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( Del 17 al 23 junio de 2006 )

Nº 347

ÍNDICE

1. EL PARLAMENTO DESIGNA 2006 AÑO DE LA MEMORIA HISTÓRICA CON EL ÚNICO VOTO EN CONTRA DEL PP (22/06/06)

2. MURDOCH FICHA A AZNAR COMO CONSEJERO DE SU NEWS CORPORATION, LO QUE PODRÍA SER INCOMPATIBLE CON SU CARGO EN EL CONSEJO DE ESTADO (22/06/06)

3. EL PP NO SE FÍA NI DE LA POLICÍA (22/06/06)

4. NEOCONSERVADORES, ULTRALIBERALES Y LA DERECHA RADICAL, EN EL CAMPUS FAES (23/06/06)

5. CATALUÑA: ACTITUD DEL PP ANTE EL ESTATUT DE CATALUÑA. RAJOY RECURRIRÁ ANTE EL CONSTITUCIONAL EN JULIO (20/06/06)

6. CATALUÑA: ACTITUD DEL PP ANTE EL ESTATUT DE CATALUÑA. EL PP EXPULSA A UN CONCEJAL QUE PIDIÓ EL 'SÍ' EN EL REFERÉNDUM DEL ESTATUT DE CATALUÑA (21/06/06)

7. GALICIA: TRASLADAN AL SUPREMO UNA ACUSACIÓN CONTRA EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE LUGO (PP) POR PAGO DE DIETAS (16/06/06)

8. GALICIA: LA OPOSICIÓN DE PORTAS EXIGIRÁ LA RENUNCIA DEL CONCEJAL CONDENADO POR ABUSOS SEXUALES

9. ANDALUCÍA: LOS ABOGADOS DEL ESTADO NIEGAN QUE RESPALDARAN EL CONTRATO DE LA ZONA FRANCA CON MIAMI FREE ZONE (21/06/06)

10. ANDALUCÍA: EL PP EXPULSA A LA MITAD DE SUS CONCEJALES EN CHICLANA (21/06/06)

11. MADRID: DENUNCIA ANTE LA UE 'LOS GASTOS EN PROPAGANDA DEL PP CON DINERO PÚBLICO' (20/06/06)

12. MADRID: LAS OBRAS DE LA M-30 DESTRUYEN RESTOS PROTEGIDOS DE UN PUENTE DEL SIGLO XVI (20/06/06)

13. COMUNIDAD VALENCIANA: ZAPLANISTAS Y CAMPISTAS ACENTÚAN SU PUGNA POR EL CONTROL DE LAS LISTAS (20/06/06)

14. COMUNIDAD VALENCIANA: CAMPS DUPLICA SUS ASESORES EN TRES AÑOS (20/06/06)

15. COMUNIDAD VALENCIANA: TORREVIEJA SIGUE CONTRATANDO CON LA EMPRESA DEL HERMANO DE UN EDIL (22/06/06)

16. COMUNIDAD VALENCIANA: EL POLICÍA QUE MULTÓ EL COCHE DEL ALCALDE DE VILA-REAL (PP) AFRONTA UN AÑO SIN SUELDO (21/06/06)

17. COMUNIDAD VALENCIANA: UN EDIL DEL PP DE BURRIANA VE ÉTICO ADJUDICAR SERVICIOS A SU HIJO (20/06/06)

18. ISLAS BALEARES: EL PRESIDENTE BALEAR AFIRMA EN EL MITIN DEL PP QUE EN CATALUÑA NO HAY LIBERTAD (17/06/06)

19. ISLAS BALERARES: EL FISCAL INVESTIGA POR CORRUPCIÓN A UN EDIL DEL PP EN BALEARES (23/06/06)

20. ISLAS BALEARES: UGT ESTUDIA QUERELLARSE CONTRA LA ALCALDESA DE SES SALINES (PP) POR PERSEGUIR A LOS AGENTES

www.losgenoveses.net : Ven y cuéntalo 2

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21. ISLAS CANARIAS: PROCESADO, UN EX-ALCALDE DEL PP, NO SE ACUERDA QUE ADMITIÓ SU CULPA (22/06/06)

22. CASTILLA Y LEÓN: UN JUZGADO DE SEGOVIA INDAGA EN OBRAS ILEGALES DE UN EX CONCEJAL POPULAR (23/06/06)

23. REGIÓN DE MURCIA: LA FISCALÍA DE MURCIA INVESTIGA UN SUPUESTO TRATO DE FAVOR DEL ALCALDE DE SAN JAVIER (PP) A UNA PROMOTORA (20/06/06)

1. EL PARLAMENTO DESIGNA 2006 AÑO DE LA MEMORIA HISTÓRICA CON EL ÚNICO VOTO EN CONTRA DEL PP (22/06/06)

La ley aprobado con el apoyo de todos los partidos menos el PP consta de un solo artículo y rinde homenaje a todos aquellos que sufrieron la represión franquista y a los que hicieron posible la transición a la democracia. El diputado socialista Ramón Jáuregui ha recordado que en la ley no ha habido ningún “afán vengativo” y que sólo se busca con ella “mirar a nuestro pasado con la libertad de proporciona la verdad, con la valentía de quienes asumimos también la autocrítica de que se hizo mal”.

El PSOE ha defendido que la ley recuerda a los españoles, “no importa de qué lado”, que sufrieron la tragedia de la guerra. La aprobación de la ley de recuperación de la memoria histórica obliga al Gobierno a presentar al Congreso en el plazo de un mes el informe en el que lleva trabajando dos años. Este documento estaba comprometido para antes de que acabara el actual periodo de sesiones, el próximo miércoles. Sólo durante la guerra civil española, que estalló el 17 de julio de 1936 tras un fallido golpe de Estado contra el gobierno de la II república se contabilizaron hasta 500.000 muertos.

2. MURDOCH FICHA A AZNAR COMO CONSEJERO DE SU NEWS CORPORATION, LO QUE PODRÍA SER INCOMPATIBLE CON SU CARGO EN EL CONSEJO DE ESTADO (22/06/06)

El ex presidente del Gobierno español José María Aznar fue nombrado en Londres miembro del consejo de administración de News Corporation, el grupo de comunicación del magnate australiano-norteamericano Rupert Murdoch. Las principales cabeceras de este grupo son el diario The Times de Londres, la cadena de televisión estadounidense Fox y el diario New York Post, entre 175 periódicos y cadenas de televisión como Sky, en Inglaterra e Italia, que aportan unos ingresos anuales de 25.000 millones de dólares.

Aznar participó el pasado martes, en Londres, en la primera reunión del consejo de administración de News Corporation, tras ser designado a propuesta del magnate Rupert Murdoch para ocupar el puesto número 14 del consejo, que estaba, hasta ahora, integrado por 13 miembros. Aznar será el tercero de los consejeros que no representa a las organizaciones afiliadas o entidades financieras como J. P. Morgan, junto a Viet Dinh, profesor de derecho en la Georgetown University, en Washington DC, y John L. Thornton, profesor de liderazgo global de la Universidad Tsinghua de Pekín. Fuentes financieras dijeron a este periódico que el artífice del nombramiento de Aznar ha sido su yerno, Alejandro Agag.

El 5 de septiembre de 2002, Rupert Murdoch y su esposa acudieron como invitados especiales a la boda que Ana Aznar, hija del entonces presidente del Gobierno, celebró con Agag en el Monasterio de El Escorial. La noche anterior, Murdoch participó en una fiesta íntima de despedida de soltero entre los amigos de Agag. La relación entre los medios de comunicación del grupo Murdoch y el Gobierno de Aznar fue muy estrecha durante el mandato del ex presidente. Al abandonar el Ejecutivo, a mediados de abril de 2004, The Times le dedicó un editorial en el cual aconsejaba a Aznar a consolarse pensando en Winston Churchill, quien, decía el periódico, declaró: "La Historia será amable conmigo porque yo pretendo escribirla".

Agag, que reside en Londres tras su boda con Ana Aznar, desarrolla una actividad de asesoramiento de empresas emparentada con las de una banca de inversión. Busca poner en contacto a unas empresas con otras en la perspectiva de eventuales fusiones y acuerdos. Su agenda, dicen algunos de sus colegas de Madrid consultados por este diario, es "voluminosa".

