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8/9/2019 Los Derechos Humanos y El Estatuto de Roma
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LOS DERECHOS HUMANOS Y EL ESTATUTO DE ROMA
Pot el Dr.Raul Sapena Brugada
Presidente de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay
Ao 2001
La Repblica del Paraguay, ha iniciado un periodo de transicin
hacia las
libertades pblicas desde el Golpe de la Candelaria, en febrero
de 1989.
Uno de los principales aspectos que fue rescatado por aquella
gesta fue
justamente la dignidad de todos los ciudadanos paraguayos,
avasallada y
humillada por un rgimen autoritario de larga data.
Cuando en el mes de junio de 1992, los paraguayos sancionamos
y
promulgamos una nueva CONSTITUCION, no solo lo hicimos con la
clara
conciencia del reconocimiento de la dignidad humana sino ,
admas, de
vivir en una comunidad internacional .Nuestro preambulo, en
efecto , dice
con meridiana claridad :
EL PUEBLO PARAGUAYO,POR MEDIO DE SUS LEGITIMOSREPRESENTANTES
REUNIDOS EN CONVENCION NACIONAL
CONSTITUYENTE,INVOCANDO A DIOS RECONOCIENDO LA
DIGNIDAD HUMANA CON EL FIN DE ASEGURAR LA LIBERTAD,LA
IGUALDAD Y LA JUSTICIA,
REAFIRMANDO LOS PRINCIPIOS DE LA DEMOCRACIA
REPUBLICANA ,REPRESENTATIVA ,PARTICIPATIVA Y
PLURALISTA,RATIFICANDO SOBERANIA E INDEPENDENCIA
NACIONALES E INTEGRADO A LA COMUNIDAD
INTERNACIONAL,SANCIONA Y PROMULGA ESTA
CONSTITUCION.
La enumeracin de los derechos ,deberes y garantas , es
posiblemente
una de las mas completas de las constituciones de su gnero, y
adems
de esta enumeracin textual , dice en su art.45 : La enunciacin
de los
derechos y garantas contenidos en esta Constitucin no
debeentenderse como negacin de otros que, siendo inherentes a
la
personalidad humana, no figuren expresamente en ella. La falta
de ley
reglamentaria no podr ser invocada para negar ni para menoscabar
algn
derecho o garanta.
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Este artculo, combinado con el Art.142
Los tratados internacionales relativos a los derechos humanos no
podrn
ser denunciados sino por los procedimientos que rigen para la
enmienda
de esta Constitucin ., confieren a los tratados sobre derechos
humanos
un status facilmente incorporable al bloque de
constitucionalidad.
Aun por debajo de ello, los tratados vienen inmediatamente
despues de la
constitucin y antes que las leyes en el orden de prelacin del
art.137.
El tema de las relaciones internacionales se halla
repetidamente legislado en nuestra ley suprema ,
Artculo 141.- De los tratados internacionales
Los tratados internacionales vlidamente celebrados,
aprobados por ley del Congreso, y cuyos instrumentos de
ratificacin fueran canjeados o depositados, forman parte
del ordenamiento legal interno con la jerarqua que determina
el artculo 136.
Artculo 143.- De las relaciones internacionales
La Repblica del Paraguay, en sus relaciones
internacionales, acepta el derecho internacional y se ajusta
a los siguientes principios:
1) la independencia nacional;
2) la autodeterminacin de los pueblos;
3) la igualdad jurdica entre los Estados;
4) la solidaridad y la cooperacin internacional;
5) la proteccin internacional de los derechos humanos;
6) la libre navegacin de los ros internacionales;
7) la no intervencin, y
8) la condena a toda forma de dictadura, colonialismo e
imperialismo.
