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Lineamientos
estratégicos para la
soberanía ambiental de
la Amazonía
Colombiana
E S C U E L A D E I N T E L I G E N C I A Y
C O N T R A I N T E L I G E N C I A B R G E N E R A L
C H A R R Y S O L A N O
U N I V E R S I D A D D I S T R I T A L
F R A N C I S C O J O S E D E C A L D A S
F A C U L T A D D E M E D I O A M B I E N T E Y
R E C U R S O S N A T U R A L E S
A D M I N I S T R A C I O N A M B I E N T A L
0 1 / 0 5 / 2 0 1 5
RONALD STIVEN GARZON SAENZ
‘’Todos los países, sean grandes o pequeños, fuertes o
débiles, deben gozar de igualdad de derechos en las
relaciones internacionales. Su soberanía y su
integridad territorial deben ser respetadas, nunca
violadas’’ Zhou Enlai
1
“En tiempo de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se
adueñaran del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo
estarán bien equipados para un mundo que ya no existe”.
Eric Hoffer.
2
LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DE INTELIGENCIA PARA LA SOBERANÍA
AMBIENTAL DE LA AMAZONIA COLOMBIANA.
RONALD STIVEN GARZÓN SÁENZ
PROYECTO DE GRADO PRESENTADO COMO REQUISITO PARA OPTAR AL TÍTULO DE
ADMINISTRADOR AMBIENTAL
DIRETOR
ING. CARLOS DÍAZ R.
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL
BOGOTÁ D.C.
2015
3
RESUMEN
La Amazonia es una región que posee gran importancia Geopolítica y geoestratégica no solo para los
Estados que la componen sino para la humanidad en general, debido a su enorme riqueza y oferta de
bienes y servicios eco-sistémicos, representando para el planeta un gran potencial en la búsqueda del
desarrollo sustentable. La presente investigación presenta formulaciones de lineamientos estratégicos
para un ejercicio de la Soberanía ambiental de la región Amazónica Colombiana, documentando la
correlación entre las dinámicas de los actores involucrados en el territorio y los criterios de soberanía
ambiental.
PALABRAS CLAVE: Soberanía ambiental, lineamientos estratégicos, amazonia colombiana,
seguridad, soberanía nacional.
ABSTRAC
The Amazon Forest, is a region that has great geopolitical and geostrategic importance not only for the
States that compose, but to humanity in general, because of their enormous wealth and range of ecosystem
properties and services, accounting for the planet is great potential in the search sustainable development.
This research presents formulations of strategic guidelines for the exercise of sovereignty by the
Colombian environmental Amazon region, documenting the correlation between the dynamics of the
stakeholders in the territory and sovereignty environmental criteria.
KEYWORDS: Environmental sovereignty, strategic guideline, Colombian Amazon, security, national
sovereignty.
RESUMO
A Floresta Amazônica é uma região que tem grande importância geopolítica e geoestratégica não só para
os Estados que a compõem, mas para a humanidade em geral, devido à sua enorme riqueza e variedade
de propriedades do ecossistema e serviços, representando para o planeta um grande potencial de
desenvolvimento de busca sustentável. Esta pesquisa apresenta formulações e orientações estratégicas
para o exercício da soberania pela região ambiental da amazônica colombiana, documentando a
correlação entre a dinâmica das partes interessadas nos critérios ambientais, territoriais e da sua
soberania.
PALAVRAS-CHAVE: Soberania ambiental, orientações estratégicas, Amazônia colombiana, a
segurança, a soberania nacional.
4
Contenido 1. INTRODUCCION
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
3. JUSTIFICACION DEL PROYECTO
4. OBJETIVOS
4.1 OBJETIVO GENERAL
4.2 OBEJETIVOS ESPECIFICOS
5. MARCO REFERENCIAL
5.1 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL
5.1.1 SOBERANÍA AMBIENTAL
5.1.2 LINEAMIENTO ESTRATÉGICO
5.1.3 MARCO LOGICO
6. ANTECEDENTES GENERALES
7. MARCO CONTEXTUAL
8. MARCO NORMATIVO
9. METODOLOGIA
DESARROLLO DE LA INVESTIGACION .............................................. ¡Error! Marcador no definido.
Capítulo 1 Criterios de soberania ambiental ............................................. ¡Error! Marcador no definido.
1.1. seguridad ecológica .............................................................................. ¡Error! Marcador no definido.
1.2. seguridad social .................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.
1.3. seguridad económica............................................................................ ¡Error! Marcador no definido.
1.4. seguridad cultural ................................................................................ ¡Error! Marcador no definido.
1.5, seguridad territorial ............................................................................. ¡Error! Marcador no definido.
1.6. seguridad jurídica ................................................................................ ¡Error! Marcador no definido.
Capítulo 2Análisis de actores involucrados ............................................... ¡Error! Marcador no definido.
2.1 Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible ................................... ¡Error! Marcador no definido.
5
2.2Ministerio de cultura .............................................................................. ¡Error! Marcador no definido.
2.3Ministerio de comercio, industria y turismo. ........................................ ¡Error! Marcador no definido.
2.4Ministerio de interior ............................................................................. ¡Error! Marcador no definido.
2.5Ministerio de Justicia ............................................................................. ¡Error! Marcador no definido.
2.6Ministerio de transporte ......................................................................... ¡Error! Marcador no definido.
2.7Ministerio de Minas y energía ............................................................... ¡Error! Marcador no definido.
2.8ministerio del interior............................................................................. ¡Error! Marcador no definido.
2.9 Ministerio de relaciones exteriores....................................................... ¡Error! Marcador no definido.
2.10 Ministerio de hacienda y crédito publico ........................................... ¡Error! Marcador no definido.
2.11 Ministerio de educación nacional ...................................................... ¡Error! Marcador no definido.
2.12Ministerio de vivienda, ciudad y territorio .......................................... ¡Error! Marcador no definido.
2.13Ministerio de tecnología de la información y las comunicaciones .... ¡Error! Marcador no definido.
2.14Ministerio del trabajo ........................................................................... ¡Error! Marcador no definido.
2.15Ministerio de agricultura y desarrollo rural ....................................... ¡Error! Marcador no definido.
Capítulo 3Analisis de las estrategias o alternativas. ................................. ¡Error! Marcador no definido.
4. Bibliografía.............................................................................................. ¡Error! Marcador no definido.
6
1. INTRODUCCIÓN
La Amazonia es una región que posee gran importancia Geopolítica y geoestratégica no solo para los
Estados que la componen sino para la humanidad en general, debido a su enorme riqueza y oferta de bienes
y servicios eco sistémicos, representando para el planeta un gran potencial en la búsqueda del desarrollo
sustentable.
En la región de la Amazonía colombiana existen actualmente una serie de problemáticas complejas que
surgen o se generan por el abandono estatal e institucional de este territorio y de sus poblaciones,
facilitando la proliferación de actividades ilícitas que trascienden las fronteras de los países respectivos
que la componen.
La presente investigación busca proponer lineamientos estratégicos, para el ejercicio de la Soberanía
ambiental, en la región Amazónica Colombiana, documentando la correlación entre las dinámicas
sociales, económicas y ambientales que se presentan en el área de influencia, identificando y describiendo
los criterios de soberanía ambiental y los actores que se involucran, intervienen, o influencian el ejercicio
de la soberanía ambiental.
A nivel internacional se tratan de factores de conflicto no identificados como amenazas a la soberanía y
la seguridad nacional, que incluyen e implican riesgos para la Administración y manejo eficiente de los
recursos naturales, atentan contra el bienestar y conservación biocultural e interfieren en el óptimo
desarrollo de la población.
Finalmente el presente estudio genera el planteamiento estratégico de las perspectivas y alternativas de
solución, resaltando la importancia de incluir la Soberanía y seguridad ambiental en la construcción de
7
una política de soberanía, seguridad, y defensa nacional en cooperación internacional con los estados de
la región amazónica.
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:
La Amazonía desempeña un papel ecológico importante a nivel mundial, equivale a un tercio del total de
los bosques tropicales del planeta, y sus ríos constituyen la quinta parte del agua dulce que circula por la
corteza terrestre. La Amazonía posee la mayor diversidad ecológica a través de su fauna y flora.
Asimismo, esta región permite la regulación de oxígeno y gas carbónico para Sudamérica y el mundo.
(CEPI, 2008)
Los investigadores y las ONG, entre otros, están de acuerdo en afirmar que la actividad extractiva en
general tiene impactos nefastos sobre el medio ambiente y particularmente sobre el agua. El agua es, hoy
en día, un desafío mundial y su contaminación genera preocupación a nivel internacional. En la Amazonía,
el agua está amenazada por la actividad extractiva, sobre todo el petróleo, el oro o los minerales. Esta
contaminación del agua es un grave peligro para la conservación de la biodiversidad. Lo que inquieta es
que esta contaminación fluye con el agua y con el viento ampliando su acción, afectando así a todos los
ríos amazónicos y a las comunidades, ya que la mayor parte de las poblaciones amazónicas dependen de
esta agua para su alimentación. (Bravo, La explotacion petrolera y la conservacion de la biodiversidad ,
1997)
La deforestación masiva de la Amazonía engendra emisión de CO2 a gran escala y la aceleración del
calentamiento global. En efecto, la deforestación tropical es responsable del 20% de las emisiones globales
de gas a efecto invernadero (CEPI, 2008). Esta afirmación abre el debate sobre la efectividad del protocolo
de Kioto en su implementación en esta región.
8
En la actualidad la amazonia colombiana posee problemas complejos que impactan y afectan
negativamente los componentes ambiental, social, económico y político de la región, los cuales no han
sido cualificados ni cuantificados en su totalidad por el Estado, y por ende no se logra gestionar, intervenir,
monitorear y controlar estos factores generadores de conflicto y deterioro ambiental
Dichas situaciones arrastran conflictos socio-ambientales y prácticas ilícitas (Rezente, 2005).Una de las
dificultades más importantes, según Guillaume Fontaine, es el fracaso de la democracia y los problemas
de gobernanza (Fontaine, El Estado Ecuatoriano y la conservacion de la Amazonia, 2007). Los Estados
Amazónicos y la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) reconocen también esta
debilidad. Esta región, de selva tropical y densa, es compartida por varios países, por lo tanto, la débil
presencia estatal, favorecen el desarrollo de actividades ilegales como el narcotráfico, el contrabando, la
deforestación agresiva, tráfico de especies, así como actividades de biopiratería que tienen consecuencias
sobre el medio ambiente y sobre la seguridad humana (CEPI, 2008).
Dentro del territorio colombiano la Amazonia parece estar marginada de la construcción social y
desarrollo nacional, ya que carece de la presencia integral del Estado, y de la ausencia de estrategias o
alternativas de solución que enfrenten los problemas en las diferentes dimensiones, lo cual favorece la
continuidad de los problemas sociales, especialmente las acciones antrópicas ilegales que se desarrollan
dentro de esta región, y que deterioran, contaminan y degradan el patrimonio natural.
Adicionalmente la región se enfrenta a una gran problemática que según Palacio: ‘’No debe obviarse en
el estudio de la Región Amazónica el proceso de internacionalización de la economía –acentuado en
América Latina a partir de la década de los 90– que ha incorporado nuevos actores e intereses en la disputa
por la región y su riqueza; incluso hay quienes mencionan que este proceso ha producido un cambio
fundamental en la dinámica de la región en el que se ha pasado de una globalización en la Amazonía a la
globalización de la Amazonía” (Palacio, 2007).
9
La Amazonía se ha convertido en objeto global en sí misma, con lo cual la globalización dejó de ser un
agente externo y se convirtió en una fuerza dentro de la misma región que se proyectó como un objeto
mundial, estos dos ámbitos de la globalización, en y de la Amazonía, siguen operando simultáneamente,
y no es que uno de ellos haya sustituido al otro (Palacio, 2007).
Adicionalmente Vyver afirma que ‘’la Soberanía de los Estados se encuentra erosionada, o vulnerable
por las diversas normas del derecho internacional, que obliga a los estados a preservar el medio ambiente,
independiente de los efectos que su acción o comportamiento pueda tener sobre los estados vecinos o en
regiones más allá de las fronteras de los estados nacionales’’ (Vyver, 2009).
‘’Ha llegado a ser aceptado que los poderes soberanos de los Estados sobre los territorios bajo su control,
ya no son absolutos y las limitaciones relativas a la soberanía del Estado incluyen una categoría en
evolución de nivel internacional que ha impuesto exigencias preceptivas que reflejan las preocupaciones
globales, en el interés de las generaciones presentes y futuras, para la preservación y restauración de un
medio ambiente limpio y saludable. En este contexto, también los poderes de los Estados respecto de los
territorios bajo su control son en una sola palabra, ya no absoluta’’ (Vyver, 2009).
Al convertirse la Amazonia en un objeto Global se atenta no solo contra la soberanía ambiental del
territorio Colombiano, sino contra el conjunto de sistemas biológicos, topográficos, bioculturales,
hidrográficos, sociales, políticos, organizacionales entre muchos otros que son transformados en objetivos
Globales y múltiples planes de dominio, para lo cual las fuerzas militares deben prepararse y formular
estrategias de inteligencia que den respuesta efectiva a estas posibles amenazas internacionales.
La presente investigación estudiará como problema central la ausencia de estrategias o alternativas de
solución que actúen y enfrenten las diversas problemáticas, y amenazas que se desatan y proliferan por la
ausencia Estatal en la región Amazónica Colombiana, documentando las dinámicas que se presentan en
10
el territorio en los componentes medio ambientales, y de qué manera estas definen los lineamientos de
seguridad en torno a la Soberanía Ambiental.
Finalizando se expone como pregunta de investigación ¿Cuáles son los lineamientos estratégicos para la
Soberanía Ambiental en la región amazónica?
3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Entender las dinámicas territoriales en la región amazónica colombiana y comprender sus dimensiones a
nivel nacional, regional e internacional, es necesario para formular lineamientos estratégicos de política
pública que permitan una intervención Estatal adecuada, para la solución de los problemas del territorio y
para proteger la región de las posibles amenazas.
Las problemáticas socio-ambientales se están visibilizando cada vez más a nivel global, regional y
nacional, por lo que la agenda pública, especialmente en temas de seguridad y acción militar se ve avocada
a considerar y abordar cada vez más este tipo de problemáticas.
En el concierto internacional, países desarrollados y en vía de desarrollo están generando lineamientos
estratégicos en materia de política internacional y de soberanía ambiental, que implican realizar algún tipo
de intervención en la región amazónica, lo que implica un desafío para Colombia en materia de política
internacional, seguridad y defensa, y para el mantenimiento de la soberanía sobre ese territorio.
En este contexto, es necesario que el Estado y la sociedad colombiana tengan una claridad sobre la
problemática de la región, sus implicaciones y amenazas para su soberanía y para su población. Es por
11
ello que el proyecto de esta investigación pretende contribuir a esclarecer dicha problemática y a formular
lineamientos estratégicos que puedan afrontar las problemáticas actuales.
En este orden de ideas es de gran importancia el desarrollo de esta pasantía en la Escuela de Inteligencia
y Contrainteligencia Br Genral Charry Solano, ya que con la formulación e implementación de los
lineamientos estrategicos, se lograra enfrentar e intervenir, en las actividades que se desarrollan en la
región amazónica por ausencia de intervención Estatal, que de igual forma frenaran y mitigaran los
impactos y efectos que generan las acciones antrópicas ilegales en este territorio, y garanticen el ejercicio
de la soberanía ambiental de la Amazonia Colombiana.
Finalmente cabe resaltar la importancia de la intervención, inclusión, e implementación de la
Administración Ambiental en el contexto del direccionamiento estratégico de inteligencia militar, que
garantice la seguridad y defensa de los recursos naturales, el patrimonio biocultural y la riqueza ecológica
de la nación, bajo el marco de la Soberanía ambiental.
Todo esto con la implementación de las ciencias ambientales y administrativas en la planificación,
formulación, gestión, manejo ejecución, evaluacion y control de acciones coordinadas
interinstitucionalmente que promuevan, busquen y generen el óptimo Desarrollo sustentable de la región
Amazónica Colombiana.
4. OBJETIVOS
4.1 OBJETIVO GENERAL:
Formular los lineamientos estratégicos en materia de soberanía ambiental para la amazonia colombiana.
12
4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1. Identificar y describir los criterios de soberanía ambiental para la Amazonia colombiana.
2. Realizar un análisis de los actores involucrados con la soberanía ambiental de la Amazonia
Colombiana.
3. Definir las estrategias o alternativas para la generación de soberanía ambiental en la Amazonia
Colombiana.
5. MARCO TEORICO CONCEPTUAL
5.1 SOBERANÍA AMBIENTAL
Empezaremos a evocar el concepto de soberanía Nacional de los Estados para lograr entender la soberanía
ambiental. Según el diccionario de la Lengua Española se entiende que ‘’Soberanía es el ejercicio de la
autoridad suprema e independiente sobre algo o sobre alguien. ’’ (Real Academia Española, 2014)
También se puede definir ‘’Soberanía como el poder que no reconoce por encima de sí mismo ninguno
otro. Este concepto ha evolucionado, y pasada la edad media, Jean Jacques Rousseau y John Austin,
definieron soberanía como el poder político libre de toda restricción’’. (Fronteras de Colombia, 2004)
Otro concepto nos dice que ‘’La soberanía se ejerce como autoridad suprema, poder que radica en el
pueblo y se ejerce por medio de los órganos constitucionales reconocidos. Dichos órganos son el ejecutivo,
legislativo y judicial. ’’ (Fronteras de Colombia, 2004)
La soberanía referida al Estado, es soberanía nacional e Incluye dos conceptos básicos:
13
1. La libre determinación de los pueblos y
2. La NO intervención de un Estado en los Asuntos de otro
‘’Hoy ante al avance tecnológico y la globalización, estos conceptos están en revisión, la libre
determinación de los pueblos fue posible cuando no existían los medios de comunicación que en la
actualidad existen. La cobertura planetaria e instantánea de la información, satélites pacíficos y bélicos,
espías espaciales, han transformado el mundo en aldea mundial, quebrando viejas tradiciones y esquemas
’’ (Fronteras de Colombia, 2004).
La gente está hoy influenciada, abierta o subliminalmente, desde todos los horizontes del planeta por
múltiples mensajes que modelan la conciencia de los pueblos; hoy es relativamente fácil vender ideas ,
vender imagen y crear, aun con mentiras , realidades ficticias (Fronteras de Colombia, 2004).
En Colombia se define Soberanía en el Artículo 3 de la Constitución política, afirmando que ‘’ La
soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y
de elecciones periódicas, también por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del
pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio. ’’ ( Asamblea Nacional Constituyente , 1991).
En el presente estudio se realiza una aproximación al concepto de soberanía ambiental, para lo cual se
investigó y consulto información en las bases de datos disponibles que ofrecen los medios electrónicos,
digitales y físicos de las entidades, instituciones, organizaciones y actores de interés, con reconocimiento
internacional regional y nacional, que han trabajado, documentado, e investigado sobre el concepto de
soberanía ambiental.
14
Para logran entender el concepto de soberanía ambiental es de gran importancia conocer los fundamentos
teóricos de los conceptos que la construyen y generan, los cuales se encuentran directamente relacionados
entre sí con la definición de seguridad pero de forma multidimensional.
Las dimensiones que se interrelacionan, interactúan y generan una dependencia mutua (causa-efecto) son
la social, ambiental, cultural, alimentaria, jurídica, y económica. Estas seguridades generan una
interrelación directa o indirecta, para lo cual, es necesario la articulación, unión y empalme entre cada una
de ellas para lograr el ejercicio de soberanía ambiental, bajo el enfoque holístico e integral que requiere
la región amazónica colombiana. Posteriormente se justificara y argumentara la importancia de que se
garantice la seguridad en cada una de estas dimensiones, para lograr generar la soberanía ambiental en la
región amazónica colombiana.
Después de haber evidenciado, anteriormente, las definiciones del concepto de soberanía y soberanía
nacional, se abordara la SOBERANÍA AMBIENTAL, como el poder supremo, inherente, imprescriptible
e inalienable, que emana del pueblo y se ejerce en el Estado de Derecho, mediante las tres ramas del poder
público, lográndose generar, cuando existe y garantiza la seguridad multidimensional (ecológica, social,
económica, cultural, jurídica, territorial), bajo el enfoque holístico e integral, para lograr el efectivo,
optimo manejo, administración, gestión, control, protección, preservación, conservación, seguridad y
defensa del patrimonio biocultural, del capital natural, de la riqueza ambiental del territorio, y sus
correspondientes recursos y servicios eco sistémicos.
A continuación se podrá evidenciar el concepto de Lineamiento Estratégico, el cual es de gran importancia
para dar respuesta a la pregunta de investigación, y así conocer los lineamientos estratégicos para la
soberanía ambiental de la Amazonia Colombiana.
15
5.2 LINEAMIENTO ESTRATÉGICO:
El ultimo concepto será lineamiento estratégico, el cual, para este trabajo se entiende como el objetivo,
norma, o requerimiento que dirige la orientación que debe tener cada actividad para lograr el mayor
beneficio de una serie de políticas, para alcanzar el éxito de la forma más óptima, y que dentro de este
contexto seria para el sistema de seguridad y defensa en materia de soberanía ambiental.
5.3 MARCO LOGICO
El Sistema de Marco Lógico aplicado para el diseño de proyectos sociales, interviene durante todo el ciclo
del proyecto, las fases de necesidades de los habitantes, ideas vertidas para resolver problemas o ideas
sobre la realidad local, todas ellas están contenidas en los análisis o etapas de identificación del marco
lógico (etapas conocidas como análisis de involucrados y de problemas) (CEPAL, 2015).
La fase de estudio previo al proyecto (lo que antes se mencionaba como factibilidad) se encuentra en la
parte del planteamiento de alternativas de solución y en la construcción final de una matriz que indica que
aspectos se trabajarán durante el proyecto, dicha matriz además señala la necesidad de recursos de
financiamiento y la fase de ejecución esperada (CEPAL, 2015).
Debido a que el Sistema de Marco Lógico es secuencial, también considera la parte de ejecución y
funcionamiento, puesto que incorpora indicadores de logro en cada actividad u objetivo planteado durante
el proyecto, esto lo transforma también en una herramienta de seguimiento de proyectos (CEPAL, 2015).
5.3.1 Formulación técnica mediante Marco lógico:
16
Los proyectos sociales tienen como objetivo generar oportunidades de inversión para resolver problemas
existentes en la sociedad, los cuales pueden estar concentrados en diversos aspectos, como por ejemplo:
la infraestructura necesaria para el desarrollo de actividades económicas o sociales, también puede
invertirse en fortalecer las capacidades de los actores sociales, de modo que estos puedan generar sus
propias acciones de desarrollo, o cualquier otra inversión que persiga mejorar la situación de una
comunidad cualquiera o modificar su problemática actual, con fines de convertirla en comunidades que
tengan oportunidades de bienestar social (CEPAL, 2015).
Los proyectos sociales se diseñan de modo participativo, esto se debe a que los actores sociales son los
principales responsables de su desarrollo, por ello participan activamente en la detección de sus problemas,
como también en el diseño de la solución (CEPAL, 2015).
Este proceso lógico de analizar problemas para proponer soluciones concretas y medibles, se conoce como
sistema de marco lógico, la lógica del diseño de proyecto debe de tener un enfoque de respuesta a la
problemática, respuestas que se transforman en la solución del problema, soluciones que tienen costos o
requieren inversiones y que a su vez generan impactos positivos en la población, resolviendo o ayudando
a resolver el problema detectado en la comunidad, de ese modo funciona el Sistema de marco lógico
(CEPAL, 2015).
Leon Rosemberg y Lawrence Posner, evaluaron en 1969 los programas de USAID para ayudas a países
en desarrollo, estos programas a decir de los autores, tenían deficiencias de todo tipo, por ejemplo:
inexistencia de objetivos claros, falta de delimitación y claridad en las actividades, las mismas que podían
realizarse aún sin corresponder a las necesidades detectadas en el proyecto, no se medían los impactos o
cambios logrados y los fracasos se atribuían a aspectos ni siquiera considerados en los proyectos, este
diagnóstico revelaba principalmente que los recursos de ayuda externa era usados sin fines claros y peor
aún sin analizar el aporte al desarrollo social que dichos fondos debían generar (CEPAL, 2015).
17
A partir de lo detectado por Rosemberg y Posner, se diseñó el sistema de marco lógico (cuyo nombre
básicamente indica que debe haber coherencia lógica en lo que se encuentra como problema y lo que se
planifica para resolverlo), el cual es un mecanismo de diseño de proyectos de desarrollo social, exigido
por la mayoría de organismos de cooperación técnica organizacional o agencias de desarrollo, tales como:
la Cooperación española (AECI), la Cooperación Alemana (FCPA, GTZ), la cooperación italiana (FIP),
la cooperación belga, la cooperación holandesa (SNV), la cooperación canadiense (FCPC) la cooperación
japonesa (JICA) y otros organismos de desarrollo como el Banco Mundial (CEPAL, 2015).
El SML está basada en la noción de desarrollo, el desarrollo es un criterio que indica un cambio, dicho
cambio mejora la situación de las personas, y puede darse en diversas esferas, el cambio económico con
mejoras de ingresos o de gasto, el cambio social con mejoras en el acceso a servicios sociales, a
inclusividad en la vida social o política del país, cambios culturales o cualquier otra dimensión que indique
una mejora en la vida de las personas, cambio que debe ser permanentes en el futuro. Por ello el marco
lógico trata de que los proyectos apunten a esos cambios en la vida de las poblaciones, que sean
permanentes, dichos cambios deben ser medidos y las actividades para lograrlo deben estar alineadas con
los resultados necesarios para lograr este cambio (CEPAL, 2015).
Estos procesos de cambio los conduce el estado, mediante inversiones públicas o acciones públicas que
conduzcan a la mejora de la comunidad o también lo realizan agentes privados, la mayor parte de ella con
fondos provenientes de la cooperación extranjera, cuyos fondos han ido teniendo diversas tendencias,
desde donaciones, créditos reembolsables o no reembolsables, ayudas que se han brindado directamente
o en alianza con el estado local (CEPAL, 2015).
Una tendencia actual en los esquemas de inversión de la mayoría de agencias de cooperación extranjera
son los llamados canjes de deuda, es decir si por ejemplo: la deuda de Perú con algún país extranjero es
de US$ 20 millones, entonces el acreedor condona la mitad de la deuda si el Perú coloca un fondo de 5
millones y ellos colocan 5 millones adicionales, con lo cual el Perú cancela sus obligaciones y se abre un
fondo que se destina a proyectos de desarrollo (CEPAL, 2015).
18
Una definición de SML, puede darse a partir de lo señalado por el BID: El Enfoque del Marco Lógico es
un método de gestión de proyectos (está basada en objetivos), tiene como propósito ofrecer una estructura
al proceso de planificación y comunicar información clave a los tomadores de decisión, relativa a la
evolución del proyecto desde su misma gestación (CEPAL, 2015).
El método bien puede usarse en todas las etapas de preparación y ejecución del proyecto: identificación,
evaluación ex-ante, diseño, presentación ante los comités de revisión, ejecución y seguimiento, evaluación
ex-post. El SML es una herramienta flexible, que puede ser mejorada en cualquiera de sus etapas y es
además, un instrumento de control del proyecto, puede entenderse al SML como un sistema de
planificación por objetivos, cada actividad del proyecto responde a logros medibles que se desprenden de
uno o varios objetivos (CEPAL, 2015).
El SML es por ello, un método de gestión de proyectos de cooperación que permite aplicarse en todas sus
fases El SML es un proceso de diseño y control de proyectos, que consta de diversas etapas: - Análisis de
Involucrados, - Análisis de Problemas, - Análisis de Alternativas y elección de estrategias o componentes
- Diseño final de la Matriz de Marco Lógico (MML), que sería la herramienta de evaluación ex ante y
también sirve para el control y seguimiento del proyecto ex post (CEPAL, 2015).
19
Cada etapa del diseño del proyecto con SML, persigue diversos objetivos, el paso inicial tiene como meta
efectuar un conocimiento cabal de la realidad donde se aplica el proyecto, para poder identificar la
problemática actual y sus alternativas de solución. En esta etapa se descartan alternativas no viables y el
proyecto se diseña sobre bases concretas y alcanzables. La fase final de diseño tiene como objetivo
prevenir riesgos en la ejecución del proyecto, conocer las necesidades de recursos, la forma de
administrarlos y los medios de controlar la marcha futura del proyecto y los impactos a lograr (CEPAL,
2015).
Un punto de partida importante en el diseño de proyectos, es tener a la mano información secundaria
sobre la comunidad en donde se tendrá el accionar futuro del proyecto, de modo que al convocar a los
actores locales, ya se tiene idea de las carencias, de modo que puede orientarse las reuniones a detallar
estas carencias y lograr acuerdos que permitan la solución de las mismas. Hay que considerar que los
distintos agentes de cooperación internacional e inclusive las agencias de apoyo del estado, no solicitan
detalles del proceso formulador en el SML, pero es necesario presentar la Matriz de Marco Lógico (MML),
documento que es el proceso final del SML, de modo que las etapas que vamos a desarrollar son pasos
necesarios en el trabajo del diseñador, que se sistematizan en la MML, herramienta que será la usada por
las agencias diversas de cooperación.
ILUSTRACIÓN 1
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo.
20
5.3.2 Análisis de Involucrados
En el pasado, el diseño de proyectos con impacto en el desarrollo socio económico, se hacía directamente
desde las oficinas públicas, sin considerar la participación activa de la sociedad civil. Esta concepción
centralista por un lado y poco eficiente por otro aspecto, al no determinarse a cabalidad la existencia de
recursos locales, ha primado durante décadas; las consecuencias derivadas de este diseño y ejecución de
proyectos no participativo, eran desde el no uso de la infraestructura, porque no contempla las prácticas
locales, su poco uso por una mala estimación de los beneficiarios, también déficit de capacidad de uso por
una subestimación de la demanda (CEPAL, 2015).
Bajo estos mecanismos de diseño, por lo general se encontraba resistencia local o un nulo apoyo a los
equipos ejecutores del proyecto, lo cual conspiraba para el logro de los objetivos o impacto en el desarrollo
local. En la última década las exigencias de los organismos de cooperación internacional en torno a la
participación local, han obligado a los diseñadores de proyectos ha desarrollar esquemas participativos de
diagnóstico local, que permitan detectar los problemas y posteriormente plantear alternativas de solución
que cuenten con el respaldo local.
Eso supone además, que los actores sienten al proyecto como suyo, como un resultado de su accionar o
rol protagónico en el desarrollo, de manera que se genera una pertenencia al proyecto. La herramienta más
usada para obtener información sobre los actores locales y punto de partida del diseño de proyectos
sociales, se denomina análisis de involucrados, el mismo que puede ser desarrollado en reuniones grupales
abiertas o bajo diversas entrevistas de campo a los actores relevantes en una comunidad (CEPAL, 2015).
5.3.3Análisis de Problemas
21
El análisis de problemas integrado al análisis de involucrados, coexisten en el trabajo con los actores
estratégicos de la comunidad. El análisis de problemas, es la herramienta que permite medir el grado de
importancia de los problemas planteados por los involucrados. Ellos mismos pueden identificar aquel que
consideran un problema central o un problema crítico, este problema central tiene consecuencias para el
desarrollo de la localidad, los cuales también son previamente identificados por los involucrados, de igual
modo este problema central tiene orígenes o causas, los que son conocidos por ellos.
Es importante el análisis de problemas, ya que permite encontrar consistencia en lo que manifiestan los
involucrados sobre su problemática, esto se debe a que algunos problemas pueden ser aislados o requieren
su propio tratamiento particular, o algunos problemas pueden ser de fácil solución que no requieren un
proyecto específico, otros problemas pueden ser de tal magnitud que es mejor considerarlos como algo
externo al análisis pero que también influye en el desarrollo de la comunidad.
Los problemas deben ser bien identificados, el problema no es ausencia de soluciones, es decir el problema
no es que no existan aulas, el problema es que la tasa de deserción escolar sea elevada, que la tasa de
analfabetismo sea elevada o que la tasa de retraso escolar sea elevada, ese es un problema que tiene además
diversas implicancias u orígenes, hay que tener cuidado a la hora de identificar problemas.
La identificación del problema central requiere que los involucrados dimensionen aspectos como: - La
magnitud de los problemas, una herramienta de ayuda para esta dimensión, puede ser usando variables
como: población involucrada, eso indica que a más población afectada mayor magnitud e impacto en la
resolución del problema. - Gravedad del problema en cuanto a sus consecuencias, lo que indica que a
mayores consecuencias para la comunidad, mayor importancia del problema y - Finalmente, la prevención
del problema con acciones locales y rápidas, a mayor posibilidad de prevención mayor importancia. - Las
tres dimensiones anteriores se resumen en el nivel de importancia de un problema, así aquel problema de
gran magnitud, de amplias consecuencias y prevenible, será el de mayor importancia para la ejecución del
proyecto (CEPAL, 2015).
22
Los problemas expresados por los involucrados requieren un análisis detallado, se deben analizar como
aspectos totalmente negativos que afectan el desarrollo de la comunidad, no deben ser expresados como
soluciones encubiertas, por ejemplo: No tenemos centro de innovación tecnológica, en este caso la
solución parece obvia, pero este problema es más una expresión que esconde los verdaderos problemas
de la comunidad, que podrían ser: Artesanos con conocimientos débiles en diseños modernos o
agricultores con malas prácticas de cultivo, es decir el rol del diseñador de proyectos es encontrar
realmente la expresión que redunde en señalar las debilidades o dificultades que impiden el desarrollo de
la comunidad (CEPAL, 2015).
5.3.4 Análisis de alternativas
Una vez concluido el análisis de objetivos, ya podemos tener una idea aproximada de los retos que
enfrentará el proyecto, es decir de lo que busca lograr como fines, asimismo ya se tiene claro que aspectos
deben trabajarse para lograr un proyecto con impacto exitoso. Para poder delinear el proyecto de manera
concreta, se trabaja en el análisis de alternativas, las alternativas son el conjunto de medios que pueden
trabajarse, ya sea uno sólo o varios medios agrupados (CEPAL, 2015).
Es vital en esta sección, que las alternativas se evalúen en función al logro del objetivo, es decir si una de
ellas tiene poco impacto en la situación deseada para la comunidad, entonces esa alternativa u objetivo
medio debe ser descartada. Es bueno que las alternativas diversas sean evaluadas, ya mencionábamos
antes dos criterios de evaluación, uno es la posibilidad de efectuar tareas en términos normativos o
capacidad legal, otro es la capacidad económica, finalmente esta la capacidad técnica o de personas para
llevar adelante la alternativa, sino poseemos esas capacidades, entonces la alternativa queda descartada y
nos abocamos a aquella que podamos llevar adelante con éxito.
A continuación se evidencian algunos pasos para ejecutar el análisis de alternativas:
23
- Paso 1: Identificar diferentes tipos de objetivos (basados en el árbol de objetivos) que podrían ser
estrategias a usar en el proyecto, los objetivos pueden combinarse para diseñar las estrategias.
- Paso 2: Considerar la viabilidad política e institucional, además de la existencia de fuentes de
financiamiento y otros aspectos necesarios para ejecutar el proyecto.
- Paso 3: Elegir la estrategia principal o la combinación de estrategias a ser usadas en el proyecto, Una
ayuda es usar una matriz de criterios de selección de alternativas.
Otros temas a considerar ya dependerán de los involucrados que sigue este proceso de diseño del proyecto.
- Paso 4: Realizar los estudios necesarios para determinar la factibilidad de la estrategia principal o la
combinación de ellas, esta estrategia principal o aquellas que se complementen, dan origen al proyecto,
llevarlo adelante supone una serie de aspectos adicionales como diseño de obras civiles (de darse el caso)
o estudios especiales para el mercado de algún producto en especial, es decir ya contar con información
específica para poder plantear los costos del proyecto y gestionar los niveles de cooperación internacional
o local que esperamos tener.
Es recomendable comparan alternativas evaluándolas económicamente, por ejemplo ¿cuánto cuesta la
alternativa ?, ¿a cuántos beneficia y que logros se espera alcanzar en materia de impacto en la comunidad?
(puede ser mayor inversión pública o número de beneficiados), el análisis prosigue ara valuar la alternativa
2 y 3, se elige la alternativa que más impacto tenga por cada sol invertido, en todo caso se elige aquella
alternativa que calce mejor con los objetivos de la cooperación internacional o esté dentro de las estrategias
a seguir o metas prioritarias de los planes de desarrollo local (CEPAL, 2015).
6. ANTECEDENTES GENERALES
24
La Amazonía es la región más extensa de Colombia, abarcando el 35% del territorio (403.348 km2). Al
mismo tiempo, se trata de la menos poblada por un amplio margen, pues tenía una densidad poblacional
de tan solo 2,6 habitantes por kilómetro cuadrado en 2012. En contraste, el resto de Colombia tenía en ese
año una densidad de 162,2 habitantes por kilómetro cuadrado (Banco de la Republica de Colombia, 2013).
La Amazonía colombiana se encuentra conformada por los departamentos de Vaupés, Guaviare, Caquetá,
Guainía, Putumayo y Amazonas. Cada uno de estos cuenta con su propia historia. Por ejemplo, Amazonas
fue descubierto por el conquistador Francisco de Orellana en 1524, quien fue el primer cristiano en
navegar por el río Amazonas. Por su parte, Vaupés fue descubierto por Hernán Pérez de Quesada en 1538
y Philip Von Hutten en 1541. Pérez de Quesada también fue protagonista en el descubrimiento de Caquetá
(Banco de la Republica de Colombia, 2013).
Durante la época de la Colonia estos territorios estaban bajo la hegemonía de la Provincia de Popayán.
Luego, durante la Gran Colombia, algunos de estos, como Amazonas y Putumayo, formaron parte del
Departamento de Azuay, el cual incluía territorios de los que actualmente son Ecuador, Colombia y Perú.
A partir del siglo XX estos se convirtieron en comisarías, pertenecientes a los Territorios Nacionales hasta
que, por disposición de la cuarta (4) Constitución Política de 1991, fueron elevados a la categoría de
departamentos, a excepción del actual Departamento del Caquetá que fue erigido como tal con la ley 78
del 15 de diciembre de 1981 (Banco de la Republica de Colombia, 2013).
Esta región siempre ha permanecido como una zona relativamente despoblada debido a la densidad de su
selva tropical, lo cual ha servido como una barrera protectora frente los procesos de colonización
provenientes de la región Andina, manteniendo la zona aislada del resto de la nación, tanto desde el punto
de vista geográfico como económico. Se trata de la región menos poblada del país, pues nunca sufrió las
profundas transformaciones que se dieron entre los siglos XVI y XVIII. La barrera natural, materializada
en su selva, representa el factor que ha favorecido su conservación desde el punto de vista ambiental y
cultural (Banco de la Republica de Colombia, 2013).
25
Los impactos ambientales asociados a las actividades antrópicas han permanecido comparativamente
bajos debido a los bajos niveles de colonización. Como resultado de lo anterior, las comunidades indígenas
que allí residen no han sido completamente desplazadas, a diferencia de lo ocurrido en zonas como la
Andina y Caribe (Banco de la Republica de Colombia, 2013).
De hecho, algunas de las culturas indígenas que se encontraban allí a la llegada de los españoles a
principios del siglo XVI han sobrevivido hasta la actualidad. Ello no solo se explica a partir de las difíciles
condiciones geográficas, sino por la inexistencia de oro, el mineral que motivó el proceso de conquista
española. Por ende, se preservaron diversas comunidades indígenas amazónicas, tales como los Uitotos,
Boras, Makunas y Nukak, entre muchas otras (Banco de la Republica de Colombia, 2013).
6.1. Fiebre del Caucho:
La situación de la Amazonía cambió significativamente a partir de mediados del siglo XIX cuando se
desató la fiebre del caucho en todo el territorio amazónico, incluyendo países como Brasil, Perú y Bolivia,
entre otros. Para esta época el caucho alcanzó elevados precios en los mercados internacionales, producto
de un incremento en la demanda proveniente de Estados Unidos y Europa, donde el látex era usado
ampliamente con fines industriales, en particular en el sector militar y automotriz (Banco de la Republica
de Colombia, 2013).
La Amazonía es una región abundante en este recurso natural. Por lo tanto, se convirtió en una zona
estratégica. Como resultado se fundaron numerosos campamentos y centros de acopio asociados con la
comercialización de látex, lo que significó el inicio, en firme, del proceso de colonización de la Amazonía,
el desarrollo de ciudades y la configuración de una economía regional, la cual era mucho más dependiente
de los ciclos económicos de ciudades amazónicas emergentes como Iquitos, en Perú, o Manaos, en Brasil,
en lugar de girar en torno al ciclo económico colombiano, dominado por Bogotá, Medellín y Barranquilla
(Banco de la Republica de Colombia, 2013).
26
La fiebre del caucho condujo a importantes transformaciones sociales, ya que la explotación de este
recurso implicó el sometimiento de la población indígena que residía en esta región, la cual fue esclavizada
para ser usada como mano de obra. En ese sentido, aunque tardío, al igual que en las regiones Andina y
Caribe se gestó un proceso que derivó en la reducción sustancial de la población indígena (Banco de la
Republica de Colombia, 2013).
De esa manera, el aislamiento en que había permanecido la región Amazónica durante siglos constituyó
un factor que luego la afectó negativamente. En esencia, el escaso contacto con la civilización y la
inexistente presencia estatal contribuyeron a que personajes siniestros se apoderaran de la región para la
explotación del caucho, llevando a cabo serios atropellos contra el amplio número de comunidades
indígenas de la zona Casa Arana (Banco de la Republica de Colombia, 2013).
En este contexto, vale la pena mencionar el caso de la Casa Arana, fundada en 1903 por Julio César Arana,
un empresario peruano dedicado a la comercialización de caucho. De Acuerdo con Pineda (2003), la Casa
Arana fue fundada en lo que actualmente es el corregimiento departamental de La Chorrera, en el
Departamento del Amazonas, Colombia. La fundación de la Casa fue apoyada por el Gobierno peruano
como una forma de ejercer soberanía sobre la zona, pues en la época había una disputa con Colombia por
el territorio amazónico (Banco de la Republica de Colombia, 2013).
La producción estaba organizada mediante un sistema basado en el endeudamiento, controlado por las
casas mayores, las cuales financiaban la operación. En la base de dicho sistema se encontraba la población
indígena, la cual fue esclavizada para el beneficio de los grandes empresarios de caucho. La producción
se centralizó en dos grandes centros de acopio, que fueron La Chorrera y El Encanto. Este último también
es un corregimiento departamental de lo que actualmente es Colombia (Banco de la Republica de
Colombia, 2013).
27
La Chorrera y El Encanto tenían jurisdicción sobre los barrancones, que eran las secciones en las cuales
se ubicaban los campamentos de producción y que estaban al mando de capataces. Cada sección tenía a
su cargo diversas comunidades indígenas, las cuales se encargaban de extraer el látex de la corteza de los
árboles y remitirlo a los barrancones cada 15 o 20 días (Pineda, 2003).
La bonanza del caucho y el modelo empresarial de la Casa, basado en la coerción y la intimidación,
permitieron que la empresa se convirtiera en una de las más rentables del Perú. Tal fue su éxito que hacia
1907 la Casa Arana se convirtió en la Peruvian Amazon Rubber Company, con sede en Londres y Nueva
York, colocando acciones en la bolsa de valores (Banco de la Republica de Colombia, 2013).
El problema consistía en que existían severos castigos para la población indígena. En 1910 Sir Roger
Casement, cónsul inglés en Río de Janeiro, viajó al Putumayo para corroborar las denuncias de esclavitud
y tortura en contra de la población indígena, hechas por el estadounidense Walter Hardenburg a través del
diario londinense The Truth. Su informe constató que los indígenas eran obligados a extraer el látex,
prohibiéndoles la práctica de sus actividades económicas tradicionales, como la caza, la pesca, la
recolección de frutas y la horticultura. Cuando no cumplían las cuotas exigidas por los caucheros eran
castigados en el cepo, flagelados y torturados; las mujeres, violadas, y los niños, asesinados. Así describió
Hardenburg el panorama durante su tiempo en el Putumayo: ‘’En la región reina un perpetuo y diabólico
carnaval de crimen’’ (Hardenburg, 1913).