Precisamente, el 17 de mayo de 2004, un mes después de dejar La Moncloa, Aznar visitó en Washington la Casa Blanca. Le recibió el presidente George Bush, con quien Aznar ha establecido una relación sólida antes y después de su apoyo a la guerra de Irak, y también mantuvo entrevistas con el vicepresidente Dick Cheney, el entonces secretario de Estado, Colin Powell, y la que en esa época ocupaba el cargo de



Consejera de Seguridad Nacional, Condoleezza Rice. En todas estas reuniones, Aznar acudió en compañía de un personaje: su yerno, Alejandro Agag.

El nombramiento de José María Aznar como miembro del Consejo de Administración del grupo empresarial News Corporation, de Robert Murdoch, resulta ser incompatible con el cargo que ejerce como “miembro nato” del Consejo de Estado. De momento, la FAES, de la que Aznar es presidente, no ha comunicado a este organismo su nuevo estatus.

José María Aznar es “miembro nato” del Consejo de Estado, por haber sido presidente del Gobierno, tal como señala la Ley Orgánica 3/1980: “Quienes hayan desempeñado el cargo de Presidente del Gobierno adquirirán la condición de Consejeros natos de Estado con carácter vitalicio”.

Esta ley del Consejo de Estado define las compatibilidades de sus miembros. En su artículo 8, establece que “el estatus personal y económico” de este tipo de miembros es el mismo que el de los Consejeros permanentes. Es en el artículo 12 donde se especifica que los consejeros permanentes del Consejo de Estado “tendrán las incompatibilidades establecidas con carácter general para los altos cargos de la Administración del Estado”.

Se trata de la Ley 5/2006 de incompatibilidades. En su artículo 5 dice que “los altos cargos no pueden compatibilizar su actividad con otro puesto de responsabilidad, sea público o privado”. Hay algunas excepciones, detalladas en el artículo 10, y son: administrar su patrimonio personal o familiar, la producción literaria a artística o la participación en sociedades o entidades benéficas y culturales sin ánimo de lucro. Ninguna de estas excepciones se corresponde con el nuevo cargo de Aznar.

3. EL PP NO SE FÍA NI DE LA POLICÍA (22/06/06)

El Partido Popular ya no se fía de nadie. Ni siquiera de un reducido grupo de miembros del Cuerpo Nacional de Policía que supervisan los monitores de las cámaras de vigilancia del Congreso. Los diputados de la oposición no están a gusto con los pequeños artilugios que les han colocado para controlar el pasillo que divide sus despachos. Son los mismos aparatos que tienen los demás grupos, pero ellos no los quieren. Las cámaras están en el edificio nuevo, cuyo plan de seguridad fue aprobado en 2003, antes de que José Luis Rodríguez Zapatero llegara a La Moncloa.

El PP, un partido que perdió el Gobierno y la presidencia de la Cámara hace sólo dos años, ha optado por la desobediencia civil. La semana pasada presentó un escrito para que la Mesa les quitara esas cámaras. Mientras se tramita esa petición, un grupo de diputados decidió resolver la cuestión por las bravas. Se subieron a unas sillas -un momento que está grabado, como casi todo lo que sucede en la Cámara- y colocaron unos sobres grandes para tapar la visión de las cámaras. Y allí seguían esos envoltorios, ya que la policía, sorprendida por esta protesta tan directa, aún no los ha retirado.

La cuestión llegó a la reunión de la Mesa. El PP defendió su lacónico documento: "El Grupo Parlamentario Popular, por el presente escrito, solicita que las cámaras de seguridad que existen en la segunda y cuarta plantas del edificio de la Carrera de San Jerónimo, 40, sean desmontadas en interés de este grupo". Un simple recorrido por esas plantas y las demás, las que corresponden al PSOE y a los otros grupos, demuestra que esas cámaras son exactamente las mismas para todos. Y nadie más se ha quejado.

El presidente del Congreso, Manuel Marín, se indignó con esta petición del PP, según fuentes presentes en la reunión de la Mesa. Sobre todo porque no ha sido él quien ha decidido colocar esas cámaras ahí. Fue el Ministerio del Interior el que, en mayo de 2003, cuando lo dirigía Ángel Acebes, presentó un nuevo plan de seguridad del Congreso que contemplaba también la ampliación. Marín sacó a relucir el martes que ese plan era responsabilidad de Acebes y de Ignacio Astarloa, entonces secretario de Estado de Seguridad.

La única novedad que se ha producido en este plan desde que se aprobó en 2003, según explicó Marín en ese encuentro, es que los despachos que ocupa el PP ahora estaban en realidad destinados al PSOE, entonces en la oposición. Ese control que el PP no soporta sería, por tanto, el mismo que el ministerio de Acebes tenía previsto para los socialistas.

Marín y otros miembros de la Mesa discutieron con la representante del PP, María Jesús Sainz. Pero no se pusieron de acuerdo porque los populares insisten en que esas cámaras que controlan sus movimientos en los pasillos les resultan muy molestas. Lo previsible es que la policía defienda el mismo sistema que ha funcionado hasta ahora. El Congreso, como cualquier Parlamento, tiene un nivel de seguridad muy alto. Hay más de 100 cámaras, y no es raro ver a policías saliendo de las alcantarillas. Todo se vigila, pero sin ningún interés político. A no ser que alguien no se fíe ni de los guardianes de su propia seguridad.



4. NEOCONSERVADORES, ULTRALIBERALES Y LA DERECHA RADICAL, EN EL CAMPUS FAES (23/06/06)

Durante dos semanas y a partir del 3 de julio, la FAES (Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales), presidida por José María Aznar, organiza su Campus 2006, en el que especialistas de diversos ámbitos, casi todos cercanos al Partido Popular y a las ideas neoconservadoras y ultraliberales, expondrán temas como “La libertad de expresión amenazada,” o “el Presente y futuro de la Constitución”. El Campus se autodefine como “un encuentro de estudio y análisis en torno a las ideas más importantes que se debaten”. No es previsible que el debate sea muy reñido, puesto que de los “70 prestigiosos académicos, políticos y analistas”, la mayoría coinciden en profesar ideas del mismo signo. Esto es, personajes cercanos al PP en mayor o menor medida, defensores del liberalismo más extremo y de la política neoconservadora. Para muestra, un botón. El Curso número 4, se titula “La libertad de Expresión amenazada”. Una mesa Redonda hace la pregunta: “¿La libertad de prensa amenazada?”. Y la respuesta estará a cargo de los ponentes, que serán los respectivos directores de El Mundo (Pedro J. Ramírez), de ABC (José Antonio Zarzalejos) y de La Razón (José Alejandro Vara). Moderará el debate un cargo del PP, Gabriel Elorriaga (secretario ejecutivo de Comunicación).

La otra Mesa Redonda de este tema pretende ampliar la cuestión: “¿De qué estamos hablando?”. La respuesta, en este caso, estará en manos de Miquel Porta Perales, acérrimo defensor de los neocons (y que acusa a Bush de ser “demasiado socialdemócrata”); Xavier Pericay nacionalista español que forma parte del movimiento “Ciutadans de Catalunya”; y Javier Cremades, conocido abogado catalán.

También intervendrán en el curso otros periodistas, colaboradores habituales de la COPE, como Gabriel Albiac, o Luis Herrero, eurodiputado del PP que se ha hecho famoso por la recogida de firmas en defensa de la cadena de los obispos.

En el primer Curso, titulado “El futuro de la democracia liberal”, participan entidades marcadamente ultraconservadoras. Por ejemplo, el Middle East Forum (MEF, Forum de Oriente Medio) cuyo objetivo es “trabajar para definir y promover los intereses americanos en Oriente Medio”. Su director, Daniel Pipes, es uno de los conferenciantes del Campus y hablará de”una visión neoconservadora del futuro del gran Oriente Medio”. Pipes es conocido por sus tesis radicalmente proisraelitas y anti-islámicas. Se ha mostrado a menudo poco preocupado por una guerra civil en Iraq, puesto que ello provocaría “la lucha entre ellos mismos” (iraquís) y ”reduciría las bajas de la coalición”. Lo dijo así de claro: “Cuando los terroristas suníes atacan a los chiítas, o vice-versa, los que no son musulmanes tienen menos posibilidades de ser heridos”.

