Leyendo Editoriales - El Reforma - 2

7/24/2019 Leyendo Editoriales - El Reforma - 2

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La mentira oficial

Jorge Ramos valos26 Sep. 2015

"Tiempos como nunca para la chapuza, el crimen impune y la caza de brujas".

Joan Manuel Serrat

Esta es la historia de cmo el gobierno del presidente Enrique Pea Nieto

construy una mentira oficial sobre la desaparicin de los 43 estudiantes deAyotzinapa, Guerrero, en septiembre del 2014. Pero la mentira ha quedado al

descubierto.

As se construy la mentira. Tras la desaparicin de los normalistas, la

Procuradura General de la Repblica (PGR) dijo haber realizado una extensa

investigacin: 39 confesiones, 487 peritajes, 386 declaraciones, 153

inspecciones ministeriales y accin penal contra 99 involucrados. El procurador,

Jess Murillo Karam, asegur "de manera contundente" a la prensa en enerodel 2015 que los estudiantes haban sido incinerados en el basurero de Cocula,

Guerrero, sus restos triturados y luego tirados a un ro.

"Sin lugar a dudas los estudiantes normalistas fueron privados de su libertad,

privados de su vida, incinerados y arrojados al ro San Juan", dijo el procurador

Murillo, diciendo que la investigacin se bas en ms de 60 mil fragmentos de

restos seos. "Esa es la verdad histrica de los hechos".

No, esa era la versin falseada e incompleta que el procurador y el gobiernomexicano nos trataron de vender. Segn cinco expertos de la Comisin

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, dependiente de la OEA) el

reporte del gobierno mexicano tiene muchos errores.

El informe del gobierno de Mxico "es una especulacin", me dijo el peruano

Jos Torero, uno de los cinco expertos y jefe del departamento de ingeniera

civil de la Universidad de Queensland, Australia. "La evidencia material, en el

fondo, no existe".


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Torero asegura que los 43 normalistas no fueron incinerados en el basurero de

Cocula, como deca el procurador. "Para haber tenido un incendio de esa

magnitud, habran tenido daos generalizados en toda la vegetacin aledaa y

esos daos no existen", concluy. "Por otro lado, los huesos que se

encontraban en el basurero de Cocula estn incinerados a un nivel decalcinacin que requiere un fuego externo. No hubo la posibilidad de tener tal

incendio".

La hiptesis de que los jvenes fueron incinerados en ese basurero est

totalmente desmentida por los expertos de la CIDH. Tambin es falsa la

aseveracin del ahora ex procurador Murillo Karam de que no haba "ni una

sola evidencia, ni una sola, de la participacin del Ejrcito".

El Ejrcito mexicano supo en todo momento lo que estaba pasando, me dijo

Jos Miguel Vivanco, de Human Rights Watch. "Est documentado" que el

Ejrcito y la Polica Federal "estuvieron plenamente informados de lo que

estaba pasando en tiempo real" gracias al C4 (un sistema central de

comunicaciones de acceso restringido a las fuerzas de seguridad).

Adems, me dice Vivanco, "fueron agentes de la Polica Federal los que

interceptaron un quinto autobs donde iba un grupo de estudiantes que

lograron huir y todos salvaron su vida. Ese quinto autobs luego desaparece yno quedaron rastros de su paradero en la investigacin de la PGR".

Es decir, las dos conclusiones principales del informe del gobierno sobre la

desaparicin de los estudiantes -que fueron incinerados en un basurero y que

el Ejrcito y la Polica Federal no tuvieron nada que ver- son falsas y forman

parte de la mentira oficial.

Por qu el gobierno de Pea Nieto ocult y encubri en su informe la

participacin del Ejrcito? Imposible de saber. Son los juegos del poder. Peropor qu inventarse la teora de la incineracin de los estudiantes?

Slo ellos lo saben. Primero, quizs, para "superar" el problema y quitrselo de

encima. La desaparicin de los normalistas de Ayotzinapa termin con la

imagen positiva que Pea Nieto estaba cultivando en el mundo. Y segundo, tal

vez, para culpar a grupos violentos del incidente y ocultar la incompetencia de

su gobierno frente a la inseguridad y el crimen.

Es muy grave que hoy, todava, no sepamos dnde estn los 43 jvenes. Pero


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hay algo an ms grave: construir una mentira oficial es el acto ms cruel e

inhumano que se puede concebir frente a los padres y familiares de los

estudiantes desaparecidos.

Posdata. Aqu est la entrevista de televisin con el experto Jos Torero:

http://bit.ly/1EYifxK. Hasta el momento de escribir esta columna, nadie del

gobierno mexicano le haba hablado por telfono. "Debera ser una discusin

tcnica", me dijo Torero. "Si quieren aclarar esto, yo encantado de sentarme

con expertos".

@jorgeramosnews

Leer ms:http://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?

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Paz para mis amigos

Jorge Ramos valos03 Oct. 2015

Mis amigos colombianos, que para mi suerte son muchos, no han vivido un

solo da en paz. Ni uno. Pero de pronto el destino les ha cambiado. La paz casi

se puede tocar.

El presidente Juan Manuel Santos y el principal lder de las Fuerzas Armadas

Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Londoo, alias Timochenko,

acordaron en Cuba que para marzo del 2016 firmarn la paz. Timochenko, de

56 aos, tiene casi la misma edad del conflicto guerrillero que ha costado ms

de 220 mil muertos y afectado a ms de 6 millones de personas.

Con tantos aos de guerra, lo curioso ha sido el temor que muchos

colombianos le tienen a la paz. No dejan de sorprenderme los que prefieren

seguir peleando. Es como si se hubieran acostumbrado a la violencia. Pero si
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algo ha quedado claro en este medio siglo es que ni el Ejrcito ni la guerrilla

han podido ganar por la fuerza. Probemos, pues, algo distinto.

"Toca". Esa es una maravillosa expresin colombiana que significa, a la vez,

responsabilidad e inevitabilidad. Si algo "toca" es que no hay opciones ms queuna. Y en Colombia la paz toca.

El Papa Francisco -quien ha hablado tres veces con el presidente Santos para

ayudar en la negociacin del conflicto armado- lo tiene muy claro. "No tenemos

derecho a permitirnos otro fracaso ms en este camino de paz y reconciliacin",

dijo en su reciente visita a Cuba. Cada fracaso se mide en miles de vidas.

Cuntas vidas se hubieran salvado si el entonces lder de las FARC, Manuel

Marulanda, no hubiera dejado plantado al presidente Andrs Pastrana en las

primeras negociaciones de paz en el Cagun en enero de 1999. Ese es el

episodio conocido como de la silla vaca. Las cosas, claramente, no le salieron

bien a Pastrana. Pero en una pltica me dijo que algn da le darn crdito por

haber sido el primero en tratar. Tiene razn.

No hay paz perfecta. Y como la paz se hace con los enemigos, no hay manera

de que los propios lderes de las FARC acepten largas penas de crcel para

ellos y sus principales colaboradores una vez que se firme la paz. Es ah dondela paz duele.

La justicia y la rendicin de cuentas para guerrilleros, paramilitares y soldados

que violaron los derechos humanos ser muy pobre. Esa es la realidad. "Lo

cierto es que este acuerdo permitira que los mximos responsables de los

peores abusos puedan eximirse de pasar siquiera un solo da en prisin", dijo

Jos Miguel Vivanco de Human Rights Watch. "Es difcil imaginar que esta

frmula de justicia transicional supere un escrutinio riguroso en la Corte

Constitucional colombiana o, en ltima instancia, en la Corte PenalInternacional".

Traduccin: esta paz cocinada y remendada durante tres aos va a dejar

muchos asuntos pendientes. Y es cierto, muchas de las vctimas del conflicto

armado nunca veran a sus victimarios y verdugos pagar por lo que hicieron.

Un ejemplo entre millones. Quin va a pagar por el secuestro -y los aos que

perdi- Ingrid Betancourt? No s qu es lo que Ingrid piense sobre este

proceso de paz. Pero s recuerdo lo que me dijo poco despus de su liberacin:


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"Yo llevaba seis aos, cinco meses, en que todos los das me dola algo, todos

los das fsicamente estaba siendo picada por algn bicho, me rascaba en

algn sitio, me dola alguna parte de mi cuerpo; ese horror de horrores, esa

presencia hostil, de arbitrariedades, de crueldad diaria, de refinamiento de la

maldad".

Quines van a ser llevados a la justicia por este y muchos otros crmenes?

Muy pocos. Esa es la respuesta ms honesta que tenemos.

En Colombia la paz va a preceder a la justicia. Ya despus que se entreguen

las armas, que se seque la tinta del acuerdo y veamos a los guerrilleros

meterse en el bajo mundo de la poltica, quizs se pueda explorar la idea de

una comisin de la verdad. Eso ha funcionado en otros pases y no hay

ninguna razn para pensar que Colombia no podra ver, con calma, hacia atrs.

Pero por ahora lo urgente es la paz. Las reuniones de La Habana no deben ser

el nuevo Cagun. Miles ms morirn si hay otro fracaso.

As, desde lejos, no me atrevo a decirle no a la paz. No me atrevo a negarle

esa posibilidad a mis amigos y a sus hijos. Toca.

