realidad de
Internet, y las penalidades se encuentran tan desconectadas de los crímenes alegados, que
este proyecto de ley podría efectivamente matar el comercio electrónico, y hasta la normal
utilización de Internet. El proyecto de ley además posee graves implicaciones para las leyes
existentes en Estados Unidos, para las leyes extranjeras y para las leyes internacionales, y
es seguro que desperdiciará décadas en batallas legales en las cortes.»44
Art Bordsky del grupo de defensa al consumidor Public Knowledge argumentó de manera
similar diciendo que «Las definiciones escritas en el proyecto de ley son tan amplias que
cualquier consumidor de Estados Unidos que utilice un sitio web localizado en el extranjero,
de inmediato da a la jurisdicción de los Estados Unidos el poder de tomar posibles medidas
para combatirlo
A M E N A Z A P A R A L O S U S U A R I O S Q U E S U B E N C O N T E N I D O S
Lateef Mtima, director del Institute for Intellectual Property and Social Justice
(Instituto para la Propiedad Intelectual y la Justicia Social) de la Escuela de Leyes de la
Universidad Howard, expresó su preocupación porque los usuarios que suben
contenidos protegidos por derechos de autor a sitios como YouTube podrían ser
hallados penalmente responsables. Dijo, «Tal vez, el más peligroso ribete del proyecto
sea la forma en que la conducta penalizada se encuentra tan pobremente definida.
Aunque a primera vista parece que el proyecto de ley intenta distinguir entre la
conducta que tiene una finalidad comercial y la que no la tiene, supuestamente para
penalizar a la primera y permitir la segunda; en realidad no solo falla en cumplir con
esto, sino que además, debido a su falta de definiciones concretas, potencialmente
tipifica como delito a una conducta que actualmente se encuentra permitida por la ley
FIN
