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Los defensores de los derechos humanos amenazados hacen un llamamiento a la comunidad internacional para que

ayude a detener los ataques contra ellos

ara los defensores de los derechos humanos guatemaltecos la

persecución no es nada nuevo. Durante el conflicto civil de Guatemala, al que se puso fin oficialmente en 1996, cientos de sindicalistas, religiosos, personalidades académicas y líderes indígenas y estudiantiles murieron o «desaparecieron» a manos de

miembros del ejército, sus auxiliares o los llamados «escuadrones de la muerte». Durante la guerra toda una generación de dirigentes sociales y comunitarios de la sociedad civil fue prácticamente exterminada. Con la firma de los acuerdos de paz en 1996, el movimiento de derechos humanos resurgió con más

fuerza para asegurar que se cumplieran todas las promesas realizadas en los acuerdos, que se reforzaran las instituciones legales y democráticas de Guatemala y que se hiciera todo lo posible para garantizar que las políticas y prácticas represivas del pasado se erradicaran totalmente y no volvieran a repetirse en el futuro. Más de cinco años después, aquellos que luchan por que se cumplan las promesas de los acuerdos de paz son tachados de subversivos y agitadores, a veces por parte de oficiales de alto rango. Cientos de personas han sido amenazadas y acosadas,

algunas secuestradas y torturadas, y otras víctimas de homicidio. El reciente recrudecimiento de los ataques contra los activistas de derechos humanos está estrechamente relacionado con los esfuerzos que se están realizando para garantizar que se desenmascare y se ponga en

P

Vol. 6 núm. 2 Julio de 2002

Boletín sobre los defensores de los derechos humanos en Latinoamérica y el Caribe

EDICIÓN ESPECIAL: GUATEMALA

CONTENIDO: Los defensores de los derechos humanos amenazados hacen un llamamiento a la comunidad internacional ........... 1 La representante especial de la ONU confirma los ataques generalizados a los activistas ................... 5 Diálogo entre los grupos de derechos humanos y el gobierno de Guatemala .......... 8 Qué puede hacer la comunidad internacional .........12

Guillermo Ovalle de León, de la Fundación

Rigoberta Menchú Tum (FRMT). Falleció por disparos el 29 abril 2002. ©FRMT

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manos de la justicia a los miembros de las fuerzas armadas y todas aquellas personas de quienes se sospeche que estuvieron involucradas en las graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos que se cometieron en Guatemala a principios de la década de los 80; durante esta época, el ejército guatemalteco o sus fuerzas auxiliares masacraron e hicieron «desaparecer» a decenas de miles de personas en el transcurso de una oleada de operaciones de contrainsurgencia aparentemente destinadas a eliminar a los miembros de la oposición armada. Sin embargo, la inmensa mayoría de las víctimas eran civiles, muchos de ellos indígenas mayas. La Misión de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA) y los grupos de derechos humanos guatemaltecos han informado de unos 125 casos de abusos cometidos contra los activistas de derechos humanos durante la primera mitad del año 2002. En el informe de Amnistía Internacional titulado El legado mortal de Guatemala. El pasado impune y las nuevas violaciones de derechos humanos (Índice AI: AMR 34/001/2002/s), que se publicó a principios de este año, se afirma que la oleada de abusos ha sido tan dura que la comunidad de derechos humanos de Guatemala se encuentra en estado de sitio. Los defensores de los derechos humanos en este país han denunciado estos ataques a la ONU y al sistema interamericano de derechos humanos, y en repetidas ocasiones han pedido a la comunidad internacional que

ejerza presión sobre el gobierno de Guatemala para que ponga fin a los ataques.

Sólo durante el primer semestre de 2002, las ONG de Guatemala

informaron sobre 125 casos de violaciones de

derechos humanos perpetradas contra

defensores de los derechos humanos.

Ataques y actos de

intimidación a los grupos de derechos humanos

Estos ataques y actos de intimidación han adoptado diversas formas: se han registrado las oficinas de las organizaciones de derechos y se ha robado información importante, se han intervenido las comunicaciones y los datos electrónicos, se han proferido amenazas de muerte tanto por teléfono como por escrito, se ha aprehendido y torturado a defensores de los derechos humanos y, en algunos casos, se los ha matado. Uno de los primeros incidentes que pusieron de manifiesto el recrudecimiento de estos actos de intimidación fue el caso de Celso Balán, un representante del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), de San Martín Jilotepeque, en Chimaltenango. El 1 de agosto de 2000, Celso fue secuestrado por dos hombres vestidos de civil que se hicieron pasar por periodistas y que se cree que eran miembros de una organización paramilitar. Lo interrogaron, lo golpearon, le robaron, lo drogaron y lo dejaron inconsciente.