@jorgeramosnews


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Legitimidad y orden

Ana Laura Magaloni Kerpel03 Oct. 2015
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Por qu obedecemos el derecho? La respuesta a esta pregunta es central

para entender cmo resolver algunos de los graves problemas del pas, como

son la conflictividad social, la evasin fiscal, la corrupcin, la informalidad, por

mencionar algunos. Creo que en Mxico entendemos poco sobre por qu las

personas deciden acatar o no las normas que regulan su conducta. Por ello,me parece importante traer a colacin el trabajo de Tom Tyler, profesor de la

Universidad de Yale, una de las mentes ms lcidas para entender por qu

obedecemos el derecho. El punto de partida es incontrovertible: ninguna

sociedad podra existir como tal si las autoridades no tienen forma de

establecer y mantener un orden social a travs de regular jurdicamente las

conductas de los individuos. Cmo las autoridades pueden incentivar la

obediencia voluntaria de las normas de la mejor manera posible?

Como explica el profesor Tyler, hasta fines de la dcada de los ochenta,

prevaleci lo que se conoce como la teora del control social. Segn esta teora,

las personas acatan las normas por un conjunto de incentivos y sanciones. Las

autoridades, por tanto, aseguran el cumplimento de las normas premiando o

castigando determinadas conductas. En particular, esta teora sostiene que

cuando los individuos perciben que es altamente probable que sean

sancionados deciden acatar las normas de forma voluntaria.

Sin embargo, Tyler, a travs de un amplio nmero de encuestas y estudiosempricos, descubre que la amenaza de sancin o la sancin misma tienen sus

lmites. No quiere decir que sean irrelevantes, pero no explican una parte

importante de por qu acatamos las normas. Uno de los hallazgos ms

relevantes de Tyler ha sido demostrar empricamente que la legitimidad de la

autoridad es una motivacin mayor para cumplir las normas que la amenaza de

castigo. Esta legitimidad tiene que ver con el respeto que nos inspira la

autoridad. No con el miedo. Las personas acatan las normas porque sienten

que es correcto hacerlo y ello se produce cuando estn frente a una autoridad a

la que respetan o, inclusive, admiran. Los seres humanos actuamos movidospor un conjunto de valores en los que creemos, y no slo por miedo o por un

clculo racional de costo-beneficio.

Si ello es as, la pregunta ms relevante tiene que ver, entonces, con qu

produce esta legitimidad; cmo motivan las autoridades ese respeto para que

las personas se sientan compelidas a obedecer las normas. El segundo gran

hallazgo de Tyler, que dio origen a un amplia literatura acadmica en la materia,

fue demostrar empricamente que las bases de la legitimidad de la autoridad

estn en la justicia de los procedimientos que utilizan para aplicar la ley y


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sancionar a los infractores. La denominada justicia procedimental tiene que ver

con el trato que reciben los ciudadanos del juez, del polica o de la autoridad

administrativa. Un procedimiento que sea igual y parejo para todos, en donde

las partes se sientan escuchadas y tratadas con dignidad y en donde, adems,

entiendan qu est pasando es determinante para que se produzca eso queTyler denomina legitimidad. Segn el profesor de Yale, una buena experiencia

con el polica, el juez o la autoridad administrativa puede cambiar el

comportamiento a futuro de los infractores y propiciar el deseo de acatar

voluntariamente las normas. Y una mala experiencia genera el efecto contrario.

Los hallazgos de Tyler me parecen claves para que en Mxico podamos

entender la relacin que existe entre la conflictividad social y la falta de

legitimidad de las autoridades. El (mal)trato de la autoridad con los ciudadanos

tiene un impacto decisivo en la forma en que stos se comportan en la

sociedad. Si lo que se quiere es evitar el conflicto y lograr que cada vez ms

individuos acaten voluntariamente las normas que rigen su conducta, las

autoridades deben cuidar los procedimientos que siguen para sancionar a los

infractores. El trato digno y parejo por parte de la autoridad es una buena

brjula para reducir la conflictividad y recobrar la confianza perdida.

Leer ms:http://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=72788#ixzz3nZeW18rr


Presidente perdido

Denise Dresser28 Sep. 2015

Enrique Pea Nieto parece estar contento consigo mismo, siempre. Enrique

Pea Nieto dice que el pas se mueve, se mueve. Enrique Pea Nieto

argumenta que no es necesario cambiar nada, absolutamente nada. Con ello el

Presidente demuestra que padece un autismo poltico -con perdn para los

autistas- que alarma y manifiesta todos sus sntomas. Como cualquier autista,

re sin tener motivos aparentes para hacerlo; acta como si estuviera sordo; no
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tiene ninguna apreciacin del peligro; habita un mundo propio. Un mundo raro.

Un planeta paralelo.

Sus discursos lo revelan, su reaccin inapropiada ante Ayotzinapa lo

ejemplifica, el nombramiento de Arturo Escobar lo confirma. El Presidente viveen una burbuja. Vive sin entender la realidad que lo rodea. Repite palabras y

frases de manera obsesiva, como la noche del Grito de Independencia, ante un

Zcalo semivaco. No responde de manera normal frente a los estmulos

externos. Ha desarrollado una discapacidad que afecta el desarrollo de su

gestin y amenaza con despedazarla. Su cerebro no funciona como el de un

poltico que quiere y sabe cmo usar el poder. No reacciona como un lder con

reflejos rpidos frente a retos permanentes. Se le ve desenganchado, se le ve

desorientado, se le ve cada da ms distante del pas que dirige. Viaja a Nueva

York en vez de liderar el luto nacional sobre Ayotzinapa.

La anormalidad es cada vez ms evidente. El desfase es cada vez ms

preocupante. Los sntomas estn all y emergen a diario. El Presidente afirma

que su gobierno est comprometido con la verdad cuando -en caso tras caso-

la PGR parece empeada en ocultarla. El Presidente apela a indicadores

verificables y medibles, cuando la mayor parte de la poblacin dice creerle poco

o nada cuando los reitera. El Presidente habla de la reinvencin del sistema de

procuracin de justicia y el combate a la corrupcin, cuando el caso de OHLdemuestra que no es as. El Presidente habla de estrategias econmicas que

han dado resultados, cuando millones de mexicanos sienten que su situacin

econmica ha empeorado.

Pero como todos los autistas polticos, Pea Nieto enfrenta un dficit de

sensibilidad. Al igual que los pobladores de mundos propios, se resiste al

cambio y no cree que sea necesario llevarlo a cabo. Insiste en presentar listas

de logros aunque a nadie ayuden. Insiste en exhibir nmeros aunque sean

polticamente irrelevantes. Insiste en hablar de leyes que ha impulsado aunquesigan tan atoradas como el Sistema Nacional Anticorrupcin. Insiste en la

eficacia de las instituciones aunque la poblacin no concurra. Insiste en

mantener en el puesto a Gerardo Ruiz Esparza aunque los costos polticos

sean cada vez ms altos. El Presidente gobierna el pas que existe nicamente

en su cabeza y no encuentra referentes en la realidad.

Por ello no sorprende que -como los autistas- tenga problemas para comunicar

su mensaje. Por ello no llama la atencin que -como los autistas- enfrente

dificultades para entenderse con los padres de Ayotzinapa. Por ello es


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explicable que -como los autistas- insista en rutinas, rituales, movimientos

repetitivos. No puede evitarlo, no puede controlarlo, no puede aliviar un mal que

ni siquiera comprende. No reacciona ante las mismas experiencias como lo

hace la mayora de los mexicanos. No pide ayuda porque no cree que la

necesita. No entiende la tristeza que despierta su gobierno porque es incapazde sentirla en carne propia. Sin saber cmo reaccionar ante Ayotzinapa,

Tlatlaya, Tanhuato, Ostula, la fuga de El Chapo, la Casa Blanca, OHL, los

conflictos de inters, la depreciacin del peso y de la imagen internacional que

construy, el Presidente ha perdido el piso. Tumbado sobre l y con la mirada

perdida, Pea Nieto no entiende o desestima las crticas. No sabe por qu la

prensa internacional repite un diagnstico de confusin, estancamiento,

depresin, desnimo, desorientacin.

Para mala fortuna de los mexicanos, el autismo es incurable. La enfermedad

presidencial no tiene remedio ni salvacin. Enrique Pea Nieto continuar

exhibiendo la conducta que lo ha caracterizado, continuar demostrando la falta

de realismo que lo ha acorralado, continuar viviendo la fantasa sobre s

mismo que Televisa le ayud a elaborar y a vender. Mxico est en la frontera

del caos y el Presidente no sabe qu hacer. Mxico enfrenta la tormenta

perfecta y el Presidente cree que tan slo es una llovizna. Al pas lo gobierna

alguien que dice transformar la realidad cuando se rehsa a aprehenderla.

Mxico llora y su Presidente slo sabe sonrer.


