LOS ACUERDOS DE SAN ANDRES, SON PARA AHORA Y NO PARA DESPUES

8/16/2019 LOS ACUERDOS DE SAN ANDRES, SON PARA AHORA Y NO PARA DESPUES

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ÍNDICE

De cuando la república traicionó a los indígenas. Por Jaime Martínez Veloz ................. 2

¿Cómo se construyó la Iniciativa de Ley indígena por parte de la COCOPA? ................ 4

¿Qué ha pasado en México a 20 años del incumplimiento de los Acuerdos de San

Andrés? ...................................................................................................................... 10

¿Quién ha ganado y quien ha perdido en estos 20 años? ............................................ 11

La Minería principal beneficiaria del incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés .. 13

Comportamiento de las Concesiones ............................................................................ 14

Valor de la Producción Minera Nacional Por Estado ..................................................... 15

Volumen de producción anual de los 5 metálicos obtenidos a nivel nacional: .............. 15

Los bajos impuestos a la Minería .................................................................................. 16

Las propuestas atendidas y las que no se escucharon ................................................. 19

¿Existen alternativas a la grave situación que viven los pueblos indígenas? ................ 20

Anteproyecto de Reforma, Cambios y Adiciones Constitucionales, para la Armonización

Legislativa con los Tratados Internacionales, la Declaración de las Naciones Unidas

sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y los Acuerdos de San Andrés Larrainzar 23

Discurso del Presidente Enrique Peña Nieto en la ONU durante la Conferencia mundial

de los pueblos indígenas ............................................................................................ 40


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De cuando la república traicionó a los indígenas. Po r Jaim e Mar tínezVeloz

Las causas que dieron origen al levantamiento zapatista en 1994 no se han modificadosustantivamente, a pesar de lo actuado durante todo este tiempo, incluyendo muchosesfuerzos sinceros por lograr cambios perdurables en beneficio de los pueblosindígenas.

El 16 de febrero de 1996, después de más de un año de encuentros y desencuentros

se concretó el primer acuerdo de paz entre el EZLN y el gobierno federal en materia dederechos y cultura indígenas. Este tema era el primero de la agenda acordada por laspartes; faltaban por discutir otros cinco: Democracia y Justicia, Bienestar y Desarrollo, eltema de la Mujer, la reconciliación en Chiapas y el Acuerdo Final de Paz.

Llegar a ese día no había sido fácil, el camino de la negociación había estadoempedrado de obstáculos.

Los acuerdos en materia de derechos y cultura indígenas fueron pactados en el marcode una negociación amparada por la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Dignaen Chiapas, aprobada por unanimidad en el Congreso de la Unión el 11 de marzo de

1995, son el resultado de un proceso de negociación que contó con el respaldo, laautoridad y el compromiso de todas las fuerzas políticas del país y todas lasinstituciones de la República.

Vale la pena recordar que la construcción de estos acuerdos se realizó durante variosmeses de trabajo y consulta de las comunidades indígenas, asesores, investigadores,delegaciones del gobierno federal y del EZLN, con la participación de la ComisiónNacional de Intermediación (CONAI) y la coadyuvancia de la Comisión de Concordia yPacificación (COCOPA), con una cobertura de los medios nacionales que dieron fe yfueron testigos de un proceso serio y responsable. Por ello resulta deleznable laposterior campaña de calumnias alimentadas desde las oficinas del poder político y

económico en contra de un proceso ejemplar de construcción de acuerdo.

Esto, que se dice fácil, se construyó en medio de una realidad compleja, donde lastensiones, provocaciones y confrontaciones casi siempre aparecían cuando seavanzaba en las posibilidades de diálogo entre las partes.

La vieja pretensión de reducir el conflicto indígena a cuatro municipios de la geografíachiapaneca, que responde a la lógica reduccionista de aquellos que pretenden


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minimizar el impacto del levantamiento armado de enero de 1994, ha demostrado sufalsedad, cuando los conflictos que enfrentan las comunidades, en todos los rinconesdel país, tienen como común denominador el despojo, la exclusión y la violaciónconstante de sus derechos por parte de instituciones, funcionarios y sobre todo voracescompañías trasnacionales, que sin recato explotan –o están en vías de hacerlo – los

recursos naturales de las tierras y territorios de las comunidades indígenas y ejidales denuestro país.

Por ello el escenario de incertidumbre constante en el que se ha desarrollado lanegociación en Chiapas debe ser analizado en el contexto de una reflexión positivasobre el futuro de la concertación y sus posibilidades reales de allanar el camino haciala paz.

Diversos sucesos han entorpecido el diálogo para concertar una paz definitiva yavanzar hacia la solución de fondo a los problemas políticos, económicos y socialesque tuvieron en el alzamiento de Chiapas una expresión extrema.

Desalojos, presencia de grupos paramilitares, enfrentamientos por motivos políticos oreligiosos con saldo de heridos y muertos, acciones judiciales inoportunas, violenciarural, son sólo algunos de los hechos que gravitaron durante el proceso de negociaciónen Chiapas.

En paralelo, el ambiente de enrarecimiento se acrecentó con campañas de desprestigiocontra las instancias de intermediación, descalificaciones a priori a propuestas de laspartes, amenazas anónimas contra personalidades y organizaciones que han apoyadoel proceso de paz. La suma de acontecimientos impide aceptarlos como naturales ofortuitos. Hay bases para pensar en la existencia de importantes niveles de influencia yacción por parte de sectores que con una visión estrecha desearon una salida sinfuturo: el aplastamiento del movimiento armado.

Los planteamientos de los poderes Ejecutivo y Legislativo que llevaron a aprobar la Leypara el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas partieron de la base de queal EZLN lo integra un grupo de mexicanos con intereses legítimos, que planteademandas sobre una realidad de incontrovertible injusticia.

Ese, por lo demás, ha sido el punto de partida que desde el inicio del conflicto enChiapas motivó la persistente posición de la mayoría de la opinión pública nacional, queha exigido una y otra vez el logro de la paz en Chiapas por la vía del diálogo y a partirde resolver las justas demandas de los sectores indígenas, zapatistas o no.

La exigencia nacional es encontrar el marco legal y operativo que garantice en formafehaciente la resolución de las justas demandas sociales, económicas y políticasesgrimidas por el EZLN como base de su alzamiento y que han sido reiteradamenteaceptadas por las autoridades como reflejo de una problemática real.


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No obstante este consenso social sobre la forma de resolver el conflicto, desde enerode 1994 se han manifestado dos formas de comprender el fenómeno chiapaneco y decada una de ellas se desprenden estilos distintos de abordar la negociación.

Una, que entiende el levantamiento indígena como parte del agotamiento de las formas

políticas, sociales y económicas con las que hemos vivido, para de aquí desprender lasolución al conflicto dentro de los grandes cambios exigidos por la mayoría nacional.Otra, que toma al conflicto como algo aislado, sin connotaciones nacionales, que hayque desactivar puntualmente. Esta vía les permitió llevar la negociación al límite yapuesta al desgaste de su contraparte, más que a la celebración de acuerdos.

La elaboración de la iniciativa de modificaciones constitucionales en materia indígenaderivada de dichos acuerdos fue redactada en San Cristóbal de las Casas por laComisión de Concordia y Pacificación (COCOPA), en noviembre de 1996, por acuerdode las partes: gobierno federal y EZLN.

La iniciativa de ley es una trascripción puntual de los acuerdos de paz firmados. Elcontenido de la iniciativa de ley indígena de la COCOPA es el contenido de losacuerdos de San Andrés Larráinzar.

¿Cómo se construyó la Iniciativa de Ley indígena por parte de laCOCOPA?

Don Luis H. Alvarez, senador en ese tiempo (noviembre de 1996) y presidente de laCOCOPA, nos convocó a los miembros de la comisión legislativa a reunirnos en SanCristóbal de las Casas. Llegamos todos: Heberto Castillo, Pablo Salazar, Juan Guerra,César Chávez, Pepe Narro, Rodolfo Elizondo, Juan Roque, Óscar López Velarde,Marco Michel, Oscar González, Benigno Aladro, excepto Fernando Pérez Noriega,quien andaba fuera del país, y nos encontramos en el hotel Flamboyant.

La COCOPA tenía casi dos años de existencia y enfrentaba toda clase de situaciones yprovocaciones contrarias al espíritu de la paz en Chiapas.

La discusión fue intensa, pero fructífera. Las conversaciones entre el EZLN y elgobierno federal se efectuaban al amparo de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y laPaz Digna en Chiapas, que contaba con el respaldo de las instituciones de la república,cámaras legislativas, poder ejecutivo, partidos políticos, organizaciones sociales,sociedad civil y ciudadanos.

El proceso de paz y negociación no era un acto de buena voluntad ni una ocurrencia,sino una acción ciento por ciento republicana.


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La agenda de diálogo acordada entre el gobierno federal y el EZLN se organizó portemas de interés común a través de un procedimiento de consultas mutuas, así comoun método de trabajo que permitiera que cada acuerdo tuviera la legitimidad quereclamaban los actores involucrados en el conflicto.