Celso Balán trabajaba para el CALDH, ayudando a las familias a exhumar, de las fosas comunes, los cadáveres de los vecinos que murieron masacrados a manos del ejército de Guatemala y de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) durante el gobierno del general Ríos Montt (1982-1983). El CALDH ya había alarmado a los círculos militares al presentar su primera querella por genocidio en mayo de 2000, en la que se acusaba a varios oficiales del gobierno del general Romeo Lucas García (1978-1982) de ser los responsables de 10 masacres perpetradas en nueve pueblos. Al parecer, los agresores de Celso Balán podrían estar relacionados con los responsables de la masacre de 1982 en Chipastor, Chimaltenango, y las órdenes pudieron provenir de personal militar destacado en la base de Chimaltenango. La intimidación no sólo se circunscribe a quienes participan en procesos legales contra autores de violaciones de derechos humanos; muchos activistas que trabajan para lograr que apliquen los acuerdos de paz de Guatemala, que se firmaron en 1996 y que ponían fin formalmente al dilatado conflicto civil del país, están ahora en el punto de mira. En julio de 2000, dos activistas de los derechos indígenas fueron víctimas de homicidio, al parecer por trabajar en la defensa y la promoción de los derechos de sus comunidades. José Alfredo Quino y María Elena Mejía eran respectivamente director y secretaria de CORCI, una organización que trata de resolver las disputas por tierras

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que surgen entre las distintas comunidades indígenas en la región de Sololá. También trabajaban para el Comité Campesino del Altiplano (CCDA), que defiende los derechos de las comunidades agrícolas mediando en las disputas por tierras y luchando por una mejor remuneración para los pequeños agricultores y campesinos. Según el HPI (Índice de Pobreza Humana) del año 2001, estimado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Guatemala es el segundo país más pobre del continente americano. Sólo Haití se encuentra por debajo en este índice. El Centro de Estudios, Información y Bases para la Acción Social (CEIBAS), una ONG que trabaja para que se pongan en práctica los derechos sociales, económicos y culturales contemplados en los acuerdos de paz, ha sido sometido a un acoso tan sistemático que se ha visto obligado a cerrar sus oficinas en Guatemala. El primer ataque al personal de CEIBAS se produjo el 7 de septiembre de 2000, cuando unos individuos no identificados que conducían una camioneta atacaron a Ricardo Lobo, un trabajador de CEIBAS, y a su acompañante que conducían en sentido contrario. Los agresores

profirieron insultos y dispararon a Ricardo Lobo. Las balas alcanzaron el automóvil, pero Ricardo Lobo consiguió arrojarse rápidamente al suelo del vehículo y no resultó herido. Más tarde, en febrero de 2001, las oficinas de CEIBAS fueron asaltadas. A éste le siguieron otros ataques similares en las oficinas en los meses de marzo y abril y el 1 de mayo. En todos estos ataques se robaron ordenadores y otro material de oficina. En un ataque posterior,

llevado a cabo el 15 de mayo de 2001, al comprobar que los equipos informáticos que habían robado en la última ocasión no habían sido repuestos, los agresores destrozaron todo lo que quedaba en la oficina. Guillermo Ovalle de León, un empleado administrativo de la Fundación Rigoberta Menchú Tum (FRMT), resultó muerto por disparos el 29 de abril de

2002 mientras almorzaba en un restaurante cercano a las oficinas de la FRMT. Al parecer, antes del tiroteo, se vio a dos individuos de aspecto sospechoso y un automóvil con los cristales polarizados delante de las oficinas de la FRMT. Hacia la misma hora a la que murió Guillermo Ovalle se recibieron varias llamadas anónimas en las oficinas de la FRMT, en las que se escuchaba la marcha fúnebre. Un día antes de este homicidio

acababa de dar comienzo el juicio por la

presunta matanza en 1995 de 11 campesinos en el pueblo de Xamán a manos del ejército de Guatemala. La FRMT está

prestando asistencia

letrada a los sobrevivientes

de la masacre que participan en el juicio. La

FRMT interpuso

también una querella en España, en el año 1999, contra varios miembros de

gobiernos guatemaltecos anteriores por genocidio y otros crímenes contra la humanidad. Tres días antes de la muerte de Guillermo Ovalle de León, el Tribunal Supremo español anunció que la vista de la apelación sobre este caso se celebraría el 30 de mayo de 2002.