Participan en este Curso personajes muy próximos a Aznar, como Ana Palacio, actual vicepresidenta del Banco Mundial, o Rafael Bardají, responsable de política internacional de la FAES y director d el Grupo de Estudios Estratégicos (GEE), un think tank de la derecha española. Bardají, muy favorable a la política conservadora de George Bush, es el hombre que asesora a Aznar en sus contactos con Estados Unidos. Y Cayetana Álvarez de Toledo, una periodista emergente en el círculo mediático de Pedro J. y Losantos, cuyas tesis radicales y bien documentadas tiene cada vez más eco.

También Serafín Fanjul, escritor muy crítico con lo que llama el “relativismo cultural” de occidente, el cual permite “abortar la más mínima crítica a la sociedad islámica, incluso tras el 11-S”. Y otros organismos neocons, como la Foundation for Defense of Democracy, uno de los institutos más influyentes en la política neoconservadora de los EEUU, o la American Enterprise Institute, organismo inspirador del Partido Republicano norteamericano, que “defiende la empresa privada” y una “fuerte política exterior de defensa nacional”. El curso número 3 se llama “Libertad económica y globalización” y, por el perfil de sus ponentes, se deduce que se trata de una defensa del liberalismo. O mejor, ultraliberalismo, puesto que en la “Tertulia liberal” intervienen tres defensores de estas tesis: el economista Pedro Schwartz, el historiador Carlos Rodríguez Braun y Fernando Fernández Méndez de Andés, rector de la Universidad Antonio de Lebrija.

Para plantear “La economía española a examen” hay destacados colaboradores de la COPE como José T. Raga, o Juan Velarde, el presidente de Libertad Digital, Alberto Recarte, o Juan José Toribio, profesor de IESE y cercano al Opus Dei. Por lo que es de suponer que los ponentes coincidirán en sus tesis críticas hacia el Gobierno socialista. También está prevista, como no, la participación de Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid.

5. CATALUÑA: ACTITUD DEL PP ANTE EL ESTATUT DE CATALUÑA, RAJOY RECURRIRÁ ANTE EL CONSTITUCIONAL EN JULIO (20/06/06)

Tras la aprobación del nuevo Estatuto catalán con una aplastante mayoría de votos a favor del sí (73,9%) pero con una baja participación, que rozó el 50%, el PP reiteró que presentará "antes del verano", es decir,



en julio, un recurso de inconstitucionalidad al nuevo Estatuto catalán: "El proyecto político de Zapatero para liquidar la España constitucional que sólo ha sido refrendado por el 35% del electorado", según la definición que hizo Mariano Rajoy del texto aprobado en referéndum.

"Hemos pasado del Estatuto del consenso al de la fractura política", apostilló Josep Piqué. Éste aseguró que el PP catalán estudia llevar en su programa electoral la propuesta de modificar los "aspectos más negativos" del texto. "¿Dónde estaba el clamor social que demandaba un nuevo estatuto?", se preguntó Piqué, para contestarse que "más de la mitad de los catalanes ni siquiera se tomó la molestia de ir a votar". Pese a que la abstención haya sido del 50,5%, Piqué destacó que el Estatuto "está legitimado desde el punto de vista jurídico, pero deja mucho que desear desde el punto de vista político". Y apostilló que ahora es el momento de "preocuparse de los problemas reales de los ciudadanos".

Rajoy reclamó que "se paralice este proceso de reformas a lo loco", y que todos los partidos se comprometan a "no hacer modificaciones de las reglas de juego sin consenso". El líder del PP censuró que Zapatero "presuma y blasone de lo bien que ha salido el Estatuto cuando el anterior contó con el 53% de apoyo sobre el censo y éste sólo ha sido refrendado por el 35% de los electores catalanes".

6. CATALUÑA: ACTITUD DEL PP ANTE EL ESTATUT DE CATALUÑA, EL PP EXPULSA A UN CONCEJAL QUE PIDIÓ EL 'SÍ' EN EL REFERÉNDUM DEL ESTATUT DE CATALUÑA (21/06/06)

El comité ejecutivo del PP de Lleida ha acordado expulsar del partido al concejal de Lleida Enric Oró, que se posicionó públicamente a favor del 'sí' en la campaña del referéndum del Estatut. El presidente del PP de Lleida, Jordi Montanya, ha señalado que la expulsión "se ha tomado por unanimidad del comité ejecutivo provincial al sentirnos traicionados y disgustados por su actitud". El concejal Enric Oró anunció hace unos días que ya había oficializado su renuncia al cargo en el ayuntamiento de Lleida tras publicar un artículo en la prensa leridana en el que apoyaba públicamente el 'sí' para el referéndum del Estatut. Desde la dirección del PP se insiste, sin embargo, en que no han recibido la renuncia del concejal, por lo que finalmente se ha optado por su expulsión del partido. El PP formalizará el cambio de Enric Oró por Jesús Angel García Bragado como concejal del Ayuntamiento de Lleida, cambio que se ratificará en el pleno del 30 de junio.

7. GALICIA: TRASLADAN AL SUPREMO UNA ACUSACIÓN CONTRA EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE LUGO (PP) POR PAGO DE DIETAS (16/06/06)

El presidente de la Diputación de Lugo, Francisco Cacharro, va a tener que responder ante el Tribunal Supremo de un presunto delito por pago irregular de dietas a los vicepresidentes de la Diputación. Este asunto se inició hace tres años en los juzgados lucenses y se denominó caso Andina. Por entonces, el vicepresidente de la Diputación y también alcalde de Ribadeo, Rodríguez Andina, fue imputado por un presunto cobro irregular de dietas de la Diputación de Lugo, porque se descubrió que había cobrado por asistir a su despacho de vicepresidente algunos días que estaba de viaje, incluso fuera de España, ejerciendo como alcalde de Ribadeo. Ello dio lugar a la apertura de un expediente judicial y a numerosas declaraciones y búsqueda de documentos en la Diputación. En su defensa, Andina alegó entre otras cosas que había sido una confusión de fechas de las secretarias que llevaban su agenda. Debido a su complejidad, el asunto sigue en fase de instrucción y todavía no fue juzgado.

Sin embargo, el pasado 25 de abril el caso dio un giro brusco: el fiscal Jesús Izaguirre envió un escrito a la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo, Ángela Galván, (que lleva asimismo la operación Muralla) porque entendía que Francisco Cacharro también estaba implicado en el asunto. Y la jueza decidió abrir expediente al presidente de la Diputación y enviar el asunto al Tribunal Supremo, ya que, como senador y aforado, se necesita permiso del alto tribunal para proceder judicialmente contra él. Precisamente por su condición de aforado, la jueza envió previamente una comunicación a Cacharro Pardo por si consideraba oportuno formular alguna alegación antes de que el asunto llegue al Supremo.

La presunta ilegalidad de Cacharro estaría en haber ordenado a los vicepresidentes que se asignasen los días que iban a asistir a la Diputación y que por tanto cobrasen automáticamente las dietas por asistencia durante esas jornadas. Según el ministerio fiscal, esas órdenes de reparto evidencian que no se controlaba si los vicepresidentes hacían algún desplazamiento y si tenían alguna tarea o actividad que realizar. Y además de la dudosa legalidad que supone esa forma de cobro de dietas, el fiscal también considera probado que no exístía ningún sistema de control ni registro.

Por otra parte, y según la documentación que obra en poder del juzgado, podría quedar acreditado que el presidente de la Diputación firmó órdenes de pago apoyándose en un informe favorable de la secretaría pero con reparos del servicio de intervención, lo cual podría hacer recaer la responsabilidad sobre Cacharro y no sobre los funcionarios. En los próximos días, cuando se haga efectiva la comunicación a Cacharro.