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La cuatitud

Denise Dresser24 Ago. 2015
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"Que quien me investigue sea mi cuate para ver si favorec a mi cuate", escribi

la periodista Katia D'Artigues. He all la frase lapidaria que resume la

investigacin sobre el conflicto de inters en Mxico. He all el resultado de

llevar a cabo un proceso en el que quien decide si hubo conflicto de inters

-Virgilio Andrade- lleg al puesto con un conflicto de inters. He all el precio deque un empleado evale a su empleador en lugar de que un fiscal

independiente lo haga. Todos exonerados, nadie acusado. Todos impolutos,

nadie culpable. Todos actuando dentro de la ley, nadie en esa zona gris que

permite violar su espritu. La cuatitud. El trfico de influencias. Los privilegios.

Los favores. Y las exoneraciones a modo.

Despus de 6 meses de investigacin, un expediente de ms de mil cuartillas,

entrevistas con 111 funcionarios, revisin de cheques y contratos, y el

escrutinio de contratos gubernamentales con el Grupo Higa, lo nico que hizo

Virgilio Andrade fue exponer cmo (mal) funciona el pas. Lo nico que logr

fue evidenciar aquello que se ha vuelto cada vez ms obvio. Las relaciones

opacas, personales y discrecionales que rigen la vida pblica y empresarial del

pas. La elasticidad en el concepto de "funcionario pblico" y las

responsabilidades que entraa. La toxicidad con la cual Televisa participa en la

poltica, en la construccin de la pareja presidencial, y en la actuacin que ha

tenido y tendr. Las implicaciones que tiene para la rendicin de cuentas la

ausencia de instituciones y autoridades autnomas capaces de asegurarla. Lasleyes elaboradas para que el conflicto de inters ni siquiera sea conflicto.

Por ello Virgilio Andrade puede encabezar y divulgar una investigacin que

constituye una burla a la inteligencia de la poblacin. Una investigacin que no

pasara la prueba de la probidad en cualquier democracia. Una investigacin

donde se deja de lado lo que llev a las "interpretaciones" indignadas pero

errneas segn Enrique Pea Nieto. Que el secretario de Hacienda, Luis

Videgaray, obtuvo un prstamo no bancario a una tasa del 5 por ciento de

inters para comprar una casa a menos de su precio de mercado a unempresario que tiene 22 contratos celebrados con el gobierno. Que Anglica

Rivera obtuvo un bono y una casa al salir de Televisa, a la par de facilidades

inusitadas con las que cualquier otro ciudadano no cuenta para construir y

pagar la Casa Blanca. Que Enrique Pea Nieto compr la casa de Ixtapan de la

Sal a otro contratista beneficiado del gobierno, pero lo hizo cuando no era

"funcionario pblico". Que el Grupo Higa no ha recibido trato preferencial

porque 111 funcionarios lo niegan, porque no existen documentos que lo

prueben, porque las normas que regulan el conflicto de inters son tan vagas

que lo validan.


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Y por eso las preguntas para las cuales no hay una respuesta gubernamental

creble. Si no hubo presiones e intervenciones y favoritismo para el Grupo Higa

por qu se cancel la "impoluta" licitacin del tren Mxico-Quertaro? Si no

hubo conflicto de inters ni trfico de influencias en la compra de la CasaBlanca, por qu Anglica Rivera la devolvi a Grupo Higa en diciembre 2014 y

por qu tardaron 6 meses en anunciar que eso haba sucedido? Si Televisa

rutinariamente paga jugosos bonos y lujosas casas a actrices cuando dejan de

trabajar para la empresa acaso sus accionistas lo saben y forma parte de los

reportes anuales exigidos por las autoridades regulatorias estadounidenses? Si

es posible llevar a cabo todas estas actividades sin sancin de la ley no hay

algo muy mal con la ley?

La ley hecha para poder otorgarle contratos a cuates. Para poder comprarles

casas en trminos privilegiados. Para poder ser Presidente electo o jefe de

campaa sin ser catalogado como "funcionario pblico". Para que las

responsabilidades administrativas de servidores pblicos en Mxico permitan

hacer lo que hicieron Enrique Pea Nieto, Anglica Rivera, Luis Videgaray,

Juan Armando Hinojosa y Ricardo Arturo San Romn sin que esto sea

considerado punible. Para que lo que en otros pases es considerado un claro

conflicto de inters aqu slo sea un malentendido. Para que el encargado de

aclararlo no cuente con la independencia poltica, legal o financiera queapuntale su credibilidad. Lo que necesitamos entonces no es una disculpa

presidencial ni un mea culpa del secretario de Hacienda. Lo que urge es

adoptar las mejores leyes y las mejores prcticas internacionales para combatir

el conflicto de inters. Y eliminar la cuatitud en lugar de institucionalizarla.


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Romper el cochinito

Denise Dresser31 Ago. 2015
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El cochinito. Ese dinero que los partidos guardan como si fuera suyo. Como si

la clase poltica tuviera el derecho de retener recursos pblicos donde quisiera,

cuando quisiera. Como si el financiamiento pblico a los partidos no proviniera

directamente de aquello que se le descuenta a la poblacin va los impuestos.

Como si los partidos tuvieran derecho a apropirselo libremente. Ese es elmensaje que el INE envi al permitir -en una resolucin del 20 de julio- que los

partidos pudieran quedarse con el remanente del dinero que les fue entregado

para la obtencin del voto en 2015. En lugar de reintegrarlo a la Tesorera de la

Federacin pueden quedrselo y sin especificar para qu. El remanente

regalado. El dinero nuestro que ahora se vuelve suyo e ilegalmente.

Porque lo resuelto arbitrariamente por el INE viola los artculos 41, fraccin II y

134, primer prrafo de la Constitucin federal. Porque ese rgano carece de

facultades para decidir qu pueden hacer los partidos con los remanentes que

recibirn. Porque el financiamiento pblico a los partidos es dinero etiquetado

para actividades especficas y el remanente de 286 millones de pesos no

tendr un destino claro. Por ello Transparencia Mexicana y 32 escritores,

activistas y analistas hemos presentado un amparo en contra el INE y la

decisin de regalarle a los partidos dinero que no les corresponde. Un amparo

contra la modificacin arbitraria en el uso de los recursos pblicos. Un amparo

en favor de la ciudadana y nuestro "inters legtimo", dado que quienes

estamos inscritos en el padrn electoral formamos parte de una variable paracalcular el monto del financiamiento pblico que reciben los partidos. Dinero

nuestro que ahora se reapropian inconstitucionalmente gracias a la autoridad

electoral.

El Estado canaliza recursos para asegurar la equidad entre los partidos y ahora

esos flujos ascendentes contribuyen a su "cartelizacin". Las diversas reformas

de la transicin han producido partidos que son crteles de la poltica y operan

como tales. Deciden quin participa en ella y quin no; deciden cunto dinero

les toca y cmo reportarlo; deciden las reglas del juego y resisten demandaspara su reformulacin; deciden cmo proteger su feudo y erigen barreras de

entrada ante quienes -como los candidatos ciudadanos- intentan

democratizarlo. Partidos que canalizan el dinero pblico para pagar actividades

poco relacionadas con el bienestar de la sociedad. Organizaciones

multimillonarias que en lugar de transmitir demandas legtimas desde abajo,

ofrecen empleo permanente a los de arriba. Organizaciones autnomas que

extraen sin representar y usan recursos de la ciudadana sin explicar puntual y

cabalmente su destino. Agencias de colocacin para una clase poltica

financiada por los mexicanos, pero impermeable ante sus demandas.


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Hemos creado una partidocracia que ms bien parece una cleptocracia; un

engranaje que arrebata en nombre de la democracia pero merma su calidad.

Un crculo vicioso creado por personas que se incorporan a partidos polticos

que viven del financiamiento pblico, cuyo origen es el dinero de loscontribuyentes. Esos partidos polticos postulan diputados y senadores que

pasan a conformar el Congreso. Ese Congreso se encarga de elaborar las

leyes que rigen la contienda electoral, de aprobar el presupuesto del INE, de

elegir a sus consejeros cuya autonoma se ha vuelto inexistente. Cada eleccin

el crculo vicioso comienza de nuevo, empoderando a la clase poltica del pas

pero saqueando a sus habitantes.

All estn los resultados. Elecciones competitivas pero demasiado caras.

Partidos bien financiados pero poco representativos. Contiendas equitativas

pero donde todos tienen la misma capacidad para gastar sumas

multimillonarias. Reglas polticas que aseguran una democracia electoral pero

inhiben una democracia que rinda cuentas. Partidos cartelizados que con la

complicidad de la autoridad electoral pueden violar las reglas pero continuar

compitiendo y enriquecindose. Una democracia onerosa para el pas y frsica

para los contribuyentes que la financian.

Utilizar los impuestos para asegurar las ventajas inconstitucionales de lospartidos no es democracia sino despojo. Es arrebato. Es abuso. As se seguir

percibiendo lo que cuesta la democracia hasta que alguien en el Poder Judicial

atienda nuestro amparo y ponga un alto; hasta que alguien diga que el INE y

los partidos estn violando la Constitucin; hasta que alguien acote los

privilegios partidistas y rompa el cochinito que quieren seguir engordando.


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Mentira histrica

Denise Dresser

07 Sep. 2015
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Ayotzinapa otra vez. Ayotzinapa de nuevo. Ayotzinapa la herida que no cierra

porque nos mintieron sobre qu la provoc. La herida supurante porque la cura

fue una farsa. Esa "verdad histrica" que ahora resulta ser "mentira histrica".