El activista Domingo Yaxón Guarcax fue secuestrado, interrogado, golpeado hasta perder el conocimiento y abandonado cerca de una funeraria en Ciudad de Guatemala el 3 de mayo de 2002.©Prensa

Libre

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Domingo Yaxón Guarcax, miembro del Movimiento de Jóvenes Mayas (MOJOMAYAS), fue secuestrado, interrogado y golpeado hasta quedar inconsciente en el centro de la Ciudad de Guatemala el 3 de mayo de 2002. Cuatro hombres lo obligaron a entrar en un automóvil negro y al parecer lo desnudaron, le vendaron los ojos, le hicieron preguntas sobre su trabajo, lo golpearon y le hicieron cortes con una navaja. Lo amenazaron con matarlo si seguía trabajando en los derechos humanos; lo golpearon hasta dejarlo inconsciente y lo abandonaron cerca de una funeraria. Domingo Yaxón Guarcax había visto el automóvil negro seguirlo durante varias semanas antes de la agresión. Domingo se dirigía a un banco a ingresar unos cheques cuando fue secuestrado y, a pesar de que llevaba dinero en efectivo, los agresores no le robaron nada. Al parecer el secuestro de Domingo Yaxón está relacionado con los esfuerzos que están realizando las comunidades mayas para encontrar y exhumar los restos de sus familiares asesinados y enterrados en fosas clandestinas.

Científicos forenses

amenazados Desde hace varios meses también están siendo víctimas de amenazas los científicos forenses que participan en la exhumación de fosas comunes clandestinas de los restos de miles de personas asesinadas durante las

operaciones militares de contrainsurgencia que se emprendieron a principios de los 80. Entre los amenazados se encuentran miembros de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) y del Centro de Antropología Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA). El 21 de febrero de 2002 se recibieron en el domicilio de un científico forense 10 copias de una carta mecanografiada en la que se amenazaba de muerte explícitamente a 11 personas implicadas en las exhumaciones. Al mismo tiempo que se enviaba esta carta, se produjo un incendio en una iglesia de Nebaj, en el departamento de El Quiché, donde se guardaba el material que se utilizaba en las exhumaciones. Parte de la iglesia quedó destruida. Pocos días después, varios de los científicos recibieron llamadas anónimas amenazándolos de muerte a ellos y a sus familias.

Amenazas de muerte tras la visita de la representante

especial de la ONU El 7 de junio de 2002 se recibieron en las oficinas de varias organizaciones de derechos humanos amenazas dirigidas a 11 destacados activistas de derechos humanos. En estas amenazas, firmadas por un grupo que se llamaba a sí mismo «Guatemaltecos de verdad», podía leerse: «estos malditos personajes son una lacra para la sociedad, son parásitos de los derechos humanos, que deben ser exterminados, como se erradica un cáncer». Esta última amenaza

hacía también referencia explícita a la reciente visita a Guatemala de Hina Jilani, la representante especial del secretario general de la ONU (Kofi Annan) sobre los defensores de los derechos humanos, y en ella se acusaba a los grupos de derechos humanos de mentir y de perjudicar la reputación del país. En vista de estas amenazas, la máxima autoridad de la Iglesia católica de Guatemala, el arzobispo Rodolfo Quezada, declaró «Es lamentable que todavía ocurra esto en el país». Desde el ataque a Celso Balán hace ya dos años, los activistas de derechos humanos guatemaltecos están presionando a su gobierno para que les proporcione una protección eficaz. Las medidas que hasta ahora ha ofrecido el gobierno adolecen de defectos importantes que se hicieron patentes en mayo de 2001, cuando dos miembros del personal de FAMDEGUA (Familiares de los «Desaparecidos» de Guatemala) a los que se había proporcionado una protección policial permanente para garantizar su seguridad fueron secuestrados delante de sus oficinas a plena luz del día y sin que la policía acudiese a socorrerlos. Fue sólo cuando se le presionó y ante la inminente visita de la representante especial del secretario general de la ONU sobre los defensores de los derechos humanos en mayo de 2002 cuando el gobierno empezó a responder a las exigencias de las ONG (véase infra).