En pocas palabras, no existen palabras para expresar cualquier idea acerca de este horripilante campo de
sangre, crimen y esqueletos blanqueados, pudriéndose bajo la hojarasca. (…) Tribu tras tribu de los
pacíficos y generosos indígenas de esta selva han desaparecido ante la masacre de los “civilizadores”
peruanos. (…) Me atrevo a decir que en unos cuantos años esta horrenda carnicería no cesa (lo cual dudo)
– estas inmensas selvas, anteriormente ocupadas por miles de indígenas pacíficos, capaces de civilización
y cristiandad, no serán otra cosa que enormes sepulcros y testimonios de una explotación sin precedentes
en la historia (Hardenburg, 1913, pág. 197-198).
28
Estos atropellos contra la población indígena serían los que motivarían al escritor José Eustasio Rivera a
escribir en 1924 “La vorágine” y más recientemente, a Mario Vargas Llosa en su novela “El sueño del
celta”. Las proporciones de estos acontecimientos van más allá de lo anterior, tratándose de un genocidio,
ya que Hardenburg (1913) estima que murieron más de 40.000 indígenas con la operación de la Casa
Arana, lo que disminuyó considerablemente la población indígena de la Amazonía colombiana. Incluso,
los atropellos se mantuvieron después de la denuncia de Hardenburg y posteriormente, a la verificación
del Cónsul Casement, pues, aunque Arana y los directivos fueron llamados a comparecer ante el
parlamento inglés, el inicio de la Segunda Guerra Mundial desvió la atención del caso (Banco de la
Republica de Colombia, 2013).
Luego, ante la pérdida inminente del trapecio amazónico frente a Colombia, la Casa Arana desplazó una
proporción significativa de la población indígena hacia el Perú, en una movida que buscaba asegurar la
provisión de mano de obra para la producción de caucho.
6.2 Guerra con el Perú;
El papel de los caucheros en la historia de la Amazonía es sumamente protagónico, no solo por la
configuración de una economía regional y las atrocidades en contra de la población indígena, sino por el
papel que desempeñaron en la guerra entre Colombia y Perú. La guerra entre estos países estalló el primero
de septiembre de 1932 cuando tropas peruanas, comandadas por Óscar Ordóñez de la Haza y Juan
Francisco de La Rosa y Guevara, invadieron el puerto de Leticia, reclamándolo como peruano. Los
habitantes del departamento peruano de Loreto se unieron a esta toma por considerar que el Tratado
Salomón-Lozano perjudicaba sus intereses en la Amazonía (Banco de la Republica de Colombia, 2013).
El Tratado Salomón-Lozano puso fin en 1922 a un litigio territorial de casi un siglo entre Colombia y
Perú, litigio que tenía sus orígenes a principios del siglo XIX con la expedición de la Real Cédula sobre
los límites amazónicos en la Nueva Granada. Dicho tratado, que reconocía la soberanía de Colombia sobre
29
el trapecio amazónico, fue aprobado por los congresos de ambos países y ratificado por sus respectivos
presidentes. No obstante, fue rechazado de inmediato por la población peruana, especialmente aquella
residente en Loreto, debido a que repentinamente una parte de la población se volvió extranjera, en
particular los habitantes de Leticia, ciudad que fue fundada por los peruanos Enrique Vigil y Benigno
Bustamante el 25 de abril de 1867 (Banco de la Republica de Colombia, 2013).
Sin embargo, vale la pena mencionar el rol que desempeñaron los caucheros peruanos en esta toma, pues
los principales centros de producción y de acopio se encontraban en territorio que fue cedido a Colombia
(Banco de la Republica de Colombia, 2013).
Por lo tanto, entre los principales perjudicados con el establecimiento del Tratado Salomón-Lozano
estuvieron los caucheros peruanos, factor que los motivó a participar activamente en la toma de zonas que
anteriormente se encontraban bajo su control, en la Amazonía colombiana (Banco de la Republica de
Colombia, 2013).
Lo anterior provocó confrontaciones militares entre los dos países, pues Colombia defendió con
vehemencia su soberanía sobre el trapecio amazónico, a pesar de su aislamiento geográfico. Entre los
combates más importantes se destacan los de Tarapacá y de Güepí, el 15 de febrero y el 26 de marzo de
1933, respectivamente, donde las tropas colombianas bombardearon por mar y aire las guarniciones
peruanas (Banco de la Republica de Colombia, 2013).
Luego de varios enfrentamientos, la guerra entre Colombia y Perú concluyó el 24 de mayo de 1934 con
la firma del Protocolo de Río, donde se ratificó el tratado Salomón-Lozano, el cual permanece vigente
hasta la fecha. De esta manera, Colombia retomó la soberanía sobre el trapecio amazónico y
particularmente sobre Leticia.
30
7. MARCO CONTEXTUAL:
La Amazonía es una de las zonas más diversas de Colombia, tanto ambiental como culturalmente. Por lo
tanto, existe un marco jurídico asociado con la protección de sus riquezas, el cual se ve materializado en
figuras como los parques nacionales naturales, las reservas forestales y los resguardos indígenas. En
esencia, se trata de un territorio con dinámicas propias, las cuales implican potencialidades específicas,
que deben ser consideradas en las políticas públicas que rigen su administración (Banco de la Republica
de Colombia, 2013).
Su participación en el PIB de Colombia es del 1% a pesar de albergar el 35% del territorio, lo que la
convierte, por un amplio margen, en la región de menor producción del país. Ello refleja el hecho de que
Colombia, en lugar de colonizar y explotarla intensivamente, ha optado, así sea por factores exógenos,
como el conflicto interno, por favorecer la preservación de sus riquezas naturales, las cuales son de un
valor excepcional, para el país y el planeta. De esta manera, la Amazonía no sólo se ha mantenido como
una región conservada y con buenos indicadores biológicos, sino como un territorio misterioso para la
gran mayoría de los colombianos, quienes desconocen sus características geográficas, económicas y
sociales (Banco de la Republica de Colombia, 2013).
Sin embargo, esta región tiene un abanico de problemas. La deforestación, aunque comparativamente baja,
es creciente como resultado de la conversión de tierras para actividades ganaderas. La informalidad
caracteriza al mercado laboral y las actividades económicas asociadas con la industria y los servicios
financieros tienen una escaza participación en el PIB (Banco de la Republica de Colombia, 2013).
Además, la región tiene poca conectividad con el resto del país, factor que limita el crecimiento
económico. Para poder generar políticas de desarrollo eficientes, que incorporen las características
territoriales específicas, se requiere de un amplio proceso investigativo sobre la región. Y es allí
precisamente donde este estudio espera contribuir, en particular en el ámbito económico, el cual no ha
31
sido lo suficientemente analizado. Los resultados muestran que la Amazonía colombiana no solo se
diferencia del resto del país, sino al interior de la misma. En efecto, existen dos Amazonias en Colombia
(Banco de la Republica de Colombia, 2013).
La primera consiste en una zona que se encuentra más integrada con la economía nacional, es
relativamente poblada, cuenta con un mayor ingreso y, en general, un mayor grado de intervención, lo que
hace que se asemeje al resto del país. La segunda es una Amazonía geográficamente aislada, con
municipios que no se relacionan entre sí, bajos niveles de colonización, un amplio número de comunidades
indígenas y cuya economía funciona como un enclave (Banco de la Republica de Colombia, 2013).
Las evidentes diferencias al interior de la Amazonía nos dejan una reflexión importante: ¿cómo se debe
gestionar este territorio? Aunque la Amazonía colombiana se ha colonizado paulatinamente, dicho proceso
se ha gestado principalmente durante las últimas décadas, alentado por la mejora en las condiciones de
seguridad. Este proceso sigue en aumento a pesar de las tendencias negativas en los flujos migratorios de
la región. Por lo tanto, hay que tomar medidas que permitan garantizar su manejo adecuado (Banco de la
Republica de Colombia, 2013).
En el contexto mundial hay una creciente valoración económica por la protección y conservación de
recursos naturales que contribuyen a mitigar los efectos del cambio climático, razón por la cual la selva
tropical amazónica ha adquirido un valor estratégico enorme. Además, podría representar una fuente
continua de ingresos para el país y para las comunidades indígenas locales, pues también hay una creciente
actividad turística en la región (Banco de la Republica de Colombia, 2013).
De esta manera, el principal reto para la Amazonía colombiana se encuentra en el crecimiento y desarrollo
económico sin amenazar la subsistencia de sus enormes riquezas naturales y culturales. La introducción
de actividades económicas como la explotación de hidrocarburos y minerales, por ejemplo, genera
32
impactos ambientales irreversibles en la selva tropical, relacionados con los procesos de colonización
derivados de los requerimientos de infraestructura (Banco de la Republica de Colombia, 2013).
Al mismo tiempo, los beneficios económicos derivados de estas actividades son de un horizonte de tiempo
claramente definido, los cuales están directamente determinados por la factibilidad económica de la
extracción. Además, generan pocos encadenamientos productivos con la economía local. Por lo tanto, el
desarrollo territorial apalancado en proyectos minero energéticos podría significar un costo de oportunidad
significativamente alto en comparación con un crecimiento económico basado en el ecoturismo y la
conservación de ecosistemas que prestan importantes servicios ambientales, y a los cuales se asigna un
alto valor económico (Banco de la Republica de Colombia, 2013).
7.1 Geografía física de la amazonia:
En esta sección se presentan algunos aspectos de la geografía física de la Amazonía colombiana, que
resultan indispensables a la hora de estudiar el desarrollo económico de la región. Las descripciones
presentadas se basan en gran medida en la siguiente bibliografía especializada: PNUMA y OCTA (2009),
IGAC (2008), IDEAM, IGAC, IAvH, INVEMAR, SINCHI e IIAP (2002 y 2007), SINCHI (2007),
IDEAM (2001), Romero, Cabrera y Ortiz (2008), Emerson, Esty, Levy, Kim, Mara, de Sherbinin y
Srebotnjak (2010), Domínguez (1987) y Mejía (1987) (Banco de la Republica de Colombia, 2013).
En las anteriores publicaciones referenciadas es posible encontrar desarrollos más completos acerca de la
geografía física de la Amazonía y de la Amazonía colombiana en particular. Para contextualizar, se parte
de una descripción muy general de la Amazonía, antes de pasar al caso particular dela Amazonía
colombiana (Banco de la Republica de Colombia, 2013).
7.2 Amazonía, región natural y divisiones político-administrativas
33
Lo primero que se debe decir es que no existe una sola Amazonía, y que tampoco se puede hablar de una
única Amazonía colombiana. Esto se debe a que el concepto mismo de regiones complejo y depende del
tipo de variables que se tienen en cuenta a la hora de establecer similitudes y diferencias entre áreas
geográficas (Banco de la Republica de Colombia, 2013).
La primera perspectiva que se encuentra en la literatura especializada es la de región natural, que se define
por características netamente físicas, que son difícilmente modificables por los asentamientos humanos.
La Amazonía, que es la selva húmeda tropical más grande del planeta, puede considerarse una región
natural. Se ubica en la zona intertropical, aproximadamente entre el paralelo 5 latitud norte y el paralelo
20 latitud sur, extendiéndose desde la cordillera de los Andes en el oeste hasta el océano Atlántico en el
este (Banco de la Republica de Colombia, 2013).
Al norte limita con el Escudo o Macizo Guayanés, una de las formaciones geológicas más antiguas del
planeta y al sur y suroriente con el Macizo Brasilero. Entendida como región hidrográfica, es decir como
el área correspondiente a la cuenca del río Amazonas y de sus afluentes, la superficie es mayor a los
6.118.000, que corresponden al 38% de la superficie continental de Suramérica. Si se considera la
superficie cubierta por bosque húmedo tropical y subtropical (criterio ecológico), entonces se estima que
la Amazonía tiene un total de 7.413.82 ( PNUMA y OTCA , 2009).
Más allá de las diferencias que naturalmente surgen cuando se habla de un territorio tan extenso, cinco
aspectos muy generales de la geografía física de la región permiten delinear a grandes rasgos el paisaje:
el relieve, el clima, los recursos hidrográficos, los suelos y la biodiversidad. Predominan en la Amazonía
las zonas bajas, planicies o llanuras que no superan los 500 msnm (Banco de la Republica de Colombia,
2013).
34
Los territorios más altos hacen parte, en su gran mayoría, del piedemonte de la Cordillera de las Andes al
oeste y de las serranías y mesetas Guayanesas al norte. Por su ubicación en la zona intertropical, se trata
de una región cálida, que tiene temperaturas promedio que oscilan alrededor de 25grados centígrados, con
pocos cambios a lo largo del año (Banco de la Republica de Colombia, 2013).
Los niveles de humedad y pluviometría tienden a ser altos, aun cuando varían mucho dependiendo del
lugar y de la época. Los valores máximos de precipitaciones se alcanzan en el piedemonte de la cordillera
y en las costas del océano Atlántico, superando en algunos casos los 4.000 (Banco de la Republica de
Colombia, 2013).
Desde el punto de vista de los recursos hídricos, es notoria la presencia del río Amazonas, cuyo recorrido
alcanza los 7.000 de largo, con una extensa red de afluentes conformada por más de 1.100 ríos. Se estima
que este sistema hídrico garantiza alrededor del 20% del volumen de agua dulce vertida sobre los distintos
mares y océanos del planeta. La mayor parte de estos ríos, incluido el río Amazonas, nacen en la cordillera
de los Andes, aun cuando también hay afluentes que se forman en el macizo guayanés y en la meseta
brasilera. Pese a la intensa deforestación, la superficie amazónica está todavía, en su gran mayoría,
cubierta por bosques húmedos tropicales y aguas continentales naturales (quebradas, caños, ríos y zonas
inundadas) (Banco de la Republica de Colombia, 2013).
Un porcentaje alto de sus suelos tienen vocación de conservación o forestal. Además de la conservación
de los recursos hídricos, la razón por la cual se considera que una proporción importante de la Amazonía
se debe destinar a la conservación es que se trata de la mayor reserva de biodiversidad del planeta. En
efecto, se estima que la región alberga cerca del 10% de las especies vivas del planeta ( PNUMA y OTCA
, 2009).
Desde el punto de vista político-administrativo, ocho países comparten el territorio amazónico y son
miembros de la Organización del tratado de Cooperación Amazónica (OCTA): Bolivia, Brasil, Colombia,
35
Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. Los territorios que desde el punto de vista político-
administrativo se clasifican como amazónicos suman 7.413.827, destacándose Brasil con 5.034.740 que
equivalen a 67,9% de la superficie total. Le siguen en participación Bolivia y Perú, y en cuarto lugar
Colombia. El área que resulta de la intersección hidrográfica, ecológica y político administrativa se
denomina Amazonía Menor, con una extensión de 5.147.970 (Banco de la Republica de Colombia, 2013).
Si en cambio se considera la unión de estas tres áreas, se contabilizan 8.187.965, que conforman la
Amazonía Mayor ( PNUMA y OTCA , 2009). En Colombia, seis departamentos conforman lo que en
adelante, para efectos prácticos de este estudio, se llamará la Amazonía legal colombiana. En orden de
extensión, estos son Amazonas, Caquetá, Guainía, Vaupés, Guaviare y Putumayo (Banco de la Republica
de Colombia, 2013).
En total, estos departamentos tienen una extensión de 403.348, que equivalen aproximadamente al 5,4%
de la Amazonía político-administrativa total, pero corresponden al 35,3% del territorio continental
colombiano (Instituto Geografico Agustin Codazzi, 2015).
Los departamentos de Putumayo y Amazonas limitan al sur con Ecuador y Perú, frontera trazada en su
gran mayoría por el río Putumayo, y en menor medida por una línea convencional y el río Amazonas. Al
este, los departamentos de Amazonas, Vaupés y Guainía limitan con Brasil, en una frontera que alterna
referentes naturales con líneas convencionales. En cuanto a los límites internos, los departamentos de
Putumayo y Caquetá tienen fronteras al oeste con Nariño, Cauca y Huila, a lo largo de la cordillera de los
Andes. Al norte, la serranía de la Macarena establece los límites entre Caquetá, Guaviare y Meta y el río
Guaviare se constituye en la frontera norte de Guaviare y Guainía, separándola Amazonía legal de la
Orinoquía legal (Banco de la Republica de Colombia, 2013).
Tabla 1
Departamento Extensión (Km2) Capital
36
Amazonas 109,665 Leticia
Guainía 72,238 Puerto Inírida
Guaviare 53,460 San José del Guaviare
Putumayo 24,885 Mocoa
Vaupés 54,135 Mitú
Amazonía legal 403,348
Colombia 1,141,748
Fuente: (Instituto Geografico Agustin Codazzi, 2015)
7.3 La Amazonía colombiana, características físicas de la región geográfica
Más allá de la región natural, o de las divisiones político-administrativas, la noción de región geográfica
parece la más adecuada para hacer una descripción de la geografía física, ya que considera tanto las
características naturales del territorio como la capacidad que tiene el hombre de transformar el paisaje.
Esto es pertinente si se tiene en cuenta que existen diferencias sustanciales en el impacto ambiental de los
asentamientos humanos, que responden en gran medida a diferencias en la densidad poblacional, el grado
de urbanización y el tipo de economía que en ellos se desarrolla (Banco de la Republica de Colombia,
2013).
Como se verá, la Amazonía colombiana ha sido menos intervenida que la Amazonía de otros países y, por
tanto, menos degradada en términos ambientales. Entendida como región geográfica, la Amazonía
colombiana tiene una extensión mayor a la de los seis departamentos tradicionalmente considerados, en
gran medida porque incorpora la superficie cubierta por bosque húmedo tropical de Nariño y Cauca al
oeste y Meta y Vichada al norte. No existe una única delimitación de esta región pero puede decirse que
37
su extensión oscila alrededor de 470.000, dependiendo de los criterios empleados por las distintas fuentes
(Banco de la Republica de Colombia, 2013).
Por ejemplo, una de las diferencias más notables que hay entre IGAC (2008) y SINCHI (2007), es que el
IGAC no incluye ni la Serranía de la Macarena en el sur del Meta, ni parte del valle del río Orinoco en el
sureste del Vichada, mientras que el SINCHI, sí. Tal variedad de criterios implica algunas
incompatibilidades entre fuentes, razón por la cual en adelante se prestará especial atención a la definición
de Amazonía a partir de la cual se calculan los estadísticos reportados. A continuación, se profundizará,
para el caso de la Amazonía colombiana, en algunos de los aspectos de la geografía física
7.4 El relieve
En la región priman las llanuras y las planicies de menos de 300 metros sobre el nivel del mar (msnm).
La llanuras, que ocupan la gran mayoría del territorio, se caracterizan por el lomerío y la altiplanicie
estructural con un relieve plano o suavemente ondulado, que se alterna con planicies y valles aluviales.
Por su parte, en la planicie antigua del Guainía, ubicada al este, en la mayor parte de los territorios del
Guainía y en menor medida del Vaupés, se conforma por superficies de aplanamiento residual, es decir
antiguos conjuntos montañosos derivados del Macizo de las Guayanas que presentan altos niveles de
erosión (Banco de la Republica de Colombia, 2013).
En el piedemonte amazónico, franja cuya amplitud es menor a 50 y se encuentra entre la cordillera y la
llanura, la altitud puede superar los 1.000 msnm y se encuentran tanto terrenos ondulados, formados por
sedimentación de materiales desde territorios más altos, como montañas con pendientes escarpadas que
hacen parte del sistema montañoso de la cordillera de los Andes (Banco de la Republica de Colombia,
2013).
38
Finalmente, las serranías de origen guayanés, también llamadas tepuyes, son antiguas formaciones de
origen precámbrico, que son independientes de la cordillera de los Andes. Se encuentran dispersas en
medio de las llanuras y las planicies, esencialmente en territorio venezolano y pueden identificarse por las
paredes escarpadas y la cima plana. En Colombia se destacan la Macarena, Chiribiquete, Naquén y
Taraira, con altitudes máximas cercanas a los 1.000 msnm (Banco de la Republica de Colombia, 2013).
7.5 El clima
Lo primero que debe señalarse es que la red de estaciones de medición meteorológica es mucho menos
densa en la región amazónica, razón por la cual se tiene relativamente poca información disponible y
resultados más homogéneos (Banco de la Republica de Colombia, 2013).
Con la excepción del piedemonte, la Amazonía colombiana tiene un clima cálido y húmedo, con
temperaturas promedio que se encuentran entre 24 y 27 grados centígrados y niveles de humedad relativa
cercanos al 85%, sin mayores oscilaciones a lo largo del año. Las precipitaciones superan los 2.000 en
algunos territorios de la llanura, que incluyen el sur de Putumayo, el centro de Caquetá, parte importante
de Guaviare y el norte de Guainía, y los 3.000 en el resto de la región (Banco de la Republica de Colombia,
2013).
Con la excepción del extremo sur del departamento de Amazonas y del piedemonte, se observa un régimen
de lluvias mono modal con máximos entre mayo y julio y mínimos entre diciembre y enero. El sur del
departamento de Amazonas también presenta un régimen mono modal, pero con máximos entre
Diciembre-Enero y mínimos entre Junio y Agosto (Banco de la Republica de Colombia, 2013).
39
Esto se debe a que esta área se encuentra en el hemisferio sur. En el piedemonte, por su parte, se presenta
un régimen bimodal con dos periodos de lluvia, uno en diciembre- enero y otro en mayo-julio (Banco de
la Republica de Colombia, 2013).
En promedio se tienen más de 200 días de lluvias al año, con registros todavía más altos en el suroeste,
incluido el piedemonte y buena parte de los territorios de Caquetá, Putumayo, Amazonas y Vaupés. Dada
la nubosidad, se trata de una región con relativamente poco brillo solar. Solo en el extremo sur de
Amazonas y en el norte de Guainía se tienen más de 1.700 horas de sol anuales. En el norte del Putumayo
y en sus límites con Nariño, Cauca y Caquetá, se registran menos de 1.300 horas de sol por año (Banco
de la Republica de Colombia, 2013).
7.6 Los recursos hídricos
No todos los ríos que recorren la Amazonía colombiana, entendida como región geográfica, desembocan
en el río Amazonas. En efecto, en esta región se encuentran dos grandes cuencas hidrográficas: la
amazónica al sur y la del Orinoco al norte. La vertiente amazónica colombiana se extiende por 342.251
(Instituto Geografico Agustin Codazzi, 2015).
En ella, se destacan, por su participación en el territorio colombiano, las áreas hidrográficas de los ríos
Putumayo, Caquetá, Caguán, Yarí, Apaporis, nacidos en la cordillera oriental o en el piedemonte, y los
ríos Vaupés y Guainía (Negro), nacidos en las llanuras. Mientras que el primer grupo de ríos se caracteriza
por las aguas claras, aquellos nacidos en la llanura tienden a tener aguas más turbias.
El río Amazonas también hace parte de la Amazonía colombiana, sin embargo, la participación en el
territorio colombiano de su área hidrográfica es mínima. Esto se debe al hecho de ser fronterizo y por su
corto recorrido en Colombia (Banco de la Republica de Colombia, 2013).
40
Al norte se encuentra una parte de la vertiente del río Orinoco, específicamente las cuencas de los ríos
Inírida y Guaviare, que también hacen parte de la Amazonía colombiana. El río Caquetá se destaca por
ser el más caudaloso del país, con 15.286, seguido por el río Guaviare y el Magdalena. Los caudales de
los ríos durante la temporada de lluvias son, en promedio, el doble que los de la estación seca, relación
mucho menor a la que se observa en regiones más áridas (Banco de la Republica de Colombia, 2013).
Por esta razón, de un total de 14,6 millones de hectáreas inundables que se estiman existen en Colombia,
solo 25% se encuentra en la región (IDEAM, IGAC, IAVH, INVEMAR, SINCHI e IIAP, 2002). En la
Amazonía colombiana se encuentra también la mayor parte de los pantanos del país, con una superficie
aproximada de 1.602.250 miles de metros cuadrados, que corresponden al 81,4% del total nacional. A esto
deben agregarse 763.767 metros cúbicos de lagunas, que equivalen a 9,6% del total nacional (Banco de la
Republica de Colombia, 2013).
En términos de balance hídrico, la mayor parte de la Amazonía tiene altos excedentes de agua, con la
excepción de la cuenca del río Putumayo, el piedemonte y parte de las llanuras noroccidentales de Caquetá
y Putumayo, en donde el excedente es moderado (IDEAM, 2001).
7.7 Los suelos
Los suelos son en general pobres en nutrientes, propensos a una rápida degradación y la mayoría tiene
niveles bajos y muy bajos de fertilidad. Dada esta característica de los suelos, y el gran potencial
hidrológico y biológico, se ha concluido que la mayor parte del territorio tiene por vocación la
conservación. Estos territorios se deberían alternar con zonas de vocación forestal en el noroeste de
41
Putumayo y Caquetá, en el norte de Guaviare, y en menor medida en Vaupés, y con zonas de vocación
agroforestal en el piedemonte y el oeste de las llanuras de Putumayo, así como en los valles de los
principales ríos (Banco de la Republica de Colombia, 2013).
Todavía hoy, la mayor parte de la Amazonía colombiana está cubierta por ecosistemas naturales entre los
que se destacan los bosques y las aguas continentales naturales. En SINCHI (2007), se estima, a partir de
información del año 2001, que sólo el 5% de los ecosistemas han sido intervenidos y los bosques de la
Amazonía colombiana cubren una superficie de 433.117 (Banco de la Republica de Colombia, 2013).
Teniendo en cuenta que Colombia cuenta con 613.140 de bosques naturales (IGAC, 2008), se puede decir
que 70% de los bosques que se conservan naturales en Colombia se encuentran en la Amazonía. En la
mayor parte de los casos, los bosques naturales que desaparecieron han dado paso a pastos, dedicados a
ganadería bovina y a vegetación secundaria. En 2001, 4,8% de la Amazonía se encontraba cubierta por
pastos y 0,7% por vegetación secundaria. La agricultura, en cambio, cubría sólo el 0,2% del territorio
(Banco de la Republica de Colombia, 2013).
7.8 Biodiversidad
Pese a poseer un territorio continental relativamente pequeño, Colombia se encuentra entre los cinco
países con mayor diversidad biológica del planeta. En aves y anfibios ocupa el primer lugar, en plantas se
encuentra en el segundo lugar, en reptiles en el tercer lugar y en mamíferos en el quinto lugar. De las 4.932
especies de vertebrados (peces, aves, anfibios, mamíferos y reptiles) registradas en el país, 38,8% habitan
42
en la Amazonía, destacándose en particular los peces con 49,7%, y las aves con 46,5% del total nacional
(Banco de la Republica de Colombia, 2013).
En cuanto a las plantas, 12,9% de las 41.000 registradas se encuentran en la Amazonía (Romero, Cabrera
y Ortiz, 2008). Dada la inigualable riqueza en recursos hídricos y biológicos de la Amazonía, es importante
evaluar qué tan preservado se encuentra el medio ambiente. Aun cuando la mayor parte de la superficie
amazónica sigue cubierta por bosque húmedo tropical, se encuentra en curso un acelerado proceso de
intervención, cuyas manifestaciones más comunes son la deforestación y la degradación ambiental (Banco
de la Republica de Colombia, 2013).
Hasta el año 2005, se habían deforestado en la Amazonía de los países miembros de la OCTA cerca de
857.666 de bosque, equivalentes al 11,6% de la superficie total (criterio político-administrativo). Con un
aumento en la tasa de deforestación de 15% entre 2006 y 2007, las actividades que más han desplazado al
bosque son la ganadería y la agricultura. Brasil aportó el 79,5% del área deforestada entre 2000 y 2005,
con un acumulado de 682.124, que corresponden al 13,5% del territorio de la Amazonía legal brasilera
(Banco de la Republica de Colombia, 2013).
Perú, por su parte, ha perdido 69.713 y Bolivia, 45.735, equivalentes al 10,7 y 6,3%, respectivamente, de
las áreas amazónicas legales ( PNUMA y OTCA , 2009). Para el caso colombiano se reporta un acumulado
de 29.302 de bosque deforestado en 2005, equivalentes al 7,3% del territorio de la Amazonía legal (Banco
de la Republica de Colombia, 2013).
De estos, 1.360 se perdieron entre 2000 y 2005, lo que implica un aumento sustancial en la tasa de
deforestación durante los últimos años. De acuerdo con esto, la deforestación de la Amazonía colombiana
es relativamente menor que la de Brasil y Perú y supera la de Bolivia, pero en ningún caso puede
considerarse marginal (Banco de la Republica de Colombia, 2013).
43
Entre 1988 y 2001 se pasó, en los departamentos de Guaviare, Caquetá, Putumayo y las áreas clasificadas
como amazónicas de Meta, Cauca y Nariño, de 169.351 a 161.269 de bosques. Esta pérdida neta de 8.082
(4,8%) de bosques puede descomponerse en dos: por un lado, 12.917 de bosques naturales dejaron de
serlo y el otro, surgieron 4.835 de nuevos bosques (Banco de la Republica de Colombia, 2013).
El primer componente responde esencialmente a los distintos procesos de colonización, especialmente a
la ganadería, pues el 58,4% de los bosques se transformaron en pastos y el 28,2% en vegetación
secundaria. En cuanto al segundo componente, 1.326 de vegetación secundaria y 2.429 de pastos se
convirtieron de nuevo en bosques (Banco de la Republica de Colombia, 2013).
El hecho de que simultáneamente se destruya y se recupere bosque llama la atención. Para comprender
mejor este fenómeno, es importante recordar que la Amazonía cuenta con suelos poco fértiles, lo que
implica que una gran cantidad de tierras colonizadas son abandonadas después de cierto tiempo. Es
precisamente en estos terrenos abandonados en donde tiene lugar la recuperación de la cobertura boscosa
(Banco de la Republica de Colombia, 2013).
Dado que esta recuperación no es completa en términos de biodiversidad (bosque secundario), parece un
mal negocio en términos ambientales deforestar, abandonar las tierras al poco tiempo y en el mejor de los
casos recuperar un bosque con inferior potencial biológico. En cuanto a las pérdidas en biodiversidad, se
consideran en vía de extinción en la Amazonía aproximadamente 1.680 especies de vertebrados y 2.631
de plantas (PNUMA y OCTA, 2009). En Colombia se encuentran en riesgo 6,5% de los vertebrados y
4,3% de las plantas (Romero, Cabrera y Ortiz, 2008).
La calidad de los recursos hídricos, por su parte, sólo ha sido afectada por fertilizantes y plaguicidas en el
valle de Sibundoy, al noroeste del Putumayo, y en el norte del Guaviare, y por hidrocarburos y sustancias
químicas en el Putumayo, a lo largo del oleoducto Orito-Tumaco (IDEAM, 2001).
44
Además de la ganadería y de algunas actividades agrícolas, la fuerte expansión de la coca, que alcanzó
más de 200.000 hectáreas cultivadas en el año 2000 entre Bolivia, Colombia y Perú, también es
responsable de una parte importante de la deforestación en la Amazonía (UNODC, 2009).
En la Amazonía colombiana sobresalen los cultivos de coca en Putumayo, Caquetá, y Guaviare, y en sus
límites con Nariño, Cauca y Meta. Entre 2005 y 2011, los cultivos de coca ocuparon en promedio 23.290
hectáreas en los departamentos que conforman la Amazonía legal, que representó el 30,1% del área
cultivada de coca en todo el territorio colombiano. De estas, el 93,1% se encontró en el noroeste de
Putumayo y Caquetá y el norte de Guaviare. Cabe mencionar que el área cultivada de coca en la Amazonía
legal presentó un comportamiento descendente a partir del 2007. Sin embargo, en 2011 retomó los niveles
comparativamente altos del período 2005-2007. Dicho aumento se debe al incremento en el área cultivada
en los tres principales departamentos productores de coca en la Amazonía (Banco de la Republica de
Colombia, 2013).
Si bien en apariencia no se trata de mucha tierra (menos del 0,16% del territorio de estos tres
departamentos), esta es una actividad perjudicial en términos de suelos. En primer lugar, provoca erosión
y contaminación de las fuentes hídricas, ya sea por los cultivos o por los precursores químicos empleados
durante el procesamiento de la hoja de coca y también por el glifosato, químico empleado por los
programas gubernamentales de fumigación aérea (Oficina de las naciones unidas contra la droga y el
delito, 2011).
En segundo lugar, porque se trata de una actividad que se desplaza rápidamente. De acuerdo con la
ONUDD (Oficina de las naciones unidas contra la droga y el delito, 2011), sólo el 25% de los cultivos
que existían en Colombia en 2007 se encontraron en 2008, dejando atrás una gran cantidad de tierras
disponibles para otras actividades agropecuarias o abandonadas. Por su parte, el 15% de los cultivos
encontrados en 2008 remplazaron bosque natural. Si esta tasa se mantuviera durante un periodo de diez
años, entonces los cultivos ilícitos serían responsables de cerca de 40.000 hectáreas de deforestación en la
región amazónica (Oficina de las naciones unidas contra la droga y el delito, 2011).
45
Otro factor importante de degradación ambiental son las explotaciones minero-energéticas. Uno de los
casos más comentados ha sido la explotación petrolera en la Amazonía ecuatoriana, que en 2006 alcanzó
los 182.693.891 barriles, el 74,9% de la explotación petrolera de toda la Amazonía. Aun cuando la
producción petrolera del Putumayo es pequeña en comparación, 4.611.786 barriles en 2006, los daños
ambientales siguen siendo significativos ( PNUMA y OTCA , 2009).
Si bien se trata de extensiones de tierras relativamente pequeñas, los pozos traen consigo deforestación,
contaminación de aguas y, sobre todo, oleoductos y carreteras que abren las puertas a nuevos procesos de
colonización y provocan fragmentación de ecosistemas. Antes de pasar a la demografía, vale la pena
señalar que Colombia ha recibido buenas calificaciones internacionales en el tema ambiental, lo que puede
parecer incompatible con algunos de los resultados previamente expuestos (Banco de la Republica de
Colombia, 2013).
De acuerdo con el escalafón del Índice de Desempeño Ambiental (IDA) en 2010, Colombia ocupa el
décimo lugar, precedido en Latinoamérica sólo por Costa Rica y Cuba, mientras que Brasil se ubica en el
puesto 62. Rodríguez (2008) afirma que en el caso de Colombia, dadas las variables tenidas en cuenta,
este indicador debe interpretarse “con cautela” (Banco de la Republica de Colombia, 2013).
Para comprender hasta qué punto, el buen desempeño de Colombia en este índice, tiene que ver con la
protección de la Amazonía, vale la pena detenerse un poco en la metodología empleada para calcularlo.
En el IDA se mide la proximidad de una serie de indicadores con respecto a objetivos de política fijados.
A la hora de ponderar, las categorías que mayor importancia reciben son el impacto del medio ambiente
sobre la salud (25%), el aporte al cambio climático (25%), la exposición a la contaminación del aire
(12,5%) y el acceso al agua y a los servicios sanitarios básicos (12,5%) (Banco de la Republica de
Colombia, 2013).
46
El resto de las categorías, entre las cuales la contaminación del agua y del aire, la protección de la
biodiversidad y de los bosques y el uso de tecnologías limpias en la agricultura y la pesca tienen
ponderaciones individuales de 4,2% (Banco de la Republica de Colombia, 2013).
Con respecto a los países de la región, Colombia obtuvo puntuaciones sobresalientes en cuatro categorías:
la exposición a la contaminación del aire, el cambio climático, la protección de los bosques y la protección
de la biodiversidad. Si se tienen en cuenta estos resultados y sus ponderaciones en el IDA, lo primero que
se puede decir es que el buen resultado agregado de Colombia se debe más a la poca exposición a la
contaminación del aire y al bajo aporte al cambio climático que a la protección de los bosques y de la
biodiversidad (Banco de la Republica de Colombia, 2013).
En cuanto a los buenos resultados en estas últimas dos categorías, conviene entrar un poco más en los
detalles de las fuentes estadísticas. Para la protección de los bosques, los objetivos específicos
considerados son la no reducción de la calidad (medida en cambio porcentual en el volumen de los arboles)
y la no reducción de la cobertura (medida en cambio porcentual de superficie) (Banco de la Republica de
Colombia, 2013).
Mientras que en el indicador de calidad no hay información disponible para Colombia, en cobertura, el
país ocupa el lugar 85 con una reducción del 0,1% de la superficie total de bosque entre 2000 y 2005,
resultado similar al reportado para la Amazonía colombiana en PNUMA y OCTA ( PNUMA y OTCA ,
2009). Por otra parte, la protección de la biodiversidad se mide a través de tres objetivos específicos: la
protección del 10% del área de cada bioma presente en el territorio, la protección del 10% del área marina
y la protección de la totalidad de los hábitats críticos en términos de extinción de especies (Banco de la
Republica de Colombia, 2013).
Como los tres objetivos se expresan en términos de protección legal del territorio, en lo que, como se verá
en la sección VII, Colombia sobresale, no sorprende que el país ocupe los puestos 55, 7, y 36
47
respectivamente. Sin embargo, estos indicadores sólo reflejan la legislación que existe en cuanto a la
protección de los recursos naturales y no necesariamente sus resultados (Banco de la Republica de
Colombia, 2013).
7.9 Características demográficas
Para estudiar el desarrollo económico de la Amazonía colombiana también es indispensable profundizar
acerca de sus características demográficas. Con este fin, la presente sección se organiza en cinco partes.
Primero, se describen algunas características básicas como la población total, la densidad poblacional, la
localización y la estructura etaria y el género (Banco de la Republica de Colombia, 2013).
En seguida se estudia la composición étnica, puesto que los indígenas representan un porcentaje
importante de la población. En los tres últimos apartados se hace referencia al crecimiento demográfico y
a sus tres componentes: natalidad, mortalidad y migraciones (Banco de la Republica de Colombia, 2013).
7.10 Características básicas:
Lo primero que se debe subrayar en cuanto a la demografía de la Amazonía es que se trata de una región
despoblada. Se contabilizan en la Amazonía legal de los ocho países miembros de la OCTA alrededor de
33 millones de habitantes, que corresponderían al 10,7% de la población total de estos países ( PNUMA
y OTCA , 2009).
48
En Colombia, la población total conciliada de los departamentos que conforman la Amazonía legal es de
968.255 habitantes en 2005, equivalente al 2,3% de la población colombiana. Los departamentos de
Caquetá y Putumayo concentran más del 75% de la población regional, seguido de Guaviare con 9,9%.
Los departamentos de Amazonas, Vaupés y Guainía, por su parte, son los menos, Es importante señalar
que en la Amazonía colombiana existe una diferencia importante entre la población censada y la
conciliada, lo que se explica por las altas tasas de omisión censal (Banco de la Republica de Colombia,
2013).
En efecto, 26,3% de los habitantes de la región nunca fueron censados y en cambio fueron imputados
durante el proceso de conciliación, porcentaje muy superior al 3,7% que se registra a nivel nacional.
Sobresalen Guainía y Vaupés con porcentajes de omisión censal de 46,3% y 49,8%, respectivamente. La
principal razón por la cual hay una omisión censal tan alta es que precisamente se tienen muy pocos
habitantes en un territorio muy extenso y de difícil acceso, a lo que se deben agregar serios problemas de
orden público (Banco de la Republica de Colombia, 2013).
Como es de suponerse, este no es un problema exclusivo del Censo de 2005, ya que la mayor parte de la
Amazonía colombiana sigue siendo sistemáticamente excluida de las grandes encuestas periódicas, razón
por la cual se cuenta con mucha menos información estadística de esta región en comparación con el resto
del país (Banco de la Republica de Colombia, 2013).
La densidad poblacional de la Amazonía legal de los ocho países miembros de la OCTA es de 4,5, muy
inferior a la del mundo, 47,8 y a la de los países miembros de la OCTA, 22,5 . Las amazonias con mayor
densidad poblacional son las de Perú y Ecuador, con 5,6 y 5,4 respectivamente, seguidas de la Amazonía
brasilera, 4,96 ( PNUMA y OTCA , 2009).
La Amazonía colombiana se ubica en las últimas posiciones, el departamento con la mayor densidad
poblacional es Putumayo, 12,5, seguido de Caquetá con 4,7, mientras que Vaupés, Amazonas y Guainía
49
se ubican en las últimas posiciones. La Amazonía es una de las regiones más rurales de Colombia. Su tasa
de urbanización, entendida como el porcentaje de población conciliada que habita en las cabeceras
municipales, es de 48,2%, mientras que la tasa de urbanización de Colombia alcanza el 74,4% (Banco de
la Republica de Colombia, 2013).
Los departamentos con mayores tasas de urbanización son Caquetá y Guaviare, con 55% y 52,1%,
respectivamente, mientras que los más rurales son Vaupés, Amazonas y Guainía. Si se compara con las
de otros países, se encuentra que la colombiana es una de las menos urbanizadas. Entre 2000 y 2007, el
75,25% de la población amazónica venezolana vivía en ciudades; en Brasil lo hacía el 68,22%; y en Perú
y Bolivia el 61,6% y el 51,6%, respectivamente ( PNUMA y OTCA , 2009).
Desagregando la población a nivel municipal (municipios, corregimientos departamentales y
municipales), lo primero que llama la atención es que sólo Florencia, capital de Caquetá, supera los
100.000 habitantes y que de las otras cinco capitales, cuatro no superan los 40.000 habitantes. Sorprende
además que en Guainía, Amazonas, Guaviare y especialmente en Vaupés se concentre más de la mitad de
la población del departamento en la capital (Banco de la Republica de Colombia, 2013).
Todo lo contrario sucede en Putumayo en donde sólo el 11,5% habita en Mocoa, e incluso un municipio,
Puerto Asís, tiene más habitantes que la capital departamental. En Caquetá, por su parte, sólo el 34,2% de
la población reside en Florencia. En el Mapa 6puede verse más claramente este fenómeno. Mientras que
en el noroeste de Caquetá y Putumayo se encuentran siete municipios que tienen más de 25.000 habitantes,
en Amazonas, Guainía y Vaupés los únicos municipios con más de 10.000 habitantes son las capitales
(Banco de la Republica de Colombia, 2013).
En el caso de Guaviare, todos los municipios superan los 10.000 habitantes, sin embargo, sólo San José
del Guaviare tiene más de 50.000. Tales diferencias se explican en gran medida por los distintos patrones
de poblamiento que se dieron en la región. Mientras que los procesos de colonización agrícola se
50
concentraron en la subregión conformada por el noroeste de Caquetá y Putumayo y el norte de Guaviare,
que en adelante se notará anillo de poblamiento, en el resto de territorio solo se conformaron enclaves
geopolíticos en las capitales departamentales (Banco de la Republica de Colombia, 2013).
Lo que hace particular a estos enclaves es que se fundaron u ocuparon por razones políticas y no
económicas, y no cuentan con vías de acceso terrestre. Dicho esto, no debería sorprender que sea
precisamente en el anillo de poblamiento en donde la intervención de la tierra haya sido más intensa o
donde haya una mayor proporción de la población. Sí debería esperarse, en cambio, que existan marcadas
diferencias entre el anillo de poblamiento y el resto del territorio en temas de condiciones materiales de
vida y actividad económica (Banco de la Republica de Colombia, 2013).
La Amazonía es una población particularmente joven, en donde, con respecto a Colombia, hay una mayor
proporción de jóvenes menores de 14 años y una menor proporción de mayores de 40 años. En segundo
lugar, hay más hombres que mujeres en la Amazonía. Mientras que la relación de masculinidad en
Colombia es 95,3, es decir que por cada 100 mujeres hay 95,3 hombres, en la Amazonía esta relación es
de 101,2 (Banco de la Republica de Colombia, 2013).El faltante más significativo de mujeres se registra
entre los mayores de 40 años.
7.11 Composición étnica y riqueza cultural
La región Amazónica ha sido ancestralmente poblada por indígenas y todavía hoy, estos grupos
representan una parte importante de la población. Se estima que alrededor de 1.160.000 indígenas habitan
la Amazonía, lo que equivaldría al 3,5% de su población total ( PNUMA y OTCA , 2009).
51
De estos, más del 80% se encuentra en Ecuador, Brasil y Perú. En la Amazonía colombiana la población
censada en 2005 que se reconoce como indígena asciende a 93.840 habitantes. Lo primero que debe
decirse al respecto es que, dada la gran omisión censal que se registra en la región, se esperaría que la
población indígena fuera mayor (Banco de la Republica de Colombia, 2013).
Suponiendo que la proporción de indígenas se mantiene entre aquellos que no fueron censados, un
estimativo simple de la población indígena conciliada de la región sería de 127.575. Sin embargo, en vista
de que se carece de información suficiente para soportar tal supuesto, no se emplearán este tipo de
estimativos y se limitará el análisis a la información suministrada por la población censada. 93.840
indígenas equivalen al 13,2% de la población censada de la región, porcentaje muy superior al 3,4% de
los colombianos que se reconocen indígenas (Banco de la Republica de Colombia, 2013).