Artculo 144.- De la renuncia a la guerra
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La Repblica del Paraguay renuncia a la guerra, pero sustenta
el
principio de la legtima defensa. Esta declaracin es compatible
con los
derechos y obligaciones del Paraguay en su carcter de miembro de
la
Organizacin de las Naciones Unidas y de la Organizacin de
Estados
Americanos, o como parte en tratados de integracin
Y finalmente , en su art. 145 La Repblica del Paraguay, en
condiciones
de igualdad con otros Estados, admite un orden jurdico
supranacional
que garantice la vigencia de los derechos humanos, de la paz, de
la
justicia, de la cooperacin y del desarrollo en lo poltico,
econmico, social
y cultural. (Artculo 145.- Del orden jurdico supranacional
).
Puede decirse , en suma , que la Constitucin paraguaya se
halla
concebida y preparada para una nacin integrada regional y
globalmente .
No hay en ella normas restrictivas que hagan , prima facie ,
necesaria una
reforma o enmienda constitucional para integrarla a un orden
internacional
similar al que se esboza en el Estatuto de Roma.
Por otro lado , el primer acto que realiz el Paraguay al iniciar
su transicion
a la democracia fue ratificar la Convencin Americana de los
Derechos
Humanos, Pacto de San Jos de 1969, y el Estatuto de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. La ratificacin de estos y
otros
instrumentos de carcter multilateral han permitido a la Repblica
su
ingreso al Sistema Interamericano, en un plano de igualdad con
los dems
pases democrticos de la regin.
Esta Corte Suprema de Justicia desde el primer momento ha
apoyado la
formacin de sus operadores en el sistema de derechos humanos;
tambin
ha instado, con el ejemplo, a que sus magistrados apliquen
las
Declaraciones y Pactos internacionales vigentes, gracias a lo
cual, hoy
podemos ofrecer al mundo una seleccin interesante de fallos
jurisprudenciales en todas las instancias de aplicacin
jurisdiccional. En lo
que respecta a ello se han dictado numerosos cursos de
capacitacin
dictados por profesores de Instituto Interamericano de Derechos
Humanos.
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La Repblica se encuentra en un proceso de tranformacin de su
sistema
penal, a partir de la sancin de los cdigos penal y procesal
penal. La
nueva ley penal recoge los principios de legalidad estricta,
reprochabilidad,
proporcionalidad, prevencin o lesividad, que entroncan con una
teora del
hecho punible ms democrtica y garantista.
El nuevo Cdigo Procesal Penal, sancionado a iniciativa de la
Corte
Suprema de Justicia, transform la posicin del imputado, de
objeto a
sujeto de derechos. Esta fue una conquista de la Revolucin
Francesa,
que slo tiene vigencia en la Repblica desde 1999.
Hemos pasado de un sistema inquisitivo puro de enjuiciamiento
penal a un
sistema acusatorio formal, donde se producen las condenas o
absoluciones luego de un juicio previo oral y pblico. La garanta
del juicio
previo es tal vez una de las garantas ms preciadas de la
humanidad,
recordemos que es el origen de la Declaracin de Juan sin tierra
de 1215.
Pasamos de un sistema escrito, secreto y lento a otro oral,
pblico y con
celeridad.
Cabe recordar que el Paraguay fue teatro de una intensa y
sangrienta
lucha por los derechos humanos , desde su misma independencia
.
Por su parte el Estatuto de Roma o Corte Penal Internacional es
un fruto
maduro proveniente de un esfuerzo constante de la comunidad
internacional en los ltimos cincuenta aos que quiere dar
respuesta a
situaciones extremas en los lugares donde los derechos humanos
son
sistemticamente reducidos sin que los ciudadanos tengan
posibilidades
reales de defenderlos.
No exagera el Prembulo del Estatuto cuando recuerda que en este
siglo,
millones de nios, mujeres y hombres han sido vctimas de
atrocidades
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que desafan la imaginacin y conmueven profundamente la
conciencia de
la humanidad, esos graves crmenes constituyen una amenaza para
la
paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad, crmenes de
trascendencia para la comunidad internacional que en su conjunto
no
deben quedar sin castigo y que, a tal fin, hay que adoptar
medidas en el
plano nacional, e intensificar la cooperacin internacional, para
asegurar
que sean efectivamente sometidos a la accin de la justicia,
poniendo fin a
la impunidad y contribuir as a la prevencin de nuevos
crmenes.