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Hina Jilani acompañada por los activistas de derechos

humanos guatemaltecos durante su visita al país en mayo de 2002. ©Prensa Libre

La representante especial del secretario general de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos

humanos confirma los ataques generalizados contra los activistas

ina Jilani, la representante especial del secretario general

de la ONU sobre los defensores de los derechos humanos, difundió el 12 de junio de 2002

el siguiente comunicado de prensa:

«La Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para Defensores de los derechos humanos, Sra. Hina Jilani, concluyó el 1 de junio de 2002, una visita oficial de seis días a Guatemala por invitación del Gobierno. El propósito de la visita fue hacer una evaluación de la situación de los defensores de los derechos humanos, y específicamente examinar el marco legal así como presuntos incidentes relacionados con la defensa de los derechos humanos en el país. La Representante Especial visitó la Ciudad de Guatemala y San Marcos, y se entrevistó entre otros funcionarios guatemaltecos, con el Presidente de la República de Guatemala, el vicepresidente, el Ministro de Asuntos Exteriores, el Ministro del Interior así como el Ministro del Trabajo, el Ministro de Cultura y Deportes, el Presidente de COPREDEH (Comisión Presidencial para la Coordinación de Políticas en Derechos Humanos), el Presidente del Congreso, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, el Procurador

General y el Ombudsman (Defensor del Pueblo). La Sra. Jilani también se entrevistó con oficiales del ejército y de la policía.

Durante su visita, la Sra. Jilani se reunió con una amplia gama de ONG de derechos humanos y

una gran variedad de sectores representando defensores de los derechos humanos, en particular, campesinos, indígenas, periodistas, sindicalistas, trabajadores sociales y líderes de iglesia.

La Sra. Jilani terminó su misión con una conferencia de prensa llevada a cabo en la Ciudad de Guatemala el 31 de mayo de 2002, en la que dio sus primeras impresiones basadas en los

hechos y la información recopilada durante su visita. Sus conclusiones finales y recomendaciones serán contenidas en un informe sobre su visita a Guatemala, que será entregado en la próxima sesión de la Comisión de Derechos

Humanos en Ginebra (abril, 2003).

La Representante Especial expresó sus preocupaciones sobre la base de la información recibida, con respecto a los siguientes puntos:

• la existencia de un clima de temor en el que los defensores de los derechos humanos están

trabajando, debida a las violaciones a las que son sujetos, tales como

amenazas, intimidaciones, desapariciones e incluso asesinatos. Algunos sectores de la sociedad son especialmente atacados: aquellos que buscan la verdad de violaciones del pasado (ONG de derechos humanos, expertos forenses, jueces, abogados, testigos), aquellos que luchan por derechos económicos y sociales – particularmente derechos

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agrarios, aquellos que están denunciando corrupción, e indígenas. Los perpetradores de esos ataques son grupos clandestinos ilegales reportados. Presuntamente algunos de ellos tienen vínculos con instituciones estatales, en particular con la policía y el ejército;

• la falta de respeto a los defensores de los derechos humanos que son sujetos a ataques públicos por funcionarios públicos; la falta de una implementación apropiada de los acuerdos de paz, particularmente el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos. Esto va junto a una persistente impunidad y una creciente militarización;

• la erosión de las instituciones y el deterioro de la situación global de los derechos humanos;

• la falta de compromiso del Congreso para ofrecer garantías de protección de los defensores de los derechos humanos.

La Representante Especial reconoció las medidas concretas llevadas a cabo por las autoridades guatemaltecas, estableciendo comités e instituciones relacionados con temas de derechos humanos. La Sra. Jilani se refirió en particular a la procuraduría (fiscalía) especial sobre ataques contra defensores de los derechos humanos, recientemente establecida. También reconoció el importante papel de la oficina

del ombudsman. Sin embargo, la Representante Especial consideró que estas medidas son insuficientes, principalmente porque sufren de una falta de coordinación y de un apoyo político y financiero.

La Representante Especial urgió al Gobierno, implementar los acuerdos de paz y particularmente su componente de derechos humanos. Más aún, la Sra. Jilani urgió al Gobierno a poner fin a la impunidad para violaciones pasadas y presentes, y conducir una verdadera e independiente investigación sobre las denuncias de violaciones a defensores de los derechos humanos y sobre la presunta existencia de grupos clandestinos. La Representante Especial está profundamente preocupada acerca de información recibida según la cual, amenazas de muerte han sido faxeadas el 7 de junio de 2001(sic) a representantes de organizaciones de derechos humanos, que se reunieron con ella durante su visita. El fax, firmado por "Guatemaltecos de Verdad", fue enviado a los siguientes 11 defensores de los derechos humanos: Clara Arenas, Miguel Angel Albizurez, Miguel Angel Sandoval, Nery Rodenas, Frank LaRue, Mario Polanco, Abner Guoz, Marielos Monzón, Ronaldo Robles, Rosa María Bolaños y Helen Mack. El texto reportado los acusa de ser "enemigos de la patria", los amenaza de muerte e insulta violentamente. A los defensores les fue señalado que son solo los primeros de una larga lista. En una acción urgente enviada el 11 de junio de 2002 al gobierno de