Este total de indígenas equivale también al 6,7% de la población indígena de Colombia, lo que parece
poco si se tiene en cuenta la extensión del territorio. Los departamentos con mayor cantidad de indígenas
son Putumayo y Amazonas con el 47,4% y el 20,2% de la población indígena de la región; en Caquetá y
Guaviare solo habitan el 5,4% y 2,3%, respectivamente. Hay tres departamentos en donde más del 40%
de la población se reconoce como indígena, los cuales son Amazonas, Guainía y Vaupés, que
corresponden precisamente a los tres departamentos menos poblados y en los que los procesos de
colonización han sido marginales (Banco de la Republica de Colombia, 2013).
En Caquetá y Guaviare sucede todo lo contrario, sólo el 1,5% y 3,7% de la población es indígena.
Putumayo representa un caso intermedio, en la medida en que tiene una gran cantidad de indígenas pero
también de colonos, de tal manera que los primeros sólo representan el 18,9% de la población. Un lugar
común en el imaginario acerca de los indígenas, y en particular de aquellos que se encuentran en la región
amazónica, es que estos habitan en lo profundo de la selva y que se trata de poblaciones netamente rurales
(Banco de la Republica de Colombia, 2013).
52
De acuerdo con las estadísticas disponibles, esto parece más un mito que una realidad. En departamentos
como Guainía y Vaupés, los pueblos indígenas registran tasas de urbanización superiores al 40%, y en
Caquetá, Putumayo y Guaviare estas oscilan alrededor del 30%. Sólo en Amazonas se reporta una tasa de
urbanización de indígenas menor a la nacional, con 11,1%. En tres departamentos, Amazonas, Vaupés y
Guainía, podría decirse que el grueso de la población rural es indígena, mientras que en los tres
departamentos más poblados esto no es cierto. Así mismo, en Guainía y Vaupés, más del 45% de los
habitantes de las cabeceras municipales son indígenas mientras que en Caquetá y Guaviare esta proporción
no pasa del 2% (Banco de la Republica de Colombia, 2013).
De acuerdo con el CONPES 90 de 2005, 8 la población de los Resguardos indígenas que se encuentra en
Amazonía legal asciende a 81.864habitantes en 2005, de un total nacional de 744.466. Esto implica que
11% de los habitantes de los Resguardos Indígenas se encuentran en la Amazonía. Esta población equivale
al 87% de la población indígena de la región y supera a la población indígena rural, lo que puede tener
sentido si se tiene en cuenta que no todos los habitantes de los Resguardos son necesariamente indígenas
y que también hay Resguardos en áreas urbanas. En el Mapa 7 puede verse que la proporción de población
que se reconoce como indígena es mayor en donde se encuentran los Resguardos (Banco de la Republica
de Colombia, 2013).
7.12 Crecimiento demográfico:
La población de la Amazonía colombiana crece más rápido que la del resto del país desde hace por lo
menos setenta años, pasando de una participación en la población total de 0,6% en 1938 a cerca de 2,3%
en 2005. EL crecimiento poblacional entre 1938 y 2005 se debe a dos departamentos, Caquetá y
Putumayo, con aportes totales de 43,5% y 32,1%, respectivamente. Le siguen Guaviare y Amazonas. Por
otro lado, la participación de los departamentos en el crecimiento demográfico de la región no fue
53
homogénea a través del tiempo. Por ejemplo, entre 1938 y 1973, el aporte de Caquetá creció, mientras que
el de Putumayo disminuyó (Banco de la Republica de Colombia, 2013).
Sin embargo, desde los años cincuenta la tasa de urbanización de la región ha aumentado más rápidamente
que la de Colombia. En 1951, la tasa de urbanización de la Amazonía no pasaba de 18%, mientras que la
de Colombia se acercaba al 40%, 2,2 veces más alta. En 2005, esta relación entre las tasas de urbanización
se ha reducido sensiblemente, la tasa de urbanización de Colombia, de 74,4%, es sólo 1,5 veces más alta
que la de la Amazonía (Banco de la Republica de Colombia, 2013).
7.13 Natalidad y mortalidad
En un escenario sin migraciones, una tasa de crecimiento demográfico alta, como por ejemplo la de la
Amazonía colombiana, puede ser consecuencia de muchos nacimientos, pocas defunciones, o ambos.
Desde 1998, el sistema de Registro Civil y Estadísticas Vitales contabiliza, a partir de los certificados
emitidos por los funcionarios de salud o de Registro Civil autorizados, los nacimientos y las defunciones
del país. Siempre que efectivamente se emitan estos certificados, puede considerarse que las Estadísticas
Vitales son la fuente estadística más confiable en cuanto a los nacimientos y las defunciones. En el caso
de la Amazonía colombiana, este no parece ser el caso (Banco de la Republica de Colombia, 2013).
Los cálculos basados en Estadísticas Vitales indican que la tasa bruta de natalidad promedio de la
Amazonía en el periodo 1998-2006 es de 16,2 nacimientos por cada mil habitantes, levemente inferior a
la nacional, de 17,5. Este resultado sorprende si se tiene en cuenta que en 2005, la proporción de niños
menores de 14 años es mucho mayor en la Amazonía que en el resto del país (Banco de la Republica de
Colombia, 2013).
54
En donde se encuentran los departamentos de la Amazonía tienen tasas brutas de natalidad mayores a
30por cada mil, mientras que la de Colombia la tasa es de 22,9. Algunas estadísticas del Censo de 2005
corroborarían el hecho de que la Amazonía tiene tasas de nacimiento más altas que el resto del país, tanto
el promedio de hijos nacidos vivos por mujer, como el número de niños menores de cinco años por mujer
(Banco de la Republica de Colombia, 2013).
El alto nivel de subregistro en los nacimientos podría reflejar esta inconsistencia. En Duryea, Olgiati y
Stone (2006) se estima, a partir de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 2000, que la tasa de
subregistro de nacimientos de Colombia es de 16%, superando a Brasil, Nicaragua y Perú. De los
departamentos de la Amazonía colombiana, esta encuesta sólo se aplicó en Caquetá, en donde la tasa de
subregistro estimada fue de 19,5%, mayor al promedio nacional (Banco de la Republica de Colombia,
2013).
En cuanto al resto de la región, hay varios indicios de que los niveles de subregistro pueden ser incluso
mayores. En primer lugar, se trata de departamentos relativamente pobres, donde tradicionalmente la tasa
de subregistro alcanza los niveles más altos. Tal es el caso de Chocó, La Guajira, Magdalena, Bolívar,
Sucre y Córdoba, en donde el subregistro de nacimientos supera el 30% (Banco de la Republica de
Colombia, 2013).
Lo que estos resultados reflejan es que la probabilidad de que un niño no esté registrado aumenta en los
hogares rurales y con bajos niveles socio-económicos. En segundo lugar, entre las principales razones por
las cuales las madres colombianas no registran a sus hijos se encuentra la no identificación de los padres,
la no disponibilidad de los formatos necesarios para la elaboración del certificado, la falta de tiempo y
dinero y la lejanía de los lugares de registro. Todas estas razones parecen acordes a la realidad delos
habitantes de la Amazonía, especialmente en las poblaciones rurales y entre los grupos indígenas (Banco
de la Republica de Colombia, 2013).
55
Antes de pasar a la mortalidad, vale la pena señalar que en la Amazonía también se tienen madres más
jóvenes. En efecto, en 2005, 0,7% de las mujeres entre 12 y 14 y el 20,9% de las mujeres entre 15 y 19
años de la región tienen hijos, cifras muy superiores a las de Colombia, las cuales son de 0,4% y 14,3%,
respectivamente. Mientras que el promedio de hijos nacidos vivos en mujeres entre 15 y 19 años en
Colombia es de 0,18, en la Amazonía este último es de 0,3. Guainía es el departamento de la Amazonía
que sobresale en términos de embarazos adolescentes, pues 1,3% de las mujeres entre 12 y 14 años y
24,7% entre 15 y 19 años tienen hijos (Banco de la Republica de Colombia, 2013).
Con respecto a la mortalidad hay que decir que también hay diferencias significativas entre fuentes de
información estadística. Los cálculos basados en Estadísticas Vitales indican que la Amazonía tiene una
tasa bruta de mortalidad de 3,6 por cada mil habitantes, la cual es muy inferior a la de Colombia (4,6). La
Conciliación Censal concluye lo contrario, las tasas brutas de mortalidad de los departamentos de la
Amazonia son mayores a 6,7 por mil, cuando el promedio nacional es de 6,1 (Banco de la Republica de
Colombia, 2013).
De acuerdo con la Conciliación Censal, los habitantes de la Amazonía tienen además una menor esperanza
de vida al nacer que un habitante promedio de Colombia. Más allá, existen diferencias en la tasa de
mortalidad entre los departamentos de la Amazonía. En particular, se observa una mayor tasa bruta de
mortalidad en Caquetá que en el resto de la región, independiente de la fuente de información que se
emplee. Si se tiene en cuenta que en Colombia hay una alta tasa de subregistro en las defunciones, estimada
en 24,6% para el periodo 1997-1999 (OPS, 2003), no resulta absurdo pensar que en la Amazonía esta tasa
es mayor a la de Colombia, probablemente por razones similares a las enunciadas en el caso del subregistro
en nacimientos (Banco de la Republica de Colombia, 2013).
Las diferencias entre fuentes, en temas de natalidad y mortalidad, reiteran el hecho de que hay grandes
falencias en cuanto a la información estadística de la región. Si se asume que, tanto en nacimientos como
en defunciones, hay mayores tasas de subregistro en la Amazonía que en el resto del país, y se da prelación
a los resultados de la Conciliación Censal, entonces se concluye que la región tiene tasas relativamente
56
altas de natalidad y mortalidad. Desde el punto de vista de la teoría de la transición demográfica, esto es
coherente con una población netamente rural y relativamente pobre.
7.14 Migraciones y desplazamiento forzado
La Amazonía colombiana es una de las regiones más dinámicas del país en términos de migraciones. El
grueso de la colonización agrícola de la Amazonía colombiana tuvo lugar durante el siglo XX,
concentrándose en los departamentos de Caquetá, Putumayo y Guaviare. Esto implicó un gran flujo de
personas que llegaron a la región, tema que se desarrollará en la primera parte del presente apartado,
haciendo especial énfasis en la actual localización y los orígenes de los colonos (Banco de la Republica
de Colombia, 2013).
Las migraciones tienen una particularidad, se trata de un flujo y no de un stock, lo que complica, desde el
punto de vista metodológico, su estudio. Por supuesto, no existe un registro en el cual se puedan conocer
los distintos lugares en que han habitado los colombianos a lo largo de sus vidas y, por tanto, no se puede
reconstruir perfectamente la historia de estos flujos (Banco de la Republica de Colombia, 2013).
En el caso de la Amazonía, lo que se esperaría es que los colonos hayan nacido en departamentos o
municipios distintos del que habitan en el momento del censo. Los datos del Censo de 2005 parecen
confirmar esta hipótesis, pues la proporción de personas que dicen haber nacido en el municipio en que
residen es significativamente menor en los departamentos en los que se concentró la colonización agrícola,
Guaviare, Putumayo y Caquetá, que en el resto de la región y en Colombia (Banco de la Republica de
Colombia, 2013).
En Guaviare, por ejemplo, sólo el 43,7% de los actuales habitantes son oriundos del municipio en que
residen, mientras que en Colombia lo son el 63,1%. Nótese además que los habitantes de Amazonas,
57
Guainía y Vaupés migran menos que el colombiano promedio, ya que el porcentaje de habitantes de estos
departamentos que habita en el municipio en que nació supera en general el 75% (Banco de la Republica
de Colombia, 2013).
Si se desagrega esta medida por grupos de edad se puede ver que la proporción de habitantes de la región
menores de 14 años que nacieron en el municipio en el que residen, 75,9%, es casi tan alta como la de
Colombia, 79,2%. Esto refleja el hecho de que las migraciones son más comunes entre adultos, pero
también puede estar asociado con el fuerte reverso que se ha registrado durante los últimos años en las
dinámicas demográficas de la Amazonía colombiana. En cuanto a los adultos de la Amazonía, sólo el
46,2% de la población entre 15 y 64 años y el 25,7% de los mayores de 65 años residen en el municipio
en que nacieron, porcentajes significativamente menores a los de Colombia (Banco de la Republica de
Colombia, 2013).
Colombia es uno de los países con mayor población desplazada como consecuencia de la violencia, siendo
la región amazónica una de las principales afectadas por este fenómeno. En ese orden de ideas, tiene
sentido pensar que el conflicto interno colombiano ha incidido sobre los flujos migratorios que se han
presentado en esta región, a través del desplazamiento forzado de la población, sobre todo en el período
1995-2005, cuando hubo un incremento en los niveles de violencia (Banco de la Republica de Colombia,
2013).
De acuerdo con las estadísticas de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional, que es la fuente más 53 conservadora en cuanto al número de desplazados en Colombia,
entre 2000 y 2009 se vieron obligados a dejar sus hogares 3.303.979 personas, equivalentes al 7,7% de la
población conciliada de Colombia en 2005.
El problema es particularmente grave en la Amazonía colombiana, donde han sido expulsados de sus
hogares 343.908 personas, que corresponden a 35,5% de la población conciliada de la región y al 10,4%
58
del total de los desplazados del país. Los departamentos en los cuales hubo la mayor cantidad de
expulsados son Caquetá y Putumayo, con 158.631 y 134.253 personas, respectivamente, seguidos por
Guaviare con 43.481 Tal cantidad de personas equivale, respectivamente, al 37,7%, 43,3% y 45,5% de la
población total conciliada de cada departamento. Guaviare es por tanto el departamento de la Amazonía
en donde la intensidad del desplazamiento es mayor. El único departamento en el que el porcentaje de
expulsados en la población total es menor al nacional es Amazonas, con 1,2% (Banco de la Republica de
Colombia, 2013).
Hay dos razones por las cuales puede suceder esto, por un lado, una parte significativa de los expulsados
de la Amazonía abandonan los departamentos en que residían; por el otro, pocos expulsados del resto del
país llegan a la región, pues prefieren migrar hacia los centros urbanos más prósperos. Sólo en Amazonas
y Guainía hay más desplazados recibidos que expulsados, mientras que en el resto de los departamentos
se registra que la población recibida equivale aproximadamente a la mitad de la expulsada (Banco de la
Republica de Colombia, 2013).
Una vez se desagrega por tipo de movilidad, puede verse que en Colombia, 39,9% de los expulsados se
fueron a otro departamento (inter-departamental) y 31,1% a otro municipio del mismo departamento
(inter-municipal, mismo departamento). El tercer desplazamiento más común en el país es el intra-
municipal de rural a urbano, que corresponde a la población del área rural de un municipio que se desplaza
a la cabecera (Banco de la Republica de Colombia, 2013).
En la Amazonía son mucho más comunes los desplazamientos inter-departamentales, con 54,3% de los
expulsados. Por ejemplo, en Amazonas el 83,2% de los expulsados abandonaron el departamento; en
Guaviare lo hizo el 57,9%; en Putumayo, el 56,6%; en Caquetá, el 51,8%; y en Vaupés, el 50,8% (Cuadro
20). Esto implica que entre 2000 y 2009 por problemas de violencia, 82.099 personas abandonaron
Caquetá; 75.922, Putumayo; y 25.189, Guaviare, cifras que pueden clasificarse como muy elevadas si se
comparan con los saldos migratorios de la región (Banco de la Republica de Colombia, 2013).
59
7.15 Capital humano y condiciones materiales de vida
En esta sección se caracteriza el estado actual del capital humano y de las condiciones materiales de vida
de los habitantes de la Amazonía colombiana. Para ello se presentarán indicadores de pobreza y de los
principales componentes socioeconómicos, tales como educación, nutrición, salud, infraestructura de
transportes y servicios públicos domiciliarios.
La importancia del tema radica en que las falencias en el capital humano y en las condiciones materiales
de vida pueden llegar a ser los principales obstáculos para el crecimiento de largo plazo de la región.
7.16 Pobreza:
El porcentaje de población con Necesidades Básicas Insatisfechas, NBI, medida asociada a la pobreza
estructural, tiene en cuenta cinco indicadores: inasistencia escolar de niños entre 6 y 12 años, vivienda con
características inadecuadas, vivienda sin servicios higiénicos, hacinamiento en el hogar y dependencia
económica (Banco de la Republica de Colombia, 2013).
En el 2005 fueron varios los municipios de la región, especialmente en los departamentos de Amazonas,
Guainía y Vaupés, en los que el DANE asigna el valor máximo de porcentaje de población con NBI por
no contar con información. Esto sucede porque los componentes del NBI se construyen a partir de
información del Censo de 2005 y, como se vio antes, las tasas de omisión censal son muy altas en esta
región (Banco de la Republica de Colombia, 2013).
Dejando de lado estos casos, las menores tasas de NBI se encuentran, en su gran mayoría, en el anillo de
poblamiento, en las cercanías de Mocoa y Puertos Asís en Putumayo, y Florencia en Caquetá. El único
60
municipio en Amazonas, Guainía y Vaupés con menos del 40% de la población con NBI es Leticia. Tanto
en 1993 como en 2005, el porcentaje de población con NBI de la Amazonía es significativamente mayor
al nacional. Sin embargo, se observan grandes avances durante este periodo (Banco de la Republica de
Colombia, 2013).
El porcentaje de población con NBI cayó de 69,4% a 41,1% en la región, con cambios especialmente
notorios en Guainía y Vaupés, en donde el porcentaje de NBI era 100% en 1993, y en Putumayo y
Guaviare, donde se pasó de cerca de 80% a menos de 40% (Banco de la Republica de Colombia, 2013).
Otra medida que puede ser útil para conocer las condiciones de vida de los habitantes de la región es la
clasificación en el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, SISBEN.
Esta clasificación se construye a partir de las respuestas de una encuesta de condiciones socioeconómicas
y tiene por uso principal focalizar los programas sociales del Estado (Banco de la Republica de Colombia,
2013).
Las personas en niveles 1 y 2 del SISBEN son las más pobres, razón por la cual tienen acceso a un conjunto
programas sociales y subsidios, que incluyen, entre otros, el Régimen Subsidiado de Salud y Familias en
Acción. En 2007, el 61,1% de la población de la Amazonía estaba clasificada como SISBEN nivel 1,
porcentaje significativamente mayor al registrado en Colombia, de 38,2%.Si a estos se suman las 58
personas clasificadas en nivel 2, se tiene que el 73% de la población de la región es considerada pobre,
con acceso a los diferentes programas del Estado. Note que la discrepancia entre los dos criterios de
pobreza presentados, NBI y SISBEN, es mucho mayor en la Amazonía que en el resto del país (Banco de
la Republica de Colombia, 2013).
7.17 Educación
61
La Amazonía colombiana se encuentra rezagada en términos de educación. La tasa de analfabetismo, el
principal indicador de capital humano, es de 10%, mientras que la nacional es de 8,9%. Asimismo, la tasa
de asistencia escolar de jóvenes entre 5 y 17años es menor a la del país. Solo el 25,2% de la población
tiene educación media completa y el 9,4%, educación superior completa (Banco de la Republica de
Colombia, 2013).
Los departamentos con mayores problemas de analfabetismo e inasistencia escolar son Guainía y
Caquetá. En cuanto a la cobertura en educación media, únicamente en Amazonas y Vaupés se supera el
30%. Caquetá y Guaviare registran, por su parte, la menor proporción de población con educación
superior, seguidos de Putumayo (Banco de la Republica de Colombia, 2013).
Llama la atención que los resultados en educación superior de Amazonas, Guainía y Vaupés sean mejores
que los de los tres departamentos más poblados de la región. Esto podría estar relacionado con la
formación de enclaves geopolíticos, en la medida en que en las capitales de estos departamentos hay una
mayor proporción de servidores públicos (Banco de la Republica de Colombia, 2013).
La importancia del sector público en la economía de estos departamentos corroborará esta hipótesis.
Además, dada la riqueza biológica y cultural del territorio, en ciudades como Leticia, se reúne una masa
crítica de académicos, que se han radicado o están realizando trabajos de campo (Banco de la Republica
de Colombia, 2013).
La Amazonía también presenta rezagos en cuanto a la calidad de la educación, Los jóvenes de la región
amazónica obtuvieron promedios menores a los nacionales, se evidencian diferencias en la calidad de la
educación al interior de la región, donde Amazonas, Vaupés y Caquetá son los departamentos con peores
puntajes en la Prueba SABER 11, mientras que Guainía y Guaviare son los que tienen bachilleres con el
mejor desempeño comparativo (Banco de la Republica de Colombia, 2013).
62
7.18 Nutrición
Además de la educación, una buena nutrición es esencial para el desarrollo del capital humano. En ese
sentido, los habitantes de la Amazonía tienen algunas desventajas, pues el 9% de la población tuvo días
de ayuno, mientras que en Colombia la tasa fue de 7,7%. Asimismo, las tasas de desnutrición crónica de
niños entre 5 y 9 años y 10 y 17 años son comparativamente altas en la región, 13,2% y 17,8%,
respectivamente (Banco de la Republica de Colombia, 2013).
Este no es el caso de los niños menores de 4 años, cuya tasa de desnutrición crónica, relativamente baja,
es de 9,6%. Al mirar otras medidas antropométricas se encuentra que las mujeres de la Amazonía tienen
una estatura menor a la de las mujeres del país, hecho que resulta consistente con los problemas de
desnutrición crónica previamente señalados y el hecho de que esta región tiene una mayor proporción de
población indígena, cuya estatura tiende a ser menor (Banco de la Republica de Colombia, 2013).
Una vez se desagrega por departamentos, se pierde algo de coherencia entre las fuentes estadísticas
consultadas. Por ejemplo, el departamento en el que una mayor proporción de la población informa haber
tenido días de ayuno, Guainía, tiene tasas de desnutrición crónica relativamente bajas. Por su parte,
Vaupés, que reporta las mayores tasas de desnutrición crónica en niños mayores de 5 años, y la menor
estatura promedio de las mujeres adultas, es el departamento en el que una menor proporción de la
población informa haber tenido días de ayuno (Banco de la Republica de Colombia, 2013).
En cuanto a los demás departamentos, las fuentes estadísticas coinciden en que Guaviare y Putumayo
tienen los mejores resultados en nutrición, mientras que Amazonas y Caquetá están entre los de peor
desempeño.
7.19 Salud
63
En lo que respecta a la salud, este documento se centrará en dos aspectos fundamentales: el acceso a los
servicios de salud y los principales problemas de salud pública. Mientras que en 2011, se encontraba
afiliado en salud el 90,9% de la población del país, en la Amazonía la tasa de afiliación era de 82,5%. La
diferencia radica en que, aun cuando hay una mayor proporción de personas en el Régimen Subsidiado de
Salud, sólo el 13,4% de la población de la región está afiliada al régimen contributivo. La elevada tasa de
afiliación al Régimen Subsidiado de Salud es consistente con el hecho de que el 73% de la población se
encuentra clasificada en SISBEN niveles 1 y 2 (Banco de la Republica de Colombia, 2013).
En cuanto a los problemas de salud pública, vale la pena recordar que la esperanza de vida al nacer de los
habitantes de la Amazonía es significativamente menor a la nacional. Conocer las causas por las cuales
mueren los habitantes de la Amazonía resulta entonces especialmente útil para identificar algunos de los
principales problemas de salud pública de la región (Banco de la Republica de Colombia, 2013).
Aun cuando en la Amazonía parece haber un alto nivel de subregistro en las defunciones, las Estadísticas
Vitales tienen información valiosa en cuanto a la incidencia de las diferentes enfermedades y problemas
relacionados con la salud.
En orden, las cinco primeras causas de defunciones no fetales de la Amazonía son: homicidios,
enfermedades isquémicas del corazón, enfermedades cerebro-vasculares, enfermedades crónicas de las
vías respiratorias inferiores e infecciones respiratorias agudas. Aproximadamente el 38% de las
defunciones registradas se deben a estas cinco causas, destacándose los homicidios, con una incidencia de
14,5%, superior a las enfermedades isquémicas del corazón, segundas en el ranking, con 9,1% (Banco de
la Republica de Colombia, 2013).
Los departamentos en los que una mayor proporción de las defunciones son homicidios son Putumayo y
Guaviare, con incidencias superiores de 18% y 22%, respectivamente, seguidos de Caquetá con 14%; en
64
Amazonas la incidencia del homicidio es de 7%. Lo que estos resultados indican es que la violencia es,
sin lugar a dudas, uno de los principales problemas de salud pública de la Amazonía (Banco de la
Republica de Colombia, 2013).
Mientras que las enfermedades isquémicas del corazón y las enfermedades cerebrovasculares también se
encuentran entre las principales causas de defunción del país, los eventos de intención no determinada,
tercera causa de mortalidad en la Amazonía, y los síntomas, signos y afecciones mal definidas, quinta
causa, llaman la atención. En ambos casos parece tratarse de errores de diagnóstico y deficiencia en la
certificación, problemas que usualmente se asocian con certificados emitidos por personas sin
conocimientos médicos (OPS, 2003).
7.20 Servicios públicos domiciliarios y comunicaciones
La pobreza se relaciona con el déficit en la provisión de servicios públicos domiciliarios (Ramírez, 2007)
(Ramirez, 2007). En ese orden de ideas, por su NBI significativamente alto, es de esperarse que en la
Amazonía la cobertura de servicios públicos domiciliarios sea baja. En efecto, sólo el 54,8% de las
viviendas cuenta con el servicio de acueducto; en alcantarillado esta cobertura asciende a 50,4%. Estos
porcentajes son considerablemente menores a los presentados por el país, cuyas coberturas en acueducto
y alcantarillado ascienden a 83,4% y 73,1% respectivamente (Banco de la Republica de Colombia, 2013).
La energía eléctrica presenta un mejor comportamiento, alcanzando el 70,4% de los hogares. No obstante,
sigue siendo menor que la cobertura nacional, la cual es de 93,4%. Asimismo, vale la pena mencionar que
la región no cuenta con el servicio de gas natural, razón por la cual una proporción importante de la
población se ve en la necesidad de cocinar con leña, factor que representa un riesgo, ambiental y de
salubridad, pues se talan más árboles, al tiempo que aumenta la incidencia de enfermedades respiratorias
(Banco de la Republica de Colombia, 2013).
65
Finalmente, vale la pena analizar los servicios asociados con las comunicaciones. En este aspecto la
Amazonía presenta el peor desempeño entre las regiones colombianas, ya que la tasa de penetración de
internet, que puede considerarse como un buen indicador de las comunicaciones, es inferior al promedio
nacional, de manera que los departamentos amazónicos se sitúan en los últimos lugares en la distribución
relacionada con este indicador.
Caquetá y Putumayo son los departamentos amazónicos con mayor penetración total de internet, con
1,6%, seguidos de Amazonas, cuya penetración es de 0,9%. Estos valores son sumamente inferiores a la
tasa de penetración nacional, la cual asciende a 15,6%. Más allá de lo anterior, el comportamiento de los
indicadores presentados por los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés reflejan que en esta región
prácticamente no hay penetración de internet, lo que dificulta, la integración de esta región con el resto
del país (Banco de la Republica de Colombia, 2013).
Economía amazónica A pesar de ocupar el 35% del territorio nacional, en 2011 la Amazonía tuvo una
participación en el PIB nacional que tan solo ascendió al 1,1%, lo que implica que el tamaño de su
economía no es proporcional a su extensión territorial. La Amazonía es la región colombiana con menor
participación en el PIB nacional. Esta relación es persistente, ya que en 1990 la participación de la
Amazonía fue del 1,5%, lo cual sugiere que no se han desarrollado sectores con una incidencia
significativa sobre el crecimiento económico (Banco de la Republica de Colombia, 2013).
Una posible razón por la que la Amazonía colombiana ha tenido una escasa participación en el PIB
nacional puede relacionarse con la falta de conectividad entre esta y las demás regiones del país. Como se
ha mostrado a lo largo de este estudio, la Amazonía ha permanecido como una región geográficamente
aislada. No obstante, el anillo de Amazonía 1,5% Caribe 15% Andes Occidentales 27% Andes Orientales
21% Bogotá 26% Orinoquía 7% Pacífico 3% 69 poblamiento, además de ser la zona con mayor población,
es la de mayor participación en el PIB amazónico y, por ende, en el PIB colombiano (Banco de la
Republica de Colombia, 2013).
66
Lo anterior se explica a partir del hecho de que el anillo de poblamiento se encuentra mucho más integrado
con la economía de otras regiones. Como se vio en la sección anterior, el grueso de la red vial de la
Amazonía se encuentra en esta zona, factor que le permite articularse con los mercados regionales, púes
los costos de transporte terrestre son significativamente menores en estos departamentos. Precisamente,
esta es la razón por la cual Leticia maneja un volumen de carga aérea mayor que el de cualquier otra
ciudad amazónica, ya que la única forma que tiene el Amazonas para recibir mercancía proveniente del
interior del país es por vía aérea (Banco de la Republica de Colombia, 2013).
La falta de conectividad también se presenta al interior de la región misma e igualmente limita las
posibilidades de crecimiento económico. Por ejemplo, Leticia, además de no contar con comunicación
terrestre con el resto del país, carece de comunicación terrestre con los demás municipios del Amazonas;
la única forma de comunicación son las rutas aéreas y fluviales (Banco de la Republica de Colombia,
2013).
Las desigualdades regionales en el ingreso no solo se presentan al comparar la participación de la
Amazonía en la economía nacional, sino al interior de la región misma. Llama la atención que a pesar de
solo representar el 1% del PIB nacional, al interior de la misma se presenten amplias desigualdades en el
ingreso. Los dos departamentos con mayor participación en la economía amazónica son Putumayo y
Caquetá, los cuales concentran el 81% del ingreso regional, lo que coincide con su participación
demográfica (Banco de la Republica de Colombia, 2013).
A medida que nos alejamos hacia la periferia, el ingreso departamental disminuye proporcionalmente,
siendo los departamentos de Vaupés, Guainía, Amazonas y Guaviare los de menor ingreso. Por lo tanto,
la participación de estos departamentos en el PIB nacional es nula. Vale la pena resaltar el aumento del
PIB en Putumayo, cuya participación en el PIB regional pasó de 19% a 42% entre 1990 y 2011, llegando
a convertirse en el departamento con mayor ingreso en la Amazonía (Banco de la Republica de Colombia,
2013).
67
Ello se debe al incremento en la explotación de hidrocarburos desde mediados de la década anterior, lo
cual significó la disminución de la participación relativa de otros departamentos, específicamente
Guaviare y Caquetá, cuyas participaciones disminuyeron en 19% y 5%, respectivamente, durante el mismo
período; la participación de Amazonas, Vaupés y Guainía permaneció constante y por debajo del 10%
(CEPAL, 2013).
La participación de la Amazonía en la economía nacional no solo se ha mantenido estancada, sino que la
brecha del producto de esta región con respecto al resto del país ha aumentado a lo largo de la última
década. Esto se debe a que la región ha presentado tasas de crecimiento económico comparativamente
bajas (Banco de la Republica de Colombia, 2013).
En los índices del PIB real para el período 2000-2011, el PIB del 2000 se hace igual a 1 para ambos y
luego se aplican las tasas de crecimiento económico observadas durante este período. Los resultados
muestran que en efecto la región amazónica ha crecido a tasas menores que el resto del país, lo que implica
que la brecha en el producto ha aumentado (Banco de la Republica de Colombia, 2013).
Hacia el final del período se presenta un proceso de convergencia, lo cual se explica fundamentalmente a
partir del drástico aumento en el PIB Putumayo 42% Caquetá 39% Guaviare 7% Amazonas 6% Guainía
3% Vaupés 3% 71 del Putumayo, relacionado con la explotación de petróleo, y la disminución del
crecimiento económico en el país como consecuencia de la crisis financiera del 2008, la cual tendría poca
incidencia sobre regiones poco integradas a la economía nacional, tal como la Amazonía (Banco de la
Republica de Colombia, 2013).
También resulta interesante realizar el anterior ejercicio al interior de la región. los departamentos con
menor participación en el PIB amazónico son los que han presentado las menores tasas de crecimiento.
Por ejemplo, el PIB del Guaviare no aumentó a lo largo de la última década, lo que se debe al hecho de
que su crecimiento fue negativo durante una buena parte de este período. Por su parte, aunque Vaupés y
68
Guainía aumentaron su PIB, lo hicieron en proporciones que son menores a las presentadas por Amazonas
y Caquetá. Concretamente, el aumento en el PIB de los primeros estuvo alrededor de 1,2 veces, mientras
que en los últimos fue de aproximadamente 1,4 veces. Putumayo fue el departamento con mayor
crecimiento económico a lo largo de la última década, alcanzando casi el doble de su PIB inicial (Banco
de la Republica de Colombia, 2013).
En cuanto al PIB per cápita, el comportamiento de los departamentos amazónicos a lo largo de la década
anterior revela amplias disparidades. Concretamente, mientras que el ingreso per cápita creció en
Amazonas, Caquetá y Putumayo, en Guaviare, Vaupés y Guainía permaneció igual o incluso disminuyó.
La divergencia se hace particularmente evidente al analizar los departamentos de Putumayo y Vaupés.
Este último fue el departamento de menor ingreso per cápita entre 2000 y 2011, y su rezago con respecto
al resto aumentó considerablemente, pues entre 2003 y 2005 hubo una recesión económica (Banco de la
Republica de Colombia, 2013).
En 2000 el PIB por habitante de Vaupés fue 0,8 veces el PIB per cápita regional; en 2011 fue 0,65 veces
este. Por su parte, Putumayo aumentó considerablemente su ingreso por habitante hasta el punto en que
en 2011 fue 1,32 veces el de la Amazonía; en 2000 fue 1,07 veces el PIB regional. Guaviare, que en 2000
tenía el segundo mayor PIB per cápita (1,05 veces el regional) fue el de mayor disminución: al final del
período tuvo un PIB per cápita que fue 0,71 veces el regional, lo que evidencia su estancamiento (Banco
de la Republica de Colombia, 2013).
Amazonas y Caquetá mantuvieron constante su proporción con respecto al ingreso per cápita regional, la
cual fue de 0,9. Para el período 2000-2011 la tasa de crecimiento anual del PIB per cápita regional fue de
2,94%. Putumayo fue el departamento con mayor crecimiento, con una tasa de 5,96%, la más alta entre
los departamentos amazónicos. Vale la pena aclarar que la mayor parte de dicho crecimiento se explica a
partir de la explotación de hidrocarburos desde 2007, momento en el que su PIB per cápita aumenta
notablemente. Por su parte, Guaviare fue el de menor crecimiento, con una tasa de 0,4%. El resto de los
69
departamentos amazónicos tuvo una tasa de crecimiento que osciló entre 2,16 y 3,47% (Banco de la
Republica de Colombia, 2013).
8. MARCO NORMATIVO
Para establecer el marco normativo del presente proyecto, se analizara en primer lugar los tratados
internacionales ratificados y vigentes por Colombia en materia de seguridad y soberanía ambiental de la
amazonia. En segundo lugar la constitución y sus artículos relacionados al tema, posteriormente la
normatividad sobre el tema ambiental (normas constitucionales, leyes, decretos con fuerza ley, decretos
administrativos y actos administrativos). Luego de esto, se estudiara el Plan Nacional de Desarrollo 2014
-2018 y sus disposiciones en materia ambiental y en temas de seguridad y defensa. Finalmente se
estudiaran las políticas, planes, programas y proyectos en materia de soberanía ambiental e la región
amazónica colombiana.
MATRIZ MARCO NORMATIVO
NORMA QUIEN LA EXPIDE OBSERVACIONES
Ley 99 de 1993 Ministerio de Medio Ambiente,
Vivienda y Desarrollo
Territorial
Título VIII Mediante el cual se establece
la normativa referente a las Licencias
ambientales y la obligatoriedad de las
mismas para los diferentes proyectos que
causen deterioro o afectación sobre los
recursos naturales
Decreto 2820 del 2010 Ministerio de Medio Ambiente
y desarrollo sostenible.
Mediante el cual se reglamenta el Titulo
VIII de la ley 99 de 1993 sobre licencias
ambientales.
En dicha ley se establece la obligatoriedad
de la Licencia Ambiental para el
desarrollo de cualquier actividad que
pueda deteriorar los recursos naturales
renovables o modificaciones al paisaje.
De acuerdo a lo anterior se reglamenta el
Titulo VIII de la Ley 9 de 1993 con el fin
de fortalecer el proceso de licenciamiento
ambiental promoviendo la responsabilidad
ambiental.
70
Decreto 357 de 2011 Departamento administrativo de
la función pública.
Por medio del cual se crea una Unidad
Administrativa Especial, se determinan
sus objetivos, funciones y estructura.
Créase la Unidad Administrativa Especial
denominada Parques Nacionales
Naturales de Colombia, del orden
nacional, sin personería jurídica, con
autonomía administrativa y financiera,
con jurisdicción en todo el territorio
nacional, en los términos del artículo 67
de la Ley 489 de 1998.
Decreto 622 de 1977 Ministerio de Medio Ambiente,
Vivienda y Desarrollo
Territorial.
El cual contiene los reglamentos generales
aplicables al conjunto de áreas con valores
excepcionales para el patrimonio
nacional, que debido a sus características
naturales y en beneficio de los habitantes
de la nación, se reserva y declara dentro
de alguno de los tipos de áreas definidas y
en el artículo 329 del Decreto- Ley
número 2811 de 1974.
Además este decreto por medio del
Sistema de Parques Nacionales tiene por
objeto reglamentar el manejo y uso de las
áreas, reservar áreas representativas del
patrimonio natural de la nación, conservar
bancos genéticos, entre otros.
Por último se establece que el Instituto
Nacional de los Recursos Naturales
Renovables y del Ambiente INDERENA
es la entidad encargada para el manejo y
administración del Sistema de Parques
Naturales.
Decreto 2811 de 1974 Ministerio de Agricultura Mediante el cual se dicta el Código
Nacional de los Recursos Naturales
Renovables, el cual tiene como objeto
lograr la preservación y restauración del
medio ambiente y la conservación,
mejoramiento y utilización racional de los
recursos naturales renovables. Prevenir y
controlar los efectos nocivos de la
explotación de los recursos naturales no
renovables sobre los demás recursos y
Regular la conducta humana respecto del
ambiente y de los recursos naturales
renovables.
En su artículo 329 se establecen los tipos
de áreas que tendrá el Sistema de Parques
Nacionales los cuales son: Parque
Nacional, Reserva Natural, Área Natural
71
Única, Santuario de flora, Santuario de
fauna y Vía parque.
Decreto 2372 de 2010 Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo
Territorial
Mediante el cual se reglamenta el Sistema
Nacional de Áreas Protegidas, las
categorías de manejo que lo conforman y
los procedimientos generales relacionados
con este.
Decreto 3572 de 2011 Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
Mediante el cual se crea una unidad
administrativa especial denominada
Parques Nacionales Naturales de
Colombia, además se establecen las
funciones del mismo.
Ley 165 de 1994 Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
Por medio de la cual se aprueba para
Colombia el Convenio sobre la
Diversidad Biológica. Los objetivos del
convenio son la conservación de la
diversidad biológica, la utilización
sostenible de sus componentes y la
participación justa y equitativa en los
beneficios que se deriven de la utilización
de los recursos genéticos, mediante, entre
otras cosas.
Decreto 3930 de 2010 Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo
Territorial
Establece las disposiciones relacionadas
con los usos del recurso hídrico, el
ordenamiento del recurso hídrico y los
vertimientos al recurso hídrico, al suelo y
a los alcantarillados.
Decreto 2041 de 2014 Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible.
Por el cual se reglamenta el Título VIII de
la Ley 99 de 1993 sobre licencias
ambientales. Con el objetivo de fortalecer
el proceso de licenciamiento ambiental, la
gestión de las autoridades ambientales y
promover la responsabilidad ambiental en
aras de la protección del medio ambiente.
Decreto 155 de 2004 Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo
Territorial.
Tiene por objeto reglamentar el artículo
43 de la Ley 99 de 1993 en lo relativo a
las tasas por utilización de aguas
superficiales, las cuales incluyen las aguas
estuarias, y las aguas subterráneas,
incluyendo dentro de estas los acuíferos
litorales. No son objeto de cobro dentro
del decreto las aguas marítimas.
Decreto 3100 de 2003 Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo
Territorial.
Por medio del cual se reglamentan las
tasas retributivas por la utilización directa
del agua como receptor de los
vertimientos puntuales.
Contempla lo relacionado con el
establecimiento de la tarifa mínima y su
ajuste regional; define los sujetos pasivos
de la tasa, los mecanismos de recaudo,
72
fiscalización y control, y el procedimiento
de reclamación.
Decreto 900 de 1997 Ministerio de Medio Ambiente Por medio del cual se reglamenta el
incentivo forestal con fines de
conservación establecido en la Ley 139 de
1994 y el parágrafo del artículo 250 de la
Ley 223 de 1995, para aquellas áreas
donde existan ecosistemas naturales
boscosas, poco o nada intervenidos.
Decreto 1541 de 1978 Ministerio del Medio Ambiente Tiene por finalidad reglamentar las
normas relacionadas con el recurso agua
en todos sus estados
Decreto 622 de 1977 Ministerio de Agricultura Este Decreto contiene los reglamentos
generales aplicables al conjunto de áreas
con valores excepcionales para el
patrimonio nacional, que debido a sus
características naturales y en beneficio de
los habitantes de la nación, se reserva y
declara dentro de alguno de los tipos de
áreas definidas en el artículo 329 del
Decreto-Ley número 2811 de 1974.
Resolución 315 de 1999 Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo
Territorial
Por la cual se reglamenta la función
policiva y sancionatoria de la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de
Parques Nacionales Naturales del
Ministerio del Medio Ambiente.
Para la imposición de las medidas
preventivas y las sanciones a que se
refiere el artículo 85 de la Ley 99 de 1993,
se aplicará el procedimiento previsto en el
Decreto 1594 de 1984 o el estatuto que lo
modifique o sustituya, y las disposiciones
contenidas en la presente resolución.
Resolución 0068 de 2002 Ministerio del Medio Ambiente “Por la cual se establece el procedimiento
para los permisos de estudio con fines de
investigación científica en diversidad
biológica y investigación científica en
diversidad biológica y se adoptan otras
determinaciones
Resolución 0277 de 2005 Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo
Territorial
Por la cual se regula la instalación de
antenas y demás elementos materiales
pertenecientes a redes de
telecomunicación y radiocomunicación
pública y privada en las áreas a cargo de
la Unidad Administrativa Especial del
Sistema de Parques Nacionales Naturales.
Ley 1333 de 2009 Congreso de la Republica Por la cual se establece el procedimiento
sancionatorio ambiental y se dictan otras
disposiciones.
73
El estado es el titular de la potestad
sancionatoria en materia ambiental y la
ejerce sin perjuicio de las competencias
legales de otras autoridades a través del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, las Corporaciones
Autónomas Regionales, las de Desarrollo
Sostenible, las Unidades Ambientales de
los grandes centros urbanos.
Lay 2 de 1959 Congreso de la republica Para el desarrollo de la economía forestal
y protección de los suelos, las aguas y la
vida silvestre, se establecen con carácter
de "Zonas Forestales Protectoras" y
"Bosques de Interés General", según la
clasificación de que trata el Decreto
legislativo número 2278 de 1953, las
siguientes zonas de reserva forestal,
comprendidas dentro de los límites para
cada bosque nacional.
Lay 300 de 1996 Ministerios de Desarrollo
Económico
Por medio del cual se expide la ley
general de turismo.
Lay 491 de 1999 Congreso de la Republica El objeto de la presente ley es crear los
seguros ecológicos como un mecanismo
que permita cubrir los perjuicios
económicos cuantificables a personas
determinadas como parte o como
consecuencia de daños al ambiente y a los
recursos naturales y la reforma al Código
Penal en lo relativo a los delitos
ambientales, buscando mejorar la
operatividad de la justicia en este aspecto,
lo anterior en desarrollo del artículo 16 de
la Ley 23 de 1973.