Es deber de todo Estado ejercer su jurisdiccin penal contra
los
responsables de crmenes internacionales, recordando que as
lo
establece el Art. 8vo. de nuestro Cdigo Penal.
En el estatuto citado, se encuentran aquellos crmenes que
atentan contra
los derechos humanos y que son de gran trascendencia para la
comunidad
internacional. Entre ellos el genocidio, los crmenes de lesa
humanidad,
los crmenes de guerra, el crimen de agresin, el exterminio, la
esclavitud,
la deportacin o traslado forzosos de la poblacin, la tortura, la
violacin o
esclavitud sexual, prostitucin forzada, embarazo forzado,
esterilizacin
formaza u otros abusos sexuales comparables, persecucin de un
grupo o
colectividad con identidad propia, fundada en motivos polticos,
raciales,
nacionales, tnicos, culturales y religiosos, desaparicin forzada
de
personas, el crimen de apartheid, matanza de miembros de grupos,
lesin
grave a la identidad fsica o mental a los miembros del
grupo,
sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia
que hayan
de acarrear su destruccin fsica total o parcial, medidas
destinada a
impedir nacimiento en el seno del grupo, traslado por la fuerza
de nios del
grupo a otro grupo.
Compartimos con beneplcito los principios generales del Estatuto
de
Roma, puesto que en su gran mayora forman parte de nuestra
legislacin
penal positiva. Entre los principios destacados que deben ser
resaltados y
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que no forman parte, de manera expresa, de nuestra legislacin
se
encuentran la exclusin de menores de diez y ocho aos de la
competencia de la Corte Penal Internacional, y la improcedencia
del cargo
oficial -en la que se establece, que el Estatuto ser aplicable a
todos sin
distincin alguna basada en los cargos oficiales. En particular,
el cargo
oficial de una persona, sea Jefe de Estado o de Gobierno,
miembro de un
Gobierno o Parlamento, representante elegido o funcionario de
gobierno,
en ningn caso la eximir de responsabilidad penal ni constituir
per se
motivo para reducir la pena, e igualmente, las inmunidades que
conlleve el
cargo oficial de una persona, no obstarn para que la Corte
ejerza su
competencia.
Quisiramos igualmente destacar que nuestra Constitucin ha
dispuesto a
travs de su Art. 5to. la Imprescriptibilidad de crmenes como ser
la tortura,
el genocidio, la desaparicin forzosa de personas, el secuestro y
el
homicidio por razones polticas, en concordancia con el Estatuto
de Roma
que dispuso tambin la imprescriptibilidad de los crmenes de
su
competencia. De hecho los crmenes que ofenden a los pueblos
deben
ser perseguidos ms all del mero trascurso del tiempo. La Corte
Suprema
ha utizado el concepto en el caso del preso poltico mas antiguo
de
America, Napoleon Ortigoza.
La aprobacin del Estatuto de la CPI, constituye un hito histrico
en el
derecho internacional. Esta institucin, se constituye en un
elemento de
disuasin para la comisin de crmenes internacionales y, aunque
no
instaure una panacea, contribuir a evitar que estos crmenes
queden
impunes.
Entre los aspectos ms positivos podemos mencionar su carcter
permanente; la creacin de una Dependencia de vctimas y testigos;
el que
se niegue cualquier tipo de inmunidad, incluida la de los jefes
de Estado y
de Gobierno; el que la Fiscala pueda iniciar sus investigaciones
de oficio;
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la posibilidad de que Consejo de Seguridad pueda someter a la
Fiscala de
la Corte situaciones en las que se hayan producido crmenes
internacionales, aun cuando el Estado en el que se han cometido
o el de la
nacionalidad del criminal no haya ratificado el Estatuto; las
aceptables
garantas penales y procesales de los sospechosos y de los
acusados de
cometer crmenes; la imposibilidad de que la Corte pueda dictar
penas de
muerte y, la posibilidad de revisar las penas si se dan las
circunstancias
adecuadas.