Guatemala, la Representante Especial junto con la Relatora Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, expresó profunda preocupación por la seguridad y la integridad física y moral de los defensores arriba mencionados. Se refirieron a la resolución 1994/70 de la Comisión de Derechos Humanos, la cual inter alia, urge a los gobiernos a abstenerse de todo acto de intimidación o represalia contra individuos particulares o grupos que buscan cooperar, o han cooperado, con las Naciones Unidas o representantes de sus órganos de derechos humanos. Finalmente, ambas expertas urgieron al gobierno a tomar medidas apropiadas para investigar a fondo estas amenazas de muerte y garantizar el derecho a la vida y a la integridad psicológica de las personas arriba mencionadas.En vista de la evidencia presentada durante su visita, la Representante Especial considera estas amenazas posteriores como muy serias y requieren, en consecuencia, la urgente atención del gobierno.»

Hina Jilani, asistió a misa

durante su visita a Guatemala en mayo de 2002.©Prensa

Libre

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«No se trata de reunirse por reunirse; queremos resultados»

Diálogo entre los grupos de derechos humanos y el gobierno de Guatemala

l gobierno de Guatemala ha dado ya algunos pasos positivos para

abordar la cuestión de los derechos humanos. Uno de ellos ha consistido en una invitación abierta a todos los mecanismos especiales de la ONU y otro en el reciente nombramiento de un fiscal especial para investigar casos de amenazas y ataques contra los defensores de los derechos humanos. No obstante, muchos expertos alegan que el hecho de que el gobierno no adopte medidas decisivas y amplias para garantizar la protección de los defensores de los derechos humanos está contribuyendo a que la seguridad de éstos se vea mermada, e incluso podría sugerir que quienes perpetran los ataques están relacionados con el Estado. Acusaciones públicas sin

fundamento Por ejemplo, las declaraciones públicas difamatorias realizadas por personas en una situación de autoridad fomentan un clima de hostilidad hacia la comunidad de defensores de los derechos

humanos en el que los ataques contra éstos se consideran justificados y tolerados por el gobierno. En septiembre de 2001, el entonces ministro de

Gobernación de Guatemala, Byron Barrientos, declaró a la prensa: «tenemos conocimiento de que hay grupos interesados en desestabilizar, provocar caos y anarquía». Afirmaba que iban a « explotar bombas panfleteras y quemar sedes, principalmente de organizaciones no gubernamentales». Dos días más tarde, el vicepresidente del Congreso declaró: «El Ministro de Gobernación y el director de la

Policía Nacional Civil nos han informado que la gente que pretende desestabilizar al país por medio de la confrontación pertenece a grupos que dicen defender los Derechos

Humanos». Durante su visita a Guatemala en mayo de 2002, Hina Jilani, la representante especial del secretario general de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, reiteró su preocupación por estos intentos de ilegitimar el trabajo sobre los derechos humanos: «Me preocupan mucho estos intentos de desacreditar a los defensores de los derechos humanos y de menospreciar los

peligros a los que se exponen.» Inmediatamente después de la visita de la Sra. Jilani, el presidente Alfonso Portillo desacreditó sus conclusiones afirmando que sus declaraciones eran «muy subjetivas» y que «en Guatemala, nadie puede tener la verdad absoluta. El primero que diga eso es un mentiroso.» Un activista de derechos humanos guatemalteco, Frank La Rue, manifestó su preocupación ante estas declaraciones: «Me parece

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Los activistas de derechos humanos Frank La Rue y Helen

Mack abandonan una reunión entre el gobierno y los representantes de las organizaciones de derechos humanos

el 28 de mayo de 2002.©Prensa Libre

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irresponsable que el presidente se exprese así de una colaboradora internacional, cuando los países democráticos deben de agradecer ese tipo de sugerencias.» Durante su visita a Guatemala, la representante especial del secretario general de la ONU sobre defensores de los derechos humanos criticó la falta de medidas firmes por parte del Congreso de Guatemala para proteger a los activistas de derechos humanos. Poco después de esta visita se desestimó una resolución presentada por un diputado que pedía que el Congreso difundiese un comunicado con respecto a la necesidad de proteger a los defensores de los derechos humanos.