El primer tema a discutir fue Derechos y Cultura Indígenas, después seguirían:Democracia y Justicia, Bienestar y Desarrollo, Los derechos de la Mujer, LaReconciliación en Chiapas y El acuerdo final de Paz.

El tema Derechos y Cultura Indígenas se discutió de octubre de 1995 a febrero de1996, mes en el que el gobierno federal y el EZLN firmaron lo acordado.Contrariamente a la buena disposición mostrada durante la negociación del primertema, en la discusión sobre Democracia y Justicia la delegación gubernamentalenmudeció, por lo que el diálogo se convirtió en monólogo; en la mesa de negociaciónhabía dos partes, pero el gobierno no hablaba.

Mientras esto sucedía, los partidos negociaban con el entonces secretario deGobernación, Emilio Chuayfett, una reforma electoral que no incluía el tema indígena.

Por la vía de los hechos, el diálogo entró en crisis, producto de la actitud del gobierno ylas dirigencias partidarias. Al término formal de las sesiones de trabajo sobre ese tema,con justa razón el EZLN declaró suspendido el diálogo en tanto el gobierno federal nomodificara su actitud y cumpliera lo pactado en el tema Derechos y Cultura Indígenas.

En este contexto, los miembros de la COCOPA nos reunimos, y después de unaintensa valoración de argumentos a favor y en contra, por unanimidad decidimoselaborar una iniciativa de modificaciones constitucionales sobre la base del respetopuntual y escrupuloso del texto pactado entre gobierno y EZLN en materia de Derechosy Culturas Indígenas. El acuerdo logrado en la COCOPA condicionaba la elaboraciónde la iniciativa de ley a que gobierno y EZLN asumieran el compromiso de que la mismasería el documento que se enviaría al Congreso de la Unión para su discusión yaprobación.

Desde el salón de trabajo del Flamboyant, don Luis H. Alvarez y Heberto Castillo, antetodos los miembros de la COCOPA, llamaron al subcomandante Marcos y a Chuayfettpara darles a conocer nuestra propuesta y su aprobación o no al acuerdo de lacomisión legislativa.

Ambos representantes de las partes en conflicto dieron su consentimiento y nos dimosa la tarea de elaborar la denominada ley COCOPA, cuyo contenido es una traducciónliteral de lo que se conoce como acuerdos de San Andrés en materia de Derechos yCultura Indígenas.

Concluida la iniciativa de ley, enviamos simultáneamente una copia del texto a lacomandancia zapatista y otra, vía fax, al gobierno federal.


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La respuesta del EZLN fue de aceptación, a pesar de "que tiene algunas lagunasconsideramos que hay un avance importante"; incluso Marcos fue mas allá y dijo: "sisiguen las señales por buen camino, lo más seguro es que la paz se firme en el primertrimestre de 1997" (La Jornada, 3/12/96). ¡Te imaginas vos, la paz a la vuelta de laesquina!

Sin embargo, la paz que tanto anhelábamos los mexicanos tenía enemigos: ErnestoZedillo, Chuayfett, las dirigencias partidarias y quién sabe cuántos más. Al llegar a lareunión en Gobernación, Chuayfett nos recibió tratando de mostrarse como unconstitucionalista, cuestionando la iniciativa de ley y señalando que tenía algunasobservaciones de "técnica jurídica".

Poco después, en una reunión que sostuvimos con el presidente Zedillo, éste leenmendó la plana y le aclaró: "Emilio, no es un asunto de técnica jurídica. Tú porqueeres del altiplano no eres tan claro como nosotros los del norte. No estoy de acuerdocon la iniciativa y punto". Delante de una subcomisión de la COCOPA, en un ambientetenso, lo enfrenté: "Usted será el presidente, pero es el responsable de lo acordado enSan Andrés". Me respondió con la mirada fija y la quijada rígida: "Si hubiera sabido loque iba a firmar Bernal, hubiera preferido haberme esperado dos o tres meses para queno firmara lo que firmó". Todavía socarrón le contesté: "Pero el hubiera no existe. Lainiciativa contiene literalmente lo que su gobierno firmó con el EZLN". Apretó más laquijada y casi nos corrió de Los Pinos.

Heberto, Don Luis, Pepe Narro y Juan Roque, uno a uno expusieron sus argumentos ydefendieron con firmeza la iniciativa de ley, pero salimos con rabia, impotencia y elcorazón destrozado ante la actitud presidencial. Fue la última vez que la COCOPA sereunió con Zedillo.

Un año después, cuando sobrevino la masacre de Acteal, el presidente se decíacondolido. La hipocresía no tiene límites en la salas del poder: tuvo la paz a su alcancey la mandó al carajo.

Al mismo tiempo, la ofensiva propagandística contra la iniciativa de la COCOPA fue tanbrutal como mentirosa.

Al terminar esta última reunión de la COCOPA, el presidente Ernesto Zedillo (diciembrede 1996), se comprometió a responder a los zapatistas con un documento deobservaciones a la Iniciativa de Ley en materia de Derechos y Cultura Indígenas.

Pero al estilo de Zedillo, el documento de observaciones no era tal, sino una nuevaIniciativa de Ley que desconocía lo pactado en San Andrés Larráinzar.

Con la estrategia presidencial nos echó montón el mundo: articulistas cercanos a laPresidencia de la República, empresarios y “constitucionalistas” oficiales acusaron a laCOCOPA de pretender “Balcanizar” el país, atentar contra la soberanía nacional; aPablo Salazar y a mí nos acusaron de haber “traicionado” a Zedillo, dado que en


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nuestro carácter de priístas deberíamos de haber obedecido ciegamente la líneapresidencial.

En plena etapa presidencial de descalificación de la Iniciativa de Ley Indígena, inclusoel maestro Ignacio Burgoa Orihuela, fue parcial al afirmar que “la COCOPA era una

comisión que representaba sólo a un grupo de indígenas de Chiapas (sic) y calificó deignorantes a los que pretendían reformas constitucionales para la Autonomía de los pueblos indios, en virtud de que una reforma que diera autonomía a los pueblosindígena pondría en riesgo la soberanía nacional ya que se convertirían en pequeñosestaditos independientes y soberanos” .

La boruca sustituyó la sustancia, pero nadie pudo demostrar ni lo ha podido hacer, queel contenido de la Iniciativa de Ley COCOPA, sea distinto al contenido de lo pactado enSan Andrés. Este elemento nunca fue tratado por los articulistas o constitucionalistas.Es decir, si existía inconformidad con la Iniciativa de Ley, deberían haber cuestionado alEjecutivo por haber pactado en los términos que lo hizo. Pero nunca lo hicieron, porquesus posturas eran parte de la estrategia presidencial del desconocimiento en lo hechosde los Acuerdos de San Andrés.

Por otro lado, y con justa razón, el EZLN nos planteó la necesidad de definir nuestrapostura ante la posición presidencial y la propia Iniciativa de Ley.

Al interior de la COCOPA, la presión se hizo presente; a los del PAN se les colocómarcaje personal para que no insistieran en seguir apoyando la Iniciativa de ley; en elPRI, a Pablo Salazar y a mí se nos mandaban recomendaciones de la Presidencia yGobernación para retirarnos del proceso de negociación. Sin ningún argumento, sinosólo porque había “razones de Estado”, el presidente Zedillo y e l Subsecretario deGobernación Arturo Núñez, le pedían ayuda a mis amigos Mario Luis Fuentes (Directordel DIF) y Carlos Rojas (Secretario de Desarrollo Social) para que me convencieran dedesistir de apoyar la Iniciativa de Ley. Ambos entendieron mis razones y fueronrespetuosos de las mismas.

Dionisio Pérez Jácome, Coordinador General de Comunicación Social del GobiernoFederal, con un doble discurso presidencial reiteraba la disposición de las autoridadespara sumar a los indígenas al desarrollo y reconocer sus derechos, pero eso si “sinvulnerar el marco jurídico hecho para todos los mexicanos”.

No obstante las presiones y dado que las posturas de la COCOPA se definían porconsenso, en nuestra respuesta al EZLN no logramos el acuerdo para continuaradelante con el proceso legislativo de la Iniciativa de Ley, pero sí sostuvimos laIniciativa de Ley como parte sustancial del proceso de negociación, desde el momentoen que en el punto número tres del pronunciamiento público de la COCOPA del 4 deMarzo de 1997 precisamos: “La COCOPA con las consideraciones que a continuaciónse mencionan, sost iene la propuesta de reformas co nst i tucion ales en m ater iaindígena de fec ha 29 de no viem bre d e 1996, que es el resultado de un esfuerzohonesto y serio de todos sus miembros para conciliar las diferencias de las partes”.


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Después de casi dos meses de toma y daca, quienes sosteníamos una postura endefensa de la Iniciativa, en medio de presiones intensas, habíamos logrado el consensopara impedir sacar del proceso de negociación a la Iniciativa de Ley COCOPA, cuyoreferente es y ha sido obligado en la búsqueda de cualquier escenario que permita undesenlace positivo para el proceso de paz.

