El derecho y la narración de la verdad de los crímenes atroces en Colombia.

Análisis de las masacres de Villarrica y Bahía Portete

LINA PAOLA CHAPARRO MARTÍNEZ

Pontificia Universidad Javeriana

Facultad de Ciencias Jurídicas

Bogotá

2009

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El derecho y la narración de la verdad de los crímenes atroces en Colombia.

Análisis de las masacres de Villarrica y Bahía Portete

Tesis de Grado

LINA PAOLA CHAPARRO MARTÍNEZ

Director

Juan Felipe García Arboleda

Pontificia Universidad Javeriana

Facultad de Ciencias Jurídicas

Bogotá

2009

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“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos

en sus trabajos de tesis. Solo velará por que no se publique nada contrario al dogma y

a la moral católica y por que las tesis no contengan ataques personales contra persona

alguna, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”.

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Contenido

1. INTRODUCCION

2. MARCO TEORICO

3. LA MASACRE DE VILLARRICA

3.1 En abril bombas mil

3.2 Las múltiples versiones de los agentes sociales

3.3 Formas de racionalización del terror

4. LA MASACRE DE BAHÍA PORTETE

4.1 Hay sangre en la arena

4.2 Las múltiples versiones de los agentes

4.3 Formas de racionalización del terror

5. BIBLIOGRAFIA

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“Porque son tantos y tales los estragos y crueldades, matanzas y destrucciones,

despoblaciones, robos, violencias y tiranías, y en tantos y tales reinos de Tierra Firme

que todas las cosas que hemos dicho son nada en comparación de las que se hicieron”

Fray Bartolomé de las Casas

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1. INTRODUCCIÓN:

Al realizar un análisis sobre el papel del derecho en la narración de la verdad en los

crímenes atroces en Colombia es preciso comenzar haciendo una referencia a la noción

misma de crímenes atroces. Inicialmente la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia

fue la encargada de tratar los actos de ferocidad y barbarie1, para la protección del bien

jurídico “vida”. Este tratamiento, fue anterior a la visión internacional hoy día dominante

de crímenes de lesa humanidad que se enmarca en el Derecho Internacional Humanitario,

derivada de la reconstrucción del derecho europeo después de las guerras, y los procesos de

Nuremberg.

Esta construcción tuvo como propósito proteger al individuo del abuso del Estado y de sus

propios congéneres2, pensando en éstos como grandes victimarios potenciales, para

                                                            1 Consagrados por primera vez en el ordenamiento penal colombiano como conductas constitutivas de exclusión del beneficio jurídico de cesación del procedimiento por delitos políticos como rebelión, sedición, asonada, conspiración y sus conexos. Así se dispuso en el artículo 48 de la Ley 104 de 1993 que consagraba “instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia” en el marco de la búsqueda de la convivencia pacífica en el conflicto armado, en los siguientes términos: “(se excluirán del beneficio quienes hayan incurrido en) delitos atroces, genocidios, homicidios cometidos fuera de combate o con sevicia o colocando a la víctima en estado de indefensión, secuestro o actos de ferocidad o barbarie” (subrayado fuera del texto). Ley 104 de 1993, por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial nº 41.158, de 31 de diciembre de 1993. 2 La definición del Estado Moderno por contraposición al Estado Absolutista, impulsó la formulación de un sistema penal internacional que consagrara explícitamente mecanismos de control de poder del Estado. El discurso moderno parte de la comprensión del Estado como ente abstracto que concentra la mayor cantidad de poder en una comunidad, y que es por esta misma causa, aquello que puede romper el equilibrio, con el abuso de este poder, como lo habían demostrado los estados absolutistas. Así, como lo señala Iván Orozco “como derecho penal internacional, además, el derecho cumple una tarea importantísima en el mundo moderno, cual es la de vigilar de manera implacable al gran victimario potencial, al Estado”.

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prevenir así, la repetición de crímenes terribles que carecen de justificación alguna como

los ocurridos durante las guerras mundiales3.

En ese mismo sentido nuestra Corte Suprema de Justicia, desde tiempo atrás4, ha

desarrollado categorías específicas para garantizar la protección de civiles en medio de

situaciones de guerra y de conflicto. Es el caso de la sentencia del 25 de septiembre de 1995

con ponencia del magistrado Jorge Aníbal Gómez Gallego5 y la sentencia del 27 de mayo

                                                                                                                                                                                     En: Iván Orozco, La posguerra colombiana: divagaciones sobre la venganza, la justicia y la reconciliación 53 (Fundación Kellogg, Working paper n° 306, mayo de 2003. Publicación electrónica consultada en: http://kellogg.nd.edu/publications/workingpapers/WPS/306.pdf).

3 La discusión en torno al discurso de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, como parangón del Estado Moderno de legitimación de su propia existencia por contraposición al absolutismo y a sus formas de perpetuarse en el poder, dentro de las que enmarca este mismo discurso, la violencia, ha sido tema de un debate enorme en la historiografía.

La mencionamos sólo para señalar que como lo dice Iván Orozco: “La nueva conciencia humanitaria globalizante de Occidente [que para nosotros no es nueva, sino por el contrario, eminentemente moderna] surgió después de la Segunda Guerra Mundial y está apuntalada sobre el deber de recordar y evitar la repetición de crímenes de masas que siguen el patrón del Holocausto, un crimen agenciado por el Estado en condiciones de absoluta asimetría del poder”.

En: Iván Orozco, Reflexiones impertinentes sobre la memoria y el olvido, sobre el castigo y la clemencia, en Entre el perdón y el paredón: preguntas y respuestas de la justicia transicional, 179 (Angelika Rettberg, Ed., Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Ciencia Política, CESO; Ottawa, Canadá: International Development Research Centre, Bogotá, 2005).

4 El desarrollo del recuento histórico, lo trae en detalle Alejandro Aponte Cardona, quien plantea tanto el desarrollo jurisprudencial como el aporte que el mismo significó en el escenario mundial.

En: Alejandro Aponte, Civiles y conflicto armado en la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, en Revista de Derecho Penal y Criminología 2ª Época, n.° 19, 79 – 117, (2007).

5 Esta providencia, definió los actos de ferocidad y barbarie, a partir de las connotaciones excesivas en el uso de la violencia en que se cometían y ejecutaban, haciendo énfasis en que se trataban de conductas innecesarias, crueles e inhumanas. Se refirió expresamente a los actos de ferocidad y barbarie como: “los que reprueba el derecho internacional humanitario o derecho de gentes, precisamente por evidenciar crueldad innecesaria en los procedimientos y en los medios utilizados, o por comportar hostilidad, padecimientos, atemorización y exposición a daños también innecesarios a los niños, mujeres, personas débiles o impotentes, y en general a la población civil que se afectó”.

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de 1999 de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia con ponencia del magistrado

Nilson Pinilla Pinilla6. Como se ha dicho, estas líneas jurisprudenciales comenzaban a

categorizar lo que en el Estatuto de Roma fue tipificado como crímenes de lesa

humanidad7.

                                                                                                                                                                                     Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 25 de septiembre de 1995. Radicado n° 12.501. M.P.: Jorge Aníbal Gómez Gallego.

6 Esta providencia, siguiendo el precedente jurisprudencial fijado en la Sentencia del 25 de septiembre de 1999, aplica la noción de actos de ferocidad y barbarie a un caso concreto, señalando que “(los elementos con que se perpetuo el acto) estuvieron destinados a agravar las heridas y aumentar los padecimientos de las víctimas afectadas (…), lo cual torna bárbaro el acto”. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 27 de mayo de 1999. Radicado n° 12.661. M.P.: Nilson Pinilla Pinilla. 7 Como se transcribe a continuación, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, define crímenes atroces en su artículo 7° de la siguiente forma: “Artículo 7°. Crímenes de lesa humanidad. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:

a) Asesinato;

b) Exterminio;

c) Esclavitud;

d) Deportación o traslado forzoso de población;

e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional;

f) Tortura;

g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable;

h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte;

i) Desaparición forzada de personas;

j) El crimen de apartheid;

k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.

2. A los efectos del párrafo 1:

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En aras de tener una comprensión amplia de estas conductas, esta investigación ha

preferido la noción de crímenes atroces, haciendo énfasis en que éstos son aquellos que

tienen como principales objetivos lograr el control de una población e imponer el poder de

quién de ellos se vale, a través del terror8, generando fraccionamiento social y moral en las

comunidades. Por las diversas formas en que se presentan, los crímenes atroces se                                                                                                                                                                                      a) Por “ataque contra una población civil” se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque o para promover esa política;

b) El “exterminio” comprenderá la imposición intencional de condiciones de vida, entre otras, la privación del acceso a alimentos o medicinas, entre otras, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población;

c) Por “esclavitud” se entenderá el ejercicio de los atributos del derecho de propiedad sobre una persona, o de algunos de ellos, incluido el ejercicio de esos atributos en el tráfico de personas, en particular mujeres y niños;

d) Por “deportación o traslado forzoso de población” se entenderá el desplazamiento forzoso de las personas afectadas, por expulsión u otros actos coactivos, de la zona en que estén legítimamente presentes, sin motivos autorizados por el derecho internacional;

e) Por “tortura” se entenderá causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control; sin embargo, no se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o fortuita de ellas;

f) Por “embarazo forzado” se entenderá el confinamiento ilícito de una mujer a la que se ha dejado embarazada por la fuerza, con la intención de modificar la composición étnica de una población o de cometer otras violaciones graves del derecho internacional. En modo alguno se entenderá que esta definición afecta a las normas de derecho interno relativas al embarazo;

g) Por “persecución” se entenderá la privación intencional y grave de derechos fundamentales en contravención del derecho internacional en razón de la identidad del grupo o de la colectividad;

h) Por “el crimen de apartheid” se entenderán los actos inhumanos de carácter similar a los mencionados en el párrafo 1 cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con la intención de mantener ese régimen;

i) Por “desaparición forzada de personas” se entenderá la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado.

8 Como lo señalara Lazzari, el terror es “el espacio de muerte, el umbral desde donde se divisa la división entre el significante y el significado, entre el signo y la cosa. En el Terror las cosas no tienen sentido y el sentido es una cosa que mata”.

En: Axel Lazzari, Ante la serpiente del mal: comentario extemporáneo a otro texto de Taussig, en Papeles de trabajo, Revista electrónica del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de General San Martín, ISSN: 1851-2577, año 2, nº 5, 1-8, 3 (junio de 2009).

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convierten en fenómenos complejos, lo que amerita un análisis detallado desde las

diferentes disciplinas sociales. Desde un repertorio interdisciplinario, el presente trabajo de

investigación pretende 1) presentar una propuesta metodológica para la narración de la

verdad de los crímenes atroces en Colombia, llevándola a la práctica en los casos de

Villarrica y Bahía Portete, 2) desarrollar un análisis sobre mecanismos presentes en la

sociedad colombiana para racionalizar este tipo de crímenes, y 3) realizar una reflexión

sobre el papel que el derecho ha jugado en estos eventos.

La reconstrucción de los hechos hace parte de los derechos de la víctimas en el marco de un

conflicto armado, en concreto, del derecho a la verdad, que actualmente en Colombia

adquiere particular relevancia en el marco del proceso de justicia transicional que se inició

con la expedición de la Ley 975 de 20059, conocida entre nosotros como Ley de Justicia y

Paz. En la ley, se reconoce como un derecho de las víctimas y de la sociedad colombiana, el

                                                            9 Ley 975 de 2005, “Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”. Diario Oficial No. 45.980 de 25 de julio de 2005.

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derecho a la verdad10 e impone a las autoridades la obligación legal de velar por el

esclarecimiento de los hechos violentos de los que fueron víctimas11.

A través de este marco normativo, se inició una búsqueda por la paz nacional, facilitando

los procesos de paz y la reincorporación a la vida civil de miembros de grupos armados al

margen de la ley, para garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación que

tienen las víctimas.

El derecho como manifestación última del Estado, y en él, de los agregados que deciden

voluntariamente determinar la forma de gobernar sus conductas, debe participar en la

formación del proceso de análisis de la búsqueda de la verdad en los hechos violentos, y en

especial de los crímenes atroces, de las sociedades que dirige.                                                             10 El artículo 7º de la ley establece el concepto de derecho a la verdad en los siguientes términos: “ARTÍCULO 7. Derecho a la verdad: La sociedad, y en especial las víctimas tienen el derecho inalienable, pleno y efectivo de conocer la verdad sobre los delitos cometidos por grupos armados organizados al margen de la ley, y sobre el paradero de las víctimas de secuestro y desaparición forzada.

Las investigaciones y procesos judiciales a los que se aplique la presente ley deben promover la investigación de lo sucedido a las víctimas de esas conductas e informar a sus familiares lo pertinente.

Los procesos judiciales que se adelanten a partir de la vigencia de la presente ley no impedirán que en el futuro puedan aplicarse otros mecanismos no judiciales de reconstrucción de la verdad”.

11 Artículo 15: “Esclarecimiento de la verdad. Dentro del procedimiento que establece la presente ley los servidores públicos dispondrán lo necesario para que se asegure el esclarecimiento de la verdad sobre los hechos objeto de investigación y se garantice la defensa de los procesados.

La Unidad Nacional de Fiscalía para la justicia y la paz creada por esta ley, deberá investigar, por conducto del fiscal delegado para el caso, con el apoyo del grupo especializado de policía judicial, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizaron las conductas punibles; las condiciones de vida, sociales, familiares e individuales del imputado o acusado y su conducta anterior; los antecedentes judiciales y de policía, y los daños que individual o colectivamente haya causado de manera directa a las víctimas, tales como lesiones físicas o sicológicas, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de derechos fundamentales.

Con la colaboración de los desmovilizados, la policía judicial investigará el paradero de personas secuestradas o desaparecidas e informará oportunamente a los familiares sobre los resultados obtenidos”.

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Los crímenes atroces, y en concreto, las masacres, revelan las pujas entre los agentes que

participan en el Estado, cuestionan la validez del derecho como herramienta eficaz para la

definición de las conductas y la vida social, al tiempo que le imponen el reto al conjunto de

normas, de constituirse en la herramienta necesaria para gobernar el tránsito hacia el nuevo

estado de equilibrio y la construcción de la verdad sobre lo ocurrido como vía de

contribución hacia la no repetición del crimen atroz.

Sin embargo, pareciera ser que la discusión de la verdad sobre la violencia está fuera del

derecho. Los programas de las facultades de derecho y los debates en las aulas se centran

en la aplicación de normas en contextos más urbanos y alejados de la realidad de violencia

nacional que se impone a través de un conflicto inacabado, contrariando el fin último del

derecho de contribuir a la comunicación con la sociedad a través de la provisión de

soluciones de justicia.

El presente trabajo, es un punto de partida en la reflexión en Colombia sobre la necesidad

de tratar la verdad sobre la violencia no como un tema extra-jurídico, si no como un tema

constitutivo del mismo, propiamente hablando, como un tema fundamental, entendiendo

por ello, un tema que contiene los fundamentos mismos que le otorgan un sentido al

sistema jurídico12.

                                                            12 Lo anterior es una posible vía de desarrollo de la reflexión de Walter Benjamin en Para una crítica de la violencia, en donde se problematiza las relaciones entre el Derecho y la Violencia en la sociedad moderna en

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Con todo lo anterior, el presente estudio analiza dos casos de crímenes atroces, la masacre

de Villarrica y la masacre de Bahía Portete. Para dicho análisis, en primer lugar, se expone

un marco teórico que brinde las herramientas adecuadas para la consecución de los

objetivos que se han expuesto arriba. A partir de éste, en segundo lugar, se realiza una

narración del suceso violento específico, asumiendo el riesgo de construir una narración

propia13con base en las pruebas recopiladas y, a partir de éstas, se sienta la posición de

quien escribe respecto de las múltiples versiones que se han desarrollado frente al evento

bajo análisis. En un tercer momento, se procede a la exposición y sistematización de dichas

versiones. Al final, se describen las formas de racionalización del terror en cada uno de los

crímenes atroces, abriendo campo a la discusión sobre el papel que el derecho cumplió en

la producción de la verdad de éstos.