Fuente: (Autor, 2015)
9. METODOLOGIA.
La investigación se desarrolla mediante métodos descriptivos, para dar a conocer la importancia de
implementar la inteligencia estratégica militar en la soberanía y seguridad ambiental de la región de la
amazonia colombiana, documentando la correlación entre las dinámicas sociales, económicas y
74
ambientales que se presentan en el área de influencia y en el contexto de la Política de seguridad y
soberanía regional de los recursos naturales específicamente de la selva Amazónica.
Finalmente se realiza el planteamiento estratégico de las perspectivas y alternativas de solución, resaltando
la importancia del tema de estudio en la construcción de una política de seguridad, defensa y cooperación
internacional en la región.
MATRIZ DE LA METODOLOGIA
Objetivo Instrumentos Actividades
1. Identificar y describir los
criterios de soberanía ambiental
para la Amazonia Colombiana
Revisión documental. 1. Levantamiento y recopilación de
la información necesaria.
Identificar los criterios que generan
soberanía ambiental en la
Amazonia colombiana
2. Describir los criterios que
generan y promocionan la soberanía
ambiental.
3. Análisis de los puntos de
actualización de la información.
2. Realizar un análisis de los
actores que se involucran,
influencian o interrelacionan con
la soberanía ambiental de la
Amazonia colombiana.
1. Identificación de los
actores involucrados de la
metodología de Marco
lógico.
2.Análisis de
involucrados de la
Metodología Marco
lógico
1. Enumeración de los actores que
se involucran con la soberanía
ambiental en el territorio
2. Caracterización de los actores
(información relevante)
3. Descripción de la función y
estructura de la organización que
representan o dirigen
75
3. Definir las estrategias o
alternativas para la generación de
soberanía ambiental en la
Amazonia colombiana,
1. análisis de estrategias o
alternativas de solución
desde la metodología de
Marco lógico.
Actividad 1: Identificar diferentes
tipos de objetivos que podrían ser
estrategias en la generación de la
soberanía ambiental.
Actividad 2: Considerar la
viabilidad política e institucional,
además de la existencia de fuentes
de financiamiento y otros aspectos
necesarios para ejecutar el
proyecto.
Actividad 3: Elegir la estrategia
principal o la combinación de
estrategias a ser usadas en el
proyecto.
76
Capítulo 1
Criterios de Soberanía Ambiental para la Amazonia
Colombiana
1. Objetivo: Analizar e identificar los criterios que generan soberanía ambiental en la amazonia
colombiana
En este capítulo se realiza el análisis de las dimensiones que garantizan, intervienen, interactúan o tienen influencia, en la generación de
la soberanía ambiental, para la región amazónica colombiana, y para ello, se identificaran los criterios que permiten su construcción, y
sostenimiento en el tiempo, lo cual es necesario y fundamental, para garantizar la seguridad integral de la población que habita el territorio.
La seguridad integral del ser humano es el resultado de la interacción compleja entre múltiples factores, que les garantizan a los integrantes
de las generaciones presentes y futuras, las condiciones necesarias para ejercer el derecho a la vida con calidad y dignidad.
77
Es decir, que la seguridad no es solamente un producto que pueda obtenerse a través de las armas, manejadas por mano propia, o por
distintos agentes estatales o privados, sino un proceso en permanente construcción, en el cual la fuerza, en determinadas circunstancias,
puede jugar un cierto papel, pero cuyas múltiples dimensiones, se extienden mucho más allá.
En este orden ideas, es evidente que para la generación de la soberanía ambiental, en el territorio amazónico colombiano, es necesario que
el Estado garantice la seguridad integral del medio ambiente en cada una de las dimensiones que interactúan e interrelacionan
constantemente y que posteriormente serán referenciadas.
Las seguridades que se deben garantizar para lograr la soberanía ambiental en la amazonia colombiana son las siguientes:
1.1 SEGURIDAD ALIMENTARIA
Basados en la definición de seguridad alimentaria dada en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, los aportes de la Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación –FAO-, y los aportes que a nivel nacional han dado las entidades competentes,
esta se puede definir como La disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente de los
mismos, en cantidad, calidad e inocuidad que las personas pueden hacer, bajo condiciones que permiten su adecuada utilización
biológica y que lleva a una vida saludable y activa. (Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas-Sinchi, 2009)
La supervivencia del hombre en la tierra depende directamente de la preservación del planeta como fuente de vida, alimento y hogar.
Lo cierto es que hoy en día los recursos comienzan a ser escasos en muchos lugares, la producción de alimentos no es suficiente para
alimentar toda la población y cada vez el número de habitantes con inseguridad alimentaria es mayor. Los modelos que hasta hace poco
se habían usado para satisfacer la creciente necesidad de espacio y comida para la población, han mostrado ser insostenibles y además
78
responsables de la perdida de las condiciones adecuadas del planeta para garantizar la subsistencia humana (Instituto Amazónico de
Investigaciones Científicas-Sinchi, 2009).
Tal vez el evento más importante en torno al tema fue la Conferencia de las Naciones Unidas-sobre Medio Ambiente y Desarrollo-Rio
de Janeiro (1992). En ella-no solo se habló sobre el medio ambiente sino que-se llegó a la conclusión de que para satisfacer la seguridad
alimentaria de la población del planeta no es suficiente con producir alimentos a cualquier costo, sino que debe realizarse de manera
sostenible, permitiendo asegurar los recursos actuales (de tierra, agua, semillas, etc.) a las generaciones futuras (Instituto Amazónico de
Investigaciones Científicas-Sinchi, 2009).
Paralela a la Cumbre de Río, se efectuaron cumbres alternativas como el Foro Global de Organizaciones No Gubernamentales donde se
logró elaborar un Tratado sobre Seguridad Alimentaria basados en que-“el problema de la inseguridad alimentaria a nivel mundial es el
resultado de la distribución antidemocrática e injusta de los recursos y el acceso a ellos (tales como tierras, créditos, información y otros
incentivos). El resultado de esta situación es la concentración de la producción en pocas manos, con sistemas de producción intensivos,
en detrimento de otras regiones, de los pequeños agricultores y de la seguridad alimentaria local”. (Instituto Amazónico de
Investigaciones Científicas-Sinchi, 2009)
Se indica que la causa principal del hambre es la pobreza crónica-en la cual no existen los recursos para comprar la comida ni el control
de los recursos para producirla. Se ilustra cómo solo cuatro transnacionales controlan en 90% del mercado mundial de cereales, mientras
las economías de los países en desarrollo dependen de pocos productos exportables los cuales son vulnerables a la caída de los precios,
una intensificación de cultivos comerciales y el aislamiento progresivo de pequeños productores (Instituto Amazónico de
Investigaciones Científicas-Sinchi, 2009).
79
La dependencia de importación de alimentos y ayuda alimentaria implican una condicionalidad política, la vulnerabilidad frente a las
fallas por su entrega, la falta de incentivos a los productores locales, la competencia con otros alimentos y los cambios en los patrones
de consumo. Por ello, a pesar del significativo incremento en la producción de alimentos-de los últimos años, la inseguridad alimentaria
ha aumentado (Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas-Sinchi, 2009).
En el Tratado que se firmó se definieron algunos principios que debe tener la seguridad alimentaria para que exista, de los cuales
resaltamos los siguientes:
1. La seguridad alimentaria lleva a un desarrollo sostenible
2. La seguridad alimentaria es un derecho humano básico, que debe ser asegurado a través de la autosuficiencia local, y que como
consecuencia reduzca la dependencia de alimentos importados.
3. La comprensión de los sistemas agrícolas desde su ecología, sus aspectos sociales y económicos lleva a una agricultura sustentable
en el marco de un desarrollo sostenible.
4. Las formas en que los pueblos producen y consumen sus alimentos, refleja la diversidad ecológica, cultural, política y social de las
comunidades que los integran. Por su importancia esta debe ser respetada y promovida.
5. Las formas justas y democráticas de propiedad, uso de la tierra y de acceso a ella son esenciales para crear sistemas alimentarios
sustentables. Para ello es indispensable el fortalecimiento de iniciativas populares en el área de la reforma agraria y organización
comunitaria.
6. La mujer tiene un papel primordial en la producción de alimentos y la responsabilidad del almacenamiento de alimentos y semillas.
Ella es quien aporta los vínculos culturales en el proceso de asegurar nutrición, cuidados e ingresos para la familia y la sociedad. (Instituto
Amazónico de Investigaciones Científicas-Sinchi, 2009)
80
1.2 SEGURIDAD ECONÓMICA:
“La verdadera libertad no puede existir a menos que un cierto nivel de seguridad económica –un nivel básico- exista”
La siguiente información se extrajo de las opiniones expuestas por Jesús Mena Vásquez en el documento de trabajo número 101 del
2010. ‘’Seguridad económica, desarrollo humano y pobreza’’ publicado por el centro de estudios sociales y de opinión pública (Centro
de Estudios de Opinion Publica, 2015).
Es posible que podamos entender mejor la seguridad económica si lo contrastamos con su correlato: la inseguridad económica. Según
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la inseguridad económica, como la pobreza, es multidimensional. Esto quiere decir
que no sólo se relaciona con el manejo del riesgo, como en la concepción del Banco Mundial, sino también con la capacidad para hacer
frente a las consecuencias de esos riesgos y la capacidad de recuperación, de volver a un estado original (resiliencia) (Centro de Estudios
de Opinion Publica, 2015).
Un componente importante de la inseguridad económica es la incertidumbre. La incertidumbre está relacionada con la dimensión
temporal de la que hablábamos antes y que usamos para tomar decisiones acerca de nuestro bienestar. La incertidumbre acerca del futuro
es una de las pocas cosas de las cuales la gente pobre puede estar segura (Centro de Estudios de Opinion Publica, 2015).
Contar con seguridad económica podría ayudarles a ampliar su horizonte temporal para planificar y tener más confianza en el futuro. Es
aquí donde se ve la relación entre seguridad económica y la seguridad humana, ya que sabemos que la primera es un importante
81
fundamento para la segunda. A continuación se discuten dos conceptos que están ligados a la seguridad económica: riesgo y
vulnerabilidad (Centro de Estudios de Opinion Publica, 2015).
1.2.1 Riesgo:
El concepto de seguridad económica está estrechamente relacionado con la noción de riesgo. Los pobres son, por definición, los más
vulnerables frente a eventos no planeados. El riesgo que suceda una crisis en alguna de las dimensiones del bienestar es una amenaza
constante para las personas pobres y su vida puede cambiar de un momento a otro (Centro de Estudios de Opinion Publica, 2015).
A diferencia de las personas que no tienen una condición de pobreza, la gente pobre no cuenta con activos suficientes para amortiguar
una crisis. De esta manera, necesitan más tiempo para recuperarse si sufren pérdidas en una crisis, aún si éstas son relativamente
pequeñas. La definición de seguridad humana propuesta por el Banco Mundial también está muy cerca de la idea de riesgo, como se
indica en uno de los informes anuales sobre desarrollo “mejorar la seguridad para los pobres significa reducir su vulnerabilidad a riesgos
como mala salud, crisis económicas y desastres naturales, así como ayudarles a hacer frente a las crisis cuando éstas ocurran” (Centro
de Estudios de Opinion Publica, 2015).
Cuando hablamos de riesgo, podemos mencionar diferentes niveles, dependiendo del número de personas involucradas. Existen riesgos
a nivel personal o del hogar. Estos son conocidos como “riesgos idiosincráticos”; los riesgos que son compartidos por un gran número
de personas, a nivel de ciudades, estados o países, estos son llamados “riesgos covariantes” (Centro de Estudios de Opinion Publica,
2015).
82
El tipo de riesgos que las personas pobres enfrentan en cada nivel es diferente y por lo tanto las políticas públicas que el gobierno
puede implementar para reducir su exposición al riesgo son diferentes también. El Banco Mundial ha desarrollado una tipología que
conceptualiza los diferentes tipos de riesgo que las personas enfrentan a diferentes niveles (Centro de Estudios de Opinion Publica,
2015).
La tipología del Banco Mundial clasifica los distintos tipos de riesgo a los que se enfrentan las personas pobres y muestra sus fuentes,
niveles y dimensiones en función de si la amenaza está en un nivel personal y/o comunitario (riesgos idiosincráticos) o a nivel nacional
(riesgos covariantes).
De acuerdo con la visión del Banco Mundial, el riesgo es una de las principales fuentes de inseguridad. La lógica nos dice que si existen
menores niveles de riesgo la seguridad de las personas aumenta ya que es posible manejar los riesgos de mejor manera. El Banco
Mundial nos dice que el riesgo en el ámbito económico se limita a las amenazas potenciales de una crisis económica, ya sea a nivel local
o nacional (Centro de Estudios de Opinion Publica, 2015).
1.2.2 Vulnerabilidad
La vulnerabilidad de un hogar se relaciona con su capacidad para recuperarse de una crisis, su resiliencia. En el caso de los hogares
pobres esta capacidad es muy baja. Dercon explica que la vulnerabilidad de un hogar o persona a ser pobre “está determinada por las
opciones disponibles para ganarse la vida, los riesgos que enfrentan y su capacidad para manejarlos” (Centro de Estudios de Opinion
Publica, 2015).
83
Por lo general, las personas en condiciones de pobreza tienen pocas opciones para elegir; los riesgos que enfrentan son mayores que los
que enfrentan las personas no pobres, además de que su capacidad para gestionarlos es baja, ya que controlan pocas variables y, en
general, los pobres no tienen voz o acceso a redes para influir de manera significativa en las políticas públicas (Centro de Estudios de
Opinion Publica, 2015).
De esta manera, la cantidad de activos con que cuenta una familia pobre es considerada el elemento clave para recuperarse de una crisis
más rápidamente. La acumulación de activos ayuda a las familias a ser menos vulnerables al enfrentar una crisis, entre más grande la
cantidad de activos que posean, menos vulnerables serán y tendrán mejores opciones para hacer frente a una crisis (Centro de Estudios
de Opinion Publica, 2015).
El enfoque desarrollado por Moser, llamado “marco de vulnerabilidad de activos”, analiza los activos con que cuentan las familias
pobres y cómo los utilizan al enfrentar una crisis, en lugar de calcular cuántos activos necesitaría la familia para enfrentar la crisis con
éxito (Centro de Estudios de Opinion Publica, 2015).
La guía conceptual desarrollada por Moser nos ayuda a comprender mejor la forma en que las familias pobres utilizan los activos que
poseen. Su investigación se basa en un estudio cualitativo de familias pobres en cuatro ciudades de países en desarrollo alrededor del
mundo, su objetivo fue identificar las estrategias utilizadas por los pobres después de la crisis en la década de los 1980 (Centro de
Estudios de Opinion Publica, 2015).
84
El marco desarrollado por Moser identifica dos tipos de activos: “tangibles e intangibles: el trabajo, el capital humano, los activos
productivos, las relaciones familiares y el capital social”. El estudio reconoce el rango de activos que los pobres tienen, desde aquellos
inherentes a una persona, como la capacidad para desempeñar un trabajo o la acumulación de capital humano hasta aquellos que tienen
que ver con las redes sociales y la acumulación de capital social (Centro de Estudios de Opinion Publica, 2015).
El marco conceptual reconoce que los hogares pobres de las zonas urbanas “administran complejas carteras de activos”. Es de
importancia resaltar el hecho de que los activos intangibles, como la familia o las redes sociales, juegan un papel importante en el
bienestar de los pobres, por ejemplo, las redes familiares son las primeras en ayudar cuando golpea una crisis (Centro de Estudios de
Opinion Publica, 2015).
Poseer diferentes tipos de activos recuerda el carácter multidimensional de la pobreza. Los pobres son vulnerables no solamente por la
falta de ingresos suficientes para comprar una canasta básica de bienes y servicios, también son más vulnerables en la medida en que
carecen de activos intangibles tales como las redes familiares o sociales. Esta es la razón por la que la vulnerabilidad también se vincula
a la falta de activos intangibles y no exclusivamente a la falta de ingreso (Centro de Estudios de Opinion Publica, 2015).
También es necesario resaltar que existen diferentes formas de utilizar los activos de que dispone una familia. La forma en que un hogar
en condiciones de pobreza administra los activos de que dispone es un elemento importante para reducir su vulnerabilidad. El sólo hecho
de que los hogares pobres evalúen los diferentes usos que pueden dar a sus recursos implica una cierta noción de planificación estratégica
que puede servir como primer paso para reducir su vulnerabilidad (Centro de Estudios de Opinion Publica, 2015).
85
Incluso si una familia tiene una cantidad suficiente de ingresos como para considerarla “no pobre”, es necesario recordar que es
también muy importante si éstos son estables a través del tiempo o no. Tomemos como ejemplo una familia que recibe ingresos mediante
las remesas que envía un miembro de la familia desde el extranjero. Si en algún momento ese miembro de la familia dejara de enviar
remesas, la vulnerabilidad de la familia aumentaría (Centro de Estudios de Opinion Publica, 2015).
Lo importante es conocer el grado en que la familia es más vulnerable al dejar de recibir el ingreso por remesas. Por ejemplo,
encontraríamos una diferencia en la vulnerabilidad del hogar si la familia dedica todos sus ingresos al consumo o por el contrario, si
invierte o ahorra una parte. Aún si la familia deja de recibir el ingreso por remesas, ésta podría ser más o menos vulnerable de acuerdo
al manejo que hizo de sus activos (Centro de Estudios de Opinion Publica, 2015).
1.3 SEGURIDAD ECOLÓGICA
A diferencia de lo que ocurrió con el desarrollo sostenible, que se estaba preparando en varias reuniones internacionales y está
sirviendo como base para la implementación de políticas, la idea global de la seguridad del medio ambiente no se configura como un
concepto que se lleva a la acción, sino más bien a la implementación de estrategias para una unidad política. Evoluciona más
lentamente, encontrando mucha resistencia que el primer concepto (Elliot, 1998). Pero no dejó de cumplir la función de justificar
"científicamente" la política exterior de los países (Costa, 2001).
Para analizar los problemas ambientales globales se requieren conocimientos científicos y perspicacia política. Una de las grandes
dificultades que se encuentran en reuniones internacionales es que muchos de los representantes de los países participantes se dividen
86
entre estos dos grupos de personajes - los científicos y los tomadores de decisiones - y rara vez se puede llegar a buen término, aun
cuando representan el mismo país (Costa, 2001).
Una de las evidencias más claras de este comportamiento se deriva de la fuerte crítica que muchos científicos vinculan a los documentos
oficiales resultantes de las discusiones políticas. Es común decir que el concepto está mal o ninguna base científica para apoyarlo. Por
lo tanto, tienden a no tener en cuenta todo el esfuerzo de preparación de documentos y la política verdadera "alquimia" empleada durante
años a través de discusiones interminables en su construcción (Costa, 2001).
Este preámbulo es necesario porque en el caso de la seguridad del medio ambiente mundial, se ajusta a la situación de la realidad. Lorena
Elliot (1998) también discute la seguridad del medio ambiente. Ella señala que muchos autores refutan esta visión mediante la asociación
de este concepto al pensamiento estratégico militar.
Estos puristas entienden que las cuestiones ambientales en un carácter internacional, no se pueden ver dentro de una dimensión
estratégica. Para estos autores, sólo los procesos naturales serían suficientes para proporcionar información, a la comprensión del
fenómeno y sus consecuencias para las unidades políticas. (Costa, 2001)
Para el autor hay otra interpretación que asocia el militarismo a las cuestiones de seguridad y ambientales. Esta es la visión estratégica
que admite que los recursos naturales son vitales para la supervivencia de la población de una unidad política y por lo tanto, refuerza el
concepto de la soberanía de las unidades en la gestión de sus recursos.
87
Si recordamos que Ray Cline (1983) y Claude raffestin (1993) define los recursos naturales como uno de los elementos que deben ser
considerados en la definición de poder, veremos que este conjunto puede albergar a muchos partidarios. El caso de la gestión de los
recursos hídricos en el más emblemático parece ilustrar esta comprensión (Costa, 2001).
Las cuencas hidrográficas que a menudo sobrepasan las fronteras de los países pueden generar en una situación de dependencia, de otro
país para el agua y alimentar a su población. Esta situación se puede ver en el conflicto entre Israel y Siria, que involucra los Altos del
Golán, donde los resortes que el agua proviene de personas de ambos países (Costa, 2001).
Dentro del contexto nacional y regional se pueden tomar como referencia las cuencas hidrográficas del Amazonas y el Orinoco que
atraviesan algunos países de la región amazónica. Sin embargo, Elliot, quien también es un científico político, defiende una posición
muy cerca de la Villa (1997):
´´Frente a la inseguridad ecológica, los países y la población pueden no ser seguros si el ecosistema no es seguro. Tampoco ayudará
a identificar al enemigo que pretende violar la integridad y soberanía territorial del Estado. El "enemigo" no es el medio ambiente,
sino las actividades diarias de los humanos y las empresas ’’ (Elliot, 1998: 238).
88
Para los seres humanos que están tomando ventaja del mundo del consumo y que viven en una determinada unidad política sigue
siendo el interés nacional. Ellos quieren salvaguardar ventajas específicas que garantizan el mantenimiento de su forma de vida, que se
negocian para cada aspecto discutido en orden ambiental internacional.
En el sistema jurídico moderno, y en cuanto a la responsabilidad civil se refiere, se ha consagrado el principio de que se responde por
todo hecho, cualquiera que éste sea, que cause daño a otra persona, y que se produzca por dolo o culpa. Toda acción del hombre que
cause daño a otro, realizado intencional o negligentemente, es fuente de obligación (Capelluto, 2015).
Los daños ocasionados al Ambiente no son consecuencia de una sola acción, sino que son producto de todo un proceso extendido en el
tiempo. Esta peculiaridad distintiva tiene importancia en el tema prescriptivo, ya que suelen exteriorizarse muy lentamente, terminando
por favorecer a quién comete un daño ambiental, ya que el paso del tiempo le permitiría in solventarse, ausentarse, y aún desaparecer
física o jurídicamente. Dado que el derecho a vivir en un ambiente sano, es un Derecho Humano, al contaminar el Ambiente estaríamos
ante un delito de lesa humanidad, por las enfermedades y las muertes que acarrea la contaminación, y por lo tanto imprescriptibles
(Capelluto, 2015) .
Por ello la acción de cese del daño, como derivación del derecho constitucional de cada uno de los Estados soberanos, de disfrutar de
un Ambiente sano y equilibrado y de la obligación de preservar la salud y la vida de los seres humanos es imprescriptible, al igual lo
son, las acciones que se deriven de ellos.
89
Por ello y siguiendo el mismo criterio, el límite de la normal tolerancia no es aplicable en los casos de degradación del Ambiente
porque son susceptibles de afectar la vida y la salud humana. Las ventajas sociales que pueden provocar la alteración del Ambiente no
pueden ser analizadas con un criterio económico, es decir mediante la ecuación costo-beneficio. Así la pérdida de un bosque no puede
mensurarse en dinero. La degradación ambiental se enrola en la categoría de daño intolerable (Costa, 2001).
La función social de la propiedad, constituye un límite a los poderes domínales, que preserva el interés social sobre el individual. Ante
el daño ambiental producido, la idea central, es la de recomponer, es decir, reponer las cosas al estado anterior al daño causado, y sólo
cuando ésta no sea posible, deberá establecerse la cuantía del daño en dinero (Capelluto, 2015).
La propia defensa militar actual reconoce a muchas de las características del actual sistema ecológico en desequilibrio que caracteriza
al planeta como generadoras de conflictos graves a corto, medio y largo plazo: se habla de guerras por el agua, por la energía, por las
migraciones debidas a los cambios climáticos, etc. Y con ello se vuelve a justificar la defensa militar (El pais, 2012).
En el concepto de seguridad ecológica, ya no es válido en el enfoque nacional o nacionalista. Simplemente no sirve de nada. La
contaminación no tiene fronteras ni las conocen el cambio climático, la deforestación, la sequía, la superpoblación, el consumismo,
etc. Este enfoque de nuestra seguridad es muy interesante porque nos lleva a transgredir uno de los grandes tabúes políticos de nuestra
cultura, el enfoque nacionalista. Ante él se yergue la colaboración entre países, entre municipios, entre industriales y entre ciudadanos
como la única manera posible de combatir problemas que a todos nos afectan y que cada vez son de más necesaria solución. (El pais,
2012)
90
Frente a la estatalización y la militarización de la defensa nacional o militar clásica, la seguridad ecológica potencia unos protagonistas
mucho más variados. Ciertamente las naciones pueden jugar un papel importante, pero también los juegan las empresas y lo que es más
interesante, lo puede y debe jugar el individuo y sus formas habituales de organizarse, y las ONG’s (El pais, 2012).
Ahora el enfoque da a los ciudadanos mucho más protagonismo: podemos “librar batallas” en los terrenos personales, moderando
nuestro consumismo, por ejemplo en los terrenos asociativos a través de la lucha ecologista, en los terrenos empresariales fomentando
líneas de actuación ecológicas en nuestras empresas como la promoción del reciclaje, la utilización de energías más limpias, etc. y en
los terrenos políticos habituales obligando a los partidos políticos a que varíen su línea en política de defensa para defender lo que
realmente es importante, la seguridad ecológica (El pais, 2012).
1.4 SEGURIDAD JURIDICA:
La siguiente información se referencia de forma textual de la sentencia T-502 de 2002 (Porto, 2015), ya que se define el concepto de
seguridad jurídica, se contextualiza y se focaliza en las víctimas del conflicto interno en Colombia. Es de gran importancia conocer el
concepto que asume la corte constitucional para lograr entender la importancia e interrelación que tiene el poder jurídico en la generación
de soberanía ambiental en la región amazónica colombiana:
1.4.1 Principio de seguridad jurídica.
91
“La seguridad jurídica es un principio central en los ordenamientos jurídicos occidentales. La Corte ha señalado que este principio
ostenta rango constitucional y lo ha derivado del preámbulo de la Constitución y de los artículos 1, 2, 4, 5 y 6 de la Carta. La seguridad
jurídica es un principio que atraviesa la estructura del Estado de Derecho y abarca varias dimensiones. En términos generales supone
una garantía de certeza. Esta garantía acompaña otros principios y derechos en el ordenamiento (Porto, 2015).
La seguridad jurídica no es un principio que pueda esgrimirse autónomamente, sino que se predica de algo. Así, la seguridad jurídica no
puede invocarse de manera autónoma para desconocer la jerarquía normativa, en particular frente a la garantía de la efectividad de los
derechos constitucionales y humanos de las personas (Porto, 2015).
En materia de competencias, la seguridad jurídica opera en una doble dimensión. De una parte, estabiliza (sin lo cual no existe certeza)
las competencias de la administración, el legislador o los jueces, de manera que los ciudadanos no se vean sorprendidos por cambios de
competencia. (Porto, 2015)
En el ámbito legal, las normas de procedimiento establecen términos dentro de los cuales se deben producir las decisiones judiciales
(Códigos de Procedimiento Civil, Laboral y de seguridad social, penal y Contencioso Administrativo), así como en materia
administrativa (en particular, Código Contencioso Administrativo) (Porto, 2015).
La existencia de un término para decidir, garantiza a los asociados que puedan prever el momento máximo en el cual una decisión será
adoptada. Ello apareja, además, la certeza de que cambios normativos que ocurran con posterioridad a dicho término no afectará sus
92
pretensiones. En otras palabras, que existe seguridad sobre las normas que regulan el conflicto jurídico o la situación jurídica respecto
de la cual se solicita la decisión (Porto, 2015).
Lo anterior es de gran importancia en el momento en el que ello se resuelve en el principio según el cual las relaciones jurídicas se rigen
por las normas vigentes al momento de configurarse dicha relación, que en buena medida, se recoge en el principio de irretroactividad
de la ley; en materia penal debe señalarse, existe una clara excepción, por aplicación del principio de favorabilidad, que confirma la
regla general (Porto, 2015).
Al considerarse, en el ámbito de la certeza y estabilidad jurídica (seguridad jurídica), la existencia de precisos términos para que la
administración o el juez adopten decisiones y el principio de conocimiento de las normas aplicables al caso concreto, se sigue que dichos
términos fijan condiciones de estabilización respecto de los cambios normativos. De ahí que, durante el término existente para adoptar
una decisión, la persona tiene derecho a que sean aplicadas las normas vigentes durante dicho término (Porto, 2015).
No podría, salvo excepcionales circunstancias en las cuales opera la favorabilidad o por indiscutibles razones de igualdad, solicitar que
se le aplicaran aquellas disposiciones que entren en vigencia una vez se ha adoptado la decisión. Es decir, una vez vencido el término
fijado normativamente para adoptar una decisión, opera una consolidación de las normas jurídicas aplicables al caso concreto (Porto,
2015). Según lo anterior y con relación con la soberanía ambiental, se puede afirmar que sin seguridad jurídica, es decir sin que se
garantice la estabilidad jurídica, ni el reconocimiento, divulgación, información o conocimiento sobre los derechos ambientales y
humanos.
93
1.5 SEGURIDAD TERRITORIAL:
La seguridad se sigue reconociendo por parte de muchas personas como una necesidad prioritaria, a cambio de la cual parecen o se
manifiestan expresamente, dispuestas a renunciar a otro tipo de valores, como la democracia y el respeto a las libertades fundamentales.
Sucede lo mismo con otros conceptos, que para la mayoría de la población continúan siendo confusos y vagos, cuando no incomprensibles,
tales como el concepto de desarrollo sostenible (Wilches-Chaux, 2006).
Una seguridad basada exclusivamente en la fuerza carecería totalmente de sostenibilidad y paradójicamente, se convertiría en un factor
adicional de inseguridad. El concepto de “seguridad territorial” que podría describirse, más que definirse, como la capacidad de un territorio
para ofrecerles a sus habitantes determinadas condiciones de “estabilidad”, que impiden amenazas de distinto origen (naturales, socio-
naturales, antrópicas) procedentes del propio territorio o del exterior, puedan convertirse en desastres (Wilches-Chaux, 2006).
Seguridad territorial es la que evita que fenómenos o procesos, como por ejemplo, un terremoto, un huracán, un cambio de gobierno a
nivel nacional o internacional, o la suscripción de un tratado de libre comercio, puedan convertirse en desastres para los habitantes presentes
y futuros de ese mismo territorio. Adicionalmente, la capacidad de los habitantes de un territorio para apropiarse simbólicamente del
mismo. También es necesario tener la capacidad del territorio, del Estado y de la sociedad, para ofrecerles acceso a sus habitantes, en
condiciones de equidad, a la producción y a la distribución de riqueza y de bienes y servicios para la satisfacción de sus necesidades
(Wilches-Chaux, 2006).
94
Incluye la existencia de distintas opciones para la producción de esa riqueza y la generación de esos recursos; la existencia de
alternativas de intercambio, como el trueque, y distintas formas de economía solidaria para producir, ofrecer y acceder a los bienes y
servicios que requiere la comunidad. A este eje pertenecen también los ejes de la productividad y la competitividad de una región (Wilches-
Chaux, 2006).
También la Capacidad de un territorio para ofrecerles a sus habitantes un Estado que posea el carácter de servicio público, al cual puedan
acceder todas las personas en condiciones de igualdad y equidad. Hace referencia además a la existencia de las “reglas de juego” claras,
que no cambien dependiendo de los intereses particulares y circunstanciales de los sectores dominantes, y la certeza de que la sociedad
posee mecanismos eficaces para garantizar el respeto a sus derechos humanos, empezando por el derecho a la vida con calidad y dignidad
(Wilches-Chaux, 2006).
1.6 SEGURIDAD SOCIAL:
La seguridad social es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y los hogares para asegurar el acceso a la asistencia
médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo,
maternidad o pérdida del sostén de familia ( Organizacion Internacional del Trabajo, 2001).
La seguridad social está claramente definida en los Convenios de la OIT y en los instrumentos de la ONU como un derecho fundamental,
aunque en realidad sólo una pequeña proporción de la gente en nuestro planeta disfrute del mismo ( Organizacion Internacional del Trabajo,
2001).
95
Definida en términos generales como un sistema basado en cotizaciones que garantiza la protección de la salud, las pensiones y el
desempleo así como las prestaciones sociales financiadas mediante impuestos, la seguridad social se ha convertido en un reto universal en
un mundo globalizado ( Organizacion Internacional del Trabajo, 2001).
Sólo el (20) veinte por ciento de la población mundial tiene una cobertura adecuada en materia de seguridad social mientras que más de
la mitad no dispone de ninguna forma de protección social. Aquellos que no están cubiertos tienden a formar parte de la economía informal,
por lo general, no están protegidos en su vejez por la seguridad social y no están en condiciones de pagar sus gastos de salud ( Organizacion
Internacional del Trabajo, 2001).
Además, muchas personas tienen una cobertura insuficiente, esto es, puede que carezcan de elementos significativos de protección (como
la asistencia médica o las pensiones) o que la protección que reciben sea escasa o presente una tendencia a la baja. La experiencia muestra
que la gente está dispuesta a cotizar a la seguridad social, siempre y cuando ésta satisfaga sus necesidades prioritarias ( Organizacion
Internacional del Trabajo, 2001).
Hasta no hace mucho se suponía que la proporción creciente de la fuerza de trabajo de los países en desarrollo, terminaría en un empleo
en el sector formal cubierto por la seguridad social. Sin embargo, la experiencia ha mostrado que el crecimiento del sector informal se ha
traducido en tasas de cobertura estancadas o en proceso de reducción ( Organizacion Internacional del Trabajo, 2001).
96
Aún en países con un elevado crecimiento económico, cada vez más trabajadores, a menudo mujeres, se encuentran en empleos
menos seguros, como es el trabajo eventual, el trabajo a domicilio y algunos tipos de empleo por cuenta propia que carecen de cobertura
de la seguridad social. Los grupos más vulnerables que no forman parte de la fuerza de trabajo, son personas con discapacidad y personas
mayores que no pueden contar con el apoyo de sus familiares y que no están en condiciones de financiar sus propias pensiones (
Organizacion Internacional del Trabajo, 2001).
1.7 SEGURIDAD CULTURAL:
El concepto de la seguridad cultural fue desarrollado por primera vez por enfermeras maori en Nueva Zelanda para ayudar a mejorar la
calidad de los servicios de salud en entornos interculturales. La atención segura afirma la identidad cultural y el bienestar de los pacientes,
particularmente los pertenecientes a minorías étnicas, que deberían ser quienes juzgan si la atención que reciben es efectivamente
culturalmente segura. La idea se expandió gradualmente fuera del contexto de la atención de salud, de modo que implica la protección de
la cultura en investigaciones y servicios sociales (Community Information, Empowerment and Transparency, 2015).
Para que una investigación sea culturalmente segura, los investigadores deben actuar de modos que no dañen a ninguna de las culturas
involucradas. Esto conlleva más que la sensibilidad hacia las prácticas y creencias de otras culturas y grupos humanos. Los investigadores
deben identificar y desafiar las suposiciones sobre la superioridad occidental que puedan influenciar su trabajo con grupos culturalmente
diferentes. Deben reflexionar sobre el impacto de sus teorías, métodos e intervenciones propuestas, no sólo sobre la evidencia que generan
y la manera en la que la presentan (que puede llevar a estigmatizar grupos desaventajados), sino también sobre otros modos de vida
(Community Information, Empowerment and Transparency, 2015).
97
La investigación culturalmente segura desafía las relaciones de poder convencionales, involucrando a distintos tipos de conocimientos y
recursos de igual a igual, y no como subordinados de la ciencia y los científicos occidentales. Al hacer esto, los investigadores y los
participantes de la investigación exploran posibles articulaciones de diferentes perspectivas y recursos, al mismo tiempo que reconocen
las áreas que no se prestan para este tipo de integración (Community Information, Empowerment and Transparency, 2015).
Ya que a menudo es muy difícil para individuos de una cultura saber qué es dañino para una cultura ajena, la mejor garantía de seguridad
cultural es que las comunidades o grupos participantes estén en control de los servicios y la investigación. Por lo tanto, una parte de los
objetivos de la seguridad cultural es fomentar la implicación de los participantes en la investigación y desarrollar capacidades de
investigación y planificación dentro de grupos y comunidades vulnerables (Community Information, Empowerment and Transparency,
2015).
Ilustración 2
Fuente: Autor.
soberania ambiental
seguridad economica
seguridad ecologica
seguridad territorial
seguridad juridica
seguridad cultural
seguridad social
seguridad alimentaria
98
La anterior ilustración muestra como parte de las seguridades que se mencionan contribuyen a un equilibrio, que en para este estudio,
se llama soberanía ambiental. Es imposible lograr este equilibrio, sin la seguridad en cada una de estas dimensiones, ya que un efecto o
impacto (negativo o positivo) referente a la seguridad de esa dimensión, influye directa o indirectamente sobre la seguridad en la otra,
Para entender lo anterior se expondrá el siguiente ejemplo:
Suponga que en un territorio determinado no existe seguridad Ecológica, entendiéndose esta como la seguridad de los ecosistemas y
cada uno de los elementos que le integran. Este territorio al presentar inseguridad ecológica, disminuye notablemente la calidad de vida
y el bienestar de sus pobladores, ya que no cuenta con bienes y servicios ecosistemicos seguros (libres de contaminantes, alteraciones,
impactos o efectos adversos a su composición natural o inicial) para su uso o aprovechamiento, como el recurso hídrico que se emplea
en las actividades cotidianas, el aire que se respira, el suelo que se habita y explota, o la flora y fauna que se usa, aprovecha o consume.
Esta situación genera posibles efectos en la población y en el territorio, ya que si la población se enferma por el consumo de agua y
alimentos en mal estado, o por respirar aire contaminado, o por no gestionar y tomar acciones preventivas frente a los riesgos
ambientales, generaran una serie de impactos y efectos en el componente social, al aumentar la demanda de atención médica, atención
especializada, medicamentos entre otros, y posteriormente la disminución en el abastecimiento y satisfacción de esta demanda de los
mismos. Adicionalmente la seguridad en el componente económico se afecta negativamente, al aumentarse los costos asociados al
servicio de salud, y por ende la disminución de los ingresos y productividad regional, ya que no hay mano de obra activa en el mercado
laboral, a consecuencia de las enfermedades asociadas a la inseguridad en los ecosistemas, y los ingresos disminuyen notablemente por
el gasto en los servicios de salud.
99
Si se continua con la secuencia y enlace, de los posibles efectos, impactos e interacciones que se encuentran estrechamente
interconectadas, e interrelacionadas entre las dimensiones anteriormente referenciadas, se logra evidenciar que es imposible lograr
encontrar una solución que se planifique de forma limitada en cada uno de los componentes medioambientales. Para ello se necesita del
trabajo intersectorial e inter dimensional, con enfoque holístico, para atacar y lograr eliminar las causas de los problemas que son
tangibles en la cotidianidad y no se encuentran aisladas de los demás factores que le rodean.
Dentro del contexto de la soberanía ambiental sucede algo muy similar, ya que si se genera, la inseguridad en una de las dimensiones
anteriormente referenciadas, las consecuencias, impactos y efectos no solo la afectaran de forma individual, sino que trascienden e
intervienen en la seguridad de las demás dimensiones, afectando directamente la seguridad integral
101
Capítulo 2
Análisis de actores involucrados.
2. Objetivo: identificar y analizar los actores que intervienen en la soberanía ambiental de la Amazonia
Colombiana.
En el presente capítulo se evidencia el registro de los actores que influyen e intervienen de forma directa o indirecta, con la generación
y promoción de la soberanía ambiental, en la Región Amazónica Colombiana. Para lograr identificar y analizar los actores se elaboró
un formato el cual se titula, Matriz de identificación de actores, el cual es un diseño basado en la matriz que propone la metodología de
marco lógico recopila la información relevante de los actores más influyentes en el área de estudio, la caracterización del actor, la
relación del grupo social, política u organizacional que representa, el perfil funcional de la instancia en el territorio, la composición y
estructura del organigrama, y la fuente de la cual se tomó la información expuesta.
A continuación se evidenciaran las matrices de identificación de actores, con el registro de la información relacionada con los
ministerios del gabinete del actual Gobierno Colombiano, ya que de acuerdo con la Constitución Política Nacional, la Ley 489 de 1998,
la Ley 790 de 2002 y demás normas vigentes, los Ministerios son, junto con la Presidencia de la República y los Departamentos
102
Administrativos, los organismos principales de la Administración Pública Nacional y hacen parte del Sector Central de la Rama
Ejecutiva del Poder Público.
2.1 Matrices de identificación de actores
MATRIZ DE INDENTIFICACION DE ACTORES 1
MATRIZ DE IDIENTIFICACION DE ACTORES.
Numero 1
ACTORES INSTITUCIONALES
ACTOR
CARACTERIZACIÓN
Información relevante del actor
RELACIÓN
DEL GRUPO
REPRESENTAD
O CON EL
TERRITORIO
PERFIL
FUNCIONAL
INSTANCIA
COMPOSICIÓN
FUENTE
Nombre del actor relevante: Luis Carlos Villegas
Echeverri
El 19 de mayo de 2015 Luis Carlos Villegas
Echeverri fue designado por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, como Ministro de
Defensa Nacional y se posesionó el 22 de junio del
mismo año.
El ministro Villegas nació el 16 de junio de 1957 en Pereira (Risaralda). Es abogado y economista
de la Universidad Javeriana, de Bogotá, y es
candidato para un D.E.A. en Administración Pública de la Universidad de París II.
A lo largo de su trayectoria en el sector público se ha desempeñado como Embajador de Colombia
en Estados Unidos, Gobernador del departamento
de Risaralda, senador de la República y Viceministro de Relaciones Exteriores, entre otros
cargos.
También integró la junta directiva de Ecopetrol y
fue dirigente de la Federación Nacional de
Cafeteros. En 1996 y por 18 años se desempeñó como presidente de la Asociación Nacional de
Empresarios de Colombia (ANDI) y fue
presidente del Consejo Gremial Nacional y del Consejo Industrial Andino.
Es la máxima
autoridad en materia
de defensa,
seguridad, asuntos
militares de
la República de Colombia
Formula, diseña,
desarrolla y ejecuta las
políticas de
defensa y
seguridad nacional
Comando General FF.MM:
Comando General de la Fuerzas
Militares
Ejército Nacional de Colombia
Armada Nacional de Colombia
Dirección General Marítima-
Autoridad Marítima de Colombia
Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla
Fuerza Aérea Colombiana
Policía Nacional:
Dirección Policía Nacional
Dirección de Policía Judicial e Investigación-
DIJIN
(Ministerio
de Defensa
de la
Republica
de
Colombia,
2015)
Grupo de interés representado:
MINISTERIO DE DEFENSA DE COLOMBIA
FUNCION: Dirigir las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, de acuerdo con la Constitución
y la Ley.
Preparar los proyectos de Ley relacionados con el ramo de la Defensa Nacional.
Prepara los proyectos de Decretos y
Resoluciones Ejecutivas que deben dictarse en
ejercicio de las atribuciones que le corresponden
al Presidente de la República como suprema
autoridad administrativa, en los aspectos de la Defensa Nacional y ejecutar las órdenes del
Presidente que se relacionen con tales
atribuciones.
Cumplir las funciones y atender los servicios
que le están asignados y dictar, en el desarrollo
103
de la Ley y los Decretos respectivos, las normas necesarias para tal efecto.
Preparar los programas de inversiones y otros
desembolsos públicos correspondientes al sector y a los planes de desarrollo del mismo.
Contribuir a la formulación de la política del
Gobierno en el ramo de Defensa Nacional y adelantar su ejecución.
Orientar, coordinar y controlar en la forma
contemplada en las respectivas leyes, estatutos y
reglamentos, los establecimientos públicos, las
empresas industriales y comerciales del Estado
y las sociedades de economía mixta que le estén adscritos o vinculados.
Entre 2012 y 2013 hizo parte de la Comisión Negociadora en el proceso de paz con las Farc.
Luis Carlos Villegas ha recibido las Órdenes de Boyacá y de San Carlos, entregada por el
Gobierno colombiano; la Orden de la Democracia,
del Congreso de Colombia; la Orden de Río Branco, de Brasil, y la Orden de Isabel la Católica,
otorgada por el Reino de España, y distinciones de
países como Argentina, Italia, Perú y Ecuador.
MATRIZ DE INDENTIFICACION DE ACTORES 2
MATRIZ DE IDIENTIFICACION DE ACTORES.
ACTORES INSTITUCIONALES
ACTOR
CARACTERIZAC
IÓN
(Información
relevante del actor)
RELACIÓN DEL
GRUPO
REPRESENTADO
CON EL
TERRITORIO
PERFIL FUNCIONAL INSTANCIA
COMPOSICIÓN
FUENTE
Nombre del actor relevante: Gabriel Vallejo López
Es abogado de la Universidad
Externado de
Colombia con postgado en gerencia
de recursos humanos
de la Universidad de los Andes, Postgrado
en mercadeo de
EAFIT-CESA de Colombia y tiene un
MBA en Dirección
de Empresas en el instituto de Empresa
de Madrid, España.