Aunque nuestra respuesta no fue la que esperaría el EZLN de la COCOPA, y sucontestación fue muy severa a la misma, la Iniciativa de Ley seguía como una de laspartes sustantivas de la negociación, ante el desencanto presidencial.

Posteriormente en el año de 1998, el Presidente Zedillo turnó una Iniciativa de LeyIndígena al Congreso de la Unión, la cuál no tenía nada que ver con los Acuerdos deSan Andrés; dicho acto sólo buscó crear un clima de distracción pública, porque detrásde la misma turnó la Iniciativa de Ley del Rescate Bancario, que ha hipotecado el futurode varias generaciones de mexicanos.

De esta manera, de nueva cuenta por “razones de Estado” el gobierno utilizaba ymanipulaba el tema indígena como bola de humo, para imponer una de las leyes (IPAB)más leoninas y draconianas que recuerde el país.

Ya una vez terminado su sexenio, el presidente Zedillo defensor del “marco jurídicohecho para todos los mexicanos”, se integra como alto ejecutivo de una de lasempresas ferrocarrileras trasnacionales beneficiadas con las privatizaciones producidasdurante su mandato.

En la campaña presidencial del año 2000, los Acuerdos de San Andrés se convirtieronen uno de los temas principales. El candidato Vicente Fox se comprometió a cumplirlos.

Ya como presidente de la República, en un acto propagandístico, sin trabajo deoperación política ni construcción de acuerdos con las diferentes fuerzas políticas, elmandatario turnó la Iniciativa de Ley en Materia de Derechos y Cultura Indígenaelaborada por la COCOPA, al Senado de la República, acompañándola de una intensacampaña publicitaria.

El ex Secretario de Gobernación Santiago Creel nunca reunió a los coordinadores delos grupos parlamentarios y mucho menos a la COCOPA, para diseñar una ruta detrabajo con el propósito de desahogar tan importante tema. Sólo conferencias deprensa con la voz impostada, deslindándose siempre del resultado legislativo. En su“brillante estrategia de dar atole con el dedo”, el “bueno de la película” sería el gobiernofederal y los “malos”, los muchachos del Congreso, para lo cual Diego Fernández seprestó con mucho gusto y se llevó al baile incluso a los senadores del PRD.

Casi en paralelo a la presentación de la Iniciativa de Ley Indígena por parte delejecutivo federal, el EZLN realizó una exitosa caravana del sur al centro del país. Lasmovilizaciones en torno al zapatismo y a la causa indígena fueron enormes y vibrantes.Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tlaxcala, Michoacán, Querétaro, Guerrero, Puebla y


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Tabasco vieron pasar la caravana zapatista, en medio de grandes muestras de apoyo ysolidaridad.

La movilización social generó grandes expectativas en torno al gran pendiente indígena.Por la calidad y cantidad de apoyos hacia los zapatistas, parecería que el Congreso de

la Unión sabría leer lo que de él esperaban los pueblos indígenas del país. A su llegada al Distrito Federal, se concretó una reunión entre la COCOPA y el EZLNen la Escuela de Antropología. Los nuevos miembros de la Comisión Legislativa,acostumbrados a “recibir línea” de sus líderes parlamentarios, aceptaron llevar unapropuesta para el establecimiento de un formato de diálogo entre el Congreso de laUnión y el EZLN; casi se le proponía a los zapatistas, “verse en lo oscurito” y no defrente a la Nación.

La respuesta del EZLN fue enérgica y demandó hacer uso de la tribuna del Congresode la Unión para aportar sus argumentos en relación con la propuesta de Ley enmateria de Derechos y Cultura Indígena. Ante dicha petición, la derecha mexicana semostró horrorizada y se preguntaba en voz alta, “¿Cómo es posible que indiosdesarrapados quieran hablar en la más alta tribuna de la Nación?”.

El debate en el Congreso de la Unión fue intenso, las derechas del PAN y del PRI,mandaron sus “expertos juristas” para impedirle a los indígenas su pretensión. Pero loque estaba discutiéndose no era un hecho cuya interpretación fuera de carácter

jurídico, lo esencial y el fondo de este debate era si el actual sistema político incluía ono a todos los mexicanos.

Esta cuestión, que taladra a los más conspicuos personajes de la política mexicana,intentó ser detenida infructuosamente por la derecha parlamentaria. Por 10 votos,ganamos en la Cámara de Diputados la votación para que los indígenas hicieran uso dela tribuna del Congreso de la Unión.

La maniobra del ejecutivo federal estaba clara, él mandaba la iniciativa de Ley Indígena,pero los legisladores de su partido se oponían a cualquier acción en favor de ella, yaunque perdieron esta votación en la Cámara de Diputados, en la Cámara deSenadores se fraguó el Dictamen sobre la Ley Indígena, el cual tiró al cesto de labasura todo el esfuerzo y trabajo de años de funcionarios del propio gobierno, delpropio Congreso de la Unión, del EZLN y de grandes núcleos de la Sociedad Civil.

La ley aprobada no tiene nada que ver con el proceso de negociación, ni con elcontenido de lo esencial de los Acuerdos de San Andrés.

No fue aceptada ni por los zapatistas, ni por ningún pueblo indígena. Como aportaciónpara la paz, no sólo es una traición, sino un fracaso.


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¿Qué ha pasado en México a 20 años del incumplimiento de losAcuerdos de San Andrés?

Los números no mienten. Las estadísticas no tienen signo político, solo muestranresultados.

En 1994 el EZLN se levantó en armas, enarbolando las causas que hoy documenta elCONEVAL.

Las causas que dieron origen al levantamiento zapatista en 1994 no se han modificadosustantivamente, a pesar de lo actuado durante todo este tiempo, incluyendo muchosesfuerzos sinceros por lograr cambios perdurables en beneficio de los pueblosindígenas.

Medio millón más de indígenas pobres en los 2 últimos años. Un aumento en 300 mildel número de indígenas en pobreza extrema.

Entre 2012 y 2014 se amplió la brecha de pobreza y, particularmente, la de pobrezaextrema entre la población indígena y no indígena.

El porcentaje de población indígena en pobreza pasó de 72.3 a 73.2%, esto es, 8.7millones de personas; medio millón más que en 2012.

El porcentaje de pobreza extrema pasó de 30.6 a 31.8%, es decir, 3.8 millones de

indígenas; 300 mil más que en 2012.

La población con al menos una carencia social pasó de 92.6 a 92.1%; y aquella con almenos tres carencias de 56.1 a 54.8%.

El rezago educativo, el acceso a los servicios de salud, la carencia por acceso a laseguridad social, la calidad y los espacios en la vivienda fueron las carencias socialesque se redujeron.

En sentido opuesto, las carencias sociales que se incrementaron fueron los serviciosbásicos en la vivienda y el acceso a la alimentación. Esta última con la mayor variación

al pasar de 34.4 a 38.8%; 600 mil personas más que en 2012.

La población indígena con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo pasó de42.4 a 43.9%, y la población con un ingreso inferior a la línea de bienestar pasó de 74.5a 76.1%.


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A pesar de las reformas jurídicas aplicadas y los cada vez mayores recursos destinadospara su atención, los pueblos indígenas han tenido un avance muy lento en materiaeconómica y social, por lo que siguen representando el sector de la población con losmás altos niveles de pobreza, mayores carencias sociales, menor nivel de ingreso,menor representación política y los que sufren la mayor discriminación, entre los

diversos grupos.El incremento de recursos financieros a este sector, no ha influido en la disminución delos niveles de pobreza de la población indígena, porque es ahí donde reside lanecesidad de entender, que enfrentar este grave problema no es solo un asuntopresupuestal; es un tema que requiere abordarse en el marco del contexto económico y

jurídico en el que se produce, que permita incorporar los derechos de los pueblosindígenas excluidos hasta hoy, para que puedan ser ejercidos a cabalidad.

¿Quién ha ganado y quien ha perdido en estos 20 años?

Para comprender el modelo económico que siguieron los gobernantes en estos últimosveinte años, se hace imprescindible responder algunas interrogantes mayores

¿Qué grupos sociales se beneficiaron con la política económica?,

¿Cuáles fueron los fundamentos para tomar las decisiones que arrojaron los resultadoseconómicos?,

¿Podría haber sido de otra manera?,

¿Hasta qué punto se puede interpretar el desarrollo económico del país considerandolas variables externas?,

¿Hasta dónde tienen un grado de importancia los conflictos e intereses nacionales paraexplicar los resultados económicos?

Y más preguntas que podrían surgir al desenredar la madeja. Pero con las respuestas aestas interrogantes podemos llegar a una conclusión aproximada.

Los ajustes en la forma de conducir la economía nacional a partir de los años 80,implicaron modificar la política económica y social, a partir de la aplicación de medidasque buscaban dar cumplimiento a compromisos asumidos por México con organismosinternacionales y gobiernos de países desarrollados, en aras de incrementar la apertura


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y desregulación de la economía, y reducir drásticamente la participación del Estadocomo actor preponderante en la conducción de los procesos de desarrollo nacional.