8. GALICIA: LA OPOSICIÓN DE PORTAS EXIGIRÁ LA RENUNCIA DEL CONCEJAL CONDENADO POR ABUSOS SEXUALES

Los tres grupos de la oposición en el Concello pontevedrés de Portas coincidieron en exigir la dimisión del concejal del PP Antonio Torres, después de hacerse pública una sentencia que lo condena por abusos sexuales. El edil fue denunciado en el 2004 por dos mujeres de Caldas que lo acusaron de haberles tocado el trasero cuando Torres Carballo inspeccionaba unas deficiencias en sus respectivos pisos.

El portavoz municipal del BNG, Xosé Manuel Abalo, afirmó que si en los próximos días Antonio Torres no presenta su renuncia o no es destituido por el alcalde, solicitará, junto al PSdeG-PSOE y al grupo independiente CIP, un pleno extraordinario para forzar su dimisión. El socialista Santiago Carballo recordó que, cuando salió a la luz la primera denuncia, la oposición pidió la dimisión del edil para evitar que el caso “salpicase al concello [...]. Finalmente, el concejal de CIP, Xabier Loureiro, se expresó en términos similares.

Por su parte, el regidor de Portas, el popular Roberto Vázquez, no quiso valorar el fallo del Juzgado de lo Penal número 1 de Pontevedra, ni aclaró si la resolución puede tener consecuencias políticas para Antonio Torres. El PPdeG anunció, a través de su secretario de Organización en Pontevedra, José Juan Durán, que por el momento no va a adoptar medida disciplinaria alguna contra el edil de Portas.

9. ANDALUCÍA: LOS ABOGADOS DEL ESTADO NIEGAN QUE RESPALDARAN EL CONTRATO DE LA ZONA FRANCA CON MIAMI FREE ZONE (21/06/06)

Los abogados del Estado Manuel Ponce y José Aurelio Ruiz negaron ante el juez que ellos hubiesen tenido conocimiento de las anomalías del contrato para crear el portal de comercio electrónico Rilco, que el ex delegado de la Zona Franca, Manuel Rodríguez de Castro (PP) adjudicó a los empresarios de Germán y Camila Leiva, los dueños de Miami Free Zone Management Services Corporation. También insistieron en que nunca avalaron aquel contrato que pretendía crear una red informática por 4,2 millones de euros.

Los dos abogados tuvieron que testificar por petición del letrado del sucesor de Rodríguez de Castro, Miguel Osuna (PP), y del de Germán y Camila Leiva. Por este caso, la Abogacía del Estado y la Zona Franca presentaron una querella contra Rodríguez de Castro como presunto autor de varios delitos de apropiación debida y prevaricación; contra Osuna, por un delito societario al continuar con los contratos; contra los Leiva, por crear una empresa ficticia para adjudicarse esta operación; y contra Telvent, por participar en la "maquinaria fraudulenta".

Ponce y Ruiz negaron lo mantenido públicamente por Miguel Osuna, quien llegó a asegurar que él sí detectó las irregularidades en Rilco y que se las trasladó a los abogados del Estado. Ambos rechazaron que el sucesor de Rodríguez de Castro les hubiese dado esa información y, por tanto, desmintieron haber respaldado los contratos millonarios.

A pesar de esto, el abogado de Osuna, Felipe Meléndez, salió satisfecho del juzgado porque, a su entender, "no se ha podido demostrar" que su "cliente tenga alguna responsabilidad". Según relató, los abogados del Estado reconocieron que habían asistido a algunos consejos de administración. "Quedará a la interpretación del juez si el contrato, a través de un convenio de vinculación con la abogacía del Estado, hace que tengan o no que conocer las irregularidades que se dicen que existían", dijo Meléndez.

El letrado de los Leiva, Carlos Luis Saus, aseguró que si los abogados del Estado no detectaron ninguna irregularidad en las reuniones de Rilco "es porque no existían". Ponce y Ruiz habían explicado ante el juez que nadie requirió su opinión sobre las supuestas irregularidades, por lo que no era su deber pronunciarse. Previamente a ellos, testificó un técnico informático de Rilco, que definió este portal de comercio electrónico como "una página web", que no creó "ninguna patente", a pesar de que Rodríguez de Castro lo había defendido como una oportunidad "novedosa de negocio". Los próximos testigos deberán declarar el próximo 14 de julio.

10. ANDALUCÍA: EL PP EXPULSA A LA MITAD DE SUS CONCEJALES EN CHICLANA (21/06/06)

El Partido Popular de Cádiz acordó dar de baja a tres de sus afiliados y ediles en el Ayuntamiento de Chiclana. El grupo popular pierde así tres de sus seis representantes en la corporación -Rosario Mateos, Beatriz Verdugo y Rafael Manzorro-, quienes, sin embargo, ya han anunciado que no abandonarán sus actas de concejales.



Con esta decisión, el comité ejecutivo provincial responde a las peticiones del PP de Chiclana, que había abierto un expediente a estos tres ediles. Según su presidente local, Nicolás Aragón, los militantes son expulsados del partido porque no abonan las cuotas que corresponden a los cargos públicos del PP desde hace más de un año. No obstante, las diferencias entre la dirección local del partido y estos concejales comenzaron en marzo de 2005, cuando el congreso local eligió a Nicolás Aragón como presidente en un proceso que los ahora expulsados tacharon de irregular. Posteriormente, en mayo, la agrupación de Chiclana decidió abrir un expediente de expulsión a estos ediles "por su actitud política", según explicó entonces Aragón. También en esa ocasión los tres ediles criticaron una decisión que, según aseguraban, se había debatido sin que existiera el quórum necesario para validar la votación.

Los ediles afectados sostienen que han cumplido con las obligaciones que marcan los estatutos "Hemos presentado todos los documentos que acreditan que estamos al corriente del pago", manifestó Beatriz Verdugo, quien mantiene que no tendrá en cuenta la decisión del comité ejecutivo provincial hasta que su pérdida de afiliación le sea comunicada oficialmente por el Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP. "Hasta entonces, seguiremos siendo concejales del PP, y así actuaremos en el Ayuntamiento".

Para el presidente local del partido, la crisis interna en Chiclana "queda zanjada con la marcha de estos concejales". Nicolás Aragón afirma que el expediente ha seguido un proceso "totalmente ajustado a lo que dicen los estatutos" que ha demostrado los incumplimientos en los que han incurrido los expulsados. "No vamos a perder un minuto más con estas personas", indicó el popular, "porque tenemos que centrarnos en trabajar por Chiclana".

De hecho, ya cuando la agrupación local abrió expediente a los concejales, Aragón explicó que pretendía atajar los enfrentamientos en el seno del partido y alcanzar una posición unitaria "ante la cercanía de las elecciones municipales".

El PP no ha anunciado aún quién encabezará la lista electoral en Chiclana, pero el presidente local anunció que el nombre se conocerá en unos días. Hasta los próximos comicios, al menos, el grupo se quedará con sólo tres representantes en la corporación. Con todo, Aragón confía en que esta situación no afecte al trabajo de los populares.

11. MADRID: DENUNCIA ANTE LA UE 'LOS GASTOS EN PROPAGANDA DEL PP CON DINERO PÚBLICO' (20/06/06)

El PSM-PSOE denunciará ante la Comisión Europea y el Tribunal de Cuentas "los gastos en propaganda del Gobierno del PP", tanto en el Ayuntamiento de Madrid, como en la Comunidad autónoma, utilizando dinero publico. Así lo anunció el partido en un comunicado en el que motivan tal denuncia por el inicio este lunes "de una nueva campaña de publicidad y propaganda institucional por parte del Gobierno de Esperanza Aguirre" y "ante la negativa del PP a que se fiscalicen sus cuentas".

Por ello, el PSM anuncia que exigirá "responsabilidades" por lo que considera un "derroche propagandístico", llevando tal denuncia a la Comisión Europea y a través del Tribunal de Cuentas. Asimismo, los socialistas aclaran que "ante la mayoría absoluta del PP en la Asamblea de Madrid, que impide fiscalizar las cuentas por el excesivo gasto en publicidad y propaganda, y ante el evidente incumplimiento de la Ley" se exigirán responsabilidades al Gobierno de Esperanza Aguirre, tanto a nivel estatal, como de las autoridades europeas.