                                                                                                                                                                                     donde el Estado se ha endilgado el monopolio de la producción y aplicación tanto de las normas como de la violencia. Comenta Benjamin “Toda violencia es, como medio, poder que funda o conserva el derecho. Si no aspira a ninguno de estos dos atributos, renuncia por sí misma a toda validez. Pero de ello se desprende que toda violencia como medio, incluso en el caso más favorable se halla sometida a la problematicidad del derecho en general. Y cuando el significado de esa problematicidad no está todavía claro a esta altura de la investigación, el derecho sin embargo surge después de lo que se ha dicho con una luz moral tan equívoca que se plantea espontáneamente la pregunta de si no existirán otros medios que no sean los violentos para armonizar intereses humanos en conflicto. Tal pregunta nos lleva en principio a comprobar que un reglamento de conflictos totalmente desprovisto de violencia no puede nunca desembocar en un contrato jurídico. Porque éste, aun en el caso de que las partes contratantes hayan llegado al acuerdo en forma pacífica, conduce siempre en última instancia a una posible violencia”.

En: Walter Benjamin, Para una crítica de la violencia, en Revista electrónica de Philosophia: Escuela de Filosofía de la Universidad ARCIS, 1-18, 9.

13 Para hacer parte de la construcción de verdad, expresando nuevas significaciones, a partir de una investigación y desde la visión que la ciencia del derecho imprime a un profesional que se forma en ella, así “el discurso [diríamos nosotros que en general, las narraciones] permite que los actores sociales formulen conclusiones generales basadas en varias experiencias y observaciones; puede describir acontecimientos pasados y futuros; puede describir y prescribir, y puede describir acciones y creencias en cualquier nivel de especificidad y generalidad”. En: Clifford Geertz, Descripción densa: hacia una teoría interpretativa de la cultura, en La interpretación de las culturas, 19 – 40, (1989); citado por Valeska Naranjo, Representaciones sociales sobre golpe militar y dictadura, 13 (Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Sociales, Chile, 2006).

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2. MARCO TEÓRICO:

Al abordar el problema del papel del derecho en la construcción de la verdad de los

crímenes atroces, la primera cuestión que surge consiste en la definición del concepto

mismo de verdad. No es objeto de este trabajo desarrollar el estado del arte de este debate

en la disciplina filosófica. Más bien, se trata de problematizar la diferencia que en la

disciplina jurídica se ha trazado entre la llamada verdad judicial y la llamada verdad

histórica.

Entre ambas formas de verdad existe una suerte de tensión manifestada en que la primera se

ubica en el plano del derecho formal sometida a las reglas de producción de la prueba

técnica dentro de los procedimientos prescritos por el Estado; y la segunda, presenta un

mayor grado de amplitud, en tanto se halla limitada por los cánones que la disciplina

historiográfica ha desarrollado para abordar el problema de la reconstrucción del pasado.14

La verdad judicial, proveniente del órgano judicial, se expresa naturalmente en

providencias judiciales, preponderantemente en sentencias, que exponen una verdad

reconstruida y dicha desde el derecho, si se quiere, una verdad cuyos dos únicos

                                                            14 Sonia Corcuera de Mancera, Voces y silencios en la historia siglos XIX y XX, (Fondo de Cultura Económica, México, 1997).

20  

destinatarios son los operadores jurídicos y el Estado (y en él, la colectividad), sólo estos

dos agentes, los lenguajes y construcciones articuladas que allí se presentan.

Así, la verdad judicial se rige por una serie de procedimientos para que el derecho la tenga

por cierta. Una verdad sólo se tendrá por judicial, si cumple con las condiciones que el

mismo derecho le ha impuesto a la narración, definidas éstas a partir de la estructura del

Estado, y en últimas, desde la división del poder en ésta. Las condiciones están dadas en

términos del órgano que la expide, los procedimientos que sigue para que sea dicha15, y el

lenguaje en que debe ser manifestada (siguiendo estrictamente la Ley y el procedimiento).

La construcción de la verdad judicial, se elabora en el interior de un proceso, que tiene

como punto de partida necesario el impulso que le de uno de los agentes, que accione el

aparato judicial a través de la petición de que éste se pronuncie sobre un hecho concreto16.

En el proceso, los agentes en puja deberán hacer uso de fuentes de prueba, o elementos

                                                            15 El derecho ha dejado éste punto claro a partir de los conceptos de jurisdicción y competencia, comprendida la primera tanto como el acto de legislar como el del juez de dictar sentencia dotado del poder que el Estado le ha conferido para decir el derecho, es decir, administrar justicia, es decir, tutelar intereses dentro del marco del derecho.

16 En el derecho colombiano, el accionar del aparato judicial, se ha definido como el derecho de acción, entendiendo por éste “la facultad de provocar la actividad de la jurisdicción, (es decir), el poder jurídico que tienen las personas como tales, en virtud del cual pueden acudir ante los tribunales para demandar la protección de su pretensión”.

En: Vicente Puppio, Teoría general del proceso, 146 (7ª. ed., Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2008).

21  

fácticos que den sustento a sus propias narraciones, que conduzcan al juez de la duda a la

certeza sobre la narración que presenta uno de los agentes en el proceso.

Estos límites que observa la construcción judicial de la verdad, en el ámbito del derecho

penal, operan como garantes de uno de los principios que lo fundamentan: la presunción de

inocencia. Este funciona en dos sentidos. Uno, como derecho de los individuos de exigir

un proceso previo en derecho, para demostrar su culpabilidad en una actuación que

constituya una infracción al ordenamiento jurídico, a partir de una prueba que desvirtúe la

presunción17; y otro, como una presunción que juega en contra del Estado, pues como ente

abstracto es quien debe sustentar las persecuciones penales que emprenda en contra de los

individuos, al turno que como sujeto, presume culpable –en nuestro derecho

‘responsable’18- y debe, en el marco del proceso, demostrar su inocencia19.

                                                            17 Que se formuló en el sistema jurídico moderno como parte integrante y fundamental de los derechos fundamentales de la persona, consagrado en el Derecho a la defensa. Restringiendo la actividad del Estado, su persecución al logro de la prueba que permitan otorgar de sustento fáctico a los hechos que constituyen su narración en contra del individuo.

18 Artículo 90 de la Constitución Política de Colombia, que establece el principio de Responsabilidad del Estado en los siguientes términos: “ARTICULO 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.

19 Como parte de la articulación del discurso de la Modernidad, de la concepción del Estado como el mayor victimario potencial por la concentración de poder que lo define, desarrollado principalmente tras las guerras mundiales. Iván Orozco lo resume así: “El Estado absolutista, el Leviatán de Hobbes, había nacido hacia los siglos XVI y XVII para proteger a sus súbditos. El mismo, a su vez, para poder ejecutar su tarea sin tropiezos, estaba protegido por una suerte de presunción de inocencia en favor de sus actos de fuerza. El liberalismo, con su discurso de libertades individuales empezó ya desde el siglo XVIII a cuestionar esa presunción. Pero fue el Holocausto del pueblo judío a manos del Estado Nazi-alemán aquello que la subvirtió. La antigua

22  

El grado de meticulosidad que el derecho penal debe observar para imputar

responsabilidades, deriva en una verdad que implica 1) una circunscripción restrictiva de

hechos, y 2) el favorecimiento de la versión de una de las partes, presentando dificultades,

entonces, para convertirse en una verdad que provea un mensaje de integración social.

Resulta interesante observar que dentro de la disciplina histórica, a su vez, esta tensión ha

producido sus estragos. La construcción de la verdad histórica, también ha conllevado a

discusiones académicas sobre el problema de la construcción de narrativas de verdad con

propósitos de homogenización que reproducen hipótesis del pasado que se verifican o

descartan, y permiten la construcción de una versión de la verdad de uno sólo de los

agentes, la del vencedor, sirviendo al interés de éste de renovar permanentemente su

poder20.

                                                                                                                                                                                     presunción de inocencia que amparaba al Estado moderno, se transformó en una suerte de presunción de culpabilidad”.

En: Iván Orozco, La posguerra colombiana: divagaciones sobre la venganza, la justicia y la reconciliación 53 (Fundación Kellogg, Working paper n° 306, mayo de 2003. Publicación electrónica consultada en: http://kellogg.nd.edu/publications/workingpapers/WPS/306.pdf).

20 Para ello ver el dilucidador texto: Michel Foucault, Nietzsche, la genealogía, la historia, (Ed., Pre-Textos, Barcelona, 1992).

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Todo lo anterior, es lo que constituye el problema de la verdad, como narración que aporta

a una verdad incluyente de las víctimas y que permita procesos de reconciliación21, que son

en últimas, el objeto de los procesos de justicia transicional.

El análisis de la función de la verdad en la justicia transicional, implica revelar tensiones

entre la verdad histórica y las formas narrativas menos formales, como las que se ubican en

el campo de la literatura. En especial, la novela como narración que incluye elementos de la

ficción y de la realidad a su construcción de la verdad. Dicha tensión ha sido puesta de

presente en análisis que demuestran que cada vez es más frecuente encontrar

aproximaciones historiográficas que usan elementos propios de las narraciones de las

comunidades para las cuales se reconstruye el pasado, ello con el fin de integrar el porvenir

y los deseos de la comunidad. Ejercicio que acerca íntimamente la verdad histórica con la

verdad novelada22.

                                                            21 La verdad histórica debe cumplir con un triple papel: el de esclarecedora de hechos, el de aporte a la reparación simbólica de las sociedades afectadas y, el de reconocimiento del dolor de las víctimas. Así por ejemplo lo reconoce Gonzalo Sánchez, Director del área de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación de Colombia, quien plantea que: “ La reconstrucción de la memoria histórica (…) cumple una triple función: de esclarecimiento de los hechos, haciendo visibles las impunidades, las complicidades activas y los silencios; de reparación en el plano simbólico al constituirse como espacio de duelo y denuncia para las víctimas; y de reconocimiento del sufrimiento social y de afirmación de los límites éticos y morales que las colectividades deben imponer a la violencia”.

En: Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Trujillo una tragedia que no cesa, Primer Gran Informe de Memoria Histórica, 14 (1ª. ed., Área de Memoria Histórica. 2008).

22 Como lo señalara Eloy Martínez, “las diferencias entre ficción e historia se han ido tornando cada vez más lábiles, menos claras (…) la ficción y la historia son también correcciones del porvenir (…) las ficciones sobre la historia reconstruyen versiones, se oponen al poder y, a la vez, apuntan hacia adelante. (…) Una de las operaciones más originales de la ficción histórica es su intento de recuperar los mitos de una comunidad, no invalidándolos ni idealizándolos, sino reconociéndolos como tradición, como fuerza que ha dejado sus sedimentos en la imaginaría”.

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El presente gráfico, puede ayudar a entender la tensión que el concepto de verdad presenta

en el contexto que aquí se ha mencionado:

Si en uno de los polos se encuentra lo real y en el otro lo ficticio, la verdad judicial dado su

estilo narrativo impersonal, las restricciones que impone a la prueba y el grado de certeza

que exige para fundamentar sus enunciados, tendría que aproximarse al primero de los

polos. En el otro extremo se encuentra la novela que, por las libertades que se permite, ha

sido considerada como un producto de la ficción. Entre ambas, se halla el discurso histórico

que, al paso del debate historiográfico, ha hecho concesiones a uno y otro de los polos.

                                                                                                                                                                                     En: Eloy Martínez, Mito, historia y ficción en América Latina (Conferencia pronunciada el 27 de mayo de 1999 en el Banco Interamericano de Desarrollo Washington, D.C., Banco Interamericano de Desarrollo, 1999).

Realidad  V. Judicial V. histórica Novela Ficción

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Como fue enunciado en la introducción del trabajo, la disciplina jurídica no parece dar

cuenta de esta tensión. El trabajo del derecho, desde una óptica canónica y convencional,

consiste en la constatación de hechos que se adecúen a las disposiciones jurídicas. Dicho

trabajo de adecuación implica la narración de los hechos en el lenguaje formal jurídico.

Para efectos del análisis que aquí se plantea, el presente trabajo de investigación ha

adoptado una línea teórica que sostiene que dicho proceso de formalización del lenguaje no

es indiferente en términos políticos. No en vano dicho proceso histórico es paralelo y

estructural a un proceso de abstracción de las normas sociales garantizado por la

consolidación del Estado Nación23, generando un proceso de abstracción del derecho.24 El

proceso pretende unificar múltiples territorios y poblaciones a través de la sistematización y

                                                            23 El problema de la abstracción del lenguaje está presentado de manera general en: Michel Foucault, Las palabras y las cosas, (ed., Siglo XXI, México, 1984). En su relación con las instituciones jurídicas se desarrolla en: Michel Foucault, La verdad y las formas jurídicas, (ed., Gedisa, Barcelona, 1992). En el análisis particular de este proceso de abstracción del lenguaje y el derecho en territorio americano por el Imperio Español se encuentra: Ángel Rama, La ciudad letrada, (ed., Tajamar, Santiago de Chile, 2004). En el texto de Rama se lee: “La hazaña educativa de la Orden, que se abre al declinar el milenarismo de los evangelizadores (sobre todo franciscanos), es paralela a la estructuración administrativa y eclesiástica de las colonias y por tanto una pequeña aunque no desdeñable parte de la poderosa articulación letrada que rodea al poder manejando los lenguajes simbólicos en directa subordinación de las metrópolis.

La ciudad bastión, la ciudad puerto, la ciudad pionera de las fronteras civilizadoras, pero sobre todo la ciudad sede administrativa que fue la que fijó la norma de la ciudad barroca, constituyeron la parte material, visible y sensible, del orden colonizador, dentro de las cuales se encuadraba la vida de la comunidad. Pero dentro de ellas siempre hubo otra ciudad no menos amurallada ni menos sino más agresiva y redentorista que la rigió y condujo. Es la que creo debemos llamar la ciudad letrada, porque su acción se cumplió en el prioritario orden de los signos y porque su implícita calidad sacerdotal, contribuyó a dotarlos de un aspecto sagrado, liberándolos de cualquier servidumbre con las circunstancias. Los signos aparecían como obras del Espíritu y los espíritus se hablaban entre sí gracias a ellos”.

24 En la documentación del caso para Colombia es relevante el trabajo presentado en: Juan Felipe García. Regeneración o catástrofe: derecho penal mesiánico durante el siglo XIX en Colombia, (ed., Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2009).

26  

generalización de las fuentes del derecho25. Lo que para esta investigación resulta ser clave

son las implicaciones que tiene este proceso de abstracción con la forma de producción de

la verdad en derecho. En ese sentido se ha afirmado:

“la condición de posibilidad de la expansión del proyecto cultural moderno

(globalización), consiste en la abstracción de la verdad de las comunidades a las que

se expande. El particular efecto de asimetría que genera la modernidad es usurpar la

facultad de nombrar de las sociedades no modernas, su objetivo central es impedir

que las comunidades que abstrae puedan articular, desde su perspectiva, la relación

entre significantes y significados; en síntesis, el proyecto moderno necesita abolir la

soberanía de la producción de la verdad de la comunidad que integra.”26

Si esta formulación teórica es precisa, cabría plantear como hipótesis de trabajo que los

límites que estructuran la producción de la verdad judicial le son funcionales a un proceso

de velación de la violencia en el que se racionaliza el terror usado para la consolidación

del Estado Nación, forma política que se erige, en la sociedad moderna, como forma

política absoluta.

                                                            25 Para comprender el movimiento de codificación europea en función de este proceso de abstracción del derecho ver: Giovanni Tarello, Cultura jurídica y política del derecho, (ed., Fondo de Cultura Económica, México, 1995). En el profundo trabajo de investigación que Diego López Medina ha realizado sobre el sistema de precedente judicial en Colombia, se puede hallar la relación entre formalización y unificación de la jurisprudencia, y los intereses políticos. Diego López Medina, El derecho de los jueces (2ª. ed., Legis, Bogotá, 2006).