Las expectativas que en su momento se generaron con estas reformas eran las delograr estabilidad macroeconómica, mayores tasas de crecimiento, incremento de la

competitividad en los sectores y ramas de la economía que estarían vinculados amercados internacionales; y además, que estos procesos tendrían un efectoredistributivo a partir de la reducción de las brechas salariales, tanto entre sectorescomo con nuestros socios comerciales, y de una mayor eficiencia en la aplicación delgasto, lo cual, en suma, se traduciría en una reducción de la pobreza y de ladesigualdad.

A más de tres décadas, se puede afirmar que la realidad ha sido muy distinta a laproyectada.

Los principales fracasos de la aplicación del modelo neoliberal en México han sido: unpobre desempeño de la actividad económica; niveles de ingreso bajos en comparacióncon países de la región y con economías que tenían niveles de desarrollo comparablesal de México; abandono del sector primario; reorientación productiva hacia actividadescon baja generación de valor, en particular, hacia el sector de servicios; dependencia delos ingresos petroleros y del desempeño de la economía de Estados Unidos, principalsocio comercial; falta de creación de empleo formal e incremento de la informalidad dela economía.

En los últimos 20 años, la economía ha tenido un comportamiento pobre que se reflejaen un promedio de crecimiento anual de 2.6% para el caso del PIB, y de 1.3% alconsiderar el PIB per cápita.

En la historia económica reciente encontramos períodos con algunos destellos en elcomportamiento económico; en el período del 2008 al 2013, el país creció en un 2%,nivel por encima del promedio del conjunto de países de la OCDE, que fue del 0.8%;sin embargo, el porcentaje del gasto público respecto del PIB fue de apenas el 27.2%,cuando el promedio del conjunto de países de la OCDE fue del 42%.

Los niveles productivos se mantuvieron estables, de esta forma se esperaría que laseconomías de las familias se comportaran de la misma manera, sin embargo no fue así.La problemática se encuentra en el contrato social, en donde la distribución de losbeneficios solamente favorece al capital y no al trabajo.

En los últimos veinte años, el salario mínimo real tuvo un decremento del 27% y lasfortunas de las 9 familias más ricas del país han crecido casi 10 veces entre 1996 y2014, al pasar de un total de 13 mil trescientos millones de dólares en 1996 a 131 milsetecientos en 2014.


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La Minería principal beneficiaria del incumplimiento de losAcuerdos de San Andrés

El atractivo que tiene el país para la inversión minera extranjera se deriva de losmúltiples apoyos que existen, así como de los tratados internacionales; en especial, elpoco gravamen a la actividad minera, sin tomar en cuenta la etapa en la que seencuentre. México posee facilidades para la constitución de empresas provenientes delextranjero al tener acceso a un mercado potencial de más de mil millones deconsumidores y 63% del PIB mundial, ya que cuenta con 28 Acuerdos para laPromoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI) y acuerdos para evitar ladoble tributación con más de 40 países. Dada a su ubicación geográfica tiene acceso alos océanos Atlántico y Pacífico, y es intermediario en los mercados de Norteamérica y

Sudamérica, donde el crecimiento se está potencializando. Debido a sus riquezasnaturales, México se posiciona en el ámbito mundial, en el primer lugar en laproducción de plata, tercero de bismuto, quinto de plomo, noveno de oro ydécimo primero de cobre.

De acuerdo con datos de la Camimex, en 2010 la participación extranjera en la mineríaera de 70% dejando solamente 30% de participación nacional. En la actualidad, laparticipación extranjera en la minería en exploración minera es del 70%. De esta cifra,Canadá participa con el 74%, USA con el 15% y China con el 8.3%.

Canadá como el país que más ha aprovechado la tendencia privatizadora de México en

el sector minero. Tan sólo como ejemplo, de las 10 minas de oro más grandes enMéxico, siete están concesionadas a empresas de origen canadiense: Goldcorp, AgnicoEagle, Alamos Gold, New Gold, Yamana Gold y Torex Gold Resources, con la mayorproducción de oro en la mina Peñasquito, con 411,000 onzas de producción.

Respecto al capital mexicano, alrededor de 30% del mercado minero se encuentradistribuido entre 10 empresas nacionales, de las cuales destacan:

Grupo Frisco (Familia Slim):o Principales minas: Minera María, Real de Ángeles Asientos, Real

Ángeles Coronel, Real Ángeles San Felipe, San Francisco del Oro yTayahua.o El Grupo cuenta con un total de 455 título los cuales fueron cedidos

durante los sexenios presidenciales panistas de Fox y Calderón queequivalen a casi el 70% del total, con una equivalencia en hectáreas de1,066,599.63 correspondientes al 87.15% del total.


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Grupo México (Familia Larrea):o Principales minas: Mina Cananea, Copper México, National Minerals.o El Grupo cuenta con 411 títulos los cuales fueron cedidos durante los

sexenios presidenciales panistas de Fox y Calderón que equivalen al62.17% del total, con una equivalencia en hectáreas de 414,740.15

correspondientes al 82.28% del total.

Grupo Peñoles (Familia Bailleres): o Principales minas: Mina Francisco I. Madero, Mina Bismark, Mina

Milpillas, Mina Sabinas, Mina Tizapa y Mina Naica. o De los tres grupos mexicanos más importantes, Grupo Peñoles, ha sido el

más beneficiado de la bonanza panista ya que del total de títulos, 1,161fueron cedidos durante los sexenios de Fox y Calderón que equivalen acasi el 85% del total, con una equivalencia en hectáreas de 2,150,639.43correspondientes al 95.11% del total.

Comportamiento de las Concesiones

Este comportamiento es consistente con el desarrollo general que ha tenido el país

durante los últimos 20 años respecto a la concesión de la tierra, el cual es facultad delgobierno federal, lo que limita la participación de los gobiernos estatales y municipalescomo promotores y defensores de los intereses de sus habitantes.

Las concesiones mineras en México las otorga la Secretaría de Economía y puedendurar hasta 50 años, con la posibilidad de renovarse otros 50 años y no hay límite en elnúmero de concesiones otorgadas. La Ley Minera establece que las concesiones seotorgarán al primer solicitante, no al que presente el proyecto con las mejorescondiciones técnicas y económicas para el desarrollo.

Las empresas extranjeras se pueden constituir con 100% de capital extranjero, teniendo

como ventaja que el gobierno no cobra derechos sobre productos minerales, ademásse pueden transferir a ciudadanos o empresas mexicanas.


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Valor de la Producción Minera Nacional Por Estado

La alta vocación minera de la Nación se ve reflejada en el valor total de la producción lacual asciende a 263,687,249,345 tan sólo en el 2013. Los 5 estados que más producenson:

Producción Minera Total Por Entidades Federativas, 2009 2013

Volumen de producción anual de los 5 metálicos obtenidos a nivelnacional:

La histórica vocación minera del país se ve reflejada en la siguiente tabla, la cualresume el valor acumulado de la explotación de los 5 principales metales. Vale la penaresaltar que entre el año 1994 al 2015 se produjeron 1089 toneladas de oro, cuandoen tres siglos de Colonia sólo se produjeron 182 toneladas. Es decir, en 21 años

ESTADOS/AÑOS 2009 2010 2011 2012 2013 P/

TOTAL DELPERIODO

2009 – 2013

TOTAL ANUAL: 133,860,431,499 187,511,873,971 262,290,403,532 291,148,862,941 263,687,249,345 1,138,498,821

SONORA 24,395,709,924 37,366,247,969 65,744,733,572 72,461,989,648 66,618,953,015 266,587,634

ZACATECAS 21,245,872,217 37,022,350,692 59,315,353,310 63,614,289,936 47,098,802,489 228,296,668

CHIHUAHUA 16,982,913,633 23,444,691,793 28,252,797,773 35,566,262,470 29,763,792,988 134,010,458

DURANGO 17,208,064,394 20,209,269,630 22,302,267,166 59,719,601

SAN LUIS POTOSÍ 10,779,307,946 12,441,696,676 15,077,553,749 12,622,388,784 50,920,947

COAHUILA 11,062,922,162 13,086,476,235 15,369,819,070 39,519,217

TOTAL ANUAL 5ESTADOS:

84,466,725,882 123,361,463,365 185,890,768,119 206,929,365,433 178,406,204,442 779,054,527

APORTACI N % 5ESTADOS ENRELACION AL

NACIONAL:

63% 66% 71% 71% 68% 68%


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se produjo casi 6 veces del oro que se produjo en más de tres siglos de laColonia.

AñosOro total

nacional kgPlata total

nacional kgPlomo totalnacional kg

Cobre totalnacional kg

Zinc totalnacional kg

1521-1820Virreinato.

182,065.00 53,496,000.00 ND ND ND

1821-1876Post

Independencia.84,292.00 22,708,960.00 ND ND ND

1877-1911Porfiriato.

531,253.20 48,305,757.60 1,663,222,400.00 633,538,000.00 77,312,600.00

1912-1993Gob.