Con este motivo, el eurodiputado socialista Carlos Carnero presentará el lunes una pregunta en la Comisión Europea "centrada en implicar a este organismo y para saber si considera admisible, dentro de la necesaria coordinación de políticas económicas, el hecho de que, en lugar de destinar fondos en políticas de bienestar social, se dediquen ingentes cantidades de dinero a la burda propaganda política partidista". También el portavoz socialista en la Asamblea y secretario general del PSM-PSOE, Rafael Simancas, pidió explicaciones la semana pasada a Esperanza Aguirre por "el gasto de la Administración autonómica en publicidad institucional, que se ha multiplicado por tres, al pasar de 39 a 137 millones € entre 2003 y 2006".

En el mismo sentido, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Trinidad Jiménez, ha denunciado reiteradamente el aumento en gastos de publicidad del Gobierno municipal, que se ha más que duplicado en los últimos años. "La campaña que el lunes inicia la Consejería de Familia y Asuntos sociales viene a unirse a otras como la lista de espera quirúrgica o la campaña sobre las Bescam que claramente incurren en prohibición de ley", consideran los socialistas en la misma nota, donde también recuerdan que, a finales del pasado año, las Cortes Generales aprobaron una Ley que prohíbe expresamente "las campañas que tengan como finalidad destacar los logros de gestión o los objetivos alcanzados por el Gobierno".



Para argumentar su denuncia, los socialistas aportan un estudio del gasto en publicidad previsto para 2006 en el que se asegura que Aguirre gastará el triple en "propaganda" (137,31 millones de euros) que en investigación (44,68 millones de euros), o que dedicará la décima parte (15 millones de euros) al plan contra la Violencia de Género.

Igualmente, calculan que lo que se gastará en publicidad serviría para completar la gratuidad de los libros de texto o para cumplir el objetivo de escolarizar a todos los demandantes de plaza en escuelas infantiles de cero a tres años.

12. MADRID: LAS OBRAS DE LA M-30 DESTRUYEN RESTOS PROTEGIDOS DE UN PUENTE DEL SIGLO XVI (20/06/06)

El Ayuntamiento destruyó hace dos semanas de "forma intencionada" restos prehistóricos y arqueológicos durante las obras de soterramiento de la M-30, según sendos informes de la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad. Patrimonio ha ordenado la "paralización inmediata" de dos tramos de las obras por la "destrucción" de los restos del pontón de San Isidro (siglo XVI) y de unas estructuras arqueológicas de "época prehistórica" [Edad del Bronce], ambos declarados bien de interés cultural. El Ayuntamiento asegura que "ha solucionado el problema".

El primero de los informes del Gobierno regional, denominado Propuesta de paralización cautelar de las obras del hallazgo H-19, que ya ha sido ratificado por el director general de Patrimonio, Javier Hernández, explica que durante el soterramiento de la M-30 entre el puente de Segovia y el de San Isidro, se hallaron "estructuras murarias" correspondientes con el ya desaparecido pontón de San Isidro. Éste, según los historiadores consultados, fue levantado en el siglo XVI. Su finalidad era conectar el llamado camino de Mohed con la ermita del Santo. La ermita fue erigida por Carlos V para agradecer a san Isidro que curase de "unas fiebres cuartanas" a su esposa, la emperatriz Isabel de Portugal. La tradición relata que las aguas del pozo de la ermita consiguieron sanarla.

El pontón contaba con siete potentes pilares, según la cartografía existente. Su tabla era de madera con pretil. Con el encauzamiento del río a principios del siglo XX, la estructura desapareció. Algunos historiadores calculan que el pontón fue sustituido por un nuevo puente en torno a 1910. De la estructura queda constancia gráfica en el Plano de Madrid de 1872-1874 elaborado por el general Ibáñez Íbero, otro redactado en 1761 por Chalmandrier, además de otros dos de Espinosa de los Monteros (1769) y de Tomás López (1785).

El pasado día 5 de mayo, los arqueólogos de la empresa Punto de Encuentro, la que lleva a cabo las prospecciones en esta zona (kilómetro 0,220 de la M-30), comunicaron a Patrimonio que habían descubierto "estructuras murarias" junto al colector que está construyendo el Ayuntamiento.

Patrimonio determinó entonces que éstas correspondían al desaparecido pontón de san Isidro y que, a partir de ese momento, sería necesario emprender "catas y trincheras arqueológicas" para concretar la importancia del hallazgo, incluida la posibilidad de "ponerlo en valor" [extraerlo]. Pero el 1 de junio pasado, "y con anterioridad a la dirección arqueológica hubiera concluido con las actuaciones prescritas", las máquinas destruyeron el yacimiento, "sin comunicárselo" a los expertos, destrozó la zapata del pontón y "la parte lateral oeste". Patrimonio, "visto que se ha producido una destrucción intencionada de restos patrimoniales" que cuentan con la máxima protección legal posible, ordenó el mismo 1 de junio "la paralización inmediata cautelar de las obras".

El Ayuntamiento aseguró que "ya estaba todo arreglado" y que las obras continuaban gracias a que se había desviado el colector que provocó los desperfectos. La Comunidad mantiene que la paralización continúa. Sin fecha.

13. COMUNIDAD VALENCIANA: ZAPLANISTAS Y CAMPISTAS ACENTÚAN SU PUGNA POR EL CONTROL DE LAS LISTAS (20/06/06)

Los dos sectores enfrentados del PP valenciano, zaplanistas y campistas, han intensificado su pulso por el control de las listas electores para los comicios de 2007. Los partidarios del presidente del Consell, Francisco Camps, encabezados por el vicesecretario regional, Ricardo Costa, mantienen que es el comité electoral regional, bajo su control, el órgano encargado de dar el visto bueno a las candidaturas en los municipios de más de 20.000 habitantes. En contraposición, los zaplanistas, desde su feudo alicantino, insisten en que las propuestas han de emanar de los comités electorales locales, en su poder, en el caso de la mayoría de los municipios de esa demarcación.

Al rechazo inicial del líder del zaplanismo en Alicante, el presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, a la manera de elegir la composición final del comité electoral regional se ha sumado ahora la crítica de José



Manuel Cabot, presidente del comité electoral provincial del PP de Alicante. Cabot recuerda a la cúpula regional de los conservadores valencianos que "sería un error relegar la opinión de los comités electorales locales", precisa en comunicado. "Todos queremos que gane el PP en el mayor número de municipios posibles y para ello hay que contar con la voz de todos, sin excluir a nadie", añade.

Cabot subraya el "esfuerzo" por la renovación de las 140 asambleas locales del PP de Alicante. "Este trabajo hace que sean los comités electorales a quienes les corresponde de pleno derecho la confección de sus listas electorales", argumenta.

Benidorm, feudo por excelencia del zaplanismo, aparece en el centro de la batalla entre los dos bandos del PP. Los populares alicantinos celebrarán a mediados de julio su comité ejecutivo en Benidorm. Después tendrá lugar la multitudinaria cena de verano, a la que se espera asista el portavoz en el Congreso de los Diputados, Eduardo Zaplana, y a la que también se ha invitado a la dirección regional, a diferencia del mitin celebrado recientemente en Teulada por Camps. El sector zaplanista quiere hacer una muestra de fuerza en su principal bastión provincial, donde se ha hecho fuerte el alcalde Manuel Pérez Fenoll que pese a su amistad con Zaplana ha conseguido el apoyo de la referente campista en la zona, Angela Barceló, frente a la persona elegida por Ripoll y el propio Zaplana para liderar el partido en la ciudad, la consejera Gema Amor. El cónclave será el pistoletazo de salida para la confección de las candidaturas. Ripoll y Gema Amor insisten en que serán los comités ejecutivos de cada municipio los encargados de elaborar las listas.

Mientras, el alcalde de Benidorm, Manuel Pérez Fenoll, pidió al primer teniente de alcalde, Salvador Moll, líder del sector fiel al anterior alcalde, que deje de hacer oposición, ya que "lo que juramos en el pleno fue trabajar por Benidorm y no contra Benidorm", indicó.