26 Juan Felipe García, El derecho moderno y la velación de la violencia, (Manuscrito sin publicar).

27  

Michael Taussig ha descrito al menos cinco formas de racionalización del terror que

pasamos a enunciar brevemente, para facilitar su compresión en el análisis de los casos de

Villarrica y Bahía Portete:

a. El terror siempre está en otro lugar:

Consiste en una estrategia en la que se ubica la violencia lejos de los propios entornos

vitales. En las víctimas, refleja un trámite inacabado de duelo permitiéndoles ignorar el

dolor y el acontecimiento, para desconocer su propia condición de víctima. En los

victimarios, es un procedimiento reiterado de exculpación.

Esta racionalización se enmarca en las narrativas de negación tanto del hecho como de las

condiciones que hacen posibles una rutinización27 del terror, pues lo que ha pasado acá

nunca será comparable con lo que pasó en “otra parte”.

                                                            27 Así lo señala Gonzalo Sánchez, cuando afirma que “Colombia ha vivido no sólo una guerra de combates, sino también una guerra de masacres. Sin embargo, la respuesta de la sociedad no ha sido tanto el estupor o el rechazo, sino la rutinización y el olvido”.

En: Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Trujillo una tragedia que no cesa, Primer Gran Informe de Memoria Histórica, 13 (1ª. ed., Área de Memoria Histórica. 2008).

28  

b. La normal anormalidad o estado de excepción permanente:

La comunidad y las víctimas, conocen los eventos violentos que las victimizaron y la

situación de violencia en la que permanecen, pero en un giro de negación, definen sus

realidades violentas como situaciones a las que logran acostumbrarse y que entienden como

‘normales’, aun cuando se trate de eventos de ausencia de normalidad. Simultáneamente,

ubican los eventos individuales particularmente violentos, como momentos específicos en

el tiempo, como situaciones ‘anormales’, que rompen ésta normalidad28. Los agentes, y en

particular, el Estado, acuden a estas narraciones para ubicar la violencia en éstas situaciones

‘anormales’ que, paradójicamente, repetidas incesantemente, es decir, siendo cotidianas,

componen su realidad, su ‘normalidad’29, a la que no se atreven a llamar violenta.

Las sociedades viven en un “estado de sitio” permanente, en medio de la incertidumbre, en

un estado en el que la violencia, el terror y el miedo componen el imaginario social que se

                                                            28 “la gente (…) cierra los ojos, por decir algo, pero de pronto suceden cosas inesperadas, algo dramático, emocionante o desagradable y la normalidad de lo anormal se hace evidente. Luego esto desaparece, y permanece el terror como lo cotidiano”

En: Michael Taussig, El terror como lugar común: la teoría de Walter Benjamin de la historia como estado de sitio, en la Conferencia “Hablar de terrorismo: paradigmas y modelos en un mundo moderno y posmoderno, (Instituto de Humanidades de la Universidad de Stanford, febrero de 1988).

29 “el terror es lo que mantiene a estos extremos (el terror que impone el agente que busca eliminar a un poder, que es igual al que despliega éste agente para eliminar su oposición) en aposición, del mismo modo que esa aposición mantiene el ritmo irregular de apatía y choque que constituye la aparente normalidad de lo anormal creada por el estado de emergencia”. Ibídem.

29  

instala como un fantasma permanente imposible de combatir porque compone su

cotidianidad.

c. El silenciamiento:

La verdad sobre lo sucedido, sobre el hecho traumático violento del que fue víctima, es

conocida por la víctima. Tanto en la esfera individual como en la colectiva, todos conocen

lo que sucedió, pero el terror mismo que se recuerda, los lleva a callar la verdad30. Así se

construyendo secretos públicos que sostienen el terror, que lo alimentan.

Por eso es preciso advertir, que los silencios no son olvido, más bien son una forma

particular de recuerdo en el que cuando la memoria retorna, retorna sólo para recordarle el

terror31, para recordarle lo que puede pasar en caso que haga de ese secreto una narración

en lo público.

                                                            30 “Por sobre todas las cosas, la guerra sucia es una guerra de silenciamiento. Oficialmente no hay guerra alguna (…) Sólo el silencio que consume en gran parte el lenguaje del terror, intimidando a todos para que no se comente nada que pueda ser interpretado como una crítica”. Ibídem.

31 “El motivo de silenciar y el temor detrás del silenciamiento no es el borrar la memoria. Ni de lejos. El motivo es enterrar la memoria profundamente dentro del individuo, para así crear más temor y una incertidumbre en la cual la realidad y lo onírico se entremezclan”. Ibídem.

30  

d. Estructuras discursivas de justificación:

Se construyen narraciones que ubican al evento violento, al crimen atroz, en un plano de

necesidad32, es decir, se plantea que no era posible otra actuación, no era posible el

resultado, sino a través del empleo del terror, siendo éste la condición de posibilidad de un

bien mayor para la misma comunidad. Incluso formula discursos que proyectan el terror,

como el único medio posible para garantizar la existencia de la comunidad en el tiempo, su

propio porvenir. Por ejemplo, se acude a formular como necesaria la violencia en contra de

personas víctimas de asesinatos selectivos en términos de la ‘necesidad’ de ‘limpiar’ la

sociedad de potenciales focos de desintegración o ‘contaminación’, o en dialécticas de

venganza que ubican el acto violento en un acto válido entre iguales.

                                                            32 “Las fuerzas (los agentes diríamos nosotros) se separan de su contexto social, al tiempo que nos internamos en un mundo donde las cosas se vuelven animadas, intentando la misión imposiblemente contradictoria de establecer y desautorizar un centro, una motivación creadora o una causa que lo explique todo” (subrayado fuera del texto). Ibídem.

31  

e. Realismo Mágico:

La imposibilidad de narración del evento violento, se traduce en una estrategia de liberar su

dolor ubicándolo en narraciones fantásticas que se entrelazan con el mundo real, un mundo

en donde vivos y muertos conviven y se comunican33.

Al realizar un análisis del papel del derecho en las masacres de Villarrica y de Bahía

Portete, este trabajo pondrá a prueba la hipótesis sobre la función de la abstracción del

derecho y su relación con las formas de racionalización del terror. Pero además, el estudio

pretende formular una propuesta metodológica que dé pautas para la narración que

construyan los operadores jurídicos de los crímenes atroces en Colombia.

Para la construcción de esta propuesta metodológica, hemos seguido de cerca los

parámetros de la escuela latinoamericana del periodismo de investigación34. Resaltaremos

siete claves metodológicas:

1. Los crímenes atroces son cometidos sistemáticamente sobre poblaciones en

condiciones de asimetría.                                                             33 Esta estrategia se encuentra particularmente descrita en: Michael Taussig, Realismo Mágico, en Chamanismo, colonialismo y el hombre salvaje un estudio sobre el terror y la curación, (ed. Norma, Bogotá, 2002).

34 Un análisis sobre la metodología de la escuela se encuentra en: Daniel Santoro, Técnicas de investigación, (ed. Fondo de Cultura Económica, México, 2004).

32  

2. Los crímenes atroces buscan el exterminio de la cultura, de las tradiciones, de las

costumbres y mitos fundacionales de este tipo de poblaciones.

3. El narrador debe reconstruir los contextos de asimetría en los que habitaba la

población antes del crimen atroz, y las formas culturales básicas, de manera que

queden evidenciados los antagonismos de una manera concreta, entre quien comete

el crimen atroz y la población. Al no cumplirse cabalmente con este deber, el

narrador fácilmente puede caer en la banalización (abstracción) de la violencia.

4. Atraído –interesado- por el polo de la realidad, el narrador no debe abandonar su

pretensión de afirmación de un estado de cosas verificables.

5. Atraído -o una vez más interesado- en el polo de la ficción, el narrador no puede

abandonar su pretensión de recuperar y fortalecer los sueños e identificaciones de

una comunidad.

6. El narrador, en la construcción de su relato, debe asumir una posición ética frente a

la violencia definiendo el accionar humano como justo o injusto sin ambigüedades.

7. El narrador, en la construcción de su relato, debe buscar la identificación del lector

que padecieron los crímenes atroces, a manera de duelo colectivo, que funja como

1) límite de la violencia, 2) forma de restitución del horizonte de sentido, y garantía

de no repetición35.

La importancia de usar este método, y de rescatar los mitos y narraciones de las

comunidades, es que con ello se contribuye al esclarecimiento de lo ocurrido, en función de

                                                            35 Elementos éstos tomados de la función que las narraciones míticas cumplían en sociedades primitivas. . Carlo Ginzburg, Mito, en Ojazos de madera, (ed. Península, Barcelona, 2000).

33  

la construcción de una verdad que no sirve a los intereses de nadie diferente a los de la

propia comunidad, y así, recupere el sentido de la memoria colectiva.

34  

3. LA MASACRE DE VILLARRICA:

3.1 En abril bombas mil…:

Un campesino es un experto de la tierra, un conocedor de esa vida que germina por el

trabajo de sus manos. Lleva en su alma una vida que no guarda ambiciones

desproporcionadas, y la tierra, su tierra, se convierte en su sueño, su aspiración. Ésta es la

garantía de continuidad de su cultura, es su hogar, su trabajo, pero además, es aquello que

lo define y le da sentido. Por eso, los campesinos de Villarrica en el Tolima para 1955,

defendieron sus tierras hasta las últimas consecuencias.

Villarrica en esta época era un naciente municipio anclado en la cordillera oriental, de

difícil acceso y con una sola vía de comunicación terrestre, una carretera sin pavimentar por

la que los campesinos y hacendados sacaban sus cosechas, y entraban y salían de la zona

para cumplir con extensos jornales. Era un lugar olvidado del mundo, que escapaba al

reconocimiento nacional, que conocían, con una exclusividad casi cómplice, sus habitantes.

Quizás nadie, salvo ellos, había oído nombrar este municipio hasta el 4 de abril de 1955,

fecha en que como culmen a varios meses de ataque y cercamiento a la población, el

Destacamento de Sumapaz al mando del Teniente Coronel Hernando Forero Gómez, en una

clara ofensiva contra los campesinos de la región y bajo la justificación de combatir al

terrorismo, inició una operación desmedida de aniquilamiento contra la población de la

zona.

35  

El preludio de la catástrofe fue la declaración de la guerra frontal contra el comunismo por

parte del presidente General Gustavo Rojas Pinilla, quien rompiera el compromiso de paz y

reconciliación nacional con el que había iniciado su gobierno a través del Acto Legislativo

del 07 de septiembre de 1954 en el que declaró en su artículo 1° la prohibición de la

actividad política del comunismo a nivel nacional, al turno que declaraba como ‘comunista’

y enemiga del orden público y la seguridad nacional, a la población de Villarrica, que

presentó como un montón de campesinos armados y peligrosos que pretendía establecer

bases y avanzar en una invasión asesina hacia la capital del país, hambrientos de sangre de

colombianos de bien.

La masacre fue inminente cuando el 27 de marzo de 1955, se declaró zona de operaciones

militares a la región de Carmen de Apicalá, Icononzo, Cunday, Pandi y Villarrica, y se

empezó a rodear la zona, controlando la entrada y salida de personas, mercancías, medios

de transporte; y a librarse toques de queda que castigaban a las almas que se hallaban fuera

de sus casas después de las 5:00 p.m., acompañado de toda clase de controles excesivos

sobre la población. Los controles se extenderían hasta completar casi un mes de

limitaciones a los derechos fundamentales de la población.

Apenas amanecía el 03 de abril, cuando se vieron los primeros F-47 y B-26 disparando

largas filas de luces rojas perfectamente seguidas una de la otra que caían en los cafetales,

36  

en los cultivos de plátano, en los árboles frutales, y que dejaban hoyos humeantes en las

hojas, en la tierra, las paredes, los techos, las camas y las personas.

Estos aviones fueron los primeros de una flota de treinta bombarderos, que respaldaban el

avance de cerca de 5.000 hombres de infantería acompañados de tanques y vehículos

blindados que subieron por la carretera destapada que de Cunday conduce a Villarrica

seguidos de cañones disparando bombas y generando explosiones que dejaron en el campo

huellas de hasta de tres metros de profundidad.

Los cañones constituyeron un cerco. Fueron dispuestos en los puntos altos de las montañas

que bordeaban el pueblo, dirigidos hacia los caminos para impedir la huída de los

campesinos. Asimismo se colocaron cientos de morteros punto 61 y punto 81, que

apuntaban hacia lugares inciertos en las montañas en los que se creía que estaba la

resistencia guerrillera sin consideración alguna a quién pasaba por allí. La plaza central

cercada por 140 hombres que se encargaban de capturar a todo el que saliera de su casa,

para enlistarlo, censarlo y subirlo a cualquier camión militar con rumbo hacia Cunday. Allí

tenía su base el Destacamento de Sumapaz, cuartel general de la operación bajo el mando

del teniente coronel Hernando Forero Gómez con miles de hombres entrenados llevados

desde Bogotá y muy bien armados. El que llegaba a Cunday, no podía sentirse feliz por

estar vivo, porque bastaba con que lo identificaran como villarricense para que fuera

37  

clasificado de inmediato por las autoridades, como “comunista”, es decir, un enemigo, y

por causa de su ello, ser objeto de torturas.

Los comunistas, los guerrilleros, los enemigos del orden, debían morir, debían ser

eliminados de raíz, así como sus hijos y sus ancestros, como exterminando una plaga. Bajo

esa concepción se justificaban los interminables bombardeos, los disparos indiscriminados

y las persecuciones que no cesaron esa noche ni las noches siguientes durante ocho meses.

El objetivo era exterminar la resistencia, es decir, exterminar a un grupo de 300 hombres,

conformado por campesinos y algunos ex guerrilleros que se habían reincorporado a su

vida netamente agraria tras la amnistía ofrecida por Rojas Pinilla en 1953 al inicio de su

gobierno. Esta resistencia se ubicó en el monte con escopetas remendadas, pistolas viejas,

bombas caseras hechas con afán en medio de la huída. Hombres que con el paso de los días,

empezaron a vivir en cuevas y refugios en medio del monte, en trincheras bajo tierras, por

las que sólo podían sacar la punta de las armas y las cabezas, empezaron a coger olor a

monte, se empezaron a acostumbrar a la muerte, alimentados por la fuerza de su

determinación de proteger hasta las últimas consecuencias a sus mujeres, a sus hijos, a sus

familias. Estos campesinos presenciaron la invasión, sus casas y cultivos incendiados, y

veían cómo por el camino se fueron quedando miles asesinados, mutilados, destrozados por

las balas. Se gestó una generación que en adelante viviría con la mano en el ‘boquifrío’, el

38  

olor de la muerte fijo en el recuerdo, el monte, la trinchera y la pólvora, y las imágenes de

muerte, agonía y desolación del desterrado y del masacrado.

La operación del Ejército estaba dispuesta para reducir a la población en un plazo máximo

de una semana, pero la resistencia que ganó apoyo de otros grupos de autodefensa

campesina provenientes de otras zonas del país, conformando un total de 800 hombres,

logró sostenerse por más tiempo. Al cabo de ocho meses de intensos combates en la zona

más de 100.000 campesinos fueron desplazados. En los últimos días, solo quedaba el

Ejército en un pueblo fantasma que sería nuevamente ocupado, por los habitantes

capturados que no habían huido por entre el monte y que el mismo Ejército había censado y

llevado al Destacamento de Sumapaz para recomenzar en el pueblo “pacificado”, y que en

realidad, no era más que un conjunto de potreros abandonados y en posesión de los viejos y

tradicionales hacendados de la región.

3.2 Las múltiples versiones de los agentes sociales

En todos los conflictos, los múltiples agentes sociales libran una lucha por la verdad de los

crímenes atroces, definiendo los hechos que los configuran y los motivos que los

produjeron. El presente apartado es un intento por sistematizar las diferentes versiones que

dichos agentes han producido sobre la masacre de Villarrica.