Esa versin que nos dio el entonces procurador Murillo Karam ahora

desnudada, descubierta, evidenciada por el Grupo Interdisciplinario deExpertos Independientes nombrado por la Comisin Interamericana de

Derechos Humanos. All en 425 pginas repletas de grficas, peritajes,

testimonios, entrevistas, lo que realmente ocurri esa noche del 26 de

septiembre, la noche ms triste. All la evidencia que el Estado mexicano no

supo elucidar por incompetencia. O negligencia. O complicidad. O

encubrimiento.

Porque hay tanto que result no ser cierto en la versin oficial de los hechos.

Que los estudiantes de Ayotzinapa iban armados. Que pertenecan a un grupo

criminal denominado Los Rojos. Que fueron a Iguala a interrumpir el acto de la

esposa del presidente municipal de Iguala. Que fueron entregados por la polica

municipal a Guerreros Unidos. Falsedad tras falsedad. Invencin tras invencin.

Mentira tras mentira. Y la ms importante de todas, la que ms cala: nunca

hubo una pira gigantesca en el basurero de Cocula. Nunca hubo 43 normalistas

incinerados all. Nunca fueron quemados con lea y neumticos como los

supuestos perpetradores afirmaron y la Procuradura confirm. La verdad es

otra, muy distante, muy distinta.

La verdad de normalistas que fueron a botear y a tomar autobuses a

Chilpancingo para suplir sus necesidades, como lo haban hecho durante aos

sin incidentes de violencia o sancin. Los propios choferes de los camiones

tenan instrucciones de diversas compaas de acompaar a los muchachos y

reciban incluso su sueldo por hacerlo. Acabaron en Iguala por motivos

puramente circunstanciales y no por razones polticas o con una agenda de

confrontacin criminal. Acabaron en un lugar equivocado, en un momento

equivocado, en un transporte equivocado. Cinco autobuses que fueronatacados por la polica municipal en el momento de salir de la central. Rfagas

de balas, tiroteos no al aire sino a los muchachos, violencia inexplicable y en

ascenso conforme transcurri la noche. 9 episodios a lo largo de la zona, con

muertos y heridos. Y durante esta jornada trgica, agentes del Estado -la

polica federal, la polica municipal y miembros del Batalln 27 del Ejrcito,

miembros del C4- estuvieron en comunicacin. Algunos atacando a los

estudiantes, algunos abstenindose de protegerlos.

Fue el Estado por accin o por omisin. Fue el Estado en un esfuerzo por


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encubrir lo que realmente ocurri, con la historia de una incineracin que nunca

fue. Que nunca ocurri. Un perito de talla internacional -Jos Torero- lo

constata: no hay evidencia cientfica para sustentar la tesis de una pira. No hay

evidencia. No hay restos. Lo que s hay es una historia fabricada por la PGR y

presentada como versin final, imprescindible para voltear la pgina, cerrar ellibro, "superar" Ayotzinapa como nos conminaron. La culpa fue solo de Abarca

y la polica municipal y Guerreros Unidos cuando la narrativa es mucho ms

compleja y toca a quienes quisieran permanecer intocables.

Hoy el paradero de los 43 estudiantes que fueron subidos a 6 patrullas de la

polica sigue siendo un enigma. Hoy lo ocurrido despus de ese secuestro

sigue siendo un misterio. El Grupo Interdisciplinario habla de un operativo

coordinado por alguien que no logran identificar. Habla de un quinto autobs

que desapareci y que quizs contena droga. Habla de la posibilidad de una

red de narcotrfico basada en Guerrero que usa autobuses como forma de

transporte de estupefacientes. Habla de todo aquello que falta por investigar,

procesar, recabar. Lo que Mxico necesita saber para explicar el grado de

violencia y de agresin desatado contra 43 muchachos desarmados. Por qu

el objetivo de la polica y el Ejrcito fue impedir que los autobuses con

normalistas salieran de Iguala esa noche, a toda costa?

El GIEI pone el dedo en la llaga. Escenas del crimen que no han sidoprocesadas an por la PGR. Investigaciones sobre hornos de incineracin en la

zona todava pendientes. Expedientes repletos de contradicciones y testimonios

falsos. Confesiones insostenibles extradas bajo tortura. Adems de la agenda

pendiente que el Estado mexicano debe encarar: la desaparicin forzosa de

miles de mexicanos y cmo impedir que siga ocurriendo. Cmo impedir ms

"verdades histricas" que terminan siendo mentiras enmascaradas.


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Gobernar mintiendo
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Preguntas sobre Ayotzinapa para la PGR:

1) Por qu si dicen que van a incorporar las recomendaciones del Grupo

Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) al caso Ayotzinapa, insisten

en hacer nuevos peritajes en el basurero de Cocula, cuando el Informe asienta

de manera contundente que 43 estudiantes no fueron incinerados all?

2) Por qu a pocas horas de que el Informe fuera presentado ya haba medios

mexicanos tratando de desacreditarlo, presentando entrevistas con peritos que

nunca han estado en el basurero de Cocula?

3) Por qu en condiciones mejores para incinerar cuerpos -Pueblo Viejo, por

ejemplo- quedan restos de huesos que en Cocula son inexistentes?

4) Por qu la PGR ignora tantas contradicciones en el expediente sobre el

basurero, arribaron a conclusiones equivocadas sobre una incineracin all sin

bases y usando a peritos con poco entrenamiento?

5) Por qu siguen centrando la atencin en el basurero cuando el Informerevela tantas otras lneas de investigacin por seguir, que la PGR nunca tom

en cuenta?

6) Si hay nuevos peritajes se compromete la PGR a que participe el perito

nombrado por el Grupo Interdisciplinario, Jos Torero?

7) Por qu la "verdad histrica" presentada por Murillo Karam jams mencion

la participacin de la polica federal y estatal en los incidentes de Iguala y

coloc toda la culpa sobre la polica municipal?

8) Por qu la "verdad histrica" de Murillo Karam se bas exclusivamente en

funcin de las declaraciones -ahora comprobadas como falsas- de los

imputados?

9) Qu dice la PGR ante el hecho de que la polica federal minti

descaradamente, diciendo que esa noche todos sus miembros estaban

acuartelados, cuando en realidad estuvo presente en muchos de los incidentes

de violencia?


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10) Por qu la PGR intent "encapsular" la narrativa, centrndola en Jos Luis

Abarca, cuando haba muchos ms elementos de seguridad involucrados?

11) Por qu parecera que la PGR y sus aliados estn tratando de desviar laatencin de lo que el Informe revela, en particular el involucramiento de los

diferentes niveles de la polica, la presencia del Ejrcito, y la existencia de un

quinto autobs?

12) Por qu a la hora en que el GIEI detecta la presencia de un quinto autobs

y pide verlo, le muestran uno que no corresponde con los videos obtenidos?

13) Por qu la PGR no ha dicho que va a concentrar su atencin en descubrir

la identidad de la persona que, segn el Informe de GIEI, coordin la operacin

contra los estudiantes esa noche?

14) Va a hacer pblica la PGR el contenido de las comunicaciones sostenidas

en el C4 -entre la polica municipal, estatal, federal y el Ejrcito- el 26 de

septiembre? Explicar la PGR por qu hay silencios y cortes en esas

comunicaciones?

15) Si el Presidente es el jefe de las Fuerzas Armadas, por qu no ordena a laSedena que permita al Grupo Interdisciplinario entrevistar a los miembros del

Batalln 27 de Iguala, cosa que la Sedena se ha negado a hacer? O acaso la

Sedena se gobierna sola?

16) Por qu la PGR nunca inform de la ropa de varios normalistas que

encontr y posea y no cuid como evidencia de la manera que deba haberlo

hecho?

17) Por qu la PGR no ha declarado que har la investigacin sugerida por elGIEI sobre todos los hornos crematorios -pblicos y privados- de la zona?

18) Cmo explican las contradicciones en las declaraciones del chofer de uno

de los autobuses? Cmo explican que declara una cosa en el expediente pero

entrega una hoja escrita a mano con una versin distinta?

19) Por qu el equipo responsable de la "verdad histrica" -con la excepcin

de Murillo Karam- sigue all, cuando cometi tantos errores, ahora evidenciados

internacionalmente?


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20) Est la PGR dispuesta a poner a la disposicin del GIEI un grupo de

investigacin diferente, ms dispuesto a esclarecer que retrasar u ocultar u

omitir?

21) Est la PGR dispuesta a ampliar la investigacin para saber si

efectivamente el quinto autobs estaba involucrado en la transportacin de

droga? Colaborara la PGR con la DEA y otras instancias internacionales para

averiguarlo y detectar qu tan grande es la red de narcotrfico y a quin

incluye?

22) Est dispuesta la PGR a limpiar la investigacin amaada de la "verdad

histrica", proceder por nuevas rutas y romper los pactos de silencio que se

han establecido entre las diferentes corporaciones involucradas? O seguir

mintiendo?