14. COMUNIDAD VALENCIANA: CAMPS DUPLICA SUS ASESORES EN TRES AÑOS (20/06/06)

El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps (PP) heredó hace tres años unas arcas autonómicas lastradas por la deuda y abocadas a someterse a los rigores de un plan de saneamiento. El presidente fue austero en los gastos, a través de una comisión de asuntos económicos. Sin embargo, ha duplicado el número de asesores contratados a través del procedimiento de libre nombramiento.

Actualmente hay 45 personas en Presidencia que están en nómina como eventuales y que no son funcionarios. La mitad, 22, están adscritos directamente al gabinete de Camps. En su mayoría, son asesores, aunque incluye también secretarios o jefes de gabinete. El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) del pasado día 15 da fe de este aumento de eventuales -cargos de confianza que cesan cuando lo hace el alto cargo que los nombró-.

La última relación de puestos de trabajo publicada en el DOGV, con fecha 13 de mayo de 2003, antes de la llegada de Camps a la plaza de Manises no deja lugar a dudas: había un total de 18 plazas para eventuales - diez de ellas adscritas al Gabinete del presidente-. Las relaciones de puestos de trabajo publicadas en años anteriores confirman que el mayor número de eventuales en Presidencia se ha producido durante la legislatura de Camps. En el año 2000 había 12 eventuales (10 asesores y dos secretarios). En 2002 la situación era idéntica. En 2003, el número de eventuales baja a diez (ocho asesores y dos secretarios). Ahora la cifra se dispara: 22 eventuales, de los cuales 20 son puestos de asesores y dos para los secretarios del presidente.

15. COMUNIDAD VALENCIANA: TORREVIEJA SIGUE CONTRATANDO CON LA EMPRESA DEL HERMANO DE UN EDIL (22/06/06)

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Torrevieja denunció que pese a la investigación del Fiscal Anticorrupción, el gobierno municipal del PP tiene previsto aprobar nuevos reconocimientos extrajudiciales de crédito por valor de 58.661 euros en beneficio de dos empresas de seguridad privada que vigilaron la pasada edición de la feria del libro. Así, el gerente de una de estas firmas beneficiarias es hermano de Eduardo Gil Rebollo, concejal de Infraestructuras. Entre el año 2003 y 2004 el Ayuntamiento de Torrevieja adjudicó a esa empresa trabajos por 260.000 euros. "Esta técnica se utiliza en casos extraordinarios, pero no como norma habitual", dijo el edil Manuel Vera, que criticó que estas adjudicaciones, sin contrato ni concurso público, beneficien a empresas regentadas por familiares de altos cargos del PP. La Junta rectora del Instituto Municipal de Cultura de Torrevieja aprobará el día 23 de junio estas facturas por valor de 58.661 euros a favor de las empresas Defcom Seguridad, SA, y Medisercon, SL, las dos vinculadas al mismo edil, según los socialistas.



16. COMUNIDAD VALENCIANA: EL POLICÍA QUE MULTÓ EL COCHE DEL ALCALDE DE VILA-REAL (PP) AFRONTA UN AÑO SIN SUELDO (21/06/06)

El agente de la Policía Local de Vila-real que el pasado mes de febrero multó el coche oficial del alcalde del PP, Manuel Vilanova, se enfrenta a una propuesta de sanción de un año y un día sin empleo ni sueldo.

El instructor del expediente, uno de los cuatro agentes colocados a dedo por el propio primer edil en puestos de responsabilidad en el cuerpo policial, entiende que la acción de su compañero merece este castigo al considerar que ha incurrido en una "falta de desconsideración grave" al alcalde. El primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Vila-real, Ramón Tomás, hará efectiva o desestimará la propuesta de sanción en cuanto concluya el periodo de alegaciones.

Los hechos se remontan a finales del mes de febrero, durante el acto celebrado en el Auditorio Municipal para nombrar hijo adoptivo de la ciudad al presidente del Villarreal CF, Fernando Roig. El alcalde, acompañado de su chófer y su escolta, dejó el coche oficial mal aparcado en las inmediaciones del inmueble y el agente ahora expedientado lo sancionó minutos después junto a otros vehículos que se encontraban estacionados en doble fila.

Vilanova alegó con posterioridad que el policía debía conocer el vehículo oficial y se molestó, según dijo, porque el agente no había respondido a su saludo. Así, ordenó la apertura de un expediente disciplinario que en principio debía instruir el intendente jefe de la Policía Local en Vila-real, Ángel Torres, con quien Vilanova ha mantenido un litigio por obligarle a asistir a las procesiones religiosas, que el primer edil ha perdido en los tribunales.

Torres, ante las dudas que pudieran suscitarse sobre su imparcialidad, pidió al alcalde que le retirase de la investigación y éste accedió, escogiendo como sustituto, entre una plantilla de 90 agentes, a Ramón Martínez, uno de "los cuatro policías que son afines al alcalde" según el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos de la Comunidad Valenciana, y que el propio Manuel Vilanova "colocó a dedo en puestos de responsabilidad en el cuerpo policial", sostiene el sindicato.

El portavoz del sindicato en Vila-real, Cirilo Sanchís, cree que sancionar con un año y un día de empleo y sueldo al policía por multar el coche del alcalde es "exagerado y una barbaridad", y recuerda que "era de noche" y se trataba de "un vehículo camuflado que no consta en el padrón municipal". El portavoz del grupo municipal socialista, José Benlloch, asevera que Vilanova "hace el ridículo una vez más" y considera que "debió pagar la multa como cualquier ciudadano". Los miembros del equipo de Gobierno en Vila-real no quisieron comentar la propuesta de sanción

17. COMUNIDAD VALENCIANA: UN EDIL DEL PP DE BURRIANA VE ÉTICO ADJUDICAR SERVICIOS A SU HIJO (20/06/06)

El concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Burriana, Pedro Sancerni, manifestó su creencia de que no existe ningún problema "ético" en la adjudicación de servicios a la empresa de la que su hijo participa en un 50%. Sancerni se mantuvo en su posición de legalidad de los encargos y trató de justificarlos alegando que no ha habido ninguna otra empresa que haya presentado "ideas" por las que poder adjudicar los servicios. En cualquier caso, admitió que tampoco convocó concurso alguno, con el fin de recabar otras ideas.

Tal como denunciado la portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Burriana, Iolanda Porcar, el equipo de gobierno local ha adjudicado servicios, sin concurso, a la empresa Monitors.es, por un montante total de 19.167 euros. La sociedad, además, tiene su domicilio social en la dirección que corresponde al domicilio del propio edil del PP que encargó a su hijo la actuación de un mago en la Escola d'Estiu durante dos horas, por la que el Ayuntamiento pagó un total de 522 euros, y la animación de la despedida de la reina fallera infantil; las actividades de entretenimiento durante la fiesta de despedida de la reina y en el baile, y el espectáculo de la presentación de la reina fallera infantil.

18. ISLAS BALEARES: EL PRESIDENTE BALEAR AFIRMA EN EL MITIN DEL PP QUE EN CATALUÑA NO HAY LIBERTAD (17/06/06)

No reconozco esta Cataluña, sin libertad, excluyente, egoísta e insolidaria", aseguró anoche Jaume Matas, presidente del Gobierno balear, en el último acto de la campaña del PP, en Barcelona. Matas, el décimo barón de los conservadores que desembarca en Cataluña en las dos semanas de campaña, consiguió, como también lo habían hecho otros líderes conservadores, arrebatar el protagonismo a Josep Piqué, el



presidente catalán de los populares. Matas se alineó con la imagen y el discurso del sector más duro del PP.

"Siempre hemos sentido envidia sana por lo que representa Cataluña. Hemos tenido envidia durante muchos años de aquel ejemplo de tolerancia y progreso. Pero ahora, después de tres años de Gobierno tripartito, esto nos provoca una sonrisa. Por primera vez, las islas Baleares los hemos adelantado y pasado [a Cataluña]. Este experimento ya lo hemos superado. Un Gobierno de tres o cinco partidos se traduce en una inacción política, en un deterioro importante de la imagen exterior. Nosotros acabamos expulsando a los turistas, perdimos un millón de turistas. Espero que Cataluña se vacune del tripartito de la misma manera que lo hicimos nosotros", aseguró Jaume Matas ante un reducido auditorio configurado por poco más de dos centenares de militantes y cuadros del partido, concentrados en un centro comercial de Barcelona.