Falta de investigación Se ha dado una preocupante falta de investigación en relación con las amenazas y agresiones a los defensores de los derechos humanos, y las investigaciones que se han realizado adolecen de defectos graves. En un informe que se presentó a la representante especial del secretario general de la ONU sobre los defensores de los derechos humanos, los grupos de derechos humanos de Guatemala declaraban: «[…] En cuanto al accionar del estado debemos señalar que tanto la investigación policial como del Ministerio Público en estos casos ha sido en su mayoría deficiente, y en muchos casos inexistentes, a pesar de la existencia de múltiples evidencias, de testigos o de datos

proporcionados por el defensor. En el caso de amenazas la carga de la prueba es puesta sobre la víctima que en la mayor parte de los casos no pudo tomar el número de la placa del vehículo que la seguía o identificar la persona que le llamó para amenazarle. La policía y el Ministerio Público acusa a la víctima de falta de colaboración y cierra los expedientes.» «A la fecha ningún caso de amenaza o ataque en contra de un defensor de derechos humanos ha tenido una resolución judicial. Un número muy reducido de casos de asesinato consta con personas sindicadas del crimen pero no se ha procedido con el juicio [...].»

Respuesta del gobierno a las peticiones de los

defensores de los derechos humanos

El 22 de marzo de 2002, un órgano de coordinación constituido por los grupos de derechos humanos de Guatemala presentó al gobierno un documento titulado La seguridad no se negocia. Este documento planteó varios motivos de preocupación relacionados con las recientes agresiones y amenazas a los defensores de los derechos humanos y con el clima de inseguridad en el que tienen que desarrollar su legítima labor. Los grupos de derechos humanos exigieron que se pusiera fin a las amenazas, la intimidación, las agresiones y las muertes de los defensores de los derechos humanos. También señalaron algunas iniciativas concretas

que el gobierno debería adoptar para abordar la situación: “(…)1. Que nos presente un informe de los resultados de la investigación que se realiza tendiente a la identificación y procesamiento de los cuerpos de seguridad ilegales, los aparatos clandestinos y los elementos de los aparatos de seguridad del estado que están actuando fuera de la ley. 2. Que nos presente un informe de los resultados de las investigaciones realizadas en torno a los diversos casos de amenazas, ataques y asesinatos, con especial énfasis en las amenazas en contra de campesinos, el allanamiento de centros de derechos humanos y académicos, las amenazas en contra de religiosos y las amenazas en contra de los antropólogos forenses. Dicha investigación deberá arrojar resultados en torno a la autoría material e intelectual de los perpetradores de estos delitos. 3. Presentarnos un informe sobre los mecanismos de seguridad e investigación que se implementan para la seguridad de los defensores y organizaciones de derechos humanos y sociales en el campo y la ciudad. (…)” El 16 de abril, representantes del movimiento de derechos humanos asistieron a una reunión con el Gabinete de Seguridad del gobierno, pero informaron de que no habían recibido una respuesta satisfactoria a las cuestiones que les preocupaban. Los grupos de derechos humanos acordaron posponer su próxima reunión hasta el 28 de mayo, fecha en la que el

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Marco legal de la defensa y la labor de los defensores de los derechos humanos en Guatemala 1. La Constitución de la República de Guatemala garantiza el libre ejercicio de todos los derechos humanos, incluidos el derecho a la libre formación de organizaciones, la libertad de expresión, la libre circulación y el derecho de petición. 2. El artículo 46 de la Constitución de la República de Guatemala establece que, en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones tienen preeminencia sobre el derecho interno. 3. En el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos de 1994, el Estado prometía proteger a los defensores de los derechos humanos y a sus organizaciones. 4. La Recomendación 41 del informe Memoria del Silencio de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (en el que se analizan los 36 años de conflicto armado en Guatemala) pide que se promuevan medidas legislativas para la protección de los defensores de los derechos humanos. 5. En Guatemala, las organizaciones de derechos humanos pueden actuar legalmente como representantes o demandantes en casos de víctimas de violaciones de derechos humanos durante las investigaciones y procedimientos judiciales. 6. En Guatemala, el Congreso delega en el Defensor de Derechos Humanos para que reciba e investigue informes sobre violaciones de derechos humanos. Esta institución no dispone aún de un departamento encargado de trabajar sobre las violaciones cometidas contra los defensores de los derechos humanos.