Realizo estudios en Ola Coach, de
El Ministerio de Ambiente y
Desarrollo
Sostenible es el rector de la gestión
del ambiente y de los
recursos naturales renovables,
encargado de
orientar y regular el ordenamiento
ambiental del
territorio y de definir las políticas y
regulaciones a las
que se sujetarán la recuperación,
Además de las funciones determinadas en la Constitución Política y en el artículo 59 de la
Ley 489 de 1998 y en las demás leyes, el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible cumplirá las siguientes funciones:
l. Diseñar y formular la política nacional en
relación con el ambiente y los recursos naturales renovables, y establecer las reglas y
criterios de ordenamiento ambiental de uso del
territorio y de los mares adyacentes, para asegurar su conservación y el
aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales renovables y del ambiente. 2. Diseñar y regular las políticas públicas y las
condiciones generales para el saneamiento del
ambiente, y el uso, manejo, aprovechamiento, conservación, restauración y recuperación de
1. Despacho del Ministro
Oficina asesora de planeación
oficina de control interno
oficina asesora de jurídica
Oficina de asuntos internacionales
Oficina de negocios verdes y
sostenibles
Oficina de tecnología y de la información
2. Dirección General de ordenamiento ambiental y
(Ministerio
de
Ambiente y
desarrollo
sostenible,
2015)
Grupo de interés representado:
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE DE COLOMBIA
FUNCION : Además de las funciones determinadas en la Constitución Política y en el artículo 59 de la
Ley 489 de 1998 y en las demás leyes, el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible cumplirá las siguientes funciones:
Diseñar y formular la política nacional en relación con el ambiente y los recursos naturales renovables,
y establecer las reglas y criterios de ordenamiento
104
ambiental de uso del territorio y de los mares adyacentes, para asegurar su conservación y el
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
renovables y del ambiente.
España, además de un curso de Alta
dirección en el
Ipade, de México.
conservación, protección,
ordenamiento,
manejo, uso y aprovechamiento
sostenible de los
recursos naturales renovables y del
ambiente de la
nación, a fin de asegurar el desarrollo
sostenible, sin
perjuicio de las funciones asignadas
a otros sectores.
-formulará, junto con el Presidente de la
República la política
nacional ambiental y de recursos naturales
renovables, de
manera que se garantice el derecho
de todas las personas
a gozar de un medio ambiente sano y se
proteja el patrimonio
natural y la soberanía
de la Nación.
-dirigir el Sistema
Nacional Ambiental -SINA-, organizado
de conformidad con
la Ley 99 de 1993, para asegurar la
adopción y ejecución
de las políticas, planes, programas y
proyectos
respectivos, en orden a garantizar el
cumplimiento de los
deberes y derechos
del Estado y de los
particulares en relación con el
ambiente y el
patrimonio natural de la Nación.
los recursos naturales, a fin de impedir, reprimir, eliminar o mitigar el impacto de
actividades contaminantes, deteriorantes o
destructivas del entorno o del patrimonio natural, en todos los sectores económicos y
productivos.
3. Apoyar a los demás Ministerios y entidades estatales, en la formulación de las políticas
públicas, de competencia de los mismos, que
tengan implicaciones de carácter ambiental y desarrollo sostenible. Y establecer los criterios
ambientales que deben ser incorporados en
esta formulación de las políticas sectoriales. 4. Participar con el Ministerio de Relaciones
Exteriores en la formulación de la política
internacional en materia ambiental y definir con éste los instrumentos y procedimientos de
cooperación, y representar al Gobierno
Nacional en la ejecución de tratados y convenios internacionales sobre ambiente
recursos naturales renovables y desarrollo
sostenible." 5. Orientar, en coordinación con el Sistema
Nacional de Prevención y Atención de
Desastres, las acciones tendientes a prevenir el riesgo ecológico.
6. Preparar, con la asesoría del Departamento
Nacional de Planeación, los planes, programas
y proyectos que en materia ambiental, o en
relación con los recursos naturales renovables
y el ordenamiento ambiental del territorio, deban incorporarse a los proyectos del Plan
Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional de
Inversiones que el Gobierno someta a consideración del Congreso de la República.
7. Evaluar los alcances y efectos económicos
de los factores ambientales, su incorporación al valor de mercado de bienes y servicios y su
impacto sobre el desarrollo de la economía
nacional y su sector externo; su costo en los proyectos de mediana y grande infraestructura,
así como el costo económico del deterioro y
de la conservación del medio ambiente y de
los recursos naturales renovables.
8. Realizar investigaciones, análisis y estudios económicos y fiscales en relación con los
recursos presupuestales y financieros del
sector de gestión ambiental, tales como, impuestos, tasas, contribuciones, derechos,
multas e incentivos con él relacionados; y fijar
el monto tarifario mínimo de las tasas por el uso y el aprovechamiento de los recursos
coordinación del sistema nacional ambiental
SINA
Subdirección de
participación y comunicación
3. secretaria general:
Subdirección administrativa y
financiera
4. despacho del
viceministro de
ambiente y desarrollo sostenible:
Dirección de bosques
biodiversidad y servicios eco
sistémicos
Dirección de
asuntos marinos,
costeros y recursos
acuáticos.
Dirección de la
gestión integral del recurso hídrico
Dirección de asuntos
ambientales
sectorial y urbana
Dirección de
cambio climático
105
naturales renovables, de conformidad con la ley.
9. Dirigir y coordinar el proceso de
planificación y la ejecución armónica de las actividades en materia ambiental de las
entidades integrantes del Sistema Nacional
Ambiental -SINA-, dirimir las discrepancias ocasionadas por el ejercicio de sus funciones y
establecer criterios o adoptar decisiones
cuando surjan conflictos entre ellas en relación con la aplicación de las normas o con las
políticas relacionadas con el uso, manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales renovables o del ambiente.
10. Ejercer la inspección y vigilancia sobre las
Corporaciones Autónomas Regionales, y ejercer discrecional y selectivamente, cuando
las circunstancias lo" ameriten, sobre los
asuntos asignados a estas corporaciones la evaluación y control preventivo, actual o
posterior, de los efectos del deterioro
ambiental que puedan presentarse por la ejecución de actividades o proyectos de
desarrollo, así como por la exploración,
explotación, transporte, beneficio y utilización de los recursos naturales renovables y no
renovables, y ordenar al organismo nacional
competente para la expedición de licencias
ambientales a cargo del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, la
suspensión de los trabajos o actividades cuando a ello hubiese lugar.
11. Coordinar, promover y orientar las
acciones de investigación sobre el ambiente y los recursos naturales renovables y sobre
modelos alternativos de desarrollo sostenible.
12. Establecer el Sistema de Información Ambiental, organizar el inventario de la
biodiversidad y de los recursos genéticos
nacionales; y administrar el Fondo Nacional Ambiental (FONAM) y sus subcuentas.
13. Diseñar y formular la política, planes,
programas Y proyectos, y establecer los
criterios, directrices, orientaciones y
lineamientos en materia de áreas protegidas, y formular la política en materia del Sistema de
Parques Nacionales Naturales.
14. Reservar y alinderar las áreas que integran el Sistema de Parques Nacionales Naturales;
declarar, reservar, alinderar, realinderar,
sustraer, integrar o re categorizar las áreas de reserva forestal nacionales, reglamentar su uso
y funcionamiento; y declarar y sustraer
106
Distritos Nacionales de Manejo Integrado. Las corporaciones autónomas regionales en
desarrollo de su competencia de administrar
las reservas forestales nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31
de la Ley 99 de 1993, realizarán los estudios
técnicos, ambientales y socioeconómicos para los fines previstos en el presente numeral, con
base en los lineamientos establecidos por este
Ministerio. 15. Elaborar los términos de referencia para la
realización de los estudios con base en los
cuales las autoridades ambientales declararán, reservarán, alinderarán, re alinderarán,
sustraerán, integrarán o re categorizarán, las
reservas forestales regionales y para la delimitación de los ecosistemas de páramo y
humedales sin requerir la adopción de los
mismos por parte del Ministerio. 16. Expedir los actos administrativos para la
delimitación de los páramos
17. Adquirir, en los casos expresamente definidos en la Ley 99 de 1993, los bienes de
propiedad privada y los patrimoniales de las
entidades de derecho público; adelantar ante la autoridad competente la expropiación de
bienes por razones de utilidad pública o interés
social definidas por la ley, e imponer las
servidumbres a que hubiese lugar.
18. Constituir con otras personas jurídicas de
derecho público o privado, asociaciones, fundaciones o entidades para la conservación,
manejo, administración y gestión de la
biodiversidad, promoción y comercialización de bienes y servicios ambientales, velando por
la protección del patrimonio natural del país.
19. Las demás señaladas en las Leyes 99 de 1993 y 388 de 1997 que no resulten contrarias
a lo dispuesto en el presente Decreto.
MATRIZ DE INDENTIFICACION DE ACTORES 3
107
MATRIZ DE IDIENTIFICACION DE ACTORES.
ACTORES INSTITUCIONALES
ACTOR
CARACTERIZACIÓN
(Información relevante del actor)
RELACIÓN DEL
GRUPO
REPRESENTADO CON
EL TERRITORIO
PERFIL FUNCIONAL
INSTANCIA
COMPOSICIÓN
FUENTE
Nombre del actor relevante:
Mariana Garcés Córdoba
nació en Cali (Valle del Cauca). Es abogada de la
Universidad de los Andes, tiene una especialización en Mercadeo y Negocios Internacionales de la Universidad Icesi
de Cali. Se desempeñó como asistente de la dirección de
Colcultura durante la administración de Amparo de Carvajal.
Posteriormente tuvo la responsabilidad de participar en la
creación del canal regional del sur occidente colombiano Telepacífico, donde se desempeñó como sub gerente. Años
más tarde ocupó la gerencia de Telepacífico.
También fue Comisionada de Televisión, ocupó el cargo de
Secretaria de Cultura y Turismo de su ciudad natal. Ha
dirigido el Festival Internacional de Arte de Cali en diversas oportunidades y se venía desempeñando como Directora
ejecutiva de la Asociación para la Promoción de las Artes
(Proartes), entidad cultural de gran trayectoria, y como Directora ejecutiva de la Orquesta Filarmónica de Cali.
Formula, diseña, desarrolla
y ejecuta las políticas en
relación con el componente cultural de la región.
El Ministerio de Cultura es la
entidad rectora del sector cultural colombiano y tiene como objetivo
formular, coordinar, ejecutar y
vigilar la política del Estado en materia cultural. Es una organización
que actúa de buena fe, con integridad
ética y observa normas vigentes en beneficio de la comunidad y sus
propios funcionarios. El Ministerio
de Cultura propenderá por una Colombia creativa y responsable de
su memoria, donde todos los
ciudadanos sean capaces de interactuar y cooperar con
oportunidades de creación, disfrute
de las expresiones culturales, en condiciones de equidad y respeto por
la diversidad.
1. Oficina
Asesora de Planeación
2. Grupo de
Divulgación y Prensa
3. Oficina
Jurídica
(Ministerio de
Cultura, 2015)
Grupo de interés representado:
MINISTERIO DE
CULTURA
FUNCION :
Formular, coordinar,
ejecutar y vigilar la política
del Estado en materia cultural.
MATRIZ DE INDENTIFICACION DE ACTORES 4
108
MATRIZ DE IDIENTIFICACION DE ACTORES.
ACTORES INSTITUCIONALES
ACTOR
CARACTERIZACIÓN
(Información relevante
del actor)
RELACIÓN DEL
GRUPO
REPRESENTADO
CON EL
TERRITORIO
PERFIL FUNCIONAL INSTANCIA
COMPOSICIÓN
FUENTE
Nombre del actor relevante: Juan Fernando Cristo
Nació en Cúcuta, Norte de
Santander, el 11 de julio de
1964. Hijo de María
Eugenia Bustos de Cristo y del dirigente liberal, Jorge
Cristo Sahium, asesinado
en 1997 por el ELN. Aunque estudió Derecho
en la Universidad de Los
Andes, su vida ha estado ligada al periodismo, pues,
entre 1988 y 1990, fue
director del diario La Noticia de Cúcuta.
Se desempeñó como
Secretario Privado del
Ministerio de Desarrollo
Económico, Cónsul en
Caracas, Consejero de Comunicaciones de la
Presidencia, Viceministro
de Relaciones Exteriores y Embajador de Colombia en
Grecia. Después del
asesinato de su padre, decidió aspirar al Senado
por el Partido Liberal,
cargo que ocupó durante cuatro periodos
consecutivos.
En esta etapa de su trayectoria política fue
presidente de las
comisiones Sexta y Primera, de la Dirección
Liberal y Presidente del Congreso de la República.
Como Parlamentario
impulsó vitales reformas constitucionales como la
eliminación la Comisión
Es el puente que
acerca a la
ciudadanía con el
Gobierno Nacional, brindando
seguridad, equidad y
respeto por los Derechos Humanos.
Esla entidad que
trabaja por la convivencia de
todos los
colombianos! Promovemos un
cambio desde el
Interior por la
convivencia en paz
en todas las regiones
de Colombia
Articular la formulación, adopción, ejecución y
evaluación de la política pública del Sector
Administrativo del Interior. Diseñar e implementar,
de conformidad con la Ley, las políticas públicas de protección, promoción, respeto y garantía de los
Derechos Humanos, en coordinación con las demás
entidades del Estado competentes, así como la prevención a las violaciones de estos y la observancia
al Derecho Internacional Humanitario, con un
enfoque integral, diferencial y social. Servir de enlace y coordinador de las entidades del orden nacional en
su relación con los entes territoriales y promover la
integración de la Nación con el territorio y el desarrollo territorial a través de la profundización de
la descentralización, ordenamiento y autonomía
territorial, y la coordinación y armonización de las
agendas de los diversos sectores administrativos,
dentro de sus competencias, en procura de este
objetivo. Diseñar en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa
Nacional, el Departamento Nacional de Planeación y
el Departamento Administrativo de la Función Pública y demás entidades competentes, la política
pública para el fortalecimiento y desarrollo de las
capacidades de Gobierno en las administraciones locales ubicadas en zonas fronterizas. Dirigir y
promover las políticas tendientes a la prevención de
factores que atenten contra el orden público interno, así como tomar las medidas para su preservación, en
coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional y
las autoridades departamentales y locales en lo que a estas corresponda. Atender los asuntos políticos y el
ejercicio de los derechos en esta materia, así como
promover la convivencia y la participación ciudadana en la vida y organización social y política de la
Nación. Promover y apoyar la generación de infraestructura para la seguridad y convivencia
ciudadana en las entidades territoriales. Administrar
el Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON), teniendo en cuenta la participación
del Sector Administrativo de Justicia y del Derecho,
Despacho del
ministro
Oficina asesora de planeación
Oficina de control interno
Oficina de información
pública del
interior
Oficina asesora
jurídica
viceministerio
para la participación y la
igualdad de los
derechos
Viceministerio de
relaciones políticas
4. secretaria general
Grupo de interés representado:
MINISTERIO DE INTERIOR
FUNCION: Ejercer, bajo su propia responsabilidad,
las funciones que el Presidente de la República le delegue o la Ley le confiera y vigilar el cumplimiento
de las que por mandato legal se hayan otorgado a
dependencias del Ministerio, así como de las que se hayan delegado en funcionarios del mismo. Participar
en la orientación, coordinación y control de las
entidades adscritas y vinculadas pertenecientes al
sector administrativo del Interior. Dirigir y orientar la
función de planeación del sector administrativo del
Interior. Revisar y aprobar los anteproyectos de presupuestos de inversión y de funcionamiento y el
prospecto de utilización de los recursos del crédito
público que se contemplen para el sector administrativo del Interior. Vigilar el curso de la ejecución del
presupuesto correspondiente al Ministerio. Suscribir en
nombre de la Nación y de conformidad con el Estatuto de Contratación Pública y la Ley Orgánica de
Presupuesto, los contratos relativos a asuntos propios
del Ministerio. Dirigir las funciones de administración de personal conforme a las normas sobre la materia.
Actuar como superior inmediato de los representantes
legales de las demás entidades adscritas o vinculadas, sin perjuicio de la función nominadora. Formular las
políticas sectoriales, planes generales, programas y
proyectos del Sector Administrativo del Interior, bajo la dirección del Presidente de la República.
Representar, en los asuntos de su competencia, al Gobierno Nacional en la ejecución de tratados y
convenios internacionales, de acuerdo con las normas
legales sobre la materia. Organizar y reglamentar áreas funcionales de gestión o grupos de trabajo para la
adecuada atención de asuntos propios de las
dependencias. Crear, conformar y asignar funciones a
109
los órganos de asesoría y coordinación, necesarios para el cumplimiento de la misión del Ministerio, mediante
acto administrativo, dentro del marco de su
competencia. Coordinar la actividad del Ministerio, en lo relacionado con su misión y objetivos, con las
Entidades Públicas del orden nacional y
descentralizado territorialmente y por servicios, el Congreso de la República, la Rama Judicial, la
Registraduría Nacional del Estado Civil y los
organismos de control. Impartir instrucciones a la Policía Nacional para la conservación y el
restablecimiento del orden público interno en aquellos
asuntos cuya dirección no corresponda al Ministro de Defensa Nacional. Planear, coordinar, formular
políticas y trazar directrices que orienten los rumbos
del sistema jurídico del país y del sistema de justicia. Preparar e impulsar proyectos de ley y actos
legislativos ante el Congreso de la República en las
materias relacionadas con los objetivos, misión y funciones del Ministerio, y coordinar la acción del
Gobierno Nacional ante el Congreso de la República,
con el concurso de los demás ministerios. Promover dentro de las instancias respectivas, y con la
colaboración de las entidades estatales competentes, la
cooperación internacional en los asuntos de su competencia. Adelantar los programas especiales que
se requieran en el desarrollo de las funciones que se
determinen. Coordinar y dirigir la acción del Estado
conducente a desarrollar el ‘Programa para la
Reincorporación a la Vida Civil de las Personas y
Grupos Alzados en Armas’, mediante el cual se atenderán las personas y grupos armados y organizados
al margen de la ley que se desmovilicen y hagan
dejación voluntaria de las armas, en coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional.
Nacional de Televisión, CNTV, la Reforma Política
de 2003 y el concurso de
méritos para la elección del Registrador Nacional del
Estado Civil.
Autor y ponente del Estatuto de Ciudadanía
Juvenil, ponente de la Ley
Estatutaria de Partidos y Movimientos Políticos y
del Marco Jurídico para la
Paz. Desde el año 2007, luego de promover la
jornada de solidaridad del
Congreso con las Víctimas de la Violencia, presentó la
Ley de Víctimas, la cual
fue sancionada en el año 2011, con el fin de
garantizar la verdad,
justicia y reparación integral de las víctimas del
conflicto.
Durante su periodo como Presidente del Congreso,
se aprobaron iniciativas
como la prórroga del 4 por
mil, el Referendo por la
Paz y el proyecto de ley
contra conductores ebrios. El presidente Juan Manuel
Santos lo designó como
Ministro del Interior, por tratarse de “una persona
que maneja los asuntos del
Congreso con mucha habilidad” y ser artífice de
la Ley de Víctimas, entre
otros. Es autor de libros como ‘A
un Año del Cambio’ y ‘La
Guerra por las Víctimas’ y
columnista del diario La
Opinión de Cúcuta desde 1998.
según los proyectos que se presenten y de conformidad con la política que en materia de
seguridad y convivencia defina el Gobierno Nacional.
Administrar el Fondo para la Participación y Fortalecimiento de la Democracia, el Fondo de
Protección de Justicia y el Fondo Nacional de Lucha
contra la Trata de Personas. Formular y hacer seguimiento a la política de los grupos étnicos para la
materialización de sus derechos, con un enfoque
integral, diferencial y social, en coordinación con las demás entidades competentes del Estado. Formular y
hacer seguimiento a la política de atención a la
población Lesbiana, Gay, Bisexual, Transexual e Intersexual (LGBTI), para la materialización de sus
derechos, con un enfoque integral, diferencial y social
en coordinación con las demás entidades competentes del Estado. Formular y hacer seguimiento a la política
de atención a la población en situación de
vulnerabilidad, para la materialización de sus derechos, con un enfoque integral, diferencial y
social, en coordinación con las demás entidades
competentes del Estado. Coordinar, con el concurso de los demás ministerios, la agenda legislativa del
Gobierno Nacional en el Congreso de la República y
las demás entidades del orden nacional. Servir de órgano de enlace, comunicación y coordinación entre
la Rama Ejecutiva y la Rama Legislativa. Coordinar
con las demás autoridades competentes el diseño e
implementación de herramientas y mecanismos
eficientes en materia electoral, que busquen
garantizar el normal desarrollo de los procesos electorales. Formular y promover las políticas
públicas relacionadas con la protección, promoción y
difusión del derecho de autor y los derechos conexos. Asimismo, recomendar la adhesión y procurar la
ratificación y aplicación de las convenciones
internacionales suscritas por el Estado Colombiano en la materia. Incentivar alianzas estratégicas con otros
gobiernos u organismos de carácter internacional, que
faciliten e impulsen el logro de los objetivos del Sector Administrativo del Interior, en coordinación
con las entidades estatales
110
MATRIZ DE INDENTIFICACION DE ACTORES 5
MATRIZ DE IDIENTIFICACION DE ACTORES.
ACTORES INSTITUCIONALES
ACTOR
CARACTERIZACIÓN
(Información relevante del actor)
RELACIÓN DEL GRUPO
REPRESENTADO CON
EL TERRITORIO
PERFIL FUNCIONAL INSTANCIA
COMPOSICIÓN
FUENTE
Nombre del actor
relevante: María Ángela
Holguín Cuéllar
Politóloga con amplia experiencia en
política exterior colombiana, María
Ángela Holguín Cuéllar cuenta con dos
décadas de trayectoria en los sectores
público y privado. Ha ocupado altos
cargos en el Gobierno de Colombia, en
instituciones como la Presidencia de la
República, el Ministerio de Relaciones
Exteriores y la Procuraduría General de
la Nación.
Tiene gran dominio en los temas de
política y gestión, campos en los cuales,
su compromiso y responsabilidad, han
producido resultados exitosos.
Como diplomática calificada, María
Ángela Holguín Cuéllar posee vasta
experiencia multilateral en la
coordinación de conferencias y
cumbres. Como Embajadora y
Representante Permanente de
Colombia ante las Naciones Unidas, ha
demostrado un alto nivel de
compromiso y respeto por los procesos
multilaterales.
El Ministerio de Relaciones
Exteriores es el organismo rector del Sector
Administrativo de
Relaciones Exteriores y le corresponde, bajo la
dirección del Presidente de
la República, formular, planear, coordinar, ejecutar
y evaluar la política exterior
de Colombia, las relaciones
internacionales y administrar
el servicio exterior de la
República
El Ministerio de Relaciones Exteriores
tendrá, además de las funciones que
determina el Artículo 59 de la Ley 489 de
1998, las siguientes:
1. Formular y proponer al Presidente de la
República la política exterior del Estado
colombiano.
2. Ejecutar, de manera directa o a través de
las distintas entidades y organismos del
Estado, la política exterior del Estado
colombiano.
3. Evaluar la política exterior del Estado
colombiano y proponer los ajustes y
modificaciones que correspondan.
4. Mantener, en atención a las necesidades e
intereses del país, relaciones de todo orden
con los demás Estados y Organismos
Internacionales, directamente o por medio
de las Misiones Diplomáticas y Oficinas
Consulares colombianas acreditadas en el
exterior.
5. Promover y salvaguardar los intereses del
país y de sus nacionales ante los demás
Estados, organismos y mecanismos
Internacionales y ante la Comunidad
Internacional.
1. Despacho Ministra
2. Despacho
Viceministra
3. Despacho de asuntos
multilaterales
4.Despacho secretario
General
(Ministerio de
Relaciones Exteriores,
2015)
Grupo de interés
representado:
MINISTERIO DE
RELACIONES
EXTERIORES
FUNCION :
Le corresponde, bajo la
dirección del Presidente de la República, formular,
planear, coordinar, ejecutar
y evaluar la política exterior de Colombia, las
relaciones internacionales
y administrar el servicio exterior de la República
111
La Ministra de Relaciones Exteriores es
Politóloga de la Facultad de Ciencias
Políticas de la Universidad de Los
Andes (1988), con Especialización en
Diplomacia y Estrategia del Centre
d´Études Diplomatiques et Stratégiques
– CEDS de París, Francia (1999).
Realizó una especialización en Gestión
Pública e Instituciones Administrativas
en la Universidad de Los Andes (1992),
donde también adelantó el Curso de
Alto Gobierno, en el año 2007.
Así mismo, ha hecho estudios sobre
Teoría y Herramientas en Procesos de
Negociación, en la Universidad de
Harvard (1997), y sobre Civilización y
Literatura Francesa en Université Paris
– Sorbonne, en 1983.
Como parte de su amplia experiencia
profesional en el campo diplomático,
María Ángela Holguín Cuéllar ha sido
también Viceministra de Relaciones
Exteriores de Colombia y Ministra
Encargada (1998), Embajadora y
Representante Permanente de
Colombia ante las Naciones Unidas
(2004 – 2006), Embajadora de
Colombia en Venezuela (2002 – 2004)
y Primer Secretario, encargada de los
Asuntos Comerciales, de la Embajada
de Colombia en Francia (1992).
Adicionalmente, fue Coordinadora para
Colombia en la Asamblea del BID y en
la Corporación Interamericana de
Inversiones (1997), y Directora
Ejecutiva de la Conferencia Regional
para la Infancia Latinoamericana y del
Caribe (1997).
6. Ejercer como interlocutor, coordinador y
enlace para todas las gestiones oficiales
que se adelanten entre las entidades
gubernamentales y los gobiernos de otros
países, así como con los organismos y
mecanismos internacionales.
7. Participar en la formulación, orientación,
integración y armonización de las políticas
y programas sectoriales que competen a
las diferentes entidades del Estado, cuando
tengan relación con la política exterior.
8. Articular las acciones de las distintas
entidades del Estado en todos sus niveles y
de los particulares cuando sea del caso, en
lo que concierne a las relaciones
internacionales y la política exterior del
país, en los ámbitos de la política, la
seguridad, la economía y el comercio, el
desarrollo social, la cultura, el medio
ambiente, los derechos humanos, el
derecho internacional humanitario, la
ciencia y la tecnología y la cooperación
internacional, con fundamento en
principios de equidad, reciprocidad y
conveniencia nacional.
9. Otorgar el concepto previo para la
negociación y celebración de tratados,
acuerdos y convenios internacionales, sin
perjuicio de las atribuciones
constitucionales del Jefe de Estado en la
dirección de las relaciones internacionales.
10. Participar en los procesos de negociación,
con la cooperación de otras entidades
nacionales o territoriales, si es del caso, de
instrumentos internacionales, así como
hacer su seguimiento, evaluar sus
resultados y verificar de manera
permanente su cumplimiento.
11. Promover y fortalecer la capacidad
negociadora de Colombia en relación con
112
Entre 1995 y 1997, ejerció como
Secretaria Técnica de la Conferencia
Ministerial, de la Reunión Ministerial
sobre Asuntos Culturales y de la XI
Cumbre de Jefes de Estado y de
Gobierno, certámenes del Movimiento
de Países no Alineados.
Se desempeñó como Directora
Regional para América Latina de
Worldview International Foundation
entre 1999 y 2002, mientras que en la
Corporación Andina de Fomento
(CAF) fue Asesora del Presidente en
2006 y Representante en Argentina
entre 2008 y 2010. Este fue su último
cargo antes de ser designada por el
Presidente Juan Manuel Santos como
Canciller de la República.
Holguín también ha sido Jefe de
Gabinete del Vicepresidente de la
República (2006 – 2008), Coordinadora
del Comité de Asuntos Internacionales
en la Campaña Presidencial de Álvaro
Uribe Vélez (2001 – 2002),
Subdirectora del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la
República (1996), Secretaria Privada de
la Procuraduría General de la Nación
(1991) y Directora del Programa de
Fortalecimiento de la Democracia de la
Universidad de Los Andes, en 1988.
los demás sujetos de Derecho
Internacional.
12. Participar en la formulación y en la
ejecución de la política de comercio
exterior y de integración comercial en
todos sus aspectos.
13. Orientar y formular la política de
cooperación internacional en sus
diferentes modalidades y evaluar su
ejecución.
14. Conformar y definir, en consulta con las
autoridades sectoriales correspondientes,
el nivel de las delegaciones que
representen al país en las reuniones
internacionales de carácter bilateral y
multilateral.
15. Presidir las delegaciones que representen
al país, cuando así lo disponga el
Presidente de la República, en las
reuniones de carácter bilateral y
multilateral o encomendar dicha función,
cuando a ello hubiere lugar, a otras
entidades.
16. Administrar el Servicio Exterior de la
República y adoptar las medidas
necesarias para que opere de conformidad
con los lineamientos y prioridades de la
política exterior.
17. Formular, orientar, ejecutar y evaluar la
política migratoria de Colombia y otorgar
las autorizaciones de ingreso de
extranjeros al país, en coordinación con el
Departamento Administrativo de
Seguridad.
18. Formular, orientar, ejecutar y evaluar la
política exterior en materia de integración
y desarrollo fronterizo, en coordinación
con las autoridades sectoriales del orden
nacional y territorial, cuando sea del caso.
113
19. Impulsar, articular, financiar o cofinanciar
la implementación de programas y
proyectos de desarrollo e integración
fronteriza en coordinación con las
autoridades sectoriales del orden nacional,
las entidades territoriales y los organismos
de cooperación internacional competentes
para la ejecución de los mismos, de
acuerdo con lo que determine el Plan
Nacional de Desarrollo.
20. Formular y ejecutar actividades de
protección de los derechos de los
colombianos en el exterior y ejercer las
acciones pertinentes ante las autoridades
del país donde se encuentren, de
conformidad con los principios y normas
del Derecho Internacional.
21. Aplicar el régimen de privilegios e
inmunidades a los cuales se ha
comprometido el Estado colombiano.
22. Tramitar la naturalización de extranjeros y
aplicar el régimen legal de nacionalidad en
lo pertinente.
23. Expedir los pasaportes y autorizar
mediante convenios con otras entidades
públicas, su expedición, cuando lo estime
necesario.
24. Actuar como Secretaría Técnica de la
Comisión Asesora de Relaciones
Exteriores.
25. Ejercer las demás atribuciones que le
confiera la ley o le delegue el Presidente
de la República.
114
MATRIZ DE INDENTIFICACION DE ACTORES 6
MATRIZ DE IDIENTIFICACION DE ACTORES.
ACTORES INSTITUCIONALES
ACTOR
CARACTERIZA
CIÓN
(Información
relevante del
actor)
RELACIÓN DEL
GRUPO
REPRESENTADO
CON EL
TERRITORIO
PERFIL FUNCIONAL INSTANCIA
COMPOSICIÓN
FUENTE
Nombre del actor relevante: Aurelio Iragorri Valencial
Es abogado de la
Universidad
Javeriana y cuenta
con amplia
trayectoria al
servicio del Estado
y la empresa
privada, en donde
ha cumplido
importantes
responsabilidades.
Nació en Popayán
en 1966 y antes de
pasar a la Cartera
de Agricultura fue
Ministro del
Interior donde se
caracterizó por
manejar con
buenos resultados
asuntos esenciales
como el campo, el
fortalecimiento de
Entidad líder en la formulación, gestión y
coordinación de las
políticas agropecuarias,
pesqueras, forestales y
de desarrollo social rural, que propendan
por su armonización
con la política macroeconómica y por
una ejecución
descentralizada, concertada y
participativa.
1. Formular las políticas para el desarrollo del Sector
Agropecuario, Pesquero y de
Desarrollo Rural.
2. Orientar y dirigir la formulación
de los planes, programas y
proyectos que requiere el
desarrollo del sector
Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, y en general de
las áreas rurales del país.
3. Presentar los planes y programas
del sector que deban ser
incorporados al Plan Nacional de Desarrollo.
4. Preparar y presentar al Congreso
de la República, de acuerdo con la agenda legislativa del Gobierno
Nacional, los proyectos de ley
relacionados con las funciones del
sector.
5. Definir, en coordinación con los Ministerios de Relaciones
Exteriores y de Comercio Exterior,
la negociación o convenios internacionales del sector.
6. Crear, organizar, conformar y asignar responsabilidades a grupos
internos de trabajo, mediante
Despacho Ministro
Oficina de tecnologías de
la información y las comunicaciones
Oficina de control interno
Oficina asesora jurídica
Oficina de asuntos
internacionales
Oficina asesora de
planeación y prospectiva
Secretaria general
Subdirección Administrativa
Subdirección financiera
Despacho Viceministro de
asuntos agropecuarios
(Ministerio de
Agricultura,
2015)
Grupo de interés representado:
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO
RURAL
FUNCION: 1. Formular, dirigir, coordinar y establecer los lineamientos para evaluar la política relacionada con el
desarrollo rural, agropecuario, pecuario, pesquero, acuícola
y forestal en los temas de competencia del Ministerio.
1. Formular y dirigir la evaluación de las políticas, planes,
programas y proyectos de desarrollo rural, agropecuarios y pesqueros, fortaleciendo los procesos de participación
ciudadana y planificación del territorio, bajo los
lineamientos de la política macroeconómica.
2. Formular y dirigir la política de desarrollo rural con enfoque
territorial en los temas relacionados con el ordenamiento
social de la propiedad rural y uso productivo del suelo,
capacidades productivas y generación de ingresos y gestión
de bienes públicos rurales.
3. Formular, coordinar, adoptar y establecer los lineamientos
para realizar el seguimiento a la política de restitución de tierras despojadas.
4. Formular y dirigir el seguimiento a la política agropecuaria,
pesquera y de desarrollo rural para la atención de la población en situación de vulnerabilidad con el objetivo de
contribuir a la materialización de sus derechos con enfoque
115
integral y diferencial, en coordinación con las demás entidades competentes del Estado.
5. Formular, coordinar, adoptar y dirigir el seguimiento a la política de desarrollo
agropecuario, en lo relacionado con las cadenas
agropecuarias, innovación tecnológica, protección del riesgo sanitario y el financiamiento sectorial.
6. Dirigir el diseño de instrumentos y estrategias en materia de
investigación, desarrollo tecnológico e innovación para el sector agropecuario.
7. Formular, coordinar e implementar la política para prevenir, corregir y mitigar el riesgo agropecuario.
8. Formular, coordinar y dirigir la evatuación de las políticas en materia de prevención, vigilancia y control de los riesgos
sanitarios, biológicos y químicos para las especies animales
y vegetales y la investigación aplicada, con el fin de proteger la salud de las personas, los animales y las plantas y asegurar
las condiciones del comercio.
9. Participar en la definición de la política macroeconómica y
social y en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo,
con el objeto de lograr el mejoramiento de las condiciones de vida de los pobladores rurales y el
crecimiento económico del Sector Agropecuario, Pesquero
y de Desarrollo Rural.
10. Velar por la efectividad y cumplimiento de los fines que
para el Sector consagran los artículos 64 a 66 de la Constitución Política, con sujeción a las normas contenidas
en las leyes que los desarrollan.
11. Coordinar con los Ministerios y el Departamento Nacional
de Planeación la programación y definición de estrategias
que propicien la inversión en el Sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural.
12. Fijar la política de cultivos forestales productores y
protectores con fines comerciales, de especies introducidas o autóctonas, en coordinación con las autoridades ambientales
y de recursos naturales renovables.
13. Participar, con las autoridades competentes, en la
formulación y adopción de la política de aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales renovables y los recursos hídricos.
14. Dirigir el diseño, la implementación y la promoción de instrumentos, incentivos y estímulos para la producción y
comercialización agropecuaria, a través del financiamiento,
la inversión, la capitalización y el fomento a la producción.
la democracia, la
seguridad, la
justicia, las
relaciones
internacionales y
la convivencia.
En la
administración del
Presidente Juan
Manuel Santos
también fue
viceministro del
Interior, Consejero
Presidencial para
Asuntos Políticos
y Secretario
General de la
Presidencia.
El país lo reconoce
como un líder
sereno, demócrata,
honesto,
comprometido y
sensible con las
comunidades en
las regiones,
conocedor del
mundo político,
bien relacionado
con la dirigencia
partidista y
virtuoso en el acto
de negociar los
conflictos
sociales.
Ha sido, además,
actor principal en
la solución de las
resolución, teniendo en cuenta la estructura interna, las necesidades
del servicio y los planes y
programas trazados por el Ministerio, y designar al
funcionario que actuará como
coordinador de cada grupo.
7. Crear, conformar y asignar
funciones, mediante resolución, a los órganos de asesoría y
coordinación que considere
necesarios para el desarrollo de sus funciones.
8. Dirigir y coordinar lo relacionado
con el Control Interno Disciplinario.
9. Las demás previstas en la ley y las que por su naturaleza le
correspondan o le sean delegadas
por el Presidente de la República.
Despacho viceministro de Desarrollo Rural
116
15. Establecer los lineamientos para realizar el seguimiento a la política de libertad vigilada y control de precios de los
insumos agrícolas, pecuarios, acuícolas y forestales.
16. Formular y adoptar, en coordinación con el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, la política de comercio
exterior de la producción agropecuaria, forestal, pesquera y acuícola nacional.
17. Formular y adoptar la política para las negociaciones
comerciales internacionales y demás negociaciones del país en los temas relacionados con el sector agropecuario.
18. Coordinar con el DANE y otras entidades la producción de la información sectorial y realizar el análisis para la toma de
decisiones.
19. Contribuir al desarrollo de las asociaciones campesinas y
las organizaciones gremiales agropecuarias, así como la
cooperación entre éstas y las entidades del Sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural.
20. Administrar el Fondo de Fomento Agropecuario.
21. Formular estrategias que propendan por el desarrollo
sostenible del territorio rural.
22. Impartir los lineamientos para apoyar y coordinar la
cooperación y asistencia técnica a las entidades sectoriales
en las áreas de su competencia.
23. Coordinar con los demás Ministerios y entidades de
Gobierno involucradas, el desarrollo de la estrategia de Cooperación Internacional del sector.
24. Impartir los lineamientos para asesorar a las entidades territoriales en la articulación de la política agropecuaria y
de desarrollo rural en los planes de desarrollo.
25. Propiciar, participar y coordinar con las entidades
pertinentes, los escenarios de participación ciudadana en los
temas de competencia del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
26. Preparar y presentar al Congreso de la República, de acuerdo con la agenda
legislativa del Gobierno Nacional, los proyectos de ley
relacionados con las funciones del sector y los informes de gestión anuales.
27. Definir las políticas de gestión de la información del Sector
Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural.
28. Nombrar y remover los funcionarios del Ministerio y distribuir los empleos de su planta de personal, con
excepción de los empleos cuya nominación esté atribuida a
otra autoridad.
protestas sociales
vividas en los
últimos meses,
que han sido
entendidas por el
Presidente Santos
como una
oportunidad para
fortalecer la
democracia y
corregir fallas
estructurales del
modelo
económico y de
representación
política.
Para el nuevo
Ministro resulta
fundamental la
creación de
políticas que
generen equidad
en el sector rural,
pues es allí donde
están
especialmente las
oportunidades
para construir la
paz, y transformar
el campo
colombiano.
117
29. Dirigir y orientar las comunicaciones estratégicas del Ministerio.
30. Ejercer la función de control disciplinario interno en los términos de la ley 734 de 2002 o en las normas que lo
modifiquen.
31. Dirigir la implementación, mantener y mejorar el Sistema Integrado de Gestión del Ministerio.
32. Las demas previstas en la ley y las que por su naturaleza le correspondan o le sean delegadas por el Presidente de la
República
MATRIZ DE INDENTIFICACION DE ACTORES 7
MATRIZ DE IDIENTIFICACION DE ACTORES.
ACTORES INSTITUCIONALES
ACTOR:
Yesid Reyes Alvarado
CARACTERIZACIÓN
(Información relevante del actor)
RELACIÓN DEL
GRUPO
REPRESENTADO
CON EL
TERRITORIO
PERFIL FUNCIONAL INSTANCIA
COMPOSICIÓN
FUENTE
Nombre del actor relevante:
MINISTERIO DE
JUSTICIA
Es abogado de la Universidad
Externado de Colombia (1980), en la
que se especializó en Derecho Penal y
Especialista en Criminología. Así
mismo es Magíster en Ciencias
Penales, Criminológicas y
Criminalísticas de la Universidad
Externado de Colombia.
Con más de 25 años de experiencia en
materia jurídica, particularmente en el
área de derecho penal, es catedrático
de la Universidad de Los Andes desde
2006.
El Ministerio de
Justicia y del
Derecho se dedica
formular, adoptar,
dirigir, coordinar y
ejecutar la política
pública en materia de
ordenamiento
jurídico, defensa y
seguridad jurídica,
acceso a la justicia
formal y alternativa,
lucha contra la
criminalidad,
mecanismos
De acuerdo con el artículo 2 del decreto 2897 de 2011, además
de las funciones definidas en la Constitución Política y en el
artículo 59 de la Ley 489 de 1998 y en las demás leyes, el
Ministerio de Justicia y del Derecho cumplirá las siguientes
funciones:
1. Articular la formulación, adopción, ejecución y evaluación de
la política pública del Sector Administrativo de Justicia y del
Derecho.
2. Coordinar las relaciones entre la Rama Ejecutiva, la Rama
Judicial, el Ministerio Público y los organismos de control para
el desarrollo y consolidación de la política pública en materia de
justicia y del derecho.
3. Formular, adoptar, promover y coordinar las políticas y
estrategias en: racionalización, reforma y defensa del
ordenamiento jurídico; gestión jurídica pública del derecho;
Despacho del Ministro
Oficina de asuntos
internacionales
Oficina de información de
justicia
Oficina asesora de
planeación
Oficina de control interno
Oficina asesora de jurídica
Comité sectorial de desarrollo administrativo
(Ministeri
o de
Justicia,
2015)
Grupo de interés
representado:
FUNCION : debe dirigir y
formular, adoptar, dirigir,
coordinar y ejecutar la política pública en materia
de ordenamiento jurídico,
defensa y seguridad jurídica, acceso a la justicia
formal y alternativa, lucha contra la criminalidad,
mecanismos judiciales
transicionales, prevención y control del delito,
asuntos carcelarios y
118
penitenciarios, promoción de la cultura de la
legalidad, la concordia y el
respeto a los derechos, dentro del Sector Sector
Administrativo de Justicia
y del Derecho, Coordinando las relaciones
entre la Rama Ejecutiva, la
Rama Judicial, el Ministerio Público y los
organismos de control para
el desarrollo y consolidación de la política
pública en materia de
justicia y del derecho
Ha sido Conjuez de la Sala Penal de la
Corte Suprema de Justicia, profesor
invitado en la Universidad Autónoma
de Madrid (1992-1994), becario de la
Fundación Alexander Humboldt
(1990-1992) y columnista del diario El
Espectador.
Autor de La Prueba Indiciaria (1984),
La Prueba Testimonial (1988), El
Concurso de Delitos
(1990), Imputación Objetiva (1994),
Bien Jurídico y Derecho Disciplinario
(1998).
Socio de la firma Chemás Reyes
Roldán & Asociados, Yesid Reyes
Alvarado domina la lengua alemana.
judiciales
transicionales,
prevención y control
del delito, asuntos
carcelarios y
penitenciarios,
promoción de la
cultura de la
legalidad, la
concordia y el
respeto a los
derechos, dentro del
Sector Sector
Administrativo de
Justicia y del
Derecho,
Coordinando las
relaciones entre la
Rama Ejecutiva, la
Rama Judicial, el
Ministerio Público y
los organismos de
control para el
desarrollo y
consolidación de la
política pública en
materia de justicia y
del derecho.
ejercicio de la profesión de abogado; socialización de la
información jurídica; justicia transicional y restaurativa; y las
que faciliten el acceso a la justicia formal y a la alternativa, en el
marco del mandato contenido en las normas vigentes, al igual
que las de lucha contra las drogas ilícitas, lavado de activos,
enriquecimiento ilícito, financiamiento del terrorismo,
administración de bienes incautados y acciones de extinción de
dominio.