RevoluciónMexicana.

350,866.60 60,927,815.80 5,432,288,200.00 4,407,526,000.00 7,016,441,800.00

1994-2015*Últimos 21

años.1,089,024.90 74,784,056.50 3,626,472,000.00 7,833,204,000.00 10,176,102,500.00

Total en kg 2,237,501.70 260,222,589.90 10,721,982,600.00 12,874,268,000.00 17,269,856,900.00Total entoneladas

2,237.50 260,222.59 10,721,982.60 12,874,268.00 17,269,856.90

*Para el último trimestre del año se utilizaron valor estimados al cierre de la producciónde metal, ceteris paribus.

Los bajos impuestos a la Minería

Los impuestos y tratados en el sector minero juegan un papel muy importante puestoque son los destinatarios para resarcir los problemas sociales y ambientales que causala minería en una comunidad. Si bien para la mayoría de los países mineros esta es lalógica que opera, en México fue apenas en el 2014 que se consideró aplicar unimpuesto a la minería mismo que todavía no empieza a madurar.

Tal es el caso de las mineras Canadienses en México, cuyo único impuesto que tieneque pagar es el ISR, el cual es acreditable gracias al Convenio de Eliminación de DobleTributación que tienen ambos países, firmado desde 1991 y reformado en 2006 durantela administración de Felipe Calderón, y las retenciones tienen una tasa preferencial.

La Reforma Hacendaria que se planteó en el 2014 establece la necesidad dereconsiderar los impuestos sobre la minería al introducir una tasa de 7.5% sobre losingresos netos, teniendo en cuenta que los minerales y sustancias del subsuelo sonbienes no renovables de la naturaleza. De igual manera se presentó la reforma a la Ley


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Federal de Derechos, la cual entró en vigor el 1 de enero de 2014, en la que se fija unabase real y conveniente para el cálculo del pago de derechos por parte de las empresasmineras al establecerse sobre la utilidad neta derivada exclusivamente de dichaactividad.

Sin embargo, el sector público ha tenido una baja captación de recursos fiscales aconsecuencia de las altas tasas de informalidad, la débil capacidad que ha tenido elEstado para combatir a la elusión y evasión fiscal y, principalmente, la existencia deprivilegios y esquemas de exención fiscal que benefician a los grandes contribuyentes yque incluyen los ingresos fiscales que se dejan de percibir debido a los 40 convenios ytratados de doble tributación que tiene México firmado con igual cantidad de países del2000 al 2014.

La Auditoría Superior de la Federación publicó en marzo de 2015 los datos sobre lacuenta pública 2013, donde especifica que México dejó de recaudar 1.1billones depesos debido a los regímenes especiales que permiten a los contribuyentes a no pagarel total de sus obligaciones fiscales. El sector minero en México, extrajo 173 veces másde lo que paga de impuestos por explotación en el periodo comprendido entre el 2008 y2013. Así mismo, la ASF reveló que en el periodo 2007-2012 el valor de la producciónminera ascendió a 693 mil 66 millones 900 mil pesos; de los cuales 15 mil 231 millones435 mil 200 pesos ingresaron a las arcas nacionales por el concepto de pago dederechos sobre minería. Este monto representa solo el 2.2 por ciento del valor total dela producción minera.

Finalmente es importante resaltar que la explotación minera en territorio nacional sehace indistintamente en tierras rurales e indígenas, siendo en éstas últimas donde hasido catalizadora de la tensión social entre las comunidades, empresas y gobierno dedistintos órdenes.

La explotación minera en territorio indígena es la génesis de múltiples conflictossociales, que, en algunos casos, han derivado en enfrentamientos armados,desplazamientos forzados de comunidades y aumento de la violencia, acelerando ladescomposición del tejido social. La cual se ha realizado generalmente a cielo abierto yde manera masiva, lo que conlleva que se trabaje en una mayor cantidad de tierras, nosólo para su exploración y extracción, sino también para el acondicionamiento yfuncionamiento de la industria (caminos, tiraderos, remoción de tierra), además de quepredomina en estos territorios la minería que utiliza grandes cantidades de cianuro parael proceso de lixiviación, que contamina extensiones y volúmenes mayores de tierra yagua.

Se ha realizado sin respetar los derechos de los pueblos indígenas sobre su territorio; asu propiedad, al uso y goce de sus recursos, y a la Consulta, consagrados en laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Convenios y Tratadosinternacionales en la materia.

Es importante destacar que el derecho a la consulta es una herramienta fundamentalque tienen los pueblos originarios para la defensa de sus tierras, territorios y recursos


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naturales, frente a los proyectos extractivos, de construcción de vías, presas ydeclaratorias de áreas de reservas. Ante el crecimiento de estos proyectos, el reclamode los pueblos indígenas para el reconocimiento de sus derechos a la consulta y alconsentimiento previo, libre e informado y a la participación, se ha vuelto más insistentedebido a que los proyectos inciden directamente en la vida comunitaria y en su cultura.

En México, muchas han sido las consecuencias y repercusiones de un modelo malentendido, poco madurado y con falta de controles que han favorecido el deterioroambiental y del tejido social con pocos ingresos recaudados de la actividad. Es válidoaclarar que una cosa es el crecimiento de un sector derivado de los movimientos decapitales y otra muy diferente es el crecimiento de un país gracias a la mejora de susindicadores clave como lo son los salarios.

Si bien el auge de los consorcios minero-metalúrgicos en estos últimos veinte años ennuestro país estuvo favorecido por el alza de los precios de los metales, pero tambiénpor la complacencia estatal ante la exploración y explotación de los pozos sin atenderreclamos laborales y sociales de las comunidades mineras. Incluso las concesiones seotorgan sin la exigencia de pagos fiscales y con ínfimas regalías a los originales dueñosde las tierras y aguas y lo único que realmente ha crecido, ha sido el grado deconflictividad en las zonas indígenas y campesinas.

México rico en recursos y cultura, con un patrimonio único y un potencial enorme, hasido despojado de la propia tierra que por años peleó por recuperar y que ahora cedepor debajo de la mesa, en las manos de los que más tienen sin considerar a los quemás necesitan y que significan la riqueza más grande del país: sus pueblos indígenas.

La industria minera multiplicó sus ganancias, y en paralelo causó un enorme daño almedio ambiente y deterioro del tejido social de las comunidades, sin que sus resultadosse vieran expresados en mejores niveles de desarrollo de los pueblos indígenas, comotampoco de las arcas nacionales.

¿Cuánto de esta riqueza se produjo en la elevación de los niveles de bienestar de lapoblación y en especial el de los Pueblos Indígenas?

¿Cuáles han sido los daños al medio ambiente ocasionados por esta política y cuálesson las garantías o los compromisos de reparación que han contraído en este rubro lascompañías mineras?

¿Cuáles han sido las contribuciones de esta política para mantener la cohesión social ala que aspiramos los mexicanos?

¿Cuáles son los instrumentos de verificación que tenemos como país para garantizarque la exportación de materiales hacia otros países del mundo, no llevan incorporadosmateriales de carácter nuclear?


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¿Cuáles han sido los mecanismos que se han utilizado para evitar que las comunidadesindígenas o rurales, sean presa del crimen organizado, que ha encontrado en laexplotación mineral otra fuente de ingresos ilegal?

El auge de los consorcios mineros en estos últimos veinte años, estuvo favorecido por

el alza de los precios de los metales, pero también por la complacencia estatal ante laexploración y explotación de las áreas concesionadas, sin atender reclamos laborales ysociales de las comunidades mineras.

Incluso, las concesiones se otorgaron mediante exiguos pagos fiscales y con ínfimasregalías a los originales dueños de las tierras y aguas.

Por supuesto, las utilidades crecieron en forma espectacular.

¿Y los pueblos mineros?

¿Y los trabajadores y sus familias?

¿Y los dueños originales de las tierras concesionadas?

Para ellos, lo único que ha crecido, ha sido el grado de pobreza y la conflictividad en laszonas indígenas y campesinas.

Las propuestas atendidas y las que no se escucharon

Ninguna sociedad es monolítica, únicamente las dictaduras. En la democracia seescuchan las voces de los diferentes grupos políticos y poderes fácticos organizados.

¿Cuáles eran las propuestas que se enarbolaban hace veinte años en el debate sobrenuestra economía, y sexenio tras sexenio?

¿Qué distinciones se pueden identificar en el manejo de los instrumentos de políticaeconómica?

Todos los grupos políticos enarbolan medidas para alcanzar el bienestar social, ahí nohay diferencias; el problema es el cómo, las prioridades y los énfasis que se aplican encada medida para modificar el rumbo de la economía y hacia qué sectores van dirigidoslos beneficios.


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Las propuestas de los grandes empresarios tenían que ver con la confianza en el libremercado: mientras menos participara el Estado en la economía, más competencia delos agentes económicos nacionales y extranjeros y, por lo tanto, mayores niveles deempleo y bienestar.

El debate entre los académicos y sectores más críticos al libre mercado, pugnaban porestablecer mecanismos estatales para impedir la formación de monopolios y noconfiaban que la libre empresa fuera la panacea para los grandes problemas del país.