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Parar el 'premio'


Para el gobierno de Enrique Pea Nieto, la opinin pblica es como la carabina

de Ambrosio: un objeto intil. Algo que se puede ignorar. Algo que no sirve

excepto a la hora en la cual hay que convencerla de votar. Y tan es as que elPresidente designa a un delincuente para prevenir el delito. Nombra a Arturo

Escobar, ex vocero del Partido Verde, como subsecretario de Gobernacin,

encargado de prevenir el crimen y promover la participacin ciudadana.

Ignorando la trayectoria maloliente de un marrullero. Ignorando la hoja de vida

de alguien que se ha dedicado a violar la letra y el espritu de la ley. Pero eso

no importa. Lo que a Pea Nieto le preocupa no es nombrar a un funcionario

eficaz sino premiar a un operador obediente.

Basta con recordar cmo Escobar describi su nombramiento: fue un "premio".
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Una recompensa por los votos que el Verde provey, las multas que acumul,

la legislacin electoral que viol, las autoridades electorales que dobleg. Todo

ello para que el PRI pudiera mantenerse en el poder apoyado en una marca

menos manchada que la suya. Todo ello para inaugurar una estrategia que

llev a la supremaca electoral en el 2015 y que llevar a la victoria presidencialen 2018. Y Escobar sonriente recibe el trofeo por las mejores trapaceras.

Recibe el honor por el deshonor. Ostenta la medalla que el Presidente le coloca

y la muestra orgullosamente, como si ambos no supieran qu significa. La

validacin de la colusin. La celebracin de la ilegalidad. La muestra de cmo

funciona la democracia mexicana: a base de cachetadas con guante verde que

el priismo le propina a la poblacin.

Porque no hay otra manera de interpretar el nombramiento. Es un acto de

arrogancia. Es un acto de insensibilidad. Es un acto en el cual se le manda un

mensaje a todas las personas y organizaciones que luchan para prevenir el

delito: lo que ustedes piensen, exijan o digan nos importa lo mismo que un

comino, lo mismo que una carabina descargada. Y corre en sentido contrario a

lo que la actual administracin impuls: una poltica y un programa de

Prevencin Social de la Violencia y la Delincuencia que cre grandes

expectativas. Algo que fue aplaudido, aceptado, impulsado. Algo a lo cual

cientos de personas provenientes de la sociedad civil dedicaron su

conocimiento, su experiencia, su talento, su buena voluntad. Vieron cmo laSubsecretara fue aprendiendo y promoviendo las mejores prcticas. Vieron

cmo empez a crear nuevas herramientas para lidiar con viejos problemas.

Pero el nombramiento de Escobar no concuerda con la construccin, sino ms

bien sugiere la destruccin. Si es fiel a los principios de su partido, utilizar al

Pronapred para pagar complicidades, construir clientelas, y disponer

patrimonialmente del presupuesto. Si es un reflejo de lo que el Verde enarbol,

asumir una postura punitiva, divisoria, y vengativa como la diseminada en

cineminutos a lo largo del pas. Porque esa es su naturaleza y la del partidoque encabez. As se han comportado y se seguirn comportando:

corrompiendo, simulando, mintiendo, burlndose de la ley y de la democracia.

El partido ecologista que nunca ha dejado de ser priista.

Como lo demostr cuando fue detenido en el aeropuerto de Chiapas -en

temporada electoral- cargando una maleta con miles de pesos en efectivo cuyo

origen no supo explicar. Alguien as no merece ser premiado ni designado ni

colocado al frente de una subsecretara encargada de prevenir lo que l ha

promovido. Alguien as no es un servidor pblico en el cual se pueda confiar ni


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con el cual es posible dialogar. No tiene experiencia en el tema de prevencin

del delito. No tiene la menor idea sobre el diagnstico que hizo Mxico Evala,

sobre el Pronapred subrayando sus buenas intenciones, acentuando sus

limitaciones, proponiendo recomendaciones. Lo que s tiene es el aval

presidencial a una carrera construida a base de corruptelas y chanchullos.

Es por ello que decenas de organizaciones de la sociedad civil y acadmicos y

expertos en prevencin del delito rechazan la peticin que hiciera el secretario

de Gobernacin al nombrarlo: "dejemos que los hechos hablen". Los hechos ya

hablaron. Arturo Escobar no es un admirable servidor pblico sino un

abominable cmplice. No es un eficaz funcionario que se aboca a cumplir la ley

sino un saboteador de su cumplimiento. No es un un aliado de la sociedad civil

sino alguien que ha sido premiado por ignorarla. Ser insuficiente suspender el

dilogo con el nuevo subsecretario como algunos han sugerido; habra que

revocar el premio y arrebatrselo.


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Estado menguante

Diego Valads21 Jul. 2015

La fuga de una prisin de alta seguridad es ms que un episodio de corrupcin

e ineptitud o que un simple asunto penitenciario: es la exhibicin de un Estado

exange.

Todas las instituciones requieren ajustes peridicos. Cuando las correcciones

requeridas se van retrasando o son mal diseadas se corre el peligro de que el

conjunto institucional entre en la zona de problemas. Por lo general una crisis

de esa magnitud es el resultado de un largo periodo de indiferencia por losasuntos del Estado.
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Al llegar a la situacin crtica suele dominar el desconcierto entre los

gobernantes y entre los gobernados, por igual, y se propende a buscar

explicaciones simplistas y culpables inmediatos. Este reduccionismo dificulta

valorar la magnitud de las carencias a superar y, por ende, obstaculiza lassoluciones.

Si quienes tienen la responsabilidad de conducir los procesos del poder

confunden los efectos con las causas, todo lo complican. No hay peor dolencia

que la ignorada. La inconsciencia de lo que ocurre acenta el deterioro del

Estado.

Cuando lo que se desconoce o lo que se niega es una cuestin tan grave como

la mengua del Estado, las posibilidades de encontrar soluciones se alejan. Esto

tiene muchas implicaciones porque la recuperacin de la normalidad en la vida

de un Estado no es algo que se produzca de sbito. Hasta en tanto los

remedios no sean definidos y puestos en vigor, para que luego surtan sus

efectos paulatinos, el sufrimiento colectivo tender a aumentar.

Es difcil precisar el momento en que comenz el declive del Estado

constitucional mexicano; lo demostrable es que en el ltimo lustro del siglo

anterior las voces de alarma ya se haban disparado e indicaban la urgencia dereformarlo. En 2000 el triunfo de la oposicin puso fin a una larga hegemona y

gener tal euforia que aquellas voces quedaron aisladas y se volvieron

inaudibles. Se crey que la alternancia bastaba para consolidar la democracia y

se desatendieron los desafos reales, por lo que el Estado declinante dej de

tener visibilidad.

En seguida de la polmica eleccin de 2006 hubo discretos intentos de reforma

pero los interlocutores no se entendieron y una vez ms el momento escap.

Luego vino la eclosin de la violencia y lo policial desplaz a lo poltico. En2012 y los primeros meses del siguiente ao el tema energtico polariz a la

sociedad y de nueva cuenta distrajo su atencin.

En suma, los asuntos coyunturales han prevalecido, tendiendo un velo sobre el

progresivo menoscabo del Estado, pese a que desde hace tiempo presenta

sntomas crecientes de agravamiento.

Por crtica que sea su posicin, los Estados no desaparecen, slo se

transforman. El aparato de poder siempre est all, funcionando bien o mal. La


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disfuncionalidad exige correctivos pero por s sola no los desencadena; un

Estado puede prolongarse por tiempo indefinido en circunstancias de

precariedad, con los consiguientes sinsabores de los gobernantes y

padecimientos de los gobernados. El clamor por un Estado de derecho pasa

por alto que lo primero es restablecer la salud del Estado mismo.

El Estado funcional, o sea el que dispone de los medios suficientes para

alcanzar sus objetivos, tiene dos expresiones antitticas: la elemental, forjada

conforme al instinto del poder primario, en la cual los dirigentes utilizan a su

arbitrio los mecanismos de dominacin, y la racional, que atiende a las

expectativas de libertad y equidad y a las exigencias de responsabilidad y

control. Entre esas dos modalidades se acomodan muchas variantes

intermedias.

Lo anterior significa que lo mismo se podr emprender la reconstruccin del

Estado que seguir acumulando casos de ineptitud, corrupcin, violencia,

inequidad y marginacin. Tampoco hay que descartar que nos deslicemos

hacia la demagogia constitucional, de la que hay varios ejemplos en nuestro

hemisferio. Quedar atrapados por el marasmo o tomar el tobogn de las

soluciones desesperadas son nuestros riesgos mayores.

Hasta hace unos lustros las carencias del Estado se localizaban en laestructura del poder; hoy tambin incluyen la prdida de confianza y por tanto

un profundo escepticismo colectivo. El Estado menguante genera sus propias

inercias; ser necesario un esfuerzo ciclpeo para revertirlas.

Para tomar las decisiones correctas lo primero es reconocer el tamao del

problema. Los paliativos, como las reformas legales que ya se plantean, slo

serviran para seguir perdiendo el tiempo.


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Pobreza vs. Constitucin

Diego Valads
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04 Ago. 2015

La principal funcin de las normas es regular conductas actuales, pero en

materia constitucional se acepta que, sin demrito de su eficacia, tambin

pueden tener un papel orientador en cuanto a las polticas del Estado. A estasreglas se las conoce como programticas.