4. Diseñar y coordinar las políticas para el ejercicio de la función
jurisdiccional a cargo de autoridades administrativas y
particulares, de conformidad con lo que disponga la ley, orientar
la presentación de resultados y proponer el mejoramiento de las
mismas
5. Ejercer excepcionalmente en los términos que señalan el
inciso tercero del artículo 116 de la Constitución Política y en las
materias precisas determinadas en la ley, la función
jurisdiccional del Ministerio de Justicia y del Derecho.
6. Diseñar, hacer seguimiento y evaluar la política en materia
criminal, carcelaria y penitenciaria, en la prevención del delito y
las acciones contra la criminalidad organizada.
7. Promover las normas legales y reglamentarias, la protección
jurídica, garantía y restablecimiento de los derechos de niños,
niñas y adolescentes, en coordinación con el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– bajo los principios de
interés superior, protección integral y enfoque diferencial, y las
demás entidades competentes.
8. Diseñar la política y promover los instrumentos aplicables
dentro del sistema de responsabilidad penal para adolescentes,
hacer seguimiento y evaluar su aplicación atendiendo su carácter
especializado, su finalidad restaurativa y los acuerdos
internacionales en la materia.
9. Participar en el diseño de las políticas relacionadas con la
protección de la fe pública en materia de notariado y registro.
10. Gestionar alianzas con los organismos de cooperación
nacional e internacional para el fortalecimiento del Sector
Administrativo de Justicia y del Derecho.
Comisión de personal
Comité de coordinación
del sistema de control interno
Comité de gerencia
Grupo de asuntos
legislativos
Grupo de comunicaciones
Secretaria general
Subdirección de sistemas
Viceministro de la
promoción de la Justicia
Dirección de métodos
alternativos de solución de conflictos
Dirección de justicia formal y jurisdiccional
Dirección de desarrollo del derecho y del
ordenamiento jurídico
Viceministro de política
criminal y justicia
restaurativa
Dirección de justicia
transicional
Dirección de política
criminal y penitenciaria
Dirección de política
contra las drogas y actividades relacionadas
119
11. Administrar los Fondos de Infraestructura Carcelaria y de
Lucha contra las Drogas.
12. Apoyar ante las demás instancias de la Rama Ejecutiva, a la
Rama Judicial del Poder Público en la solución de las
necesidades para su funcionamiento.
13. Las demás funciones asignadas por la Constitución y la ley.
Grupo de apoyo de la secretaria técnica del
concejo nacional de
estupefacientes
MATRIZ DE INDENTIFICACION DE ACTORES 8
MATRIZ DE IDIENTIFICACION DE ACTORES.
ACTORES INSTITUCIONALES
ACTOR:
CARACTERIZACIÓN
(Información relevante del actor)
RELACIÓN DEL
GRUPO
REPRESENTADO
CON EL
TERRITORIO
PERFIL FUNCIONAL
INSTANCIA
COMPOSICIÓN
FUENTE
Nombre del actor relevante:
Mauricio Cárdenas
Santamaría
Desde septiembre de 2012 ministro de Hacienda y Crédito Público de
la República de Colombia, luego de haber ocupado la cartera de
Minas y Energía durante la Administración Santos. Entre 2008 y
2011 fue Director de la Iniciativa para América Latina en el Instituto
Brookings, uno de los centros de investigación económica más
prestigiosos de los Estados Unidos.
Es economista y magister en economía de la Universidad de Los
Andes. En 1991 se graduó como Ph.D. en economía de la
Universidad de California en Berkeley (EEUU), donde
posteriormente fue invitado como orador principal en la ceremonia
de graduación en mayo de 2000. Realizó sus estudios de doctorado
con el apoyo de la beca “Lauchlin Currie” otorgada por el Banco de
la República.
Desde 1992 ha dictado cursos de pregrado y posgrado en la
Universidad de Los Andes. Ha sido profesor e investigador visitante
coordina la política
macroeconómica; define, formula y
ejecuta la política
fiscal del país; incide en los sectores
económicos,
gubernamentales y políticos; y gestiona
los recursos públicos
de la Nación, desde la perspectiva
presupuestal y
financiera, mediante
actuaciones
transparentes, personal
competente y procesos eficientes, con el fin
de propiciar: Las
condiciones para el crecimiento
económico sostenible,
y la estabilidad y solidez de la economía
y del sistema
financiero; en pro del
Definir, formular y ejecutar
la política económica del país, los planes generales,
programas y proyectos
relacionados con ésta, así como la preparación de las
leyes, y decretos; la
regulación, en materia fiscal, tributaria, aduanera, de
crédito público, presupuestal,
de tesorería, cooperativa, financiera, cambiaria,
monetaria y crediticia, sin
perjuicio de las atribuciones
conferidas a la Junta
Directiva del Banco de la
República y las que ejerza, a través de organismos
adscritos o vinculados para el
ejercicio de las actividades que correspondan a la
intervención del estado, en
las actividades financieras, bursátil, aseguradora y
cualquiera otra relacionada
con el manejo,
Despacho del Ministro
Oficina asesora de jurídica
Despacho del viceministro técnico
Secretaria general
Dirección general del
presupuesto público nacional
Dirección general del crédito publico y del tesoro
nacional
Dirección general de apoyo
fiscal
(Ministerio de
Hcienda y
Credito
publico, 2015)
Grupo de interés
representado:
MINISTERIO DE
HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO
FUNCION : dirigir ,
formular y ejecutar la
política económica del país, los planes generales,
programas y proyectos
relacionados con ésta, así como la preparación de las
leyes, y decretos; la
regulación, en materia fiscal, tributaria, aduanera,
de crédito público,
120
presupuestal, de tesorería, cooperativa, financiera,
cambiaria, monetaria y
crediticia, sin perjuicio de las atribuciones conferidas
a la Junta Directiva del
Banco de la República y las que ejerza, a través de
organismos adscritos o
vinculados para el ejercicio de las actividades
que correspondan a la
intervención del estado, en las actividades financieras,
bursátil, aseguradora y
cualquiera otra relacionada con el manejo,
aprovechamiento e
inversión de los recursos del ahorro público y el
tesoro nacional, de
conformidad con la Constitución Política y la
Ley.
de varias universidades, entre las cuales se incluye la Universidad de
Harvard.
Ha publicado una gran cantidad de libros y artículos académicos
sobre múltiples temas relacionados con la economía colombiana. Su
investigación abarca los campos de macroeconomía, crecimiento
económico, mercados financieros, problemas laborales, desigualdad
y pobreza, así como el impacto de las instituciones sobre la
economía. Además de su trayectoria académica, ha ocupado cargos
de responsabilidad en los sectores público y privado del país. En
particular, ha sido Director Ejecutivo de la Fundación para la
Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo), Gerente General
de la Empresa de Energía de Bogotá, Ministro de Desarrollo
Económico, Ministro de Transporte y Director del Departamento
Nacional de Planeación.
Entre 2000 y 2003 fue presidente de Titularizadora Colombiana.
También ha sido columnista del diario El Tiempo.
En 1999 fue escogido por CNN y la revista Time como líder
latinoamericano para el nuevo milenio. Entre 2008 y 2008 fue
presidente de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de
Economía (LACEA.
fortalecimiento de las instituciones, el apoyo
a la descentralización
y el bienestar social de los ciudadanos.
aprovechamiento e inversión de los recursos del ahorro
público y el tesoro nacional,
de conformidad con la Constitución Política y la
Ley.
Dirección general de política macroeconómia
Dirección general de regulación económica y
social
Dirección administrativa
Dirección de tecnología
MATRIZ DE INDENTIFICACION DE ACTORES 9
MATRIZ DE IDIENTIFICACION DE ACTORES.
ACTORES INSTITUCIONALES
ACTOR
CARACTERIZACIÓN
(Información relevante del
actor)
RELACIÓN DEL
GRUPO
REPRESENTADO
CON EL
TERRITORIO
PERFIL FUNCIONAL INSTANCIA
COMPOSICIÓN
FUENTE
Nombre del actor relevante:
EL MINISTRO DE MINAS Y
ENERGÍA, TOMÁS
GONZÁLEZ ESTRADA,
El Ministerio de Minas y
Energía es una entidad pública de carácter
Articular la formulación, adopción e implementación de la
política pública del sector administrativo de minas y energía
121
Tomás González Estrada
NACIÓ EN BOGOTÁ, ES
ECONOMISTA DE LA
UNIVERSIDAD DE LOS
ANDES, MÁSTER EN
CIENCIAS DE LA ECONOMÍA
Y PHD EN ECONOMÍA DE LA
UNIVERSIDAD DE LONDRES. CUENTA CON MÁS DE 15
AÑOS DE EXPERIENCIA EN
LOS SECTORES PÚBLICO Y
PRIVADO. EN EL SECTOR
PÚBLICO FUE
VICEMINISTRO DE MINAS Y
ENERGÍA ENTRE 2010 Y
2013, TIEMPO DURANTE EL
CUAL PRESIDIÓ LA
COMISIÓN DE REGULACIÓN
DE ENERGÍA Y GAS (CREG),
ESTUVO AL FRENTE DE LA
CREACIÓN DE LA AGENCIA
NACIONAL DE MINERÍA
(ANM), LA
REORGANIZACIÓN DEL
SECTOR DE GAS Y LA
REESTRUCTURACIÓN DE
LAS ENTIDADES ESTATALES
RELACIONADAS CON LA
ACTIVIDAD MINERO
ENERGÉTICA.
EN EL SECTOR PÚBLICO
TAMBIÉN SE HA
DESEMPEÑADO COMO
CONSEJERO ECONÓMICO
DEL PRESIDENTE ANDRÉS
PASTRANA Y SUBDIRECTOR
DEL DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACIÓN
(DNP). HA SIDO
SECRETARIO TÉCNICO DEL
CONSEJO NACIONAL DE
POLÍTICA ECONÓMICA Y
SOCIAL (CONPES) Y
MIEMBRO DE LA JUNTA
DIRECTIVA DE DIVERSAS
ORGANIZACIONES
PÚBLICAS Y PRIVADAS —
INCLUIDAS ISA, ISAGEN Y
HOCOL.
TRABAJÓ PARA BP
COLOMBIA COMO GERENTE
DE ASUNTOS EXTERNOS Y
nacional del nivel superior ejecutivo
central, cuya
responsabilidad es la de administrar los recursos
naturales no renovables
del país asegurando su mejor y mayor
utilización; la
orientación en el uso y regulación de los
mismos, garantizando su
abastecimiento y velando por la protección de los
recursos naturales del
medio ambiente con el fin de garantizar su
conservación,
restauración y el desarrollo sostenible, de
conformidad con los
criterios de evaluación, seguimiento y manejo
ambiental, señalados por
la autoridad ambiental competente
Formular, adoptar, dirigir y coordinar la política nacional en materia de exploración, explotación, transporte, refinación,
procesamiento, beneficio, transformación y distribución de
minerales, hidrocarburos y biocombustibles Formular, adoptar, dirigir y coordinar la política en materia de
generación, transmisión, distribución y comercialización de
energía eléctrica Formular, adoptar, dirigir y coordinar la política en materia de
uso racional de energía y el desarrollo de fuentes alternas de
energía y promover, organizar y asegurar el desarrollo de los programas de uso racional y eficiente de energía
Formular, adoptar, dirigir y coordinar la política sobre las
actividades relacionadas con el aprovechamiento integral de los recursos naturales no renovables y de la totalidad de las fuentes
energéticas del país.
Formular políticas orientadas a que las actividades que desarrollen las empresas del sector minero-energético garanticen
el desarrollo sostenible de los recursos naturales no renovables.
Adoptar los planes de desarrollo del sector minero-energético del país en concordancia con los planes nacionales de desarrollo y
con la política del Gobierno Nacional.
Expedir los reglamentos del sector para la exploración, explotación, transporte, refinación, distribución, procesamiento,
beneficio, comercialización y exportación de recursos naturales
no renovables y biocombustibles. Expedir los reglamentos técnicos sobre producción, transporte,
distribución y comercialización de energía eléctrica y gas
combustible, sus usos y aplicaciones.
Expedir la regulación para el transporte de crudos por
oleoductos.
Adoptar los planes generales de expansión de generación de energía y de la red de interconexión y establecer los criterios
para el planeamiento de la transmisión y distribución.
Formular la política nacional en materia de energía nuclear y de materiales radiactivos.
Formular la política en materia de expansión del servicio de
energía eléctrica en las Zonas No Interconectadas -ZNI. Adoptar los planes de expansión de la cobertura y
abastecimiento de gas combustible.
Fiscalizar la exploración y explotación de los yacimientos, directamente o por la entidad a quien delegue.
Realizar las actividades relacionadas con el conocimiento y la
cartografía del subsuelo directamente o por la entidad a quien
delegue.
Divulgar las políticas, planes y programas del sector. Definir precios y tarifas de la gasolina, diesel (ACPM),
biocombustibles y mezclas de los anteriores.
Revisar y adoptar el Plan de Expansión de la red de Poliductos y elaborar y adoptar el Plan de Continuidad, en los cuales se
definirán los objetivos, principios, criterios y estrategias
necesarias para asegurar la disponibilidad y suministro de los combustibles líquidos derivados, biocombustibles y otros en el
mercado nacional, en forma regular y continua.
Despacho del Ministro de Minas y Energía
Oficina asesora de jurídica
Oficina de control interno
Oficina de planeación y gestión
internacional
Oficina de asuntos ambientales y
sociales
Oficina de asuntos regulatorios y
empresariales
Comisión de personal
Comité de coordinación del sistema de control interno y gestión de la
calidad
Despacho del Viceministro de
Minas
Dirección de minería empresarial
Dirección de formalización minera
Secretaria General
Subdirección administrativa y
financiera
Subdirección de talento humano
Despacho del viceministro de energía
Dirección de energía eléctrica
Dirección de hidrocarburos
(Ministerio de
Minas y
Energia, 2015)
Grupo de interés representado:
MINISTERIO DE
MINAS Y
ENERGIA
FUNCION :
Administrar los
recursos naturales
no renovables del país asegurando su
mejor y mayor
utilización; la orientación en el
uso y regulación de
los mismos, garantizando su
abastecimiento y
velando por la protección de los
recursos naturales
del medio ambiente con el fin de
garantizar su
conservación, restauración y el
desarrollo
sostenible, de conformidad con
los criterios de
evaluación, seguimiento y
manejo ambiental,
señalados por la autoridad ambiental
competente
122
HA SIDO PROFESOR EN LA
UNIVERSIDAD DE LONDRES
Y LA UNIVERSIDAD DE LOS
ANDES, DONDE DICTÓ EL
SEMINARIO DE ECONOMÍA,
PETRÓLEO Y DESARROLLO.
Establecer los criterios que orientarán la remuneración de los proyectos destinados a asegurar la confiabilidad, disponibilidad,
continuidad y garantía del suministro de los combustibles
líquidos, biocombustibles y otros. Identificar el monto de los subsidios que podrá dar la Nación
para los servicios públicos de energía eléctrica y gas
combustible, establecer los criterios de asignación de los mismos y solicitar la inclusión de partidas para el efecto en el
Presupuesto General de la Nación.
Administrar los Fondos de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos.
Administrar el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización
de las Zonas no Interconectadas - FAZNI. Administrar el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización
de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER
Administrar el Fondo Especial Cuota de Fomento. Administrar el Programa de Normalización de Redes Eléctricas -
PRONE.
Administrar el Fondo de Energía Social -FOES. Asistir al Gobierno Nacional y al Ministerio de Relaciones
Exteriores en el establecimiento y fortalecimiento de las
relaciones internacionales del país en lo referente a convenios acuerdos y tratados en materia minero energética.
Liderar la participación del Gobierno Colombiano en entidades,
organizaciones y asociaciones internacionales dedicadas a la integración y cooperación en materia minero energética.
Las demás que se le asignen.
MATRIZ DE INDENTIFICACION DE ACTORES 10
MATRIZ DE IDIENTIFICACION DE ACTORES.
ACTORES INSTITUCIONALES
123
ACTOR
CARACTERIZACIÓN
(Información relevante del
actor)
RELACIÓN DEL GRUPO
REPRESENTADO CON EL
TERRITORIO
PERFIL FUNCIONAL
INSTANCIA
COMPOSICIÓN
FUENTE
Nombre del actor relevante: Cecilia
Álvarez Correa
Es ingeniera industrial de
profesión de la Pontifica Universidad Javeriana, y
especialista en finanzas privadas del colegio mayor
nuestra señora del Rosario.
Experiencia profesional más
de 26 años.
Se ha desempeñado como
vicepresidente de la
contraloría de Bavaria S.A
Asesora de Alta consejería
Economica y Ministra concejera de la presidencia
de la republica
Ha sido miembro de varias
juntas directivas como
Cervecerias del grupo santo Domingo en Portugal,
Propilco S.A, Nacional de
seguros, Cerveceria Bavaria de Ecuador, Banco
comercial Antioqueño de
Panama, Presto S.A, Emcali entre otras
En relación a la
internacionalización de la Economía es aumentar y
diversificar el comercio exterior de bienes y servicios y los flujos de
inversión extranjera directa. En
cuanto al Desarrollo Empresarial, fortalecer un ambiente propicio
para que Colombia tenga una
estructura productiva de bienes y servicios sólida, competitiva e
innovadora, que contribuya a la
generación de empleos formales y sostenibles. En el Turismo de Clase
Mundial, hacer de Colombia un
Destino Turístico de Clase Mundial mediante el desarrollo sostenible y
el mejoramiento de la
competitividad regional. En la relacionado a la gestión
administrativa, ser Modelo en
gestión administrativa para apoyar con eficiencia el trabajo de las
áreas misionales, contribuyendo al
desarrollo sostenible del sector y al progreso de los colombianos.
El Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo de Colombia es el órgano de Gobierno de la
Administración General del Estado encargado de apoyar la
actividad empresarial, productora
de bienes, servicios y tecnología, así como la gestión turística de las
diferentes regiones. El actual
ministerio es el resultado de la fusión, operada en 2002, entre los
ministerios de Desarrollo
Económico y Comercio Exterior. Es un eje fundamental en el
desarrollo económico
colombiano. Entre sus diferentes funciones, también están las de
formular, adoptar, dirigir y
coordinar las políticas generales en materia de desarrollo
económico y social del país.
La estructura del
Ministerio de Comercio,
Industria y turismo está en
cabeza del
Ministro, y quien es miembro de
los: Consejo
Superior de Comercio
Exterior, Consejo
Superior de Microempresa y el
Consejo Superior
de Pequeña y Mediana Empresa
(Ministerio de comercio,
industria y turismo,
2015)
Grupo de interés representado:
MINISTERIO DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y TURISMO
FUNCION : su competencia es
formular, adoptar, dirigir y
coordinar las políticas generales en
materia de desarrollo económico y
social del país, relacionadas con la
competitividad, integración y
desarrollo de los sectores
productivos de la industria, la
microempresa, pequeña y mediana,
el comercio exterior de bienes,
servicios y tecnología, la promoción
de la inversión extranjera, el
comercio interno y el turismo; y
ejecutar las políticas, planes
generales, programas y proyectos
de comercio exterior.
MATR MATRIZ DE INDENTIFICACION DE ACTORES 11
124
MATRIZ DE IDIENTIFICACION DE ACTORES.
ACTORES INSTITUCIONALES
ACTOR
CARACTERIZACIÓN
(Información relevante del
actor)
RELACI
ÓN DEL
GRUPO
REPRES
ENTADO
CON EL
TERRIT
ORIO
PERFIL
FUNCIONAL
INSTANCIA
COMPOSI
CIÓN
FUEN
TE
Nombre del actor relevante: David Luna
Es abogado de la Universidad
del Rosario, especialista en
Derecho Administrativo, y
Magíster en Gobierno y
Políticas Públicas de las
Universidades Externado de
Colombia y Columbia, Estados
Unidos. Ha sido presidente de
la organización ambiental
Globe, Capítulo Colombia,
catedrático de distintas
universidades y autor del libro:
"Punto de partida.9 propuestas
para el buen gobierno de
Bogotá".
Inició su carrera pública como
líder de la junta de acción
comunal de su barrio. En 1997
fue elegido Edil de Chapinero.
Luego, fue Concejal de Bogotá
durante dos periodos, siendo
elegido dos veces como el
mejor cabildante de la ciudad
por el Programa "Bogotá
Cómo Vamos". En 2006 llegó
al Congreso de la República
El
Ministerio
de
Tecnología
s de la
Informació
n y las
Comunicac
iones
promueve
el acceso,
uso
efectivo y
apropiació
n masivos
de las TIC,
a través de
políticas y
programas,
para
mejorar la
calidad de
vida de
cada
colombian
o y el
incremento
Los objetivos del
Ministerio de
Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones,
conforme lo
dispuesto por el
artículo 17 de la
Ley 1341 de 2009
son:
1. Diseñar,
formular, adoptar y
promover las
políticas, planes,
programas y
proyectos del
Sector de
Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones, en
correspondencia
con la Constitución
Política y la ley,
con el fin de
contribuir al
desarrollo
Oficina
Asesora de
Planeación y
Estudios
Sectoriales
Oficina de
Tecnologías
de la
Información
Oficina
Asesora
Jurídica
Oficina
Internacional
Oficina
Asesora de
Prensa
Oficina
Control
Interno
(Minist
erio de
tecnolo
gia de la
informa
cion y
comuni
cacione
s, 2015)
Grupo de interés representado: MINISTERIO DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES
FUNCION :
Dirigir el diseño, la adopción y promoción de las políticas, planes,
programas y proyectos del Sector de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones, tendientes a incrementar y facilitar el acceso
de todos los habitantes del territorio nacional a las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones y a sus beneficios.
Definir las políticas y directrices para planear, formular, estructurar,
dirigir, controlar y hacer el seguimiento a los programas y proyectos
del Ministerio.
Regir, en correspondencia con la ley, las funciones de vigilancia y
control en el Sector de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.
Imponer las sanciones legales por el incumplimiento al régimen de
telecomunicaciones y servir de segunda instancia como superior
inmediato cuando así sea necesario.
Formular y ejecutar políticas de divulgación y promoción
permanente de los servicios y programas del Sector de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones, promoviendo el uso y
beneficio social de las comunicaciones y el acceso al conocimiento,
para todos los habitantes del territorio nacional.
125
Expedir los actos administrativos para ejercer la intervención del
Estado en el Sector de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, dentro de los límites y con las finalidades previstas
por la ley.
Expedir los actos administrativos para establecer condiciones
generales de operación y explotación comercial de redes y servicios
que soportan las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones y que no se encuentren asignados por la ley a otros
entes.
Expedir, de acuerdo con la ley, los reglamentos, condiciones y
requisitos para el otorgamiento de licencias, permisos y registros
para el uso o explotación de los derechos del Estado sobre el
espectro radioeléctrico y los servicios del Sector de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones.
Otorgar licencias, concesiones, autorizaciones, permisos y registros
para la provisión de redes y servicios de comunicaciones, así como
autorizar sus modificaciones, prórrogas, renovaciones y cesiones, de
acuerdo con la normatividad vigente.
Ejercer la representación internacional de Colombia en el campo de
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
especialmente ante los organismos internacionales del Sector, en
coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y bajo la
dirección del Presidente de la República.
Expedir, de acuerdo con la ley, los actos administrativos para
ejecutar los tratados y convenios sobre Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, ratificados por el País,
especialmente en los temas relacionados con el espectro
radioeléctrico y los servicios postales.
Ejercer la representación legal del Fondo de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, la cual podrá delegar de acuerdo
con la ley.
Establecer y reformar el Estatuto Interno del Fondo de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones en concordancia con su
naturaleza jurídica y demás elementos de ley.
Ejercer la vigilancia y supervisión a las entidades que tienen a su
cargo el cumplimiento de funciones en materia de televisión.
Dirigir los procesos de contratación del Ministerio y del Fondo de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la cual podrá
delegar.
Definir el presupuesto y los mecanismos de asignación de los
recursos de la Nación para el Sector de Tecnologías de Información
y las Comunicaciones y presentar las propuestas correspondientes
durante la preparación del Presupuesto General de la Nación.
con la votación más alta del
país y en ejercicio de ese cargo,
fue escogido como el mejor
Representante a la Cámara de
Colombia. En 2011 fue
candidato a la Alcaldía Mayor
de Bogotá.
En diciembre de 2011, Luna
fue nombrado Viceministro de
Relaciones Laborales. Desde
esta responsabilidad, ejecutó
importantes políticas en
beneficio de los trabajadores y
empresarios del país, entre las
cuales se cuentan la
concertación del salario
mínimo, por primera vez en 5
años; la promoción del
teletrabajo; la expedición de
las leyes de Riesgos Laborales
e Inspección Laboral, el
Decreto que reglamenta la
negociación colectiva en el
sector público y la reactivación
de la Comisión Especial de
Tratamiento de Conflictos ante
la OIT; entre otros.
El 1 de Febrero de 2013
renunció al Viceministerio de
Relaciones Laborales para
seguir participando en la
construcción política del país y
la ciudad por medio del debate
público. Hizo parte de la mesa
de trabajo de La F.M. Radio
junto a Vicky Dávila y el
equipo de periodistas y de
Alerta Bogotá con Pacho
Romero. Luego, El 27 de
septiembre de 2013 fue
nombrado Alto Consejero
sostenible
del
desarrollo
del país.
económico, social y
político de la
Nación y elevar el
bienestar de los
colombianos.
2. Promover el uso
y apropiación de las
Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones
entre los
ciudadanos, las
empresas, el
Gobierno y demás
instancias
nacionales como
soporte del
desarrollo social,
económico y
político de la
Nación.
3. Impulsar el
desarrollo y
fortalecimiento del
Sector de
Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones,
promover la
investigación e
innovación,
buscando su
competitividad y
avance tecnológico
conforme al entorno
nacional e
internacional.
4. Definir la política
y ejercer la gestión,
planeación y
126
MATRIZ DE INDENTIFICACION DE ACTORES 12
MATRIZ DE IDIENTIFICACION DE ACTORES.
ACTORES INSTITUCIONALES
ACTOR
CARACTERIZACIÓN
(Información relevante del actor)
RELACIÓN DEL
GRUPO
REPRESENTADO
CON EL
TERRITORIO
PERFIL FUNCIONAL INSTANCIA
COMPOSICIÓN
FUENTE
Crear, organizar y conformar mediante resolución interna y con
carácter permanente o transitorio, grupos internos de trabajo y
comités internos para atender las necesidades del servicio y el
cumplimiento oportuno, eficiente y eficaz de los objetivos, políticas
y programas del Ministerio, indicando las actividades que deban
cumplir y los responsables de las mismas.
Conocer y fallar en segunda instancia los procesos disciplinarios que
se adelantan contra los servidores y ex servidores públicos del
Ministerio.
Dirigir la estructuración de mecanismos de financiación, promoción
e incentivos al Sector de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones para financiar planes, programas y proyectos acorde
a las funciones del Fondo de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, definidas en el artículo 35 de la Ley 1341 de 2009
o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
Dirigir la implementación del Modelo Integrado de Gestión.
Realizar las actuaciones necesarias que permitan el ejercicio del
Control Interno y supervisar su efectividad y la observancia de sus
recomendaciones.
Asignar las funciones atribuidas al Ministerio de Tecnologías de
Información y Comunicaciones no contempladas en este decreto, que
se encuentren establecidas en otras disposiciones legales y
reglamentarias, a las dependencias del Ministerio.
Las demás que le sean asignadas en la ley.
Presidencial para las Regiones,
desde donde apoyó al
Presidente Juan Manuel Santos
a estar en permanente contacto
con los 32 departamentos y
más de 700 municipios del
país. Luna era la voz del
gobierno en las regiones, y el
oído del Presidente ante las
preocupaciones de los
ciudadanos.
En Julio del mismo año decide
profundizar su experiencia con
el sector privado,
convirtiéndose en consultor
asociado de LÖSUNG, firma
especializada en consultoría
socio política. En este nuevo
reto seguirá aportando a la
construcción de un mejor país,
complementando su
experiencia publica con la
visión estratégica del sector
privado
administración del
espectro
radioeléctrico y de
los servicios
postales y
relacionados, con
excepción de lo que
expresamente
determine la ley.
127
Nombre del actor relevante: Natalia Avello Vives
es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana, con especializaciones en
Alta Gerencia, Servicios Públicos,
Domiciliarios, Derecho de Sociedades y Negociación, Manejo de Conflictos
de las Universidades de los Andes,
Externado de Colombia y Javeriana.
Ha realizado estudios en la Universidad
de Harvard en Liderazgo, así como en la Universidad de Yale de Management
for Lawyers y recientemente en la
Universidad de Pittsburgh sobre Estrategia en Toma de Decisiones.
Casada, con 3 hijos y 22 años de experiencia profesional en entidades
del sector público.
Por 2 años fue Secretaria General del
Distrito de Barranquilla, desde donde
estructuró y lideró proyectos del plan de desarrollo orientados a los pilares del
éxito y misionales. Fue responsable de
la planeación, seguimiento y ejecución de la Contratación Pública y
Ordenadora del Gasto del Distrito de
Barranquilla.
Fue Alcaldesa encargada en varias
oportunidades del gobierno de Elsa Noguera de La Espriella. Miembro de
las Juntas Directivas de Triple A de
Barranquilla S.A. E.S.P. y del CEEC – Centro de Eventos y Convenciones del
Caribe.
Se desempeñó por 13 años en el Grupo
ISA como Secretaria General de la filial
TRANSELCA, empresa de transmisión eléctrica en Colombia. Estuvo por 5
años vinculada en el sector de agua
potable y saneamiento básico laborando
como Jefe de la Oficina Jurídica.
el Ministerio de Transporte, como lo
establece el Decreto
087 de 2011, es el organismo del
Gobierno Nacional
encargado de formular y adoptar las
políticas, planes,
programas, proyectos y regulación
económica del
transporte, el tránsito y la infraestructura, en
los modos carretero,
marítimo, fluvial, férreo y aéreo del
país.
Participar en la formulación de la política, planes y programas de desarrollo económico y social del país.
Formular las políticas del Gobierno Nacional en materia de
transporte, tránsito y la infraestructura de los modos de su competencia.
Establecer la política del Gobierno Nacional para la directa,
controlada y libre fijación de tarifas de transporte nacional e internacional en relación con los modos de su competencia, sin
perjuicio de lo previsto en acuerdos y tratados de carácter
internacional. Formular la regulación técnica en materia de tránsito y
transporte de los modos carretero, marítimo, fluvial y férreo.
Formular la regulación económica en materia de tránsito, transporte e infraestructura para todos los modos de transporte.
Establecer las disposiciones que propendan por la integración y
el fortalecimiento de los servicios de transporte. Fijar y adoptar la política, planes y programas en materia de
seguridad en los diferentes modos de transporte y de
construcción y conservación de su infraestructura. Establecer las políticas para el desarrollo de la infraestructura
mediante sistemas como concesiones u otras modalidades de
participación de capital privado o mixto. Apoyar y prestar colaboración técnica a los organismos estatales
en los planes y programas que requieran asistencia técnica en el
área de la construcción de obras y de infraestructura física, con el fin de contribuir a la creación y mantenimiento de condiciones
que propicien el bienestar y desarrollo comunitario.
Elaborar el proyecto del plan sectorial de transporte e
infraestructura, en coordinación con el Departamento Nacional
de Planeación y las entidades del sector y evaluar sus resultados.
Elaborar los planes modales de transporte y su infraestructura con el apoyo de las entidades ejecutoras, las entidades
territoriales y la Dirección General Marítima, Dimar.
Coordinar, promover, vigilar y evaluar las políticas del Gobierno Nacional en materia de tránsito, transporte e infraestructura de
los modos de su competencia.
Diseñar, coordinar y participar en programas de investigación y desarrollo científico, tecnológico y administrativo en las áreas
de su competencia.
Impulsar en coordinación con los Ministerios competentes las negociaciones internacionales relacionadas con las materias de
su competencia.
Orientar y coordinar conforme a lo establecido en el presente
decreto y en las disposiciones vigentes, a las entidades adscritas
y ejercer el control de tutela sobre las mismas. Coordinar el Consejo Consultivo de Transporte y el Comité de
Coordinación Permanente entre el Ministerio de Transporte y la
Dirección General Marítima, Dimar. Participar en los asuntos de su competencia, en las acciones
orientadas por el Sistema Nacional de Prevención y Atención de
Desastres.
El Ministerio de Transporte es la
cabeza del Sector
Transporte, el cual está constituido por el
Ministerio, El Instituto
Nacional de Vías (INVIAS), la Agencia
Nacional de
Infraestructuras (ANI), la Unidad
Administrativa
Especial de Aeronáutica Civil
(AEROCIVIL) y la
Superintendencia de Puertos y Transporte
(SUPERTRANSPORT
E).
(Ministerio de
Transporte,
2015)
Grupo de interés
representado:
MINISTERIO DE
TRANSPORTE
FUNCION :
formular y adoptar las
políticas, planes,
programas, proyectos y regulación económica del
transporte, el tránsito y la
infraestructura, en los modos carretero, marítimo,
fluvial, férreo y aéreo del
país.
128
MATRIZ DE INDENTIFICACION DE ACTORES 13
MATRIZ DE IDIENTIFICACION DE ACTORES.
ACTORES INSTITUCIONALES
ACTOR
CARACTERIZACIÓN
(Información relevante
del actor)
RELACIÓN
DEL GRUPO
REPRESENTAD
O CON EL
TERRITORIO
PERFIL FUNCIONAL INSTANCIA
COMPOSI
CIÓN
FUENTE
Nombre del actor
relevante: Alejandro
Gaviria
Gaviria Uribe se
desempeñó como
subdirector de Planeación Nacional, subdirector e
investigador asociado de
Fedesarrollo, e investigador en Washington del Banco
Interamericano de
Desarrollo, entre otros cargos.
El nuevo Ministro tiene estudios de doctorado en
Economía de la University of California (EE.UU.) y de
maestría en Economía de la
Universidad de Los Andes. Al aceptar su designación
como Ministro de Salud y
Protección Social, se desempeñaba como Decano
de la Facultad de Economía
de la Universidad de Los Andes
PhD en Economía, University of California,
San Diego (1998)
- Maestría en Economía, Universidad de los Andes,
Bogotá (1993)
- Ingeniero Civil, Escuela de Ingeniería de Antioquia,
Medellín (1987)
El Ministerio de
Salud y
Protección Social dirigirá, orientara,
coordina y evalua
el Sistema General de
Seguridad Social
en Salud y el Sistema General
de Riesgos
Profesionales, en lo de su
competencia, adicionalmente
formulará
establecerá y definirá los
lineamientos
relacionados a con los sistemas de
información de la
Protección Social.
Formular la política, dirigir, orientar, adoptar y evaluar los planes, programas y proyectos del
Sector Administrativo de Salud y Protección Social.
Formular la política, dirigir, orientar, adoptar y evaluar los planes, programas y proyectos en materia de Salud y Protección Social.
Formular la política, dirigir, orientar, adoptar y evaluar la ejecución, planes, programas y
proyectos del Gobierno Nacional en materia de salud, salud pública, riesgos profesionales, y de control de los riesgos provenientes de enfermedades comunes, ambientales, sanitarias y
psicosociales, que afecten a las personas, grupos, familias o comunidades.
Formular, adoptar, coordinar la ejecución y evaluar estrategias de promoción de la salud y la calidad de vida, y de prevención y control de enfermedades transmisibles y de las enfermedades
crónicas no transmisibles.
Dirigir y orientar el sistema de vigilancia en salud pública. Formular, adoptar y coordinar las acciones del Gobierno Nacional en materia de salud en
situaciones de emergencia o desastres naturales. Promover e impartir directrices encaminadas a fortalecer la investigación, indagación,
consecución, difusión y aplicación de los avances nacionales e internacionales, en temas tales
como cuidado, promoción, protección, desarrollo de la salud y la calidad de vida y prevención de las enfermedades.
Formular y evaluar las políticas, planes, programas y proyectos en materia de protección de los
usuarios, de promoción y prevención, de aseguramiento en salud y riesgos profesionales, de prestación de servicios y atención primaria, de financiamiento y de sistemas de información, así
como los demás componentes del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Formular, adoptar y evaluar la política farmacéutica, de medicamentos, de dispositivos, de insumos y tecnología biomédica, y establecer y desarrollar mecanismos y estrategias dirigidas a
OPTIMIZAR la utilización de los mismos.
Establecer los mecanismos para adelantar negociaciones de precios de medicamentos, insumos y dispositivos médicos.
Formular y evaluar la política de talento humano en salud, en coordinación con las entidades
competentes, que oriente la formación, ejercicio y gestión de las profesiones y ocupaciones en salud.
Dirigir, organizar, coordinar y evaluar el servicio social obligatorio de los profesionales y
ocupaciones del área de la salud. Definir los requisitos que deben cumplir las entidades promotoras de salud e instituciones
prestadoras de servicios de salud para obtener la habilitación y acreditación.
Despacho
Ministro
Dirección
jurídica
Oficina de
Calidad
Oficina de
Control
Interno
Oficina de
promoción social
Oficina asesora de
planeación y estudios
sectoriales
Oficina de
tecnología
de la i formación
y la
comunicación
(Ministerio
de Salud y
de
Proteccion
Social,
2015)
Grupo de interés
representado:
MINISTERIO DE
SALUD Y
PROTECCION
SOCIAL
FUNCION : formular,
adoptar, dirigir,
coordinar, ejecutar y
evaluar la política
pública en materia de
salud, salud pública, y
promoción social en
salud, y participar en la
formulación de las
políticas en materia de
pensiones, beneficios
económicos periódicos
y riesgos profesionales
129
Regular la oferta pública y privada de servicios de salud, la organización de redes de prestación de servicios y establecer las normas para la prestación de servicios y de la garantía de la calidad
de los mismos, de conformidad con la ley.
Participar en la formulación y evaluación de las políticas, planes, programas y proyectos en materia de pensiones, beneficios económicos y otras prestaciones.
Participar en la formulación y evaluación de la política para la definición de los sistemas de
afiliación, protección al usuario, aseguramiento y sistemas de información en pensiones. Formular la política de salud relacionada con el aseguramiento en riesgos profesionales y
coordinar con el Ministerio de Trabajo su aplicación.
Formular y evaluar la política para la definición de los sistemas de afiliación, garantía de la prestación de los servicios de salud y sistemas de información en Riesgos Profesionales.
Formular y evaluar las políticas, planes, programas y proyectos en materia de promoción social
a cargo del Ministerio. Realizar los estudios y el análisis de viabilidad, estabilidad y equilibrio financiero de los
recursos asignados a la salud y promoción social a cargo del Ministerio.
Administrar los recursos que destine el Gobierno Nacional para promover la sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud, cuando quiera que no exista
norma especial que los regule o reglamente, ni la administración se encuentre asignada a otra
entidad. Constituir con otras personas jurídicas de derecho público o privado, asociaciones, fundaciones
o entidades que apoyen o promuevan el cumplimiento de las funciones o fines inherentes al
Ministerio de Salud y Protección Social, así mismo, destinar recursos de su presupuesto para la creación, funcionamiento e inversión del instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud de
que trata el Artículo 92 de la Ley 1438 de 2011 o al de las asociaciones, fundaciones o
entidades que constituya. Definir y reglamentar los sistemas de información del Sistema de Protección Social que
comprende afiliación, recaudo, y aportes parafiscales. La administración de los sistemas de
información de salud se hará en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Promover acciones para la divulgación del reconocimiento y goce de los derechos de las
personas en materia de salud, promoción social, y en el cuidado, protección y mejoramiento de
la calidad de vida. Promover, de conformidad con los principios constitucionales, la participación de las
organizaciones comunitarias, las entidades no gubernamentales, las instituciones asociativas,
solidarias, mutuales y demás participantes en el desarrollo de las acciones de salud. Promover la articulación de las acciones del Estado, la sociedad, la familia, el individuo y los
demás responsables de la ejecución de las actividades de salud, riesgos profesionales y
promoción social a cargo del Ministerio. Promover el estudio, elaboración, seguimiento, firma, aprobación, revisión jurídica y la
ratificación de le® tratados o convenios internacionales relacionados con salud, y promoción
social a cargo del Ministerio, en coordinación con las entidades competentes en la materia. Proponer y desarrollar, en el marco de sus competencias, estudios técnicos e investigaciones
para la formulación, irnplementación y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos
en materia de salud y promoción social a cargo del Ministerio.
Asistir técnicamente en materia de salud, y promoción social a cargo del Ministerio, a las
entidades u organismos descentralizados territorialmente o por servicios. Preparar las normas, regulaciones y reglamentos de salud y promoción social en salud,
aseguramiento en salud y riesgos profesionales, en el marco de sus competencias.
Administrar los fondos, cuentas y recursos de administración especial de protección social a cargo del Ministerio.
Oficina de gestión
territorial
emergencia y desastres
Viceministro de salud
publica y
prestación de servicios
Viceministr
a de
protección
social
Secretaria
general
130
SINTESIS DE LOS INVOLUCADOS MINISTERIALES
MATRIZ SINTESIS INVOLUCRADOS 1
INVOLUCRADOS
INSTITUCIONAL
INTERESES PROBLEMAS
PERCIBIDOS
FUENTE
Ministerio de Medio
Ambiente y Desarrollo
Sostenible
Seguridad Ambiental
Seguridad Cultural
Seguridad Económica
Desarticulación
Interinstitucional
Corrupción Administrativa y
Financiera
Ausencia de conocimiento y
experiencia de los funcionarios
y responsables.
Desconocimiento de la
Biodiversidad
Baja producción de
investigación Científica
Poca comunicación, conciencia
y educación Ambiental
(Ministerio de Ambiente y
desarrollo sostenible, 2015)
Ministerio de Defensa Seguridad Territorial Corrupción
Evidencias de actos delictivos
dentro por fallas en los
procesos y protocolos
establecidos.
Ausencia de integralidad de
la seguridad humana
Falta de comunicación
interna y externa
Ausencia de alianzas
estratégicas con grupos
sociales, culturales
ambientales y científicos para
el cumplimiento de objetivos
(Ministerio de Defensa
Nacional, República de
Colombia, 2007)
131
Ministerio de Hacienda y
crédito publico
Seguridad Económica Ausencia de integralidad y
transversalidad en las
políticas económicas
Corrupción
Desarticulación
interinstitucional
Baja participación de la
población
Ausencia de alianzas
estratégicas
Baja comunicación y
educación a la ciudadanía
(Ministerio de Hcienda y
Credito publico, 2015)
Ministerio de Salud y
Protección Social
Seguridad Social Priorización de intereses de
carácter económico sobre los
intereses de la población
Corrupción
Desarticulación
interinstitucional
Desarticulación intersectorial
Déficit presupuestal
Baja cobertura e intervención
(Ministerio de Salud y de
Proteccion Social, 2015)
Ministerio de Transporte Seguridad Territorial
Seguridad Ambiental Corrupción
Desarticulación intersectorial
Ausencia de Conocimiento e
investigacion científica en
temas ambientales y
culturales.
(Ministerio de Transporte,
2015)
Ministerio de Tecnologías de
la Información y las
Comunicaciones
Seguridad Cultural Ausencia de alianzas
estratégicas que aumenten el
bienestar
Baja intervención de alto
impacto
Baja cobertura
(Ministerio de tecnologia de la
informacion y comunicaciones,
2015)
132
Ausencia de la integralidad
que requiere la comunicación
social
Corrupción
Fallas en los procesos
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo.
Seguridad Económica,
Seguridad Ecológica Ausencia de educación y
comunicación con la
comunidad
Baja participación de la
población
Ausencia de políticas de
intervención para el
fortalecimiento de las
economías emergentes y
mercados locales.
(Ministerio de comercio,
industria y turismo, 2015)
Ministerio de Minas y
Energía
Seguridad Ambiental,
Seguridad Territorial,
Seguridad Económica
Ausencia de control y
monitoreo total a los actores
involucrados en el sector
Ausencia de investigación
científica y conocimiento
sobre impactos, riesgos,
costos y beneficios de la
extracción minera en
Colombia
Baja inversión en tecnologías
limpias generadoras de
energía
Ausencia de políticas de
modernización tecnología en
vía a la sostenibilidad
Ausencia de la
implementación y uso de la
producción limpia y energías
renovables
(Ministerio de Minas y Energia,
2015)
133
Ausencia de alianzas
estrategias que promuevan la
reforma, mejoramiento y uso
de la energía
Ministerio de Justicia Seguridad Jurídica Ausencia de educación,
promoción y comunicación de
los diferentes derechos que
posee la población
(Ministerio de Justicia, 2015)
Ministerio del Interior Seguridad Territorial Desarticulación intersectorial
Ausencia de comunicación,
participación y educación de
la población.