Josep Piqué, convertido otra vez en telonero, se rindió a su invitado al asegurar: "Lo que estáis haciendo en las islas es una muestra de buen gobierno, de búsqueda de consenso, de concordia".

19. ISLAS BALERARES: EL FISCAL INVESTIGA POR CORRUPCIÓN A UN EDIL DEL PP EN BALEARES (23/06/06)

Antonio del Olmo, dirigente del PP y alcalde de Santa Margalida, municipio agrícola y turístico de Mallorca en gran expansión, es objeto desde de una investigación de la fiscalía por supuesta corrupción, por presuntos cobros a cambio de recalificaciones urbanísticas. El teniente fiscal de Baleares, Ladislao Roig, se ha encargado de la investigación de este caso tras divulgarse una grabación sobre entregas de dinero al regidor y un edil.

En Santa Margalida, que tiene 10.000 habitantes y ocho kilómetros de costa, se han recalificado terrenos rústicos para un campo de golf con hoteles y la parcelación de una zona virgen para su conversión en residencial. La oposición reclamó de inmediato que se congelen las iniciativas. "Las diligencias informativas de la fiscalía", según la referencia oficial, se abren tras la divulgación en Diario de Mallorca del contenido de una grabación de la conversación mantenida entre el alcalde y una persona cuya identidad no se ha revelado. En la conversación se cita la entrega al primer edil de un pago de 6.000 euros, y se alude a la supuesta entrega de otros 12.000 euros que exige el concejal de Urbanismo, Miquel Ordinas.

Una parte de la conversación publicada señala:

Interlocutor del alcalde: "Toma, aquí tienes seis mil euros (ruido de billetes...) El resto lo traeré, no hay ningún problema".

Alcalde: "Que sepas que no le he pagado [un adelanto de 6.000 euros] por capricho, estamos con las normas [subsidiarias] y no quiero líos con él" (Ordinas, el concejal de Urbanismo).

El alcalde se define en la grabación como intermediario en las comisiones. Del Olmo explica el diálogo que tuvo con su concejal: "Miquel [Ordinas], yo cogeré el dinero y te lo daré, no te preocupes. Ya me arreglaré yo".

Interlocutor: "¿Qué, está nervioso Miquel [Ordinas]?"

Del Olmo: "Ya no, él ha cobrado".

El fiscal Roig ordenó a la Guardia Civil que se hiciera con la cinta y la documentación citada por el periódico, cuya dirección las entregó con una transcripción parcial, sin objeciones. Al saltar este caso, el político implicado negó "haber cobrado un euro por cualquier tipo de recalificación". El portavoz del PP balear, Miquel Ramis, le acompañó para expresar su apoyo "mientras no se demuestre lo contrario".

Sobre la cinta reseñó: "No puedo negar que sea mi voz". El periódico, antes de divulgar el asunto, le hizo escuchar la grabación a Del Olmo. Afirmó que "se oía muy mal". "No tengo por qué negar ni afirmar (...) Si existe, ha sido sin mi consentimiento por lo que, en principio, sería ilegal".

Por las transcripciones no se conocen detalles de los terrenos de la operación, ni la persona que abonó la comisión, ni la fecha.

Jaume Matas, presidente balear y líder del PP en esa comunidad, declaró: "Cuando existan pruebas y se demuestre que cualquier cargo del partido tenga alguna implicación, tomaremos las decisiones, sin duda. Las acusaciones se han de demostrar".



El alcalde de Santa Margalida, empleado de la caja de Baleares, Sa Nostra, de la que fue suspendido de empleo y sueldo por falta laboral muy grave, llegó al poder en 1997, por una moción de censura contra el PSOE. Del Olmo, con cuatro concejales del PP, gobierna con los tres del grupo local CPU, de la zona turística y residencial de Can Picafort, en gran potencial urbanístico.

20. ISLAS BALEARES: UGT ESTUDIA QUERELLARSE CONTRA LA ALCALDESA DE SES SALINES (PP) POR PERSEGUIR A LOS AGENTES

El conflicto entre los Policías Locales de ses Salines y el Ajuntament ya ha llegado a tal punto que UGT ha puesto en manos de sus abogados el caso, para estudiar si se presenta un querella contra la alcaldesa Maria Bonet y el oficial Sebastià Fernández que serán acusados de persecución, solicitando por ello responsabilidades.

En los últimos meses, la alcaldesa, a instancias del oficial, ha abierto hasta nueve expedientes disciplinarios a tres policías que ahora son instruidos por funcionarios de la Conselleria de Interior. Los tres agentes expedientados son residentes en ses Salines: Joan Salom, Joan Serra y Miquel Àngel Amorós. A causa de ello, los pasados días 14 y 16 de junio prestaron declaración los tres agentes, una de las cuales llegó hasta las cuatro horas.

Fuentes de la misma Policía Local han asegurado que el resto de la plantilla está indignada con la apertura de estos expedientes y han manifestado su apoyo al cien por cien a sus tres compañeros expedientados. Cabe recordar que uno de los tres agentes está imputado por vía penal por presuntas amenazas de muerte y tenencia ilícita de armas a raíz de una denuncia presentada por el oficial Sebastià Fernández y que se resolverá en las próximas semanas en los juzgados de instrucción número 2 y 4 de Manacor.

21. ISLAS CANARIAS: PROCESADO, UN EX-ALCALDE DEL PP, NO SE ACUERDA QUE ADMITIÓ SU CULPA (22/06/06)

El ex alcalde de La Oliva Domingo González Arroyo pidió al fiscal excusas por no recordar el día en el que admitió al juez que había contratado como tópografo municipal a su yerno y lo había mantenido en el puesto 15 años. “Permítame que no me acuerde”, dijo.

Pérez Palma, ex yerno de Domingo González Arroyo, fue despedido en 2003 como topógrafo municipal de La Oliva, tras 15 años en el puesto, al constatar el equipo de gobierno (PSOE) de la corporación entrante que la persona que durante 15 años había sido conocida como el topógrafo del Ayuntamiento de La Oliva carecía de título académico.

Pérez Palma demandó al Ayuntamiento y lo llevó a juicio ante el Juzgado de lo Social, y el Ayuntamiento perdió el pleito (en primera instancia) precisamente porque Domingo González Arroyo, ex alcalde de La Olivas y presidente del PP en Fuerteventura, compareció a testificar en aquel juicio y, según consta acreditado documentalmente, reconoció que él mismo “había contratado a Pérez Palma a sabiendas de que este carecía de la titulación necesaria para ejercer como topógrafo”.

Pero la supuesta 'machada' con luz y taquígrafos de González Arroyo no fue gratuita: el Ayuntamiento de La Oliva tomó nota y presentó querella contra él y contra el ex yerno por prevaricación e intrusismo, el fiscal hizo suyos los cargos, y, por primera vez en su vida, Arroyo y su ex yerno se sentaron en el banquillo de los acusados de la Sala de lo Penal del TSJC -como diputado, goza del aforamiento que otorga competencia a la Sala- . El juicio quedó visto para sentencia en tres horas. Cuando, , el fiscal recordó a Arroyo sus palabras ante el Juzgado, el ex alcalde respondió: “permítame que no lo recuerde”.

González Arroyo aseguró 'por sorpresa' -no había mantenido nunca ante durante la instrucción del caso esta tesis- que Pérez Palma había trabajado para el Ayuntamiento de La Oliva como “maestro mayor de obras”, y dijo que su cometido era vigilar “que todo estuviera bien, que no faltara de nada, que hubiera cemento, que estuvieran las grúas y los dumper, que las ruedas de las carretillas no estuvieran pinchadas” en las obras de la Corporación, sobre todo a la hora de levantar “centros culturales y plazas públicas”.

