el estadista 106 al 19 de diciembre de 2012

Instituciones

Los proyectos que cajoneóel CongresoLEGISLACION Los proyectos sobre trata de personas y acceso ala información pública perderán estado parlamentario. Losproyectos del bloque sindical tuvieron escasa suerte

por Lorena Zapata

Finalizó el período de sesionesordinarias. Y si bien fue unaño legislativo muy activo enel que se sancionó una grancantidad de leyes –104 contra79 en 2011 y 70 en 2010– y

mu chas de importancia –como la recupera-ción de YPF y la incorporación al CódigoPenal del Femicidio, entre otras–, también escierto que el bloque del Frente para la Victo-ria cajoneó un gran número de proyectos defuerte impacto social que a lo largo del añoocuparon un lugar central en la agenda polí-tica y mediática.

A FOJA CEROLa falta de consenso y la lógica de confron-tación entre kirchnerismo y oposición, su-mado al rechazo por parte del Poder Ejecu-tivo, llevaron a que una gran cantidad deiniciativas vuelvan a foja cero por no ser san-cionadas en los dos períodos legislativos quetienen de vida, y uno más si logran el avalde una de las cámaras. Técnicamente, caenen febrero, cuando termina el período, peroresulta difícil pensar que, si no se trataronen todo el año con un Congreso a favor, Cris-tina Fernández de Kirchner vaya a incluir-las en sesiones extraordinarias durante elverano.

Tal es el caso de la media sanción del Se-nado que apunta a erradicar la trata de per-sonas. Esta se frenó, no por falta de volun-tad política –la Cámara de Diputados diomedia sanción en octubre a un proyecto pa-ra instituir el 3 de abril como el Día Nacio-nal de Lucha contra la Trata de Persona–, si-no por diferencias al interior del bloque ofi-cialista. Algunas referentes postulan que hayque penar a los consumidores: “Sin clientesno hay prostitución y sin prostitución no haytrata”, dijo en la última reunión en que seanalizó la cuestión la diputada oficialistaMaría Elena Chieno. Mientras, otros se opo-nen a esa idea porque implicaría modificarla promoción de la prostitución. En tanto,terceras opiniones postulan que la creaciónde un Consejo Federal dedicado a la protec-ción de las víctimas podría burocratizar aúnmás el rescate y atención de las mismas. Laley fija un castigo más severo para los impli-cados en el delito y suprime como atenuan-te de la responsabilidad de los acusados elsupuesto consentimiento de la víctima.

Más llamativo es el caso de la ley de Ba-sura Electrónica, donde el oficialismo en Di-putados cajoneó una iniciativo que impulsóun senador K, el porteño Daniel Filmus. Se-gún la ONG ambientalista Greenpeace, laministra de Industria, Débora Giorgi, es laque le habría bajado el pulgar para favore-cer a “empresas de la Cámara de ComercioNorteamericana en Argentina (Amcham)”.Y fue el diputado oficialista Roberto Felet-ti, presidente de la comisión legislativa en la

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que quedó frenado le proyecto, quien ante elreclamo de la oposición confirmó que “esteaño no va a salir”. La ley obligaba a las em-presas a asumir la responsabilidad legal yfinanciera del reciclado, la reutilización delas pilas y prohíbe el empleo de sustanciastóxicas en la fabricación. Se trata de un pro-blema grave para el medio ambiente porquecada año se generan más de 120 mil tonela-das de basura electrónica que deberán se-guir esperando por una solución.

En otros casos, el oficialismo frenó enDiputados lo que los propios K habían apro-bado en el Senado. Eso sucedió con la Leyde Acceso a la Información, que recibió me-dia sanción con el voto unánime de la Cáma-ra Alta y que, ante la negativa del oficialis-mo de tratarla, se fue convirtiendo en un ca-ballito de batalla de la oposición, quienes enlas últimas semanas, ante su inminente caí-da, levantaron la voz en reclamo de su san-ción definitiva. “Es una ley importante paraavanzar en la transparencia del Estado”, re-marcó el socialista Juan Zabalza, mientrasque el diputado del Frente Peronista, Gus-tavo Ferrari, reconoció ante el estadista que“no hay manera de que la oposición puedaimpulsar temas. En muchos casos, siquierahemos podido modificar una coma porque eloficialismo no lo permitió”.

La propuesta apunta a transparentar lainformación de los tres poderes del Estadoy a facilitar el acceso a los ciudadanos quelo requieran. Además, exige la publicaciónde los presupuestos, los informes de audito-ría y la nómina de los funcionarios que sedesempeñan en forma “permanente, transi-toria o bajo otra modalidad contractual”.

LOS PENDIENTESLuego, están las cuestiones que aún no pier-den estado parlamentario pero que, pese ala fuerte presión social para que salgan, nolograron convertirse en ley. “Sin duda algu-na, la gran deuda pendiente es, siempre, elaborto”, aseguró a el estadista la vicepresi-denta del bloque del FPV, Juliana Di Tullio.El proyecto de ley, que avalan con su firmamás de 50 diputados de todos los bloques,apunta a reconocer el derecho de toda mu-jer a decidir la interrupción voluntaria delembarazo durante las primeras 12 semanasde gestación, y a acceder a su práctica gra-tuita en el sistema de salud público y priva-do, sin autorización judicial previa. En tan-to, sólo se lo podrá hacer fuera de este pla-zo si el embarazo fuese producto de una vio-lación, si estuviera en riesgo la salud de lamadre o si existiesen malformaciones feta-les graves.