Sin embargo, su Estatuto tambin presenta aspectos criticables
como la
posibilidad de que el Consejo de Seguridad pueda suspender
las
investigaciones; el que se permita a los estados aplazar siete
aos la
jurisdiccin de la Corte sobre los crmenes de guerra; las
limitaciones
previstas en determinados crmenes como, por ejemplo, el de
persecucin
de un grupo identificable o la utilizacin de armas prohibidas; y
en fin, la
posibilidad de que se pueda alegar como defensa las rdenes
superiores
en los crmenes de guerra, aun cuando se exijan ciertas
circunstancias.
La violacin grave de los derechos humanos de las mujeres se
incorpor a
la Agenda de Naciones Unidas, luego de la Conferencia Mundial
de
Derechos Humanos (Viena, 1993). La Organizacin Mundial plante
por
primera vez que la eliminacin de la "violencia contra la
poblacin
femenina en la vida pblica y privada" era una obligacin de
derechos
humanos.
Hoy ha quedado establecido que los gobiernos y los
organismos
gubernamentales y no gubernamentales- tienen la obligacin de
integrar la
problemtica de gnero aquella que afecte especialmente y
desproporcionadamente a la poblacin femenina-- en sus
documentos,
polticas, prcticas y programas.
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El Estatuto de la CPI se suma a los esfuerzos de la Convencin
para la
Eliminacin de Todas las Formas de Discriminacin hacia la Mujer,
y se
constituye en una herramienta de suma utilidad en el tema de
gnero, que
permita terminar contra la violencia contra las mujeres y la
violacin de sus
derechos humanos. La CPI era y es la respuesta a uno de los
principales
objetivos de la lucha contra la violencia: acabar con la
impunidad de los
que cometen actos de violencia contra la poblacin femenina.
En pocas anteriores en los gobiernos autoritarios muchas mujeres
fueron
sometidas por grupos paramilitares o subversivos, no olvidemos
que
muchas mujeres fueron violadas en el contexto de la lucha contra
el
terrorismo, muchos nios nacieron como consecuencia del abuso
sexual y
los mismos fueron entregados a terceros.
Actualmente, los esfuerzos de la comunidad internacional deben
dirigirse
hacia la ampliacin de la aplicacin de principios de jurisdiccin
universal
para juzgar graves violaciones, a travs del funcionamiento de
tribunales
nacionales que aplican el derecho internacional. Por otra parte,
deber
continuarse con el examen y juzgamiento de graves violaciones a
estos
derechos, ante los tribunales regionales de derechos humanos y
otros
rganos de los tratados que establecen la responsabilidad de los
Estados
implicados frente a la violacin de los derechos de las personas
bajo su
jurisdiccin. Adicionalmente, se puede responsabilizar,
igualmente a los
Estados, por las violaciones al derecho internacional entre
Estados, ante la
Corte Internacional de Justicia; y finalmente, se podr
juzgar
individualmente a las personas responsables de crmenes de guerra
y
crmenes contra la humanidad ante la Corte Penal
Internacional.
Finalmente, el compromiso de la Repblica del Paraguay, al ser
uno de los
primeros estados americanos en ratificar el Estatuto de
Roma,
comprometen a sus rganos de gobierno y por ello al Poder
Judicial, a su
aplicacin ms estricta. Para ello, jornadas como la presente
nos
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ayudarn a comprender las finalidades del sistema penal
internacional.
Los pueblos nos demandan con cada da que pasa mayores estndares
de
seguridad jurdica para contribuir con una ansiada sociedad justa
y en paz.