(Ministerio de interior, 2015)
Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural
Seguridad Ambiental
Seguridad Territorial Ausencia de políticas
Agroecológicas
Ausencia de integralidad en
la intervención.
Ausencia de investigación y
conocimiento sobre el
potencial agroecológico
(Ministerio de Agricultura,
2015)
Ministerio de Cultura Seguridad Cultural Ausencia de instrumentos
que garanticen la seguridad
Cultural
(Ministerio de Cultura, 2015)
Ministerio de relaciones
exteriores
Seguridad Cultural
Seguridad Territorial Ausencia de alianzas
estratégicas, ausencia de
políticas para el control
limítrofe.
(Ministerio de Relaciones
Exteriores, 2015)
2.2 DESCRIPCION DE ACTORES INSTITUCIONALES
2.2.1 Parque Nacionales Naturales de Colombia
134
Parques Nacionales Naturales de Colombia es una Unidad Administrativa Especial, del orden nacional, sin personería jurídica, con
autonomía administrativa y financiera, con jurisdicción en todo el territorio nacional, en los términos del artículo 67 de la Ley 489 de
1998. La entidad está encargada de la administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales y de la coordinación del
Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Parques Nacionales Naturales de Colombia, ejerce las siguientes funciones:
Administrar y manejar el Sistema de Parques Nacionales Naturales.
Proponer e implementar las políticas y normas relacionadas con el SINAP.
Formular los instrumentos de planificación, programas y proyectos relacionados con el SINAP
Adelantar los estudios para la reserva, delimitación, declaración y ampliación de las áreas del SINAP.
Coordinar la conformación, funcionamiento y consolidación del SINAP.
Administrar el registro único nacional de áreas protegidas del SINAP.
Ejercer las funciones policivas y sancionatorias en los términos fijados por la ley.
Proponer e implementar estrategias de sostenibilidad financiera para la generación de recursos, que apoyen la gestión del
organismo, entre otros. (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2009)
2.2.2 Sistema Nacional de Áreas Protegidas SINAP
135
Es el conjunto de áreas protegidas, actores sociales y estrategias e instrumentos de gestión que las articulan, para contribuir como un
todo al cumplimiento de los objetivos de conservación del país. Incluye todas las áreas protegidas de gobernanza pública, privada o
comunitaria, y del ámbito de gestión nacional, regional o local.
Como antecedentes del SINAP encontramos que a través de la Ley 165 de 1994 Colombia suscribió el convenio de Diversidad Biológica,
la cual se formuló la Política Nacional de Biodiversidad y se adquirió el compromiso de conformar y consolidar un Sistema Nacional
de Áreas Protegidas – SINAP.
Tiene actualmente como principales objetivos del plan de acción para los próximos años (Parques Nacionales Naturales de Colombia,
2014)
Integrar la gestión de las diferentes autoridades ambientales.
Avanzar en el trabajo en ecosistemas con dos o más autoridades ambientales.
Construir un posicionamiento del tema de áreas protegidas a nivel nacional e internacional.
2.2.3 Registro Único Nacional de Áreas Protegidas RUNAP
Parques Nacionales Naturales en compañía del Instituto Alexander Von Humboldt desarrolló el 1 de julio de 2011 esta herramienta con
miras a consolidar un inventario de las áreas protegidas y proveer información unificada acerca del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas.
136
En la herramienta RUNAP se encuentra la información ingresada por las autoridades ambientales sobre las áreas protegidas de su
jurisdicción que incluye como mínimo la categoría de manejo, su localización y extensión geográfica, objetivos de conservación y
destinación de uso, soportados en sus actos administrativos de declaratoria, homologación, re categorización, re delimitación y/o
sustracción en el caso de áreas protegidas públicas y de registro para RNSC.
De forma complementaria, las autoridades ambientales también pueden incluir el plan de manejo, las denominaciones internacionales
de las que ha sido objeto, el traslape con territorios colectivos y resguardos indígenas, así como información de contacto y registro
fotográfico del área protegida. (Registro Único Nacional de Áreas Protegidas , 2014)
2.2.4Agencia Nacional de Licencias Ambientales ANLA
La ANLA es la encargada de garantizar que la evaluación, seguimiento y control de los proyectos, obras o actividades sujetos a
licenciamiento, permisos o trámites ambientales se realicen de manera transparente, objetiva y oportuna, con estándares de calidad
técnica y jurídica, contribuyendo al equilibrio entre la protección del ambiente y el desarrollo del país en beneficio de la sociedad.
Además de otorgar o negar licencias ambientales, realizar el seguimiento de las mismas, apoyar en la elaboración de la reglamentación
ambiental, entre otros. (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, 2014)
2.2.5 Unidad de Planeación Minero Energética UPME
137
Es un unidad administrativa especial del orden nacional, de carácter técnico, adscrita al Ministerio de Minas y Energía encargada de
establecer las necesidades mineras y energéticas de la población, planear estrategias para satisfacer los requerimientos de la población
en cuanto a minería y energía, elaborar planes para el abastecimiento de gas y de orden minero, evaluar la influencia del sector minero
y energético en la economía del país, entre otras. (Unidad de Planeación Minero Energética, 2013)
2.2.6 Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH
La Agencia Nacional de Hidrocarburos es la encargada de administrar y regular el recurso hidrocarburífero de la nación además de ser
la encargada de promover el aprovechamiento óptimo de los recursos hidrocarburíferos del país armonizando los intereses de la sociedad,
el estado y las empresas del sector. (Agencia Nacional de Hidrocarburos, 2013)
2.2.7 Instituto Nacional de Vías INVÍAS
Es el encargado de asegurar el mantenimiento, construcción y mantenimiento de la infraestructura vial del país contribuyendo de esta
manera al desarrollo sostenible del mismo y a su integración mediante una red eficiente, cómoda y segura. Los principales objetivos de
la entidad son: contribuir al desarrollo vial del país, propender por la satisfacción de clientes de INVÍAS y usuarios de la infraestructura
vial, mantener la infraestructura vial a cargo de INVÍAS, contratar la ejecución de los programas y proyectos viales, lograr eficiencia y
calidad en los programas y proyectos viales, mejoramiento continuo de los procesos y potenciar el talento humano. (Instituto Nacional
de Vias, 2014)
138
2.2.8 Agencia Nacional de Infraestructura ANI
La Agencia Nacional de Infraestructura se encuentra adscrita al Ministerio de Trasporte y tiene como objeto planear, coordinar,
estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de Asociación Público Privada - APP,
para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la infraestructura pública de transporte. (
Agencia Nacional de Infraestructura, 2014)
2.2.9. Agencia Nacional de Minería ANM
La agencia Nacional de Minería busca impulsar el sector con transparencia, eficiencia, responsabilidad ambiental, social y productiva.
Además busca administrar los recursos minerales del país de manera eficiente, eficaz y trasparente a través del fomento, promoción,
otorgamiento de títulos, seguimiento y control de la exploración y explotación minera, a fin de maximizar la contribución del sector al
desarrollo integral y sostenible del país (Agencia Nacional de Mineria , 2014).
MATRIZ DE INVOLUCRADOS 2
Grupo Intereses Problemas percibidos Fuente
Parques Nacionales
Naturales de Colombia
Administración y
manejo del Sistema de
Parques Nacionales
Naturales y la
Ineficiencia en procesos
de control y monitoreo
de los bienes y servicios
ambientales.
(Parques Nacionales
Naturales de Colombia)
139
coordinación del Sistema
Nacional de Áreas
Protegidas. Este
organismo del nivel
central está adscrito al
Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible.
Inseguridad y actos
delictivos en parques
nacionales naturales.
Agencia Nacional de
Infraestructura ANI
Las concesiones y
alianzas público–
privadas, para el diseño,
construcción,
mantenimiento,
operación, y
administración de la
infraestructura de
transporte en Colombia.
Ausencia de Ética
Ambiental en el
desarrollo de los
proyectos de
infraestructura.
Insuficiencia de
investigación y
realización de estudios
pertinentes en los
proyectos
( Agencia Nacional de
Infraestructura, 2014)
Agencia Nacional de
Minería ANM
Intereses del sector
Minero.
Corrupción,
ineficiencias y fallas en
los procesos
administrativos y
operativos.
(Agencia Nacional de
Mineria , 2014)
140
Ausencia de
coordinación entre
instituciones de
investigación y no
gubernamentales.
Instituto Nacional de
Vías INVÍAS
Ejecutar las políticas y
proyectos relacionados
con la infraestructura
vial a cargo de la Nación.
Fallas en los procesos
operativos
Ausencia de estudios
pertinentes
(Instituto Nacional de
Vias, 2014)
Agencia Nacional de
Hidrocarburos ANH
Administrar y regular el
recurso hidrocarburífero
de la nación.
Ineficiencia en el
monitoreo y control.
(Agencia Nacional de
Hidrocarburos, 2015)
Sistema Nacional de
Áreas Protegidas
SINAP
áreas protegidas, actores
sociales y estrategias e
instrumentos de gestión
que las articulan, para
contribuir al
cumplimiento de los
objetivos de
conservación del país.
Incapacitad para
garantizar la seguridad
dentro de áreas
protegidas
Ineficiencia en
monitoreo y control
(SINAP, 2015)
141
Unidad de Planeación
Minero Energética
UPME
Unidad Administrativa
Especial del orden
Nacional, de carácter
técnico, adscrita al
Ministerio de Minas y
Energía, regida por la
Ley 143 de 1994 y por el
Decreto número 1258 de
Junio 17 de 2013.
Ausencia de la
integralidad y enfoque
holístico en los planes
programas y proyectos
que desarrollan
(Unidad de Planeación
Minero Energética,
2013)
Agencia Nacional de
Licencia Ambientales
ANLA
La Autoridad Nacional
de Licencias
Ambientales ANLA es la
encargada de que los
proyectos, obras o
actividades sujetos de
licenciamiento, permiso
o trámite ambiental
cumplan con la
normativa ambiental, de
tal manera que
contribuyan al desarrollo
sostenible del País
Ausencia de efectividad
y rigurosidad de los
procesos para el
otorgamiento de licencia
s ambientales.
(Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales,
2014)
142
Registro Único
Nacional de Áreas
Protegidas RUNAP
Áreas protegidas y en vía
de declaratoria
Ausencia de información
Desactualización de
datos e información
relevante.
(Registro Único
Nacional de Áreas
Protegidas , 2014)
Corpoamazonia Conservar y administrar
el ambiente y los
recursos naturales
renovables, promover el
conocimiento de la oferta
natural representada por
su diversidad biológica,
física, cultural y
paisajística. Orientar el
aprovechamiento
sostenible de sus
recursos facilitando la
participación
comunitaria en las
decisiones ambientales
Desarticulacion
intersectorial
Desarticulacion
institucional
Ausencia de un sistema
de seguridad integral.
(Corpoamazonia, 2015)
Instituto de
Investigación y estudios
Amazónicos SINCHI
investigación científica y
tecnológica de alto nivel,
comprometida con la
generación de
Desarticulacion
intersectorial
Desarticulacion
interinstitucional
(Instituto Amazónico de
Investigaciones
Científicas-Sinchi, 2009)
143
conocimiento, la
innovación y
transferencia tecnológica
y la difusión de
información sobre la
realidad biológica, social
y ecológica de la
Jurisdicción,
satisfaciendo
oportunamente las
necesidades y
expectativas de las
comunidades de la
región, para lo cual
contamos con talento
humano comprometido.
Baja comunicación
social
Baja generacion de
educación ambiental a
los actores con los que se
involucra.
Fuente: (Autor, 2015)
2.3 ACTORES CULTURALES:
2.3.1 Pueblos indígenas:
144
Desde la llegada de los europeos hace 500 años, se destaca en primer lugar el exterminio de la población indígena, que conlleva además
la pérdida de buena parte de un significativo patrimonio cultural milenario; en los inicios de la conquista ibérica, según algunas
estimaciones, 103 la Amazonia tenía entre 7 y 8 millones de habitantes, de los cuales en toda la cuenca amazónica solo queda medio
millón en la actualidad (Instituto de investigacion cientifica y estudios amazonicos, 2010).
La deculturación es el determinante más fuerte de la inseguridad alimentaria en las comunidades aborígenes. Las llamadas bonanzas
económicas, la quina y el caucho, las pieles, la coca, los minerales y el petróleo, han tenido un impacto sucesivo sobre las culturas
aborígenes, sus territorios y sus sistemas de vida incluida la alimentación, hasta generar hoy un cuadro de crisis alimentaria sobre todo
en las regiones más intervenidas (Instituto de investigacion cientifica y estudios amazonicos, 2010).
Hay una relación estrecha, inseparable entre territorio, cultura, biodiversidad y sistemas productivos, en la cual se inscribe la seguridad
alimentaria de los pueblos indígenas. De allí la gravedad y las implicaciones de un gran conflicto histórico en la región, que compromete
la sobrevivencia de sus pobladores aborígenes (Instituto de investigacion cientifica y estudios amazonicos, 2010).
Según Camilo Domínguez, en el texto “Nación, Territorios y Conflictos Regionales en la Amazonia Colombiana”: “...un gran conflicto,
existente desde la colonia y que persiste en la actualidad, es el de las minorías étnicas. Es decir grupos sociales que han mantenido sus
culturas autóctonas, incluyendo su lengua, sin integrarse totalmente a la cultura nacional y, por lo tanto, al Estado-nación moderno.
Ellos, debido a su economía de subsistencia, no construyen sus territorios entrelazados con las corrientes nacionales e internacionales
del capital. Durante el siglo XX se ha producido en la Amazonia colombiana un permanente e irreversible proceso de expansión del
145
territorio nacional a expensas de los territorios étnicos; son formas territoriales nacionales penetrando en la Amazonia (Instituto de
investigacion cientifica y estudios amazonicos, 2010).
Estas formas han transformado totalmente la Amazonia Occidental de Colombia, haciendo que, día a día, se integre cada vez a la
economía colombiana y, al mismo tiempo, se desvincule de los territorios étnicos, aumentando así su conflicto con ellos”. (Los territorios
étnicos) “pueden convertirse en reservorios de mano de obra barata en el caso de que no alcancen un desarrollo económico suficiente
para resolver sus necesidades. Pero en el caso de que se alcance tal desarrollo económico, ¿cuál puede ser el precio a pagar por el grupo
involucrado?. Si dentro de la economía mundo, el desarrollo significa acumulación ampliada de capital, eso conduce a que los territorios
indígenas deban organizarse para producir mercancías hacia el mercado. Por lo tanto, su geografía quedaría involucrada en la forma
territorial nacional y su cultura tendrá que adaptarse a la cultura nacional” (Instituto de investigacion cientifica y estudios amazonicos,
2010).
“El dilema es doloroso: el aislamiento puede llevar a la pobreza y a la proletarización, y el desarrollo, a la pérdida de su identidad
cultural. El problema no es insoluble, pero exigirá mucho trabajo creativo y saberse liberar de las viejas y nuevas ideologías que impiden
ver la situación en todas sus complejas dimensiones”. Según Franco Roberto (1992)131, de los 58 grupos que habitan actualmente la
Amazonia colombiana alrededor del 70% tiene menos de 1.000 habitantes; hay 20 grupos con menos de 200 habitantes y existen incluso
grupos con menos de 20 (Instituto de investigacion cientifica y estudios amazonicos, 2010).
2.3.2 Matriz de identificación de actores culturales
MATRIZ DE INDENTIFICACION DE ACTORES 3
146
SITUACIÓN DEMOGRÁFICA ACTUAL DE LA POBLACIÓN INDÍGENA EN LA AMAZONIA COLOMBIANA
Grupos con 0-200 Hab Grupos con 200-500
Hab
Grupos con 500-1000
Hab
Grupos con 1000-2000
Hab
Grupos con más de
2000 Hab.
TINIGUA BARA SICUANI TIKUNA CUBEO
MACAGUAJE TUYUCA GUAYABERO PIAROA TUKANO
TAIWANO TATUYO MIRAÑA DESANA CURRIPACO
TANIMUCA CARAPANA MACUNA SALIVA PIAPOCO
LETUAMA BARASANA SIRIANO --- WITOTO
YAUNA YURUTÍ UANANO PUINAVE
BANIWA MATAPÍ COREGUAJE INGA
TARIANO BORA SIONA KAMSÁ
CABIYARÍ COCAMA URUMI
YUCUNA MAKÚ YURI, UAINUMÁ O
PASSÉ
BARÉ KOFÁN
GUAREKENA KWAIKER*
GERAL PAEZ*
OCAINA EMBERÁ
NONUYA CHAMÍ*
ANDOKE PIJAO*
YAGUA CARIJONA
PIRATAPUYO
YURUTI-TAPUYO
RESIGERO
TOTAL: 20 grupos TOTAL: 16 grupos TOTAL: 10 grupos TOTAL: 4 grupos TOTAL: 8 grupos
* Grupos de reciente inmigración a la Amazonia colombiana
Fuente: (CEGA, 1992)
147
2.4 ACTORES QUE PERCIBEN LA ACTIVIDAD EXTRACTIVA Y LA AGRICULTURA EXTENSIVA COMO UNA
“AMENAZA”
Las actividades extractivas son estudiadas como problemas de inseguridad por algunos académicos. Esta cuestión parece interesar
esencialmente al Ecuador. En este país, la problemática es mucho más visible, particularmente la actividad de extracción petrolera. El
centro de Investigación de la FLACSO (Facultad Latino Americana de Ciencias Sociales), en su sede Ecuador, tiene un programa de
investigación consagrado a los estudios socio-ambientales (FLACSO, 2015).
A través de esta línea de investigación el grupo de Guillaume Fontaine aborda el tema de los conflictos a partir de la explotación del
petróleo en la región amazónica ecuatoriana (Narvaez, 2015). Los problemas de gobernanza y el fracaso de la democracia en ciertos
países latinoamericanos, hacen que los conflictos socio ambientales relacionados a las actividades extractivas sean más visibles. De
hecho, la revista de la FLACSO, Iconos, consagró un número a la problemática de los “conflictos por petróleo y gas natural en la
Amazonía” (Iconos, 2005).
Seis autores analizan esta temática desde una perspectiva política. Observan los problemas que entraña la extracción petrolera, así como
las consecuencias sobre las poblaciones de la Amazonía, las repuestas dadas y analizan la participación ciudadana. De igual manera,
este programa estudia la posición de las poblaciones indígenas con respecto a la cuestión. Se perciben como amenazados por las empresas
petroleras a causa de la destrucción de su medio ambiente y de sus comunidades (CEPI - Universidad del Rosario, 2008).
148
No obstante, el estudio de la FLACSO muestra la controversia entre los indígenas amenazados y los indígenas que colaboran. En
efecto, según los intereses personales, algunas comunidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana colaboran con las empresas de
extracción petrolera (Narvaez, 2015).
La prensa ecuatoriana aborda también la problemática. Numerosos son los artículos que estudian los problemas de la extracción del
petróleo, especialmente en las regiones amazónicas. En este sentido, la cuestión de los impactos de la actividad petrolera sobre las
poblaciones y los conflictos sociales que se desprenden cobran importancia (Comercio, 2006). Así, estas preocupaciones hacen
reflexionar al gobierno de Rafael Correa. Vale recordar que se trata del único gobierno de la región amazónica que aborda la extracción
del petróleo como una “amenaza”. Correa propuso dejar la explotación en la zona bajo protección si obtiene la ayuda financiera por
parte de la comunidad internacional. Sin embargo, pocos gobiernos toman partido en este asunto, y para el caso ecuatoriano existe una
consciencia respecto de la amenaza debido a la explotación petrolera (CEPI - Universidad del Rosario, 2008).
En Colombia Alfonso Avellaneda Cusaria, de la Universidad del Bosque en Bogotá, realizó un estudio interesante al respecto (Cusaria,
2005). Avellaneda Cusaria muestra las relaciones existentes entre proyectos petroleros e inseguridad sobre el ecosistema y las
poblaciones que generan violencia y conflictos sociales. Es necesario recalcar que quienes se sienten amenazadas son las poblaciones
amazónicas.
Por otra parte, la cuestión de la extracción de la madera es una preocupación mayor para las Organizaciones Internacionales
Gubernamentales (OIG) y los investigadores. Bien sea la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) o el Banco
149
Mundial, muestran su preocupación por la extracción masiva de madera y su consecuencia más visible: la deforestación (CEPI -
Universidad del Rosario, 2008).
Esta problemática inquieta también a los investigadores de todos los países de la cuenca amazónica. El artículo de Juan Pablo Ruiz Soto,
economista colombiano, en El Espectador del 14 al 20 de octubre de 2007, muestra la tendencia a la conservación de la Amazonía a fin
de detener la deforestación, “la amenaza más importante para los bosques amazónicos” (Soto, 2007). Por otra parte, la agricultura
extensiva es un asunto que puede poner en peligro la Amazonía.
Los investigadores se interesan por este problema y sus impactos ambientales. David G. McGrath y Maria del Carmen Vera Díaz del
Instituto de Investigación Ambiental de Amazonía de Belem (Brasil), califican esta tendencia de “amenaza y catástrofe ecológica”
(Macgrath, 2006).Tradicionalmente, la cría de ganado ha sido identificada como la causa principal de la deforestación en la Amazonía,
pero actualmente el cultivo de soya ocupa un cercano segundo lugar.
De esta manera, se puede evidenciar una contradicción en el discurso del gobierno brasileño, ya que se pronuncia a favor del desarrollo
sostenible pero apoya el comercio de la madera y la soya, así como el desarrollo de la ganadería en toda la Amazonía. A esto se puede
añadir el monocultivo para los biocombustibles. En efecto, la nueva tendencia, para paliar la escasez de los combustibles fósiles, es su
substitución por los biocombustibles (elaborados a partir de biomasa vegetal). Los biocombustibles que se plantea adoptar son el
biodiesel (obtenido de plantas oleaginosas) y el etanol (que se obtiene de la fermentación de la celulosa contenida en los vegetales)
(CEPI - Universidad del Rosario, 2008).
150
El cultivo de esos vegetales necesita grandes extensiones de tierra por lo que favorece la deforestación. Más adelante se analizarán
los impactos sobre el medio ambiente. De otra parte, se observa un punto de vista diferente entre los Estados de la cuenca amazónica,
las ONG y las organizaciones indígenas. Los primeros sostienen que las empresas de extracción ayudan para el desarrollo económico.
En contraste, las ONG y las organizaciones indígenas buscan una protección frente a esas mismas empresas, denunciando los impactos
nefastos sobre el medio ambiente, en consecuencia, se encuentran en situación de conflictos socio-ambientales con el Estado y las
empresas (CEPI - Universidad del Rosario, 2008).
Las OIG, los investigadores y las ONG, entre otros, están de acuerdo en afirmar que la actividad extractiva en general tiene impactos
nefastos sobre el medio ambiente y particularmente sobre el agua. El agua es, hoy en día, un desafío mundial y su contaminación genera
preocupación a nivel internacional. En la Amazonía, el agua está amenazada por la actividad extractiva, sobre todo el petróleo, el oro o
los minerales. Esta contaminación del agua es un grave peligro para la conservación de la biodiversidad.
Lo que inquieta es que esta contaminación fluye con el agua y con el viento ampliando su acción, afectando así a todos los ríos
amazónicos y a las comunidades, ya que la mayor parte de las poblaciones amazónicas dependen de esta agua para su alimentación
(Bravo, La explotación petrolera y la conservación de la biodiversidad, 1997). Elizabeth Bravo aspira a demostrar la contradicción entre
la explotación petrolera en la Amazonía y la conservación de la biodiversidad con la aplicación del Convenio sobre Diversidad Biológica.
El Convenio declara como parte de la soberanía del Estado la conservación y la protección de la biodiversidad, cuando el Estado asegura
los derechos de las empresas transnacionales.18 A esto se puede añadir el problema de escasez de agua y la sequía que afecta a la
Amazonía y que está ligada a una demanda creciente de agua. Este asunto despierta una gran preocupación entre las organizaciones
internacionales (Francisco, 2005).
151
La actividad extractiva, particularmente la extracción de la madera, así como la agricultura extensiva, tienen otro efecto mucho más
perceptible, la deforestación masiva que afecta el bosque amazónico. En Brasil cerca de 680 mil Km.² han sido deforestados. Esta
deforestación viene no sólo de la explotación de madera, sino también de la expansión de la ganadería, la expansión de la agricultura
extensiva (soya) y la ampliación de las carreteras (CEPI - Universidad del Rosario, 2008).
Esta deforestación masiva de la Amazonía engendra emisión de CO2 a gran escala y el recalentamiento del planeta. En efecto, la
deforestación tropical es responsable del 20% de las emisiones globales de gas a efecto invernadero (Santilli, 2006). Esta conclusión,
abre el debate sobre la efectividad del protocolo de Kyoto. Además de la deforestación, la expansión de la soya tiene otros impactos
ambientales (CEPI - Universidad del Rosario, 2008).
En primer lugar, este cultivo modifica la cobertura vegetal y empobrece los suelos, por los productos químicos y el “monocultivo”.
Además, tiene consecuencias sobre el sistema hidrológico. La transformación de la cobertura vegetal afecta profundamente el sistema
hidrológico, causando la alteración del suelo y engendrando desprendimiento. Más aún, la cultura de la soya modifica la biodiversidad,
debido a la reducción del hábitat, la modificación del ecosistema acuático y los cambios climáticos (Macgrath, 2006).
Por otra parte, la explotación petrolera y la agricultura extensiva tienen impactos a un nivel más amplio. La región amazónica se
caracteriza por sus problemas económicos, políticos y sociales. Paralelamente, es una fuente permanente de tensiones. La actividad
petrolera, la explotación de madera, el desmonte, la concentración territorial y los monocultivos contradicen las nuevas políticas
nacionales de preservación del medio ambiente (Philippe, 2005).
152
Para entender las consecuencias de esas actividades a un nivel más amplio, las investigaciones del programa “Estudios socio-
ambientales” de la FLACSO Ecuador pueden ser interesantes. En Ecuador, la explotación petrolera y los problemas de gobernabilidad
muestran las tensiones sociales asociados a esos fenómenos en la región amazónica. Surge un “enfoque innovador” que muestra la
“realidad extractivista como generadora de crisis de gobernabilidad regionales” (Rivas Toledo, 2005).
Los conflictos en torno al petróleo están relacionados con las cuestiones de identidad y medio ambiente. La contaminación por
extracción petrolera, particularmente concentrada en tierras indígenas, la mala gestión ambiental, y los problemas de gobernabilidad
causan “conflictos socio-ambientales” (Fontaine, Microconflictos ambientales y crisis de gobernabilidad en la Amazonía, 2005).
Los conflictos socio-ambientales tienen sus orígenes en la aplicación de políticas públicas relacionadas con aspectos ambientales. Los
conflictos tienen varias reivindicaciones: conflictos para tierras, medio ambiente, protección de la población… Así, se ve una
participación ciudadana muy importante con reivindicaciones étnicas. Esta situación se encuentra en Ecuador y en Bolivia (CEPI -
Universidad del Rosario, 2008).
El caso, muy mediático, de Texaco es un referente para entender los conflictos ambientales en los países amazónicos. En Brasil, las
tensiones vienen de la deforestación que sirve para el comercio de la madera, para el cultivo de la soya o para la ganadería. En efecto,
la deforestación pone en riesgo a los pueblos indígenas, sus culturas y su supervivencia. Los pueblos indígenas son amenazados con la
expulsión de sus tierras ancestrales, mientras que los campesinos sin tierras son amenazados con seguir perdiendo territorio y recursos
hídricos (CEPI - Universidad del Rosario, 2008).
153
Así, se desarrollan conflictos entre pueblos indígenas o campesinos sin tierras y empresas y ganaderos (Caruso, 2005). El uso de la
violencia es presente y las consecuencias muy graves. El PNUE, en su anuario GEO 2007, subraya los conflictos para la tierra y los
recursos naturales en Amazonía y añade los riesgos de degradación del medio ambiente. Las actividades económicas, denominadas
como “legales” son percibidas, por algunos actores de la Amazonía, como una “amenaza” importante al medio ambiente y a las
poblaciones. Se añaden a esa problemática las actividades ilegales y los tráficos transnacionales que inquietan tanto a los Estados
amazónicos, a través la OTCA, como a las ONG y a las comunidades locales (CEPI - Universidad del Rosario, 2008).
Todos los países de la cuenca amazónica se sienten amenazados por los tráficos y particularmente por el narcotráfico. Esta conclusión
se deriva de una lectura de las políticas de seguridad de dichos países. El Ecuador aborda esta cuestión en su nuevo libro blanco de
seguridad que tiene en cuenta estos problemas de seguridad y sus consecuencias para el medio ambiente. El Ecuador habla del
narcotráfico como “factor que incide en la seguridad sin ser definido como amenaza” (Ministerio de Defensa Nacional de la República
de Ecuador, 2007).
La verdadera amenaza, para este país, no es tanto el narcotráfico, sino las fumigaciones ejecutadas por el gobierno colombiano. Así, a
través de su Plan Ecuador, este País establece una proposición para “impulsar un proceso de paz, de seguridad integral y bienestar
centrado en la población fronteriza”. Rafael Correa, presidente del Ecuador, quiere encontrar una solución frente al narcotráfico y a las
fumigaciones. El Perú menciona en su libro blanco de la defensa nacional, los problemas transfronterizos como el narcotráfico y el
contrabando. Califica, además, esos problemas de seguridad como “obstáculos y amenazas” Además, existe una política de seguridad y
defensa especial para la Amazonía, región definida como una base geoestratégica del Estado peruano (Ministerio de Defensa de la
República del Perú, 2007).
154
El Brasil indica, en su política de defensa y seguridad, los problemas vinculados por los actores ilegales o irregulares presentes en
las regiones amazónicas (Mario, 2000). El Ministerio de Defensa de Colombia posee un documento de trabajo muy interesante en el
estudio de “amenazas” en la Amazonía que se intitula Política del ministerio de defensa frente a la delincuencia y el narcotráfico en la
Amazonía.35 Este informe enuncia los problemas que afectan a la seguridad de la región amazónica y los instrumentos y mecanismos
existentes para luchar contra estas amenazas. A través de este documento, Colombia considera como “amenaza” la “delincuencia
organizada transnacional”, es decir el tráfico de drogas ilícitas, de precursores químicos y el tráfico de armas, municiones y explosivos.
Integra, también, en esta lista de amenazas, el tráfico ilícito de especies y recursos forestales de fauna y flora. Asimismo, el Ministerio
de Defensa de Colombia tiene otro documento exclusivamente consagrado a los impactos del narcotráfico y del terrorismo sobre el
medio ambiente ( Ministerio de Defensa de la República de Colombia, 2010).
Como se puede notar, todos esos países se involucran más, hoy en día, con las cuestiones de seguridad relacionadas con el medio
ambiente. A través la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), los diferentes países de la cuenca amazónica
pueden identificar amenazas comunes. En el Acta de la Primera Reunión de Ministros de defensa sobre defensa y seguridad integral de
la Amazonía de la OTCA, en julio de 2006, los países mencionan como “amenazas que afectan a la Amazonía” el tráfico de especies,
los cultivos ilícitos, el tráfico de armas, la delincuencia transnacional organizada, la explotación ilícita de recursos naturales, la
construcción de carreteras no autorizadas, la pesca y la caza ilegal. El entonces ministro de defensa de Colombia, Camilo Ospina Bernal,
quien acogió la reunión, añade que la nueva amenaza es “el crimen transnacional y el terrorismo” que usan a la Amazonía como un
espacio de operaciones y de tránsito para las actividades ilegales (Ospina BernalL, 2006).
Por otra parte, los países amazónicos, como Venezuela y Brasil, abordan, a través de la OTCA, el tema de la biopiratería como “terrible
amenaza”. El artículo 19 de La declaración de Manaos, es consagrada a esta cuestión (OTCA, 2004). También, las organizaciones no
gubernamentales y las organizaciones indígenas se involucran en los asuntos de biopiratería que aparecen como una gran preocupación
155
para las poblaciones indígenas. La Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), la Alianza
amazónica o aún la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENAIE) participaron en las luchas
jurídicas para proteger las plantas medicinales indígenas de este tráfico (CEPI - Universidad del Rosario, 2008).
A nivel académico Germán Grisales Jiménez trata la biopiratería, que define como “el uso de la propiedad intelectual para legitimar la
posesión y el control exclusivo de los recursos biológicos y genéticos”. Estudia y denuncia redes de biopiratería de la Amazonía
constituidas por las compañías de cosméticos y de medicinas. Finalmente, un estudio brasileño considera la degradación del medio
ambiente en la Amazonía como una “amenaza global”. Enuncia las nuevas amenazas para el Brasil e incluye el tráfico de drogas, el
tráfico de armas, de personas, de órganos humanos y el deterioro ambiental (CEPI - Universidad del Rosario, 2008).
Aparece una consideración por parte de los actores en lo que tiene que ver con los impactos ambientales de las actividades ilegales.
Existe un cierto interés frente al asunto de la “seguridad ambiental”. Las consecuencias de esas actividades son amplias. De todas formas,
engendran una destrucción del bosque tropical y una contaminación de los ríos. Estos resultados son producidos principalmente por el
narcotráfico, a través de la utilización de productos químicos y de la fumigación (que resulta de la política colombiana de erradicación
de la hoja de coca) (CEPI - Universidad del Rosario, 2008).
El narcotráfico destruye el bosque, la agricultura, y contamina las cuencas de los ríos de la Amazonía. El uso de sustancias químicas de
alta toxicidad genera un proceso de erosión del suelo y la destrucción de nichos ecológicos, del potencial genético y de la cobertura
vegetal nativa. Así mismo, contribuye a alterar el régimen de lluvias, el clima local y aumentar las emisiones de gas carbónico (CEPI -
Universidad del Rosario, 2008).
156
Esta contaminación es transfronteriza y afecta a todos los países amazónicos. Es prudente subrayar que el impacto ambiental de esas
actividades afecta la salud de las poblaciones y agrava la situación de pobreza, principalmente en la zona fronteriza Ecuador – Colombia.
Este contexto favorece los desplazamientos de poblaciones y crea un crecimiento de los refugiados. Se cree que para 2007 había cerca
de 3 millones de colombianos desplazados, de los cuales 3855 corresponden a personas afectadas por las fumigaciones (CEPI -
Universidad del Rosario, 2008).
Por otra parte, las fumigaciones crean tensiones diplomáticas entre Ecuador y Colombia y desestabilizan las fronteras. La biopiratería,
ya mencionada, tiene consecuencias sobre el medio ambiente y esencialmente sobre las comunidades amazónicas. Los científicos y los
laboratorios farmacéuticos se interesan en la flora amazónica que es la flora más diversificada del mundo. Sin embargo, la exportación
de esas plantas tiene impacto sobre los suelos y causa una disminución importante de la biomasa.46 De ese tema, se desprende la
problemática de las patentes. A menudo, las empresas farmacéuticas y de cosméticos implantan patentes sobre plantas medicinales, pero
esas plantas son conocidas desde hace miles de años por las comunidades indígenas de la Amazonía. Los Derechos de la Propiedad
Intelectual (DPI) afectan a los indígenas (CEPI - Universidad del Rosario, 2008).
Los DPI son regímenes legales internacionales para la protección de los frutos de la creación humana. Existen tres tipos de DPI: la
propiedad industrial (patentes, apelaciones, secretos comerciales), el derecho de autor (obras literarias y artísticas), y el derecho de
productores agrícolas (creación de nuevas variedades vegetales). Los indígenas se ven perjudicados en la medida en que las empresas
patenten plantas ya identificadas (CEPI - Universidad del Rosario, 2008).
157
Los tráficos transnacionales, en general, afectan el equilibrio y el desarrollo ambiental pero también social de la región y
comprometen la seguridad de los Estados. Contribuyen a su desestabilización y se vuelven un problema de seguridad común en una
región muy sensible. El tráfico de armas permite la presencia de actores armados ilegales en la Amazonía y hace más difícil la labor de
garantizar la presencia del Estado en las zonas de frontera. La violencia se desarrolla en esas zonas. Además, los tráficos ilegales
financian las organizaciones criminales y terroristas, como el tráfico de la cocaína. Esos recursos permiten fortalecer sus capacidades y
desestabilizar aún más la región. Por otra parte, los Estados de la cuenca amazónica tienen una presencia bien particular. Se perciben
amenazados por las organizaciones internacionales gubernamentales y no-gubernamentales que trabajan en la Amazonía con la misión
de “preservar” la región (CEPI - Universidad del Rosario, 2008).
Esta preocupación concierne esencialmente a los Estados, y particularmente al Brasil. El Brasil anuncia claramente, a través de su
política de defensa y seguridad, ese temor como una problemática nacional. La soberanía es un principio fundamental de la OTAC,
organismo que reagrupa a los países de la cuenca amazónica excepto la Guyana francesa. En este sentido, el artículo 2 de la Declaración
de Manaos49 establece que “la responsabilidad soberana de los Estados miembros de la OTCA en relación con el desarrollo sostenible
de la región Amazónica” y el artículo 3 reitera “la determinación de los Estados miembros de la OTCA de reafirmar el ejercicio pleno
de su soberanía sobre los recursos de la Amazonía”. Así, la República Bolivariana de Venezuela acusa, durante la Primera reunión de
Ministros de Defensa sobre defensa y seguridad integral de la Amazonía, la ingerencia externa de “amenaza directa” a la soberanía
estatal: “de tanto cualquier intento de menoscabar la soberanía nacional sobre su territorio, sobre sus recursos, en contra de su población,
es una amenaza” (CEPI - Universidad del Rosario, 2008).
El Brasil, parece más involucrado en esa problemática. Como se acaba de mencionar, sus políticas de defensa y seguridad abordan el
tema de soberanía e ingerencia externa en la Amazonía. El documento de trabajo ‘’Reflexoês sobre defensa e segurança: uma estrategia
158
para o Brasil’’, subraya que la soberanía brasileña está amenazada por las “presiones internacionales” sobre las preocupaciones de
la diversidad, del desarrollo y de los territorios indígenas (CEPI - Universidad del Rosario, 2008).
El documento general de Política de Defensa Nacional de Brasilia segura que la defensa del Estado, sobre todo en las regiones
amazónicas (llamada la Amazonía legal) es una prioridad para “preservar los intereses nacionales, la soberanía y la independencia”. La
Amazonía es un área prioritaria para la defensa nacional brasileña. El Ministerio de Planeamiento, Ordenamiento y Gestión consagra un
capítulo de un estudio del Instituto de Investigación de Economía Aplicada (IPEA), Brasil: O Estado de uma Naçâo, a la Amazonía y a
la soberanía (CEPI - Universidad del Rosario, 2008).
Este documento subraya que la amenaza a la soberanía viene esencialmente de la presión exterior, “se trata menos de la necesidad de
conquistar territorios y más del énfasis en múltiples formas de presión para influenciar el proceso de toma de decisiones sobre el uso de
los territorios de los Estados soberanos”. Los Estados notan varios tipos de “ingerencia” que no afectan de manera igual su soberanía
sobre la Amazonía (CEPI - Universidad del Rosario, 2008).
El primer temor es la intervención externa a nombre del bien común. Numerosos son los discursos, las opiniones a favor de una presencia
internacional para la “protección de la Amazonía”. Ya, en 1989, Al Gore (Ex Senador y vicepresidente de los Estados Unidos), hablaba
al respecto: “Al contrario de lo que los brasileños piensan, la Amazonía no es de ellos, sino de todos nosotros”. Y François Mitterand
(Ex Presidente de Francia) añadía en el mismo año “Brasil necesita aceptar una soberanía relativa sobre la Amazonía” (CEPI -
Universidad del Rosario, 2008).
159
Hoy en día, la Comunidad Internacional, bajo la conducción de la ONU y de su Consejo de Seguridad, expresa la voluntad de
considerar a la Amazonía como patrimonio universal. Percibe una gran amenaza sobre el medio ambiente, y así defiende una
intervención internacional. Los objetivos son internacionalizar la protección, la administración, el control y el financiamiento de la
región. Esta perspectiva anuncia una “ampliación de las funciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para asegurar los
objetivos ecológicos de acuerdo con el Derecho Internacional” (CEPI - Universidad del Rosario, 2008).
De esta manera, se habla de soberanía limitada o compartida. Hay que notar que la Amazonía es un tesoro en términos de recursos
naturales por lo que despierta interés entre las multinacionales en una época en la que la escasez de las fuentes de combustibles fósiles
es rampante. Los países de la cuenca amazónica denuncian esa intención de internacionalizar su bosque con “propaganda ambientalista”
(CEPI - Universidad del Rosario, 2008).
Existe un consenso entre dichos países en la voluntad de conservar la soberanía en la Amazonía, particularmente del Brasil. En
noviembre de 2007, el presidente de Brasil, Luís Ignacio Lula Da Silva, reivindicó su soberanía en la selva amazónica, después de las
recomendaciones del presidente del panel de las Naciones Unidas que sugirió la creación de un tratado internacional para garantizar la
protección de la Amazonía. Los países de la cuenca amazónica perciben también una amenaza a su soberanía en las organizaciones no-
gubernamentales y en los países extranjeros, pero de manera individual (CEPI - Universidad del Rosario, 2008).
Actualmente, no se habla de pérdida total de soberanía, pero las acciones de esos actores limitan la autoridad de los países. En primer
lugar, las ONG internacionales preocupan a algunos Estados amazónicos. En Brasil, las ONG están, a menudo, en conflicto con el
gobierno brasileño. Según Philippe Lena, geógrafo y sociólogo francés, director de investigación del Instituto de Investigación para el
160
Desarrollo (IRD), el gobierno ve en ellas una voluntad de apropiarse de la Amazonía. “Las exhortaciones de protección del bosque
llegando de afuera están vistas con sospechas” (CEPI - Universidad del Rosario, 2008).
El Ministerio de Defensa y Seguridad brasileño aborda la problemática de presiones internacionales y realza la temática de la presencia
de las ONG en la Amazonía. Evoca la voluntad de las ONG de internacionalizar la Amazonía, a través del caso de la reserva indígena
Carajas.61 La presencia de actores extranjeros es percibida, también, como una intrusión en la agenda científica de la Amazonía. Según
el Brasil, existe una imposición internacional de esta agenda que limita las acciones nacionales y la soberanía (CEPI - Universidad del
Rosario, 2008).
2.4.1 Actores que perciben los tráficos transnacionales como una “amenaza”.
Todos los países de la cuenca amazónica se sienten amenazados por los tráficos y particularmente por el narcotráfico. Esta conclusión
se deriva de una lectura de las políticas de seguridad de dichos países. El Ecuador aborda esta cuestión en su nuevo libro blanco de
seguridad que tiene en cuenta estos problemas de seguridad y sus consecuencias para el medio ambiente.30 El Ecuador habla del
narcotráfico como “factor que incide en la seguridad sin ser definido como amenaza” (CEPI - Universidad del Rosario, 2008).
La verdadera amenaza, para este país, no es tanto el narcotráfico, sino las fumigaciones ejecutadas por el gobierno colombiano. Así, a
través de su Plan Ecuador, este País establece una proposición para “impulsar un proceso de paz, de seguridad integral y bienestar
centrado en la población fronteriza”. Rafael Correa, presidente del Ecuador, quiere encontrar una solución frente al narcotráfico y a las
161
fumigaciones. El Perú menciona en su libro blanco de la defensa nacional, los problemas transfronterizos como el narcotráfico y el
contrabando. Califica, además, esos problemas de seguridad como “obstáculos y amenazas” (CEPI - Universidad del Rosario, 2008).
Además, existe una política de seguridad y defensa especial para la Amazonía, región definida como una base geoestratégica del Estado
peruano. El Brasil indica, en su política de defensa y seguridad, los problemas vinculados por los actores ilegales o irregulares presentes
en las regiones amazónicas. El Ministerio de Defensa de Colombia posee un documento de trabajo muy interesante en el estudio de
“amenazas” en la Amazonía que se intitula Política del ministerio de defensa frente a la delincuencia y el narcotráfico en la Amazonía
(CEPI - Universidad del Rosario, 2008).
Este informe enuncia los problemas que afectan a la seguridad de la región amazónica y los instrumentos y mecanismos existentes para
luchar contra estas amenazas. A través de este documento, Colombia considera como “amenaza” la “delincuencia organizada
transnacional”, es decir el tráfico de drogas ilícitas, de precursores químicos y el tráfico de armas, municiones y explosivos. Integra,
también, en esta lista de amenazas, el tráfico ilícito de especies y recursos forestales de fauna y flora. Asimismo, el Ministerio de Defensa
de Colombia tiene otro documento exclusivamente consagrado a los impactos del narcotráfico y del terrorismo sobre el medio ambiente
(CEPI - Universidad del Rosario, 2008).