Si bien muchos responsabilizan a la Pre-sidenta de la Nación por la postergación deldebate, lo cierto es que esta problemática–los abortos practicados en condiciones in-adecuadas son la principal causa de morta-

lidad materna en la Argentina– divide a ca-si todos los partidos políticos. De las 18 ban-cadas que componen la Cámara de Diputa-dos –sin contar los monobloques– sólo 6 tie-nen una postura definida: el PRO y el pero-nismo opositor en general rechazan la nor-ma; mientras que Nuevo Encuentro y los par-tidos que integran el FAP la apoyan. Los blo-ques mayoritarios, el FPV –116 diputados–y la UCR –43–, tienen opiniones encontra-das en su interior y llegar a un consenso nose avizora como una tarea fácil de lograr.

También quedó pendiente de resoluciónel reclamo de las parejas que no pueden te-ner hijos y demandan que las obras sociales,las empresas de medicina prepaga y el sis-tema de salud pública les cubra los costosostratamientos de fertilización asistida. Esteproyecto cuenta con el aval unánime de laCámara Baja y dictamen de la Comisión deSalud del Senado. Sin embargo, pese a queel presidente de este cuerpo legislativo, el ra-dical José Cano, pidió durante la última se-sión que se debata sobre tablas, el rechazopor parte del oficialismo fue contundente.

La senadora del FPV Liliana Fellner respon-dió que la media sanción no perderá estadoparlamentario y podrá ser abordada el pró-ximo año y explicó que la intención oficiales aguardar al tratamiento del nuevo Códi-go Civil y Comercial, para después abordarla temática.

El debate de los proyectos que propo-nen la despenalización de la tenencia de es-tupefacientes para consumo personal se co-ló este año en la agenda del Congreso y to-do parecía indicar que se iba a llegar a unaresolución. De hecho, el propio senadorkirchnerista Aníbal Fernández presentó supropuesta sobre el tema e incluso la Comi-sión de Prevención de Adicciones de Dipu-tados, al mando de Mario Fiad (UCR), orga-nizó una serie de audiencias públicas en lasque se escucharon las voces de especialistasy víctimas del consumo, tanto a favor comoen contra.

Con un borrador de dictamen listo pa-ra ver la luz, los diputados decidieron ana-lizar y aprobar primero la creación de unPlan Integral de Prevención, Asistencia e In-

clusión Social para personas con problemasde adicciones, que apunta a “dejar de tra-tar al adicto como un delincuente”. Se espe-ra que este sea uno de los grandes debatesdel próximo año.

LOS RECLAMOS DE LA CGTNo correrán la misma suerte los proyectos deley promovidos por los sindicatos cercanos aHugo Moyano. Es que los desacuerdos entrela Casa Rosada y el líder de los camioneros in-cidieron para que un tendal de cuestiones la-borales quede en el tintero. Tal es caso del pos-tergado debate de la modificación de los to-pes del Impuesto a las Ganancias, dado que eloficialismo se rehusó a debatir los cinco pro-yectos de ley de todos los colores políticos vi-gentes sobre el tema. Estos fijan desde la exen-ción del gravamen sobre el sueldo, salario oremuneración percibidos por trabajadores enrelación de dependencia hasta el aumento delmonto del mínimo no imponible llevándolo delos actuales $ 12.960 a $21.811.

Asimismo, este año se cajoneó durante,y no presenta mejores perspectivas para 2013,el polémico proyecto para repartir las ganan-cias de las empresas entre los trabajadores.Si bien no recibió tratamiento formal en lacomisión de Legislación del Trabajo de Di-putados, que preside el ex abogado de la CGT,Héctor Recalde – siquiera cuando tenía unabuena relación con Moyano–, se espera queesta iniciativa sea otra detrás de las cuales seencolumne la oposición sindical en el añoelectoral. El proyecto que inquieta al “Gru-po de los 6” se instrumentaría, en principio,en firmas con más de 300 empleados y altonivel de rentabilidad. Las ganancias seráncalculadas sobre la utilidad anual, descon-tando el pago de impuestos e inversiones, enbase a la antigüedad, la categoría de conve-nio y el nivel salarial y excluyendo del bene-ficio a directivos y gerentes. Además, permi-te a los sindicatos incorporar un auditor delos balances empresarios.

También impulsado por la CGT, en abrilde este año logró dictamen de la comisiónuna iniciativa del diputado Facundo Moya-no que regula el trabajo tercerizado preca-rio, pero aún no recibió el visto bueno del ti-tular de la Cámara Baja, Julián Domínguez,para que se debata en el recinto. “El proyec-to no elimina la tercerización sino que la re-gula evitando que sea utilizada como unaherramienta de precarización y explotación”,explicó en reiteradas ocasiones el hijo del lí-der camionero. Acorde al texto, los estable-cimientos que deleguen o subcontraten tra-bajos o servicios deberán exigir a sus con-tratistas o subcontratistas el adecuado cum-plimento de las normas relativas al trabajoy los organismos de seguridad social. Habráque ver cuáles de todas estas propuestas sereeditan en 20013 y logran colarse en la agen-da oficial del Congreso

LA DESPENALIZACION DE LA TENENCIA DEESTUPEFACIENTES PARACONSUMO PERSONALPODRIA SER UNO DELOS GRANDES DEBATESDEL AÑO PROXIMO

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