Gabinete de Seguridad presentaría un informe con los resultados de las investigaciones sobre los «grupos clandestinos» y su implicación en las agresiones e intimidaciones a los defensores de los derechos humanos. Sin embargo, en el informe que se presentó finalmente el 28 de mayo y que en teoría iba a constituir el primer paso para abordar la protección de los

defensores de los derechos humanos no se incluía ningún dato que indicase que se habían realizado investigaciones eficaces sobre los grupos clandestinos. Frank La Rue, director del Centro de Acción Legal de Derechos Humanos (CALDH) declaró a la prensa: «No se trata de reunirse por reunirse; queremos resultados.»

En protesta por la falta de respuesta del gobierno a sus motivos de preocupación, 24 activistas de derechos humanos iniciaron el 17 de mayo una huelga de hambre que continuó hasta después de la reunión con Hina Jilani a finales de mayo. Sólo tres días antes de la

llegada a Guatemala de la representante especial del secretario general de la ONU sobre los defensores de los derechos humanos, Hina Jilani, el gobierno anunció la creación de una comisión de investigación pública de alto nivel para estudiar las amenazas y actos de intimidación a los defensores de los derechos humanos. Esta comisión la componen el vicepresidente del gobierno, el

ministro de Gobernación, el procurador general, el Secretario de Análisis Estratégico de la Presidencia y los activistas de derechos humanos amenazados. Desde entonces, la instauración de esta comisión sido criticada por los defensores de los derechos humanos, a quienes preocupa que no se trate más que de un acto de relaciones públicas preparado para

coincidir con la visita de la representante especial de la ONU. En el pasado, muchas de estas comisiones no han resuelto los casos de violaciones de derechos humanos.

El 29 de mayo el gobierno de Guatemala anunció el nombramiento de una fiscal especial, Tatiana Morales, para investigar las agresiones, amenazas y actos de

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EL GRUPO CONSULTIVO PARA GUATEMALA El Grupo Consultivo está formado por 18 países miembros, 2 países observadores y 12 organizaciones financieras y gubernamentales de carácter internacional que han financiado el proceso de paz en Guatemala. En la reunión de febrero de 2002 del Grupo Consultivo, la Misión de las Naciones Unidas de verificación de derechos humanos y del cumplimiento de los compromisos del Acuerdo Global sobre Derechos Humanos (MINUGUA), presentó un informe en el que se señalaba la importante falta de compromiso por parte del gobierno guatemalteco a la hora de abordar algunos de los aspectos más básicos de los Acuerdos de paz, tales como la protección de los derechos humanos y de sus defensores, la reforma judicial, la desmilitarización y la erradicación de la impunidad. Según los comunicados de prensa, algunos países donantes de ayuda presentes en la reunión han condicionado ahora su apoyo económico al cumplimiento de los Acuerdos de paz. El representante de los Estados Unidos, por ejemplo, declaró: «La medida de nuestro apoyo dependerá de la buena voluntad de los guatemaltecos de trabajar juntos en el cumplimiento de los Acuerdos de paz y acometer las reformas necesarias para alcanzar un mayor progreso socioeconómico y lograr la participación de todos los ciudadanos.» Estas indicaciones aún deben formalizarse, y todavía no se han establecido puntos de referencia claros con los que pueda medirse el cumplimiento de los acuerdos de paz. Al término de su reunión de febrero de 2002, el Grupo Consultivo afirmó que revisaría sus conclusiones en un plazo de un año. Los países miembros del Grupo Consultivo son: Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Italia, Japón, Méjico, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Suiza.

intimidación a los activistas de derechos humanos. Los grupos de derechos humanos han estado presionando durante meses para que se instaure este puesto en la fiscalía general.

«A la fecha ningún caso de amenaza o

ataque en contra de un defensor de derechos humanos ha tenido

una resolución judicial.»

Los miembros del movimiento de derechos humanos han manifestado su satisfacción ante esta decisión, y pedirán al fiscal especial que garantice que las investigaciones se llevan a cabo de manera exhaustiva y eficaz. Es importante que el fiscal especial disponga de los fondos y la ayuda administrativa suficientes para desempeñar eficazmente su función. Las ONG de Guatemala han dirigido un llamamiento a la comunidad internacional, y en

concreto a los países miembros del Grupo Consultivo para Guatemala, pidiendo que desempeñen un papel más activo en la protección de los derechos humanos y de sus defensores en Guatemala: «Ante la grave crisis de los derechos humanos, en particular de los defensores de derechos humanos, los países miembros del Grupo Consultivo deben tener acciones más claras y contundentes en torno a la vinculación de los compromisos del grupo con esta situación.»