El mayor inconveniente de ese tipo de enunciados es que pueden ser una va

para eludir las obligaciones que impone el ejercicio del poder, e incluso para

que la sociedad confe en lo que de antemano se sabe que tal vez no ocurra.

Muchas veces, para no darse a la tarea de satisfacer las expectativas sociales

mediante acciones concretas, se toma la va fcil y rpida de reformar o

adicionar una serie de disposiciones y con esto se pretende dar por atendidas

las exigencias de la comunidad. Cuando esto sucede se pervierte el sentido del

derecho y se auspician actitudes escpticas entre los gobernados.

En 1917 la Constitucin gener grandes ilusiones entre los mexicanos en

cuanto a reivindicaciones sociales. Conforme a lo dispuesto, millones de

campesinos y trabajadores recibieron respuestas que no por modestas dejaron

de ser alentadoras. Fue lo suficiente para generar un ambiente de confianza en

la ley y en la autoridad.

Pero eso no poda durar para siempre y lleg un momento en el que ya no

hubo cmo alimentar la esperanza porque no quedaban tierras por repartir ni

prestaciones laborales por aadir. Entonces los artculos 27 y 123 cedieron su

primaca ante el artculo 4o., que devino en un nuevo repertorio de deseos

transformados en derechos: agua suficiente, alimento bastante, ambiente sano,

bienestar infantil, cultura general, salud atendida, vivienda digna.

En algunos casos se legisl con prudencia, pero en otros el Estado se impuso

a s mismo los compromisos de garantizar agua para consumo personal ydomstico "en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible", "alimentacin

nutritiva, suficiente y de calidad", y "alimentacin, salud, educacin y sano

esparcimiento" para la niez. Ni siquiera se advirti la redundancia de

"garantizar" a los menores lo que hipotticamente est asegurado para todos.

El "derecho programtico" es cuestionable como concepto porque su

obligatoriedad se diluye al atribuirle una simple intencin, y se vuelve fantasa

cuando adems adquiere la apariencia de "garanta". Una garanta no es una

promesa indeterminada para hacer algo cuando se pueda; es el medio que


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permite exigir de inmediato lo preceptuado. Hablar de garantas a sabiendas de

que se carece de los mecanismos para que lo prescrito sea realizable, es

engaarse y engaar.

El lenguaje grandilocuente con el que se ha reformado la Constitucin en lasltimas dcadas tiene por objeto aplacar la inconformidad social y hacer creer

que los problemas quedan resueltos por arte de la ley. Es una de las tantas

deformaciones que afectan la adhesin social a la carta suprema del pas y que

la han convertido en un catlogo de ficciones formuladas con un propsito

diversivo. Se olvida que el contraste con la normalidad es veneno para la

norma.

Esa es una estrategia contraproducente porque ahora el drama social de la

pobreza significa tambin un conflicto constitucional, en tanto que cada

persona a la que no se provean agua y alimento, y cada nio sin salud, escuela

ni esparcimiento, representan nada menos que una violacin a la letra expresa

de la Constitucin.

El Coneval, institucin prestigiada, indica que 11.5 millones de mexicanos no

tienen agua potable ni comida a su alcance y que, por aadidura, en su

mayora son indgenas. Con esto se infringen asimismo otras "garantas" dadas

por el Estado mexicano, en este caso para el "desarrollo integral" de losindgenas y para prohibir "toda discriminacin", incluida la "motivada por el

origen tnico".

No sugiero que el Estado retracte sus normas, porque hacerlo sera an ms

regresivo; slo recomiendo que se abstenga de presentar como un xito lo que

conforme a la Constitucin es indefendible. Conviene, asimismo, que la

dependencia encargada de las acciones de bienestar social deje de ser una

dependencia gubernamental, con potenciales sesgos clientelares, para

convertirse en un rgano de relevancia constitucional con gestin autnoma.

Si existen rganos de ese gnero para defender los derechos humanos y para

acceder a la informacin, por ejemplo, es tiempo de hacer algo semejante a

efecto de disponer de los medios para cumplir con las garantas que la

Constitucin otorga a los pobres.

@dvalades


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Confianza y Estado de derecho

Diego Valads18 Ago. 2015

"No se puede confiar en medio del caos", afirm Niklas Luhmann.

En efecto, la confusin afecta las complejas formas de interaccin que

propician la confianza. De ah la relevancia de la encuesta sobre ese asunto

realizada por Reforma.

Entre abril de 2013 y agosto de 2015 los indicadores apuntan en un sentido

descendente de la confianza en todas las reas medidas. El Ejrcito pas del

69% al 52; la Iglesia Catlica del 59 al 54; la Comisin Nacional de losDerechos Humanos del 55 al 35; el Instituto Nacional Electoral del 50 al 34; el

gobierno federal del 46 al 27; el Congreso del 29 al 24; la Suprema Corte del

42 al 24; la polica del 32 al 20 y los partidos del 25 al 16. Lo que vari en cada

caso fue la magnitud, no la tendencia a la baja.

La lectura de esos registros no nos puede dejar indiferentes. La medicin fue

sobre las instituciones, no acerca de las personas, de manera que el fenmeno

que debe ser atendido es ese, el institucional. Una primera lectura nos indica

que las dos corporaciones mejor posicionadas, Ejrcito e Iglesia, apenasinspiran confianza a poco ms de la mitad de los mexicanos.

Si de ese universo institucional slo nos quedamos con los tres rganos que

realizan funciones concernidas con la generacin y la aplicacin de normas:

Congreso, gobierno y judicatura, encontraremos que al menos siete de cada

diez mexicanos les desconfan. Esto es excesivo. Implica, sin eufemismos, que

una gran parte de la sociedad reprueba al elenco completo del poder

constitucional.
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Cuando se plantea el problema del Estado de derecho entre nosotros, no

podemos ignorar el significado de esos datos. Con independencia de los

nmeros, lo llamativo es la disminucin continua de la confianza, sin que en

ninguno de los casos medidos se haya observado siquiera una oscilacin.

Hace poco ms de dos aos el panorama ya era digno de alarma; ahora, sinada se hace para revertir ese proceso decreciente, cuesta trabajo imaginar en

qu punto se detendr.

Es posible que la velocidad de cada disminuya, pues de seguir el ritmo que

lleva en otro par de aos podramos llegar a una situacin inmanejable, lo cual

no se aviene con los intereses de la propia comunidad. Pero esta es slo una

apreciacin basada en que prevalecer la racionalidad, en tanto que llevar la

desconfianza mucho ms all del nivel actual implicara riesgos maysculos

para la convivencia nacional.

Por otro lado, una vez puestos en la pendiente de la desconfianza creciente,

sera ingenuo esperar que hubiera un giro espontneo en la direccin inversa.

Incluso en el supuesto de que todo se estuviera haciendo bien por parte de las

instituciones y de que los equivocados furamos los gobernados, los centros de

poder tendran que estar conscientes de que para cambiar nuestra actitud ellos

tendran que modificar previamente la suya. De no ser as, si estn decididos a

mantener su discurso y su actuacin, sin importarles la percepcin dominante,debern advertir que se exponen a que la desobediencia, resultado frecuente

de la desconfianza, se acente y que no les deje ms opcin que la coercitiva.

La desconfianza mayoritaria ya no distingue entre los tres rganos del poder

constitucional. Hace dos aos el gobierno y la judicatura inspiraban ms

confianza que el Congreso; en la actualidad estn en el mismo nivel, lo que

indica un deterioro general en la percepcin de la sociedad.

Pese a las campaas publicitarias, esa es la opinin que la sociedad tiene delconjunto del poder. No es una cuestin de imagen, es un asunto de fondo. La

sociedad asocia las desventuras nacionales con la disfuncionalidad de las

instituciones. En consecuencia la reforma del poder no es una fantasa

concebida por la academia sino una necesidad intuida por la sociedad. En

estas condiciones la iniciativa para reformar el poder ya no depende de la

visin del Estado que se tenga sino del instinto de subsistencia poltica con que

se cuente.

Entre ms descienda la confianza social en las instituciones, ms pueden


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ascender las tensiones que afectan al Estado de derecho. No hay bases

empricas para hablar de una relacin proporcional entre ambos fenmenos,

pero s de una relacin causal. La desconfianza se realimenta a s misma y

forma un nudo del que slo nos libraremos con cambios convincentes.

La confianza en las instituciones, mermada de manera progresiva, podra ser

recuperada si se hiciera un intenso ejercicio de innovacin institucional que

capturara la imaginacin del pas.


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Acceso a la justicia

Diego Valads01 Sep. 2015

Todo Estado tiene en la justicia una de sus funciones esenciales. En el casomexicano es uno de los aspectos del poder que se ha procurado robustecer,

ms por conveniencia que por conviccin.

Desde el siglo XIX, ante la ausencia de libertades pblicas se admiti la

necesidad de tutelar al menos las libertades individuales. Ah se localiza una de

las causas que contribuyeron al desarrollo del juicio de amparo, creado en

Yucatn en 1841, en plena dictadura de Antonio Lpez de Santa Anna.