39  

a. Colonización de tierras: la disputa por la propiedad y la apropiación del

excedente

Colombia para 1950 se encontraba sumida en un conflicto agrario de vieja data. Miles de

campesinos sin trabajo ni tierra propia, que trabajaban por todo el país como jornaleros mal

remunerados y que buscaban tierras para colonizarlas, tierras que una vez adecuaban para el

cultivo y la explotación agrícola, les eran usurpadas por terratenientes latifundistas y

hacendados locales para ampliar sus ya muy extensas propiedades36.

Durante la primera mitad del siglo veinte, y como nudo central en la década de los años

cincuenta, se estaba frente a un punto álgido del conflicto agrario a nivel nacional. A esta

situación no se escapaba la región de Villarrica, donde el hambre de tierras37 de una

                                                            36 Como lo señalara a profundidad María Victoria Uribe: “lo que buscaban los campesinos cuando se desplazaban a las zonas de frontera agrícola, era conquistar una independencia económica que les permitiera alimentar a su familia, controlar los procesos de producción y obtener excedentes económicos. La dinámica colonizadora generaba un doble movimiento: por un lado estaba la constante presión que ejercían los grandes terratenientes sobre los campesinos al pretender apropiarse de tierras abiertas por ellos, expulsando a los colonos obligándolos a buscar nuevas tierras ignotas, ampliando de esta manera la frontera agrícola, y por otro estaba el colono, civilizando tierras agrestes en busca de un independencia que siempre era efímera, pues detrás de él venían los latifundistas con la intención de apoderarse de éstas y en consecuencia asegurar una fuerza de trabajo que era escaza en las haciendas”.

En María Victoria Uribe, Salvo el poder: todo es ilusión, 67 (ed. Pontificia Universidad Javeriana, Instituto Pensar, 2007, Bogotá, 2007).

37 Expresión atribuida a Eric Hobsbawm que identifica a La Violencia como un momento de hambre de tierras, donde durante varios años de anarquía una emergente clase media rural usó la violencia para adquirir riqueza y poderío, en medio de una típica estructura feudal que caracterizaba al campo en ese momento en Colombia: “en sus centros principales, la Violencia no es un simple movimiento del pobre contra el rico, del desposeído por más tierras. En cierto modo desde luego se trata de una expresión de hambre de tierras, aunque se presente como campesinos conservadores asesinando y arrojando a los liberales de sus propiedades, o viceversa. Distintamente, en el curso de 15 años de anarquía, ha sido utilizada por una clase media rural

40  

creciente población campesina38 que no lograba obtenerlas por encontrarse, por un lado, las

aptas para la agricultura concentradas en manos de unos pocos, y por otro lado, las

disponibles, en condiciones aún agrestes que les significaban inversiones en tiempo y en

recursos para disponerlas para el cultivo, incrementaban la demanda ante una cada vez más

reducida oferta.

Los grandes hacendados latifundistas, empleaban a los campesinos para la explotación de

sus tierras a cambio de muy malos pagos y el permiso para vivir en su haciendas, o en el

mejor de los casos, arrendándoles partes de sus terrenos cultivables, imponiendo

condiciones abusivas en los contratos como la facultad del hacendado de determinar el

precio de los cultivos y los niveles de producción que podían disponer para la venta, y de

esta forma mantener el control sobre los campesinos trabajadores.

La propiedad de la tierra, era un arma de dominación sobre los campesinos y sus familias,

que callaba sus voces para garantizar su subsistencia y el trabajo en lo único que sabían

hacer, al tiempo que garantizaba la perpetuidad en el poder de quienes creaban y ejecutaban

                                                                                                                                                                                     ascendente (que por otra parte difícilmente hubiese encontrado forma de ascensión social en una sociedad casi feudal) para adquirir riqueza y poderío”. En Eric Hobsbawm, Rebeldes primitivos: estudio de las formas arcaicas de los movimientos sociales en los siglos XIX y XX, 267 (Ed. Ariel, Barcelona, 1968). 38 El testimonio de ‘María’ en Crónica de Villarrica, el trabajo testimonio al más importante sobre la masacre da cuenta de ello: “Luego mi papá se enteró de que había una colonización en Villarrica y entonces fue cuando se trasladaron allá, cuando yo tenía como dos años. En Villarrica se decía que se podía trabajar en buenas tierras, que eran baratas e inclusive aún, que eran baldíos, que eran montañas”.

En Jacques Aprile Gniset, Derecho y luchas sociales. Crónica de Villarrica, 122 (ed. ILSA, Bogotá, 1991).

41  

las leyes y la división social marcada por las amplias diferencias económicas a causa de la

distribución del ingreso y la acumulación de capitales.

Sin embargo, los campesinos empezaron a hacer demandas desde los campos, afectando los

niveles de producción y las asistencias a los cultivos –y por contragolpe los ingresos de los

latifundistas- como medio de los campesinos para hacerse escuchar. Sus reiteradas

demandas en el campo de las mejoras laborales y reformas agrarias que respondieran de

manera más justa con la propiedad a la explotación de la tierra, provocaron una seguidilla

de intentos de reforma agraria por vía legal.

En primer lugar, se expidió el Decreto n° 1110 de 1926 tras un fallo de la Corte Suprema de

Justicia en el mismo año39, con el que se determinó que la propiedad de la tierra debía

acreditarse con títulos de propiedad, a falta de ellos, la propiedad no existía y la ocupación

se consideraba efectuada sobre predios baldíos.

                                                            39 El fallo de 1926 de la Corte Suprema de Justicia determinó que las tierras debían retornar al Estado en caso en que los que se reputaban dueños no pudieran acreditar dicha propiedad a través de títulos originales que demostraran el inicio de la posesión de buena fe sobre los predios, es decir, se fijó una presunción de legal sobre todos los predios e considerarse baldíos, en caso que el particular no demostrar su dominio a través de un título originario del Estado.

Ver: Sentencia de 15 de abril de 1926. Corte Suprema de Justicia. M.P.: Luis Felipe Rosales. G.J. T. XXXII, 262.

42  

Con ésta primera herramienta jurídica, la agenda del Estado encabezado por el Gobierno

del entonces presidente Abadía Méndez se hizo evidente, enfocándose en ampliar la

frontera agrícola, es decir, ampliar el margen de terrenos cultivados40, y explotados

efectivamente sugiriendo que podía adquirirse por ocupación.

Lo que se presentó como un reconocimiento que hacía el derecho a las demandas de los

campesinos, se convirtió en la práctica en una herramienta para garantizar el trabajo de los

mismos a las tierras de los terratenientes, y solucionar los problemas de titulación y las

consecuencias penales que significaba para muchos de ellos el estado de sus propiedades,

las que habían adquirido a través de herramientas como el desalojo y el despojo de tierras.

Así mismo, la reforma trajo consigo problemas más graves, que ampliaron los niveles de

violencia del conflicto agrario, al provocar la invasión dramática de tierras y las luchas por

conservarlas, incluso a través de pequeños grupos de seguridad privada que contrataban los

hacendados.

A pesar del panorama desalentador que revelaba el estado de las cosas, desde la óptica

idealista del campesino, lo dispuesto en el decreto se vio de una forma muy diferente. El

campesinado, lo consideró como una respuesta por mucho tiempo esperada por parte del                                                             40 Como se verá más adelante, éste propósito se confirma al hacer un análisis de los intereses cafeteros en la región y la incidencia del precio internacional del café.

43  

derecho que contenía el reconocimiento de sus derechos y de su lucha, y deslegitimaba el

desalojo como una forma de adquirir la propiedad –aun cuando muchos de ellos tampoco

contaban con títulos de propiedad de los predios donde se habían asentado para empezar a

explotar la tierra; así se lee, por ejemplo en la publicación del periódico Claridad en enero

de 1929:

“(lo que hace el decreto es) llamar a cuentas a todos los latifundistas que se tienen

cogidas grandes extensiones de terrenos baldíos no para trabajarlos y hacerlos

producir sino para impedir que otros las trabajen para bien del progreso de la

agricultura, el desarrollo de la población y el acrecentamiento de la riqueza

nativa”41.

La posibilidad jurídica de discusión de la propiedad de la tierra, solicitando los títulos que

acreditaran los derechos sobre la misma por cualquiera interesado en cuestionar la

propiedad, y la de adelantar posesiones para adquirir las tierras por ocupación de los

colonos que venían explotándolas invadiéndolas, generó como era de esperarse, un malestar

entre los grandes terratenientes que vieron amenazadas sus ‘propiedades’. La situación en

los campos se tornó aún más complicada, y las brechas entre campesinos-colonos y

hacendados-latifundistas se ampliaron por cuenta de una disputa que ahora se libraba

también en los estrados judiciales de la mano de la citada Ley.

                                                            41 Tomado del periódico Claridad (Bogotá), Edición del 28 de diciembre de 1929. Citado en Salvo el poder..., ibídem.

44  

Como contraprestación, el gobierno liberal de López Pumarejo, que pregonaba la

modernidad, impulsó una nueva reforma agraria, esta vez por medio de una ley de la

república. Con la expedición de la Ley 200 de 1936, se introducen reformas sustanciales al

tema de la propiedad de bienes inmuebles en Colombia, principalmente, eliminó el

requisito de probar la propiedad de la tierra, con la condición de que ésta fuera explotada

económicamente, además se validó la adquisición de baldíos por medio de su ocupación,

sin importar el medio por el que ésta se hiciera, por lo que la dinámica de colono invasor

que preparaba y arreglaba los terrenos para el cultivo y el hacendado que lo despojaba una

vez estaban adecuados se repitió una y otra vez42.

La intervención final del derecho, sin introducir reformas sustanciales para aliviar la

situación de los campesinos, estuvo dada por la Ley 100 de 1944, que trató de garantizar la

mano de obra para los terratenientes, calificando los contratos de arrendamiento de

inmuebles y de aparcería y cosecheros, como contratos de utilidad pública en pro del

incremento de la producción agrícola. Señalaba como de utilidad social la adquisición de

terrenos incultos o insuficientemente explotados bajo este mismo propósito, y ampliaba a

quince años el término para que operara la restitución del predio por no ser éste explotado.

                                                            42 LeGrand, hace un estudio del impacto que tuvo esta reforma legislativa en el campo, señalando que no propició el proceso de colonización por parte de los campesinos, sino que validó muchas prácticas de los latifundistas dando piso a sus reclamaciones de tierras.

En: Catherine LeGrand, Frontier Expantion and Peasant Protest in Colombia 1830 – 1936, (Ed. University of New Mexico Press, Albuquerque, 1986).

45  

El efecto que alcanzó no fue otro que aumentar el número de demandas de los campesinos,

para ese momento organizados en movimientos a lo largo del país en pro de sus derechos.

Desde una perspectiva histórica, resulta evidente la desinformación de los campesinos

sobre las implicaciones jurídicas que abarcaban este tipo de leyes, y que les demostraron al

largo plazo su ineficacia como condición de posibilidad de cambios estructurales a los

problemas de la propiedad agraria. Las versiones de los campesinos durante la ocurrencia

de estos hechos resultaban ingenuas y esperanzadoras, como logró mostrarse más arriba

con la posición sentada por un medio de comunicación eminentemente campesino.

Las versiones posteriores, que aún hoy pueden leerse, dan cuenta de la desilusión y el

sentimiento de frustración en que derivó los incumplimientos y los efectos de las leyes43.

También posteriores, son las narraciones de otros actores que no se vieron involucrados

directamente en la cadena de crímenes atroces que se llevó a cabo en Villarrica, pero que

reproducen importantes versiones de la verdad, que son intentos, como éste, de

construcción de una memoria histórica y que le aportan a la reconstrucción de la verdad el

valor de la investigación desde la academia. Así tenemos entre los trabajos más destacados,

el de Catherine LeGrand44, quien plantea cuestiones sobre la dinámica de la colonización,

                                                            43 A los cuales se hará referencia más adelante en este mismo trabajo.

44 Su trabajo más importante sobre el particular y que fue una herramienta fundamental para la elaboración de este trabajo de grado es Catherine LeGrand, Frontier Expantion and Peasant Protest in Colombia 1830 –

46  

los colonos despojados, y la lucha por la propiedad que se presentó en esta dialéctica; y el

de Elsy Marulanda45, quien presenta una estudio sobre las colonizaciones en la región del

Sumapaz desde una perspectiva geográfica y destacando la dinámica colonizadora desde el

centro del país.

b. El Sur-oriente del Tolima: zona cafetera próspera y por explotar

La economía parecía ser la preocupación fundamental del General Gustavo Rojas Pinilla

durante su gobierno militar de 1953 a 1958. Éste era el elemento que lo mantenía en el

poder a pesar del turbio panorama político y social del país. La economía tenía un repunte

debido en gran parte a que el precio internacional del café, uno de los productos más

cultivado en los campos, estaba al alza, por lo que era un interés central del Gobierno

Nacional garantizar más cultivos y un incremento en la productividad de los grandes

propietarios de haciendas cafeteras que sostenían la economía, un reducido grupo de

colombianos dentro del que el mismo General se ubicaba con su propia hacienda cafetera

en Anapoima.

                                                                                                                                                                                     1936, (ed. University of New Mexico Press, Albuquerque, 1986). Así mismo, se destaca el trabajo sobre la dinámica de la colonización y los conflictos que se generaron como parte de la misma en su trabajo Colonización y protesta campesina en Colombia, (ed. Universidad Nacional, Bogotá, 1988).

45 Aun cuando no estudia particularmente la región de Villarrica, por su cercanía geográfica y las similitudes que revela en la conformación del conflicto, son importantes sus trabajos: Elsy Marulanda, Historias de frontera: Colonización y guerras en el Sumapaz, (ed. CINEP, Bogotá, 1990) y Elsy Marulanda, Colonización y conflicto, las lecciones del Sumapaz, (ed. Tercer Mundo Editores, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, Bogotá, 1991).

47  

La zona de Sumapaz y el oriente del Tolima, demostró desde la década de los treinta46 ser

una zona ideal para la producción cafetera47. Por un lado, allí los campesinos de varias

regiones del país que buscaban establecerse en su propia extensión de terreno, confluyeron

en una zona que se ubicaba en el centro del país y, en esta región en especial, por sus

condiciones climáticas y por las dificultades de acceso que presentaba48, al ser un

municipio con la población apenas suficiente para obtener tal categoría, ubicado en medio

de la cordillera central, con una sola vía de acceso, sin pavimentar y al que resultaba más

fácil acceder en mula, dio la idea de ser un lugar ideal para iniciar colonización haciéndose

de machetes para tumbar monte y empezar a tener algo propio.

Por otro lado, los grandes terratenientes, que vieron en esta región un escenario ideal para

aumentar su producción a través de la mano de obra barata valiéndose de estrategias como

                                                            46 En particular, para la década de los treinta, Colombia se vio afectada por la crisis económica mundial en el campo de sus exportaciones, en concreto las de café, que por tratarse del producto más importa en este reglón de la economía para ese momento, se buscó el modo de garantizar la producción. Al respecto, María Victoria Uribe resume que “(la crisis económico mundial) ejerció una gran presión sobre la frontera agrícola existente en ese momento, creando la necesidad de abrir nuevas tierras para la agricultura en varias regiones del país (…) como resultado de la crisis, a partir de 1930, se inició en el país un proceso de colonización de zonas agrestes y baldías que tenían por objeto adecuar nuevas tierras para el cultivo del café en las vertientes de la cordillera oriental”. Ob. Cit, p.65.

47 Sobre la producción cafetera a lo largo del siglo XX, existen importantes estudios. Resulta clarificarte la referencia que hace Daniel Pécault sobre el particular: “Según el censo de 1932, las haciendas de más de 35 ha. Suministran por sí solas el 37.9% de la producción de Cundinamarca, el 36.8% de la de Santander y el 27.6% de la del Tolima; en la misma fecha las haciendas de la misma talla difícilmente alcanzan el 17.3% de la producción de Antioquia, el 10.7% de la de Caldas y el 4.4% de la del Valle. Para el total de Colombia aportan el 18.2% de la producción” (subrayado fuera de texto).