Las crisis, se argumentaba, eran producto de la rapiña, y sin la conducción estatal, ladistribución de los frutos del progreso sería inequitativa y se profundizaría la brechaentre ricos y pobres.

En medio de este debate, surgieron voces y propuestas más aterrizadas en laproblemática nacional e hicieron énfasis en las economías regionales.

La más trascendente fue la respuesta del EZLN. Desde el mes de enero de 1994pusieron el dedo en la llaga y exigieron al gobierno federal atender los reclamos ydemandas históricas.

En términos económicos fueron ideas muy simples. Más que propuestas de tipoeconómico, eran reclamos en donde subyacía el señalamiento para saber por dónde notransitar, porque los resultados estaban a la vista, y las medidas adoptadas en lasúltimas décadas no habían arrojado resultados alentadores.

Para los grupos que enarbolaban estos reclamos estaba claro que la medicinainyectada al país no era la adecuada.

¿Existen alternativas a la grave situación que viven los pueblosindígenas?

A raíz del levantamiento zapatista, en el año de 1994 se inició el proceso de losdiálogos de San Andrés Larráinzar, donde los pueblos indígenas y el gobierno federal

construyeron los Acuerdos para el reconocimiento de sus derechos. El 16 de Febrerodel 2016, se cumplieron 20 años de haberse firmado.

Es el proceso de construcción de acuerdos más amplio y horizontal que se haproducido en México en las últimas décadas. Ahí están expresados los pensamientosno sólo del EZLN, sino de la mayoría de los pueblos indígenas del país.


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Sin embargo, la reforma constitucional aprobada en materia indígena en el año 2001,excluyó las partes sustantivas de los derechos esenciales de los pueblos, que habíansido acordados en San Andrés.

El no cumplimiento de estos acuerdos, ha configurado escenarios de pobreza y

confrontación, al no existir las herramientas jurídicas para garantizar sus derechos.La apuesta de las cúpulas políticas y económicas de reducir la compleja problemáticaindígena a un asunto solo de programas sociales, ha fracasado. Los datos delCONEVAL no mienten.

Durante los últimos años, los movimientos indígenas nacionales han planteado demanera recurrente el reconocimiento de sus derechos colectivos; estas exigenciasbuscan que los derechos sean parte del orden normativo del país en atención a ladiversidad y particularidad de los pueblos, y representan su plataforma étnico-nacional,sustentada en los avances internacionales en la materia.

El reconocimiento y protección de los derechos indígenas se configuran a partir de lossiguientes elementos:

a) Reconocimiento constitucional de la existencia de los pueblos y comunidadesindígenas como sujetos de derechos;

b) Establecimiento de los derechos de los pueblos a disponer de los medios para sureproducción y sobrevivencia;

c) Derecho de los pueblos al desarrollo;

d) Derecho al ejercicio de su cultura y su conservación;

e) Establecimiento de las condiciones jurídicas y políticas que aseguren el ejercicio deestos derechos.

A través del cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés y de la armonización delmarco legislativo y constitucional nacional con el internacional, comprometida por elPresidente de la República en la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas de laONU celebrada en Septiembre de 2014, junto a las luchas, iniciativas, esfuerzos yempuje de los pueblos, se podrá contar con un nuevo y mejor marco normativo quepermita a las comunidades indígenas, salir de atraso, la pobreza y conflictividad en quesubsisten.

Estos cambios permitirán resolver las tensiones históricas, que de no ser atendidas porla vía institucional generarán más conflictos y un posible choque cultural, que puedegenerar violencia y vulnerar la gobernabilidad del Estado Nacional.

No hay lugar para discuciones; las instituciones del Estado estamos obligadas aconstruir soluciones que reviertan esta situación injusta y desigual.


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Las salidas deben ser estructurales, sólo de ese modo se logrará que los cambios seanendógenos y permanezcan en las comunidades; se trata de generar una dinámicaindígena de prosperidad que contribuya a la construcción de un país moderno ypluricultural, donde lo indígena deberá ser parte una profunda reforma democrática del

Estado Mexicano, es decir de un nuevo contrato o un nuevo pacto nacional.

México D.F. a 17 de Febrero del 2016


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Anteproyecto de Reforma, Cambios y Adiciones Constitucionales, parala Armonización Legislativa con los Tratados Internacionales, laDeclaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y los Acuerdos de San Andrés Larrainzar

(PARA ANÁLISIS Y DISCUSIÓN)


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ÍNDICE

Anteproyecto de reforma, cambios y adiciones a la Constitución Política de los Estados UnidosMexicanos, para la armonización legislativa con los tratados internacionales, la Declaración dela ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y los Acuerdos de San Andrés Larráinzar.

Página

Presentación ................................................................................................................... 3

Artículos

2º ...................................................................................................................................... 5

27 .................................................................................................................................... 10

115 .................................................................................................................................. 11


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Presentación

México es una nación pluricultural, lo que se refleja en los 68 pueblos indígenas que lohabitan y que representan el sustento del origen de nuestra gran Nación. Más de 15 millones demexicanos son personas indígenas, descendientes de las grandes culturas mesoamericanasque habitaron el país aún antes de que éste existiera.

A lo largo de la historia de México los pueblos indígenas han sido participes de los hechos mástrascendentales que han definido a la Nación. Antes de la Conquista, los pueblos indígenasforjaron las culturas y ciudades más importantes del Continente y nos dejaron un legado quenos enorgullece, y que contiene el pensamiento sobre la importancia de vivir en armonía con laMadre Tierra y con nuestros semejantes.

En la Independencia, son los pueblos indígenas las que apoyan a los Insurgentes en la guerrapor la libertad y la soberanía, que da el nacimiento a nuestro país. En ese mismo Siglo, lospueblos indígenas defienden nuevamente la libertad y la unidad de nuestra entonces jovenNación, de las amenazas e intervenciones de países extranjeros, como en la gloriosa Batallade Puebla.

Para 1910, en México se realiza la primera Revolución social y agraria del siglo XX, en ésta, lospueblos indígenas vuelven a ser parte importante de la lucha contra la injusticia y la exclusiónsocial; participaron miles de ellos, desde los soldados Yaquis del norte hasta los Nahuas delEjército del Sur.

A lo largo de la historia los pueblos indígenas han estado presentes defendiendo la unidad del

país, su soberanía y libertad.

A pesar de lo anterior, el marco legal nacional no ha tenido los cambios necesarios quepermitan a los pueblos indígenas tener el reconocimiento de sus derechos colectivos, lo querepresenta una de las causas principales de la problemática histórica que padecen los pueblosy sus comunidades.


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Después del levantamiento Zapatista de 1994, México fue testigo del proceso de diálogoconstructivo, horizontal y democrático más importante que se ha llevado a cabo en el últimocuarto de siglo: los Diálogos de San Andrés Larráinzar, donde los pueblos indígenas y elgobierno construyeron los Acuerdos que representarían la oportunidad de transformar la

relación entre el Estado Mexicano y los Pueblos Indígenas, mismos que hoy son una asignaturapendiente.

En el año 2001 se da una reforma constitucional en materia indígena que representó un avanceen la materia, lo cierto es que la falta de inclusión de algunos derechos esenciales de lospueblos indígenas y la evolución vertiginosa del marco legal internacional en la materia, hicieronque la situación de éstos continuase siendo desfavorable y que el tema dejara de discutirse enla agenda política nacional.

Es hasta el actual Gobierno Federal donde se retoma el tema del reconocimiento de derechospara los pueblos indígenas, como una política trazada con la visión de que la reforma en estamateria pueden contribuir a construir un México justo, equitativo e incluyente.

En este contexto el Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, de laSecretaría de Gobernación, elaboró el ante-proyecto de reforma constitucional para laarmonización del marco constitucional nacional con el marco legal internacional en materia dederechos indígenas.

Esta propuesta es el resultado del trabajo que realiza la Comisión, de la opinión de abogados,consejos consultivos y autoridades indígenas; así como las contribuciones de integrantes depueblos, comunidades y organizaciones durante el Foro “Derechos Indígenas y Armonización

Legislativa”, sobre sus aspiraciones, anhleos, proyectos, necesidades, problemáticas yderechos que tienen por ser el sustento original de nuestra Nación.

La propuesta tiene como marco de elaboración los objetivos y tareas asignados a estaComisión, derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y del Programa Sectorial de laSecretaría de Gobernación 2013-2018, y la propuesta del Presidente de la República en la ONU

para armonizar las leyes nacionales con la Declaración de Naciones Unidas en materiaindígena. También, busca contribuir a cumplir con la Reforma Constitucional en DerechosHumanos del año 2011.

Tiene contenidos los derechos indígenas reconocidos en los instrumentos jurídicosinternacionales, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos


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Indígenas y los compromisos plasmados en los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, firmadosen 1996.

Este documento es una propuesta que se pone a disposición de los pueblos indígenas y las

instituciones para su revisión, análisis, discusión, valoración, cambios y consideraciones, con elpropósito de que este proceso dé como resultado un instrumento que permita una nuevarelación entre el Estado Mexicano y los pueblos indígenas.