Durante la dictadura porfirista y a lo largo de la hegemona de partido en elsiglo XX, el juicio de amparo continu su expansin, como demanda de un

sector jurdico del pas. Para amortiguar las exigencias democrticas, la

estrategia reformadora estuvo centrada por largo tiempo en las reas

jurisdiccional y electoral, como factores de compensacin ante otras carencias,

dejando pendientes hasta la fecha los sistemas representativo y de gobierno.

No se puede ignorar lo que se ha avanzado en el mbito de la justicia. La labor

de la Suprema Corte de Justicia ha sido crucial para el control parcial del poderen las dos ltimas dcadas. Subsisten algunos errores en el diseo institucional
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de la Corte, pero esto no afecta la calidad del trabajo que realiza.

Tambin ha contribuido a atender la cuestin de la justicia en Mxico el sistema

no jurisdiccional para la defensa de los derechos humanos, que incluye los

organismos pblicos nacional y locales, y la constelacin de organizaciones dela sociedad involucradas en esa actividad. Salvadas las deficiencias de algunos

entes pblicos estatales, el proceso evolutivo es en general positivo.

Sin embargo, nos va quedando una cuestin acerca de la cual apenas

contamos con algunas instituciones. El acceso a la justicia es tortuoso y

oneroso. Para subsanar este dficit existen algunos rganos como las

defensoras de oficio, la Procuradura Agraria, la Procuradura del Consumidor,

la Procuradura de la Defensa del Contribuyente, la Procuradura Federal de la

Defensa del Trabajo, la Comisin Nacional para la Proteccin y Defensa de los

Usuarios de los Servicios Financieros y, en fecha ms reciente, la Comisin

Ejecutiva de Atencin a Vctimas. Las procuraduras y comisiones contribuyen

a solucionar problemas de los justiciables, y las defensoras, aunque con

niveles diferentes de preparacin profesional y de recursos materiales, auxilian

a los procesados. En esta labor tambin tienen un papel muy destacado varios

organismos no gubernamentales y algunas instituciones acadmicas.

Otros organismos, como el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de laFamilia y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminacin realizan

asimismo funciones de orientacin y apoyo a quienes son afectados en sus

derechos.

Ese panorama presenta al menos cuatro grandes problemas: dispersin

institucional; heterogeneidad en el tipo de servicios; desigualdad en la calidad

de la atencin, y omisiones relevantes por cuanto a las materias. La dispersin

lleva a que cada institucin tenga sus propias reas de competencia, sin

enlaces de comunicacin y cooperacin con las dems; la heterogeneidadreside en que algunos de esos organismos son slo magistraturas de opinin

mientras que otros pueden llevar sus asuntos a los tribunales o tomar

decisiones directas; la calidad tiene que ver con la ausencia de controles y de

instrumentos para evaluar resultados, y hay omisiones porque numerosos

asuntos no son atendidos por nadie.

En cuanto a esas lagunas se incluyen las cuestiones administrativas, para slo

mencionar uno de los temas relevantes. El artculo 113 constitucional, por

ejemplo, establece la responsabilidad objetiva del Estado, pero el nmero de


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demandas es muy bajo, comparado con el de actos de afectacin cometidos

por los rganos administrativos de los niveles federal, estatal y municipal.

Para avanzar hacia el Estado de derecho conviene construir un autntico

sistema de ayuda legal, que integre muchos de esos esfuerzos dispersos y loscomplemente con las materias faltantes.

Adems, la Comisin Nacional de los Derechos Humanos y los organismos

locales equivalentes deben ser reforzados para que cuando sus acciones de

mediacin y sus recomendaciones no tengan resultados, ofrezcan apoyo

profesional a las vctimas ante los rganos jurisdiccionales. Se contara as con

sentencias vinculantes y se pondra la justicia al alcance de todos.

Sin acceso a la justicia el Estado de derecho y la democracia son inviables.

@dvalades


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Congreso maniatado

Diego Valads15 Sep. 2015

Una de las caractersticas de los Estados democrticos consiste en la facultad

de los congresos para investigar las actividades gubernamentales. En las

democracias avanzadas se considera incluso que ese acto de control poltico

forma parte de los derechos de las minoras parlamentarias.

En Estados Unidos la Constitucin no prev de manera expresa esa atribucin

del Congreso. Empero, ejercerla ha sido una de las claves del poder

congresual en ese pas. En general, de manera explcita o implcita, lasposibilidades de investigacin son una constante en los congresos y
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parlamentos donde prevalecen instituciones democrticas de control poltico.

Esas facultades se han ido consolidando en los congresos latinoamericanos.

La Constitucin de Brasil prev que "las comisiones parlamentarias de

investigacin tendrn poderes de investigacin propios de las autoridadesjudiciales"; la de Chile confiere a los diputados atribuciones para "fiscalizar los

actos del Gobierno"; en Colombia "cualquier comisin permanente podr

emplazar a toda persona natural o jurdica, para que en sesin especial rinda

declaraciones orales o escritas, que podrn exigirse bajo juramento, sobre

hechos relacionados directamente con las indagaciones que la comisin

adelante"; la norma suprema de Costa Rica dispone que el Congreso tiene

"libre acceso a todas las dependencias oficiales para realizar las

investigaciones y recabar los datos que juzguen necesarios".

En Guatemala es posible "nombrar comisiones de investigacin en asuntos

especficos de la administracin pblica, que planteen problemas de inters

nacional"; en Per "el Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier

asunto de inters pblico. Es obligatorio comparecer, por requerimiento, ante

las comisiones encargadas de tales investigaciones, bajo los mismos apremios

que se observan en el procedimiento judicial", y en Uruguay el Congreso puede

investigar "sobre irregularidades, omisiones o delitos" de los funcionarios.

Nuestro caso es distinto. Aqu el Congreso slo tiene facultades

constitucionales para investigar el funcionamiento de los organismos

descentralizados y de las empresas de participacin estatal; el gobierno es

inescrutable. A lo largo de nuestra historia constitucional ha dominado el

principio de que la estricta separacin de poderes convierte al Congreso en un

ente pasivo que no puede incomodar con sus pesquisas al Ejecutivo.

La causa est en el presidencialismo arcaico. El Ejecutivo recae en una sola

persona y la Constitucin no establece la existencia de un rgano de gobiernoseparado de esa persona. Los representantes de la nacin son simples testigos

de los acontecimientos que sacuden al pas y a lo ms que pueden llegar es a

expresar opiniones o puntos de vista, pero no a tomar decisiones, ni siquiera la

de indagar acerca de hechos que afecten a sus representados. Esto explica

que el gobierno se investigue a s mismo, o que acepte que instituciones

externas realicen las averiguaciones que los representantes de la nacin tienen

vedado llevar a cabo.

Todos los anlisis demoscpicos exhiben la baja valoracin de que es objeto el


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Congreso mexicano. Es comprensible. En el pas se suceden los casos de

corrupcin, arbitrariedad y violencia sin que el Congreso indague sus causas ni,

en consecuencia, disponga de la informacin necesaria para tomar acciones,

incluidas las de evaluar el desempeo poltico de los altos funcionarios.

En 1977, como parte de la reforma poltica, se otorg al Congreso la exigua

facultad de integrar comisiones de investigacin con relacin a los entes de la

llamada administracin pblica descentralizada. Fue una concesin modesta,

pero an as se le dieron al Congreso atribuciones pesquisidoras sobre los

centenares de organismos entonces existentes. Esa rea del Estado se fue

empequeeciendo y con ello se contrajo tambin la facultad indagatoria del

Congreso.

Tres dcadas despus, en 2008, la Constitucin facult a las Cmaras para

formular preguntas a los titulares de "las dependencias y entidades del

gobierno". Fue un avance, pero sigue contrastando con otros sistemas y resulta

insuficiente ante los sucesos que mantienen al pas entre el desconcierto y la

indignacin, como los de Iguala.

A travs del Congreso los ciudadanos debemos contar con un medio para

indagar lo que nos afecta y para recuperar la confianza en las instituciones.

Mantenerlo maniatado es contraproducente. Por qu no continuar la reformapoltica del Estado?

@dvalades


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Monocracia y oligocracia
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Diego Valads

29 Sep. 2015

Desde la antigedad, oligarqua es la voz utilizada para aludir al gobierno de

pocos y monarqua la aplicada al de slo una persona, de origen hereditario o

electivo. Lo que ahora quiero denotar es la prevalencia de un grupo o de un

individuo en las decisiones polticas dentro de un sistema que conserva la

apariencia de democracia. Para referirme a esos casos hablo de oligocracia y

monocracia.

Esas libertades semnticas son frecuentes. Por ejemplo, la expresin"partidocracia" es un americanismo que se ha consolidado como de uso

corriente en casi todo nuestro hemisferio para significar la influencia excesiva

de los partidos en los asuntos de gobierno, o la dominancia de los intereses de

los partidos con relacin a los del Estado o de la ciudadana. En algunos pases

sudamericanos tambin usan "partitocracia".