Esta publicación ha sido producida por el Programa para Promover la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos en América Latina y el Caribe, creado por Amnistía Internacional en mayo de 1997 para dar seguimiento a la conferencia de defensores de los derechos humanos celebrada en Bogotá, Colombia, en mayo de 1996. Distribuyan este boletín lo más ampliamente posible. Si desean más información y unirse a la Red de Defensores del Programa, escriban a:

Programa de Defensores de los Derechos Humanos, Programa Regional para América Secretariado Internacional, Amnistía Internacional, 1 Easton Street, Londres WC1X 0DW, Reino Unido

(tel: +44 20 7413 5952 / 5537; correo-electrónico: amnestyis@amnesty.org) Traducción de Editorial Amnistía Internacional (EDAI), Madrid, España

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QUÉ PUEDE HACER LA COMUNIDAD INTERNACIONAL Apoyar a los defensores de los derechos humanos de Guatemala en sus recomendaciones: A continuación se enumeran las recomendaciones que los grupos de derechos humanos de Guatemala formulaban en el informe que entregaron a Hina Jilani durante su reciente visita a Guatemala. Al estado de Guatemala: � Investigación, juicio y castigo a los responsables de las amenazas y ataques en contra de defensores de los

derechos humanos y reparación a las víctimas; � Fortalecimiento y otorgamiento de real autonomía a las instituciones de investigación para lograr el castigo

de los autores de los ataques de los defensores; � Creación de una Fiscalía Especial para Defensores de los derechos humanos dentro del Ministerio Público

con recursos humanos, materiales y financieros adecuados y suficientes; � Impulso de una campaña nacional de legitimación del trabajo de los defensores de los derechos humanos

en el marco de la Declaración de los Defensores de los derechos humanos de las Naciones Unidas; � Sanción administrativa a los funcionarios que participen de la campaña de difamación en contra de

defensores de los derechos humanos; � Aprobación de una ley para la protección de defensores de los derechos humanos conforme a la

Declaración de Naciones Unidas sobre Defensores de los derechos humanos y el espíritu del Acuerdo Global sobre Derechos Humanos de los acuerdos de paz;

� Creación de la Comisión Nacional de Depuración de los responsables de violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado de las instancias de elección popular y designación dentro del gobierno y del ejército de Guatemala en conformidad con las Recomendaciones de la Comisión de Esclarecimiento Histórico;

� Disolver el Estado Mayor Presidencial en concordancia con los compromisos de los Acuerdos de paz; � Reducir el Presupuesto Militar a los niveles comprometidos en los Acuerdos de paz; � Creación de una Comisión Legislativa de Control de los órganos de inteligencia conforme a lo establecido

en el Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y el Papel del Ejército en un sistema democrático (de los Acuerdos de paz);

� Creación de la Dirección de Inteligencia Civil en el Ministerio de Gobernación conforme a los establecido en el Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y el Papel del Ejército en un sistema democrático (de los Acuerdos de paz);

� Aprobación de la ley de Habeas Data conforme a lo establecido en el Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y el Papel del Ejército en un sistema democrático (de los Acuerdos de paz).

Hacia el sistema de Naciones Unidas (ONU): � Ante la Asamblea de Naciones Unidas dado el grave incumplimiento de los Acuerdos de paz, en particular

la situación de los defensores de los derechos humanos, se prorrogue el mandato de la MINUGUA y que a su salida se establezca una oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para la observación de la situación de los derechos humanos en Guatemala;

� Ante el Secretario General de Naciones Unidas elevar la petición de las organizaciones de derechos humanos de que dentro del proceso de paz se inicien gestiones con el gobierno de Guatemala para la creación de un Comité Ad Hoc para la identificación de Cuerpos Clandestinos y sus redes.

Hacia el sistema interamericano: � Que recomiende una visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para observar la

situación de defensores de los derechos humanos en Guatemala. Hacia la comunidad internacional: � Ante la grave crisis de derechos humanos, en particular de los defensores de los derechos humanos, los

países miembros del Grupo Consultivo deben tener acciones más claras y contundentes en torno a la vinculación de los compromisos del grupo con esta situación.

Índice AI: AMR 34/039/2002/s

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