En Daniel Pécault, Orden y violencia: evolución socio-política de Colombia entre 1930 y 1953, (Ed. Norma, Bogotá, 2001).

48 Como señalara Eric Hobsbawm al momento de analizar la situación histórica del campo en Colombia; “El panorama general del campo colombiano está constituido por lo tanto por comunidades campesinas extraordinariamente atrasadas, aisladas, ignorantes y rutinarias, aherrojadas por propietarios feudales y por esbirros”, Ob. Cit. p. 266.

48  

el despojo y el amedrentamiento a los campesinos colonos para expulsarlos de sus tierras

una vez éstas se encontraban en condiciones óptimas para el cultivo en el caso de los

arrendatarios, buscando aumentar a cualquier costo sus extensiones de tierra cultivable para

el café.

Cuando se logró la cruzada para despojar a los campesinos de las tierras, como

consecuencia inmediata se tuvo un aumento en el número de cultivos de café, y con él, un

aumento en la cuota de participación de Colombia en un mercado mundial inmerso en un

repunte del precio del grano, por esta razón la Guerra de Villarrica, logra convertirse en un

hito sobre los alcances de la violencia como arma de guerra dispuesta para lograr intereses

económicos notables49.

                                                            49 Al respecto, resulta importante la referencia histórica que trae Elsa María Fernández cuando al referirse a la situación del campo para las décadas de los años cuarenta y cincuenta señala que: “El factor dominante de los dos primeros gobiernos de La Violencia (1946-1955) [1955 diríamos nosotros] fue el terrorismo oficial (…) a escala rural, ese terrorismo se generalizó como cruzada antiliberal y anticomunista orientado a extirpar las aspiraciones democráticas del campesinado, y a eliminar el espacio propio que conquistaron frente al poder terrateniente. Podrá parecer paradójico, pero los años de La Violencia fueron también los años de mayor crecimiento económico en Colombia; entre 1949 y 1954 se dio un importante auge económico en el que el café tuvo un gran valor” (subrayado fura del texto).

En Elsa María Fernández, El narcotráfico y la descomposición política y social: el caso de Colombia, 67, (Ed. Plaza y Valdes, Bogotá, 2002).

Diríamos nosotros que no fue gratuito, o en palabras de la autora ‘paradójico’, sino que por el contrario, fue la consecuencia inmediata de un proceso agresivo de colonización y contra-colonización librado en las zonas cafeteras más importantes del país, entre ellas Villarrica, por parte de los grandes terratenientes, que conocedores del mercado, valiéndose del poder y del derecho, despojaron de tierras y libraron una guerra contra los campesinos que eran propietarios o las poseían, para aprovechar el repunte mundial del precio del café.

49  

c. Población ocupante: los ‘comunistas’ de Villarrica

Para el momento en que Rojas Pinilla toma la decisión de iniciar una operación en

Villarrica su imagen como el presidente pacificador50, por no inscribirse en ninguno de los

partidos políticos tradicionales, y por lo tanto, presuntamente no encontrarse permeado por

sus intereses políticos, ya se había diluido.

No sólo debido a sus políticas públicas, que tenían una clara tendencia a la represión –como

con las limitaciones que impuso a la libertad de prensa-, sino además con la calificación de

peligrosos para la seguridad nacional a los emergentes movimientos estudiantiles y

comunistas que defendían derechos de los trabajadores en las ciudades y de los labriegos en

el campo.

La máscara se había caído desde el mismo momento en que se opuso a la manifestación

estudiantil y procedió a silenciarla ordenando la muerte de los marchantes en una plaza de

                                                            50 Sobre el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla, se ha escrito bastante en la literatura académica, que traemos a colación por la importancia que adquiere al describir la situación desde una perspectiva histórica. Sobre el plan de Gobierno, Elsa María Fernández resume que “El gobierno militar actuó bajo un programa de paz y amnistía, logrando de inmediato el apoyo de las clases dominantes y dominadas. A las pocas semanas del cuartelazo, Rojas ganó la confianza del país al imponer a las guerrillas una paz memorable. Afirmó que estaba dispuesto a promover una reforma agraria; por algunos meses, en el campo reinó una paz social casi completa. Entre junio y octubre, las tropas guerrilleras del Llano, Antioquia y Santander, depusieron las armas; las de Cundinamarca y Tolima, de fuerte influencia comunista, sólo depusieron la lucha. Efectivamente, las encomiendas del nuevo gobierno eran el restablecimiento de la paz y la contención de la lucha campesina”. Ibídem, p. 67-68.

50  

Bogotá, en lo que algunos han llamada la Masacre de los Estudiantes en noviembre de

1954, revelando así su carácter anticomunista y violento, valiéndose de métodos represivos

y violentos, y usando los crímenes atroces como táctica para garantizar la democracia51.

Cuando se hizo evidente que las políticas estatales y el derecho, a través de sus

herramientas legislativas, no propondrían soluciones de fondo para aliviar la situación del

campesinado y las dificultades que ellos tenían con la propiedad de la tierra, y que por el

contrario, el derecho estaba siendo usado como herramienta para la perpetuación en el

poder, muchos campesinos optaron por pasar de las demandas pacíficas a las demandas

armadas, que además cumplían con el objetivo de brindar seguridad en el campo y cuidar

sus propiedades y cultivos.

                                                            51 Sobre el carácter de Rojas Pinilla como gobernantes, y su concepción del comunismos analizadas desde una perspectiva comparativa frente a un gobernante eminentemente conservador como fue Laureano Gómez, James D. Henderson señala que “Rojas se asemejaba mucho a Laureano Gómez en su reverencia por el legado hispánico y cristiano de Colombia, y en su antipatía ante la forma en que la moderna sociedad secular había menoscabado la sociedad tradicional (…) culpaba de muchos de los problemas sociales de Colombia, especialmente de la Violencia a personas partidarias de filosofías “disociadoras” y dedicadas a acabar con las antiguas tradiciones. (…)Rojas aprendió su odio por los comunistas en las barracas, donde el soldado estaba encargados de defender a la civilización cristiana contra fuerzas oscuras y divisorias. Su desagrado por la ideología izquierdista se intensificó durante los años que pasó en Estados Unidos, durante los cuales hombres como Joseph Mc Carchi y el general Douglas MacArthur predicaron que una conspiración dirigida desde Moscú estaba a punto de producir un holocausto ateo y comunista en todo el mundo cristiano (…) De tal modo, la credulidad de Rojas y su simpleza marcial lo llevaron a interpretar la violencia en Colombia de manera paradigmática, desde la teoría de la conspiración comunista. (…) Una vez que asumió el poder, Rojas dio rienda suelta a su anticomunismo, con trágicas consecuencias para los campesinos que vivían en el oriente del Tolima y en la contigua región de Sumapaz, en Cundinamarca”.

En, James D. Henderson, La modernización en Colombia: los años de Laureano Gómez, 1889 – 1965, (ed. Universidad de Antioquia, Colección Clio, 2006).

51  

Los movimientos de resistencia campesina fueron una realidad desde 1930, conformados

para la lucha armada, la lucha sindical y la reivindicación de derechos a la propiedad52.

Cobraron mayor importancia, cuando además de los campesinos que reunía, empezaron a

ganar apoyo de partidos políticos, principalmente de la Unión Izquierdista Revolucionaria

(UNIR) dirigida por Jorge Eliecer Gaitán; el Partido Agrario Nacional (PAN); el

Movimiento Agrario de Sumapaz liderado por Erasmo Valencia (MAS) y el Partido

Comunista de Colombia (PCC)53.

En la región del Sumapaz y del Oriente del Tolima, confluyeron desde ese momento,

movimientos armados campesinos, una lucha agraria que se tornaba armada y ganaba

fuerza y, un foco de influencia electoral de los partidos políticos de izquierda,

principalmente el Partido Comunista.

Los campesinos, los que se encontraban adentro de estas organizaciones e incluso los que

no, veían con buenos ojos una lucha por “tierra libre, pan barato, abrigo bueno y techo

decente”54, demandas que más que revolucionarios o tendientes a desmontar la democracia

                                                            52 Gonzalo Sánchez en el prólogo que hace al trabajo de Elsy Marulanda, señala cómo el movimiento campesino puede verse como la maduración de una proceso de una nueva concepción del trabajo, la justicia y la propiedad por parte de los campesinos organizados en regiones como la de Villarrica.

En: Elsy Marulanda, Colonización y conflicto: Las lecciones del Sumapaz, (ed. Tercer Mundo Editores, IEPRI, Bogotá, 1991).

53 Ob. Cit. Pig. 70.

54 Según reseña María Victoria Uribe, los objetivos de la lucha de los campesinos de Sumapaz se sintetizaban en esta consigna. Para el desarrollo de la misma, remite a Reman Vega, Gente muy rebelde, p.166.

52  

y el Gobierno de ese momento, se leían como democráticas y justas. Los cerca de diez mil

campesinos que se asentaron en los terrenos baldíos de la región de Villarrica y Sumapaz55,

sumado al componente ideológico reseñado, derivaron en un cada vez más organizado

movimiento agrario.

Sin embargo, el Gobierno militar no lo vio con buenos ojos, y más temprano que tarde,

Rojas Pinilla calificó de enemigos y peligro para el orden público. Y derivó en las terribles

consecuencias que constituyen el centro de este trabajo. A su vez, la fijación de un enemigo

público, legitimó el uso de fuerza desmedida y sirvió como una útil herramienta pública a

favor del gobierno que presentaba toda la operación militar como un paso necesario para

garantizar la ‘supervivencia de la democracia’.

Aun cuando no todos los campesinos de la región de Villarrica optaron por hacerse a la

lucha armada campesina sino que continuaron en el terreno dando soporte en el terreno de

lo ideológico, todo el que fuera natural de Villarrica, fue rotulado como ‘comunista’, e

inevitablemente, fue perseguido y víctima de acosos56.

                                                            55 María Victoria Uribe, Ob. Cit., Pág. 72.

56 De acuerdo con el testimonio recogido por Aprile, de alias ‘Pedro’, esta situación se presentaba de la siguiente forma: “el ejército perseguía a todos los integrantes del partido [comunista]. Todo ese trabajo era un trabajo clandestino; porque en esos días Rojas Pinilla ilegalizó el partido comunista. Hacía muy poco que había entrado yo al partido, cuando Rojas Pinillas lo ilegalizó y llegó la razón a Villarrica de que el partido determinaba poner consignas por todas partes, en las piedras, en las paredes y en los muros del pueblo, a donde más se pudiera poner al consigna de: “Viva el partido Comunista” (…) el partido comunista ya estaba ilegal, entonces todo lo que es comunista es como su hubiera matado (…) los papeles nuestros eran de

53  

d. Incumplimiento de obligaciones estatales: la pérdida del signifícate de acuerdos

de paz.

El inicio del gobierno de Gustavo Rojas Pinilla estuvo marcado por su ascenso al poder a

través de la promesa de paz que hiciera para garantizar el respaldo popular del que carecía

por su escaza trayectoria política y cuya credibilidad fue posible gracias a que representaba

la posibilidad de que el Estado se alejara de los partidos políticos tradicionales57, de modo

que gobernara con una tendencia más neutral y no provocara el levantamiento de los

miembros del partido contrario prolongando así la violencia. En ese marco, Rojas Pinilla

dio comienzo a su gobierno, ofreciendo como mecanismo para alcanzar la paz una amnistía

a los guerrilleros que quisieran deponer sus armas, prometiendo que respetarían sus vidas y

en adelante podrían vivir en paz en el campo.

Los colombianos, en los campos y en las ciudades, respiraban un ambiente de tensa calma a

la espera del momento en que la represión, que como se señaló fue haciéndose cada vez

más evidente, fuera a provocar la sublevación de las masas más oprimidas. Las amnistías

propuestas y las promesas de paz al inicio de su gobierno no se cristalizaban en resultados,

                                                                                                                                                                                     Villarrica y con esta cédula bastaba para provocar la persecución. Nosotros no podíamos decir i siquiera de dónde éramos”.

En Jacques Aprile Gniset, Ob. Cit., p.75 – 76 y 131.

57 En otro testimonio recogido por Aprile, un sobreviviente relataba sobre las políticas de inicio del gobierno de Rojas Pinilla: “Rojas Pinilla muy hábilmente (…) llamó a la concordia y se asesoró de los medios de comunicación de masas, escritos y hablaos pertenecientes a ambos partidos”. Ibídem, p. 18.

54  

y por el contrario, habían demostrado ser trampas para reseñar a los que participaron en

ellas.

La primera amnistía, vino en una invitación del Gobierno a las guerrillas en los campos a

entregar las armas y cesar la lucha, que fue acogida por los guerrilleros en los Llanos, los

Santanderes y Antioquia, incluso, algunos grupos en el Tolima acudieron al llamado, y el

31 de octubre de 1953 depusieron las armas. El Gobierno, dio un parte de victoria,

señalando que al menos 3.200 guerrilleros habían entregado sus armas58.

La contraprestación a la entrega de las armas, era en teoría, muy generosa, significaba la

paz, el respeto por su vida y la de sus familia, y en últimas, dejarlos vivir tranquilamente en

el campo cultivando. Para garantizarlo, y como forma de mostrar a quien lo hiciera como

un ‘colaborador’ del Gobierno, se le entregaba un salvoconducto59.

                                                            58 Así lo señala Marco Palacios al afirmar “se reportó que e seis semanas rindieron las armas 3200 guerrilleros, incluida una contraguerrilla conservadora”.

En Marco Palacios Rozo, Entre la legitimidad y la violencia: Colombia 1875 – 1994, 231 (Editorial Normal, Colección Vitral, Bogotá, 1995).

59 En un trabajo cercano a las expectativas de los campesinos de la época, elaborado a partir de entrevistas a sus descendientes y una investigación profunda de la zona, elaborado por Laura Varela y Yuri Romero, resumen la amnistía de la siguiente forma: “Una ve depuestas las armas el 31 de octubre de 1953, el Gobierno el General Rojas Pinilla y los militares prometieron a los labriegos del Oriente del Tolima y Sumapaz que sus vidas e integridad les serían respetados y que podrían regresar a sus propiedades. Como garantía de lo prometido, a cada hombre y mujer adulto le otorgaron su correspondiente salvoconducto. Poco a poco los campesinos fueron regresando a sus lugares de origen, pero (…) la región entera estaba sumida en la desolación y la miseria”.

55  

Sin embargo, la entrega de armas no trajo para los campesinos los resultados esperados, y

por el contrario, logró que quedaran desprotegidos y reseñados en adelante por las

autoridades militares como ‘guerrilleros’, al igual que sus familias; eso cuando nos

referimos a quienes sobrevivieron, porque muchos de los que acudieron al llamado del

Gobierno de deponer las armas fueron masacrados tan pronto cumplían con su parte en la

negociación60. A lo que se sumó el hecho de que al regresar sus propiedades y sus parcelas

estaban invadidas61, y el Gobierno nacional y local al mando de los militares, a los pocos

meses creaba el ya mencionado Destacamento de Paz por considerarlo una ‘zona peligrosa’

por ser comunista, lo que parecía dejar sin alternativas a los villarricenses.

                                                                                                                                                                                     En: Laura Varela Mora y Yuri Romero Picón, Surcando amaneceres: historia de los agrarios de Sumapaz y Oriente del Tolima, 236 (Fondo Editorial Universidad Antonio Nariño, Alcaldía Local de Sumapaz, Bogotá, 2007).