Como se puede notar, todos esos países se involucran más, hoy en día, con las cuestiones de seguridad relacionadas con el medio
ambiente. A través la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), los diferentes países de la cuenca amazónica
pueden identificar amenazas comunes. En el Acta de la Primera Reunión de Ministros de defensa sobre defensa y seguridad integral de
la Amazonía de la OTCA, en julio de 2006, los países mencionan como “amenazas que afectan a la Amazonía” el tráfico de especies,
los cultivos ilícitos, el tráfico de armas, la delincuencia transnacional organizada, la explotación ilícita de recursos naturales, la
162
construcción de carreteras no autorizadas, la pesca y la caza ilegal. El entonces ministro de defensa de Colombia, Camilo Ospina
Bernal, quien acogió la reunión, añade que la nueva amenaza es “el crimen transnacional y el terrorismo” que usan a la Amazonía como
un espacio de operaciones y de tránsito para las actividades ilegales (CEPI - Universidad del Rosario, 2008).
Por otra parte, los países amazónicos, como Venezuela y Brasil, abordan, a través de la OTCA, el tema de la biopiratería como “terrible
amenaza”. El artículo de La declaración de Manaos, es consagrada a esta cuestión. También, las organizaciones no gubernamentales y
las organizaciones indígenas se involucran en los asuntos de biopiratería que aparecen como una gran preocupación para las poblaciones
indígenas. La Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), la Alianza amazónica o aún la
Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENAIE) participaron en las luchas jurídicas para
proteger las plantas medicinales indígenas de este tráfico (CEPI - Universidad del Rosario, 2008).
A nivel académico Germán Grisales Jiménez trata la biopiratería, que define como “el uso de la propiedad intelectual para legitimar la
posesión y el control exclusivo de los recursos biológicos y genéticos”. Estudia y denuncia redes de biopiratería de la Amazonía
constituidas por las compañías de cosméticos y de medicinas. Finalmente, un estudio brasileño considera la degradación del medio
ambiente en la Amazonía como una “amenaza global”. Enuncia las nuevas amenazas para el Brasil e incluye el tráfico de drogas, el
tráfico de armas, de personas, de órganos humanos y el deterioro ambiental (CEPI - Universidad del Rosario, 2008).
Aparece una consideración por parte de los actores en lo que tiene que ver con los impactos ambientales de las actividades ilegales.
Existe un cierto interés frente al asunto de la “seguridad ambiental”. Las consecuencias de esas actividades son amplias. De todas formas,
engendran una destrucción del bosque tropical y una contaminación de los ríos. Estos resultados son producidos principalmente por el
narcotráfico, a través de la utilización de productos químicos y de la fumigación (que resulta de la política colombiana de erradicación
163
de la hoja de coca). El narcotráfico destruye el bosque, la agricultura, y contamina las cuencas de los ríos de la Amazonía (CEPI -
Universidad del Rosario, 2008).
El uso de sustancias químicas de alta toxicidad genera un proceso de erosión del suelo y la destrucción de nichos ecológicos, del potencial
genético y de la cobertura vegetal nativa. Así mismo, contribuye a alterar el régimen de lluvias, el clima local y aumentar las emisiones
de gas carbónico. Esta contaminación es transfronteriza y afecta a todos los países amazónicos. Es prudente subrayar que el impacto
ambiental de esas actividades afecta la salud de las poblaciones y agrava la situación de pobreza, principalmente en la zona fronteriza
Ecuador – Colombia. Este contexto favorece los desplazamientos de poblaciones y crea un crecimiento de los refugiados. Se cree que
para 2007 había cerca de 3 millones de colombianos desplazados, de los cuales 3855 corresponden a personas afectadas por las
fumigaciones (CEPI - Universidad del Rosario, 2008).
Por otra parte, las fumigaciones crean tensiones diplomáticas entre Ecuador y Colombia y desestabilizan las fronteras. La biopiratería,
ya mencionada, tiene consecuencias sobre el medio ambiente y esencialmente sobre las comunidades amazónicas. Los científicos y los
laboratorios farmacéuticos se interesan en la flora amazónica que es la flora más diversificada del mundo. Sin embargo, la exportación
de esas plantas tiene impacto sobre los suelos y causa una disminución importante de la biomasa (CEPI - Universidad del Rosario,
2008).
De ese tema, se desprende la problemática de las patentes. A menudo, las empresas farmacéuticas y de cosméticos implantan patentes
sobre plantas medicinales, pero esas plantas son conocidas desde hace miles de años por las comunidades indígenas de la Amazonía.
Los Derechos de la Propiedad Intelectual (DPI) afectan a los indígenas. Los DPI son regímenes legales internacionales para la protección
de los frutos de la creación humana. Existen tres tipos de DPI: la propiedad industrial (patentes, apelaciones, secretos comerciales), el
164
derecho de autor (obras literarias y artísticas), y el derecho de productores agrícolas (creación de nuevas variedades vegetales). Los
indígenas se ven perjudicados en la medida en que las empresas patenten plantas ya identificadas (CEPI - Universidad del Rosario,
2008).
Los tráficos transnacionales, en general, afectan el equilibrio y el desarrollo ambiental pero también social de la región y comprometen
la seguridad de los Estados. Contribuyen a su desestabilización y se vuelven un problema de seguridad común en una región muy
sensible. El tráfico de armas permite la presencia de actores armados ilegales en la Amazonía y hace más difícil la labor de garantizar
la presencia del Estado en las zonas de frontera. La violencia se desarrolla en esas zonas. Además, los tráficos ilegales financian las
organizaciones criminales y terroristas, como el tráfico de la cocaína. Esos recursos permiten fortalecer sus capacidades y desestabilizar
aún más la región. Por otra parte, los Estados de la cuenca amazónica tienen una presencia bien particular. Se perciben amenazados por
las organizaciones internacionales gubernamentales y no-gubernamentales que trabajan en la Amazonía con la misión de “preservar” la
región (CEPI - Universidad del Rosario, 2008).
2.4.2 Una amenaza que preocupa a los Estados de la cuenca amazónica
Esta preocupación concierne esencialmente a los Estados, y particularmente al Brasil. El Brasil anuncia claramente, a través de su
política de defensa y seguridad, ese temor como una problemática nacional. La soberanía es un principio fundamental de la OTAC,
organismo que reagrupa a los países de la cuenca amazónica excepto la Guyana francesa. En este sentido, el artículo 2 de la Declaración
de Manaos49 establece que “la responsabilidad soberana de los Estados miembros de la OTCA en relación con el desarrollo sostenible
de la región Amazónica” y el artículo 3 reitera “la determinación de los Estados miembros de la OTCA de reafirmar el ejercicio pleno
de su soberanía sobre los recursos de la Amazonía” (CEPI - Universidad del Rosario, 2008).
165
Así, la República Bolivariana de Venezuela acusa, durante la Primera reunión de Ministros de Defensa sobre defensa y seguridad integral
de la Amazonía, la ingerencia externa de “amenaza directa” a la soberanía estatal: “de tanto cualquier intento de menoscabar la soberanía
nacional sobre su territorio, sobre sus recursos, en contra de su población, es una amenaza”. El Brasil, parece más involucrado en esa
problemática (CEPI - Universidad del Rosario, 2008).
Como se acaba de mencionar, sus políticas de defensa y seguridad abordan el tema de soberanía e ingerencia externa en la Amazonía.
El documento de trabajo ‘’Reflexoês sobre defensa e segurança: uma estrategia para o Brasil’’, subraya que la soberanía brasileña está
amenazada por las “presiones internacionales” sobre las preocupaciones de la diversidad, del desarrollo y de los territorios indígenas.
El documento general de Política de Defensa Nacional de Brasil asegura que la defensa del Estado, sobre todo en las regiones amazónicas
(llamada la Amazonía legal) es una prioridad para “preservar los intereses nacionales, la soberanía y la independencia” (CEPI -
Universidad del Rosario, 2008).
La Amazonía es un área prioritaria para la defensa nacional brasileña. El Ministerio de Planeamiento, Ordenamiento y Gestión consagra
un capítulo de un estudio del Instituto de Investigación de Economía Aplicada (IPEA), Brasil: O Estado de uma Naçâo, a la Amazonía
y a la soberanía. Este documento subraya que la amenaza a la soberanía viene esencialmente de la presión exterior, “se trata menos de
la necesidad de conquistar territorios y más del énfasis en múltiples formas de presión para influenciar el proceso de toma de decisiones
sobre el uso de los territorios de los Estados soberanos” (CEPI - Universidad del Rosario, 2008).
166
Los Estados notan varios tipos de “ingerencia” que no afectan de manera igual su soberanía sobre la Amazonía y se sienten
amenazados por la ingerencia externa. El primer temor es la intervención externa a nombre del bien común. Numerosos son los discursos,
las opiniones a favor de una presencia internacional para la “protección de la Amazonía”. Ya, en 1989, Al Gore (Ex Senador y
vicepresidente de los Estados Unidos), hablaba al respecto: “Al contrario de lo que los brasileños piensan, la Amazonía no es de ellos,
sino de todos nosotros” (CEPI - Universidad del Rosario, 2008).
François Mitterand (Ex Presidente de Francia) añadía en el mismo año “Brasil necesita aceptar una soberanía relativa sobre la
Amazonía”. Hoy en día, la Comunidad Internacional, bajo la conducción de la ONU y de su Consejo de Seguridad, expresa la voluntad
de considerar a la Amazonía como patrimonio universal. Percibe una gran amenaza sobre el medio ambiente, y así defiende una
intervención internacional. Los objetivos son internacionalizar la protección, la administración, el control y el financiamiento de la
región. Esta perspectiva anuncia una “ampliación de las funciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para asegurar los
objetivos ecológicos de acuerdo con el Derecho Internacional” (CEPI - Universidad del Rosario, 2008).
De esta manera, se habla de soberanía limitada o compartida. Hay que notar que la Amazonía es un tesoro en términos de recursos
naturales por lo que despierta interés entre las multinacionales en una época en la que la escasez de las fuentes de combustibles fósiles
es rampante. Los países de la cuenca amazónica denuncian esa intención de internacionalizar su bosque con “propaganda ambientalista”
(CEPI - Universidad del Rosario, 2008).
Existe un consenso entre dichos países en la voluntad de conservar la soberanía en la Amazonía, particularmente del Brasil. En
noviembre de 2007, el presidente de Brasil, Luís Ignacio Lula Da Silva, reivindicó su soberanía en la selva amazónica, después de las
recomendaciones del presidente del panel de las Naciones Unidas que sugirió la creación de un tratado internacional para garantizar la
167
protección de la Amazonía. Los países de la cuenca amazónica perciben también una amenaza a su soberanía en las organizaciones
no-gubernamentales y en los países extranjeros, pero de manera individual. Actualmente, no se habla de pérdida total de soberanía, pero
las acciones de esos actores limitan la autoridad de los países (CEPI - Universidad del Rosario, 2008).
En primer lugar, las ONG internacionales preocupan a algunos Estados amazónicos. En Brasil, las ONG están, a menudo, en conflicto
con el gobierno brasileño. Según Philippe Lena, geógrafo y sociólogo francés, director de investigación del Instituto de Investigación
para el Desarrollo (IRD), el gobierno ve en ellas una voluntad de apropiarse de la Amazonía. “Las exhortaciones de protección del
bosque llegando de afuera están vistas con sospechas” (CEPI - Universidad del Rosario, 2008).
El Ministerio de Defensa y Seguridad brasileño aborda la problemática de presiones internacionales y realza la temática de la presencia
de las ONG en la Amazonía. Evoca la voluntad de las ONG de internacionalizar la Amazonía, a través del caso de la reserva indígena
Carajas.61 La presencia de actores extranjeros es percibida, también, como una intrusión en la agenda científica de la Amazonía. Según
el Brasil, existe una imposición internacional de esta agenda que limita las acciones nacionales y la soberanía.62 El debate sobre la
manera de gestionar la Amazonía está abierto (CEPI - Universidad del Rosario, 2008).
Capítulo 3
168
3. Objetivo3: Definir las estrategias o alternativas para la generación de soberanía ambiental en la amazonia colombiana
3.1 Matriz de análisis de estrategias o alternativas
El presente capitulo contiene la matriz de análisis de estrategias o alternativas para el ejercicio de la soberanía ambiental en la amazonia
colombiana. Esta matriz es una adaptación de la matriz que propone la metodología de marco lógico de analisis de actores de la
Comisión económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2015).
MATRIZ DE ANALISIS DE ESTRATEGIAS 1
Estrategias o alternativas en los criterios de soberanía ambiental
Actor
Organización
1. seguridad
ecológica
2. seguridad
social
3. seguridad
económica
4. seguridad
cultural
5, seguridad
territorial
6. seguridad
jurídica
1. Ministerio
de salud
Planificar, formular, ejecutar y evaluar
campañas de salud
ambiental para la población que habita el
territorio, con enfoque a
la disminución de la vulnerabilidad y gestión
de los riesgos
ambientales.
Formular la política, dirigir, orientar,
adoptar y evaluar los
planes, programas y proyectos del Sector de
Salud y Protección
Social que, maximicen la cobertura y mejoren
la calidad del servicio.
Formular la política, dirigir, orientar,
adoptar y evaluar los
planes, programas y proyectos que
busquen disminuir los
costos asociados a la accesibilidad y
prestación del servicio
para los grupos poblacionales más
vulnerables.
Participar en la
formulación y
evaluación de las políticas, planes,
programas y proyectos
en materia de pensiones, beneficios
económicos y otras
prestaciones.
Promover, de conformidad con los
principios
constitucionales, la participación de las
organizaciones
comunitarias, las entidades no
gubernamentales, las
instituciones asociativas, solidarias, mutuales y
demás participantes en el
desarrollo de las acciones de salud.
Promover la articulación de las acciones del
Estado, la sociedad, la
familia, el individuo y los demás responsables
de la ejecución de las
actividades de salud, riesgos profesionales y
Formular la política, dirigir, orientar,
adoptar y evaluar la
ejecución, planes, programas y proyectos
del Gobierno Nacional
en materia de salud, salud pública, riesgos
profesionales, y de
control de los riesgos provenientes de
enfermedades
comunes, ambientales, sanitarias y
psicosociales, que
afecten a las personas, grupos, familias o
comunidades.
Constituir con otras personas jurídicas de
derecho público o
privado, asociaciones, fundaciones o entidades
que apoyen o promuevan
el cumplimiento de las funciones o fines
inherentes al Ministerio
de Salud y Protección Social, así mismo,
destinar recursos de su
presupuesto para la creación, funcionamiento
e inversión del instituto
de Evaluación de Tecnologías en Salud de
que trata el Artículo 92
de la Ley 1438 de 2011 o al de las asociaciones,
169
Formular, adoptar y evaluar la política
farmacéutica, de
medicamentos, de dispositivos, de
insumos y tecnología
biomédica, y establecer y
desarrollar
mecanismos y estrategias dirigidas a
optimizar la
utilización de los mismos.
Establecer los mecanismos para
adelantar
negociaciones de precios de
medicamentos,
insumos y dispositivos médicos
Realizar los estudios y el análisis de
viabilidad, estabilidad
y equilibrio financiero
de los recursos
asignados a la salud y
promoción social a cargo del Ministerio.
Administrar los recursos que destine el
Gobierno Nacional
para promover la sostenibilidad
financiera del Sistema
General de Seguridad Social en Salud,
cuando quiera que no
exista norma especial
que los regule o
reglamente, ni la administración se
encuentre asignada a
otra entidad.
promoción social a cargo del Ministerio.
fundaciones o entidades que constituya
Promover el estudio, elaboración,
seguimiento, firma,
aprobación, revisión jurídica y la ratificación
de los tratados o
convenios internacionales
relacionados con salud, y
promoción social a cargo
del Ministerio, en
coordinación con las
entidades competentes en la materia.
Preparar las normas,
regulaciones y reglamentos de salud y
promoción social en
salud, aseguramiento en salud y riesgos
profesionales, en el
marco de sus competencias.
Administrar los fondos, cuentas y recursos de
administración especial
de protección social a cargo del Ministerio
2. Ministerio
de Defensa
Formular la política, dirigir, orientar, adoptar
y evaluar los planes,
Formular la política, dirigir, orientar,
adoptar y evaluar los
Orientar, coordinar y controlar en la forma
contemplada en las
Formular la política, dirigir, orientar, adoptar
y evaluar los planes,
Formular, diseñar, desarrollar y ejecutar
las políticas de defensa
Contribuir a la formulación de la
política del Gobierno en
170
programas y proyectos en materia de seguridad
defensa, protección y
soberanía ambiental del patrimonio natural de la
Nación
planes, programas y proyectos de
seguridad, defensa y
protección de la población frente a las
problemáticas sociales,
de conflicto y violencia dentro de la región.
respectivas leyes, estatutos y
reglamentos, los
establecimientos públicos, las empresas
industriales y
comerciales del Estado y las
sociedades de
economía mixta que le estén adscritos o
vinculados.
Preparar los
programas de
inversiones y otros desembolsos públicos
correspondientes al
sector y a los planes de desarrollo del
mismo.
programas y proyectos que garanticen la
seguridad y soberanía
sobre el patrimonio cultural, y los grupos
étnicos y culturales que
habitan el territorio
y seguridad nacional en el territorio
el ramo de Defensa Nacional y adelantar su
ejecución.
3, Ministerio
de Ambiente y
desarrollo
sostenible
Formular, promociona y ejecutar la política
nacional de seguridad
ecológica y de los bienes
y servicios ecosistemicos
Incluir en el Sistema Nacional Ambiental -
SINA-, la adopción y
ejecución de políticas públicas que busquen o
generan la seguridad
ambiental.
Diseñar y regular las políticas públicas y las
condiciones generales
para el saneamiento
del ambiente, y el uso,
manejo,
aprovechamiento, conservación,
restauración y
recuperación de los recursos naturales, a
fin de impedir,
reprimir, eliminar o mitigar el impacto de
actividades
contaminantes, deteriorantes o
destructivas del
entorno o del patrimonio natural, en
todos los sectores económicos y
productivos.
orientar y regular el ordenamiento
ambiental del territorio
y de definir las
políticas y
regulaciones a las que
se sujetarán la recuperación,
conservación,
protección, ordenamiento, manejo,
uso y aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales
renovables y del
ambiente de la nación, a fin de asegurar el
desarrollo sostenible,
sin perjuicio de las funciones asignadas a
otros sectores.
4. Ministerio
de Cultura
Promover mediante planes, ´programas y
proyectos el
reconocimiento de las comunidades indígenas y
grupos étnicos, como
Formular, coordinar, ejecutar y vigilar la
política del Estado en
materia cultural, con enfoque holístico,
Diseñar, y formular proyectos de inversión
por parte del Estado y
del sector privado en la creación de planes
de negocio, que
Formular, coordinar, ejecutar y vigilar la
política de seguridad en
materia cultural, para garantizar la seguridad
de la integridad étnica, el
Gestionar la protección del
territorio para las
comunidades
Dar a conocer los derechos asociados a la
protección y seguridad
de la cultura.
171
actores estratégicos en la protección y
conservación de la
biodiversidad y ecosistemas.
integral y participativa y con integridad étnica
generen rendimientos y beneficios
económicos a las
poblaciones que habitan el territorio,
potencializando su
valor agregado en el mercado , la
competitividad de
productos de origen etnobiologicos del
Amazonas generaría
gran acogida en el mercado local e
internacional por los
beneficios sociales y ambientales que
generan.
patrimonio, biocultural, arqueológico, entre
otros, con el fin de
disminuir el riesgo de afectación por parte de la
intervención no
planeada por parte de la cultura.
Generar espacios de reconocimiento y
apropiación cultural
Generar espacios de
comunicación e
interacción inter regional, y entre las
etnias o grupos
culturales para identificar metes y
objetivos comunes, y de
esta manera unir fuerza
culturales que lo habitan
Realiza gestión integral del riesgo en
las comunidades
indígenas para disminuir la
vulnerabilidad de los
grupos poblacionales.
Genera investigación
de las dinámicas y relaciones que se
presentan entre las
comunidades culturales y el
territorio.
General la formulación de políticas que
promocionen, informe y
eduquen a la población sobre los derechos
asociados a la cultura
Velar por el
reconocimiento,
promoción y cumplimiento de los
derechos asociados a la
cultura, a los grupos
étnicos
5 Ministerio
de relaciones
exteriores
Formular una política
con concordancia con los
tratados internacionales ratificados por Colombia,
en relación con la
soberanía ambiental de la Amazonia Colombiana, y
de la región en general
con ayuda de la cooperación
internacional de los
países que integran la cuenca Amazónica.
Evaluar la política exterior para realizar los
ajustes y modificaciones
relacionados con la
seguridad ecologica
Mantener en atención
a las necesidades e
intereses del país, relacionados con la
seguridad social y las
relaciones de todo orden con los demás
Estados y organismos
internacionales directamente o por
medio de las Misiones
Diplomaticas y oficinas consulares
colombianas,
acreditadas en el exterior
Promover y
salvaguardar los
intereses economicos del país y de sus
nacionales ante los
demás Estados, organismos y
mecanismos
internacionales y ante la comunidad
internacional
Ejercer como
interlocutor, coordinador
y enlace para todas las gestiones oficiales que se
adelanten en relación
con el componente cultural, entre las
entidades
gubernamentales y los gobiernos de otros
países, así como con los
organismos y mecanismos
internacionales.
26. Participar en la
formulación,
orientación, integración y
armonización de las
políticas y programas
sectoriales que
competen a las diferentes entidades
del Estado, cuando
tengan relación con la política exterior.
27. Articular las
acciones de las distintas entidades
del Estado en todos
sus niveles y de los particulares cuando
sea del caso, en lo
que concierne a las relaciones
internacionales y la política exterior del
país, en los ámbitos
de la política, la seguridad, la
economía y el
comercio, el desarrollo social, la
28. Otorgar el concepto
previo para la
negociación y celebración de
tratados, acuerdos y
convenios internacionales, sin
perjuicio de las
atribuciones constitucionales del
Jefe de Estado en la
dirección de las relaciones
internacionales.
172
cultura, el medio ambiente, los
derechos humanos,
el derecho internacional
humanitario, la
ciencia y la tecnología y la
cooperación
internacional, con fundamento en
principios de
equidad, reciprocidad y
conveniencia
nacional.
6 Ministerio
de Justicia
Diseñar la política y
promover los instrumentos aplicables
dentro del sistema de
responsabilidad penal para delitos ambientales,
hacer seguimiento y
evaluar su aplicación atendiendo su carácter
especializado, su
finalidad restaurativa y
los acuerdos
internacionales en la
materia.
Promover las normas
legales y reglamentarias, la
protección jurídica,
garantía y restablecimiento de los
derechos de niños,
niñas y adolescentes, en coordinación con el
Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar –
ICBF– bajo los
principios de interés
superior, protección integral y enfoque
diferencial, y las
demás entidades competentes.
Gestionar y
Administrar los Fondos de
Infraestructura
Carcelaria y de Lucha contra las Drogas,
para generar la
mejorara continua de las condiciones
actuales y la
optimización y
eficiencia en la
ejecución de los
presupuestos, con enfoque al aumento de
la calidad de vida.
Diseñar una política que
promueva la protección y mejoramiento de los
mecanismos de justicia
utilizados por los grupos etnicos
Participar en la
políticas relacionas con el orden jurídico
del territorio para dar
respuesta eficaz a las necesidades que
demanda el territorio.
Promover mediante
planes programas y
proyectos el conocimiento, y
aprendizajes sobre los
derechos en materia jurídica que se
encuentran en el
territorio
Articular la formulación,
adopción, ejecución y evaluación de la política
pública del Sector
Administrativo de Justicia y del Derecho.
Coordinar las relaciones
entre la Rama Ejecutiva, la Rama Judicial, el
Ministerio Público y los
organismos de control
para el desarrollo y
consolidación de la
política pública en materia de justicia y del
derecho.
Formular, adoptar, promover y coordinar las
políticas y estrategias en: racionalización, reforma
y defensa del
ordenamiento jurídico; gestión jurídica pública
del derecho; ejercicio de la profesión de abogado;
socialización de la
información jurídica; justicia transicional y
restaurativa; y las que
faciliten el acceso a la justicia formal y a la
alternativa, en el marco
del mandato contenido en las normas vigentes,
al igual que las de lucha
173
contra las drogas ilícitas, lavado de activos,
enriquecimiento ilícito,
financiamiento del terrorismo,
administración de bienes
incautados y acciones de extinción de dominio.
7. Ministerio
de transporte
Diseñar mecanismos de
protección y seguridad ecológica en las áreas y
zonas de influencia en
donde se desarrollan proyectos de
intervención,
construcción, mejoramiento,
adecuación y demás
acciones relacionadas a las vías de transporte y
movilidad , para
disminuir los impactos y efectos negativos que se
puedan generar al medio
ambiente
Formular y diseñar
planes programas y proyectos que
aumenten y maximicen
el beneficio social, asociado a la
movilidad de la
población, interconexión, entre
territorios y
fortalecimiento de la comunicación, para
fortalecer la
cooperación regional y local
Diseñar y formular
políticas públicas que generen y construyan
medios de transporte
viables a las condiciones de
contexto, buscando la
optimización y uso eficiente de los
recursos económicos y
generando nuevas oportunidades de
ingreso al mercado
laboral, en este caso en el sector transporte.
Generar espacios de
participación y concertación sobre las
alternativas de transporte
que acepta la comunidad acorde a sus
características culturales
Aumentar la cobertura
de maya vial y maximizar los canales
de comunicación y
transporte local e interregional
Garantizar el acceso a
transporte publico de calidad y seguridad.
Diseñar políticas y
espacios de parcticipacion, e
involucración
comunitaria para dar a conocer los derechos y
deberes asociados al
sector de transporte y sus correspondientes
soportes jurídicos
8. Ministerio
de Minas y
energía
Formular y diseñar una
política referente a la
seguridad ecológica de los ecosistemas en todas
las actividades y
acciones que genera el sector de minas e
hidrocarburos, tanto en
el sector privado como en el público, en la
exploración, explotación,
uso, aprovechamiento, impactos y efectos
relacionados
Realizar estudios
pertinentes y veraces
sobre los impactos y efectos que resultan de
la intervención, e
influencia del sector de minas y energía,
dentro del componente
y estructura social de la región para
determinar las
problemáticas y efectos negativos que
ocasionan
Garantizar mediante
planes programas y
proyectos de carácter intersectorial, y con
esfuerzos del
componente público y privado para
aumentar los
rendimientos y utilidades sin afectar
negativamente los
demás componentes medioambientales.
Gestionar, promover y
Garantizar la protección
de la identidad cultural frente a la intervención e
influencia de, sector de
minas y energía que se encuentra en el territorio
de forma activa.
Formular y diseñar
planos sobre los
diferentes riesgos que asume el territorio,
asociados a los
proyectos, obras o actividades que
desarrolla el sector de
minas y energía para lograr su gestión
integral y posterior
mitigación del riesgo.
Dar a conocer mediante
planes, programas y
proyectos los derechos y deberes que tiene la
población frente a las
diferentes situaciones que se presentan,
derivadas del ejercicio y
actividad del sector de minas y energía
9. ministerio
del interior
Servir de órgano de
enlace, comunicación y
coordinación entre la
Rama Ejecutiva y la
Rama Legislativa.
Coordinar con las
demás autoridades
competentes el diseño e
implementación de
herramientas y
mecanismos eficientes
en materia seguridad y
soberanía ambiental,
que busquen garantizar
Formular y hacer
seguimiento a la
política de atención a
la población en
situación de
vulnerabilidad, para
la materialización de
sus derechos, con un
enfoque integral,
diferencial y social,
en coordinación con
las demás entidades
competentes del
Estado
Formular y hacer
seguimiento a la
política de atención a
la población
Lesbiana, Gay,
Bisexual, Transexual
e Intersexual
(LGBTI), para la
materialización de
sus derechos, con un
enfoque integral,
diferencial y social
en coordinación con
las demás entidades
Formular y hacer
seguimiento a la
política de los grupos
étnicos para la
materialización de sus
derechos, con un
enfoque integral,
diferencial y social, en
coordinación con las
demás entidades
competentes del Estado
Servir de enlace y
coordinador de las
entidades del orden
nacional en su
relación con los entes
territoriales y
promover la
integración de la
Nación con el
territorio y el
desarrollo territorial
a través de la
profundización de la
descentralización,
Diseñar e implementar,
de conformidad con la
Ley, las políticas
públicas de protección,
promoción, respeto y
garantía de los
Derechos Humanos, en
coordinación con las
demás entidades del
Estado competentes, así
como la prevención a
las violaciones de estos
y la observancia al
Derecho Internacional
174
el desarrollo
sustentable competentes del
Estado
ordenamiento y
autonomía
territorial, y la
coordinación y
armonización de las
agendas de los
diversos sectores
administrativos,
dentro de sus
competencias, en
procura de este
objetivo.
Humanitario, con un
enfoque integral,
diferencial y social
Administrar el Fondo
para la Participación y
Fortalecimiento de la
Democracia, el Fondo
de Protección de
Justicia y el Fondo
Nacional de Lucha
contra la Trata de
Personas.
10. Ministerio
de comercio
industria y
turismo
Formular, diseñar y
planificar, ejecutar y
evaluar modelos de comercio industria y
turismo que garanticen
la seguridad ecológica, busquen la prevención,
mitigación,
compensación y recuperación de los
impactos y efectos que
ocasionan en el desarrollo de sus
políticas
Formular, diseñar,
ejecutar y evaluar
políticas públicas construidas entre el
sector de comercio,
industria y turismo, que generen gran
impacto positivo al
beneficio social que requiere la población
Generar articulación
intersectorial, mesas
de trabajo conjunto, y participación de los
actores más
influyentes en la industria, el comercio
y el turismo, que
aumenten los rendimientos,
competitividad, y
utilidad económica sin alterar el equilibrio de
los demás
componentes medio ambeintales
Generar políticas
públicas de protección
del patrimonio cultural y los grupos étnicos frente
a la intervención e
influencia de la industria, el comercio y
el turismo en sus
territorios, para disminuir el impacto o
afectación negativo que
genera sobre la cultura.
Gestionar las acciones
pertinentes para
Garantizar la seguridad en el
territorio, en donde se
desarrollan actividades de
comercio, industria y
turismo, y realizar la evaluación y el
monitoreo pertinente
para determinar el grado de afectación
sobre el territorio.
Generar políticas
públicas para dar a
conocer a los actores que se involucran o
interrelacionan con las
actividades de industria, comercio y turismo, en
lo referente a sus
derechos y deberes, como los mecanismos de
protección y defensa.
11. Ministerio
de hacienda y
crédito publico
Formular y diseñar y
ejecutar planes programas y proyectos
de inversión pública y
privada para garantizar la seguridad de los
ecosistemas
Formular políticas
públicas de inversión social que maximicen
la calidad de vida en
las condiciones sociales ínsito.
Definir, formular y
ejecutar la política económica del país,
los planes generales,
programas y proyectos relacionados con ésta,
así como la
preparación de las leyes, y decretos; la
regulación, en materia
fiscal, tributaria, aduanera, de crédito
público, presupuestal, de tesorería,
cooperativa,
financiera, cambiaria, monetaria y crediticia,
sin perjuicio de las
atribuciones conferidas a la Junta
Directiva del Banco
de la República y las que ejerza, a través de
organismos adscritos
Formular y diseñar
políticas públicas de financiamiento y
asignación de recursos
para fortalecer, proteger y conservar el
patrimonio cultural.
Formular políticas
públicas de que garanticen la óptima
inversión y
optimización de los recursos en el
desarrollo de los
proyectos obras o actividades que
busquen la seguridad
en el territorio.
Generar políticas de
educación sobre los derechos y deberes
referentes al crédito
público y ejecución de recursos.
175
o vinculados para el ejercicio de las
actividades que
correspondan a la intervención del
estado, en las
actividades financieras, bursátil,
aseguradora y
cualquiera otra relacionada con el
manejo,
aprovechamiento e inversión de los
recursos del ahorro
público y el tesoro nacional, de
conformidad con la
Constitución Política y la Ley.
12. Ministerio
de educación
nacional
Formular y diseñar
políticas de educación y conciencia ambiental
para la seguridad de los
ecosistemas
Formular y diseñar
planes programas y proyectos que
aumenten la cobertura
de acceso a la educación en sus
diferentes niveles y
tipos para la población
Generar políticas y
convenios interinstitucionales
entre el sector público
y privado, que permitan el acceso de
la población con
escasos recursos económicos, a la
educación en todos
sus niveles, sin restricciones o
exclusiones de
carácter economico
Garantizar la protección
y seguridad cultural, en la formación académica
y desarrollo de la
educación.
Gestionar la seguridad
integral en los establecimientos de
educación formal,
informal, básica, secundaria, superior,
avanzadas entre otros
Dar a conocer mediante
políticas publicas los derechos y deberes
relacionados o
asociados al componente de educación en el
territorio
13. Ministerio
de vivienda,
ciudad y
territorio
. Dirigir y promover
las políticas
tendientes a la
prevención de
factores que atenten
contra el orden
público interno, así
como tomar las
medidas para su
preservación, en
coordinación con el
Ministerio de Defensa
Nacional y las
autoridades
departamentales y
locales en lo que a
estas corresponda.
Atender los asuntos
políticos y el ejercicio
176
de los derechos en
esta materia, así
como promover la
convivencia y la
participación
ciudadana en la vida
y organización social
y política de la
Nación.
14. ministerio
de tecnología
de la
información y
las
comunicacione
s
Diseñar, formular, adoptar y promover las
políticas, planes,
programas y proyectos del Sector de
Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, con el
fin de contribuir al
desarrollo sustentable y la seguridad de los
ecosistemas.
Diseñar, formular, adoptar y promover las
políticas, planes,
programas y proyectos del Sector de
Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, con
el fin de contribuir al
desarrollo, social y político de la Nación y
elevar el bienestar de
la población
Diseñar, formular, adoptar y promover
las políticas, planes,
programas y proyectos del Sector de
Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, con
el fin de contribuir al
desarrollo económico, la innovación y
competitividad de la
Nación para elevar el bienestar de la
población
Diseñar, formular,
adoptar y promover las
políticas, planes,
programas y proyectos
del Sector de
Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones, con el
fin de contribuir al
fortalecimiento,
protección y
conservación del
patrimonio cultural y
la seguridad del mismo
Diseñar, formular,
adoptar y promover
las políticas, planes,
programas y
proyectos del Sector
de Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones, con
el fin de contribuir al
desarrollo territorial
Diseñar, formular,
adoptar y promover las
políticas, planes,
programas y proyectos
del Sector de
Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones, con el
fin de contribuir a la
educación y
conocimiento de la
población frente a sus
derechos y deberes
asociados a la
tecnología, la
información y las
comunicaciones
15. Ministerio
del trabajo
Generar ofertas y
oportunidades laborales para garantizar la
seguridad ecológica
Diseñar, formular,
ejecutar, y evaluar políticas públicas para
aumentar las ofertas y
oportunidades laborales que sean
coherentes con las
condiciones y características del
territorio y satisfagan
las necesidades de la población referente a
este componente
Generar alianzas
intersectoriales con actores del sector
público y privado
para aumentar la oferta laboral, sin
discriminaciones o
restricciones que atenten contra el
bienestar de la
poblacion
Generar ofertas de
trabajo acordes y relacionadas con las
costumbres culturales de
la población que habita el territorio, generando
oportunidades de
relación, negociación e intervención de de la
economía local con la
regional, nacional, e internacional
Garantizar la
seguridad de los trabajadores y
empleadores,
generando la gestión del riesgo, y
disminución de la
vulnerabilidad frente al territorio
Diseñar, formular,
ejecutar y evaluar políticas de
comunicación,
educación y reconocimiento de los
derechos de y deberes de
los trabajadores y la participación e
integración de los
grupos sindicales y étnicos.
16. Ministerio
de agricultura
y desarrollo
rural
Diseñar, formular,
ejecutar y evaluar
políticas para el sector
agrícola que no generen
inseguridad a los
ecosistemas,
promuevan practicas
sostebibles y amigables
con el medio ambeinte,
y gestión de forma
integral los impactos y
efectos que se generan
Planificar, formular, ejecutar y evaluar
políticas públicas que garanticen, busquen y
promuevan la
seguridad y soberanía alimentaria en la
población
Generar políticas públicas que
promuevan oportunidades de
desarrollo local,
asociadas a la producción de las
unidades de
producción familiar, producción sostenible
y a menor escala.
Formular, ejecutar y evaluar políticas que
involucren las prácticas ancestrales y culturales
asociadas a las
producciones agrícolas y desarrollo rural del
territorio
Planificar la vocación y uso del suelo, acorde
a las necesidades y a características de la
población, bajo los
lineamientos de inteligencia territorial,
y ordenamiento
ambiental
Generar políticas públicas que promuevan,
eduquen y generen reconocimiento en la
población sobre los
derechos y deberes referentes y asociados a
sector de agricultura y
desarrollo rural
177
en las prácticas
agrícolas tradicionales
Formular e
implementar planes
programas y proyectos
agroecológicos, y
desarrollar alternativas
de producción acordes
a las necesidades y
características del
territorio
Determinar y limitar
zonas de amortiguación
alrededor de las ares de
cultivo para evitar la
afectación sobre los
ecosistemas
A continuación se puede evidenciar un gráfico síntesis, que representa como los lineamientos estratégicos dan solución a los principales
efectos adversos, que genera la ausencia de soberanía ambiental en la Amazonia Colombiana (el problema central) . Los primeros
recuadros representan las estrategias que se deben implementar en el marco de cada lineamiento, los cuales de forma conjunta y
transversal, conllevan o generan la soberanía ambiental en la Amazonia colombiana.
179
4. Conclusiones y recomendaciones:
En la búsqueda de los lineamientos estratégicos para la Soberanía Ambiental de la Amazonia Colombiana, se evidencio que existen
distintos tipos de seguridad que crean las condiciones necesarias para el ejercicio efectivo de la soberanía ambiental. Estos tipos de
seguridad, entre las cuales están la económica, social, cultural, territorial, ambiental y jurídica, conciernen a los lineamientos de los
cuales surgen o se desprenden las estrategias de intervención del Estado para dar solución al planteamiento del problema central.
En ese marco de relación entre los problemas derivados de la ausencia de soberanía ambiental en el amazonas colombiano y los
lineamientos estratégicos o intervenciones del Estado para su resolución, se identificaron y analizaron los actores que se involucran en
ese proceso y los que están relacionados. El análisis de los actores se hizo en función de variables como su interrelación con el territorio,
su estructura organizacional, la función de sus instancias superiores y la caracterización relevante. Así mismo, se identificaron actores
no estatales, tales como los grupos étnicos, las ONG´s y centros de investigación. De todo este proceso de identificación y análisis, se
determinó una serie de competencias que pueden cumplir los actores para contribuir, promover y generar el ejercicio de la soberanía
ambiental.
Se definieron una serie de estrategias o alternativas de solución, frente a cada uno de los lineamientos de soberanía ambiental, en función
de sus problemas, con perspectiva de mejoramiento de las condiciones para la generación y promoción del ejercicio de la soberanía
ambiental en la amazonia colombiana. Estos lineamientos van dirigidos a los actores estatales en función de sus competencias y ámbitos
de intervención.
180
Los lineamientos estratégicos tienen como centralidad, la orientación del tratamiento y actuación pertinente, frente a los problemas y
efectos adversos que se generan a partir del problema central, teniendo en cuenta la lógica ministerial, las competencias y capacidades
institucionales y los actores que se involucran. La posible adopción de los lineamientos estratégicos, serian orientaciones con capacidad
real de transformación y mejoramiento del contexto actual, para la generación de la soberanía ambiental que necesita la Amazonia
Colombiana.
Finalmente
4.1 RECOMENDACIONES:
Las recomendaciones que se evidencian a continuación tienen el enfoque de alguna seguridad que complementa la soberanía ambiental,
y por ende, se encuentran dirigidas a los actores institucionales que se identificaron y describieron anteriormente, de esta forma se busca
proponer, y orientar las alternativas de solución, para las problemáticas expuestas en el presente estudio. A continuación se hace mención
del actor institucional y su posible actuación para maximizar el bienestar de la población.
1. Ministerio de salud:
Contribuir al aumento de la cobertura de salud, por medio del establecimiento de programas y proyectos especiales, que permitan
llevar los servicios de salud a las regiones apartadas. Así mismo, se deben generar las condiciones óptimas para lograr altos
181
niveles de acceso a los sistemas de salud, a través del fortalecimiento de los programas de atención y prevención de
enfermedades.
Fortalecer los procesos tendientes al mejoramiento de la calidad de la prestación del servicio, a través de la coordinación del
nivel nacional, con las entidades territoriales y las empresas promotoras de salud.
2. Ministerio de trabajo:
Aumentar el número de programas destinados a la generación de empleos formales para vincular más población a la cobertura
de seguridad social y así garantizar un modelo pensional sostenible a largo plazo.
Establecer sistemas de seguimiento y evaluación a programas enfocados a la generación de empleo, para establecer su efectividad
e impacto, y a partir de allí tomar las decisiones concernientes a sus reformas o continuidad.
Crear redes de apoyo a entidades e investigadores que realicen investigaciones sobre nuevas formas de trabajo que fomenten
economías emergentes y alternativas, con el fin de potenciar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y humanos
en la generación de riqueza.
3. Ministerio de cultura
Involucrar y reconocer las prácticas tradicionales de las poblaciones étnicas, en relación con el área de la salud, para garantizar
la atención efectiva en materia de salud a todos los miembros de las poblaciones indígenas.
4. Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible:
182
Generar un escenario de interlocución en el que participen los actores sociales, comunidades indígenas, empresarios y otros
actores, para generar información e investigación acerca del territorio en sus distintas dimensiones, con el fin de mejorar la
información disponible para la toma de decisiones.
5. Ministerio de defensa.
Contribuir a la integración de programas de protección de la fauna y flora, entorno para dotarlos de un contenido de protección
en el nivel de seguridad.
6. Ministerio de justicia:
Generar marcos normativos más amplios entorno a la protección jurídica de las poblaciones del amazonas, para garantizar el
desarrollo libre de sus opciones de vida en el marco del ejercicio de su ciudadanía o al interior de las comunidades indígenas.
Incrementar el número de juzgados y tribunales en la región, con el fin de garantizar el cumplimiento efectivo de los distintos
procesos judiciales.
7. Ministerio de defensa
Fortalecer la presencia militar y policial en el territorio, con el fin de garantizar la seguridad de los habitantes y la protección
de los recursos naturales amazónicos.
Establecer mayores puestos de control fronterizo que permitan la identificación de los migrantes, con el fin de tener un control
más efectivo de la migración del territorio y así prevenir acciones que pongan en peligro la integridad de los habitantes y los
recursos del Amazonas.
183
8. Gobernaciones:
Fortalecer los sistemas de prevención y atención de desastres en coordinación con el gobierno nacional, con el fin de generar
condiciones adecuadas para la protección de la vida de los habitantes frente a fenómenos naturales y reducir riesgos que pongan
en peligro las relaciones sociales que se gestan al interior.
9. Ministerio de cultura:
Crear un sistema integral de seguimiento a los distintos grupos étnicos de la región, con el fin de identificar potenciales amenazas
a la existencia y desarrollo de vida de esas comunidades.
Fortalecer los proyectos de cooperación internacional dirigidos a la protección de grupos étnicos y su producción artística, con
el fin de crear las condiciones necesarias para la continuidad de las culturas y comunidades étnicas.
Crear escenarios de coordinación internacional con organismos multilaterales, gobiernos y otros actores internacionales, para
la consolidación de zonas especiales de reserva libres de intervención “humana”, con miras a proteger el desarrollo de las
comunidades indígenas y evitar que su cultura y sus prácticas se vean amenazadas por cuenta de la intervención del “hombre
blanco”
10. Ministerio de hacienda
Crear criterios diferenciados para la asignación de recursos en el territorio amazónico, con el fin de reconocer e incluir las
necesidades de la población amazónica que difieren de la del resto del país, por su naturaleza cultural y ambiental.
Generar incentivos impositivos para desarrollar actividades económicas sostenibles ambientalmente.
184
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