En referencia al contrato que permitió a Pérez Palma trabajar durante 15 años como topógrafo, el ex edil alegó que el documento no lo había hecho él sino “la persona que estaba dedicada a eso, la que ahora es la secretaria de la Corporación”. Admitió que él lo había firmado, pero apostilló que “con la mejor intención” y “sabiendo lo que ponía”.



Admitió que en el contrato se especificaba que Pérez Palma pasaba a trabajar para el Ayuntamiento en calidad de “topógrafo”, pero reiteró que verdaderamente se dedicaba a hacer “ inventario de caminos, de propiedades, como maestro mayor, porque el Ayuntamiento tenía una 'empresita' para hacer sus obras públicas y asi se desarrolló La Oliva”.

En referencia a los conocimientos de Pérez Palma, González Arroyo indicó que mejor él con sus conocimientos que “un albañil o un maestro pedrero”, y añadió: “tiene unos pocos (conocimientos) más que yo, y yo soy capaz de dirigir cualquier obra”.

Ente la prueba presentada al juicio, figuran al menos una decena de informes firmados por Pérez Palma en calidad de topógrafo, y dirigidos al alcalde, sobre alineaciones y rasantes de obras ejecutadas en La Oliva durante el mandato de González Arroyo. Éste aseguró que nunca había sido consciente de que Pérez Palma firmara estos informes, y alegó que en la oficina técnica del Ayuntamiento de La Oliva había otros profesionales titulados que se encargaban de hacer esos trabajos.

22. CASTILLA Y LEÓN: UN JUZGADO DE SEGOVIA INDAGA EN OBRAS ILEGALES DE UN EX CONCEJAL POPULAR (23/06/06)

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Segovia número dos, del que es titular Jesús Marina, ha abierto diligencias previas contra la empresa Hontanilla Santo Domingo, SL, vinculada al ex concejal del PP Ángel Sancho, que abandonó su cargo a raíz del escándalo provocado por la realización sin licencia de unas obras ilegales de mini-apartamentos en una zona de huertas de especial protección.

Según fuentes jurídicas, en las próximas horas se llamará a declarar a varios imputados que mantienen relación con la empresa, cuyo portavoz ha venido siendo el abogado Manuel González Herrero, diputado del PP entre septiembre de 1999 y enero de 2000, que sustituyó en su escaño a la dirigente popular Loyola de Palacio. Ángel Sancho, que dejó su acta de concejal cuando se hizo público el asunto, el 29 de mayo pasado, ha insistido en que era contrario a estas obras y en que no tiene poder de decisión en la sociedad. Asimismo, aclara que vendió sus participaciones en ésta, aunque mantiene un 25% como garantía de un pago, que se hará efectivo en 2007.

A la vista de los informes técnicos, el Ayuntamiento -gobernado por el PSOE e IU- paralizó las obras y remitió a la fiscalía de Segovia todas las actuaciones. Con una licencia para realizar dos muros de contención de unos terraplenes en una huerta calificada como suelo especialmente protegido, la empresa camufló, casi en forma de zulos, un total de 46 pequeños apartamentos de 19 metros cuadrados cada uno, de los que 16 están ejecutados y otros 30 en obras.

El ministerio público ha entendido que hay indicios racionales sobre la existencia de un delito contra la ordenación del territorio que podría incurrir en un delito urbanístico del artículo 319.1 del Código Penal, que prevé penas de prisión de seis meses a tres años a los que lleven a cabo una obra no autorizada en zonas verdes o lugares que tengan reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural.

González Herrero explicó que su empresa preveía la posibilidad de solicitar en el futuro una modificación del Plan General de Ordenación Urbana para autorizar el uso de los espacios como alojamientos para estudiantes, ya que se encuentran en una zona verde próxima a la universidad privada Sek.

Por otra parte, la fiscalía ha acordado archivar una denuncia por posible prevaricación presentada por el presidente del PP de Segovia, Francisco Vázquez, contra los concejales de Urbanismo, Juan José Conde Arambillet, del PSOE, y de Patrimonio, Concepción Domínguez, de IU. Partiendo de que la paralización se produjo un año después de que se registraran las primeras denuncias de lo que se estaba realizando por colectivos en defensa del patrimonio, Vázquez dudaba de que los ediles hubieron actuado correctamente para impedir estas obras ilegales, mientras que éstos sostuvieron que han intervenido cuando se han acumulado un importante número de pruebas concluyentes y tras un trabajo largo de inspección y vigilancia.

23. REGIÓN DE MURCIA: LA FISCALÍA DE MURCIA INVESTIGA UN SUPUESTO TRATO DE FAVOR DEL ALCALDE DE SAN JAVIER (PP) A UNA PROMOTORA (20/06/06)



La Fiscalía de Murcia investiga al Ayuntamiento de San Javier en relación a la urbanización Señorío de Roda, promovida por Peinsa, porque se comenzó a construir y puso en venta antes de aprobarse su plan parcial y proyecto de urbanización, y contó con informes contrarios de la Comunidad Autónoma, según fuentes jurídicas. El Plan Parcial de esta urbanización, ejecutada en varias fases desde 2004 y que está habitada ya en parte, fue aprobado de forma definitiva por el Gobierno de Murcia el 7 de junio de este año con su publicación en el Boletín Oficial de la Región.

La Fiscalía se ha interesado en saber si existió tráfico de influencias del primer edil hacia el propietario de Peinsa, Juan Gracia, quien constituyó en febrero de 2004 una sociedad con el alcalde de San Javier, José Hernández, y el promotor de Urdemasa, Santiago Martínez Esparza, entre otras personas, para construir varias viviendas particulares en Valencia.

El alcalde de San Javier, José Hernández, preguntado acerca de esta investigación, consideró "ridículo" que se le atribuya un supuesto trato de favor al promotor y defendió la legalidad de la actuación del Ayuntamiento en este proyecto de obra.

El Ayuntamiento de San Javier aprobó definitivamente el plan parcial de esa urbanización en septiembre de 2004 sin haber subsanado irregularidades advertidas por un técnico de la dirección general de Vivienda que supervisó el expediente. En el primer informe del citado técnico, al que ha tenido acceso EFE, el funcionario de Obras Públicas advirtió que en el plan parcial "el plano de propiedades no se justifica mediante el correspondiente catastral (...) se apropian de parte de la carretera y proyecta calles en terrenos ajenos", entre otras irregularidades. Según este documento, "una vez más" se puso de manifiesto "la falta de rigor técnico y jurídico del Ayuntamiento, sobre cuyas actuaciones ya es hora de que se tomen las medidas reglamentarias que fueran precisas".

En diciembre de 2005, antes de la aprobación por la Comunidad Autónoma del plan parcial (7 de junio de 2006) y del proyecto de urbanización (22 de mayo de 2006), el mismo técnico informó negativamente a la tramitación de la urbanización por "deficiencias de orden legal y por falta de toma de conocimiento de la subsanación de deficiencias". Este funcionario, en su escrito, consideró que "debería darse traslado al servicio de Disciplina Urbanística para que inicie expediente relativo al estado de ejecución de las obras y licencias concedidas, así como al juzgado correspondiente, por si hubiera causa penal en relación a lo dispuesto en el artículo 320 del Código Penal".

El autor del documento señaló que "el Ayuntamiento de San Javier sigue menospreciando los informes y advertencias de la Comunidad, hasta el punto de contestar al último requerimiento más de ocho meses después, sin haber subsanado las deficiencias, y lo que es más grave: cuando las obras de edificación y urbanización se encuentran muy avanzadas".

La portavoz del grupo municipal independiente en San Javier, Arantxa Espeso, denunció que las obras de la primera fase de Señorío de Roda comenzaron hace más de dos años sin licencia municipal, y que comenzaron a ejecutarse sin el proyecto de urbanización aprobado. Espeso dijo además que la aprobación del plan parcial de Señorío de Roda se efectuó a propuesta del alcalde de San Javier, y que éste participó en la votación del proyecto y le dio su apoyo "como ha hecho en todos los proyectos urbanísticos hasta hace un mes, cuando empezó a abstenerse".

Por su parte, José Hernández atribuyó a una "campaña" contra él las informaciones difundidas durante los últimos meses sobre su gestión urbanística, añadió que desconoce si las obras de la urbanización disponen de licencia



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