Arq. Jaime Martínez Veloz.

Comisionado


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Artículos

Artículo 2º.- La Nación Mexicana es única e indivisible.

La Nación tiene una composición pluricultural y multiétnica sustentada originalmente en suspueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en elterritorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias institucionessociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar aquiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social,económica, cultural y política, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propiasde acuerdo con sus usos y costumbres sistemas normativos.

El derecho de l Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación y autonomía

que se ejercerá en un marco constitucional y de unidad nacional. El reconocimiento específicode los pueblos, y comunidades indígenas se hará en la legislación federal, en lasconstituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar tomando en cuenta,además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo,criterios etnolingüísticos, de autoadscripción, y de asentamiento físico.

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidadesindígenas a la libre determinación y, como una expresión de ésta, a la autonomía para:

I. Decidir Determinar libremente sus formas internas de convivencia autogobierno y deorganización social, económica, política, jurídica y cultural. En ejercicio de estederecho dispondrán de los medios proporcionados por el Estado para financiarsus funciones autónomas.

II. Aplicar , promover y desarrollar sus propios sistemas normativos en para regular susformas de organización y la regulación y solución de sus conflictos internos,


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sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantíasindividuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad delas mujeres.Esta Constitución reconoce estos sistemas normativos y su jurisdicción. La leyestablecerá los casos y procedimientos para el ejercicio de dicha jurisdicción. de

validación por los jueces o tribunales correspondientes.

III. Elegir y nombrar de acuerdo con sus normas, instituciones y procedimientos yprácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formaspropias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenasdisfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad; asícomo a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los quehayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal y lasoberanía de los estados. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar losderechos político electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridadesmunicipales.

IV. Preservar, y enriquecer sus lenguas, proteger, revitalizar y transmitir a las futurasgeneraciones su patrimonio cultural, intelectual material e inmaterial colectivo; susfilosofías, cosmovisión, conocimientos tradicionales, lenguas, tradiciones,costumbres; sus ceremonias espirituales, sus lugares sagrados y culturales, asícomo y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad. Del ejercicio deeste derecho no podrá resultar ningún tipo de discriminación.

V. Conservar y mejorar proteger el hábitat medio ambiente, la biodiversidad y sus tierras,territorios y recursos naturales, en los términos establecidos en esta Constitución y conforme a sus sistemas normativos.

VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierraestablecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechosadquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente delos recursos naturales, tierras y territorios de los lugares que habitan y ocupan lascomunidades, conforme a lo dispuesto en la Constitución y los Tratadosinternacionales salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, cuyo dominiodirecto corresponda a la Nación, en términos de esta Constitución. Para estos efectos las

comunidades podrán asociarse en términos de ley.

VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos,de conformidad con sus sistemas normativos, instituciones y procedimientos. Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estosderechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la participación y


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representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas sistemasnormativos.

VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos

los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, seresolverán de conformidad con los principios de pluriculturalidad y libredeterminación en el marco del pluralismo jurídico, se deberán tomar considerando en cuenta sus costumbres sistemas normativos y especificidades culturales respetandolos preceptos de esta Constitución. Las personas indígenas tienen en todo tiempo elderecho a ser asistidos por intérpretes, y defensores y peritos que tengan conocimientode su lengua, y cultura y sistemas normativos. Los pueblos indígenas tienen derecho a procedimientos justos y equitativos parael arreglo de controversias con el Estado y con otras partes; el Estado promoverála conciliación y concertación, mediante un proceso de diálogo intercultural.

IX. Ser consultados antes de que el Estado emita, adopte y aplique medidas legislativaso administrativas que los afecten o sean susceptibles de afectarles, a fin alcanzarun acuerdo u obtener su consentimiento libre, previo e informado.

Esta Constitución reconoce a las comunidades indígenas como sujetos de derechopúblico y el derecho a asociarse libremente, a fin de coordinar sus acciones comopueblos indígenas.

La ley reglamentaria, L las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán lascaracterísticas y especificidades para el ejercicio de la libre determinación y autonomía quemejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, asícomo las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades deinterés público.

B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidadesde los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones ydeterminarán las políticas necesarias para que garantizar garanticen la vigencia el ejercicio delos derechos de los pueblos indígenas y el su desarrollo integral, intercultural y sostenible desus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente conellos.


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Para tal efecto, abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidadesindígenas, dichas autoridades tienen las obligacioónes de siguientes:

I. Garantizar el ejercicio de su derecho de libre determinación y autonomía, así comoel respeto a sus normas, instituciones y procedimientos.

II. I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas los pueblos indígenas con el propósito defortalecer las sus economías locales, la autosuficiencia alimentaria y mejorar las suscondiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tresórdenes de gobierno, con la participación de las comunidades de dichos pueblos. Las autoridades municipales competentes determinarán bajo una distribuciónequitativa, equitativamente las asignaciones presupuestales que los pueblos y lascomunidades indígenas administrarán directamente para fines específicos, en ejercicio

de su autonomía.

III. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüeindígena e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, lacapacitación productiva y la educación media superior y superior. Establecer un sistemade becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan laherencia cultural de sus los pueblos e impartan la educación en sus propias lenguas,en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje, de

acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas lospueblos. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en lanación.

IV. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de lacobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente con pertinencia cultural.Garantizar el reconocimiento, fortalecimiento y promoción de la medicina tradicionaly de las personas que la ejercen, incluida la conservación de su flora, fauna yminerales de interés vital. así como a apoyar , Implementar políticas públicasnutricionales y de salud con pertinencia cultural, la nutrición de los indígenas

mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil.

V. Mejorar las condiciones de vida de las los pueblos y comunidades indígenas y de susespacios para la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten garanticen elacceso al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento devivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos, tomando en


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consideración su entorno natural y cultural, conocimientos tradicionales,tecnologías alternativas y haciendo uso sostenible de los recursos.

VI. Propiciar Garantizar y facilitar la incorporación participación efectiva de las mujeresindígenas en los procesos de al desarrollo, elaboración e implementación de

políticas públicas, mediante el apoyo a los proyectos productivos; la protección de susalud, el otorgamiento de estímulos recursos para favorecer su el acceso a laeducación, el uso y disfrute de la tierra y los recursos naturales en condiciones deigualdad de derechos, y su participación en la toma de decisiones relacionadas con lavida comunitarias y la promoción de sus derechos humanos.

VII. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidadesmediante la construcción y ampliación de vías de comunicación, radiodifusión ytelecomunicación. Establecer y garantizar las condiciones para que los pueblos y lascomunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar sus medios de

comunicación e información, haciendo uso de sus lenguas y otros elementosculturales propios, en los términos que las leyes de la materia determinen.

VIII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable sostenible de las lospueblos y comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar lasuficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos recursos para lasinversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos a las iniciativascomunitarias de desarrollo y a los sistemas tradicionales de producción, laincorporación de capacitación en nuevas tecnologías para incrementar su propiacapacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de

abasto y comercialización, con pertinencia cultural y sostenibilidad ambiental. El Estado implementará medidas para proteger a las personas indígenas contra laexplotación económica y a condiciones discriminatorias de trabajo, y asegurar eldisfrute de sus medios de subsistencia y desarrollo, garantizando la libertad paradedicarse a las actividades económicas tradicionales.

IX. Establecer políticas sociales para proteger a las personas los migrantes de los pueblosindígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones paragarantizar los derechos laborales de las y los jornaleros agrícolas; mejorar las

condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de educación ynutrición con pertinencia cultural a niñas, niños y jóvenes de familias migrantes; velarpor el respeto de sus derechos humanos, sociales, políticos; y promover la difusión desus culturas, y su inclusión social en los lugares de destino migratorio, con plenorespeto a su identidad.


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X. Consultar a los pueblos indígenas antes de emitir, adoptar y aplicar medidaslegislativas o administrativas que los afecten o sean susceptibles de afectarles, afin de alcanzar un acuerdo u obtener su consentimiento libre, previo e informado. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración de los Planes Nacional deDesarrollo, nacional, y de los estatales y municipales y, en su caso, incorporar las

recomendaciones y propuestas que realicen.

Para garantizar el cumplimiento de los derechos y las obligaciones señaladas en esteapartado artículo, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de lasentidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias,establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en lospresupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que lospueblos y comunidades indígenas participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas a travésde sus instituciones, bajo los principios de planeación participativa, austeridad,

honradez, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.

Para el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, la procuración yadministración de justicia y el cumplimiento de las obligaciones señaladas en esteartículo, el Ejecutivo creará las instituciones u organismos del más alto nivel, queresulten competentes.

Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los pueblos indígenas, y suscomunidades, el pueblo afrodescendientes y toda comunidad equiparable tendrán en loconducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley.

Artículo 27.- …

…

…

…


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…

…

…

…

…

…

I. a VI. …

VII. …

La ley protegerá la integridad de las tierras y territorios de los grupos pueblosindígenas.