60 En testimonios aportados por testigos sobrevivientes se da cuenta de la invitación del Gobierno militar para el desarme así: “(…) llegó una invitación del Gobierno que tenían que ir [los hombres armados que componían el movimiento armado campesino] a Cabrera, a Mundo Nuevo, e donde disque les iban a dar unos papeles, o no sé qué… Y la gente se fue toda, iban hartos muchachos. Pero cuando llegaron a Mundo Nuevo ella les hicieron formar fila y enseguida los mataron a todos”, en Jacques Aprile Gniset, Ob. Cit., p. 39.

61 “(…) en Villarrica la situación fue más compleja porque a su regreso los campesinos encontraron sus fincas ocupadas por otras personas que se negaban a devolverlas a sus propietarios (…) los labriegos de Sumapaz y Oriente del Tolima fueron excluidos de las políticas de rehabilitación nacional adelantadas por el gobierno de Rojas Pinilla y posteriormente por el Frente Nacional, con el pretexto que al ser una región de influencia comunista representaba un peligro para la seguridad del país. Los campesinos de esta región, que ha decir verdad no creían en las promesa de Rojas Pinilla, se dedicaron fervorosamente a rehacer sus parcelas sin esperar ayuda de nadie”. Ibídem, p. 236.

En este mismo sentido, Gonzalo Sánchez decía en su trabajo La violencia: de Rojas al Frente Nacional: “Villarrica había presenciado una lucha constantes entre terratenientes, poderosos y establecidos hacía largo tiempo, y campesinos pobres, muchos de los cuales habían peleado con la guerrilla liberal antes de su desmovilización en 1953. Muchos de quienes regresaban a sus hogares, abandonados durante los combates, descubrían que otros habían reclamado sus tierras y eran apoyados por el ejército”.

En: Gonzalo Sánchez, La violencia, de Rojas al Frente Nacional en Nueva Historia de Colombia. Historia Política, II, 127 – 152, 146 (ed. Planeta, Bogotá, 1989).

56  

El problema fue justamente éste, quienes habían depuesto las armas, quienes le habían

creído al Gobierno que se estaba haciendo una apuesta por la paz y se desarmaron para

volver a sus tierras, a sus parcelas, las encontraron o perdidas porque estaban en manos de

otro, o improductivas, lo que generó inevitablemente más problemas y descontento en el

campo a los que el Estado no ofreció soluciones62.

3.3. Formas de racionalización del terror

Las víctimas de un crimen atroz, cualquiera que sea el crimen que las victimice, resultan

perturbadas en el sentido más fiel a la palabra una vez éste acontece, toda vez que ven

modificada su existencia y comprensión del mundo, como individuos y como parte de la

comunidad a la que pertenecen y que fue desvertebrada. En particular, las víctimas de un

crimen atroz, se enfrentan a un evento traumático que desencadena en ellas un afán por

reencontrarse en el mundo, y un profundo sentimiento de pérdida.

                                                            62 Así lo confirma el testimonio de Gerardo Loaiza, importante guerrillero que combatió en la época, en el departamento del Tolima y que participó en la amnistía, traído por Gonzalo Sánchez y Donny Mertens en su trabajo Bandits, peasants, and politics: the case of “La Violencia” in Colombia, cuando citan un diario de la época: “[W]e ask no other [help] than what was offered at the moment of reconciliation of the armistice. If we surrendered our guns that had allowed us to defend our lives, we expected to receive the tools that would make it easier for us to obtain our daily sustenance” en, Diario Tribuna, edición de marzo 31 de 1954.

En: Gonzalo Sánchez y Donny Mertens, Bandits, peasants, and politics: the case of “La Violencia” in Colombia, 51 (ed. University of Texas Press, Texas, 2001).

57  

La posibilidad de continuar con la dinámica social de las comunidades y con los proyectos

de vida de los individuos que las conforman, implica trámites para dejar atrás el

sentimiento de pérdida de un algo que hacía parte de su ser y en cierta forma los definía, a

un sentimiento de un individuo, en el que comprenda que aún sin aquello que perdió él

continúa siendo un ser en el mundo. Este proceso, se libra sólo cuando un individuo

adelanta su propio proceso de duelo. Sin embargo, el duelo, es sólo la etapa final del intento

del individuo de racionalizar su terror pues existen otras formas que crean los propios

agentes involucrados, y que permean las formas en que narran el crimen atroz.

a. El terror siempre está en otro lugar:

La inconformidad con el Gobierno de Rojas Pinilla se vio en diferentes lugares del país,

más aún, cuando decidió romper con la amnistía que había proclamado para conseguir la

paz nacional. En particular, en el departamento del Tolima puede verse como el problema

suscitado con el Gobierno y las Fuerzas Armadas a su mando, provocó que la lucha armada

campesina, retornara con mayor fuerza.

La racionalización del terror a través de la estrategia de ubicar el terror en otro lugar, en el

caso de la masacre de Villarrica, puede verse implementado en dos escenarios: Uno, el

nacional, específicamente desde la visión centralista, desarrollada principalmente en el

imaginario urbano que se ubica en la región andina de Colombia, en la capital, donde el

58  

Estado y con él las Fuerzas Militares, parecieron centrar la atención en el combate a las

formas de comunismo que germinaban a lo largo y ancho del país y que correspondían a

una amenaza contra la paz y el bienestar del que disfrutaban, olvidando actos de barbarie en

cabeza del Gobierno, contra la vida de ciudadanos que se oponían a políticas públicas,

como el caso de Villarrica, o los casos de la Masacre de los Estudiantes (1954) y la

Masacre de la plaza de toros (1956), contra trabajadores sindicalizados. Allí el terror lo

ubicaban en el campo, es decir, en otro lugar; y los eventos en que la violencia estatal se

desarrollaba en los centros urbanos, se identificaban como reductos o grupos de

protestantes peligrosos, perturbadores del orden público, de modo que la violencia, era una

condición, por naturaleza, ajena a las ciudades.

El segundo escenario, se presentó en el ámbito rural, allí la racionalización de la violencia

se hizo particularmente por medio del uso de imaginarios populares que permitían

establecer más fácilmente enfrentamientos que no eran propios como causas del conflicto

por las que debía cada campesino tomar partido en el mismo, atribuyéndose a razones

históricas, que aunque les eran ajenas, se ofrecían por los grandes terratenientes como

motivos para defender una causa en común entre éstos y sus trabajadores.

La lucha bipartidista se convirtió en el parangón que se usó en los imaginarios colectivos, y

del que sacaron provecho las instituciones más letradas, como la iglesia, las autoridades

locales y los terratenientes. La violencia se manejó como una situación propia de una lucha

59  

ideológica y de la que era imposible abstraerse porque correspondía a lo que pasaba en el

campo a nivel nacional.

A la estrategia de interpretar la violencia como algo ajeno a la vida normal del país, y al

mismo tiempo, como una situación de la que quienes la vivían no podían escapar,

contribuía enormemente la situación del creciente desplazamiento de los campesinos,

cumplía con el doble propósito de ubicarlos como seres extraños y ajenos a los ámbitos

urbanos que ‘traían’ consigo la violencia, y de señalar al campo como un escenario en el

que se desarrollaba casi ‘naturalmente’ la violencia, por lo que el proceder era huir de él si

se quería escapar de los crímenes atroces. Del campo se huían porque él era violento,

porque vivir en el campo significaba exponerse a la violencia, otorgando una condición

subjetiva al “campo”, a los campesinos como agentes de violencia, llenándolos de éste

significado63.

                                                            63 En particular, el uso de la palabra migrante, desterrado, desplazado, hace una referencia al sujeto en torno a su territorio, y las narraciones que se entretejen alrededor de éste significante que ubica al sujeto fuera de su territorio, del territorio donde se ubica el terror. En palabras de Luz Mery Giraldo en su trabajo En otro lugar: migraciones y desplazamientos en la narrativa colombiana: “Las ficciones que tiene como hilo conductor desplazamiento o exilio, o, en otras palabras, representan las experiencias de sujetos migrantes, expresan una forma de exorcismo y catarsis frente a lo producido por unos seres humanos sobre otros que han atentado contra su vida y su pertenencia a una nación, es decir a su habitus”.

En, Luz Mery Giraldo, En otro lugar: migraciones y desplazamientos en la narrativa colombiana contemporánea, 21 (ed. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2008).

60  

b. Normal anormalidad:

“entre nosotros la muerte es un huésped incómodo aunque esperado, hoy como

ayer, día tras día en cada una de las habitaciones de la casa”64

El terror surgió en Villarrica casi desde el mismo momento en que empezó a convertirse en

municipio. Todo el oriente del Tolima era ya una sociedad traumatizada cuando las Fuerzas

Armadas enviadas por Rojas Pinilla llegaron al territorio. La violencia y el terror hacían ya

parte de la vida de los tolimenses porque era uno de los territorios donde había llegado la

primera violencia bipartidista, así como porque la lucha agraria preparó el terreno para que

los colonos y campesinos arrendatarios se alzaran en armas en defensa de sus parcelas.

Es por esto que cuando el Gobierno decidió actuar por las armas, para combatir el

comunismo que según las Fuerzas Militares se albergaba en la zona, sus habitantes en gran

medida ya se encontraban preparados para recibir el ataque –aun cuando como se dijo éste

fuera de proporciones tan desmedidas que superó sus propias expectativas-. Los

campesinos de la región y los grupos guerrilleros, aunque habían accedido a una amnistía,

no habían entregado todas ni sus mejores armas porque por su conocimiento del gobierno,

aquello que les parecía normal, era que la violencia, volviera, porque siempre volvía.                                                             64 R.H Moreno Durán, El oidor y el cóndor en La violencia dos veces pintada, en Arte y violencia en Colombia desde 1948: mayo-junio de 1999, 268 (ed. Museo de Arte Moderno de Bogotá, Universidad de Texas, Bogotá, 1999).

61  

Contrastando con el hecho de que a nivel nacional, fuera algo inesperado que el Gobierno

de Rojas Pinilla, rompiera la amnistía con la que inició su mandato.

El campesinado recibió el ataque del Ejército, y desde los primero días de la ocupación

sabían cómo moverse y desplazarse, la estaban esperando, aprendieron a vivir en medio de

la guerra, a sobrevivir, a dormir entre cafetales y a cocinar en las noches para no ser

descubiertos ni detectados, para no ser blanco de ataques aéreos, a camuflarse, a vivir en

medio de la normalidad de la guerra.

El villarricense, y en general el colombiano, está listo para el ataque, vive en guerra, vive

huyendo, vive sobreviviendo. Aunque es una situación que para cualquier otro ser humano

sería anormal, y lo sacaría de rutinas cotidianas más tranquilas, para el colombiano

constituye su cotidianidad, su normalidad, siempre se lo espera, vive en un estado de alerta.

Villarrica es sólo otro ejemplo de ello, y esta una de las formas en que sus protagonistas

entendieron la violencia de la que fueron objeto, como la afrontaron, como una situación

normal, de la que no eran ajenos y que no los diferenciaba de nadie más, porque todos los

otros campesinos, en otros lugares estaban atravesando por similares circunstancias.

Pareciera ser que en el imaginario de los colombianos, la situación de la violencia se

interioriza como una situación ajena, que es de otros y ocurre en otros lugares, o una

62  

situación que se presenta en un lugar específico, y que por lo tanto, se soluciona

moviéndose –desplazándose si se quiere- de ese lugar a otro que se encuentre ‘en paz’. Las

causas de la violencia como se verá se silencian, y la violencia se ‘asume’ como una

condición del colombiano.

Esta estrategia, racionaliza el terror, porque lo que es normal, no requiere explicación, no

interroga sobre las cusas del sobresalto, lo deja pasar, lo hace parte de sí, una situación

podríamos decir casi que connatural a su ser, a su cultura. Lo violento no sobresale, es por

el contrario, el curso natural de los hechos, y la verdad, es sólo otro sacrificio de los que

deben hacerse en la guerra, en la violencia.

c. El silenciamiento:

Los hechos de Villarrica permanecieron ocultos para el país. A través de varios

instrumentos de orden legal y estatal, en uso del poder que concentraban.

Por medio del Decreto 1139 del 25 de abril de 1955, el Gobierno militar impuso pena de

prisión a los periodistas que publicaran lo que estaba ocurriendo en Villarrica, o que se

refirieran a la actividad militar que allí se desarrollaba. Del mismo modo, se centralizó la

posibilidad de divulgar lo ocurrido con la creación de la Oficina de Información y

63  

Propaganda (ODIPE), que era la única autorizada para informar sobre los hechos, y que

permitió información sobre lo que estaba ocurriendo en Villarrica los diarios de circulación

nacional a los mismos, sólo en lo referente a la publicación de informes de autoridades

estatales y de las Fuerzas Militares, principalmente permitiendo exclusivamente la

publicación de Informes del Destacamento del Sumapaz, que daba parte de victoria y de

lucha en pro de la seguridad nacional.

Los crímenes atroces ocurridos en Villarrica, no constan en la memoria colectiva global, es

decir, la memoria nacional. Por el contrario, son recordadas en la memoria local, sus

habitantes más ancianos, que fueron testigos presenciales de lo que pasó, así como los

descendientes de éstos, son quienes reconstruyen la historia a partir de sus testimonios,

reflejan en su silencio voluntario, su necesidad de recordar para evitar a toda costa que se

repitan los hechos, su necesidad de no olvidar para prevenir y para dar aviso a futuras

generaciones de lo que pasó y evitar que se repita el terror.

La verdad, sin embargo, no ha desaparecido, se encuentra oculta en los testimonios jamás

revelados o denunciados, por la desconfianza de los habitantes del Gobierno Nacional y

local. Se crean mecanismos no para desaparecer sino para ocultar la verdad, la verdad se

calla en las mentes de sus sobrevivientes, para que en la memoria colectiva queden las

razones por las que ocurrieron esos hechos, y para que éstas no se repitan, a modo de

enseñanza macabra de la violencia.

64  

El terror permanece en el recuerdo, para que los campesinos jamás actúen de igual forma, y

para que en un acto de terror permanentemente renovado, ‘eviten’ ser nuevamente sujetos

de la violencia, para ello se perpetúa el recuerdo y el silencio del mismo de forma

simultánea, es ésta la violencia que dejaron los agentes estatales armados del derecho.

d. Justificación:

La lucha agraria en Villarrica alcanzó proporciones inesperadas, porque la población

campesina se vio involucrada y dio soporte al accionar del movimiento agrario. Los

campesinos decidieron dar una lucha frontal por las que de acuerdo con la ley, por la

explotación y el aprovechamiento del suelo, eran sus tierras. El aumento en el nivel de

violencia, se da por el enfrentamiento para determinar quién es “el propietario” de la tierra,

es decir, para imponer en uso de la ley, quién tiene el derecho, a través de interpretaciones

que cada parte hace de la misma, y que son ambivalentes y contradictorias entre sí, y se

apoyan en la actuación de autoridades locales para el caso de los terratenientes, y en el

cumplimiento de los supuestos fácticos contenidos en las normas, de parte de los

campesinos.

Se establecen dos formas de verdad que se contraponen y enfrentan, la verdad local y la

verdad global, la primera reflejada en la verdad histórica, y la segunda, en una incipiente

verdad judicial más precisamente estatal, que se enfrentan por imponer cada una un

65  

significante, se enfrentan para determinar el derecho de propiedad sobre la tierra, por

nombrarse a sí mismos propietarios, para legitimar cada uno su lucha, su uso de la violencia

como última posibilidad de fijar lo real.

Sin embargo, esta lucha local, trasciende a lo global, o de lo histórico reflejado en los mitos

e historias locales, se dirige a lo global o a la verdad estatal y judicial, en los esfuerzos del

Gobierno Nacional por determinar la zona de Villarrica como peligrosa para la ‘seguridad

nacional’, y a sus habitantes como guerrilleros comunistas enemigos del statu quo, y por

ende, de la tranquilidad y la paz, porque sólo de ésta forma, el impacto real iba a ser

controlado, porque se condujo al colectivo a que la reacción global fuera de apoyo, de

soporte a la causa guerrerista estatal, porque era en pro de un ‘interés común’, cual era la

defensa del estado colombiano.