Oligocracia sera la sujecin del gobierno a grupos no identificados y

monocracia la hegemona de un individuo. Estos son los resultados potencialesde un fenmeno creciente: las candidaturas que la Constitucin denomina,

equivocadamente, "independientes". La calificacin es errnea porque se debi

decir "candidatos sin partido". La independencia que menciona la norma puede

contrastar con la realidad. Adems, no hay forma de corroborar la

independencia de los candidatos denominados as; en cambio, ser identificados

como independientes les confiere una ventaja competitiva frente a los que, por

exclusin, son acusados de "dependientes".

Aunque no hay normas constitucionales susceptibles de ser consideradasinconstitucionales por su contenido, s se puede decir que cuando la

Constitucin asigna slo a determinados candidatos el carcter oficial de

independientes, que es un valor poltico muy apreciado, exhibe a los dems

contendientes como subordinados a influencias nocivas, lo que representa una

forma de discriminacin por razones polticas que desvirta la vocacin de

nuestra norma suprema.

Adems de esa excepcin en materia de discriminacin, la Constitucin parece

prejuzgar acerca de la idoneidad tica de los potenciales candidatos a cargos


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de eleccin popular. En medio de tan profunda corrupcin, la honorabilidad de

los aspirantes a obtener votos suele asociarse con su independencia de los

compromisos que limitan su libertad de criterio y de decisin. El hecho de que

la Constitucin inflija a los candidatos postulados por los partidos la sospecha

de carecer de autonoma y ser instrumento de voluntades ajenas, no pudo serla intencin del Constituyente pero s fue el resultado de la manera descuidada

y casuista con la que se viene reformando nuestra norma suprema desde hace

algunos lustros.

Estoy convencido de que entre los candidatos de partido y los sin partido

prevalecen los honorables, como lo estoy de que ser llamado por la

Constitucin "candidato independiente" no garantiza que de veras lo sean.

Habra que discutir cul es el sentido que se le atribuye a la independencia en

el mbito poltico. Desde que los partidos existen se acepta, en todas las

democracias constitucionales, que la militancia y sobre todo las funciones

representativas dan lugar a compromisos legtimos que forman parte de una

relacin solidaria entre los miembros de cada partido, adems de un vnculo

con la ciudadana.

Sera ingenuo considerar que slo en las organizaciones conocidas como

partidos hay intereses negativos en juego y que quienes aspiran al poder almargen, e incluso en contra, de esos partidos, actan por motivos y con

instrumentos beatficos. Una corriente en boga atribuye virtudes serficas a

quienes se desmarcan de los partidos polticos.

Estoy a favor de todas las expresiones de libertad y en contra de las

restricciones que desvirten un sistema constitucional democrtico. Lo que no

comparto son las ficciones que distinguen entre polticos perversos y puros,

segn tengan o no partido. Este discurso maniqueo falsifica la realidad y

erosiona la democracia representativa. No se conoce un solo caso en el que ladescalificacin de los partidos haya contribuido a mejorar la democracia.

La prctica nos dir si los "candidatos independientes" se transforman en

gobernantes atentos a los intereses que los apoyaron en su lucha por el poder,

en cuyo caso estaramos ante una oligocracia, o si actuarn slo conforme a su

conciencia y sus designios, lo que nos situara ante una monocracia. Se trata

de un experimento que puede resultar costoso para esa otra forma de gobierno

que todava llamamos democracia.


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@dvalades


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Vindicacin de Porfirio Daz

Enrique Krauze05 Jul. 2015

La renuncia de Porfirio Daz (25 de mayo de 1911) contiene estas graves

palabras: "Espero... que calmadas las pasiones que acompaan a toda

revolucin, un estudio ms concienzudo y comprobado haga surgir en la

conciencia nacional un juicio correcto que me permita morir llevando en el

fondo de mi alma una justa correspondencia de la estimacin que en toda mivida he consagrado y consagrar a mis compatriotas". A cien aos de su

muerte, ese estudio "concienzudo y comprobado" est por escribirse.

Comencemos por los nmeros econmicos. Segn Coso Villegas (Historia

moderna de Mxico) fueron sobresalientes. Si se tiene en mente el retraso de

siglos que acarrebamos con respecto a los pases occidentales, no puede

menos que admirarse el progreso que se alcanz con Daz. La agricultura

comercial, la minera y la industria crecieron a tasas envidiables. La inversin

extranjera flua de manera productiva. Daz vel por conservar un equilibrio (encuanta, en reas de inversin) entre los norteamericanos y los europeos. Se

construyeron 18,000 kilmetros de vas frreas, se tendi la red de telgrafos,

se estableci un expedito sistema de correos, se crearon nuevas ciudades y

puertos, se equilibraron los presupuestos, se consolid la antigua deuda

externa, se acredit al pas en los mercados financieros. Al mismo tiempo,

contra el dogma liberal puro, se avanz en la nacionalizacin de los

ferrocarriles.

Muchos de los problemas sociales de Mxico (como el rgimen de servidumbre
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que se viva en algunas haciendas) provenan de tiempos coloniales. Otros se

agudizaron durante la era liberal. Si Porfirio Daz fue insensible a la

desigualdad, comparte la responsabilidad con su poca. El Porfiriato practic

un cierto abstencionismo del Estado en cuanto a los problemas sociales, pero

no dej de preocuparse activamente por la salud, la prevencin deenfermedades y la educacin. Detrs de cada nombre en la Colonia de los

Doctores hay una hazaa olvidada de beneficio social. Por lo dems, del propio

progreso porfiriano surgi una nueva y nutrida clase obrera y una clase media

reducida pero pujante. Hombre del siglo XIX al fin, Porfirio no comprendi las

demandas de justicia y participacin de esos grupos emergentes.

El Ateneo de la Juventud pregon la idea del Porfiriato como una era cultural

estril, extranjerista e inautntica. No es exacta. Por una parte, hubo un impulso

nacionalista en las artes y las letras. Y la corriente cosmopolita fue ms frtil de

lo que se supone. La filosofa positivista, por ejemplo, tuvo exponentes notables

por su claridad y rigor (la Lgica de Porfirio Parra). Los planes educativos de

Sierra y Rbsamen, las generaciones preparatorianas, las leyes y los cdigos

civiles, no pocas hazaas de la arquitectura y la ingeniera, la Revista Azul y la

Moderna, la propia Universidad, los primeros trabajos arqueolgicos, son

creaciones del Porfiriato.

En trminos polticos, la reprobacin que Madero hizo del rgimen en 1908 sesostiene plenamente. Aunque con matices de tiempos y lugares, Daz gobern

el pas como una monarqua con ropajes republicanos (frase de Justo Sierra).

En 1904 o 1908 debi abrir paso a Bernardo Reyes y la nueva generacin que

lo acompaaba: as, Mxico se habra ahorrado mucha sangre y habra dado

pasos hacia una modernizacin econmica ms inclusiva en lo poltico y ms

justa en lo social. Dicho lo cual, al condenar polticamente al Porfiriato, el

rgimen de la Revolucin se condenaba a s mismo: entroniz a un Porfirio

cada seis aos.

Por lo que hace a su saldo de sangre, Porfirio Daz no fue, ni remotamente, el

mayor asesino de nuestra historia. Los crmenes que refieren J. K. Turner y

otros crticos (Valle Nacional, "Mtalos en caliente", Ro Bravo, Tomchic) son

ciertos y deplorables, pero la medalla de oro en esa prctica no la tiene Porfirio

Daz sino el otro Daz de nuestra historia reciente (Ordaz), varios caudillos de la

Revolucin y los presidentes sonorenses. Frente a la matanza de chinos en

Torren, las barbaridades de Villa, los fusilamientos de todas las facciones, la

Cristiada, Topilejo y Tlatelolco, Porfirio Daz fue, casi, una alma de la caridad.


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Clo TV ha preparado una serie de cinco documentales titulados "Porfirio Daz:

El Centenario". Se transmitirn a lo largo del mes en Foro TV. Intervienen

decenas de historiadores de todas las corrientes. Contienen fotografas,

caricaturas, pinturas e imgenes flmicas inditas o poco conocidas, msica de

la poca y un acercamiento comprensivo y plural a la vida cotidiana en aquellostiempos. Ojal esos programas sirvan para acercarnos a un "juicio correcto"

sobre aquel hombre proscrito de la patria a la que sirvi y en cuyo seno,

despus de cien aos, merece descansar.

www.enriquekrauze.com.mx


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La hiptesis de Bernardo Reyes

Enrique Krauze19 Jul. 2015

Cul fue el "hubiera" crucial de Porfirio Daz? No me cabe duda: la negacin

de abrir paso al general Bernardo Reyes.

Segn Luis Gonzlez (La ronda de las generaciones), Reyes perteneca a la

segunda generacin del ciclo porfiriano, la de los "Cientficos" (nacida entre

1841 y 1856). No todos sus miembros formaban parte de aquel grupo de

tecncratas encabezados por el eficaz secretario de Hacienda Jos Yves

Limantour, y en el cual brillaba -entre muchos otros- el jurista e historiador Justo

Sierra, futuro ministro de Instruccin Pblica. Los militares de la generacin,

entre los que descollaba Reyes (nacido en 1849), eran sus adversarios

acrrimos. Pero la misin histrica de todos cab

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Leyendo Editoriales - El Reforma - 2