…

…

…

…

…


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VIII. a XVIII. …

XIX. …

XX. …

Artículo 115.- Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobiernorepublicano, representativo, democrático, pluricultural, laico y popular, teniendo como base desu división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme alas bases y características siguientes:

I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa,integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la leydetermine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal seejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y, en su caso, por las autoridadescomunitarias en el ámbito de su competencia. y n No habrá autoridad intermedia

alguna entre éste y el gobierno del Estado.…

…

…

…

Los Ayuntamientos electos por el régimen de sistemas normativos indígenasdesempeñarán el cargo durante el tiempo que sus normas y prácticasdemocráticas determinen.


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II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonioconforme a la ley.

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes enmateria municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos depolicía y gobierno, los estatutos, reglamentos, circulares y disposicionesadministrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, queorganicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos,funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadanay vecinal.

…

a) a e) …

Tratándose de municipios indígenas, estos ordenamientos deberán tomar encuenta sus sistemas normativos y especificidades culturales.

…

III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

a) a i) …

…

…


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Los municipios y Las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podráncoordinarse y asociarse libremente en el ámbito regional, tomando enconsideración su filiación étnica, territorial, cultural e histórica, en los términos ypara los efectos que prevenga la ley.

Dichas asociaciones tendrán por objeto el diseño e implementación de políticas yprogramas de desarrollo regional; el fortalecimiento de sus institucionespolíticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales; la participación en lasinstancias estatales; y aquellas que promuevan el bienestar de sus respectivascomunidades y pueblos.

IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los

rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otrosingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:

a) …

b) …

c) ....

…

…

…

En los municipios indígenas, se reconocen las contribuciones comunitarias en elsistema de ingresos municipales, entre otros, el tequio o su equivalente, la

prestación de servicios comunitarios, la aportación y la cooperación económica,en los términos establecidos en la ley; mismas que se tomarán en consideraciónpara la asignación de recursos a dichos municipios por parte del Estado.

…


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V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estaránfacultados para:

a) a i) …

j) En los municipios con comunidades indígenas, en las facultades a que serefieren los incisos b), c), y g), se garantizará la participación efectiva de lospueblos y comunidades indígenas y sus órganos de representación medianteconsulta.

…

VI. …

VII. …

…

Se reconocen las instituciones de los pueblos indígenas en materia deprevención y mantenimiento de la paz y seguridad pública conforme a sussistemas normativos, para lo cual se establecerán los mecanismos de relación,coadyuvancia y coordinación con los Sistemas Estatales de Seguridad Pública.

VIII. …

Los municipios con comunidades indígenas integrarán sus Ayuntamientos conrepresentantes de éstas, que serán electos de conformidad con sus sistemasnormativos y tomarán participación conforme lo establezca la ley.

…


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IX. …

X. ….

XI. Se reconocen los principios y especificidades culturales de los municipios ycomunidades indígenas, en los ámbitos político, jurídico, económico, territorial, social ycultural, particularmente: las asambleas generales comunitarias; los sistemas de cargoscomunitarios; y los sistemas de contribuciones comunitaria.

Las comunidades indígenas a que se refiere el artículo 2°, párrafo cuarto, de estaConstitución, tendrán personalidad jurídica y capacidad para:

a) Determinar su organización social, económica, política y cultural, así como suforma de administración y funcionamiento, de conformidad con sus sistemasnormativos;

b) Nombrar a sus autoridades comunitarias, sus representantes en losAyuntamientos y otras instancias estatales, de conformidad con sus sistemas

normativos;

c) Recibir y administrar los recursos correspondientes a las participaciones yaportaciones municipales, estatales, federales y otras, en forma proporcional,

justa y equitativa, previo acuerdo con las autoridades municipales y estatales quecorrespondan;

d) Fortalecer sus instancias de gobierno y organización comunitaria.


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Discurso del Presidente Enrique Peña Nieto en la ONU durante laConferencia mundial de los pueblos indígenas


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Lunes, 22 de septiembre de 2014

Palabras del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciadoEnrique Peña Nieto, durante la Sesión Plenaria de la Conferencia Mundial de los

Pueblos Indígenas Presidencia de la República

Excelentísimo Presidente de la Asamblea General.Excelentísimas señoras y excelentísimos señores Jefes de Estado y de Gobierno.Muy distinguido Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DerechosHumanos.Honorables integrantes de las delegaciones y representaciones indígenas del mundo.Señoras y señores:

Como Presidente de México y como representante de una Nación pluricultural,

sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, es un alto honor participar en estaConferencia Mundial.

Asisto a esta Sesión Plenaria para refrendar el compromiso permanente deMéxico con la protección y reconocimiento de los derechos y libertades de los pueblosoriginarios de todas las regiones y países del mundo.

Expreso mi más amplio reconocimiento a la Asamblea General por su decisión, en2010, de realizar este encuentro histórico, el primero de alto nivel, dedicadoexclusivamente al bienestar de los pueblos indígenas.

Para México, para América Latina y el Caribe, la cuestión indígena está en las raícesde nuestras identidades y nuestras circunstancias históricas, sociales y políticas.

Lo señalo por la diversidad lingüística y el gran número de pueblos indígenas de América Latina y el Caribe, que representan una población cercana a los 45 millonesde personas.

Pero, sobre todo, por el compromiso y liderazgo de mujeres y hombres indígenas,manifestado a lo largo de años en favor del reconocimiento, protección ypromoción de sus derechos.

Para México ha sido un gran honor contribuir a la preparación de esta ConferenciaMundial y a la negociación de su documento final.

El gran propósito es lograr el ejercicio efectivo de los derechos de los pueblosindígenas en todas las naciones. Se trata de un logro muy importante, resultado deun diálogo abierto, inclusivo y constructivo entre los Estados miembros y lasrepresentaciones indígenas.


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Además, se ha cuidado que sus recomendaciones estén en línea con laDeclaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

México confía en que el documento final sea una hoja de ruta para reposicionar eltema indígena en la agenda internacional y dar un renovado impulso a las

acciones de las organizaciones de las Naciones Unidas en esta materia.La Delegación mexicana valora la incorporación de varios de los planteamientos quepresentó en favor de los indígenas del mundo, como son los siguientes:

Que la Agenda de Desarrollo Post 2015 procure los derechos de los pueblosindígenas.

Que la participación de los pueblos originarios en los trabajos de la ONU, sea bajo unestatus distinto al de Organizaciones No Gubernamentales.

Que se armonicen las leyes nacionales, siguiendo el espíritu de la Declaración sobrelos Derechos de los Pueblos Indígenas y que el Consejo de Derechos Humanos delas Naciones Unidas, en consulta con los pueblos indígenas, pueda monitorear,evaluar y mejorar la aplicación de esta declaración en cada Estado miembro.

México desea que estas ideas se traduzcan en beneficios concretos para los cinco milpueblos indígenas que, se estima, existen en el mundo.

Tenemos que seguir trabajando juntos. La desigualdad, injusticia y discriminación encontra de los pueblos indígenas, todavía, y lamentablemente, es una realidadlacerante.

Para erradicar estas prácticas y hacer valer sus derechos, debemos fortalecer lacooperación internacional y, sobre todo, intensificar las acciones al interior de cadapaís.

En México, nuestra Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y lascomunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomíapara decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica,política y cultural.

También reconoce su derecho a preservar y difundir su cultura, tradiciones ycostumbres en un entorno de igualdad y no discriminación.

Para que los más de 15 millones de indígenas de México puedan ejercer plenamenteestos derechos, el Estado cuenta con una política transversal, enfocada almejoramiento de su calidad de vida y a la generación de mayores oportunidades dedesarrollo.


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Esta política incluye acciones específicas para erradicar el hambre y superar lapobreza extrema en los municipios indígenas, así como la construcción de lainfraestructura básica en sus comunidades.

Además, se rediseñó y fortaleció el principal programa de combate a la pobreza que

atiende a más de seis millones de personas de origen indígena.También, estamos respaldando con determinación su incorporación a la educaciónpública, a los servicios de salud y a una vivienda digna.

Igualmente, impulsamos su acceso a la justicia, así como sus iniciativas paraelevar la producción y comercialización de sus productos y artesanías, con un enfoquede sustentabilidad.

En síntesis.

El Gobierno de México respalda a los pueblos originarios para que alcancen unverdadero desarrollo incluyente, que mejore su ingreso y su calidad de vida, sin perdersu identidad cultural ni comprometer el patrimonio natural del país.

Y en este sentido, en cumplimiento de compromisos internacionales, hemosestablecido un diálogo respetuoso y directo con diversas comunidades indígenas paraorientar políticas públicas, y proyectos de infraestructura en sus áreas de influencia.

Así, se asegura que participen eficazmente en la definición de acciones que impulsensu desarrollo integral, con pleno respeto a su libre determinación.

Señor Presidente de la Asamblea General.Señoras y seño

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LOS ACUERDOS DE SAN ANDRES, SON PARA AHORA Y NO PARA DESPUES