El Estado pasa a ocupar el papel de salvador de las instituciones, y a ser un actor

benevolente que controla las memorias locales con mecanismos de amnistías y perdones

colectivos, como el que se promovió el 21 de junio de 1955, donde se negociaba el silencio

del enemigo a cambio de su libertad.

66  

e. Realismo mágico:

El movimiento guerrillero y los campesinos asumieron lo ocurrido en Villarrica como una

batalla anunciada para la que debían estar preparados. Una batalla que para las tropas y para

los campesinos, para los que se enfrentaban directamente en la lucha exponiendo sus vidas,

“no duraría más de quince días” pasados los cuales, el Gobierno Nacional, al ver la

reacción del campesinado, su organización y el apoyo popular, pasaría a negociar y a

reconocer las propiedades de la tierra de formas justas y acordes a la ley.

Lo importante de esta creencia, es la ambivalencia que revela, cual es la contraposición del

sueño de una batalla corta que valdría la pena porque pondría fin al conflicto agrario, con la

realidad apabullante de la que los miembros del movimiento campesino eran consientes, la

imposibilidad de ganar esa guerra con los escasos recursos en armamentos, hombres y

provisiones de los que disponían. Era una narración traída al campo de lo real, pero

fabricada con elementos fantásticos e irrealizables.

Po otro lado, en el campo de la literatura, el realismo mágico como forma de

racionalización el terror se hizo evidente, ya no como una estrategia de uno de los agentes

involucrados directamente –ni Ejército ni campesinos- sino como una narración construida

desde una perspectiva histórica, que se alejaba de la narrativa historiográfica, para rescatar

elementos de narración no tradicionales, en su versión, entretejiéndola con elementos reales

67  

y ficticios que conviven en un solo relato. El ejemplo más sobresaliente, es la novel La

pájara pinta escrita por Albalucía Ángel, quien construye personajes ficticios que reflejan

los reales y denuncian sus actividades de terror, y describe el escenario dantesco desde un

plano de la ficción, pero evidentemente haciendo una narración de la verdad. Así se lee por

ejemplo, en la escena en que narra la toma por parte del Ejército, que se transcribe a

continuación:

“Nueve mil unidades provistas hasta los dientes con toda clase de armas, fueron

concentrados con el apoyo de treinta aviones bombarderos, que durante once días de

ofensiva convirtieron la pequeña región de Villarrica en un cuadro que n siquiera

Dante, por decir los nazis, que es cuento muy traqueado, imaginó en su vida.

Cañones emplazados sobre carros blindados, tanques que vomitaban cientos de

toneladas de miles de explosivos, puestos fortificados con morteros punto sesenta y

uno y punto ochenta y uno, mientras las infantería perforaba la resistencia, o sea los

campesinos”65.

                                                            65 Albalucía Ángel, Estaba la pájara pinta, 435 (4ª ed., Universidad de Antioquia, Medellín, 2003).

68  

4. LA MASACRE DE BAHÍA PORTETE:

Bahía Portete es un pequeño asentamiento de indígenas que conduce hacia un puerto

naturalmente formado por el mar, compuesto por un conjunto de ranchos construidos

rudimentariamente y que sobresalen en medio del desierto. Alejado del transcurrir agitado

del mundo, y apenas recordado por algunas de sus víctimas en los años anteriores al 2004,

año de la masacre, como un lugar disputado pero hermoso que los dioses habían heredado

al pueblo Wayuu.

4.1 Hay sangre en la arena:

En ese 18 de Enero del 2004 eran miles los que sin esperanzas hacían caminos por entre el

desierto. Caminos que se perdían, de los que no quedaban huella, porque el viento

inclemente desplazaba la arena; como a ellos mismos les estaba pasando, quedando sin

raíces, sin rumbo, sin pasado y sin presente.

Fantasmas vestidos de hermosas túnicas de colores, en medio de un universo ocre,

abandonaban sus casas aún humeantes dejando atrás sus muertos: quemados unos, cortados

en pedazos otros. Emprendían el camino del destierro con él único propósito de salvar lo

que les quedaba de sus vidas después de la barbarie de los paramilitares.

69  

Siempre estuvieron en medio del desierto. Una tierra hostil que sólo ellos, en un eterno

diálogo con el mundo sagrado, han aprendido a trabajar. Ese mismo desierto, que los había

unido y tenido alejados de las violencias más crueles de sus enemigos, les estaba siendo

arrebatado. Los arijunas invitaban la muerte a sus lugares sagrados, por tratarse de parajes

libres de la vigilancia de las autoridades estatales.

“Chema Bala” era conocedor del desierto y las costumbres ancestrales del pueblo. Sabía

cómo causarles el mayor de los daños, sabía cómo matarlos desde adentro, sabía cómo

imponer el terror y hacerlos sentir abandonados. “Chema Bala” sabía todo eso pues había

sido uno de ellos. Pero ese no siempre había sido su nombre. A José María Epinayuu, se le

metieron los malos espíritus cuando mataron a dos de sus primos, perdió su esencia Wayuu,

y hasta el nombre se había cambiado para sentirse y comportarse como arijuna. Se llamaba

ahora José María Ipuana o José María Barros, en identidades que se inventaba como parte

de su nueva identidad, y en el mundo de asesinos en el que comenzó a andar, lo llamaban

‘Chema Bala’.

Su madre, lo había designado como administrador de un muelle en Bahía Portete. Ya podía

presagiarse lo peor cuando estableció alianza con el Bloque Norte de las Autodefensas, con

‘Jorge 40’. Desde los días en que se sabía de esa oscura alianza con la muerte, siguieron

muertes selectivas, miedo, zozobra y un inusitado control sobre la región de los wayuu.

70  

Como si estuviese parado en el lugar del todopoderoso, “Chema Bala” dictaminó la muerte

para todo aquel que no acatara la orden de irse o de unirse a su causa, la causa paramilitar.

Ésta impuso el uso del territorio en función del tráfico de drogas y el contrabando, so

pretextos de proteger a la población del accionar de las guerrillas. Impulsó la amenaza con

la certeza del abandono en que por siglos ha estado todo el pueblo Wayuu asentado en

Bahía Portete por parte del Estado colombiano. Éste solo los ha visto como un obstáculo

para lograr su propia consolidación, para su crecimiento o para el de la inversión extranjera.

Por eso “Chema Bala” sabía que podía encontrar en el Ejército un aliado.

Con las lágrimas del pavor y el desconsuelo, las mujeres recuerdan cómo ese medio día, en

las camionetas blancas de vidrios polarizados y vestidos con camuflados del Ejército

llegaron los paramilitares para arrasar con todo sin consideración alguna. Estos hombres

invadieron Bahía Portete y empezaron a buscar rancho a rancho a quienes querían

sentenciar a muerte.

Conocedor de los significados de los lugares sagrados y los ritos, Chema ordenó terminar

con la comunidad, arrasar con la ranchería, destrozar los cuerpos con hachas, separarlos,

quemarlos, profanar los cementerios y hacer parte de la guerra a mujeres y niños. No había

lugar hacia donde huir, sólo estaba en frente el desierto, y en éste, el camino que conduce

hacia Venezuela. Marchar por el desierto sin mirar atrás para salvar la vida. La tierra ya no

les pertenecía. Sus tumbas habían sido profanadas.

71  

Para sembrar el terror, no sólo se profanaron los muertos ancestrales, también se despojó de

dignidad los recién muertos. Una joven asesinada a tiros, fue sentada en una silla de

mimbre y se le decapitó de un tajo. A otra, agonizante, la colgaron en un cactus desde

donde caía la sangre en la arena. A los vivos se les prendió candela y a varias niñas que no

alcanzaron el camino de la huída, las alcanzó la afrenta de la violación.

En las columnas de marcha de los que quedaron vivos, dirigiéndose hacia Uribia, Manaure,

Maicao y Venezuela, se encontraban madres en medio de lágrimas y de desespero,

preguntando angustiosamente por los más de 20 niños desaparecidos. Otros tantos

partícipes de este éxodo indígena por el desierto, pedían razón de 10 miembros de la

comunidad que no eran hallados. Entre abrazos eran consumidos por la incertidumbre que

consume a aquellos que no pueden enterrar a sus semejantes.

Durante una semana los restos del horror quedaron a la intemperie sin que autoridad estatal

alguna llegara al lugar. Y esto a pesar de que tres días antes la comunidad había informado

al Ejército la inminencia de un ataque por parte de los paramilitares. Esta advertencia fue

trasladada al sistema de alertas tempranas del Estado, a la Defensoría del Pueblo, y a la

Vicepresidencia, pero ninguno acudió con celeridad.

72  

La masacre fue avisada por los espíritus, que aparecieron días antes en los sueños de los

líderes espirituales de la comunidad. Desde esos días la tragedia sigue acompañando sus

noches en una escena que se repite eternamente: un pueblo fantasma caminando sobre

restos innombrables en la arena ensangrentada, buscando algo más escurridizo que la arena

misma, eso que los arijunas llaman “justicia”.

4.2 Las múltiples versiones de los agentes sociales

La masacre de Bahía Portete, fue el punto más alto de violencia que se alcanzó por parte de

los agentes involucrados en los hechos de violencia que allí venían ocurriendo, el estallido

de una serie de intereses contrapuestos que hizo uso de la violencia para imponerse de

forma definitiva en un crimen atroz.

Los agentes involucrados, con intereses contrapuestos y discursos que daban sustento a sus

actuaciones, libraron una lucha por el significante del territorio, por tener territorio,

conservarlo y darle uso. Una lucha que se libró también en el terreno de las narraciones,

donde la verdad histórica que logró primar, y que se construyó sólo por el agente que

contaba con mayor poder por, el Estado, aún hoy se contraría, sin intención de ser

modificada, por la verdad judicial que está construyéndose en el marco del Proceso de

73  

Justicia y Paz, a través de versiones libres de postulados66, reconstrucciones de hechos

realizadas por la Fiscalía General de la Nación en el marco del mismo proceso, narraciones

de académicos, medios de comunicación, y recuentos orales de las víctimas, que transmiten

principalmente a través de sus líderes.

a. Control territorial:

La península de la Guajira, se encuentra estratégicamente ubicada en la geografía de

América. No sólo por las implicaciones que tiene geográficamente su forma de saliente de

tierra que entra en el mar y es bañada enteramente por la mayor parte de sus orillas por un

Mar Caribe que comunica en poco tiempo con toda Centroamérica e inclusive con

Norteamérica, permaneciendo en todo momento conectada con el país continental, de

forma que naturalmente tiene la potencialidad de conformar cientos, o tal vez, miles de

puertos; sino además porque las condiciones mayoritariamente planas de su territorio,

facilitan el desplazamiento hacia las costas.

                                                            66 Desmovilizados de los grupos de autodefensas que fueron reconocidos por el Gobierno Nacional como excombatientes a los que se les llevará un proceso especial de justicia transicional juzgando sus actos en el marco del conflicto, aplicándoles la Ley 975 de 2005.

74  

Las condiciones geográficas descritas, como las más destacadas de La Guajira,

departamento donde se ubica Bahía Portete, fueron uno de los motivos más importantes

para los agentes que se vieron involucrados en los crímenes atroces.

Por un lado, se encontraba el pueblo Wayuu, que desde la conquista española halló en las

tierras áridas de la Guajira un refugio natural ideal para conservar su pueblo, y desarrollar

su vida en comunidad. El desconocimiento de los españoles de las condiciones del terreno,

aunado a las difíciles condiciones de supervivencia que ofrece el desierto, permitieron

mantenerlos a salvo de la barbarie española, que en cierto grado, permitieron que hasta el

día de hoy, mantengan como pueblo cierto nivel de autonomía extralegal, conservando sus

normas tradicionales y siendo, al menos formalmente, reconocidas en la República de

Colombia desde la Constitución Nacional.

Por otro lado, los agentes estatales, reflejados en las diferentes autoridades que el Estado

instituye en la Guajira para el cumplimiento de sus funciones constitucionales, como las

Fuerzas Militares, el Gobiernos Nacional y local, encuentran en la geografía de la península

de la Guajira un punto estratégico de posicionamiento territorial, no sólo porque es desde

éste punto en el que el país inicia su territorio continental, y por lo tanto, es uno de sus

extremos geográficos, sino además, porque garantiza la seguridad del país y de la soberanía

del Estado.

75  

A agentes como los grandes empresarios y multinacionales, la ubicación de la Guajira

parece resultar fundamental desde el punto de vista de su condición de puerto natural, para

el embarque de productos y por las posibilidades de explotación de diferentes productos, en

especial, las explotaciones de carbón, salinas y petroleras.

b. Inclusión de la población civil en el conflicto:

Los agentes involucrados en el conflicto, han tenido la marcada y persistente tendencia a

incluir a la población civil en el mismo, a través de la estrategia de hacerlo parte de los

aliados del enemigo en uno y otro bando.

Los paramilitares, en el marco del proceso de Justicia y Paz, en las diferentes versiones que

desmovilizados y postulados han rendido, así como en diferentes entrevistas rendidas ante

medios de comunicación, han mantenido la posición de señalar al pueblo Wayuu, y en

concreto, a los habitantes de Bahía Portete para el año 2004 como ‘auxiliadores’ o

‘colaboradores de la guerrilla’, además de una población con una situación interna difícil,

compuesta por enfrentamientos armados entre clanes y disputas por el poder de tráfico de

contrabando.

76  

Contrasta con la versión que los paramilitares sostienen del pueblo Wayuu el que en su

mayoría, éste haya sido renuente a colaborar con el proyecto paramilitar de expansión y

tráfico de estupefacientes y contrabando. Los paramilitares, que operaron en la zona a

través del Bloque Norte, no fueron ajenos al desconocimiento del desierto que caracterizaba

a todo el que era ajeno al pueblo Wayuu, incluyendo al mismo Estado colombiano, por lo

que fue necesario para desarrollar el proyecto de consolidación de puertos para la salida de

narcóticos por los puertos naturales de ésta zona contar con el soporte de los pobladores

que conocían perfectamente la zona y el desierto, que inhóspito y desolador podía resultar

mortal para el desplazamiento y mantenimiento de los hombres.

c. Fuente inagotable de recursos naturales:

El departamento de la Guajira, con el desierto que la caracteriza, aparentemente

improductivas y que inicialmente, fueron despreciadas desde una perspectiva económica

por los conquistadores españoles, con una visión netamente agraria del desarrollo

económico. Sin embargo, recientemente las multinacionales que han inyectado sus grandes

capitales en Colombia, haciendo uso de sus equipos de explotación y con el desarrollo de

macro-proyectos de desarrollo económico y turístico, como los proyectos de construcción

del Puerto de Bolívar aprobado por el Gobierno del presidente Uribe Vélez, la explotación

de carbón en El Cerrejón, las explotaciones de recursos minerales (como la plataforma

gasífera y petrolera que se extiende por entre el mar y cubre desde Punta Estrella hasta El

77  

Pájaro) y la explotación turística a través de programas como ‘Vive Colombia, viaja por

ella’.

Los proyectos económicos del pueblo Wayuu, se desarrollan principalmente en el plano de

la economía de subsistencia –en los renglones agrícola y de pastoreo-, así como en el

contrabando –que vale la pena señalar se trata de una práctica ancestral- y el desarrollo de

una incipiente actividad eco turística, que desarrollan sin afectar el entorno ecológico, ni el

desarrollo normal de la comunidad ante la escasa infraestructura hotelera disponible.

4.3 Formas de racionalización del terror:

La serie de crímenes atroces que se cometieron en Bahía Portete, permiten vislumbrar los

elementos que definen estos crímenes de cualquier otra forma de violencia en el marco de

un conflicto armado. En primer lugar, en Bahía Portete los delitos cometidos se realizaron

en contra de la población civil, que no estaba involucrada como combatiente en el conflicto,

de modo que no correspondía a una respuesta militar que no obedecía a una táctica de

eliminación de otro igual, es decir otro combatiente, ni a una acción de legítima defensa

ante un ataque previo. En segundo lugar, los delitos se cometieron con una violencia

desproporcionada e innecesaria en contra de la población civil víctima. La táctica de arrasar

a la población entera a través del terror, valiéndose de medios como la quema de viviendas

y víctimas que aún permanecían vivas y que previamente habían sido cruelmente

78  

torturadas, los descuartizamientos, las violaciones, la profanación del cementerio, y los

ataques indiscriminados a mujeres, niños y ancianos.

Los niveles de violencia que se alcanzan en los crímenes atroces, y en el caso que nos

ocupa, que los define y configuran estrategias de imposición a través del terror, y generan

efectos devastadores en las comunidades que las sufre, como se señaló en el caso de la

Masacre de Villarrica, y por ello la sociedad recurre a las formas de racionalización

desarrolladas en apartados precedentes.

a. El terror siempre está en otro lugar:

A diferencia del caso de Villarrica, el crimen atroz ocurrido en Bahía Portete tuvo de

inmediato un cubrimiento y publicación en el escenario nacional e internacional de las

diferentes versiones, que obligaron al Estado a referirse expresamente al caso, y a las

autoridades locales encargadas de la seguridad, a informar sobre su accionar y a informar

sobre las razones de la masacre.

El Estado unificó su discurso, señalando que la masacre no se trataba de un abandono a los

deberes de proveer seguridad o a una presunta complicidad de las Fuerzas Armadas frente

al accionar paramilitar, reduciendo el episodio a un enfrentamiento entre clanes Wayuu que

79  

se disputaban el territorio y de diferencias personales entre el Bloque Norte de las

Autodefensas y los indígenas.

Incluso como lo señalara Ana Epinayuu, cuando el Estado y el Gobierno Nacional hicieron

por fin presencia en la zona, se acompañaron los actos de entrega de ayudas con peticiones

inoportunas y desconocedoras de la magnitud de la masacre por parte de quien para ese

momento fuera Vicepresidente de la República, Francisco Santos, quien “quiso que

bailáramos la chichamaya dizque para alejar los malos espíritus, pero nosotros estábamos

de luto. Trajeron indígenas de otras partes para mostrar que lo que había pasado aquí, no

era grave”67.

Un discurso de éste tipo, sostenía una narración que invisibilizaba tanto las causas reales de

la masacre, como la dramática situación de las víctimas, otorgándoles una condición de

parte en el conflicto, y por lo tanto, ubicando el terror en el territorio, como una situación si

se quiere ‘natural’ en el marco de un territorio en que existen dos fuerzas enfrentándose de

vieja data, un conflicto entre iguales, entre combatientes.

El terror se ubica sobre el territorio, no en Bahía Portete, sino en la Guajira como territorio

en que dos fuerzas armadas se enfrentaban. El terror, se ubica en la condición misma del                                                             67 Entrevista publicada por el Diario El Heraldo. Por Jaime de la Hoz Simanca. Barranquilla, 11 de noviembre de 2007. Publicación virtual.

80  

indígena como mercenario, como traficante y delincuente, la narración crea el imaginario

de la necesidad de ubicarse en otro territorio, para escapar el terror, y genera el sentimiento

de que era ‘inevitable’ que ocurriera una masacre de esta magnitud.

b. Normal anormalidad:

Coinciden las narraciones tanto de las víctimas como de los agentes involucrados, en

señalar que La Guajira ‘siempre’ ha sido un territorio de violencia y de enfrentamiento, y

que la situación de violencia le es casi que ‘propia’.

Así por ejemplo, el Estado ha sido constante en señalar que la situación de orden público

del departamento ha sido ‘históricamente’ complicada, y donde lo ubican como un

departamento en que la solución a los problemas de violencia se ve lejana, y por el

contrario, la normalidad se encuentra en los altos índices de homicidios derivados de los

enfrentamientos al interior del mismo pueblo Wayuu.

El indígena, como se refleja en los testimonios de varios líderes, afirma que debió crecer en

la normalidad de la guerra. El pueblo Wayuu se define como migrante, que en nuestro

criterio, y dados los elementos de juicio del presente trabajo, debería llamarse más

técnicamente desplazado, sin tierras y con una enorme dificultad para asentarse

81  

definitivamente, situación que se confirma con la tendencia a aprovechar su conocimiento

del desierto, para moverse en él y huir de los diferentes enemigos que ha tenido a través de

la historia.

Se trata de racionalizar el sentimiento de pérdida, de adelantar el proceso de duelo por la

pérdida en lo real de un objeto fundacional, la tierra, el desierto. Donde ven frustrados sus

mitos, donde se elimina cualquier posibilidad de porvenir, porque éste mismo se pensó en

la tierra. Y se tramita a través de la consideración de normal de la condición de despojado,

alojando profundos sentimientos de venganza que hablan de una frustración del duelo y de

la superación del evento violento como comunidad, en una dinámica en la que participan no

sólo el Estado cuando identifica al pueblo Wayuu como un puedo nómada, sino los mismos

indígenas al definirse como desarraigados.

c. El silenciamiento:

Si bien lo ocurrido en Bahía Portete no ha permanecido oculto para el país debido a la era

tecnológica y de información en la que nos encontramos, donde a través de medios de

comunicación masiva se han plasmado diferentes versiones, entre ellas como se mostró, las

versiones de las víctimas, el silenciamiento, como forma de racionalización del terror de los

crímenes ocurridos en el epicentro central de la masacre de Bahía Portete el 18 de abril de

2004, se ha llevado a cabo bajo la estrategia de otros crímenes atroces.

82  

El crimen sistemático de líderes de la comunidad Wayuu, que por tratarse de una sociedad

matrilineal se ha tratado en su mayoría de mujeres, con posterioridad al evento protagónico

y ante la denuncia que las mismas han emprendido de la masacre, dan cuenta de una

estrategia de silenciamiento, por una lucha para determinar la verdad que imperará, y

deslegitimar, a través de la terrible estrategia de eliminar a cualquier otro narrador, la

narración que pueda empezar a construir el propio pueblo Wayuu.

Se trata de eliminar las narraciones que contienen verdad histórica, como parte de una

estrategia militar de arrasar con el enemigo incluso desde su componente social, para

generar en él un profundo sentimiento de desarraigo, y una vez más, acudiendo al uso del

terror como estrategia de guerra para controlar siempre y dondequiera las acciones de la

víctima, en un ejercicio de terror permanente que bloquea cualquier intento de

reconstrucción de la verdad histórica.

d. Justificación:

El terror pierde su dimensión, se redefine a través de mecanismos de justificación de la

violencia desmedida. Las narraciones que dan paso a justificaciones a la violencia, eliminan

de los crímenes atroces el elemento esencial que las define y permite enmarcarlas en el

ámbito del derecho para su posterior juzgamiento. Así, lograr construir y dar una verdad

que de justificaciones, realmente lo que está haciendo es señalando que el hecho violento

83  

requirió de la violencia con la que se cometió, es decir, que esta violencia fue necesaria, y

que de no haberse librado de la forma en que se libró, las consecuencias habrían sido

terribles para una colectividad aún mayor.

Discursos de este tipo, en que se elimina el elemento de ‘innecesaridad’ del crimen, para

que éste pueda ser visto como atroz, imperan en los discursos de paramilitares

desmovilizados y participantes del proceso de Justicia y Paz, pero irónicamente, también

imperan en los discursos estatales a través de las instituciones encargadas de proveer de

seguridad. En cuanto a los primeros, los discursos acuden a la estrategia de deshumanizar al

enemigo –al pueblo Wayuu víctima de la masacre- al llamarlos una población netamente

‘guerrillera’, ‘auxiliadora de la guerrilla’ y ‘delincuente’, a la que debía combatirse. Por su

parte, los discursos estatales, no sólo legitiman la versión paramilitar, replicándola, sino que

además señalan al pueblo Wayuu como un pueblo traficante e involucrado en el conflicto,

que libra sus luchas a muerte por el poder de modos terriblemente violentos, frente a los

cuales el mismo Estado no interviene, en primer lugar, porque se trata de conflictos

‘culturales’, en el sentido que son luchas supuestamente interclanes por el poder en el

desierto y en la península, y en segundo lugar, porque han sido impredecibles de modo que

el Estado no ha tenido la posibilidad de condicionar su actuación o mejorar las condiciones

de seguridad para evitarlos.

84  

e. Realismo mágico:

En las narraciones construidas por sobrevivientes y por el pueblo Wayuu como

colectividad, se torna evidente el elemento del realismo como forma de racionalización del

terror en la que conviven los muertos y los vivos en medio de narraciones fantásticas.

El punto partida es sin lugar a dudas, el ataque frontal que significó la masacre a las

costumbres y tradiciones del pueblo Wayuu, en lo que como se mostró, consistió en una

estrategia para amplificar el terror generando el sentimiento de anulación del enemigo, a

través de su desarraigo hacia el elemento fundacional en lo real, el territorio como lo

sagrado. Así, la pérdida del territorio, aunada a la imposibilidad de cumplir con los rituales

funerarios propios de su cultura, derivan en una imposibilidad tanta para el muerto como

para el vivo de superar lo ocurrido y vivir –o descansar- en paz.

La imposibilidad de manifestar y conmemorar la pérdida haciendo uso de las costumbres y

tradiciones de duelo y entierro en el pueblo Wayuu, hacen que permanezcan en el presente

los muertos, y se construyan narraciones en torno a su imposibilidad de descanso y la

convivencia permanente con los muertos en el presente. Por ejemplo, una mujer wayuu

85  

sobreviviente manifiesta que "ante tanta matanza en esta masacre, los espíritus de los

difuntos no están en paz y nosotros tampoco"68.

Se lee ésta preocupación y dificultad para dar trámite al duelo, en diferentes narraciones del

pueblo Wayuu, por ejemplo, en el manifiesto de conmemoración de los tres años de

ocurrencia de la masacre por una de las víctimas sobrevivientes que como mujer ha

liderado los procesos de reconstrucción de la memoria colectivo, en el manifiesto señala

que: “Año tras año seguiremos recordando la MEMORIA DE NUESTRAS FAMILIAS

QUE NOS GRITAN DESDE EL MAS ALLA, QUE QUERIEN PAZ Y JUSTICIA69”

(subrayado fuera del texto).

Otro mecanismo donde se aplica el realismo mágico como forma de racionalización del

terror, es la serie de rituales que se desarrollan en torno a los muertos y a la idea de dejarlos

descansar en paz, así como, el uso recurrente del espacio e los sueños como espacios en los

que se comunican con los muertos para que éstos les comuniquen qué pasó, donde están sus

cuerpos y su estad en el más allá, un ejemplo claro, lo trae en siguiente testimonio:

“...Hace apenas una semana la abuela caminó por entre la ranchería que desde hace

un año ningún indígena había vuelto a visitar. Los ranchos caídos y el silencio

                                                            68 Sistema Indígena Nacional de Derechos Humanos, Colombia: 3 años de la masacre wayuu en Bahía Portete, ONIC, publicación virtual: http://movimientos.org/enlacei/show_text.php3?key=9757

69 Debora Barros, Nunca los olvidaremos, Tercer Yamana Mujer y Territorio, Organización Wayuu Munserat (2007).

86  

profundo eran la única compañía de esta vieja que miraba con dolor en el alma los

lugares en donde habían sido asesinados 15 de sus hermanos y otros 12 más habían

desaparecido para siempre; en su recorrido en la casa donde mataron a Rosa Fince

Uriana encontró un huesito del tabique nasal, es la primera parte de su cabeza,

explotada con una granada, que han podido encontrar. La abuela busca con

paciencia y recordando lo que le dicen sus sueños, el lugar en donde está cada

parte de los cuerpos mutilados, pues de otra manera no habrá descanso para sus

almas...”70

5. CONCLUSIONES:

a. Al finalizar el análisis de la relación entre el derecho y la narración de la verdad de

los crímenes atroces de Villarrica y Bahía Portete se concluye que aquel ha jugado

un rol que ha producido dos tipos de efectos. Por un lado el de impunidad,

manifestada en las amnistías otorgadas y en la ausencia o falta de profundización en

las investigaciones del Estado. Aquí ha sido descrito cómo estas prácticas colocan al

Estado en dos estrategias concretas de racionalización del terror: justificación (los

crímenes atroces son necesarios en el paso hacia un estado de mayor entidad que es

la regeneración y la paz, por eso es preciso olvidar y perdonar); y silenciamiento

(los motivos y las prácticas ejecutadas no pueden ser nombradas, no porque las                                                             70 Organización Nacional Indígena de Colombia, A un año, no olvidemos la masacre de Bahía Portete, (Publicación electrónica: http://colombia.indymedia.org/news/2005/04/24220.php), 2005.

87  

personas las hayan olvidado, sino porque saben bien que el terror puede regresar si

llegan a ser nombradas). Por otro lado, se produce el efecto de abstracción.

Manifestado en la monopolización del lenguaje en el que se produce la verdad sobre

estos crímenes caracterizado por su neutralidad, tecnicidad, uniformidad,

evidentemente alejado de la cultura de las comunidades víctimas y de la sociedad en

general. Igualmente, en este trabajo se describió cómo estas prácticas colocan al

Estado en dos estrategias concretas de racionalización del terror: el terror siempre

está en otro lugar, (señalando que la capacidad del Estado jamás ha estado en

entredicho, y por el contrario, los eventos de violencia se ubican en rincones

apartados del territorio considerados “anormales”, los cuales se encuentran por

fuera del derecho); y la normal anormalidad, (revistiendo con un manto de

normalidad la existencia de dichos lugares anormales y de los hechos que acontecen

en éstos).

b. Esta forma de proceder del derecho frente a los crímenes atroces produce un tercer

efecto que sucede afuera de él. Consiste en la emergencia de un secreto público

sobre la verdad, el cual alimenta la última estrategia de racionalización del terror

analizada: el realismo mágico. En esta las múltiples versiones sobre los crímenes

atroces alimentan el imaginario social sin la capacidad de lograr un estado de

definición, quedando en entredicho si los macabros hechos que se cuentan fueron

reales o ficticios. Desde este lugar hablan la verdad histórica y la verdad novelada

en nuestro país.

88  

c. En una sociedad en donde el Estado ocupa de manera preponderante el espacio de lo

público, esta investigación considera que las manifestaciones jurídicas deben poner

en dicho espacio el terror, sacándolo de la clandestinidad y, así finalmente, lograr

darle trámite al secreto público. Éste es un paso fundamental, que el derecho, a

través de las narraciones judiciales e históricas debe promover en procesos de

justicia transicional.

d. Quien queda vivo después de la ocurrencia de una crimen atroz, ante la ausencia de

narraciones que permitan restablecer un porvenir a partir de sus creencias

constitutivos, queda condenado a vivir una vida ajena, una vida que jamás podrá

vivir, sometido a otro que lo ha relegado a un lugar de asimetría. Queda así sin las

posibilidades de realizar un duelo frente a la pérdida.

e. Una sentencia como instrumento máximo del derecho para decir la verdad podría

construirse mediante formas narrativas cercanas a las colectividades, quizás se trate

de la condición de posibilidad de la reconstrucción de las comunidades afectadas

por la violencia, en particular las víctimas de crímenes atroces. Estas formas

narrativas podrían permitir el paso de la verdad de los escenarios privados del

derecho, a escenarios en lo colectivo, una verdad que gane espacio en los

imaginarios de las comunidades, una verdad permanentemente viva y renovada por

el flujo de la herencia cultural, transmitida de generación en generación que logre

incorporarse en las dinámicas sociales.

89  

f. Las formas de narración de la verdad, construidas en función de las víctimas, y no

desde las formalidades de la lógica en que se involucran de una u otra forma el

derecho y la historia, se transforman en hitos fundacionales de nuevos proyectos de

vida en común de las comunidades afectadas, contribuyendo a sus procesos de

duelo, y a largo plazo, a un proceso de reconciliación.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90  

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